English Spanish

La película “Argentina 1985” proyecta esperanza en la justicia.

Basada en hechos reales relata el duro y firme trabajo de un equipo de fiscales que decide no permitir que haya impunidad por los crímenes cometidos por una cúpula de militares que conformaron las tres juntas dictatoriales que gobernaron a ese país de 1976 a 1983.

Un tiempo de terror, sufrimiento y muestras de lo despiadado que pueden llegar a ser los gobernantes cuando se proponen mantenerse en el poder.

Es inevitable ver la película y no recordar los crímenes de lesa humanidad que se han perpetrado en Venezuela y contrastar el coraje de los fiscales argentinos y los jueces que dictaron sentencia, con el papel jugado por el sistema de justicia, Fiscalía y Defensoría venezolanos, para favorecer que ocurran y proteger a los presuntos responsables.

Se puede observar como fiscales en su mayoría muy jóvenes, actuando con convicción de su responsabilidad de garantizar justicia, se empeñan en sobreponerse a los obstáculos, amenazas y exigencias del corto tiempo para analizar expedientes, entrevistar víctimas y diseñar una estrategia para realizar con solidez las imputaciones a los más altos responsables de asesinato, tortura, detenciones arbitrarias y abuso contra las personas encarceladas.

«Estoy convencido que en Venezuela lograremos que haya justicia»

Fiscales que comprendieron el papel histórico que podían jugar para dar a su país un mensaje que la estabilidad no se lograba siendo complaciente con los criminales, sino reivindicando las instituciones y enviando una clara indicación que nadie por más poderoso que se sienta puede estar por encima de la ley. Que investigar y condenar la cúpula militar no era una ofensa contra la fuerza armada.

Al contrario, era adecentarla de quienes violaron sus valores y se apartaron de las normas. Juzgar a los militares, en la vida real, sirvió para avanzar en la recuperación de la democracia, sin venganza, pero con justicia.

Los testimonios desgarradores de las víctimas del abuso policial y militar que sufrieron en carne propia las torturas y vejaciones o de los familiares que padecieron el dolor de una desaparición forzada, coloca en alto relieve el papel fundamental de las organizaciones de víctimas y su disposición a narrar la verdad de los hechos contrastando la mentira oficial.

Sobresale también la importancia de la documentación.

Ese trabajo de hormiguita del día a día de buscar información, archivar, clasificar y resguardar. Esa actividad que a veces puede generar desesperanza porque se acumula en enormes cantidades y los casos avanzan muy poco, pero cuando llega el momento oportuno son una fuente valiosa de pruebas para que los que pensaban que nunca serían juzgados paguen por los actos cometidos.

Ellos en Argentina no tuvieron una Misión de Determinación de Hechos de la ONU como tenemos en Venezuela, tampoco con investigaciones de la Corte Penal Internacional, pero si con el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuyos informes fueron valiosos.

Estoy convencido que en Venezuela lograremos que haya justicia. Que tendremos también fiscales valientes y sensibles que se empeñarán en evitar la impunidad.

Recuperar la democracia y estabilidad del país pasará por sancionar a los máximos responsables de los crímenes de lesa humanidad que han ocurrido y lamentablemente siguen sucediendo.

ACERCA DEL AUTOR:

Author profile
Marino Alvarado

Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.