ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
Marino Alvarado | El cine venezolano se propuso en los años 90 sensibilizar sobre la violencia de las policías contra la población. La película “Disparen a Matar” del cineasta Carlos Azpúrua fue la más emblemática. En ella se muestra como los funcionarios llegan a las zonas populares, detienen de manera arbitraria y disparan a matar. Treinta años después, esa película que impactó en su momento la conciencia de muchas personas, es una pequeña muestra de lo que actualmente ocurre en el país.
En 2015 Nicolás Maduro ordenó que esa película fuese trasmitida por las televisoras del Estado para crear conciencia de lo que no debería hacer las policías. Paradójicamente ese año, bajo su mandato y aliento, se inició la más incesante violencia policial que se haya conocido en nuestro país.
Lanzó ese año las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) de 2015 al 2017 que entre tantas acciones violentas produjo la masacre de Barlovento perpetrada por el ejército y en estos tiempos, las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana, con la masacre de La Vega, son solo dos de los cientos de masacres sucedidas.
En un reciente informe del Centro de Investigación y Acción Social de la Compañía de Jesús en Venezuela: el centro Gumilla y Provea indicaron que en 2020 policías y militares dieron muerte a 2853 personas. Policías y militares disparan a matar. No hay ningún respeto por el derecho a la vida.
La Policía Nacional Bolivariana, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y la policía del estado Zulia son las principales responsables de la mayor cantidad de presuntas ejecuciones. Llama la atención la cada vez mayor participación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Según el informe de las dos organizaciones, la FANB fue responsable de 359 presuntas ejecuciones.
Los denominados falsos positivos están a la orden del día. Los asesinatos son presentados como consecuencia de presuntos enfrentamientos. La verdad, es que la mayoría de las víctimas son detenidas y a los pocos minutos u horas asesinadas. Los funcionarios realizan disparos a paredes de viviendas e incluso carros para aparentar que hubo enfrentamiento. Un alto porcentaje de las víctimas son asesinadas en presencia de sus familiares o logran escuchar las detonaciones de las balas disparadas a corta distancia en el pecho o la cabeza.
Como hace 30 años la impunidad prevalece. En aquellos años surgió una organización de madres afectadas por la violencia policial. Luto Activo se llamó dicha organización que durante años se empeñó en lograr justicia. Los obstáculos fueron innumerables como los sufren hoy los familiares organizados en la organización de Familiares víctimas de violaciones a los derechos humanos (Orfavideh) y la Alianza de Familiares Víctimas del 2017 (Alfavic) que agrupa a familiares de personas asesinadas en las protestas. Ayer como hoy la institucionalidad del Estado da la espalda a los familiares quienes claman justicia.
El aliento que se da desde los altos niveles del Poder a los policías y militares para que realicen cuanto acto arbitrario se les ocurra, produce diariamente sufrimiento. Ayer como hoy las víctimas son jóvenes de zonas pobres.
En 2006 se hizo un esfuerzo por cambiar toda esa práctica. Se inició un proceso de reforma policial precisamente a partir de sucesos que habían ocurrido el año anterior y ese mismo año que involucraban a funcionarios de distintos cuerpos policiales en delitos y graves violaciones a los derechos humanos. Se creó la Policía Nacional Bolivariana como la policía que sería modelo de respeto a los derechos humanos, 15 años después de ese proceso de reforma, el fracaso es evidente. Hoy esa policía y en general los cuerpos armados del Estado son más violentos, abusan más de la población y cometen miles de homicidios que pudiesen constituir crímenes de lesa humanidad.
Los responsables materiales e intelectuales con sus respectivas cadenas de mando, de esos crímenes hoy gozan de impunidad, pero no necesariamente tiene que ser así por siempre. Los caminos de la justicia avanzan lentamente y algunos funcionarios tal vez pronto tendrán que rendir cuentas de sus actos.
Para las comunidades pobres en Venezuela el “disparen a matar” es más que una película. En la vida real es cegar la vida de miles de jóvenes cada año.
ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
