Oly Millán | Si quisiéramos caracterizar con pocas palabras la actual situación que vive el país, la definiríamos como: un estancamiento desastroso. A diez meses de las expectativas positivas que surgieron en un importante grueso de la base opositora de la población venezolana que creyó que con la autoproclamación como “presidente encargado” del Dip. Guaidó y la declaración de la ruta: cese a la usurpación, gobierno y transición y elecciones libres, la salida de Nicolás Maduro del poder era un hecho que se resolvería en pocos meses, son muchas las aguas que en este corto tiempo han pasado debajo del puente, incluyendo el levantamiento de la mesa de negociación facilitada por el Gobierno de Noruega como también la recién instalación de la Mesa de Diálogo Nacional entre el Gobierno y un sector de la oposición que ha tomado distancia de la ruta-Guaidó, donde a más de 30 días de firmado dicho acuerdo, lo concreto es la excarcelación del algunos presos políticos y la reincorporación de la bancada oficialista a la AN, sin que ello signifique, como bien lo han venido planteando públicamente dirigentes del PSUV, el levantamiento de la inconstitucional figura del desacato a la Asamblea Nacional.

El hecho cierto es que seguimos entrampado entre los intereses de una élite política (gobierno de Nicolás Maduro y oposición extrema aglutinada en la AN) que ha demostrado con creces que para ellos las urgencias que el país reclama para medianamente paliar la crisis social compleja que padece la gran mayoría de la población venezolana no es parte de su agenda inmediata y, pareciera que, lo único válido e importante son sus apetencias de permanecer o tomar el poder a como dé lugar.

Mientras ocurre este aparente estancamiento en el ámbito de la crisis política, continúa la profundización del desastre en el ámbito económico y social. Es indudable que el arte de esta forma de hacer política y sus políticos, se empeñan en negarle a los venezolanos el derecho a tener una vida digna. En esta increíble y vergonzosa situación, está el hecho de que recientemente el gobierno de Nicolás Maduro anunció un aumento del salario mínimo que nominalmente representa un incremento de 275% al pasar este de Bs.40.000 vigente desde abril a Bs. 150.000 a partir del 01 de octubre del presente año. La pregunta que nos hacemos es: que representa en términos reales para las condiciones de vida del pueblo trabajador un incremento nominal como este? y cuál es el criterio y la metodología que utiliza el gobierno para decretar ese aumento salarial?

Veamos algunas cifras.

Cuando en agosto del año pasado se anunció el famoso Programa de Recuperación Económica, en la 3era línea estratégica se planteó la defensa del salario y los ingresos anclados al Petro, en esa oportunidad el salario mínimo paso a ser medio Petro, es decir, si el Petro valía  Bs.3600 el salario mínimo mensual se ubicó en Bs. 1800. Sin entrar a discutir lo cínico e irresponsable de la política salarial que viene decretando el gobierno de Nicolás maduro, de mantenerse ese criterio para el ajuste salarial anunciado recientemente el incremento salarial tenía que haber sido por el orden de los Bs. 611.000 mensuales y no el monto que aparece en la Gaceta N° 6.484  del 11/10/19, porque según datos del BCV para el 1 de octubre del presente año, que es cuando comienza a entrar en vigencia el aumento, el valor de un Petro era equivalente a un poco más de Bs. 1.222.000.

Por otra parte, en la referida Gaceta se fija el Cestaticket Socialista en un monto mensual del Bs. 150.000 siendo el espíritu con el que se creó, el otorgamiento de una comida balanceada diaria para el trabajador y la trabajadora por lo tanto el sustrato del mismo implica, necesariamente, considerar en términos monetarios el valor real de esa comida balanceada, tal como ocurre en cualquier, vulgar y silvestre, país capitalista del mundo.

Lo cierto es que ni el salario mínimo ni el Cestaticket Socialista, se calculan tomando en cuenta el valor real de la capacidad de compra que, en esta economía hiperinflacionaria, tiene ese incremento salarial que se anunció recientemente donde, según datos del CENDA,  para el mes de septiembre el costo mensual de la canasta alimentaria se ubicó en Bs. 3.724.390,25, es decir, la capacidad de compra de dicho aumento salarial (salario + cestaticket),  solamente con respecto al mes de septiembre, sin considerar la inflación de octubre, es de aproximadamente 12% .

Continuamos en el círculo vicioso del desastre, cualquier medida que en el tema económico se anuncie, si no va acompañada de un conjunto de acciones que busquen estabilizar el desequilibrio de las principales variables macroeconómicas, lo cual obliga a tener que recuperar la actividad productiva del país con equidad y justicia social, así como la generación de confianza en las instituciones lo que implica rescatar la institucionalidad violentada por ambos factores políticos que se disputan el poder, continuaremos en una especie de caída libre y de difícil recuperación del país en el mediano plazo. Ojala impere la sensatez colocando al pueblo venezolano como prioridad y se destranque el juego para que podamos resolver la profunda crisis política, dimensión fundamental de la megacrisis estructural y coyuntural que embarga a Venezuela desde hace unos cuantos años.

Consultada el día 02/10/19: http://www.bcv.org.ve/estadisticas/tipo-de-cambio

https://sinditem.wordpress.com/2016/08/12/decreto-con-rango-valor-y-fuerza-de-ley-del-cestaticket-socialista-para-los-trabajadores-y-trabajadoras/

El valor real implica tomar en consideración la variación de los precios.

http://cenda.org.ve/fotos_not/pdf/RESUMEN%20EJECUTIVO.CAT%20SEP%202019%20WEB%20(1).pdf

ACERCA DEL AUTOR:

Economista (UCV) y exministra del Ministerio para la Economía Popular (2006). Integrante de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la CRBV y de la Plataforma Contra el Desfalco a la Nación.