ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
El viernes 27 de febrero de 2015, en horas de la mañana, Alcedo Mora Márquez salió de su casa en dirección a su trabajo, en la Gobernación del estado de Mérida. Fue la última vez que Simón lo vio con vida.
El día 25 de febrero a las 7:41 pm Alcedo Mora envió desde su teléfono celular un mensaje de texto a varios amigos indicando que: “Camaradas, alerta, tengo requisitorio de orden de captura por el Sebin Se me quiere involucrar en unos recuperos; la cosa es complicada; es parte donde se me quiere cobrar por unas denuncias de corrupción en Pdvsa que he venido haciendo y me quieren montar una olla. Hay que estar pendiente”.
Funcionarios que trabajaban en dependencias estatales en el estado Mérida habían recomendado a Alcedo Mora que se cuidara puesto que tenían información el SEBIN lo estaría investigando.
Él había indicado a familiares y amigos que tenía temor ante posibles actuaciones de dicho organismo policial contra su persona.
El 18 de mayo de 2015, tres meses después, el gobernador del estado Mérida para ese momento, Alexis Ramírez mediante publicación en un diario regional informó a la población de la desaparición de Alcedo Mora indicando entre otros aspectos “Debo manifestar públicamente a la colectividad merideña, a sus familiares y a todos los camaradas revolucionarios, mi preocupación por la desaparición de Alcedo Mora, y a través del presente comunicado abogo enérgicamente por su pronta aparición”
La misma semana en que fue desaparecido Alcedo Mora Márquez, desaparecieron los hermanos Jesús Esneider Vergel Prado – de 20 años, agricultor, y Eliezer Antonio Vergel Medina de nacionalidad colombiana -quienes vivían en el sector la jabonera, Municipio Caraciolo Parra, estado de Mérida.
Los dos estaban en Venezuela en calidad de solicitantes de refugio. Los dos eran amigos de Alcedo.
De los tres no se sabe nada desde 2015. Se cumplieron siete años de angustia de sus familiares.
Una búsqueda infructuosa sin respuesta de las instituciones a quienes les corresponde dar respuestas: el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.
A los casos de Alcedo y los hermanos Vergel hay que agregar en los últimos años la desaparición de Hugo Marino y Carlos Lanz. Todos tienen en común alguna vinculación por motivos políticos.
No son ellos los únicos desaparecidos. Desde 2015 hasta el 2021 la organización Provea ha registrado 45 desapariciones forzadas. No solo se detiene y desaparece a personas por motivos políticos, también sufren esta práctica personas a quienes se detiene por estar presuntamente involucradas en delitos comunes. Son muy pocos los casos donde se ha investigado, detenido y condenado a funcionarios policiales o militares por desaparición forzada y asesinato. Uno de los casos más emblemáticos de desaparición forzada con el lamentable asesinato de las víctimas ocurrió también en 2015: la masacre de Barlovento, que se ejecutó por parte del Ejército como parte de las llamadas Operaciones de Liberación del Pueblo.
En diciembre de 2020 fueron condenados a cumplir la pena de 25 años de prisión tres funcionarios de la Policía Municipal de Miranda estado Carabobo. A los funcionarios se les declaró culpables de haber asesinado y desaparecido a un compañero de trabajo el oficial Wilmer Venecia Chaparro, de 22 años. Esa desaparición ocurrió el 07 de abril del año 2015. El mismo año de la desaparición de Alcedo Mora, los hermanos Vergel y la masacre de Barlovento.
Hace años participé en un proceso judicial contra varios funcionarios de la policía de Anzoátegui por la detención de y desaparición de tres trabajadores de la construcción. De las pocas veces que he presenciado una actuación diligente del Ministerio Público comprometido con los familiares de las víctimas. Un ejemplo que nos indica que cuando se tiene voluntad de garantizar justicia se puede lograr. Los fiscales actuaron con mucho profesionalismo, usando todas las técnicas posibles de investigación y se logró detener y juzgar a los responsables.
Las desapariciones forzadas han persistido desde décadas en el país y ello entre otros aspectos es consecuencia de la alta impunidad. Son pocos los casos investigados y sancionados.
La Fiscalía y la Defensoría le deben respuesta a los familiares de Alcedo Mora y los hermanos Vergel, pero también a otras familias.
ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
