ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
Marino Alvarado | En el Informe Anual 2019 del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) se analiza la situación del derecho a la seguridad social y la conclusión fundamental al leer el análisis es que en Venezuela se carece de un sistema de seguridad social para la población.
Existen si un conjunto de programas descoordinados y medidas de carácter asistencialista que se adoptan sin continuidad que no responden al mandato constitucional de garantizar un sistema que otorgue a la población la posibilidad efectiva de ser amparada ante variadas contingencias como desempleo, salud, vejez, discapacidad y otras.
El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales es el ente que tiene la mayor responsabilidad en materia de seguridad social. De su buen o mal funcionamiento depende no solo la salud de millones sino también que puedan tener algún ingreso mínimo para alimentarse. Es a través del IVSS que se paga a los jubilados y pensionados.
Según cifras difundidas por distintos voceros del gobierno de facto, en la actualidad existe un poco más de 4.500.000 pensionados. La opacidad que caracteriza la gestión del gobierno no permite saber que tan cierta es la cifra, aunque en los últimos años, de distintas maneras, se fue garantizando pensión a muchas personas que no la disfrutaban.
Ni con Chávez ni con Maduro se ha desarrollado una política dirigida a garantizar seguridad social en los términos establecidos en la Constitución y en el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo. Las políticas asistencialistas constituyen el eje central. Si bien la implementación de algunos programas logra impactar de manera positiva en la vida de las personas, no es constante, está sujeta al manejo de coyunturas políticas y a la capacidad del gobierno de distribuir parte de la renta.
La investigación realizada por Provea indica que durante 2019 el gobierno de facto otorgó 17 de los llamados bonos de la patria algunos con nombres como de carnaval, pueblo valiente, navideño. No todos los bonos llegaron a las mismas personas pero abarcó a un número significativo de personas. Constituyó una transferencia económica directa. El primer bono en enero fue por 12.000 Bolívares Fuertes equivalente en ese momento a 3,70 de dólar. Y el último bono del mes de diciembre por la cantidad de 500.000 Bolívares Fuertes equivalente a 10 dólares.
Tales bonos que se distribuyen de manera discrecional no garantizan ninguna seguridad social. No hay duda que logran un leve impacto positivo en familias muy pobres que a veces no tienen ingresos ni siquiera equivalentes a un salario mínimo. Pero la larga historia en casi dos décadas de acentuado asistencialismo demuestra que no garantiza una reducción significativa de la pobreza ni les dan a las personas las posibilidades de responder ante una contingencia de salud, desempleo y otras.
Exigir y luchar por construir un verdadero sistema de seguridad social es una tarea por delante, una acción que deberían dirigir los sindicatos pues serán los y las trabajadoras los más beneficiados y constituye en muchos países del mundo una parte fundamental en la agenda del sindicalismo.
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Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
