Vladimir Villegas | El informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, dado a conocer el pasado 4 de julio por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para esta materia, Michelle Bachelet, es una fidedigna radiografía de lo que ocurre en nuestro país. Ni tenue ni exagerado, simplemente se trata de un documento que revela al mundo la tragedia que se vive en una nación cuando las instituciones dejan de funcionar y de actuar apegadas a la constitución para convertirse en engranajes de la maquinaria del partido de gobierno.
Sin ánimo de repetir en detalle lo que recoge este documento, no tiene desperdicio la descripción del abuso de poder, de la represión, de la criminalización de la protesta, de la agresión a periodistas y medios de comunicación social, del infierno carcelario, y de otro infierno, el hospitalario. Como tampoco la mención oportuna y firme sobre la acción de ese grupo policial tenebroso llamado FAES, acusado de ejecuciones extrajudiciales.
Tampoco la señora Bachelet exagera ni se queda corta al describir el trato cruel, inhumano y degradante que se le da a los presos políticos. Y no pudo ser más justo y oportuno el jalón de orejas a quienes dirigen la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo, por el reiterado incumplimiento de sus obligaciones, y por su clara parcialidad política. Es decir, ella hizo como el brujo de la canción de La Billos: «fuera Satanás, yo digo lo que veo»…
Casualmente, desde los extremos le ha disparado a la señora Bachelet y a su informe. Desde el chavismo-madurismo nacional e internacional la acusan de parcializada, de hacer un informe carente de rigurosidad. Es lógico que así se expresen los voceros del gobierno, y hasta por allí salió una magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, supuesta militante del feminismo más ortodoxo, respondiendo de manera grotesca al grave señalamiento de que las prisioneras se ven obligadas a cambiar comida por sexo.
Pero quienes salen a defender al gobierno como cándida víctima de una campaña de descrédito no se han dado una vueltita por el país profundo y verdadero que padece todas estas realidades señaladas en el informe de la Alta Comisionada. Y si han venido es a aplaudir en actos transmitidos en cadena nacional. No oyeron, no se enteraron de que a un capitán de corbeta, Rafael Acosta Arévalo, lo mataron a golpes en la Dgcim, y tampoco que a un adolescente tachirense lo dejaron ciego a punta de perdigonazos en su cara.
Lo que carece de sentido es la actitud del extremismo opositor, que ve en Michelle Bachelet a una pieza de Maduro que vino a lavarle la cara, y a convalidar las violaciones a derechos humanos. Entonces ahí se comprueba cómo termina siendo cierto eso de que los extremos se juntan. Querían seguramente que Bachelet llegara a Caracas a bordo de un tanque, a la cabeza de una invasión. Cachicamo trabajando para lapa… Tan solo imagino la sonrisa de satisfacción en la cara de los más conspicuos líderes del oficialismo cuando leyeron o escucharon la perorata extremista contra el informe Bachelet, incluso antes de que fuese publicado.
Más allá del informe, lo importante que éste revela es la necesidad de una solución política que promueva el retorno del Estado de Derecho, de los principios constitucionales, violados cotidianamente, y que finalmente le permita a los ciudadanos reencontrarse con una ruta electoral libre de maniobras, triquiñuelas, vivezas criollas y abuso de poder. La gravedad de la situación de derechos humanos en Venezuela es una de las razones que sustentan la urgencia de una salida al conflicto político, y no hay otra, según mi criterio, que una negociación política. NI TIAR ni golpes de Estado ni represión son soluciones realistas. De esas opciones sólo saldría un agravamiento de la crisis.
Si el gobierno sigue jugando a «vacilarse» a la oposición y a los que promuevan iniciativas de negociación, y si desde la oposición van a la mesa con el tramojo del TIAR o de la solución armada, para pagarle peaje al extremismo que la está «zamureando» para devorarla, Oslo podría terminar en una nueva frustración que una vez más alimente a los adictos a la confrontación y a la violencia.
Hace mas de dos semanas di a conocer que el presidente Nicolás Maduro se había reunido con los diputados del PSUV a la Asamblea Nacional. Ayer un diario oficialista ofreció detalles al respecto, y no se descartaría un eventual retorno de los diputados rojos a ese foro político. Si se adopta esa medida y se deja sin efecto el mamotreto jurídico llamado «desacato», bajo el cual desactivaron al parlamento, se estaría dando un paso en la dirección de desatrancar el juego. ¿Se conversará sobre este tema en Barbados. Ya veremos. Aunque la oposición también tendría que dar señales de buena voluntad para un acuerdo, es indiscutible que los primeros pasos debe darlos quien detenta el poder. Sobre todo en materia de derechos humanos. Maduro dijo en el breve desfile militar del pasado 5 de julio que las dos partes deben hacer concesiones.
Pues bien, una buena manera de probar esa disposición es comenzar a corregir las graves aberraciones descritas en el informe Bachelet.
│ Periodista venezolano de radio y televisión. Articulista y defensor de la constitución de 1999 @Vladi_VillegasP
