ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
Marino Alvarado | No hay duda que la permanencia de Maduro y la cúpula que le acompaña son una perturbación permanente en el país. No sólo por la arbitrariedad con la que actúan, sino por su indolencia e ineficacia. Con ellos solo hay garantía de más destrucción del aparato productivo, más miseria y más migración forzada.
Por ello una salida negociada que permita convocar a elecciones presidenciales que abra posibilidades de cambio es muy importante. En tal sentido, no podemos ser indiferentes frente a las negociaciones que están realizándose en Barbados. Son, por ahora, la esperanza de una solución pacífica y constitucional a la situación que padecemos.
Y en ese esfuerzo todo el apoyo internacional posible es bienvenido.
Pero no toda acción de la comunidad internacional puede valorarse como positiva por mejor intención que tenga.
Es el caso de las sanciones económicas que empezó a imponer el gobierno de los Estados Unidos desde noviembre de 2018 y que se radicalizan cada vez más.
Una cosa es sancionar a individuos que tienen graves responsabilidades en violaciones a los derechos humanos y logran un impacto contra ellos y posiblemente para algunos de sus familiares, y otra, sanciones que afecten la economía del país.
Al complicar más las sanciones el ya difícil panorama económico lo cual puede manifestarse en menos producción y mayores dificultades para importar, se pudiese agravar la situación social que padecemos y aumentar el sufrimiento de la población.
La combinación letal entre la ineficacia en la gestión pública, la indolencia ante las necesidades de la gente y las dificultades reales que pueda tener el gobierno de facto para la ejecución de algunas medidas económicas y financieras, pueden traducirse es más inflación, escasez de productos y medicinas así como mayor deterioro de los servicios públicos.
Tal situación exacerbará la emergencia humanitaria. La profunda crisis económica del país empezó antes de las sanciones y tiene sus orígenes en años de mala gestión, indolencia y corrupción. Sin embargo, como ha destacado la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su informe en julio del presente año, las sanciones financieras y petroleras están “agravando aún más los efectos de la crisis económica, y por tanto la situación humanitaria”
El incremento y prolongación de las sanciones impuestas por Estados Unidos más que ayudar a la lucha por el rescate de la democracia, le dan excusas a la dictadura para evadir sus responsabilidades. Generará además solidaridad automática en muchas personas y organizaciones a nivel internacional que son estafadas con el discurso antimperialista del gobierno de facto al que en realidad poco le importa la soberanía del país pero sí que peligren los cientos de negocios irregulares que desarrollan.
Ese apoyo que pretende dar el gobierno norteamericano para sacudirnos la dictadura en Venezuela, puede terminar atornillándola más y desmejorando las ya deterioradas condiciones de vida de las familias.
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Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
