ACERCA DEL AUTOR:
Rafael Venegas
Profesor universitario. Dirigente político. Secretario General de Vanguardia Popular.
Mientras la vorágine de acontecimientos que afectan nuestra realidad se suceden unos tras otros, apenas sin tiempo para digerirlos y procesarlos, algunos anuncios y medidas adoptados por el régimen corren el riesgo de pasar inadvertidos, a no ser porque voces esclarecidas y atentas, conscientes del peligro que entrañan, se encargan de promover su denuncia. Es el caso de la Providencia Administrativa Nº 001-2021, emanada del Ministerio de Interior, Justicia y paz, mediante la cual se pretende obligar a las organizaciones no gubernamentales (ONG’s) a notificar sus actividades, fuentes de financiamiento y beneficiarios de sus acciones ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, adscrita al despacho prenombrado.
PROVEA y más de 600 ONG’s, en su momento, hicieron público su rechazo a una medida que, entre otras cosas, obliga a revelar la identidad de quienes formulan denuncias sobre persecución y acoso policial, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas, torturas, tratos crueles y degradantes por parte de los cuerpos policiales y militares. Y bien se sabe que el resguardo de la confidencialidad es una garantía para quienes se atreven a hacer esta clase de denuncias, genera confianza y la estimula, lo cual es fundamental en la lucha contra las violaciones de los derechos humanos y contra su impunidad. Revelar la fuente de ellas es exponer al denunciante al riesgo de la represión y, obviamente, lo inhibe.
Como es de suponer, también en esta ocasión la resolución gubernamental llegó después que la garra represora ya había iniciado su labor de zapa. Así lo atestigua, por ejemplo, la persecución iniciada contra Roberto Patiño, quien al frente a la ONG Alimenta la Solidaridad, lleva alimento a más de 25.000 niños, niñas y adolescentes, a sus familias, madres lactantes, mujeres embarazadas y adultos mayores en riesgo de desnutrición, a través de 239 comedores populares en Caracas y 13 estados más del país. O la colocación de trabas para el ingreso del personal de Médicos Sin Fronteras a nuestros hospitales públicos, de los cuales han tenido que retirarse ante el hostigamiento y la persecución impuestos.
No podríamos dejar de mencionar la detención de seis activistas de Azul Positivo, ONG dedicada a brindar asistencia a pacientes con VIH SIDA en el estado Zulia, a quienes después de una semana detenidos, y como resultado de una fuerte campaña nacional e internacional en demanda de su libertad, les fue otorgada una medida cautelar sustitutiva con régimen de presentación ante el tribunal que les sigue juicio, bajo la peregrina acusación de legitimación de capitales, asociación para delinquir y otros delitos.
Si bien es fácil descifrar el interés de la dictadura por someter a su control a las ONG’s dedicadas a la lucha contra la represión política y/o social, en defensa de los derechos humanos y de las garantías constitucionales afines, cabe preguntarse, sin embargo: ¿Por qué arremete con tanta saña y ostentación de fuerza contra otras organizaciones de la sociedad civil –como las mencionadas en los ejemplos citados– cuya actividad es brindar ayuda humanitaria a personas y grupos vulnerables? ¿Por qué se las persigue y hostiliza en momentos cuando, a la Crisis Humanitaria Compleja que vivimos se le une la crisis sanitaria derivada de la pandemia del COVID 19, lo cual hace aún más necesaria su labor.
La respuesta a la interrogante anterior, a nuestro juicio, está en la naturaleza del proyecto de poder que encarna el régimen y la situación de debilidad en que se encuentra. No se trata solo de un poder ilegal e ilegítimo, derivado de un fraude electoral y, por lo tanto, usurpado; impuesto en desconocimiento flagrante de la Constitución y contra la voluntad expresa de la inmensa mayoría nacional, con base en la represión y la arbitrariedad. Se trata también, y sobre todo, de un modelo de vocación hegemonista y totalitaria. Y el totalitarismo es, como lo evidencia la experiencia historia, un esquema de poder aún más cruel y avasallante que todas las dictaduras que hayamos podido conocer.
El totalitarismo es un régimen que funde y confunde el poder del partido-Estado-Gobierno en una simbiosis que extiende sus tentáculos sobre la sociedad civil y el individuo mismo. Es la imposición de la hegemonía aplastante de la maquinaria estatal sobre la indefensión y el desamparo del ser humano devenido masa, a quien se busca uniformar en pensamiento y conducta. Funda su poder en la represión, el control social y un poderoso aparato de propaganda orientados a la dominación y opresión, a la sumisión y alienación. Es poder absoluto y arbitrario que legisla a discreción y a conveniencia, que construye un discurso engañoso para perpetuarse y reproducirse y que reprime toda manifestación de soberanía, autonomía y libertad de la sociedad civil y política. Lo que no responde a los intereses de la trilogía de poder, o simplemente escapa a su control, es considerado enemigo de la sociedad y del Estado; debe ser perseguido, anulado y, en última instancia, aniquilado.
Dada la profundidad de la crisis actual, el cerco internacional tendido contra el régimen y su pérdida casi total de respaldo popular, la represión y el control social le son cada vez más necesarios: reforzar la dependencia de la ciudadanía respecto del Estado, repartir migajas y acostumbrar a la gente a ellas, someter y doblegar la voluntad del individuo. Asegurar el monopolio exclusivo del Estado en el control de todos los asuntos asociados a la atención de los distintos aspectos de la crisis humanitaria, mientras se ahoga en la represión y el silencio el malestar social y la demanda de cambio. En esto radica el trasfondo de la embestida contra las ONG’s que realizan funciones humanitarias y de defensa de los derechos humanos, así como las maniobras orientadas a impedir el ingreso de la ayuda internacional.
ACERCA DEL AUTOR:
Rafael Venegas
Profesor universitario. Dirigente político. Secretario General de Vanguardia Popular.
