ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
Marino Alvarado | En noviembre del año 2005 y en abril de 2006 ocurrieron dos acontecimientos que conmovieron a la opinión pública nacional y generaron inquietud en el gobierno del ex presidente Chávez. El primero tuvo que ver con lo que se conoce como la masacre de Kennedy. Tres estudiantes de la Universidad Santa María fueron asesinados y tres más heridos por funcionarios de la Dirección de Inteligencia Militar rebautizada años después como Dirección de Contra Inteligencia Militar (DGCIM). En 2006 tres hermanos de apellido Faddoul fueron secuestrados así como el chofer que los trasladaba y mes y medio después encontrados muertos. Los responsables del asesinato fueron funcionarios policiales.
El reclamo social fue tan intenso que obligó al gobierno a iniciar un proceso que se conoció como la reforma policial. Se instaló un organismo denominado Comisión Nacional para la Reforma Policial que inició sus actividades el 10 de abril de 2006 es decir, seis días después que los hermanos Faddoul fueron encontrados. Fue una respuesta inteligente, responsable y adecuada a los acontecimientos que se vivían.
El proceso de reforma policial en su etapa inicial tuvo varios aspectos positivos, pero también algunos negativos. Entre los positivos está que se realizó el esfuerzo de escuchar las opiniones de muchos sectores que incluyó partidos políticos, empresarios, sindicatos, organizaciones no gubernamentales, universidades y varias instituciones que podían aportar al proceso. El segundo, es que los derechos humanos constituyeron un eje transversal del proceso y por ello se estableció que se crearía un nuevo modelo policial amigable al ciudadano. Lo negativo, es que desde el principio la nueva policía se pensó con sello ideológico no al servicio de la población, sino al servicio del “socialismo” ubicándola como una policía instrumento político de quienes gobernaban y aún gobiernan.
El nuevo modelo policial prometido sería respetuoso de los derechos humanos. Se disolvió la Policía Metropolitana de Caracas (PM) por el prontuario que tenía en materia de abusos contra la población. Se creó la Policía Nacional Bolivariana como eje de ese nuevo modelo. Se argumentó que sería una policía distinta, que no repetiría los abusos del pasado y principalmente, que no continuaría con las prácticas de tortura y ejecuciones muy frecuentes en el historial de la PM.
Mientras Chávez gobernó hasta el 2013 hay que reconocer se hizo un esfuerzo por encausar la reforma en esa dirección, aunque ya organizaciones de derechos humanos como Provea advertían que cada vez aumentaba el número de denuncias que involucraban a funcionarios de la PNB en ejecuciones.
Al llegar Nicolás Maduro al poder, la filosofía y esfuerzos de la reforma policial fueron echados a la basura. Empezó un rápido deterioro de la Policía Nacional Bolivariana y se empezó a violar varias de las leyes resultado de esa reforma. Maduro afianzó la militarización de la seguridad ciudadana y empezó a colocar en mandos de las policías a militares activos y retirados violando la ley de policía.
El lanzamiento en julio de 2015 de la llamada Operación para la Liberación del Pueblo (OLP) significó la estocada final a lo que pretendió ser una policía distinta, respetuosa de la dignidad humana.
Las OLP se caracterizan por definir a los presuntos delincuentes como enemigos a liquidar. Así las ejecuciones policiales se convirtieron en una política gubernamental. Y el atropello contra los más pobres en los barrios en un propósito. El ministro del interior en el primer año de esos operativos daba cada día los “partes de guerra” y entre más bajas anunciaba más exitoso consideraba el operativo. La muerte era el símbolo del triunfo. Que lejos de la filosofía de la reforma policial que reivindicaba el respeto a la vida como Misión.
En esa misma filosofía de muerte y de enemigo a liquidar, actúa la denominada Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES). A diario salen familias de distintas partes del país pero principalmente del Área Metropolitana de Caracas denunciando como ésta unidad de la policía ejecutó a sus familiares. Las denuncias de la actuación arbitraria son cada vez más frecuentes y entre más atropellos perpetra parecen más satisfechos en el alto gobierno que se encarga de aupar y felicitar su actuación. Al FAES lo han transformado en un grupo exterminio.
Las OLP y las FAES son todo lo contrario de lo que pretendió ser un nuevo modelo policial respetuoso de los derechos humanos. Una tarea que queda pendiente.
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Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
