Actos vandálicos contra las universidades son estimulados por la impunidad y el desprecio al conocimiento

José Gregorio Afonso | A la permanente agresión que el Estado venezolano ha promovido durante el siglo XXI contra las universidades, a través de la imposición de presupuestos deficitarios, intervención judicial de su dinámica interna, salarios miserables para su personal y el abandono forzoso de las aulas de sus estudiantes y docentes; en los últimos cinco años, y en especial, durante la actual pandemia se ha sumado una nueva modalidad: la vandalización cotidiana contra sus instalaciones.

Todos estos atropellos a las Instituciones de Educación Superior en el país tienen, por acción u omisión, como principal responsable a la dictadura. El gobierno de facto ha impuesto la precariedad en el funcionamiento de las universidades venezolanas y estimula, por medio de la impunidad y el discurso que desprecia al conocimiento crítico, la acción vandálica que devasta sus campus.

La cantidad y características de los actos vandálicos contra las universidades en el año 2020 y el recién iniciado 2021, junto a la impunidad que les caracteriza, indican que no se trataría, exclusivamente, de  hechos aislados atribuibles a la acción de la delincuencia común, sino y esto es esencial, mostrarían una política de Estado, en la cual la destrucción sistemática del patrimonio académico y científico del país es favorecida por el desprecio al conocimiento crítico y la negligencia del gobierno de facto. Todo indica que la dictadura no está interesada en detener la vandalización contra las universidades y sancionar a sus responsables.

El oportuno y pertinente registro de la organización no gubernamental Aula Abierta sobre los incidentes de inseguridad en las universidades durante la pandemia del COVID-19, muestra que la acción vandálica contra las instituciones de educación superior es un proceso continuado, no son hechos aislados, al contrario, son agresiones permanentes en todo el país, que conducen sostenidamente a la devastación de esas instituciones.

Según Aula Abierta, desde el inicio de la cuarentena en el año 2020 a la fecha, se registraron 175 incidentes de inseguridad contra las casas de educación superior confirmados. Es decir, cada día y medio, ocurrió un atentado contra el patrimonio de las universidades. Mientras en el año 2021 que apenas comienza, la frecuencia de las agresiones crece, pues en sus primeros 7 días se contabilizan 8 atentados contra los campus universitarios, es decir, más de una diaria.

Las dimensiones y recurrencia de las agresiones indicadas contra las universidades, comprometen al Estado venezolano, a esta consideración de tipo cuantitativo están otras de tipo cualitativo, vinculadas a las características de tales acciones. En la mayoría de los casos, no se trata de meros hurtos en sus instalaciones sino atentados contra el conocimiento. Se asemejan a los actos medievales, en los que la producción de conocimiento, la cual al final de cuentas es la búsqueda de la verdad, era interpretada como enemiga del poder y por tanto se perseguía.

Aunque, en estos 175 actos vandálicos contra las universidades, de momento, no se atenta directamente contra los protagonistas de la labor científica y humanística, el gobierno de facto, al propiciar la impunidad, permite y naturaliza la destrucción de los instrumentos que posibilitan su práctica.

En estas reflexiones, exclusivamente por razones de espacio, se señalan tan solo dos de las 175 agresiones contra las instalaciones universitarias desde el inicio de la pandemia: La quema de la Biblioteca Central (julio 2020) y los destrozos ocurridos en el Instituto de Investigaciones de Biomedicina y Ciencias Aplicadas (diciembre 2020), ambas dependencias de la Universidad de Oriente (UDO).

En relación con la quema de la Biblioteca Central de la UDO, según el testimonio del Director General del Sistema de Bibliotecas “se consumió más de 120.000 ejemplares de la producción académica de tesis, trabajos de ascensos e investigación de posgrado de los egresados”. En cuanto a la vandalización del Instituto de Investigaciones de Biomedicina y Ciencias Aplicadas, las autoridades universitarias, señalaron que los asaltantes “destruyeron a mandarriazos un microscopio electrónico de barrido de emisión de campo, el primero en su tipo instalado en América Latina, valorado hoy en dos millones de dólares americanos”.

Estos hechos ocurridos en la UDO, dan cuenta que para sus autores, atentar contra el conocimiento fue un objetivo. No son simples acciones delincuenciales, en las cuales el móvil parece ser el hurto. El propósito fue la destrucción. Un patrón que se repite en la mayoría de los 175 agresiones contra las universidades en el 2020 y 2021, en los que se destruye, entre otras cosas, insumos de laboratorios, mobiliario, oficinas, equipos, etc.

Mientras se lesiona gravemente el acervo científico y cultural del país que forma parte de las universidades, el Ministro de Educación Universitaria no presenta políticas para atender situaciones de este tipo, su gestión se resume a desarrollar actos con fines propagandísticos para promocionar una gestión, que pese a sus declaraciones, en la realidad solo muestra a las universidades devastadas y a los universitarios empobrecidos.

Por su parte, la Fiscalía de facto, en lo absoluto, anuncia la posibilidad de investigar tales hechos y la Defensoría del Pueblo se mantiene silente, aunque, sin profundizar demasiado, es claro que estos atentan, entre otros, contra el derecho a la educación y el trabajo.

Ante la ausencia de respuestas por parte del Estado venezolano, las autoridades universitarias deben, con el apoyo de su comunidad, solicitar audiencias ante la UNESCO, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos  y los representantes de la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para denunciar la responsabilidad de gobierno de facto en estas agresiones, dado que es él quien controla todos los organismos de seguridad del Estado y ha permitido que estos 175 atropellos queden en total impunidad. 

Junto a las gestiones institucionales señaladas, los universitarios deben continuar la labor de registro de los atentados contra las universidades e impulsar la movilización para exigir, sin menoscabo de su autonomía, cese a la impunidad y a la agresión contra sus instalaciones.