Calixto Ávila |​ El gobierno de Maduro busca a toda costa dejar sin mandato a la Misión de Determinación de Hechos (MDH) en octubre de 2022, cuando se someta a votación una nueva resolución en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Para conseguirlo, adelanta acciones abiertamente contrarias a los deberes de Venezuela como miembro del Consejo, al propiciar la eliminación de mecanismos similares a la MDH para dejar a millones de personas sin amparo internacional y en manos de grupos armados y gobiernos victimarios.

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El último día de las sesiones del Consejo de Derechos Humanos, este 11 de octubre, el señor Félix Plasencia,  Canciller del gobierno de facto de Maduro, anunciaba vía Twitter que se unían al “Día Internacional de la Niña para empoderar a todas las niñas del mundo y garantizar sus derechos humanos”. Cuatro días antes, el 7 de octubre, ese mismo gobierno votaba contra una resolución del  Consejo que estableció un relator especial para supervisar la situación de derechos en Afganistán, cuya población se encuentra sometida al régimen Talibán. A nadie escapa por tanto la grave situación de las niñas en ese país. Según Amnistía Internacional en 2020 “las mujeres y las niñas siguieron sufriendo discriminación y violencia de género en todo Afganistán, sobre todo en zonas controladas por los talibanes, donde sus derechos eran impunemente violados, y eran sometidas a violentos “castigos” por lo que el grupo armado consideraba transgresiones de su interpretación de la ley islámica”.

El éxito que no había tenido ese gobierno para bloquear la resolución de Afganistán, lo tuvo ese mismo día al bloquear, junto a 20 estados más, la extensión del mandato del Grupo de Expertos Eminentes sobre Yemen. En su informe de 2020 ese Grupo daba cuenta (numerales 68 a 84) de la violencia de género, incluida violencia sexual contra niñas, cometida por fuerzas del Estado y grupos armados, casos de desnudez forzada y el reclutamiento forzado de 34 niñas de 13 a 17 años.

Al día siguiente, el 8 de octubre, el gobierno de Maduro intentó sin éxito bloquear dos resoluciones más. La primera sobre Burundi, aprobada por 21 votos, estableciendo una relatoría especial para supervisar la situación de derechos humanos, destinada a fortalecer el trabajo de la Comisión de la ONU de Investigación sobre Burundi. En su informe 2021 (numerales 47 y 48), esta Comisión reportó que en Burundi “las mujeres y niñas que viven en la pobreza extrema corren un mayor riesgo de estar expuestas a la violencia sexual y, a menudo, adoptan estrategias de supervivencia nocivas, como la prostitución, que aumentan aún más el riesgo de ser sometidas a violencia sexual y de género” (traducción libre). La segunda resolución sobre Siria, fue aprobada por 23 votos, brindando apoyo a la Comisión de Investigación para ese país y demandando la cooperación de las autoridades. Este mecanismo de investigación reportó en Marzo de 2021 (numerales 48 a 53) que fuerzas estatales y milicias asociadas cometieron violaciones y abusos sexuales contra niñas, cacheos invasivos y violaciones en grupo durante operaciones contra la oposición, y dio cuenta de graves actos de subyugación y discriminación contra niñas en zonas controladas por el Estado Islámico.

Las actuaciones en Ginebra contradicen claramente las palabras del nuevo Canciller del gobierno de facto y carecen de toda coherencia con los deberes de Venezuela como miembro del Consejo de Derechos Humanos. Saludar el Día Internacional de la Niña es solo parte de un protocolo propagandístico programado en Twitter en función de fechas. En últimas, ese gobierno llegó al Consejo de Derechos Humanos para evitar a toda costa ser examinado sobre sus responsabilidades y las de sus agentes, y para ello no ha dudado en sumar esfuerzos con gobiernos violadores de derechos humanos y que son investigados por mecanismo similares a la Misión de Determinación de Hechos para Venezuela. Poco le importa la suerte de los pueblos sirio, burundés, yemení y afgano, con tal de ganar la simpatía de sus gobernantes para lograr sus objetivos en la ONU.

Y es que el objetivo central del gobierno de facto venezolano es obtener en octubre de 2022 una votación similar a la lograda en el caso de Yemen, para dejar sin mandato y cerrar la Misión de Determinación de Hechos e impedir que sea convertida en un mecanismo más robusto, es decir, en una Comisión de Investigación. Ese gobierno se apresura a consolidar suficiente apoyo para su causa. Y ello no solo al momento de votar resoluciones, sino en todos los debates sobre situaciones de países con mecanismos de investigación creados por el Consejo. Fue así como hizo intervenciones de apoyo a los gobiernos de Libia, Sudán del Sur, Camboya y Belarús, todos ellos con mecanismos de investigación o relatores creados por el Consejo. Estos apoyos habían sido generosamente retribuidos por los tres últimos gobiernos cuando hicieron las respectivas declaraciones de apoyo al gobierno de Maduro durante el debate del informe de la MDH sobre Venezuela el 24 de septiembre.

Se trata de un librero concertado, en el que esos Estados se devuelven favores en el Consejo brindándose apoyo para bloquear mutuamente esos mecanismos. Actúan de la misma manera, comenzando por impedir el ingreso del mecanismo al territorio nacional, para luego alegar su propia culpa y decir que los informes no tienen validez pues fueron elaborados a distancia. Luego afirman que los mecanismos fueron aprobados por votación, como si no estuviera previsto así en el reglamento, y sin consentimiento de los Estados investigados, como si esos regímenes que tienen tanto para ocultar estuvieran dispuestos a abrir a los investigadores las puertas de las prisiones para ver los presos políticos o lo archivos de los cuerpos de seguridad o las fosas comunes. Luego eligen principios de la Carta de Naciones Unidas para armar un discurso que limite los derechos humanos, alegando el principio de soberanía, independencia, integridad territorial  y no injerencia en asuntos internos. Y finalmente se enfocan en la cooperación del Consejo con los Estados como único camino posible para que esos gobiernos con graves situaciones de derechos humanos puedan resolver de buena fe los problemas.

Pero las alianzas entre esos gobiernos victimarios no tendrían el alcance suficiente si no contaran con el apoyo de Rusia y China, también miembros actuales del Consejo. Estos dos Estados suman los votos de Estados bajo su influencia en favor del gobierno de facto venezolano. A ello se agrega la incidencia de este gobierno en grupos como Los No Alineados y, con absoluta hegemonía, en espacios como el recién creado por Venezuela “Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas”, conformado además por Argelia, Angola, Belarús, Bolivia, Camboya, China, Corea del Norte, Cuba, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Irán, Laos, Nicaragua, Palestina, Rusia, San Vicente y las Granadinas, Siria y Zimbabue.

El gobierno de facto entró al Consejo de Derechos Humanos para hacer control de daños en momentos en que las violaciones a los derechos humanos y los crímenes internacionales cometidos en Venezuela están entre los expedientes más críticos en sus relaciones internacionales. Tras abandonar el sistema interamericano, al denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y retirarse de la OEA, el sistema de la ONU y la CPI se volvieron el epicentro del debate y de allí el enorme despliegue de recursos de ese gobierno y las alianzas antes mencionadas.

Las votaciones realizadas este 14 de octubre en la Asamblea General de la ONU para elegir 18 nuevos miembros del Consejo, de los 47 Estados que lo conforman, tendrán un impacto en la votación de octubre de 2022 sobre la suerte de la MDH. Corresponderá a los Estados democráticos contrarrestar las intenciones del gobierno de facto y sus aliados que buscan suprimir ese alto mecanismo de investigación y los mecanismos similares que investigan situaciones graves en el mundo. Lo que está en juego en el Consejo de Derechos Humanos es su legitimidad como la más alta instancia de derechos humanos de las Naciones Unidas al demostrar si puede o no resistir la embestida de los Estados miembros representados por gobiernos victimarios empeñados en protegerse mutuamente.

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Calixto Ävila

Abogado Especialista en Derechos Humanos y Magister en Derecho Internacional Público. Representante de Provea en Europa.