Keymer Ávila | El lamentable caso del presunto doble homicidio ocurrido en Sabana Grande hace un par de semanas ha dado espacio a opiniones de todo tipo, la mayoría de ellas con demasiado amarillo que lejos de informar o dar algún aporte, contribuyen a legitimar respuestas emotivas y de emergencia que terminan agravando los problemas en vez de reducirlos. En un intento de “reducción de daños” se sugieren algunas ideas para intentar reorientar el debate sobre estos delicados temas:

  1. Definir el objetivo que se persigue: ¿buscamos soluciones estructurales o coyunturales? ¿se quiere aportar algo relevante o solo interesa formar parte del trending topic? ¿se quiere abordar el tema seria y responsablemente o solo acudir a los lugares y prejuicios comunes, quedándose en la superficialidad? ¿se quiere develar lo aparente e ir a lo estructural o colaborar a encubrir estos factores? ¿se asume la perspectiva de la víctima o del victimario? ¿quién es realmente la víctima y quién el victimario? ¿Quiénes son los más vulnerables? ¿Quiénes tienen mayor poder de reclamo social? Si no se tiene el objetivo claro desde el inicio los resultados serán inesperados y posiblemente no serán los mejores.
  1. Trascender el maniqueísmo y abordar el fenómeno desde su complejidad: el debate no se puede reducir a demonizar o idealizar a los niños en condición de calle, hay que apuntar más alto.
  1. Los niños son personas y en consecuencia son sujetos de derechos: ¿Qué se busca con la etiqueta “cachorros asesinos”? ¿Qué es un cachorro?

Según el DRAE cachorro significa: perro de poco tiempo. || Hijo pequeño de otros mamíferos, como el león, el tigre, el lobo, el oso, etc.

¿Qué se hace con los “animales” cuándo son “asesinos”? Se les sacrifica.

Así entonces se parte de la idea que los niños, niñas y adolescentes (NNA) del caso de Sabana Grande no son personas, son animales, en consecuencia no tienen derechos, por ello se puede hacer con ellos cualquier cosa, como exhibirlos en redes y medios de comunicación, para luego exigir su sacrificio. Si se sigue esta lógica, lo que hicieron entonces no es un delito, porque los animales no delinquen, por ello están fuera del mundo del derecho y con ellos podemos hacer nuestra voluntad sin ningún tipo de límites. Esta hasta ahora ha sido la línea del periodismo incorporado. ¿Pretenden exterminarlos? ¿Una OLP infantil?

¿Exigimos la aplicación de la ley para todos o solo para algunos? ¿A quiénes se les debe exigir mayor responsabilidad por sus actos a los NNA o a los adultos y a las instituciones que éstos dirigen?

Si nos apegamos al derecho, los NNA son sujetos plenos de derecho y deberían estar protegidos con prioridad absoluta por el Estado, las familias y la sociedad (arts. 75 y 78 CRBV, 1 al 116 LOPNNA) y quienes los exhiban en detrimento de sus derechos son sujetos de sanciones legales (arts. 65 y 227 LOPNNA), violación de la ley que se agrava si es cometida a través de algún medio de comunicación (art. 228 LOPNNA). Todo esto sin excluir las posibles responsabilidades penales por incitación al odio y a la desobediencia de la leyes, difamación e injuria, en modalidades agravadas, en las que han podido incurrir los educados y decentes profesionales que han promovido semejante campaña. Además de las violaciones flagrantes a las Normas sobre la Actuación Policial cuando esté dirigida a NNA cometidas por los funcionarios de los cuerpos de seguridad que intervinieron en el caso y que filtraron las imágenes de los involucrados ¿Exigimos la aplicación de la ley para todos o solo para algunos? ¿A quiénes se les debe exigir mayor responsabilidad por sus actos a los NNA o a los adultos y a las instituciones que éstos dirigen?

  1. Los niños en condición de calle no son causa son consecuencia: son el resultado de la exclusión económica, social e institucional, que puede traducirse como violencia estructural, entendida ésta como espacios sociales e institucionales de marginación, explotación y represión. Este tipo de violencia es mucho menos visible pero más dañosa y extendida que la violencia directa, que se caracteriza por ser predominante física o verbal y que es la más aparente (Galtung).

Todos ponen el foco en esta violencia directa cuyo resultado fue el homicidio de dos personas, pero a pocos parece interesarle la violencia estructural de la que son víctimas los niños en condición de calle, que es la máquina reproductora de toda esta situación.

UNICEF desde hace una década afirma que “los niños y niñas de la calle sufren hostigamiento o son víctimas de palizas por parte de la policía, otros han sido asesinados por bandas de vigilantes para «limpiar la ciudad», a menudo con la complicidad o la indiferencia de las autoridades locales” (UNICEF, 2006: 41)

En 2016 CECODAP llegó a contar 1.150 casos de homicidios de niños y adolescentes, 12% más que el año pasado. Unos 408 fallecieron a manos de los cuerpos de seguridad del Estado, lo que representó un aumento del 49,5% en comparación con 2015 que registró 273 muertos. De estos casos al menos 61 fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales, 33 en el marco de las OLP.

Pero estas cifras escandalosas no parecen importarle al periodismo incorporado ni a los jueces morales de las redes sociales.

  1. El problema no es la “violencia de los niños en situación de calle”, ésta es apenas un síntoma, el problema real es que nosotros como sociedad tengamos a niños es esa condición.
  1. No hay que esperar que un hecho trágico y escandaloso suceda para darnos cuenta que los niños en situación de calle existen: a partir del caso citado al inicio parece que se ha redescubierto la existencia de estos los niños. En el siglo pasado, diferentes manifestaciones literarias y artísticas dejaban constancia de su presencia: en los años 20 José Rafael Pocaterra nos dejó a Panchito Madefuá, un año antes del Caracazo Manuel De Pedro nos decía que en Sabana Grande siempre es de día, y a finales de siglo Elia Schneider nos presentó una visión más actualizada de la cotidianidad de los huele pega y las leyes que los rigen, atinadamente recordada en el artículo de Esther Pineda. En la introducción de esta última película se nos presentan los siguientes datos para 1999: en Venezuela 7 millones de niños vivían en estado de pobreza, 4 millones sufrían desnutrición crónica, 3 millones se encontraban fuera del sistema educativo y 600 mil estaban en estado de total abandono. Estas cifras estaban acompañadas de la denuncia contra la violencia institucional y social de la que son víctimas, definiendo la situación como un “verdadero caos social”. El Presidente Chávez en 2008 señaló que la cifra llegó a ser mayor a 8 mil, para luego afirmar: “…la Revolución Bolivariana ratifica su compromiso con los niños, con las niñas y especialmente con los más pobres” ¿Cuáles han sido los avances en esta materia en los últimos 9 años? ¿Qué han hecho hasta ahora los responsables de su legado? ¿Cuáles han sido los resultados de las Escuelas y Liceos Bolivarianos con sus horarios completos y comedores activos, de la Misión Madres del Barrio, de las Casas de Alimentación, de la Misión Niños y Niñas del Barrio, del Plan Nacional de Familias Sustitutas y la Misión Negra Hipólita?
  1. No es un problema legislativo, es un problema social e institucional: no es con reformas de leyes sino con voluntad política e institucional que deben abordarse estos asuntos. Precisamente por reformas legislativas coyunturales (2006), motivadas en ocasiones por casos escandalosos (2015), es que se ha venido desmontando progresivamente el sistema de protección integral de NNA concebido en el proyecto original de la LOPNA (1998), diluyendo las responsabilidades entre distintos actores institucionales (Educación, Salud, Participación y Desarrollo Social, Comunas y ahora el Viceministerio de la Suprema Felicidad Social adscrito al Despacho de la Presidencia de la República; Consejos de Derechos, Consejos de Protección, Defensorías y Tribunales de NNA, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Defensa Pública, Consejos Comunales, etc…) de manera tal que ninguno las asume efectivamente. El Plan Nacional para la Protección Integral de NNA tiene ya 17 años de mora.

Esta área se ha caracterizado por “la inexistencia de políticas públicas nacionales, estadísticas oficiales, sistemas de seguimiento y evaluación y bases de datos con información sobre la población afectada y las distintas instituciones que trabajan en el área; todo ello indispensable en el proceso de toma de decisiones y elaboración de políticas públicas” (Rodríguez y López, 2009).

  1. Es falso que la LOPNNA “alcahuetee” a los NNA y promueva la impunidad: esta ley establece un sistema de responsabilidad penal para adolescentes y una serie de medidas de protección y contención para los niños y niñas involucrados en hechos violentos. Para más detalles sobre este particular escuche a Gloria Perdomo, Directora de la Fundación Luz y Vida y Defensora NNA, en esta entrevista: https://soundcloud.com/6j86-producciones/ser-nino-en-venezuela-1
  1. Sobre el caso concreto:
    1. ¿Alguien ha expuesto la otra versión de la historia? Los NNA tienen derecho a contar su la historia (arts. 67 y 80 LOPNNA), sin embargo, nadie se ha preocupado ni ocupado de ello hasta ahora. En redes y en pocos artículos sobre el tema circula una versión según la cual las víctimas del homicidio intentaron abusar sexualmente de sus victimarios. ¿Por qué la matriz comunicacional hegemónica sobre el móvil de estos homicidios es el robo y no una reacción desproporcionada ante un presunto abuso sexual?

¿Si las niñas víctimas de la masacre de Guatemala hubiesen denunciado los abusos de las que fueron objeto hubiesen obtenido la atención de la opinión pública? ¿Los medios y las instituciones hubiesen respaldado su versión ante la de los oficiales encargados de sus cuidados?

  1. ¿Cuántos casos similares se conocen? ¿Este caso es común o es una excepcionalidad? ¿En términos estadísticos es característico de los problemas securitarios que padecemos actualmente en el país?

Los datos disponibles nos dicen que al menos un 90% de los homicidios en Venezuela son consecuencia del uso de armas de fuego (CICPC), es decir, que los homicidios cometidos con armas blancas representan menos del 10% de los casos.

Respecto a las edades de los victimarios, en una investigación sobre los homicidios en el AMC que se encuentra en pleno desarrollo, los casos en los que se encuentran involucrados adolescentes no llegan al 6%, en ningún caso se ha encontrado evidencia de la participación de niños. El mismo patrón se repitió en los casos en los que las víctimas de homicidios son funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado (Ávila, 2016:46).

  1. Este trágico y vergonzoso caso no es representativo de los problemas de seguridad ciudadana que padecemos como sociedad.
  1. Hay que tratar este tema con los especialistas en la materia y evitar darle espacio a “opinólogos que lejos de aportar contribuyen a la desinformación y distorsión de la comprensión de lo que está sucediendo, impactando negativamente en la toma de decisiones políticas.

Publicado originalmente en: Contrapunto

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Keymer Avila
Keymer Avila

Abogado (UCV) Máster en Criminología y Sociología Jurídico Penal, UB (Barna). Investigador del @cpenalesucv y Profesor de @criminologial en Pre y Postgrado UCV