ACERCA DEL AUTOR:
Calixto Ávila
Abogado Especialista en Derechos Humanos y Magister en Derecho Internacional Público. Representante de Provea en Europa.
El pasado 3 de marzo, durante la presentación del último informe de la Relatora de la ONU sobre defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, el gobierno de Delcy Rodríguez mantuvo la línea de ataques y descalificaciones contra los defensores y defensoras de derechos humanos.
En una declaración que no fue leída en el hemiciclo sino depositada por escrito, ese gobierno afirmó: “respaldamos la labor de los defensores de los derechos humanos y rechazamos categóricamente que algunas personas pretendan instrumentalizar esta labor con fines políticos para promover acciones de desestabilización interna”.
Enseguida anotó que “ningún defensor verdadero de derechos humanos puede involucrarse en la planificación o ejecución de acciones de violencia contra los bienes públicos o la población. La Condición (sic) de defensor de derechos humanos no le da inmunidad ante la ley si es que ha cometido delitos previstos en la legislación nacional”.
Esas afirmaciones son una copia textual de la intervención del gobierno durante la presentación del informe de la Relatora Lawlor del año pasado, el 6 de marzo de 2025, cuando además acusaron a “algunas personas, políticamente motivadas y financiadas desde el extranjero” de utilizar “la noble causa de los derechos humanos para generar acciones desestabilizadoras del Gobierno venezolano”.
Estas acusaciones no son aisladas, sino que forman parte de un patrón instalado por los representantes del régimen de Nicolás Maduro en Ginebra, desde el 5 de marzo de 2021 al responder a los informes de la Relatora.
En ese momento, al referirse a las personas defensoras de derechos humanos, afirmaron que “en muchos casos se ha podido constatar el financiamiento de Potencias (sic) a ciertas organizaciones que, cobijadas bajo el manto de los derechos humanos, generan violencia con fines de desestabilización política, en contra de gobiernos democráticos, legítimamente constituidos”.
Dos años más tarde, el 15 de marzo de 2023, descalificaron el informe de la Relatora especial cuando incluyó el caso de la defensora de derechos humanos Vanessa Rosales, privada arbitrariamente de su libertad durante 8 meses, por ayudar a una niña de 13 años a abortar luego de que fuese víctima de una violación.
Basado en las mismas teorías conspirativas, el representante de Nicolás Maduro descalificó a la Relatora Mary Lawlor, acusándola de que “con intención o no, su accionar contribuye a las matrices de opinión negativas contra mi país, totalmente inaceptables, pues hacen el juego a los factores se valen de cualquier situación en su fracasado afán de desestabilizar al Gobierno Bolivariano”.
Es inaceptable que la administración de Delcy Rodríguez mantenga el patrón de ataque contra las personas defensoras de derechos humanos, más aún ante el Consejo de Derechos Humanos en donde ellas participan legítimamente en los diálogos interactivos sobre los informes de la OACNUDH y de la Misión de la ONU.
La criminalización de defensores y defensoras por parte de agentes del Estado ante esa instancia internacional muestra una clara intención de mantener la persecución a través del andamiaje legal y las estructuras represivas que han perseguido, encarcelado y/o forzado al exilio a quienes defienden los derechos humanos en Venezuela.
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ACERCA DEL AUTOR:
Calixto Ávila
Abogado Especialista en Derechos Humanos y Magister en Derecho Internacional Público. Representante de Provea en Europa.
