ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
Venezuela atraviesa una de las peores crisis sanitarias de su historia, con un sistema de salud colapsado que viola sistemáticamente el derecho humano a la salud.
La falta de transparencia del Estado, que desde 2016 dejó de publicar estadísticas epidemiológicas oficiales, oculta una realidad devastadora: hospitales sin insumos, personal médico en fuga y pacientes condenados a la desatención y una privatización no declarada de servicios al tener que costear los pacientes buena parte de los insumos.
En este contexto el gobierno anuncia una vez más que se lanzará un nuevo plan de salud. Si este anuncio es como el realizado sobre el reimpulso de Barrio Adentro, ya está destinado al fracaso.
El gobierno prometió en octubre de 2019 que se invertirían 100 millones de dólares para reparar módulos y construir 1000 nuevos. Los resultados fueron casi inexistentes.
En 2022 el Ejecutivo Nacional anunció un Plan Especial para reparar, reconstruir y reimpulsar el Sistema Público Nacional de Salud. Se afirmó se dedicarían esfuerzos a la mejora de la Misión Barrio Adentro I y II, así como al fortalecimiento de los Centros de Alta Tecnología (CAT) y las Salas de Rehabilitación Integral (SRI).
Muchos anuncios, pocos resultados y no hay rendición de cuentas de las presuntas inversiones. La realidad es que el deterioro del sistema de salud es alarmante.
Los datos de la Encuesta Nacional de Hospitales (ENH) 2024 revelan un panorama desolador: un promedio muy bajo de cuatro quirófanos operativos por hospital, con 74% de desabastecimiento de insumos básicos, más altos en lencería y material descartable; 36% de carencia de insumos de quirófano indispensables para la atención de emergencias, con déficits de anestesia local en 51% y oxígeno en 85%, por ejemplo: un 12% en promedio de personal de emergencia disponible, con más baja presencia en los horarios nocturnos; un promedio de entre 1,4 y 2 horas de espera, para la atención de infartos y cuadros agudos de neumonía en salas de espera. Para cirugías electivas el tiempo de espera era de aproximadamente un mes. Debido a estos déficits, en 91% de los hospitales se pedían listas de insumos a comprar por los pacientes, con un costo mínimo de 103 dólares por persona, para tener acceso a un procedimiento quirúrgico, sin contar otros gastos en materiales o equipos y el pago de honorarios profesionales del personal médico o auxiliar, entre 100 y 300 dólares, aun cuando en Venezuela la atención en el sistema sanitario público es gratuita y con un salario mínimo menor a cuatro dólares mensuales.
La privatización encubierta de la salud es otra consecuencia de esta crisis. Aunque la Constitución garantiza atención gratuita, los pacientes deben pagar por todo: desde gasas hasta honorarios médicos. Esto excluye a millones de venezolanos que no pueden costear su supervivencia.
El gobierno venezolano presume una red sanitaria amplia—221 hospitales, 13.700 consultorios populares—pero la realidad es que estos centros carecen de condiciones mínimas para funcionar. La Maternidad Concepción Palacios, otrora referente nacional, hoy opera con menos del 20% de su plantilla. Los Centros de Alta Tecnología (CAT) y los CDI son, en muchos casos, estructuras fantasmas sin capacidad resolutiva.
La opacidad oficial agrava la emergencia. Sin datos públicos, es imposible diseñar políticas efectivas o medir el impacto de enfermedades como malaria, dengue o COVID-19. La cancelación de boletines epidemiológicos no es un acto técnico, sino político: busca esconder el fracaso de un sistema que abandonó a su población.
La salud no es un favor del Estado, es un derecho. Mientras el gobierno ignore esta premisa, seguirá perpetuando una crisis que ya ha costado demasiadas vidas.
Es deber de las autoridades cumplir con el mandato de la Constitución que indica que la salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios.
ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
