Desirée González | El pasado 20 de junio, el Ejecutivo anunciaba al país su más reciente invención en el área social: el Plan Chamba Juvenil, que consiste en generar 200 mil empleos a los jóvenes que fueron identificados en el Carnet de la patria con necesidades de empleo. De los 14 millones 538 mil carnetizados, 6 millones 554 mil son jóvenes entre 15 a 35 años de edad.
El plan otorgará 60 mil empleos a través del plan aprendices Inces, 40 mil jóvenes para seguridad y soberanía (20 mil jóvenes para Guardia del Pueblo y 20 mil para la Policía Nacional Bolivariana) 40 mil para áreas de recreación, 21 mil para reforzar la Misión Barrio Adentro, 21 mil más para las misiones educativas, 18 mil para actividades de agricultura urbana. Todo ello con recursos económicos que superan los 42 mil millones de Bs.
En esa misma alocución, señalaba el jefe de la comisión presidencial que impulsa el cambio de Constitución, Elías Jaua que: “el grupo más importante de la sociedad venezolana ahorita desde el punto de vista numérico es la juventud (…) una sociedad necesita a su juventud presta para el trabajo social, para el trabajo comunitario, luego la economía productiva creativa y allí está todo el proceso de capacitación en lo que a los jóvenes hoy los mueve y los llama”.
Ciertamente, la juventud venezolana es el grupo etario más importante y heterogéneo en constante evolución, sin embargo, tal reflexión de capacitación y apoyo que profesa Jaua, es dirigida a un sector, alineado con los preceptos ideológicos y políticos del Gobierno. La otra población de jóvenes, que también requiere empleo decente, participación y oportunidades de desarrollo personal y profesional, es invisibilizada, o peor aún, castigada en numerosas manifestaciones por exigir mejores condiciones de vida.
Un programa de empleo juvenil puede – y debe- pasar a segundo término ante la urgencia de una crisis humanitaria
Sin duda que es de suma importancia, el desarrollo de un programa o plan orientado a promover el empleo juvenil, que permita el desarrollo de capacidades y contribución con las diversas áreas del país, pero más relevante es reajustar las políticas sociales en función del abastecimiento de medicinas y alimentos, la reactivación de la producción nacional, el desarme, justicia expedita y sensibilización de la ciudadanía como uno de los muchos mecanismos para minimizar la inseguridad ciudadana. Un programa de empleo juvenil puede – y debe- pasar a segundo término ante la urgencia de una crisis humanitaria.
Una verdadera política social enmarcada en los preceptos de inclusión, participación protagónica y con enfoque en derechos humanos, va en dirección contraria al requerimiento de un carnet para el goce del derecho al trabajo como derecho fundamental. El disfrute de derechos no puede ser una proeza. Basta de que en la Venezuela actual a unos se les pague con chamba y a otros con balas.
Transmisión oficial. Lanzamiento del Plan Chamba Juvenil. Martes 20 de junio de 2017
│Socióloga. Seguridad Social. Bienestar Laboral. DDHH @desireegm
