Marino Alvarado | Al momento de escribirse este artículo extraoficialmente se conocía que 23 personas resultaron asesinadas en el operativo realizado por las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional en la popular zona de La Vega en Caracas.

No se conocía en la historia del país ni antes ni en el transcurso de los gobiernos de Chávez y Maduro, un operativo de “seguridad ciudadana” con tan alto número de víctimas.

En los denominados Operativos de Liberación del Pueblo (OLP) que se desarrollaron perpetrando crímenes de lesa humanidad, los operativos con mayor cantidad de víctimas fueron el 13 de julio de 2015 en la Cota 905 con 15 asesinatos, la masacre de Valle Coche el 10 de mayo de 2016 con 14 asesinatos, la masacre de Carabobo con 13 víctimas en octubre 2015 y la Masacre de Barlovento en octubre de 2016 con 12 desapariciones forzadas.

La masacre de La Vega es la continuidad de una política la cual se propuso liquidar, bajo el criterio de que el “fin justifica los medios”, a quienes las autoridades señalen como delincuentes y, en ese propósito, asesinan a personas involucradas o no en hechos delictivos. No hay el menor interés de investigar, detener y procesar a los presuntos delincuentes, sino quitarles la vida. Una política de exterminio. Una masacre por goteo como lo viene denominando el criminólogo Keymer Ávila que va sembrando luto y sufrimiento principalmente en las zonas pobres. 

La Policía Nacional Bolivariana a través de su cuerpo élite las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas son los dos organismos de seguridad responsables de la mayor cantidad de violaciones al derecho a la vida.

Desde 2010 hasta agosto de 2020 las fuerzas de seguridad en Venezuela habían asesinado a más de 27.000 personas. La mayoría de esos homicidios son justificados por el gobierno bajo la figura de resistencia a la autoridad.

El silencio de quienes han ocupado el cargo de directores de la Defensoría del Pueblo y la falta de voluntad política desde el Ministerio Público para investigar y sancionar a los responsables de tales crímenes incluyendo las cadenas de mando en sus niveles medios y altos, sirvió y sirve de aliento a la cúpula del gobierno y a los jefes de los cuerpos policiales, para seguir implementado esa política.

El Estado tiene obligación de garantizar seguridad ciudadana, pero no puede convertir a sus funcionarios en delincuentes que actúan al margen de la ley, perpetran todo tipo de delitos y terminan generando más inseguridad. Al final termina perjudicada toda la población.

Lo que viene sucediendo es una acción continuada de exterminio que persigue otro objetivo bajo el escudo de la denominada lucha contra la delincuencia. En una estrategia para ejercer y reforzar el control social de la población. Para atemorizar, para generar la sensación que tú puedes ser la otra víctima y que alzar la voz o exigir tus derechos te genera riesgo. 

Cuando se desarrollaban las OLP, advertimos varias organizaciones y activistas de derechos humanos, que el gobierno ensayaba también la manera de contrarrestar la protesta social. Y en el contexto de la Rebelión Popular de 2017 mucho de los que se había implementado en las zonas populares en dichas operaciones policiales, fue ejecutado contra las protestas.

Es muy probable que lo ocurrido en La Vega tenga también, además de las acciones contra el delito, el fin de aplacar la creciente protesta social que se venía desarrollando.

En el segundo semestre de 2020, en esa popular zona, sus habitantes realizaron de manera muy organizada un conjunto de acciones para exigir mejoras en los servicios públicos. La última protesta se desarrolló finalizando el año y contó con una amplia participación comunitaria. La lucha de sus habitantes, de una u otra manera, se venía convirtiendo en ejemplo para otras zonas populares afectadas igualmente por el caos en los servicios públicos. Un referente de lucha social el cual se venía convirtiendo en una llama que podía entusiasmar a otras comunidades

De tal manera que no debe extrañar que por varios meses se mantenga la presencia policial y militar y se empiece a perseguir a los líderes sociales que han estado al frente de la organización y movilización popular.

Para quienes piensan que en esa zona popular de Caracas prevalece la violencia, hay que subrayar esa comunidad históricamente ha desarrollado una intensa actividad comunitaria y cultural y de todos los barrios de la ciudad capital es uno de los de mayor tejido social. Estoy seguro, su capacidad organizativa y su voluntad de seguir luchando por mejores condiciones de vida, se impondrá ante cualquier manifestación de violencia ya sea por parte de la delincuencia o de las instituciones del Estado.

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Perfil del autor:

Abogado, Coordinador de Investigación, Monitoreo y Difusión de Provea.