ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
Marino Alvarado | El pasado lunes 12 de febrero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó su Tercer Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela.
El primer Informe fue elaborado en el año 2003. El segundo en 2009.
En el primer Informe la Comisión Interamericana expresó una serie de preocupaciones que tenían que ver con la ampliación de competencias a las Fuerzas Armadas en ámbitos ajenos a la institución. Igualmente, la indebida influencia en el accionar político del país. Junto a ello, la Comisión alertó sobre situaciones que podían afectar la independencia del Poder Judicial. En particular llamó la atención sobre la falta de aplicación de los mecanismos establecidos por la nueva Constitución para la elección de sus máximas autoridades.
En el Segundo Informe de 2009 señalaba la Comisión que se estaba utilizando el poder punitivo del Estado para intimidar o sancionar a personas en virtud de su opinión política. Llamó la atención por las normas que permiten la participación de las fuerzas militares en el mantenimiento del orden interno de Venezuela. La CIDH reiteró que en un sistema democrático es fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de la policía y la defensa nacional como función de las fuerzas armadas
En materia de derechos económicos sociales la Comisión resaltó algunos avances que se habían producido en materia de reducción de la pobreza y el acceso a la educación y la salud.
Nueve años después la Comisión presenta un tercer Informe. Con relación a los dos informes anteriores la gran diferencia es que en éste la CIDH expresa su preocupación por la grave situación de incremento de la pobreza, del colapso del sistema público de salud, de los altos niveles de escasez de alimentos y medicinas y del alto costo de los productos de primera necesidad. El drama social que se vive es un eje fundamental del Informe. Refleja, ciertamente lo que ha ocurrido. Mientras en 2009 reconocía avances en lo social que realmente existían, en la actualidad tiene que reflejar los grandes retrocesos y la agudización de problemas estructurales en el área económica y social
El Tercer Informe indica además que estamos ante un debilitamiento de la institucionalidad democrática, así como de un alarmante aumento de la represión, violencia e inseguridad ciudadana.
Advertencias que en su primer y segundo informe hizo la Comisión sobre la tendencia al debilitamiento de las instituciones, a la restricción en el disfrute de los derechos de las personas, el incremento de las violaciones a los derechos humanos, así como el crecimiento de la influencia de los militares en muchos ámbitos de la sociedad y particularmente en tareas de seguridad ciudadana y control de manifestaciones, quedan expuestas y confirmadas en su tercer Informe.
Analiza la CIDH la responsabilidad que tiene el Tribunal Supremo de Justicia y particularmente la Sala Constitucional en el debilitamiento de la democracia con la complacencia del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.
El excesivo uso de la fuerza contra la protesta social y particularmente durante la rebelión popular abril- Julio 2017 es cuestionado por la Comisión. Señala que es inaceptable el número de personas muertas y detenciones producidas, así como la manera arbitraria como fueron reprimidas. Condena que algunos manifestantes detenidos hayan sido sometidos a tortura, otros malos tratos y violencia sexual. Destaca lo negativo para la vigencia de los derechos humanos de la situación prologada de estado de excepción.
La Comisión como en los informes de 2003 y 2009 realiza una serie de recomendaciones al Estado venezolano. Un total de 76 recomendaciones relacionadas con la separación de los poderes públicos, la garantía del ejercicio de los derechos políticos, la libertad de expresión, la protesta social, la seguridad ciudadana y el disfrute de los derechos económicos y sociales
Como ocurrió en los informes anteriores, es muy posible que el Estado venezolano no implemente las recomendaciones, pero la población venezolana tiene en esas recomendaciones un catálogo para exigir sus derechos y que se adopten medidas adecuadas para la restitución de la democracia y la mejora de las condiciones de vida.
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Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
