ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
Marino Alvarado | 1.-Se produjo el 29 de octubre de 1988 durante el gobierno de Jaime Lusinchi. 14 pescadores fueron asesinados en las riberas del caño la Colorada del río Arauca muy cerca de la población de El Amparo, estado Apure.
2.-Los responsables de la masacre fueron policías y militares. Como necesitaban aparentar que tenían éxito en el combate contra grupos guerrilleros que incursionaban en territorio venezolano, planificaron un falso enfrentamiento. Así que idearon emboscar una lancha de pescadores y presentar a las víctimas como guerrilleros. Una masacre fríamente calculada. Un plan despiadado contra humildes trabajadores.
3.-Lo que no estaba en los planes de los asesinos es que hubiese sobrevivientes. Dos personas lograron salvar sus vidas: Wolmer Gregorio Pinilla y Jase Augusto Arias. 31 años después siguen viviendo de la pesca y en la población de El Amparo.
4.-Los dos sobrevivientes denunciaron la verdad de lo ocurrido. Los medios de comunicación de la época dieron amplia difusión y ayudaron a desmontar las mentiras del gobierno. Contaron igualmente con un amplio respaldo del movimiento estudiantil que desarrolló protestas en todo el país contra la masacre. La mentira de los asesinos se fue demoliendo y la verdad imponiéndose.
5.-El gobierno siguió empeñado en mentir y garantizar impunidad. Su infamia fue tal que detuvo y encarceló a los sobrevivientes juzgándolos en la justicia militar. Meses después una decisión judicial revocó la medida. Empezaron a recibir amenazas de muerte y se asilaron varios meses en México. Desde allá y luego en Venezuela, siguieron apoyando las gestiones que familiares y organizaciones de derechos humanos realizaban para exigir castigo a los culpables.
6.- La actuación de los Tribunales Militares, Consejos de Guerra y Cortes Marciales, es decir, la justicia militar, operó con el claro propósito de producir impunidad para que los responsables fueran declarados no culpables. Ante la falta de voluntad para hacer justicia tres organizaciones de derechos humanos entre ellas Provea presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Al no acatar el gobierno las recomendaciones de esa instancia, se presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En 1995 la Corte dictó sentencia a favor de los familiares de las víctimas y los dos sobrevivientes ordenando una indemnización para los familiares y lo principal, que se investigara y sanciona a los culpables.
7.-Transcurridos 24 años desde la sentencia, solo se cumplió con las indemnizaciones pagadas 95% de ellas durante el gobierno de Rafael Caldera y el 5 % restante durante el gobierno de Hugo Chávez. Ningún gobierno a la fecha ha garantizado una investigación seria que conduzca a que los culpables, tanto autores materiales como intelectuales, sean sancionados por los crímenes cometidos. Todos han abonado su cuota de impunidad.
8.- En octubre de 2016, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia por petición del Ministerio Público anuló la sentencia que en 1998 declaró no culpables a quienes dieron muerte a los 14 pescadores de El Amparo. Sin embargo, violando la Ley para Investigar las violaciones de Derechos Humanos de 1958 a 1998 y la Constitución, reafirmó que sea la justicia militar quien continúe conociendo del caso. Las dos normativas establecen que los tribunales militares no deben conocer de casos de graves violaciones a los derechos humanos.
9.-Cuatro años después de esa sentencia no hay nada nuevo. La impunidad continúa. Nunca se ha llamado a los dos sobrevivientes para que declaren ni a las organizaciones de derechos humanos. No se conoce ninguna actuación orientada a investigar y mucho menos a sancionar.
10.-Transcurridos 31 años la violencia institucional contra los pobres sigue cobrando víctimas. Hoy el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) así como la Policía Nacional a través de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) realizan masacres con frecuencia. No solo se garantiza impunidad para que siembren luto en todo el país, sino que Maduro y su cúpula alientan que sigan perpetrando graves violaciones a los derechos humanos.
ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
