ACERCA DEL AUTOR:
Calixto Ávila
Abogado Especialista en Derechos Humanos y Magister en Derecho Internacional Público. Representante de Provea en Europa.
Calixto Ávila | Parecería excesivo esperar que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos no pudiera reír durante una reunión con quien ejerza el poder en uno de los 193 Estados miembros de la ONU. Pero ¿por qué hay indignación de parte de la sociedad civil venezolana ante la publicación, a instancia del gobierno de facto, de fotografías y videos enalteciendo una relación de camaradería con la señora Michelle Bachelet?
En primer lugar, es claro que ese gobierno ha incorporado sin obstáculos la imagen de la Oficina de la Alta Comisionada (OACNUDH) a sus estrategias de propaganda. Con frecuencia la propaganda de ese gobierno anunciando “avances en la cooperación” es acompañada de fotografías con oficiales de la OACNUDH en Venezuela, en reuniones cuyas agendas y resultados no son revelados a la opinión pública. Es importante recordar que desde hace años el gobierno de facto y los demás poderes subordinados niegan el acceso a la información sobre la gestión de las políticas públicas, y por eso mismo la Alta Comisionada recomendó en su informe de julio de 2019, que se “autorice el libre acceso a la información de interés público” y se “garantice que todos los programas sociales se implementen de manera transparente”. Parece entonces contradictorio que no se conozca el memorándum de entendimiento que ha permitido la presencia de la OACNUDH en el país, y más aún, que no se conozcan los acuerdos o compromisos logrados en esas reuniones de cooperación que son al fin de cuentas parte de las políticas públicas. En especial porque al momento de implementar los acuerdos o compromisos, no existe dentro del mismo Estado ningún tipo de control democrático a las actuaciones del poder ejecutivo: lo jueces no son independientes, ni la Fiscalía, ni la Contraloría y menos aún la Defensoría del Pueblo. Todos cantan al unísono para construir la imagen de un gobierno que coopera con la ONU.
En segundo lugar, ese gobierno ha desmontado el Estado de derecho y la democracia en el país, y ha perseguido a la oposición política y social para consolidarse como un régimen totalitario. Tras las votaciones no democráticas del pasado 6 de diciembre, que buscaron acabar con el único poder legítimamente constituido, se ha abierto una nueva agenda para seguir diezmando a la oposición política democrática y para perseguir a las organizaciones independientes de la sociedad civil. El reciente anuncio de un “paquetazo” de leyes, incluye proyectos ya cacareados por los sectores más reaccionarios del establishment, contra las organizaciones de derechos humanos y contra los medios independientes, como las leyes sobre cooperación internacional y las que buscan el control de las redes sociales y los medios digitales para acallar lo que resta de las libertades de opinión y de expresión. Bajo estas premisas, es ingenuo creer que existen condiciones para una cooperación auténtica de ese gobierno con la ONU y más ingenuo aún es creer que esa cooperación pudiera llegar a ser auténtica mientras son sistemáticamente debilitadas las organizaciones de la sociedad civil y la oposición democrática.
En últimas, la gran pregunta que se debe hacer la Alta Comisionada es si un gobierno de facto y totalitario, puede respetar el principio de la buena fe (pacta sunt servanda) que rige el cumplimento de los tratados internacionales, incluidos por supuesto los tratados de derechos humanos que rigen a la OACNUDH. En otras palabras ¿Qué condiciones se requieren para llevar a un gobierno como ese a cooperar de manera auténtica con la OACNUDH? Esta pregunta es más pertinente ahora que la señora Bachelet ha anunciado este 25 de febrero al Consejo de Derechos Humanos, que está negociando el establecimiento de una oficina en Venezuela. Una negociación bilateral y secreta con un gobierno que carece de controles democráticos dentro del Estado, mientras se mantiene el ataque a la oposición política democrática y a las organizaciones de la sociedad civil independientes para destruir los contrapesos desde la sociedad, una negociación así tiene abrumadoras posibilidades de generar una oficina débil, manipulable desde el poder de facto y altamente aislada de la sociedad venezolana.
Cada día es más evidente que el gobierno de facto hace control de daños a costa de la OACNUDH. Su afán por labrarse una imagen de “cooperación auténtica” con la ONU, tiene dos objetivos claves. El primero dentro del sistema mismo de la ONU, buscando debilitar el mandato de monitoreo de violaciones a derechos humanos para una futura oficina de la OACNUDH, al tiempo que alimenta sus infundados argumentos para seguir desconociendo el mandato de la Misión de Determinación de Hechos enfocado en investigar graves violaciones a los derechos humanos. El segundo fuera del sistema de la ONU, pues le urge elevar su imagen de que “quiere y puede hacer justicia” por crímenes de lesa humanidad antes de junio, para cuando la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha anunciado el cierre del “Examen Preliminar Venezuela I” para pasar a una posible apertura de investigación en esa Corte internacional. Le apremia mostrarse auténtico en la cooperación y auténtico en sus esfuerzos por hacer justicia.
Como sucede con la sonrisa de La Mona Lisa, parecemos condenados a preguntarnos qué se esconde tras la sonrisa de la señora Bachelet publicitada por el gobierno de Maduro. En todo caso, toda esta situación terminó siendo una afrenta a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, pues al fin de cuentas la OACNUDH debe su razón de ser esencialmente a los pueblos del mundo, no a los gobernantes que los oprimen y victimizan
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Calixto Ávila
Abogado Especialista en Derechos Humanos y Magister en Derecho Internacional Público. Representante de Provea en Europa.
