Cese a la estigmatización contra los migrantes forzados y refugiados que regresan

Gregorio Afonso | Recientemente la dictadura venezolana con su poderío mediático, impulsa una campaña en contra de los venezolanos que se han visto forzados a regresar ante la situación del COVID-19. El propósito es responsabilizarlos del crecimiento del número de contagiados y su instrumento la estigmatización.

No poseo forma alguna de desmentir que el número de casos de venezolanos contagiados del COVID-19, dadas por el gobierno de facto no sean ciertas, es más puedo aceptar que sean verdad; lo que me resulta inaceptable es el manejo comunicacional que hace de eso el régimen. Ninguno de los compatriotas que vuelven son “importados”, son venezolanos que forman parte del drama de la migración forzada y la tragedia del regreso. No son culpables de nada, al contrario, son víctimas.

Cada vez que un Estado impulsa medidas para limitar el acceso de refugiados y migrantes forzados a su territorio, aviva el debate sobre si la migración es un derecho humano. Unos dicen que lo es, porque existe el derecho a tránsito para toda persona por tanto cualquiera puede optar por migrar. Otros en cambio, se apoyan en la tesis del Estado Nación para afirmar que estos tienen derecho a establecer medidas para decidir quién puede ingresar y permanecer en su territorio.

Pese a esas posiciones tan distintas y objeto de debate, la realidad de la migración forzada y los refugiados venezolana, por sus dimensiones, motivaciones y consecuencias, es un verdadero “drama”. Encierra historias desgarradoras, propias de grandes conflictos bélicos, alcanzando a todos los oficios y estratos sociales.

Si bien en la primera década de este siglo la protagonizaron jóvenes y personas de mediana edad de sectores medios y profesionales, en la segunda, los migrantes son de todas las edades, con o sin calificación laboral, de cualquier sector social y región del país. Un fenómeno que, entre las cifras más conservadoras y atrevidas, oscila entre 4 y 7 millones de personas.

Los fenómenos de movilidad humana como el venezolano, son producidos por situaciones límites que les imponen a las personas la decisión de marcharse. De modo que, no es  voluntaria: es forzada por la Emergencia Humanitaria Compleja que vive el país, especialmente severa, desde 2016 a la fecha.

La representación gráfica del “drama” que encierra la migración forzada y los refugiados venezolanos, son las fotos de personas cruzando las fronteras a pie, dispuestas a caminar miles de kilómetros en búsqueda de una vida mejor, sin ni siquiera tener certeza de que lo lograrán. Con esas imágenes conviven: las historias de sueños truncados, el dolor de familias divididas y la incertidumbre de lo que vendrá.

Los migrantes forzados y refugiados venezolanos han tenido que enfrentar enormes dificultades en algunos países de destino, entre las que destacan: a) las restricciones para su ingreso y radicación, a través de visados y permisos especiales, creados en esas naciones en los últimos años para limitar la llegada de venezolanos y b) brotes de xenofobia, muchos promovidos desde poderes públicos e instrumentados por fuerzas militares y policiales.

De esta realidad el Estado venezolano, principal responsable del fenómeno de la migración forzada y los refugiados, solo se ocupa en evadirla, minimizarla o desacreditarla. Tan solo ha actuado, por medio del denominado de actuaciones propagandísticas como ocurrió en los episodios de xenofobia contra los venezolanos o través del “Plan Vuelta a la Patria”, facilitando algunos vuelos que han permitido el regreso al país, según versiones oficiales, de poco más de una decena de miles de compatriotas.

Pandemia y retorno

El COVID-19 se convirtió en pandemia tras su propagación por el mundo. El único lugar donde no podrían conseguirse casos derivados de contacto con personas provenientes de otros contextos, es donde se originó el virus: En la provincia de Hubei, en la ciudad de Wuhan, en la República Popular China. La propagación del COVID-19 se facilitó, porque con la globalización asistimos a una era en la que la movilidad humana es elevada. De modo, que es habitual que en todos los países existan casos de personas que vienen de otras naciones y eso no debe significar estigmatización alguna, menos aún por voceros del Estado.

Con la declaratoria de Pandemia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) derivada del COVID-19 y los efectos del aislamiento preventivo sobre la economía mundial, el mundo del trabajo, en especial el informal y la movilidad humana; los migrantes forzados y refugiados venezolanos que aún no se han radicado en Colombia y Brasil y están cerca de la frontera, se han visto obligados a retornar.

La cifras de retornados varían mientras voceros de la Oficina de Migración Colombiana hablan de aproximadamente 45.000 venezolanos. El gobierno de facto de Venezuela, habla de cerca de 15.000 que provienen de Colombia y unos 1.500 de Brasil. Lo relevante no es que regresen, en términos de cambio del proceso de migración forzada y refugiados generado en Venezuela en los últimos años, pues esas cifras del gobierno colombiano o el venezolano ante los casi 6.000.000 que abandonaron el país forzadamente no indican ninguna tendencia. Lo que sí importa es el trato o dicho de manera más exacta: “el maltrato” que reciben de parte de la dictadura venezolana, la misma que les forzó a marcharse.

El primer episodio del “maltrato” lo constituyen las condiciones en los cuales son recibidos en los denominados “Puntos de Alojamiento Integral”. Un reportaje de la agencia de noticias Reuters de fecha 07 de abril, recoge testimonios que dan cuenta de hacinamiento, pésimas condiciones sanitarias e insuficiente atención médica. Sobre esta narrativa el régimen puede anteponer, como le es usual, que es una versión malintencionada y falaz de origen mediático.

Lo que si no puede negar el gobierno de facto, es el maltrato sistemático, a través de  calificativos inhumanos y degradantes, que ha dirigido hacia los migrantes forzados y refugiados venezolanos obligados a retornar en medio de la pandemia del COVID-19. La práctica de estigmatizar poblaciones no es inédita del régimen, pero ante su habitual auto denominación de humanistas, es pertinente recordarle que la estigmatización de grupos o poblaciones no les es inédita, el fascismo Alemán fue un destacado exponente de esta conducta inhumana.

Uno de esos calificativos que le asigna el régimen a los migrantes forzados y refugiados venezolanos que retornan contagiados del COVID-19, es el de “importados”. Diariamente cuando se emite información oficial sobre el comportamiento de la pandemia en el país, en especial en los últimos días, en los cuales ha crecido significativamente el número de casos se habla de casos “importados” para referirse a estos compatriotas. Este tratamiento discriminatorio de los casos genera una percepción en la cual el venezolano que retorna se le asocia como un peligro. En el manejo de las pandemias, hay que guardar todos los protocolos de resguardo de la salud y la vida, al mismo tiempo, que promover la solidaridad y valores humanos lejanos de la discriminación.

No es conveniente y resulta degradante calificar a los migrantes forzados y refugiados venezolanos que retornan y son diagnosticados con COVID-19 como “importados”, son venezolanos que han vuelto y se encuentran en determinados estados del país. Lo que le compete al Estado, es identificar la cadena de contagio, realizar evaluaciones sanitarias a los denominados “Puntos de Alojamiento Integral”, establecer las medidas preventivas necesarias y garantizar la atención clínica.

Lo que no admite controversia es que el migrante forzado y los refugiados no pueden ser despojados de su dignidad. Deben, por tanto, ser tratados con respeto a su integridad, sin discriminación de ningún tipo, recibir garantías en materia de derechos humanos y activarse la cooperación internacional para su protección.

El clímax de la práctica estigmatizadora y denigrante lo alcanzó, las declaraciones del Secretario de Gobierno del Estado Zulia, Lisandro Cabello, quien afirmó: “venezolanos que ingresan desde Colombia son armas biológicas”. Desde la fecha de esta declaración ampliamente difundida, emitida el 22 de mayo, no hay consecuencia jurídica o administrativa alguna sobre el citado funcionario.

Tal afirmación mal pone a quienes retornan con sus paisanos, es decir, los somete al escarnio público del que solo resulta el desprecio y el peligro contra su integridad física y moral. Tampoco ha habido críticas de ningún funcionario del alto gobierno. Dicho de otro modo, la jerarquía del poder ejecutivo y el poder moral y ciudadano con su silencio complaciente, se hacen solidarios de tales afirmaciones y por tanto, corresponsables de las consecuencias que de él podrían derivarse.

De las estigmatización de los migrantes forzados y refugiados forzados a regresar, no podía faltar Maduro, en esta oportunidad citando de manera poco feliz al ministro de la defensa y fiel a la práctica del régimen de responsabilizar siempre a alguien más de lo que ocurre, señaló: “estamos ahorita en la batalla, tremenda, contra este proceso que viene de Colombia, de Brasil, que como dijo el general Padrino ha perturbado la curva aplanada”. Recientemente Maduro, aunque de forma menos directa, se asocia a las tesis de guerras no convencionales del funcionario zuliano antes señalado, denunciando: “infección intencionada de migrantes venezolanos con COVID-19 desde Colombia”.

En forma similar ha declarado también Delcy Rodríguez, siempre identificando batallas, enemigos y prometiendo una épica liberadora, sin importar la dignidad de quienes estigmatizan: Es una política de Estado.

Concluyendo

La migración forzada y los refugiados venezolanos viven un drama y los retornados en medio de la pandemia del COVID-19, al ser estigmatizados viven una tragedia. Quienes se van o regresan a nuestro país sacudido por una Crisis Humanitaria Compleja son titulares de derechos humanos y merecen ser tratados con dignidad.

La Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo deben condenar las declaraciones que califican a una población de “Armas Biológicas” e inmediatamente abrir una investigación para establecer responsabilidades, en caso contrario serán corresponsables de las consecuencias que estas afirmaciones pueden generar.

Los “importados” no son los Venezolanos que regresan al país, lo verdaderamente “importado”, ajeno a nuestro país es el desprecio hacia quienes llegan a Venezuela, ese no es el comportamiento de nuestro pueblo, a él, se le conoce como solidario, receptor por décadas y con los brazos abiertos, de millones de personas de todas las nacionalidades.

Parafraseando la moraleja que nos deja Saramago en su magnífica obra “Ensayo sobre la Ceguera”: En la crisis sale a relucir lo peor y lo mejor de los seres humanos. La estigmatización que reciben los migrantes forzados y refugiados venezolanos que regresan a su país de parte del gobierno de facto, indica que de la dictadura no se podrá esperar lo mejor.

Ver:  https://lta.reuters.com/articulo/salud-coronavirus-migrantes-venezuela

Ver: https://www.caraotadigital.net/nacionales/lisandro-cabello-quieren-contaminar-a-venezuela-desde-colombia

Ver: https://www.cinco8.com/periodismo/el-regimen-llama-armas-biologicas-a-los-venezolanos-que-regresan/

Ver: https://www.telesurtv.net/news/venezuela-coronavirus-casos-importados-colombia-aumenta-pandemia-20200524-0018.html