Marino Alvarado | Habló alto y claro. Como debe ser. La Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz le dio una estocada a la arbitrariedad del accionar del Ejecutivo Nacional y Tribunal Supremo de Justicia. Una alianza perversa que sepultó la democracia en el país a través de sucesivas sentencias.

La Fiscal ante las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional dijo lo que le correspondía principalmente decir al Defensor del Pueblo Tarek William Saab. Que estábamos ante una ruptura del orden constitucional. Pero para desgracia del pueblo quien por mandato constitucional debe defenderlo, se ha convertido en un defensor de la dictadura. No solo salió a defender las sentencias de la Sala Constitucional sino que ha venido guardando silencio ante hechos tan graves como el juzgamiento de civiles en la justicia militar, las cientos de ejecuciones en los operativos de la muerte denominados OLP y la criminalización de la protesta social. La historia lo juzgará. Hay suficientes razones para que desde las organizaciones sociales se empiece a levantar la voz solicitando su renuncia.

El pronunciamiento de la Fiscal contribuyó de manera considerable a que el gobierno tuviera que disimular una rectificación. El gobierno con las dos sentencias se metió un autogol. Además de la respuesta de rechazo de cientos de organizaciones sociales y de un número importante de gobiernos e instituciones internacionales, surgió el firme pronunciamiento de la Fiscal llamando sin titubeos a lo ocurrido como un acto contrario a la Constitución. Tuvo que retroceder.

Revisé a propósito las cuentas de tuiter de más de 30 destacados líderes del chavismo. Quedaron todos fuera de base. Quedaron aturdidos con una voz que habló en un momento histórico. Algunos muy acostumbrados a descalificar a líderes sociales y políticos quedaron mudos. El diputado Héctor Rodríguez proponente de la demanda que produjo la sentencia 155 y donde descaradamente propuso que sus colegas diputados fueron enjuiciados no dijo nada.  Acostumbrado últimamente a hablar mucho en defensa de la Dictadura, prefirió callar.

El Tribunal Supremo de Justicia actúa bajo la sumisión del Poder Ejecutivo. Realiza el indigno papel de ser un instrumento para socavar la democracia en el país y para darle apariencia de legalidad a la persecución política

Acorralado el gobierno  inventó  reformar  las sentencias, además por un procedimiento ilegal. Una vez más se reafirmó lo que activistas de derechos humanos, académicos y muchas otras personas vienen afirmando hace años: que el Tribunal Supremo de Justicia actúa bajo la sumisión del Poder Ejecutivo. Realiza el indigno papel de ser un instrumento para socavar la democracia en el país y para darle apariencia de legalidad a la persecución política. Pero al igual que el gobierno recibió un masivo rechazo. Para decirlo en términos más sencillos, se rayó más de lo que ya estaba.

No hay duda que en Venezuela se configuró progresivamente una dictadura. Y hoy no hay camino alterno. O se apoya la dictadura o se está contra ella. Estamos ante la necesidad una resistencia activa pacífica hasta que se rescate la democracia. Seguro que poco a poco personas que vienen apoyando por distintas razones al gobierno dictatorial, se irán distanciando. Es tiempo de tender puentes con quienes ante esta disyuntiva opten por sumarse a la defensa de la Constitución y la lucha por la democracia. Es tiempo de sumar, organizar y avanzar por caminos pacíficos en la lucha contra el autoritarismo y la arbitrariedad. El pueblo organizado y decidido derrotó en Chile la dictadura de Pinochet. Así mismo el pueblo peruano logró sacar del poder al Dictador Fujimori. En Venezuela seguro no será diferente. El pueblo que quiere democracia triunfará.

ACERCA DEL AUTOR:

Abogado, Coordinador de Investigación, Monitoreo y Difusión de Provea.