ACERCA DEL AUTOR:
Keymer Avila
Abogado (UCV) Máster en Criminología y Sociología Jurídico Penal, UB (Barna). Investigador del @cpenalesucv y Profesor de @criminologial en Pre y Postgrado UCV
Keymer Ávila | Nuevamente me veo forzado a trascender los temas que me ocupan para tratar de dar algún aporte, desde mis básicos conocimientos como abogado. Nosotros como país estamos atravesando crisis de diversa naturaleza: política, institucional, económica, de seguridad ciudadana, etc. Estos problemas no son normativos, ni se solucionan por decreto ni con una Constituyente, por el contrario, una convocatoria de este tipo, en los actuales momentos, puede traer más problemas de los que pretende solventar, el más grave es modificar nuestro modelo constitucional y político que como pueblo nos dimos en 1999, que no ha logrado aún materializarse ni consolidarse. A continuación algunas reflexiones e inquietudes sobre esta intempestiva convocatoria:
- Los problemas que actualmente atravesamos se solventan con políticas públicas, no con una Constituyente ni con reformas legislativas. El confundir políticas públicas con políticas legislativas no solamente evidencia una precariedad conceptual, más grave aún, deja en evidencia una precariedad política.
- Para algunos actores el tema de la participación y la consulta popular es un absoluto, en esto puede haber intereses diversos, en unos hay una creencia real en la democracia; en otros, más preocupaciones de tipo personal en torno a su popularidad o posibilidades de obtener un cargo de elección. Sobre este particular hay que tener en cuenta que: 1) la democracia no se reduce al voto; 2) no todos los temas deben ser objeto de consulta popular, por ejemplo, temas que constituyan merma de derechos o retrocesos: pena de muerte, aumento de penas u otros que afecten derechos fundamentales. Esto último puede ser un error político e ideológico garrafal, los casos del desarme en Brasil, el Brexit en Inglaterra o la Paz en Colombia son ejemplos recientes.
Algunos se distraerán con esto y caerán en el juego, para satisfacer su afán de protagonismo en términos personales, aspirarán a ser constituyentistas, sin importar las consecuencias que este proceso va a tener para el país
El cuestionar este llamado a referéndum no significa estar en contra de la consulta popular. Si el chavismo necesita espacios de debate y refundación esto lo puede hacer perfectamente sin poner en riesgo a la Constitución. Si el asunto es discutir políticas públicas sectorizadas esto se puede hacer sin poner en riesgo a la Constitución. Pueden hacer todos los congresos, debates, consultas, movilizaciones y refundaciones que deseen y estimen sin necesidad de poner en riesgo nuestro modelo constitucional.
Algunos se distraerán con esto y caerán en el juego, para satisfacer su afán de protagonismo en términos personales, aspirarán a ser constituyentistas, sin importar las consecuencias que este proceso va a tener para el país. Con ello podrían estar aplicándole una OLP a la propia Constitución.
- La Constitución es la carta fundacional de nuestro sistema político, un instrumento general en donde se concibe el modelo de Estado, y el lineamiento general y de principios de la política, no es un programa detallado de políticas públicas, no es un reglamento, ni una gaceta oficial, ni un memo rápido de un ministerio. La Constitución no es para asegurar determinada forma de políticas públicas coyunturales, está para establecer los derechos que deben ser satisfechos por las mismas. Es impresionante ver el esfuerzo que hizo el propio Chávez para posicionar a la Constitución en el imaginario y en la subjetividad de la gente, para que un sector de sus llamados herederos ahora la venga a sepultar.
- Para el chavismo esta convocatoria significaría traicionar el proyecto originario, el “legado de Chávez” más importante, la Constitución de 1999 y todo el proceso constituyente inédito iniciado desde el año 1998. Le pondrían en bandeja de plata a la oposición todo su proyecto para que lo modifiquen a conveniencia. Además, una Constituyente no estabiliza, por el contrario incrementa la inestabilidad y la ingobernabilidad. ¿El propio gobierno está generando mayor caos? ¿A qué juega?
- Para la oposición significaría no solo una distracción de lo que debe ser su objetivo inmediato: las elecciones regionales. Es el peligro de perder también su Constitución, que aceptaron y defendieron en 2007. Es otorgarle la oportunidad a sectores gubernamentales para que se hagan una Constitución a la medida.
- El punto es que la Constitución de 1999 ha sido aceptada por todos los sectores sociales y políticos del país, el chavismo fue su gran promotor y luego todos los sectores, incluyendo a la oposición, la ratificaron en 2007 cuando rechazaron el intento de modificación que hizo el propio gobierno.
- ¿En qué consistía la reforma de 2007? La reforma de 2007 fue elaborada prácticamente por los mismos actores que actualmente convocan a la actual Constituyente y que llevaron a Chávez a su única derrota electoral. A parte de la reelección indefinida, la propuesta se caracterizaba por su carácter centralista, ampliaba las competencias presidenciales, el uso directo y discrecional de los recursos del Banco Central, la militarización, una geometría del poder indescifrable, la inserción de la palabra socialismo sin ningún tipo contenidos al respecto, las misiones como mera retórica (sin atender el problema institucional de estas estructuras paralelas y la precariedad del Estado existente), merma de derechos civiles y políticos (aumento del porcentaje para todas las iniciativas refrendarias, eliminación del debido proceso y de la libertad de información en estados de excepción), creación de prerrogativas injustificadas para funcionarios públicos, modificación innecesaria de algunos aspectos del articulado sobre la propiedad, entre otras.
En la campaña de 2007 el gobierno abusó del recurso emotivo y de la lealtad personal-afectiva hacia el presidente, diez años después vuelve con el mismo error, con el pequeño detalle que ya Chávez, el invencible electoral, ya no está.
- Si este proceso lo gana cualquiera de los dos polos aparentemente antagónicos perderemos todos, la Constitución hay que protegerla de ambos bandos. Actualmente, no están dadas las condiciones para elaborar una nueva carta magna que sea el resultado de un debate suficientemente plural. No hace falta una Constituyente sino cumplir con la Constitución. No puede usarse la Constituyente para que una mitad del país niegue a la otra.
Así como la propuesta de la Ley de Amnistía realizada por la oposición no constituía la solución a los problemas de los venezolanos, tampoco lo es una Constituyente, ya sea que la convoque la oposición o el gobierno.
- La iniciativa Presidencial tiene como objetivo una nueva Constitución (arts. 347 y 349), no se trata de una modificación ni de reformas, sin contar las funciones políticas latentes que se mencionarán más adelante.
- Por los primeros anuncios y las últimas acciones de los promotores de esta Constituyente todo apunta a que su carácter es regresivo y será utilizada para eliminar las protecciones Constitucionales contra acciones que significan mermas de derechos para todos, entre ellas: la salida inconstitucional de la OEA o las actividades del Arco Minero, entre otras vinculadas con derechos civiles tales como las relacionadas con sanciones penales.
- Esta convocatoria a una Constituyente tal como ha sido planteada, en este contexto, no es más que la continuación de una serie de medidas políticas desacertadas, cuyo referente inmediato se encuentra en las sentencias 155 y 156 del TSJ.
- En cuanto a los aspectos formales y estrictamente jurídicos:
- El único que puede convocar a una Constituyente es el pueblo (art. 347), por ello debe celebrarse un referendo consultivo para que sea el propio depositario del poder constituyente que decida si se va o no a ese proceso.
- En ese mismo referéndum deben consultarse las bases comiciales.
- La iniciativa (art. 348) no debe ser confundida con la convocatoria (art. 347), es iniciativa para que se convoque por el pueblo. Ni el Presidente, ni la Asamblea Nacional, ni los Consejos Municipales, son el pueblo, ellos pueden tener la iniciativa, pero quien convoca es el soberano y éste lo hace a través de un referéndum. Ningún órgano del Estado puede usurpar el poder constituyente originario del pueblo.
- El pueblo no es una facción, está conformado por todos los venezolanos, chavistas, no chavistas, de oposición, ninis, mayorías y minorías, es decir, la totalidad de los electores. Lo contrario sería violatorio del derecho a la igualdad ante la ley (art. 21) y del pluralismo político como valor superior de nuestra forma Estado y de un Gobierno Democrático (arts. 2 y 6).
- Esta consulta debe hacerse por votación universal, directa y secreta. Si el pueblo decide favorablemente en este referendo consultivo sobre la Constituyente y su estatuto básico, es que podría procederse a la elección de los miembros de una Asamblea, luego el resultado de ese proceso debe también someterse a consulta.
- El corporativismo: “Va a ser una Constituyente electa con voto directo del pueblo para elegir a unos 500 constituyentistas, aproximadamente, unos 200, 250 electos por la base de la clase obrera, de las misiones, de los campesinos, de los movimientos sociales”, apuntó el Presidente resaltando que habrá entre 7 y 8 frentes, donde resaltó que sectores de adultos mayores, juveniles, obreros, indígenas, entre otros, contarán con un representante escogido de manera directa. Una votación por sectores pudiera constituirse en un fraude a la Constitución y a las votaciones libres, universales, directas y secretas (art. 63). Esto no es más que corporativismo, que es política e ideológicamente conservador, ya que su objetivo es “la remoción o la neutralización de los elementos conflictivos: la competencia en el plano económico, la lucha de clases en el plano social, la diferenciación ideológica en el plano político”. “En el plano político, el modelo corporativo se pone como alternativa al modelo representativo democrático. Éste preconiza la realización de una democracia orgánica donde el individuo ya no vale como mera entidad numérica sino como portador de intereses precisos y clasificables”. “El Estado crea la corporación, llama a aquellos que allí trabajan (…) los hace discutir, los organiza, los disciplina y los orienta” (Bobbio, 2005:372-376). Esta lógica medieval, jerárquico-paternalista, fue superada por el Estado de Derecho moderno y retomado solo por regímenes totalitarios como el fascismo en Italia.
- A todo evento el límite de esta Constituyente es el artículo 350, la misma no podrá contrariar los valores, principios y garantías democráticas o menoscabar los derechos humanos. Por lo tanto no puede contener ningún retroceso en materia de derechos fundamentales, ni dejar de lado el pluralismo político y las votaciones libres, universales, directas y secretas.
- Preguntas: ¿Qué tiene de malo nuestra actual Constitución? ¿La Constitución es el problema o es la excusa? ¿El problema es la norma o su incumplimiento? ¿El problema es la norma o lo son los actores institucionales? ¿Es una Constituyente la prioridad para nosotros como país en estos momentos? ¿Una Constituyente soluciona la crisis alimentaria, económica y de seguridad ciudadana que actualmente tenemos? ¿Una Constituyente solventará el actual conflicto de desconocimiento intrapoderes o lo agudizará? ¿Una Constituyente calmará la violencia callejera o la incrementará? ¿No se está confundiendo lo coyuntural con lo estructural? ¿Por lo táctico no estamos perdiendo lo estratégico? ¿Esta convocatoria tiene como objetivo una participación popular realmente emancipadora o es un artilugio para extender el poder político de un grupo? ¿Una Constituyente estabiliza o desestabiliza? ¿Genera mayor gobernabilidad o mayor ingobernabilidad? ¿No habían recursos ni condiciones institucionales para las elecciones regionales pero sí los hay para una Constituyente exprés?
- ¿Qué hacer?
- Defender pacífica, institucional y legalmente, a la Constitución vigente que es de todos y que fue aprobada en referéndum consultivo en 1999 y ratificada en 2007.
- Exigir a ambos bandos políticos que se cumpla con la Constitución y se celebren cuánto antes las elecciones regionales. Esto vaciaría de contenidos las protestas y bajaría el conflicto. Además de constituir una agenda legítima y legal para ambos sectores.
- Exigir el respeto al voto directo, secreto y universal.
Esto es un peligroso malabarismo político de parte del gobierno que busca evitar medirse electoralmente en las elecciones regionales (las cuales tuvieron que hacerse el año pasado) y posiblemente también en las presidenciales futuras, borrar a los actores institucionales que no les sean afectos, y hacer un traje a la medida. Con ello confiesan que la Constitución es un obstáculo para el ejercicio arbitrario del poder, por ello quieren acabar con ella.
Esto no solo es una táctica dilatoria, un “trapo rojo” o “pote de humo”, que distraerá de todos de los temas que realmente nos aquejan: escasez, inflación, inseguridad, polarización política, crisis institucional y de legitimidad, vencimiento de los lapsos constitucionales de alcaldes y gobernadores, etc. Nada de esto se solventa con una Constituyente, por el contrario, dilataría su abordaje y agudizaría los mismos. Pero más grave aún, significaría abandonar nuestro modelo político y constitucional. Esto no es un simple proceso eleccionario más.
Esta propuesta es ejemplo de cómo impera la lógica de administrar el país como una hacienda, como un abasto, sin importar los problemas reales y cotidianos de la gente, en la que se concibe a la Constitución como un trapo o un perol. Esta propaganda será muy costosa para todos, en muchos sentidos.
Publicado originalmente en: Contrapunto.
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Keymer Avila
Abogado (UCV) Máster en Criminología y Sociología Jurídico Penal, UB (Barna). Investigador del @cpenalesucv y Profesor de @criminologial en Pre y Postgrado UCV
