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Rafael Uzcategui

Sociólogo y editor independiente. Actualmente es Coordinador General de Provea.

Rafael Uzcátegui | Ese lunes, cuando los venezolanos en cuarentena amanecimos sin DirecTV, el principal entretenimiento para 11 millones de nosotros, durante las primeras horas un mensaje se viralizó por los agitados foros de WhatsApp. Yo ya había tuiteado que mi madre, con sus setenta y tantos años, me había llamado transformada en un mar de lágrimas por la súbita ausencia de quien consideraba un miembro más de la familia. Y varios bienintencionados me copiaron, por privado, aquel texto. Como una tabla de salvación en aquel Titanic sobrevenido, el mensaje aseguraba que, si se desenchufa el decodificador de Directv por 5 minutos, se volvía a conectar, se esperaba por su reinicio y, listo, “tendrán nuevamente el Directv activo con todos los canales menos los locales”. Mi amigo Luis Francisco Cabezas, que es un avión para las ocurrencias, respondió en uno de los chats: “Me disculpan, pero eso es como si le rezaran una novena al decodificador, hay una decisión tomada y entrará en curso”. Obviando lo cándido, el anhelo me recordaba el voluntarismo mágico, esa particular cultura cimentada en Venezuela como consecuencia de la renta petrolera, donde se espera que, sin mayor esfuerzo -salvo desearlo con frenesí-, las cosas se resuelvan por sí solas.

Un ejemplo del voluntarismo mágico lo encontramos en la estrategia de “la mayor presión posible” que, un sector de la oposición promueve por estas fechas, a la espera que el Coronavirus haga lo que ellos no han podido. Para hablar sobre ello, nos referiremos al artículo “La gasolina y el Estado fallido en Venezuela”, que el Procurador General del gobierno interino, José Ignacio Hernández, publicó en el portal “La gran aldea”.

El propósito del texto es polemizar con quienes han planteado, bajo el escenario del Coronavirus en el país, la necesidad de un acuerdo humanitario entre las diferentes autoridades, para promover la mejor respuesta posible al impacto de la pandemia. Para desarrollar su argumento, el procurador en el exilio orbita en torno a la decisión de Nicolás Maduro de importar gasolina desde Irán. En la primera parte, describe las causas de la escasez de combustible, originadas por la destrucción de la industria petrolera en particular, y de toda la economía en general, por parte del modelo de dominación bolivariano. Lo único que agregaría sería el despido de 18.000 trabajadores petroleros a finales del año 2002, una capacidad técnica que nunca pudo ser sustituida cabalmente. Seguidamente, el texto desgrana el negocio de venta de gasolina por lo que califica correctamente como canales informales e ilícitos, lo que lleva al autor a la conclusión que “En realidad, la gasolina se importa para que las organizaciones informales e ilegales que controlan, en los hechos, la distribución, puedan seguir generando rentas”. El cuarto párrafo nos acerca al corazón del razonamiento: Sería un error pensar que “el problema de la gasolina” requiere de un pacto humanitario, que en su juicio se reduce al levantamiento de las sanciones financieras contra el país: “Si hoy se removiesen las sanciones, Venezuela seguiría siendo un Estado frágil minado con la cleptocracia y el crimen organizado”. La propuesta es revelada en el quinto párrafo: “La creación de un gobierno de emergencia nacional centrado en el Consejo de Estado”, pues “no es posible pensar en mecanismos de importación de gasolina -o de alimentos, entre otros- mientras Maduro y sus élites estén al frente a de la distribución de esos bienes”. Lo medular se deja para el cierre del texto: “La solución a la crisis venezolana, ni tiene solución fácil, ni pasa únicamente por alivios temporales y limitados, como importaciones humanitarias. Plantear como solución medidas que como mucho pueden ser solo paliativas, es una grave distorsión de la realidad. Y esa realidad es que solo la salida del régimen de Maduro puede permitir avanzar en el largo y tortuoso camino de la recuperación de Venezuela. Sin ello, Venezuela no sobrevivirá, por más gasolina que se importe”.

Si se fue tan generoso en la descripción de los condicionantes actuales de la industria de hidrocarburos en el país, uno pudiera preguntarse el porque no hubo un desarrollo similar de cómo se llegaría, en las circunstancias actuales de fragmentación, debilidad del campo democrático e imposibilidad de la acción colectiva, al “gobierno de emergencia nacional, centrado en el Consejo de Estado”. Los mal pensados ya afirman que el anterior significante vacío, el “cese de la usurpación”, estaría siendo sustituido por otro, “gobierno de emergencia nacional”. En mi opinión personal Hernández, está esperando que luego de los 5 minutos de desenchufe, el decodificador de Venezuela se reinicie y aparezca, con todos los canales además, menos el de “Maduro y sus élites”. Como respuesta al minimalismo, soluciones a las necesidades de la población hoy, Hernández contesta con el maximalismo.

En el “Marco para la transición democrática de Venezuela” el Departamento de Estado norteamericano ha establecido, casi al final, como parte de las garantías, que “El alto mando militar (Ministro del Poder Popular para la Defensa, el viceministro de la Defensa, el Comandante del Comando Estratégico Operacional (CEOFANB) y los otros comandantes) se mantiene durante la vigencia del gobierno de transición. ¿No es este mismo Alto Mando a donde apuntan buena parte de la responsabilidad de los negocios lícitos e ilícitos del país, incluyendo el bachaqueo mayorista de la gasolina? ¿No es aquí a donde apuntan las preocupaciones del Procurador? ¿O quizás a que no sería conveniente, para el aumento de la olla de presión, que los venezolanos tuvieran acceso, largas colas mediante, a 20 litros de combustible para poderse movilizar en sus urgencias?

Al inicio de su disertación, Hernández mismo interroga: “la pandemia del coronavirus representa un alto riesgo para la debilitada sociedad civil. ¿Tiene sentido mantener las sanciones en medio de esta crisis?” Seguidamente nos dice que esta es una pregunta menor, casi baladí, pues la importante, la que debemos hacernos si somos gente, es: “cuál es la causa efectiva que impide al Estado venezolano atender la emergencia”, o más en concreto, “cuál es la causa que afecta el suministro de gasolina en Venezuela”. Esta enunciación sólo la puede hacer de esta manera, como realmente ocurre, alguien que vive fuera del país y no sufre las consecuencias reales y concretas de una Emergencia Humanitaria Compleja bajo una pandemia que ha paralizado al mundo.

Por lo que hemos conocido hasta ahora, la idea de “un gobierno de emergencia nacional” es un deseo, parte de una estrategia política sin correlato en la realidad del trabajo con gente de carne y hueso, que espera que el agravamiento de la emergencia humanitaria compleja o el impacto del Coronavirus logre por sí sólo, y sin mayor esfuerzo, el reseteo del decodificador, la conmoción necesaria para viabilizar el cambio político. Voluntarismo mágico en pasta. El problema no es sólo que esa noción instrumentalice el sufrimiento de los venezolanos, sino que abandone los principios morales que por lo menos, hasta el 3 de mayo, debían ser propios del campo democrático y no de la dictadura: Poner el bienestar de la población sobre cualquier otra consideración, en un momento de catástrofe sanitaria que ha ocasionado en pocos meses 349.000 muertos en todo el mundo, en países que tenían un sistema de salud de lejos mucho más robusto y confiable que el nuestro.

Para finalizar, un párrafo para prevenir la crítica fácil. Es imposible tener el mismo nivel de responsabilidad que un gobierno que ha instaurado una dictadura, ha expulsado de manera forzosa del país más de 4 millones de venezolanos, ha asesinado más de 400 personas en manifestaciones y, sólo en el año 2019 asesinó a 23 personas por torturas en el país. Dicho lo anterior afirmo algo adicional. Es una pena que la estrategia del “aumento de la presión” termine considerando al Coronavirus no como una epidemia, sino como una oportunidad para la conquista del poder. Sin trabajo político real de calle, fuera de redes sociales, de inclusión de las mayorías a una narrativa que resucite la esperanza y exorcise la desconfianza, sin esperar pasivamente, con el rosario en la mano, tras el reseteo del decodificador. 

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Rafael Uzcategui

Sociólogo y editor independiente. Actualmente es Coordinador General de Provea.