Lunes 17 de diciembre 2007
Boletín electrónico Nº 193
NÚMERO ESPECIAL
NOTA DE PRENSA
El lunes 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, Provea, presentó los resultados de su “Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos 2006-2007”. Esta investigación independiente, realizada por un equipo multidisciplinario, recoge los avances, retrocesos y estancamientos de las políticas públicas que han incidido en 18 derechos humanos, entre los económicos, sociales y culturales (vivienda, salud, laborales, seguridad social, etc) y civiles y políticos (vida, seguridad ciudadana, libertad de expresión, etc).
En palabras de Lorenzo Labrique, coordinador del Area de Monitoreo, Investigación y Difusión en Derechos Humanos de Provea, el período abarcado por el informe “refleja una extrema complejidad, pues a la vez propicia y adversa la satisfacción de los derechos humanos de la población.. Aún cuando tras ocho años de gobierno se constatan mejoras en la satisfacción de algunos derechos sociales, un análisis integral indica que las violaciones a los derechos humanos son constantes y en derechos específicos no se registran avances, mientras que en otros, la situación es de mayores violaciones”.
Entre los aspectos positivos reflejados en el Informe 2007 se encuentra, en primer lugar, los datos que reflejan una disminución porcentual de la pobreza y un aumento del consumo en los sectores de menores recursos, en especial, de los bienes de primera necesidad. Esto ocasionó una mayor ingesta calórica , incidiendo en los índices de nutrición. Por otra parte, continúo el proceso de distribución de tierras adelantado por ejecutivo nacional que ha democratizado el uso y goce de la misma. De esta manera, en los últimos 5 años fueron otorgadas 74.342 cartas agrarias, 3.363 constancias de declaratorias de derechos de permanencia y 558 títulos de adjudicación. El informe también resalta la mayor capacidad de diálogo entre el gobierno y los sectores productivos y en el campo de los derechos civiles destacar que, aún cuando se continuó con la práctica de tortura en el país, hubo una disminución de las cifras de tortura e igualmente de las desapariciónes forzosas.
La investigación del informe, en este período, se realizó en medio de la dificultad para acceder a las fuentes oficiales y los informes generados por los diferentes ministerios, lo que constituye una flagrante violación al derecho de acceso a la información sobre políticas públicas. En este sentido, diferentes iniciativas de la sociedad civil presionan para que la gestión gubernamental posea una mayor transparencia y sean respondidas debidamente las peticiones hechas por los ciudadanos y ciudadanas.
Por su parte Marino Alvarado Coodinador General de Provea destacó que entre los principales aspectos negativos señalados por la investigación se encuentra el deterioro y agotamiento de las diferentes misiones promovidas por el Ejecutivo Nacional, algunas las cuales han reducido su capacidad de operación. El gobierno continúa en deuda con la promesa de implementar y reglamentar el Sistema de Seguridad Social, mora acumulada durante 8 años. Se ha profundizado la criminalización y judicialización de las protestas populares, cuyos protagonistas son sometidos a un régimen de presentación periódica en tribunales. Asimismo, se registró un incremento de la violencia carcelaria, así como de los niveles de violencia que atentan contra el derecho a la integridad personal y la seguridad ciudadana. A pesar de que hubo una disminución del número de casos de violaciones al derecho a la libertad de expresión, aumentó la intensidad de los riesgos al mismo. Declaraciones realizadas por el primer mandatario incrementaron las amenazas a la libertad sindical, elemento vinculado a la ausencia de contrataciones colectivas firmadas por el sector público. Los casos de violencia ligados a la obtención de puestos de trabajo, especialmente en el sector construcción, continuaron produciéndose en medio de la impunidad y de la ausencia de políticas claras que contrarresten dicho flagelo. En materia de vivienda el gobierno incumplió, de nuevo, sus propias metas generando por ello la movilización de comunidades organizadas y agravando los problemas en el sector. Continuaron acumulándose las denuncias sobre la discriminación política y las presiones sobre los empleados públicos para la asistencia obligatoria a actividades de tipo político. Se redujo a cero el diálogo entre las organizaciones de Derechos Humanos y las agencias del Estado, ocasionando el incumplimiento generalizado de las decisiones emanadas por el sistema interamericano, especialmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En su Informe 2007, Provea destaca que, a pesar de que la inseguridad es uno de los problemas principales de los venezolanos y venezolanas, el Ejecutivo Nacional desestimó la ardua labor realizada por la Comisión Nacional de Reforma Policial (Conarepol) en la consulta y diseño de políticas para mejorar el trabajo realizado por los órganos policiales del país. En una insólita apreciación, la síntesis de la consulta a más de 70.000 actores diversos en todo el país, fue ridiculizada como “de derecha” por parte del Ministro de Interior y Justicia, Pedro Carreño, incluyendo una posible Ley de Policía Nacional dentro de las facultades habilitantes otorgadas al presidente de la república.
Alvarado agregó que el análisis global del contexto económico, social y político de Venezuela señala que para el 2008 se generará un amplio debate sobre el futuro del país en cuanto a derechos humanos, democracia y contenido del denominado socialismo del siglo XXI. Habrá que constatar si el gobierno mediante la Ley habilitante profundiza su orientación regresiva en materia de derechos humanos civiles y políticos como lo intento hacer con la reforma de la Constitución y si garantiza un desarrollo legislativo apegado al mandato constitucional.. Todo apunta, además, que la economía seguirá creciendo y existan condiciones favorables para que continúen bajando los índices de pobreza.
Como en años anteriores, Provea espera contribuir con la difusión de esta investigación en la exigibilidad de sus derechos por parte de las comunidades organizadas. El informe puede adquirirse en la sede de la organización, pero también, su texto completo puede descargarse gratuitamente de su sitio web: www.derechos.org.ve
Durante la rueda de prensa realizada el 10.12.07, Día Internacional de los Derechos Humanos, Marino Alvarado, Coordinador General de Provea, realizó un resumen de las principales tendencias registradas en el Informe Anual 2007 de los Derechos Humanos en Venezuela.
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CONTEXTO DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
BALANCE DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Respecto al derecho a la alimentación, se observaron tanto avances como retrocesos. Durante el periodo fue imposible obtener del Instituto Nacional de Nutrición (INN) cifras oficiales sobre los índices de desnutrición de la población. Sin embargo, voceros del gobierno señalaron que estos índices habían bajado de 11 puntos porcentuales en 9 años. En contraste, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación sigue ubicando a Venezuela con 17% de desnutrición general. Venezuela fue calificada por esa misma organización como lenta para cumplir los Objetivos del milenio de reducir a la mitad el número de personas hambrientas para el 2015. Por otro lado, un estudio del Banco Central de Venezuela revela que en Venezuela 98% de los hogares realizan 3 o más comidas diarias mientras que solo 0,1% realiza una sola comida. A pesar de ese crecimiento del 16% en el consumo de alimentos, los datos indican que la calidad de los mismos en los estratos más pobres sigue siendo baja. Este incremento del consumo explica en parte la situación irregular a lo largo del año del abastecimiento de alimentos, registrándose una escasez de varios productos de consumo diario. Otras variables que explicarían la escasez han sido los controles de precios que han desestimulado la inversión en varios sectores productivos, la interpretación discrecional de la nueva Ley contra el Acaparamiento y la Especulación así como las trabas burocráticas para realizar una importación rápida. Este desabastecimiento afectó más a los sectores más pobres del país ya que el desabastecimiento se sintió más en las bodegas e incluso en los programas oficiales como Mercal.
Esta escasez de algunos alimentos obligó a acudir a las importaciones, las cuales se elevaron a 3.044 millones de dólares, representando un aumento de casi 25% respecto al lapso anterior.
En torno al derecho al ambiente sano se aprobó y promulgó la Ley Orgánica del Ambiente (LOA) y la Ley de Aguas, lo que significa un avance en cuanto a marcos normativos de protección ambiental. Se continuó desarrollando la Misión Árbol, conformando para mayo de 2007 1.873 comités conservacionistas. Durante el período la Misión Energía se inició con el propósito de aprovechar racionalmente su uso en los próximos 5 años, logrando la colocación de 53 millones de bombillos ahorradores en más de 5 millones de viviendas.
Organizaciones ambientalistas destacaron la renovación de la plataforma tecnológica del Sistema Nacional de Geografía y Cartografía; el mayor acceso al agua potable por parte de algunas comunidades y el fortalecimiento de las Mesas Técnicas de Agua en diversas regiones del país. Otras de las políticas señaladas como positivas fueron el impulso a sistemas de transportes calificados como menos contaminantes: el tren de Charallave-Tuy así como los metros de Los Teques, Valencia y Maracaibo. Sin embargo, continúa la persistencia de la lenteja acuática (Lemna sp), en el Lago de Maracaibo (Edo. Zulia), así como la repetida aparición incontrolada de la Bora, o Lirio Blanco, en el embalse de La Mariposa (Edo. Miranda), cuya superficie cubierta por la planta había disminuido al final del período. Venezuela continuó emprendiendo acciones para cumplir los postulados del protocolo de Kyoto: presentó un plan nacional que contempla entre otras políticas, el cierre de la planta de clorofluorocarbonos (CFC) Productos Halogenados de Venezuela (Produven). En contraposición, se han adoptado medidas orientadas al aumento de la producción de carbón y ha aumentado el parque automotor.
Siguen siendo objeto de preocupación los anuncios de megaproyectos de desarrollo no sostenible en áreas de fragilidad ambiental que a su vez suelen ser territorios de pueblos originarios.
Respecto al derecho a la educación, tanto las políticas públicas como los resultados son positivos en cuanto a la continuación del mejoramiento de la disponibilidad y accesibilidad de este derecho, mientras que continúan los déficits estructurales en cuanto a la calidad de la educación y a la distribución equitativa de los logros educativos. Así, la disponibilidad de establecimientos educativos, se incrementó en un 2,3% con respecto al lapso anterior, correspondiendo a 590 nuevos planteles. Sin embargo, los planteles en el área rural disminuyeron en un 1,7% y sigue registrándose falta de secciones. También hubo aumento de los planteles y servicios destinados a los alumnos con condiciones de salud especial, necesidades especiales o condiciones étnicas aunque con un ritmo de crecimiento que ha disminuido respecto al lapso anterior.
En relación con los indicadores que dan cuenta de la inversión educativa, todos crecieron siendo el gasto público real en educación el que ha registrado el incremento más significativo con 41,1%. El gasto público en educación como porcentaje del PIB aumentó de un punto porcentual y el gasto público en educación como porcentaje volvió a subir para representar el 37,5%, respecto al 35,6% en 2005.
El nivel de educación básica creció en términos globales (0,6%), nuevamente a un ritmo menos elevado que en el lapso anterior (0,8%). Adicionalmente, la matrícula de la I y II Etapa (1° a 6° grado) no logra nuevamente superar la cifra del período 2001-2002 en sentido contrario de la III etapa que registra su nivel más alto en la década. El nivel de educación media observa un incremento importante (8,3%) de la matrícula en términos absolutos. A pesar de representar un importante avance, no se debe olvidar que 650.000 niños(as) en edades entre 3 y 5 años están fuera de la educación inicial y 200.000 jóvenes en edades entre 12 y 14 años fuera de la educación formal. Esta cantidad aumenta con la edad pues, 900.000 jóvenes en edades de entre 15 y 17 años no están escolarizados.
Los grupos económicos más vulnerables continúan siendo la población con menor acceso a la educación. De acuerdo con una investigación, mientras en 1998 los grupos correspondientes al 20% de la población con menos ingresos tenían un déficit de 3,7 en años de escolaridad, y los incluidos en el 20% con ingresos más elevados de 1,7, en 2004 esos déficits representan 3,8 y 1,8 respectivamente.
Por otra parte, se mantuvo la no discriminación por razones de sexo hasta la educación media, a partir de la cual la proporción de matriculados varones con respecto a las mujeres es de 73,5 varones por cada 100 mujeres.
Los porcentajes de repitencia continúan su tendencia a la disminución. El global descendió de 7,6% a 6,8%. El del 1° grado pasó de 11,1% a 9,9% y el de 7° grado de 12,5% a 11,1%. Cabe señalar nuevamente que el global y el del 7° grado son los más bajos de la década. A pesar de estos significativos logros, varias investigaciones señalaron las dificultades que afronta Venezuela en relación con los logros del aprendizaje en pruebas nacionales e internacionales, sin que se cuente con nuevas evalauciones oficiales que demuestren lo contrario.
En relación con la prosecución escolar, al considerar el lapso desde 1er grado hasta 9°, este índice mejoró constantemente desde una prosecución de 44% para 1999 a una prosecución del 63% en el período 2004-2005, lo cual significa que actualmente se inscriben en 9º grado 63 alumnos de los que ingresaron a primero.
Finalmente debemos destacar que a pesar de algunos esfuerzos realizados por entidades públicas relacionadas con la educación para sistematizar daos, se han multiplicado las trabas para lograr obtener datos y documentos oficiales de carácter público. Asimismo, a la fecha de cierre de este Informe circuló una nueva propuesta curricular para la educación bolivariana cuyo análisis a profundidad no se pudo realizar para este período por razones de tiempo.
El cambio del modelo económico y político ha tenido incidencia en el disfrute de los derechos laborales. Siendo el Estado el principal empleador y el principal regulador del mercado de trabajo, la tasa de desempleo siguió disminuyendo al ubicarse en junio de 2007 en 8,3% cuando estaba ubicada en el mismo período de 2005 en 12,6%. La Población Económicamente Activa (PEA) de Venezuela representa 64,8% de la población total mayor de 15 años, es decir 12.305.364 de personas, lo cual corresponde a una leve disminución del 0,2%.
La economía informal (44% en febrero de 2007 en contraposición con 46,5% en julio 2006) viene por cuarto año consecutivo cediendo terreno a la economía formal (56% en febrero 2007 y 53,5% en julio 2006). Nuevamente ese retroceso puede explicarse en parte por el cambio en la metodología de medición utilizado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el cual ahora incluye a las empresas de menos de 5 trabajadores en el sector formal.
A pesar de estos avances para el segundo semestre de 2006, el 51,6% de las personas ocupadas no cubría con sus ingresos el precio de la Canasta Alimentaria Normativa (CAN) y el 9,5% no percibía ningún salario por lo que el desempleo abierto alcanza el 61% de la PEA. El 28% de los hogares percibían ingreso inferior al salario mínimo (SM). Mediante decreto presidencial se dictó un aumento salarial. Con ello, el SM excede en 21% el valor de la CAN, pero de acuerdo a cálculos de fuentes privadas el valor del SM solo cubriría 67,4% de su valor.
Continúa presentándose discriminación por género. Por un lado, el 67% de las mujeres perciben un sueldo inferior al SM; por el otro, de cada 10 mujeres, 3 están efectivamente trabajando; mientras que de cada 10 hombres lo están 5.
En el periodo anterior se destacaba como positivo la implantación de la solvencia laboral, el cual es un documento que indica que el patrono cumple con sus obligaciones legales relacionadas con los derechos de los trabajadores, pero en este período fue imposible evaluar el impacto de la medida pues las cifras oficiales no estuvieron disponibles. También se extendió la inamovilidad laboral hasta el 31.12.07, medida que ofrece mayores garantías para el derecho al empleo, pero también la ausencia de datos impiden medir la eficacia de la medida.
Durante el período, los conflictos laborales asociados al derecho al empleo, principalmente en el sector de la construcción pero también en el sector petrolero cobraron la vida de 53 personas, de ellos 46 dirigentes sindicales, siendo el año 2007 el año más violento. Se establecieron mesas de trabajo con todos los sectores pero a pesar de esta iniciativa, no se lograron acuerdos para explorar soluciones que se apegaran a los derechos humanos. Esta violencia junto a otras violaciones convirtió Venezuela en el segundo país en el mundo más peligroso para los sindicalistas. A diferencia de años anteriores, los ataques gubernamentales contra las organizaciones sindicales no se dirigieron solamente hacia el sector sindical considerado como opositor sino también al sector apoyado por el gobierno. Declaraciones del Presidente mermaron la autonomía de los sindicatos, la cual también se vio afectada por el anuncio de la creación de Consejos Obreros que tendrían atribuciones similares a las organizaciones sindicales. Todo ello produjo un debilitamiento de las organizaciones sindicales que prácticamente no tuvieron incidencia en el diseño de las políticas públicas. Fuentes sindicales señalaron que 243 contratos colectivos se encontrarían sin firma en el sector público.
Nuevamente se constataron avances en la estructura gubernamental encargada de supervisar las condiciones y medio ambiente de trabajo, especialmente en lo que se refiere a registro. Ello permitió reflejar que en el país se contabilizaron 34.202 accidentes laborales de los cuales 224 fueron mortales.
A pesar de los avances en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, continúan adelantándose proyectos en tierras habitadas por indígenas que pondrían en riesgo los ecosistemas y la diversidad biológica y a los mismos pueblos indígenas y campesinos, originando protestas, entre otras por rechazo a los proyectos de explotación carbonífera en el Edo. Zulia. Asimismo, continúan los conflictos por tierras y aún no se han registrado avances significativos en la demarcación definitiva del hábitat de estos pueblos, con una demora de tres años respecto a lo establecido en la propia Constitución.
La Asamblea Nacional (AN) sancionó 4 leyes para los Pueblos y Comunidades Indígenas: la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI), aprobada el 12.08.05; la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas, publicada el 12.01.01; la Ley Aprobatoria del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo de fecha 17.10.2001 y la Ley aprobatoria del Convenio constitutivo del Fondo para el desarrollo de los Pueblos y comunidades Indígenas de América Latina y el Caribe. Al mismo tiempo incluyó en 40 instrumentos legales, normas específicas para los indígenas. Por otra parte, en el presente lapso se creó el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas por medio del cual los asuntos indígenas serán tratados al más alto nivel del Gobierno nacional, lo cual debería repercutir positivamente en la solución de muchos de sus problemas. Sin embargo, se continúa constatando familias indígenas en situación de calle, en pobreza crítica y con desnutrición avanzada, siendo los niños y niñas los más afectados, y problemas graves de salud con repunte de enfermedades como el paludismo. Los reportes epidemiológicos del Ministerio de Salud siguen sin tener indicadores de derechos humanos diferenciados por grupos poblacionales, lo cual permitiría desarrollar políticas públicas orientadas específicamente hacia los pueblos originarios. La situación de desnutrición y pobreza crítica en la cual permanecen estas comunidades incide en la violación de su derecho a la salud. Además, la falta de ambulatorios y médicos especialistas ocasiona que casos quirúrgicos, en el área de la pediatría por ejemplo, sean remitidos a Caracas al Hospital Clínico Universitario, a muchos kilómetros de distancia de sus hogares. Las enfermedades más recurrentes continúan siendo la neumonía, fiebre amarilla, paludismo, dengue. Ciudad Guayana, Barcelona, Puerto Ordaz son las ciudades con mayor índice de ocurrencia de esta situación. Al cierre de este Informe, no se encontraron indicios de que hayan comenzado a diseñarse y aplicarse políticas estructurales efectivas para modificar esta situación.
La situación del derecho a la salud continúa caracterizándose por la coexistencia de dos sistemas: el tradicional conformado entre otros por ambulatorios y hospitales y el de la Misión Barrio Adentro (BA). Un paralelismo que no solo es institucional sino también financiero en beneficio de BA. En consecuencia, el sistema de salud sigue fragmentado y desarticulado, con fallas estructurales que no han podido ser revertidas, afectándose las garantías de acceso universal y calidad de los servicios prestados por las redes tradicionales de asistencia a la salud. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) hasta julio de 2006 se construyeron 1.612 módulos de BA, quedando pendiente la construcción de 4.618. Lamentablemente ninguna de estas cifras revela el cumplimiento de la meta que se previó en el 2004: construir 8.573 módulos. Según la OPS, en BA laboran 27.090 profesionales de la salud cubanos y 1.139 venezolanos. Para el año 2007 el presupuesto adjudicado al Ministerio del Poder Popular para la Salud fue de 4,2 billones de bolívares, lo que revela un descenso con respecto al año anterior, cuando el presupuesto fue de 5,01 billones de bolívares. Otra Misión es la denominada “Milagro” que atiende a pacientes con problemas de salud oftamológica. 176.000 pacientes han sido intervenidos en Cuba entre julio de 2004 y marzo de 2006.
Continúo la mora de la AN con respecto a su obligación de promulgar la Ley de Salud. Tras 8 años no se cuenta con un marco normativo que regule el sistema de salud. Un aspecto positivo de la situación de salud es que se registra un mayor cumplimiento del mandato constitucional de garantizar la gratuidad de los servicios de salud en todos los entes públicos. Se constató un descenso en la tasa de mortalidad infantil, situación que se registra desde hace 3 años al igual que una baja leve en los casos de malaria y dengue. Por el contrario se registraron nuevamente brotes de sarampión y la mortalidad materna sigue siendo un problema de salud pública nacional.
En cuanto a la organización ciudadana en torno a este derecho, hasta junio de 2006 las cifras oficiales dieron cuenta de la existencia de 8.951 Comités de Salud.
Este año se efectuó un estudio especial sobre el derecho a la seguridad social con el objeto de evaluar los cambios y resultados de la gestión pública en el transcurso de los 10 últimos años. Los dos primeros años coincidieron con el gobierno de Rafael Caldera en el marco del programa de gobierno llamado “Agenda Venezuela” cuya orientación apuntaba a la eliminación del régimen de seguridad social y a la creación de un fondo de capitalización individual administrado por el sector privado. En 1999, al debatirse y aprobarse un nuevo texto constitucional, se plasmó una visión garantista de los distintos componentes y sujetos del derecho a la seguridad social. Posteriormente, como primer cambio se concretó la aprobación de una primera ley orgánica coherente y cónsona con los postulados constitucionales. Se evolucionó positivamente de un sistema de seguridad social basado en la afiliación de la población asalariada perteneciente al sector formal de la economía a otro más de cobertura universal, que incluye a las personas sin capacidad contributiva y se abrió la posibilidad y la obligación del Estado de universalizar la cobertura de la seguridad social, para que ésta incorpore a los sectores de la población inmersos en la economía informal y a los más pobres excluidos del mercado laboral. Sin embargo, a la fecha continúa presente una grave y prolongada mora legislativa, ya que a 5 años de haberse aprobado la mencionada ley no se han aprobado todavía las leyes que deben regir los subsistemas de salud y de pensiones y otras asignaciones económicas. Esta situación afectó el ejercicio del derecho y debilita su exigibilidad por parte de la ciudadanía.
Se ha constatado una evolución positiva de los indicadores de cobertura del sistema de seguridad social a partir de 1999, como producto de la implementación de las políticas gubernamentales de fortalecer el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Sin embargo, todavía los niveles de inclusión de la población son bajos, ya que el porcentaje de la población asegurada con respecto a la población total del país representaba en el 2005 el 13,9% y el porcentaje de la población pensionada por vejez respecto de la población mayor de 60 años se ubicó en el 2004 en el 27,3%. La no aprobación de la Ley de Pensiones y Otras Asignaciones Económicas mantuvo fuera de la cobertura de la seguridad social a importantes sectores sociales como las amas de casa, domésticas, trabajadores del sector informal de la economía, miembros de cooperativas. Algunas iniciativas gubernamentales destinadas a pensionar a personas afiliadas al IVSS que no han cumplido con las cotizaciones previstas en la Ley o que se encuentran en estado de necesidad, resultaron insuficientes ante los niveles de exclusión existentes.
A pesar de que el IVSS cuenta con la red de centros de salud de más alta tecnología en el sistema público de salud, en la actualidad apenas cubre al 34% de la población total. Durante los 10 años no se ha paralizado el deterioro de la calidad de los servicios y bajos niveles de rendimiento que presta el Fondo de Asistencia Médica (FAM). En contraste con lo anterior, se ha constatado la evolución positiva de los indicadores sobre la distribución de los fondos públicos destinados al funcionamiento y sostenimiento del sistema de seguridad social, los cuales presentan aumentos del orden del 100% entre 1997 y 2005: el gasto público en seguridad social como porcentaje del PIB pasó de representar el 1,5% al 3,0% en dicho período; el gasto público en seguridad social dentro del gasto social se elevó del 15,7% en 1997 al 26,05% en 2005. Si embargo, el gasto público real por habitante en materia de seguridad social medido en relación con el dólar estadounidense, disminuyó de 108,78 dólares en 1997 a 53,13 dólares en el 2005.
En síntesis, sigue siendo un desafío implementar un sistema de seguridad social de cobertura universal, participativo y con prestaciones de calidad en vista de que los avances normativos y el mayor gasto público en seguridad social no son suficientes, si no se complementan con una adecuada gestión y gerencia pública.
Si desea escuchar la intervención de Raul Cubas sobre el informe sobre 10 años de Seguridad Social en Venezuela, apretar el ícono de play y esperar a que cargue el archivo:
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Respecto al derecho a la tierra, continúo el proceso de distribución de tierras democratizando el uso y goce de la misma; sin embargo, se constataron indicios de un agotamiento de dicho proceso. En los últimos 5 años fueron otorgadas 74.342 cartas agrarias, 3.363 constancias de declaratorias de derechos de permanencia y 558 títulos de adjudicación; es decir, se han otorgado 78.463 unidades productivas en 3.499.790, 2342 has. La prioridad estatal pareciera orientarse a consolidar las unidades productivas de los beneficiarios para transformar tierras ociosas en productivas e incrementar la producción. El gobierno decidió avanzar hacia la construcción de una economía agraria y un marco social de carácter socialista. El Instituto Nacional de Tierra (Inti) continuó adelantando procesos de rescate de tierras. En consecuencia, durante el período 1.900.000 has. fueron rescatadas. Se constataron algunas denuncias sobre presuntos atropellos contra propietarios de grandes extensiones de tierra, sin embargo, en menor cuantía que en el periodo anterior.
A pesar del proceso de democratización del uso de la tierra; del combate a la permanencia de tierra ociosa y a la alta inversión pública y privada, los resultados no son satisfactorios. Por 4º año consecutivo el gobierno no logró cumplir la meta global de producción pautada, se mantienen altos niveles de importación y crece poco la superficie cosechada. La excepción fue el incremento de la producción en los siguientes rubros: arroz, maíz, ajo, cacao, papa.
Se elaboró el Plan Integral Nacional Agrícola 2007-2008 estableciendo metas de producción, superficie cosechada, financiamiento, sistema de riego y asuntos técnicos a garantizar para el cumplimiento de las mismas.
Persistieron los asesinatos de campesinos como parte del conflicto por la tierra. Sin embargo, se lograron avances importantes en la lucha contra la impunidad. Continúa un alto nivel de inseguridad ciudadana que afectó a campesinos y productores. Numerosos campesinos y campesinas fueron sometidos a procesos penales acusados de ocupar de manera ilegal tierras y acusaron a jueces de ser cómplices de terratenientes para criminalizar sus acciones de reclamo de este derecho.
En relación con el derecho a una vivienda adecuada, no se registraron avances significativos en su realización; por el contrario, los problemas existentes se han agravado. Si bien el Ejecutivo Nacional (EN) aumentó la cantidad de viviendas construidas y entregadas en el 2006, aún está lejos de cumplir tanto sus propias metas como el estimado de 200.000 viviendas anuales necesarias para paliar el déficit en un plazo de 10 años. La situación de vivienda fue cuestionada por el Defensor del Pueblo, Germán Mundaraín. Entre las principales denuncias recibidas por la Defensoría se encuentran irregularidades en el proceso de adjudicación de casas, ocupaciones informales, deficiencias en la calidad de las obras, carencias o precariedad de los servicios públicos y paralización e incumplimiento de las construcciones.
Algunas de las políticas adelantadas en materia de vivienda se han paralizado, como el proceso de adquisición o expropiación de edificaciones o terrenos para la utilidad pública o social, iniciada por la Alcaldía Mayor; así como también el llamado Programa 8, el cual adquiría casas en el mercado secundario para atender a familias en situación de riesgo. Sin embargo, de acuerdo al Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, el gobierno ha reforzado las políticas para garantizar el acceso a una vivienda digna. Entre los objetivos descritos se encuentran garantizar la tenencia de la tierra, promover el acceso a los servicios básicos y al crédito habitacional y fomentar la participación y el compromiso para la construcción de viviendas. También se firmaron convenios internacionales para la construcción de viviendas cuyos primeros resultados, a la fecha de cierre del presente Informe, son inciertos.
Durante el período el gobierno realizó acciones que afectaron la seguridad jurídica de la tenencia. Persiste la práctica de doble adjudicación en los urbanismos construidos por el sector público. Otro factor es el de las ocupaciones de inmuebles en construcción, protagonizado por personas sin vivienda, las cuales en su desesperación ingresan a construcciones ya adjudicadas a otras familias. Otro tipo de ocupaciones son las realizadas en terrenos baldíos, acción simbólica que intenta llamar la atención de las autoridades. Las familias ocupantes, ejerciendo estas acciones de exigibilidad de sus derechos, deben vivir en condiciones precarias, siendo la inseguridad personal el mayor problema a enfrentar. Por su parte, el Estado continúa enfrentando estas situaciones bajo un esquema criminalizador. Provea registró 19 desalojos realizados de manera violenta en ocupaciones, sin la presencia de funcionarios del Ministerio Público (MP) o de la Defensoría del Pueblo, ni el ofrecimiento de recursos jurídicos o la adopción de las medidas necesarias para los afectados que no disponían de recursos.
Sectores afectados por los desalojos irregulares se han venido organizando para enfrentar la situación, promoviendo en la ciudad de Caracas el lanzamiento de la “Campaña Cero Desalojos”.
El EN extendió por 6 meses más la congelación de los alquileres. Aunque esta decisión persigue que la carga del pago por concepto de vivienda resulte soportable para las personas en condición de arrendatarios, se señalaron algunos efectos contraproducentes. Otro avance en el derecho lo constituyó la implementación del Sistema de Elegibilidad de Beneficiarios de Vivienda (SEB). Mediante este mecanismo los indígenas, damnificados y habitantes de zonas de alto riesgo, ciudadanos mayores de 70 años, mujeres y hombres solos con cargas familiares, personas con discapacidad y aquellas con un ingreso promedio per cápita mensual menor a dos salarios mínimos, son denominados sujetos de protección especial y con prioridad para la obtención de beneficios.
Una de las revelaciones negativas del presente período han sido las reiteradas denuncias que señalan a las formas asociativas comunitarias como corresponsables en las irregularidades en la adjudicación y construcción de viviendas.
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
La situación del derecho al asilo y al refugio mantiene las principales tendencias observadas en informes anteriores. La situación de violencia en la frontera colombiana sigue siendo el factor generador de migraciones hacia Venezuela. De acuerdo a las estadísticas ofíciales, de 8.801 personas que solicitaron refugio, 8.694 provienen de la República de Colombia.
Sigue habiendo carencias por parte de las autoridades competentes en materia de asilo y refugio. La falta de recursos y largas esperas son las características principales. Solo el 6% obtienen respuestas. A este ritmo serían necesarios 15 años para decidir todas las solicitudes acumuladas. Aunado a ello no siempre se respeta el principio de Unidad Familiar y sólo el 30% posee identificación provisional. Durante el periodo, se constataron dificultades para estas personas al momento de buscar empleo y acceder a la seguridad social. Sin embargo, hay que reconocer como positiva la política oficial de inclusión en algunos planes sociales adelantados por el gobierno nacional como las misiones a quienes no portan cédula de identidad.
A estas situaciones se sumó la amenaza de algunas autoridades de suspender las garantías en las zonas fronterizas, lo que crearía mayor incertidumbre e inseguridad entre los aspirantes a la protección internacional.
En relación al derecho a la integridad personal, se registró un total de 163 denuncias de casos de violaciones a la integridad personal, con un saldo de 699 víctimas identificadas, lo que comparado con el período anterior en el que se registraron 201 casos con 1478 víctimas denota un descenso de 18,91%. 43 de los 126 cuerpos de seguridad reportan denuncias de violaciones al derecho a la integridad personal lo que representa el 34,13%.
La Guardia Nacional (GN), la Policía Metropolitana de Caracas, la Policía de Anzoátegui y la de Aragua fueron los cuerpos armados más denunciados.
Sigue siendo prácticamente nula la ocurrencia de sentencias contra victimarios de violaciones contra el derecho a la integridad personal.
Durante el período se produjo el menor número de reportes sobre tortura desde 1999, con un total de 8 casos. En relación con el período anterior significó una disminución de 42,10%. El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) es la policía que aparece más involucrada en hechos de tortura.
El patrón de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes presenta un importante descenso de 50,36% con respecto al período anterior pasando de 1.394 víctimas a 692; sin embargo, este número de víctimas sigue siendo superior a cualquiera de los registrados entre el 2000 y el 2005.
El número de personas heridas por armas de fuego denunciados en el período fue de 15 víctimas siendo el más bajo en los últimos 7 años. También se produjo una reducción de 48,15% en lo referente al patrón de amenazas y hostigamientos. Esa misma situación se produjo en el patrón de allanamientos sin orden judicial
Con respecto al derecho a la justicia, diversos hechos pusieron en evidencia riesgos a la independencia del Poder Judicial (PJ) ya que desde la AN y el EN se ejercieron presiones indebidas contra jueces y magistrados. Por otra parte, la actuación de algunos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) comprometió su independencia. Aún cuando se redujo la provisionalidad de los jueces, se mantiene un porcentaje cercano al 10% según cifras oficiales, aunque otras fuentes indican que sería cercana al 45% y el proceso para dar titularidad continúa siendo contrario al mandato constitucional. En la actualidad, para obtener la titularidad un juez debe aprobar el Programa Especial de Capacitación para la Regularización de la Titularidad a jueces (PET), el cual tiene como propósito consolidar los conocimientos jurídicos del juez no titular. Esto irrespeta el artículo 255 de la Carta Magna según el cual el ingreso a la carrera se debe realizar mediante concurso público de oposición, pues el PET no constituye una convocatoria abierta destinada a medir las capacidades, probidad e idoneidad, de quienes llenen los requisitos y estén interesados en participar.
Persiste el retardo procesal como uno de los más graves problemas del PJ. Salvo la jurisdicción laboral, en todas las otras jurisdicciones se constata retardo.
La Defensa Pública sigue siendo una Institución que debe ser fortalecida pues el número de casos ingresados durante el 2006, en materia penal ordinaria, fue de 88.222, que debieron ser atendidos por 534 defensores, es decir 165 casos por defensor, lo que atenta contra la calidad de la defensa de quienes deben recurrir a esta Institución, por carecer de recursos para contratar una defensa privada. Permanece la provisionalidad del sistema disciplinario de los jueces con la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial (CFRSJ), sin que se haya aprobado aún el Código de Ética del Juez.
Se constata un proceso de militarización de la administración de justicia. Un general de brigada activo fue designado presidente de la CFRSJ y se produjeron designaciones de jueces militares activos en la jurisdicción penal ordinaria, hecho considerado como único en la historia judicial del país: el mayor de las Fuerzas Armadas de Cooperación, Francisco Soto, se incorporó a la sala Primera de la Corte de Apelaciones, el Teniente Coronel de la Fuerza Aérea Venezolana, Rubén Gracilazo ingresó a la Sala Sexta. Ambos pasarán a formar parte de las Cortes de Apelaciones y decidirán ahora en materia penal ordinaria.
Un indicador positivo del período de análisis lo constituye el mantenimiento del presupuesto por encima del 2%, del ingreso ordinario del Estado. Debe destacarse además que ese 2% no sólo está destinado al PJ, sino que incluye al MP. En el año 2007 se ha elevado a un 3%.
No existe pronunciamiento por investigaciones abiertas por el manejo de presuntos hechos de corrupción en el PJ.
En cuanto al MP debe destacarse las declaraciones del Fiscal General de la República, quien dio cuenta de las limitaciones de la Institución, al señalar que nuestro sistema es el que posee “el índice más bajo de fiscales de América Latina, al contar con 2,11 fiscales por cada 100.000 habitantes, cuando en El Salvador es de 9, en Colombia de 7 y en Chile de 4,3”.
En el derecho a la libertad personal se registraron 1.506 detenciones arbitrarias, lo que representa una disminución del 22% en relación al período anterior. Al igual que en años anteriores, el mayor número de denuncias se concentró bajo el patrón de detenciones masivas: 43,56% (656 casos), con una disminución del 135.5% respecto al lapso anterior. Las desapariciones forzosas también presentaron una disminución del 114% al pasar de 15 a 7 casos. En contraste con esta situación, las detenciones en manifestaciones registraron un incremento del 120% al pasar de 277 a 611, siendo ésta cifra la más alta observada en los últimos 7 años. Las víctimas de detenciones individuales también aumentaron: de 91 personas detenidas bajo ese patrón en el lapso anterior, pasaron a ser 232 durante este periodo, lo que representa un aumento del 154%.
En cuanto a la responsabilidad de los cuerpos policiales destacaron las Fuerzas Armadas Nacionales con sus distintos componentes, al realizar el 32% de las detenciones arbitrarias con 484. Le siguieron las policías regionales con 345 (23%), las cuales fueron la más señaladas en cometer detenciones arbitrarias durante el control de manifestaciones pacíficas. En cuanto a los cuerpos municipales, se les señalaron como responsables de 263 detenciones arbitrarias (17,4%), seguido por el Cicpc con 165 (11%). Cabe destacar que la Fiscalía reconoció la detención y la apertura de un proceso judicial de 92 personas en el marco de las acciones llevadas adelante por opositores al gobierno nacional en rechazo a la no renovación de la concesión de Radio Caracas Televisión (RCTV).
En el período investigado, se observó nuevamente un deterioro del ejercicio del derecho a la libertad de expresión, se produjeron sustantivas reducciones en la cantidad de los casos, víctimas y violaciones. Hubo una disminución del 28,72% de las violaciones. Se conocieron 93 casos, 35,21% menos que en el período anterior (142). Se registró igualmente un importante descenso del número de víctimas: 78 víctimas en este periodo en relación con las 205 del período anterior para una disminución del 61,95%. Del total de casos en los que se atribuye responsabilidad directa al Estado, 15 (22,73%) son atribuidos al PJ, lo que supone una reducción en relación al período anterior cuando se reistraron 21 (18,92%). A pesar de estas reducciones ello no indica que efectivamente se hayan resuelto los elementos estructurales que favorecen la autocensura y la limitación ilegitima de la expresión.
El período se caracterizó por un importante debate público relacionado con la no renovación de la licencia del canal de televisión Radio Caracas Televisión (RCTV). La suspensión de las transmisiones de RCTV fortaleció estos mecanismos de autolimitación que redujeron el vigor de los debates sobre asuntos públicos.
Aunque se mantuvieron espacios para que medios de comunicación, periodistas y personas puedan manifestar sus ideas., igualmente persistieron los riesgos al ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información y se produjeron diversas violaciones, Se observa, además, el impacto de la progresiva aplicación de procesos judiciales contra periodistas, señalados en los lapsos anteriores.
En relación al derecho a manifestar, se confirmó la tendencia a la criminalización de la protesta observado en el lapso anterior. De 1.521 manifestaciones de carácter pacífico, 98 fueron reprimidas, impedidas u obstaculizadas por organismos de seguridad del Estado, lo que representa un promedio de 6,44% en comparación al 4,5% del año anterior. Esta cifra representa el mayor porcentaje registrado en los últimos 8 años. A pesar de este significante retroceso, califica positivo que no se haya registrado ninguna muerte tanto en el marco de manifestaciones pacíficas como de manifestaciones violentas.
Al menos 536 personas resultaron lesionadas, 11 por herida de balas y el resto con perdigones, golpes, asfixia y otros maltratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Esta cifra es 374% superior a la del año pasado que fue de 113 personas. En el mismo sentido, el número de violaciones a la libertad personal en el contexto de manifestaciones reprimidas (611) se incrementó un 151,4%, lo que confirma la tendencia preocupante de la intolerancia frente al ejercicio del legítimo derecho a manifestar.
Durante el periodo, el sector más reprimido fue el de los estudiantes (32,65% del total), seguido de los vecinos (16,32%) y de los trabajadores. La entidad federal con más violaciones fue el Distrito Capital (16), seguido por Aragua (12).
Por 5º año consecutivo, la GN fue el organismo que presentó mayor número de violaciones (23 reprimidas y 5 impedidas). En 7 de esas 28 intervenciones, la GN actuó en conjunto con otro cuerpo de seguridad regional o local.
La modalidad de protesta más reprimida fue el cierre de calle, pues de 613 fueron reprimidos y 2 impedidos, lo que representa 1 de cada 13 cierres, un importante aumento en comparación con el período anterior cuando se reprimía 1 de cada 23 cierres de calle. Otra modalidad utilizada durante el período para cercenar el derecho a manifestar ha sido la exigencia discriminada de solicitudes o permisos previos para manifestar. Por otra parte, tal como se vino denunciando en el Informe anterior, se evidenció una fuerte tendencia del uso del MP para procesar judicialmente a quienes ejercieron su derecho a manifestar. Durante el periodo se aplicaron medidas judiciales a al menos 150 personas, reconociendo Provea que se trata de un subregistro.
En torno a los derechos de las personas privadas de libertad, para octubre de 2006 existían 19.257 personas encarceladas lo que refleja una disminución de 3% con respecto al año anterior. De ellos, 93,5% son hombres y 6,5% mujeres. También predominan las personas del grupo etáreo de los 22 a 30 años.
Durante 2006 se produjeron 412 muertes violentas y 982 personas heridas en las distintas cárceles del país. Entre enero y julio 2007 se registraron 292 muertes violentas a un promedio mensual de 47,71 muertes y 634 heridos. El Centro Penitenciario de Uribana que fue considerado el más violento de 2006 es considerado aún en 2007 el centro de reclusión más peligroso.
No se registraron mejoras en la situación de deterioro de las condiciones de reclusión. Persiste el hacinamiento, el cual es equivalente a un 14%. Ello ha contribuido a la degradación de la vida en los penales y hace colapsar los servicios de agua, electricidad y alimentación entre otros, pudiendo incidir también de manera negativa en la convivencia interna.
A pesar de la existencia de medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de las personas privadas de libertad del Internado Judicial de la Pica; Centro Penitenciario de Uribana y Centro Penitenciario de la Región Capital Yare I y II, los hechos violentos no se reducen y las condiciones generales de reclusión no sufren mejoras sustanciales.
Destaca como positivo la reforma del Código Orgánico Procesal Penal mediante la cual se elimina el artículo 493 que limitaba el otorgamiento de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y las formas alternas de privación de libertad
Durante el primer trimestre de 2007 se registró un incremento de 8% de la población que se encuentra bajo alguna medida de pre libertad con respecto al período anterior, registrándose un total de 13.355 personas.
Durante el período se constataron reclamos por retardo procesal. En la actualidad, la población procesada representó el 55,3%, lo cual refleja una irregularidad ya que la población penada debería ser la mayor.
El derecho a la seguridad ciudadana continúa siendo una de las preocupaciones más importantes de la población. Ocho de cada diez habitantes opina que la seguridad personal es el problema más relevante de Venezuela. La mayoría de delitos que se cometen son contra la propiedad, sin embargo, los delitos contra las personas muy particularmente los homicidios tienen un comportamiento ascendente en los últimos años. Entre 2005 y 2006 se incrementó en 23%. En 2006 se registraron 12.257 homicidios. La variable de secuestros también mantiene una línea ascendente. En 2006 se registraron 232 casos, mientras en 2005 se contabilizaron 206.
La creada en 2006 Comisión Nacional de Reforma Policial (Conarepol), tras un arduo trabajo que implicó la consulta a muchos actores sociales incluyendo las víctimas, presentó una serie de recomendaciones para mejorar la capacidad de los cuerpos policiales para enfrentar el delito en el marco de la ley. Lamentablemente, el gobierno no mostró voluntad política para implementar tales recomendaciones. Por el contrario, continuó implementando medidas y políticas que durante años han demostrado ser poco eficaces. Los puntos de control y las alcabalas continúan prevaleciendo en el marco de los operativos, pese a que la Conarepol había advertido los peligros de esta modalidad que ha servido para un uso abusivo del poder.
En Venezuela existen 127 cuerpos de seguridad y 120.303 funcionarios que se traduce en una tasa nacional de 452,65 policías por cien mil habitantes, número que resulta suficiente de acuerdo a los estándares internacionales establecidos por la Organización de Naciones Unidas. Ello indica que el incremento de los delitos no es consecuencia de de un déficit de funcionarios.
Durante el periodo analizado se registraron 165 denuncias de violación al derecho a la vida, lo que representa respecto al lapso anterior (170 personas) una baja del 2,94%. Como viene ocurriendo desde 1989, la mayoría de las víctimas se concentró bajo el patrón “ejecución”, 58,79% del total de víctimas conocidas (97 personas). De éstos, prácticamente la mitad (49,7%) son jóvenes menores a los 24 años. Nuevamente, en la mayoría de estos se mantuvo la versión oficial de “enfrentamiento”, siendo éste un mecanismo frecuentemente utilizado para mantener impunes las muertes que son violaciones al derecho a la vida.
Los organismos estadales agruparon la mayor responsabilidad, con 96 víctimas (58,19%), teniendo la Policía Metropolitana (PM) la mayor cantidad de denuncias (22). Entre las entidades federales donde se observan mayores violaciones al derecho a la vida destacan: el Distrito Metropolitano con el 22,42% (37 víctimas), el Edo. Anzoátegui con el 20% (33 víctimas) y el Edo. Bolívar con el 9,7% (16 casos), sumando esos tres estados más de la mitad de los casos donde se registraron denuncias de violación del derecho a la vida.
Durante el período cabe resaltar que 8 violaciones al derecho a la vida ocurrieron en el marco de conflictos entre agentes de los cuerpos policiales del Estado, es decir de policías violando el derecho a la vida de sus colegas.
Viernes 30 de noviembre 2007
Boletín electrónico Nº 192
EDICIÓN ESPECIAL REFORMA CONSTITUCIONAL
En el recurso de nulidad introducido por el Foro por la Vida –coalición de organizaciones de Derechos Humanos del país- ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el pasado 15.11.07, se afirmaba que la pretendida “Reforma Constitucional” representaba una nueva Constitución. La misma conlleva una regresión en materia de derechos humanos, además de establecer un nuevo esquema de Estado, Democracia y sociedad. En tal virtud, esa normativa no puede ser el resultado del procedimiento para la aprobación de “reformas constitucionales” contemplado en los Artículos 342 al 346 de la Constitución, sino que debe ser el resultado de las deliberaciones de una Asamblea Nacional Constituyente. El análisis del Foro por la Vida iba más allá: las normas aprobadas, como las que configuran una disminución o regresión en materia de derechos humanos, ni siquiera podrían ser aprobadas en una Asamblea Nacional Constituyente.
Una “Reforma” de la Constitución es aplicable, solamente, si se pretende la sustitución de algunas normas pero siempre que con ello no se modifiquen la estructura y principios fundamentales del texto Constitucional. En efecto, la Constitución dispone al respecto: “Artículo 342. La Reforma Constitucional tiene por objeto una revisión parcial de esta Constitución y la sustitución de una o varias de sus normas que no modifiquen la estructura y principios fundamentales del texto Constitucional”.
En opinión de los activistas de derechos humanos, la aprobación de dicha propuesta producirá una afectación sustancial de varios derechos constitucionales y por tanto de varios derechos humanos. Por esta razón, la motivación de la introducción del recurso de nulidad ante el principal tribunal del país radicó en que sean respetados los derechos humanos como principios fundamentales de la Constitución y como límite no sólo a los órganos del Poder Público sino incluso al poder constituyente.
Si usted desea conocer el texto completo del recurso introducido ante el TSJ, visitar aquí
El artículo 342 establece los límites de una reforma de la Carta Magna: ésta no puede modificar la estructura ni los principios fundamentales del texto Constitucional.
La estructura de la Constitución está referida fundamentalmente al Preámbulo, la consagración de derechos y la regulación del poder; la organización del Estado en la Constitución: la forma de Estado (federal), el sistema político (república); la forma de gobierno (presidencialismo con controles parlamentarios y populares); la democracia y su ejercicio tanto a través del sufragio como directamente.
Los principios fundamentales del texto Constitucional son los valores, los fines y fundamentos consagrados en la Constitución. En el caso de la Constitución de 1999, esos principios están expresamente contenidos en el Título I: “Principios Fundamentales”. No obstante, estos pueden también ser identificados y desarrollados en otras normas de la propia Constitución.
Los “Principios Fundamentales” de la Constitución están establecidos en el Título I, de los artículos 1 al 9. Si bien estos guardan una estrecha conexión con otras normas constitucionales, podríamos resumirlos en los siguientes:
- Carácter irrevocablemente libre e independiente de la República Bolivariana de Venezuela es (art. 1).
- Los valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador (art. 1).
- La independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional como los derechos irrenunciables de la Nación (art. 1).
- El Estado democrático y social de Derecho y de Justicia (art. 2).
- Los valores superiores de su ordenamiento jurídico y de la actuación del Estado (art. 2): la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.
- Los fines esenciales del Estado (art.3): La defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución. La educación y el trabajo como los procesos fundamentales para alcanzar dichos fines.
- El Estado federal descentralizado en los términos consagrados en la Constitución (se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad) (art.4).
- La soberanía popular: reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público. En consecuencia, los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos (art. 5).
- El gobierno democrático de la República y de las entidades políticas que la componen, es y será conforme a los siguientes principios (art. 6): democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables.
- La supremacía constitucional: la Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico; en consecuencia, todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución (art. 7).
- El idioma oficial (el castellano) y los idiomas de uso oficial (como los idiomas indígenas) (art. 9).
- Y por último, los símbolos patrios: la bandera nacional con los colores amarillo, azul y rojo; el himno nacional Gloria al bravo pueblo y el escudo de armas de la República son los símbolos de la patria.
La “Reforma Constitucional” sancionada por la Asamblea Nacional, aparte de no ser una “Reforma” en los términos de la propia Constitución, constituye una vía de hecho puesto que ni siquiera fue seguido el procedimiento necesario para Constitución, puede hacerlo directamente con al menos el 15% de los electores inscritos en el Registro Electoral Permanente (“REP”); o su los diputados de la Asamblea Nacional quieren realizar una iniciativa de Reforma Constitucional en nombre del pueblo, también pueden hacerlo mediante acuerdo ap que se produjera.
En primer lugar, la “Reforma Constitucional” partió de una iniciativa del Presidente de la República que incluía 33 Artículos, la cual fue entregada a la Asamblea Nacional para su discusión, el día 15 de agosto de 2007. El primer período de sesiones de la AN, según el artículo 219, comienza el cinco de enero de cada año y dura hasta el 15 de agosto. Por otra parte, el artículo 343 establece que el proyecto de Reforma Constitucional tendrá una primera discusión en el periodo de sesiones correspondiente a su presentación. Si dicha propuesta fue presentado a la AN el 15.08.07, último día del primer período de sesiones ordinarias, era imposible que se cumpliera cabalmente la discusión inicial como esta estipulada en la propia Carta Magna.
Entre los días 12 y 15 de octubre, la AN decidió incorporar a esa iniciativa 24 artículos más, junto con once (11) Disposiciones Transitorias, tampoco incluidas en la iniciativa Presidencial. Esos Artículos ni siquiera fueron objeto de las tres (3) discusiones que exige el artículo 343 de la Constitución vigente. La Asamblea Nacional pretendió justificar esas inclusiones bajo el pretexto de que se trataba de sugerencias “del pueblo”, pero con ello violenta otra norma procedimental: Conforme al artículo 342 de la Constitución, si “el pueblo” desea plantear reformas a la Constitución, puede hacerlo directamente con al menos el 15% de los electores inscritos en el Registro Electoral Permanente (“REP”); o su los diputados de la Asamblea Nacional quieren realizar una iniciativa de Reforma Constitucional en nombre del pueblo, también pueden hacerlo mediante acuerdo aprobado por la mayoría de sus integrantes.
La preeminencia de los derechos humanos como Principio Fundamental de la Constitución supone el principio de progresividad. La progresividad consiste en la irreversibilidad de los derechos que han sido ya reconocidos; es decir, que éstos una vez que han sido reconocidos como derechos inherentes a la persona humana, no pueden ser desconocidos ni disminuidos. Precisamente este principio en materia de derechos humanos ha sido incluso elevado en el derecho interno constitucional de venezolano al rango constitucional.
En primer lugar, en la regulación constitucional de los estados de excepción se reducen las cautelas y controles previstos en la Constitución de 1999 y se excluyen derechos no susceptibles de restricción en su artículo 337. Se pretende restaurar la figura de la suspensión de garantías, sin explicar adecuadamente el alcance de los estados de excepción. Adicionalmente, se plantea la supresión de los límites temporales establecidos en el artículo 338 de la Constitución, lo que nos coloca ante el riesgo de estados de excepción prolongados o incluso ilimitados, que hoy están sujetos a barreras temporales para evitar excesos. Especial gravedad reviste la propuesta de sustraer la libertad de información y elementos esenciales del derecho al debido proceso de la enunciación de las garantías no susceptibles de restricción o suspensión (artículo 337).
Al contrario, la propuesta de Reforma Constitucional desmejora, agrava y hace más difícil el ejercicio del derecho político de los ciudadanos y ciudadanas a través de mecanismos de democracia directa, como son las iniciativas y los referendos.
En el siguiente cuadro se evidencia con toda claridad esta desmejora:
| Derecho | Año 1999 | Año 2007 |
| REFERENDOS CONSULTIVOS (ART. 71): | ||
| Iniciativa popular | 10% | 20% |
| REFERENDOS REVOCATORIOS (ART. 72): | ||
| Iniciativa Popular | 20% | 30% |
| Quorum | 25% | 40% |
| REFERENDOS APROBATORIOS DE TRATADOS (ART. 73): | ||
| Iniciativa Popular | 15% | 30% |
| Quorum | -% | 30% |
| REFERENDOS APROBATORIOS DE LEYES (ART. 73): | ||
| Quorum | 25% | 30% |
| REFERENDOS ABROBATORIOS DE LEYES (ART. 74): | ||
| Iniciativa Popular | 10% | 30% |
| REFERENDOS ABROBATORIOS DE DECRETOS-LEYES (ART. 74): | ||
| Iniciativa Popular | 5% | 30% |
| ENMIENDAS A LA CONSTITUCIÓN (ART. 341): | ||
| Iniciativa Popular | 15% | 20% |
| REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN (ART. 342): | ||
| Iniciativa Popular | 15% | 25% |
| CONVOCATORIA A ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE (ART. 348): | ||
| Iniciativa Popular | 15% | 30% |
Los y las activistas han denunciado la modalidad incorporada en la Reforma Constitucional, de un “Poder Popular” dentro de la distribución territorial del Poder Público del Estado, mediante el cual se propone que el pueblo ejerza la soberanía popular directamente, pero el cual “no nace del sufragio ni de elección alguna, sino que nace de la condición de grupos humanos organizados como base de la población” (art. 136). La democracia participativa supone la integración de elementos de la democracia directa y la representativa, pero nunca puede implicar la renuncia a la segunda, es decir, al sufragio. El proyecto presentado establece sólo mecanismos asamblearios (incluso en la elección de los miembros al Consejo Comunal) limitando así el ejercicio democrático del poder. Por lo cual, estas normas sobre el Poder Popular contenidos en la Reforma Constitucional violan principios fundamentales de la Constitución.
El derecho a la “libertad” de trabajo existente en la Constitución de 1999 (artículo 87), sería modificado de aprobarse la propuesta. Mientras el enunciado actual establece un derecho amplio que puede ser regulado mediante ley, la propuesta considera al trabajo como un derecho que sólo puede ser ejercido dentro del marco de lo que el Estado le permite a la ley (artículo 87). Con ello, el trabajo dejaría de ser un “derecho” humano inherente que puede ser desarrollado por la ley, para ser una “potestad” de regulación del Estado fuera de la cual no habría derecho alguno. Igualmente observamos que la Reforma propuesta elimina el derecho de todas las personas a dedicarse a la actividad económica de su preferencia con las limitaciones que establezcan las leyes, así como el deber del Estado de promover la iniciativa privada (art. 112).
La Reforma Constitucional modifica la consagración de la norma relativa al derecho de propiedad (art. 115), para reconocer y garantizar las diferentes “formas” de propiedad: pública: social indirecta y directa, colectiva, mixta y privada. En relación con la propiedad privada, la misma se reconoce únicamente sobre “bienes de uso y consumo y medios de producción legítimamente adquiridos” (art. 115). El problema de Venezuela continúa siendo la pobreza y la desigual distribución de la riqueza pública y privada. El objetivo social y económico de las políticas públicas debe ser garantizar un mayor acceso a la propiedad, particularmente a la vivienda digna, a la tierra, a un salario justo y a medios de trabajo, a las personas más necesitadas. Si bien las organizaciones de derechos humanos, aglutinadas en el Foro por la Vida, valoran la incorporación de distintas formas de propiedad pública y social en la Constitución, la formulación propuesta sobre la propiedad deja de reconocer y garantizarla como un “derecho”, para simplemente hacerlo respecto a las “formas” de propiedad. La propiedad es un derecho humano de todas las personas, reconocido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 21) sobre sus bienes, lo cual no obsta, para que en virtud de su función social la ley deba razonablemente subordinar su uso y goce al interés social. Por ello no creemos en la propiedad pública, ni en la social, ni en la cooperativa ni en la privada como derechos absolutos o ilimitados. La propiedad está al servicio de las personas y no al contrario. Reiteramos que el problema de la propiedad es cómo se democratiza y se hace accesible a la inmensa mayoría de los venezolanos y venezolanas, no de cómo se restringe su acceso y garantía.
La Constitución vigente (1999), establece que la República Bolivariana de Venezuela es un “Estado democrático y social, de Derecho y de Justicia”, en el cual se propugnan como “valores superiores de su ordenamiento jurídico” y de “su actuación”, “la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político (…)”.
La Reforma Constitucional establece un nuevo modelo de “Estado Socialista” como núcleo básico e indivisible de la nueva estructura de la organización territorial nacional (art.16). Ello supone un tipo de Estado que modifica uno de los principios Fundamentales de la Constitución. Se trata de la adopción constitucional de un nuevo modelo de Estado que obedece a una concepción ideológica determinada, que en todo caso modifica el Principio Fundamental de la Constitución que define al Estado venezolano como un “Estado democrático y social de Derecho y de Justicia” (art. 2). Dicha propuesta afectaría además el “pluralismo político” como valor superior del Estado y de su ordenamiento jurídico (art. 2). En una democracia el Estado deben estar abiertos a todas las ideologías democráticas, sin ser exclusivo o excluyente.
Este modelo de “Estado Socialista” incorporado en la Reforma Constitucional va unido a la modificación del artículo 158 de la Constitución el Estado promoverá “la participación protagónica del pueblo”, “para la construcción de una Democracia Socialista”. La participación democrática de los ciudadanos y ciudadanas en el ejercicio de su soberanía es un derecho propio reconocido en la Constitución de 1999 y en instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 23), que no está ni puede estar restringido o limitado a la “construcción del socialismo”. En todo caso, el socialismo democrático es sólo una opción o un modelo, pero en ningún caso puede ser la única para todos los ciudadanos y ciudadanas.
Venezuela desde el punto de vista de la distribución territorial del poder público se define constitucionalmente como un Estado federal descentralizado (art. 4). Ello implica que el Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder de los Estados y el Poder Nacional. El Poder Público Nacional se divide a su vez en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral (art. 136).
Los estados son entidades autónomas e iguales en lo político, con personalidad jurídica plena (art. 159). Los estados de Venezuela son los veintitrés cuyos diputados de la Asamblea Nacional Constituyente suscribieron la Constitución de 1999. El gobierno y la administración de cada estado corresponde a un Gobernador (art. 160); y el Poder Legislativo se ejerce por un Consejo Legislativo (art. 162). Además, cada estado tiene una Contraloría que goza de autonomía (art. 163). Los estados tienen atribuidas competencias concurrentes con el Poder Nacional y con el Poder Municipal; y competencias exclusivas propias.
Venezuela desde el punto de vista de la distribución territorial del poder público se define constitucionalmente como un Estado federal descentralizado (art. 4). Ello implica que el Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder de los Estados y el Poder Nacional. El Poder Público Nacional se divide a su vez en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral (art. 136).
Los estados son entidades autónomas e iguales en lo político, con personalidad jurídica plena (art. 159). Los estados de Venezuela son los veintitrés cuyos diputados de la Asamblea Nacional Constituyente suscribieron la Constitución de 1999. El gobierno y la administración de cada estado corresponde a un Gobernador (art. 160); y el Poder Legislativo se ejerce por un Consejo Legislativo (art. 162). Además, cada estado tiene una Contraloría que goza de autonomía (art. 163). Los estados tienen atribuidas competencias concurrentes con el Poder Nacional y con el Poder Municipal; y competencias exclusivas propias.
Este esquema de reparto territorial del poder no es estático sino que debe propender a profundizar la descentralización, mediante la atribución a los estados o municipios, de determinadas materias de la competencia nacional (art. 157). A su vez, la ley debe crear mecanismos abiertos y flexibles para que los estados y los municipios descentralicen y transfieran a las comunidades y grupos vecinales organizados los servicios que éstos gestionen previa demostración de su capacidad para prestarlos (art. 184).
La creación de una “nueva geometría del poder” (art. 16 de la propuesta de reforma), configura una modificación del principio fundamental del Estado Federal Descentralizado (art. 4), ya que cambia radicalmente la “estructura” del Estado y que como tal, no son objeto de una Reforma Constitucional. No es posible pretender tener un Estado con forma “Federal descentralizada”, con un modelo de Estado como el establecido en la Reforma Constitucional, donde por la decisión del Presidente de la República, con la autorización -en algunos casos- de la mayoría simple de la Asamblea Nacional, se pueden crear entidades y el mismo Presidente designe sus autoridades en los mismos espacios geográficos de los estados y municipios.
La Reforma Constitucional aumenta el período presidencial de seis (6) a siete (7) años y permite la reelección inmediata del Presidente sin límite alguno (propuesta en las modificaciones al artículo 230). Independientemente de la justificación política e histórica de la limitación del mandato de los Presidentes, particularmente en Latinoamérica, como una fórmula para limitar su poder temporalmente y evitar así el caudillismo y el personalismo político, la reelección ilimitada del Presidente de la República viola un Principio Fundamental de la Constitución como es el carácter alternativo del gobierno de la República (art. 6). El principio constitucional de la alternabilidad del Gobierno significa que un Presidente no puede perpetuarse en el poder, aun con el respaldo de la voluntad popular. En efecto, el Jefe de Gobierno (y de estado) de la República es el Presidente de la República (art. 226). El principio de alternabilidad significa que, por disposición de la Constitución y el poder constituyente, el mandato del Presidente debe tener un límite y en consecuencia su reelección no puede ser ilimitada. Esta ha sido por demás la regla no sólo del constitucionalismo venezolano (a excepción de las constituciones de la época de las dictaduras de Juan Vicente Gómez y la de Marcos Pérez Jiménez), sino que es actualmente la regla del constitucionalismo latinoamericano: la reelección inmediata limitada a un sólo período presidencial.
La Reforma Constitucional dispone, en primer lugar, sustituir la Fuerza Armada “Nacional” por una nueva conceptualización de Fuerza Armada “Bolivariana”, guiada por la “doctrina militar bolivariana” (art. 328). En este sentido, los componentes militares de la Fuerza Armada Bolivariana pasan a ser: el Ejército “Bolivariano”, la Armada “Bolivariana”, la Aviación “Bolivariana”, la Guardia Nacional “Bolivariana” y la “Milicia Popular Bolivariana” (art. 329). Se incorporan conceptos en su misión como “la guerra popular de resistencia” (art. 328).
La nueva norma, dispone la eliminación de los principios constitucionales de la Fuerza Armada como una “institución esencialmente profesional, sin militancia política” que “está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna” (art. 328, Const. 99). Además de ello, se aumentan las facultades del Presidente de la República como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada para ejercer la Suprema Autoridad Jerárquica “en todos sus Cuerpos, Componentes y Unidades” y “Promover a sus oficiales en todos los grados y jerarquías y designarlos o designarlas para los cargos correspondientes” (art. 236, numerales 6 y 7). Sobre el particular observamos la inconveniencia de eliminar de la regulación constitucional de la Fuerza Armada Nacional, su condición de una “institución esencialmente profesional, sin militancia política” que “está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna”.
Ello configura un cuadro peligrosamente militarista y de utilización política de la Fuerza Armada Nacional configurado en la Reforma para no sólo defenderla de cualquier ataque externo sino también “interno” (art. 328). Ello habilita la introducción en Venezuela una doctrina similar a la “Seguridad Nacional” que imperó en los años setenta y ochenta en dictaduras militares de derecha en países del cono sur, donde los militantes de izquierda eran concebidos como enemigos internos y traidores integrantes de una conspiración marxista internacional para la destrucción del Estado y sus instituciones. Habría que preguntarse entonces cuáles son esos enemigos o ese ataque interno frente al cual la Fuerza Armada Bolivariana tendrá que actuar.
Raul Cubas es un veterano activista por los derechos humanos radicado en Venezuela. De origen Argentino, fue preso y torturado por la dictadura austral, tras lo cual se exilia en Venezuela. Miembro fundador de Provea, fue su coordinador general y ahora es parte de su Asamblea Ejecutiva. Su prestigio como defensor de los derechos humanos es tal que tras los sucesos de Abril del 2002, voceros gubernamentales lo propusieron para presidir una Comisión de la Verdad que investigara los hechos, órgano que nunca pudo iniciar sus actividades debido a la polarización política del momento. Durante el Foro «Reforma y Derechos Humanos», realizado el pasado 20.11.07 en el Ateneo de Caracas, realizó una serie de cuestionamientos al proceso, del cual tenemos el MP3 para escuchar en línea, disponible en el siguiente enlace (hacer click en símbolo de play y esperar):
En virtud del alto grado de polarización política vivida por venezolanos y venezolanas, y ante la cita electoral pautada para el 2 de diciembre, en el que se aprobaría o rechazaría la propuesta de reforma constitucional presentada por el poder público nacional, Provea hace tres exigencias tanto a los funcionarios y funcionarias como a los diferentes actores políticos y sociales del país:
1) Invitamos a cada ciudadano y ciudadana a evaluar esta propuesta de reforma constitucional en cada una de sus partes, para decidir conscientemente y ejercer el derecho al sufragio como base de la soberanía popular. Provea llama a todos los sectores involucrados para alcanzar una jornada electoral en donde reine la paz, la convivencia ciudadana y el respeto a las diferencias.
2) Todos los venezolanos y venezolanas estamos llamados a respetar los resultados de la voluntad popular, para lo cual el órgano electoral debe garantizar la mayor transparencia posible en el proceso
3) En caso de que algunos sectores de la sociedad decidan objetar los resultados alcanzados, esto debe realizarse de manera pacífica a través de los mecanismos legales y democráticos existentes. En este sentido Provea hace un llamado a las autoridades a respetar y garantizar el ejercicio al derecho a la manifestación pacífica garantizado en la Constitución, preservando en cualquier situación el respeto a los derechos humanos.
Del 26 de septiembre al 16 de octubre 2007
Boletín electrónico Nº 191
EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE SEPTIEMBRE
Concesión del Premio Nóbel de la Paz
01 Día Internacional de las Personas de la Tercera Edad
02 Día Interamericano del Agua
03 Día Mundial del Hábitat (1er. lunes)
04 Día Interamericano de la Radiodifusión
10 Día Mundial Contra la Pena de Muerte
10 Masacre de Cantaura, Edo. Anzoátegui (1982)
10 Día Mundial de la Salud Mental
12 Día Nacional de la Resistencia Indígena
15 Día Internacional de la Mujer Rural
15 Día Internacional de Reducción de Desastres (2do. miércoles)
15 Aniversario de Provea
16 Día Mundial de la Alimentación
17 Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza
24 Día de las Naciones Unidas
24 Día Mundial de la Información sobre el Desarrollo
24-30 Semana del Desarme
27 Primera elección universal, directa y secreta en Venezuela (1946)
28 Día Nacional del Alfabetismo
29 Masacre de El Amparo, Edo. Apure (1988)
CONTEXTO
El Boletín electrónico «Derechos Humanos y Coyuntura» cuenta con una versión resumida para imprimir en formato pdf. La misma consta de 4 páginas tamaño carta pensada para los lectores que poseen poco acceso a internet, así como para ser difundida y distribuida en comunidades, centros de estudio y grupos organizados, por medio de impresiones o fotocopias. Si desea descargar la versión impresa de DDHH y Coyuntura 191 visite el siguiente enlace: acá
En una rueda de prensa realizada el 19.10.07, 15 organizaciones de derechos humanos aglutinadas en el Foro por la Vida, realizaron observaciones a la propuesta de reforma constitucional adelantada por el poder ejecutivo. Durante las intervenciones de los voceros, se valoraron como positivas las normas que reducen la jornada laboral a seis horas; el reconocimiento del derecho a la ciudad y del origen multiétnico de los venezolanos; y la regulación de la financiación estatal en las campañas electorales. Sin embargo, según los defensores y defensoras de DDHH, estos avances no pueden ser la justificación para aprobar normas que restringirían el ejercicio de los derechos humanos de los venezolanos y venezolanas.
En palabras de Marino Alvarado, coordinador general de Provea, a diferencia del proceso que redactó la Constitución de 1999 la actual reforma de la Carta Magna no se realiza de manera participativa y protagónica. Los canales ideados para la discusión han sido excluyentes, obviando las opiniones de una parte importante del país, por lo que representan mecanismos regresivos desde el punto de vista democrático. Por su parte Arturo Peraza, de Secorve, precisó que se violaba el principio fundamental de la no discriminación, pues los artículos propuestos restringuen la participación de personas de ideología diferente al socialismo. Cuestionando la cesión de labores permanentes de seguridad a la Fuerza Armada, Peraza inisistió que debieron tomarse en cuenta las recomendaciones realizadas por la Comisión Nacional de Reforma Policial (Conarepol). Liliana Ortega, directora de Cofavic, consideró que la propuesta que intenta eliminar el derecho al debido proceso durante estados de excepción vulnera diversos estandares internacionales en la materia, y se inmiscuye en esferas en las cuales los Estados no tienen potestad, abriendo resquicios para potenciales violaciones a los derechos humanos. Por último Carlos Correa, director de Espacio Público, consideró regresivo el hechod e eliminar la libertad de información en estados de excepción, pues la ciudadanía debe conocer diferentes aspectos de los hechos para tomar decisiones que pueden salvaguardar su integridad personal.
El Foro por la Vida ha redactado un extenso documento en dónde desarrollan sus diferentes observaciones al proyecto, algunos de sus artículos los cuales, a su juicio, ni siquiera pueden aprobarse mediante una asamblea constituyente. Para descargar este documento, visitar el siguiente enlace:
El 15 de octubre el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, Provea, celebró su decimonoveno aniversario de lucha por los derechos sociales y contra la impunidad. En 1988 Ligia Bolívar y Dianorah Contramaestre fundaron esta asociación civil, sin fines de lucro, con el objeto de ofrecer apoyo integral gratuito a colectivos de personas cuyos derechos sociales fueron atropellados, brindándoles educación en el campo de los derechos humanos y promoviendo la documentación, investigación, monitoreo y divulgación de la situación de estos derechos en el país. Como lo refleja su consigna, “Todos los derechos para todos y todas”, Provea ha atendido a los afectados de violación de derechos humanos sin ningún tipo de discriminación, ya se por ideología política o clase social.
Provea ha asesorado a diversas comunidades y actores afectados por la vulneración de sus derechos humanos. Cuando el Estado ha agotado los mecanismos de diálogo y consenso, Provea ha iniciado acciones judiciales por la reivindicación de derechos y el resarcimiento de daños y perjuicios causados a los ciudadanos por las acciones u omisiones en la ejecución de políticas estatales. Algunos ejemplos han sido el caso elevado contra el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por no brindar atención adecuada de salud a las víctimas de la intoxicación masiva ocurrida en el Hospital José Antonio Vargas del sector La Ovallera, Edo. Aragua; la defensa de los estudiantes de la Simón Bolívar a favor de la gratuidad de la enseñanza; de los/as niños/as cardiópatas del Hospital J.M. de los Ríos por atención oportuna y adecuada, y las recientes peticiones al Tribunal Supremo de Justicia a favor de los adjudicatarios de viviendas de las comunidades de Nueva Tacagua y Ciudad Miranda.
Cuando se han agotado las instancias internas, Provea ha acudido a organismos internacionales para garantizar el derecho a la justicia de las víctimas. Se han elevado casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), dos organismos creados por la Convención Interamericana en la materia, que han resultado con decisiones favorables para los demandantes. Los sucesos de El Amparo tuvieron el triste honor de ocasionar la primera condena de la Corte IDH contra el Estado venezolano, tras lo cual siguieron otras como la del caso de los pensionados y jubilados de VIASA y la adopción de medidas provisionales a favor de María del Rosario Guerrero Gallucci y Adolfo Segundo Martínez Barrios. Asimismo, se encuentra en trámite una petición a favor de los jubilados del Ministerio de Educación así como de la masacre de Haximú, efectuada contra indígenas Yanomamis.
Provea realiza un seguimiento de la situación de los derechos humanos. Es así que, desde hace 18 años, publica su Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela, producto de su investigación sobre 18 derechos humanos, los cuales realiza propuestas y exigencias a los poderes públicos. Esta tarea es complementada por el boletín electrónico Derechos Humanos y Coyuntura, que se difunde quincenalmente y cuenta con más de 6.000 destinatarios nacionales, internacionales, particulares e institucionales y un noticiero diario con noticias sobre casos de violación y acciones de exigibilidad, ambos disponibles a través de su página web http://www.derechos.org.ve
Provea también contribuye de modo activo en los espacios de articulación de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, como el Foro por la Vida , la Red Venezolana de Educación en y para los Derechos Humanos y el Capítulo Venezuela de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD).
Provea está en la búsqueda de un Secretario (a) – Recepcionista que realice trabajos de apoyo administrativo, responsabilidad y con sentido de confidencialidad; con iniciativa y criterio adecuado para tratar asuntos del día a día, así como asimilar nuevas asignaciones de trabajo.
Entre sus labores a desempeñar se encuentran:
- Asistencia a uno o más miembros/as del Equipo Coordinador de Provea
- Tomar y transcribir dictados de naturaleza variada.
- Recibir, cotejar, clasificar, controlar y dar seguimiento a la correspondencia
- Redactar por iniciativa propia o por instrucciones de los coordinadores correspondencia de rutina.
- Mantener al día el calendario de citas del Coordinador General y lleva el control de los asuntos pendientes relacionados con las coordinaciones.
- Recibir y tramitar cortésmente las llamadas telefónicas.
- Preparar y solicitar las requisiciones de materiales de oficina y mantener un control de los mismos.
- Controlar y manejar procesos básicos de contabilidad (caja Chica y caja de ingresos, venta de Publicaciones y materiales, etc.).
- Apoyar la gestión administrativa del Equipo Coordinador (minutas, seguimiento de la planificación, convocatorias a reuniones, comunicaciones internas, trámites).
Requisitos
Grado de Bachiller capacitado/ a en los siguientes conocimientos, habilidades y destrezas:
- Transcribir dictados con rapidez y exactitud,
- Dominio de programas de computadora de procesamiento de palabras, hojas de trabajo y otros
- Conocimiento básico de las prácticas y técnicas modernas de oficina,
- Habilidad para expresarse verbalmente y por escrito con claridad,
- Precisión y buena ortografía,
- Manejo básico contable
- Habilidad para desarrollar y mantenerse relaciones interpersonales efectivas en la oficina.
Se recibirán CV hasta el viernes 19 de octubre de 2007. Las entrevistas con las personas preseleccionadas se realizarán los días 22 y 23 de octubre de 2007.
Enviar CV a las siguientes direcciones electrónicas: [email protected]; [email protected], o entregarlo físicamente en la sede de Provea: Bulevard Panteón. De Tienda Honda a Puente Trinidad. Edificio Centro Plaza Las Mercedes. PB. Local 6. Parroquia Altagracia
En la investigación “Enhancing Urban Safety and Security: Global Report on Human Settlements 2007”, presentada recientemente por el programa de Desarrollo Urbano de las Naciones Unidas (UN-Hábitat), se abordan algunas de las amenazas más graves para la seguridad de la población urbana mundial de nuestros días. Según el informe, la violencia y la criminalidad urbanas están creciendo en todo el mundo, generando un temor generalizado. Muchas personas de las ciudades de todo el mundo, incluida la mayoría de los mil millones que viven actualmente en barrios en viviendas precarias, no tienen ninguna seguridad de tenencia, mientras que al menos dos millones son desalojados a la fuerza de sus propiedades cada año. Como se señala en el texto, hay una vinculación muy real entre acontecimientos naturales y seguridad humana. La vulnerabilidad de las ciudades está aumentando también debido al cambio climático, que ha acelerado los episodios climatológicos extremos y elevado el nivel del mar. Al mismo tiempo, los barrios urbanos están ocupando zonas expuestas a inundaciones, desprendimientos de tierras, contaminación industrial y otros peligros.
En los datos sobre la visión global del problema, basado en investigaciones de la ONU, los índices de delincuencia a nivel global y regional han crecido aceleradamente en el periodo 1980 – 2000, aumentando aproximadamente del 30 por ciento de 2.300 a más de 3.000 crímenes a cada 100.000 personas. Han aumentado particularmente los crímenes violentos. África, América Latina y el Caribe registran índices de dos dígitos para casos de homicidios, mientras que en el Sur de Asia, Europa, Mediterráneo Oriental y la Región del Pacífico Occidental se registran índices significantemente menores. Colombia, África del Sur, Jamaica, Guatemala y Venezuela tienen los índices más elevados de homicidios, mientras que Japón, Arabia Saudita, Qatar, España, Chipre y Noruega tienen los más bajos.
Si desea mayor información sobre esta investigación, consultar
http://www.unhabitat.org/content.asp?cid=5255&catid=7&typeid=46&subMenuId=0
Con motivo del Día de la Alimentación, celebrado el 16 de octubre, se recordó que al contrario de lo que proyectaban los Objetivos del Milenio – que es reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de la población que sufre hambre -, el gráfico del hambre ha presentado una curva ascendente desde 2006. Actualmente, 854 millones de personas sufren hambre en todo el planeta.
Más de seis millones de niños menores de 5 años mueren todos los años de hambre, o de causas relacionadas con el hambre. Miles de otros niños siguen viviendo sin alimentación suficiente todos los días, sin macro y micronutrientes, condenados a un desarrollo intelectual limitado y a un atraso del crecimiento físico.
El compromiso asumido por los gobiernos en 1996 en la primera Cumbre Mundial sobre la Alimentación y en 2000 en la Cumbre del Milenio de hacer los esfuerzos para alcanzar progresos, prácticamente no tuvo resultados. Para el relator Jean Ziegler «Esto es inaceptable, pues los seres humanos tienen el derecho de vivir dignamente sin padecer hambre. El derecho a una alimentación adecuada es un derecho humano”. Ziegler destacó dos temas que son emergentes: las posibles consecuencias negativas de los biocombustibles (o agrocombustibles) sobre el derecho a la alimentación y la necesidad de mejorar la protección de las personas que huyen del hambre, del hambre extrema y de la inanición en sus países de origen y tropiezan con innumerables violaciones de los derechos humanos si tratan de cruzar las fronteras para entrar en los países desarrollados.
Más información en http://www.derechos.org.ve/noticias/index.php?m=10&y=07&entry=entry071015-131402
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Rafael Oropeza, ministro de Alimentación, señaló que 70% de las compras de Mercal son importaciones efectuadas a través de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (CASA). Las compras internacionales son de rubros básicos como pollo, leche en polvo , azúcar, caraotas y aceite. Los datos aportados por Oropeza indican que las importaciones se incrementaron 24,4% respecto a 2006, cuando las compras internacionales de CASA ascendieron a 45,6% (Bs 1,03 billones) de los recursos gastados en adquirir alimentos. La memoria y cuenta de 2006 del Ministerio de Alimentación indica que el año pasado CASA destinó Bs 2,28 billones a las compras de alimentos: Bs 1,24 billones se emplearon en las compras nacionales, los restantes Bs 1,03 billones se fueron en importaciones. El ministro Oropeza explicó que se esperaban reducciones en el abastecimiento de la red porque las fallas presupuestarias se reflejan en limitaciones de recursos para importar oportunamente. Dijo que el presupuesto dado a Mercal es insuficiente, lo que obligó a descapitalizar temporalmente CASA por Bs 751 millardos. (El Universal, 11.10.07, http://noticias.eluniversal.com/2007/10/11/eco_art_importaciones-suben_522717.shtml)
A 1.900 ascienden los casos acumulados de dengue en el Distrito Metropolitano, desde enero de este año hasta esta fecha, según las cifras que maneja la Secretaría de Salud de la Alcaldía Mayor. Las parroquias que registran el mayor número de casos son: Sucre, Antímano, El Valle, Coche y Santa Rosalía, informó la titular de ese despacho, Luisana Melo.
La funcionaria dijo que aunque esa cifra es menor a la registrada el año pasado por esta misma fecha, se mantiene la alerta epidemiológica en toda el Area Metropolitana de Caracas y el abordaje del tema en las escuelas y comunidades, a fin de eliminar los criaderos del mosquito transmisor de la enfermedad. (Ultimas Noticias, 15.10.07, Pág. 2).
Por su parte, en el estado Bolívar se informó que durante las 37 semanas epidemiológicas del 2007, las autoridades de salud de Bolívar contabilizan el acumulado de 21 mil 594 casos de dengue. Para la presidenta del Instituto de Salud Pública del Estado (ISP-Bolívar) y secretaria de salud de la zona, Ana Gineth Morales, las estadísticas ubican al estado Bolívar en situación de alerta, «se registran descensos en las cifras tanto de dengue como de malaria, pese a que continúa el alerta en todo el país en cuanto al dengue; que Bolívar esté en alerta significa que debemos estar atentos para no subir al nivel de epidemia», explicó Morales. (El Universal, 10.10.07, http://noticias.eluniversal.com/2007/10/10/pol_art_en-lo-que-va-de-ano_521062.shtml)
El diputado Rafael Ríos, integrante de la Subcomisión parlamentaria de Salud de la Asamblea Nacional, declaró a los medios de comunicación su desacuerdo por la ausencia de los boletines epidemiológicos en el sitio web del Ministerio del Poder Popular para la Salud. «La salud pública debe iniciar con la instauración de un buen sistema de información veraz y oportuno que esté al alcance de todos los venezolanos para que puedan verificar lo que está ocurriendo y controlar el funcionamiento» afirmó el funcionario.
«Es inaceptable que no se publiquen todos los datos de salud. La mejor herramienta con la que puede contar un pueblo para poder ejercer eficazmente su rol protagónico en la sociedad y su deber de contraloría, es la información». En ese sentido, Ríos señaló que «si se niega al pueblo o a los medios de comunicación el acceso a las cifras epidemiológicas se limita la participación y se obstaculiza el desarrollo de un poder popular verdaderamente capaz de ejercer la contraloría social». (El Universal, 04.10.07, http://noticias.eluniversal.com/2007/10/04/pol_art_es-inaceptable-que_507534.shtml)
Tras varias muestras de descontento por parte del gremio médico por sus condiciones laborales, el primer mandatario anunció un aumento salarial de 60% para los médicos al servicio del Estado. El incremento se hará efectivo a partir del 01.11.07 y se financiará, según el primer mandatario, con recursos adicionales petroleros. (El Universal, 09.10.07, http://noticias.eluniversal.com/2007/10/09/pol_art_chavez-anuncia-aumen_520434.shtml).
Por su parte, la Federación Médica de Venezuela (FMV) consideró insuficiente el incremento salarial. Según sus afirmaciones, el salario de los médicos en Venezuela es el tercero más bajo en Suramérica. Sus voceros cuestionaron las diferencias salariales que existen entre los médicos que trabajan en el sistema formal de salud pública y quienes trabajan para la Misión Barrio Adentro y que tras el aumento devengarán 2,5 millones de bolívares, casi el doble de lo que recibirán en los hospitales públicos (Bs 1.375.000 mil). (El Universal, 11.10.07, http://noticias.eluniversal.com/2007/10/11/pol_art_salario-de-medicos-e_522951.shtml)
Enmarcados en el nivel II de la Misión Barrio Adentro, el 30.09.07 fueron inaugurados siete Centros de Diagnóstico Integral (CDI), dos de ellos en Aragua, tres en el Distrito Capital, uno en Lara y uno en Miranda. De la misma forma se inauguraron seis Salas de Rehabilitación Integral (SRI), ubicadas dos en el Distrito Capital, dos en Miranda y dos en Portuguesa, así como dos Centros de Alta Tecnología (CAT), uno en la zona de Montalbán, Caracas, y otro en Puerto Ordaz, estado Bolívar. El Presidente Chávez destacó los avances al respecto, sin embargo exhortó a las distintas instancias de la administración local, regional y nacional a trabajar en el particular con mayor énfasis para poder alcanzar los objetivos de contar con 600 CDI, 600 SRI y 35 CAT a disposición de todos los venezolanos. (Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, 30.09.07, http://www.minci.gob.ve/noticias_-_prensa/28/16029/inaugurados_siete_nuevos.html)
En Caracas, personal médico afirma que en el Hospital Vargas sólo funcionan de manera irregular 3 de los 13 quirófanos del centro asistencial. En la sala de terapia intensiva funcionan 4 de las 8 camas. Sólo se cuenta con un equipo de rayos X, y por falta de equipo no se realizan mamografías, exámenes de gastroenterología, arterografías y tomografías. Los proyectos de remodelación de los pabellones del hospital no se han materializado y el suministro de medicamentos e insumos no es regular, por lo que el personal médico se ve obligado a solicitarles a los familiares desde suturas hasta cuentagotas. (El Universal, 01.10.07, http://www.eluniversal.com/2007/10/01/ccs_art_en-el-vargas-la-agon_499387.shtml)
Para la directora de la Secretaría Regional de Salud en el Zulia, Janine Perozo, la situación de los 28 hospitales adscritos a la Gobernación del estado es buena; sin embargo, precisa que existe un déficit de personal médico cercano a 20%. (El Universal, 26.09.07, http://noticias.eluniversal.com/2007/09/26/pol_art_centros-de-salud-del_495315.shtml). En el estado Monagas, se difundió la necesidad de construir un nuevo Hospital General, que desahogue al colapsado Hospital Manuel Núñez Tovar, único centro asistencial tipo IV que atiende las necesidades de sectores de Monagas, Sucre, Delta Amacuro, Bolívar y Anzoátegui. (El Universal, 27.09.07, http://www.eluniversal.com/2007/09/27/pol_art_colapsado-hospital-g_496668.shtml)
En el estado Carabobo el gremio médico, pacientes y sindicatos de trabajadores del sector salud han denunciado la precaria situación en la que se encuentra la red hospitalaria del estado, carencias de medicamentos, equipos y médicos, cuyo déficit fue estimado en 50% según información oficial de las autoridades de salud en la región. Ante estos señalamientos, el coronel Ricardo Hernández Lanz, presidente del Instituto para la Salud de Carabobo (Insalud), respondió que lo que existe es una «sensación de escasez». La realidad es que actualmente se trabaja bajo un régimen de «economía de guerra» que significa una máxima administración de los recursos con los que se cuenta. (El Universal, 01.10.07, http://www.eluniversal.com/2007/10/01/pol_art_hospitales-trabajan_503139.shtml)
En San Cristóbal el doctor Jhon Mora, director del primer centro asistencial de la ciudad, el Hospital Universitario José María Vargas, informó que el déficit de médicos no llegaba al 10%. Esta cifra contrasta con la denuncia realizada por el doctor José Ramón Carrillo acerca de la renuncia del 30% de los 283 médicos del centro asistencial. Otro galeno, el doctor Àngel Joves, explicó que en el área de Cirugía sólo hay 10 de los 18 residentes y hacen falta 6 internos. (El Universal, 28.09.07, http://noticias.eluniversal.com/2007/09/28/pol_art_deficit-de-medicos-a_499274.shtml)
En Barquisimeto, según cifras ofrecidas por el subdirector administrativo de la Dirección de Salud, doctor Marcos Saer, existe un déficit de 200 profesionales de la medicina. (El Universal, 29.09.07, http://www.eluniversal.com/2007/09/29/pol_art_escaso-presupuesto-i_501051.shtml). En otra información, se estableció que ciento ochenta médicos de distintas especialidades y 549 enfermeras más requiere el Hospital Universitario de los Andes (HULA) de Mérida, según la directora del principal centro asistencial de salud en la entidad, Linda Mora. (El Universal, 30.09.07, http://www.eluniversal.com/2007/09/30/pol_art_hospital-de-merida-p_501546.shtml)
Un centenar de afiliados a la Asociación de Jubilados y Pensionados de Caracas (Ajuptel), y otras organizaciones gremiales de los jubilados de la Cantv, realizaron una tranca de calle en la Avenida Baralt, a la altura del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en horas de la mañana del 09.10.07. El motivo de la acción era repudiar la instalación de las mesas de negociación a partir del 10.10.07, en el que exponían que verían vulnerados sus derechos laborales relacionados al pago de pasivos laborales adeudados desde hace más de 10 años.
Provea presenció la manifestación y consultó la opinión del abogado laborista y asesor jurídico de los jubilados y jubiladas Humberto Decarli, sobre el motivo de la manifestación: “La presidenta de la CANTV –declaró- se comprometió a pagar una parte de la deuda dictaminada por una experticia del Seniat, la cual está apelada, y después someterse a la decisión final de la Sala de Casacion Social del Tribunal Supremo, pero pidió la opinión de la Procuraduría General de la Republica y le sugirió hacer una transacción. Para ello recomendó solicitar al tribunal una mesa de negociación. Esta semana notificaron, mediante un cartel, que mañana constituirán la mesa de negociación, la cual es rechazada por los jubilados”
Si es una medida de conciliación, ¿Porqué los jubilados no están de acuerdo?
- La asociación de jubilados no está de acuerdo porque considera que eso es una bofetada a sus derechos, pues los mismos van a ser reducidos con esas transacciones. Esas transacciones lo que persiguen es poner fin al juicio, mediante una disminución o un pago menor, y finiquitar los recursos de control de legalidad que hay acá en el TSJ.
Según palabras de Decarli, los anteriores dueños de la ahora estatizada compañía de telecomunicaciones dejaron 900 millardos para el pago de esos pasivos, y con la experticia del Seniat apenas se ejecutarían 300 millardos. Los jubilados y jubiladas, por su parte, anunciaron que al día siguiente volverían a la sede del Tribunal Supremo de Justicia para protestar por la instalación de la mesa de negociación, pues a su juicio ellos no tienen nada que negociar, sino recibir el monto que se les adeuda por sus pasivos laborales.
Provea ha estado registrando la movilización de los jubilados. Noticias anteriores sobre este tema pueden verse en los siguientes enlaces:
http://www.derechos.org.ve/noticias/index.php?entry=entry070808-104316
http://www.derechos.org.ve/noticias/index.php?entry=entry070717-102104
El primer caso sucedió cuando el 22.09.07 fueron asesinados en el sector Aparay, de Valles del Tuy, Antonio José VILLANUEVA (25), quien se desempeñaba como sindicalista de la Unión Bolivariana de trabajadores (UBT) y deja huérfana a una menor de siete años. Dos sujetos lo interceptaron cuando salía de un local nocturno y sin mediar palabras, descargaron sus armas de fuego. Otra persona, identificada como Osmary José GARCIA (36) se encontraba en las afueras de su residencia cuando sujetos desconocidos le dispararon. La víctima era trabajador de la Era trabajador de la construcción y dirigente sindical de la Unión Bolivariana de Trabajadores (UBT). (Ultimas Noticias, 24.09.07, Pág. 32).
El tercer caso lo constituyó un delegado del Sindicato de Trabajadores de la Industria y la Construcción (Sutic), fue asesinado en el sector El Cardón de Carapita delante de su esposa y la menor de sus cuatro hijos en la mañana del 10.10.07. La víctima fue identificada como Alberto Neptalí MUÑOZ (35). Sus allegados no descartan que el líder de otro sindicato haya contratado a los sicarios, puesto que había sido amenazado de muerte. (Ultimas Noticias, 11.10.07, Pág. 32).
Según las proyecciones realizadas por Provea este año se superará la cifra de víctimas del año 2006, cuando 21 dirigentes sindicales murieron por violencia relacionada a la obtención de empleo en el sector construcción.
Pdvsa y los trabajadores petroleros acordaron el aumento del salario en el sector en 13.000 bolívares diarios, discriminados en 12.000 bolívares a la firma del contrato y 1.000 bolívares al siguiente año, según comunicaron los miembros de la comisión negociadora del contrato colectivo 2007-2009. «Luego de 24 horas de discusión se logró la firma y esta negociación llega a término, ahora el trabajador petrolero se ubica en 44.000 bolívares diarios aproximadamente, así como la ayuda de ciudad que pasa de 120.000 bolívares mensuales a 150.000, también de connotación salarial», señaló el dirigente sindical Eudis Girot, según destacó un comunicado de prensa.
Por su parte, Argenis Olivares destacó que la cláusula 12 de la comida por extensión de la jornada pasó de 4.000 a 7.000 bolívares, «la tarjeta electrónica de alimentación pasó de 750.000 bolívares a 950.000 bolívares y la misma quedará indexada al índice inflacionario del BCV, es decir cuando suba la inflación subirá el costo de la tarjeta», dijo Olivares. (El Universal, 01.10.07, http://www.eluniversal.com/2007/10/01/eco_art_petroleros-y-pdvsa-f_503158.shtml)
El ministro para las Relaciones Interiores y Justicia, Pedro Carreño, informó que desde el 1 de enero de 2007 hasta el 09 de octubre se contabilizan 38 personas fallecidas y 28.475 familias afectadas por el impacto de las lluvias en toda la geografía nacional.
En el mismo período las autoridades encargadas reportaron a 136 mil 606 personas afectadas por los aguaceros, 3 mil 108 resultaron damnificadas, 22 fueron lesionados, 28 mil 50 viviendas familiares perjudicadas y 627 viviendas destruidas en su totalidad.
Ante esta situación, el funcionario señaló que el Gobierno Central y las diversas gobernaciones han tomado acciones enérgicas para reducir el impacto de las lluvias en la población venezolana. (El Universal, 09.10.07, http://noticias.eluniversal.com/2007/10/09/pol_art_lluvias-dejan-38-fal_519249.shtml)
Al cierre del mes de agosto, la tasa de desempleo en Venezuela se ubicó en 8,6%, es decir, un millón 69.216 desocupados, lo que significó una baja igual a 1,9 puntos porcentuales en comparación con el 10,5% (1 millón 288.627 personas) registrado en agosto de 2006, informó el Instituto Nacional de Estadística (INE). De modo que entre agosto de 2006 y agosto pasado, 219.411 personas se ubicaron en puestos de trabajo.
En la reducción de la población desempleada influyó de modo notable el ingreso a puestos de trabajo de 139.518 mujeres que se hallaban desocupadas, frente a un ingreso de 79.893 hombres que no tenían trabajo.
Por otro lado, en la economía formal trabaja el 55,9% (6 millones 334.824 personas) de la población ocupada. En consecuencia, los trabajadores en la economía formal han aumentado en 270.972 personas, principalmente mujeres (182.419 personas). (Ultimas Noticias, 22.09.07, Pág. 22).
Según los indicadores monitoreados por el Banco Central de Venezuela (BCV) la tasa de inflación aumentó un poco para el mes de septiembre, ubicándose en 1,3%. Esta cifra es ligeramente mayor a la registrada en el mes de agosto (1,1%), pero menor al 1,9% registrado en septiembre de 2006. El servicio de educación fue el que registró el alza de precios más elevada en septiembre. Su Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue 4,2%. Dentro de ese grupo, el IPC de la educación superior fue 8%, el de la educación preescolar y básica 3,5% y 2,4% la educación secundaria, por aumento en las matrículas de inscripción y las mensualidades. Los precios en restaurantes y hoteles también aumentaron significativamente. Su IPC subió de 1,3% en agosto a 3,4%. (Ultimas Noticias, 02.10.07, Pág. 19).
Por otra parte, el costo de la canasta alimentaria de los trabajadores para el mes de septiembre fue de 969.475 bolívares, lo que representa un alza de 3,9% con respecto a agosto, según los datos del Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores (Cenda). Nueve de los once rubros que componen la canasta registraron aumentos. Las alzas más significativas se notaron en el grupo de granos (10,9%), leche, queso y huevos (8%), grasas y aceites (7,6%) y carne (5,7%). También subieron los precios de las frutas, azúcar, bebidas, tubérculos y pescados. En lo que va de año el costo de la cesta de alimentos ha aumentado 19,5%. El Cenda señala que con el actual salario mínimo (614.790 bolívares) sólo es posible comprar 63,4% de la canasta alimentaria. (El Universal, 02.10.07, http://noticias.eluniversal.com/2007/10/02/eco_art_cesta-alimentaria-cu_504826.shtml).
Según cifras recopiladas por la encuestadora Datos, entre enero y mayo de este año el consumo de alimentos registró un aumento de 30%, y en la desagregación de ese consumo destaca que en lácteos el repunte fue de 22% y en productos básicos estuvo en 16%. La mayor liquidez ha permitido que el poder adquisitivo se recupere, especialmente en los grupos con menores ingresos.
En el estrato E, que agrupa a 58% de la población, el ingreso se ha recuperado en términos reales, y ya acumula más de 900.000 bolívares. En los estratos D y E, que tienen a 23 y 15% de la población, el ingreso ha subido, pero no en los mismos niveles. De acuerdo con la información de la firma, los ingresos en el grupo D están por encima de 1,2 millones de bolívares y en el E, 2,2 millones de bolívares. (El Universal, 04.10.07, http://noticias.eluniversal.com/2007/10/04/ccs_art_consumo-de-alimentos_507550.shtml)
• La Asamblea Nacional debe promulgar una reforma a la LOT que cumpla con la Disposición Transitoria cuarta de la Constitución Nacional en lo que concierne a la retroactividad de las prestaciones sociales
• Tomar medidas que faciliten el acceso al primer empleo a la población joven, así como la integración a la fuerza de trabajo de personas con discapacidad.
• Desarrollar políticas públicas eficaces que propicien condiciones favorables a la promoción del empleo digno, y la reducción de la pobreza.
• Profundizar los mecanismos de supervisión a cooperativas, a fin de impedir que se utilicen como forma de flexibilización de las relaciones laborales.
• Profundizar las medidas estatales para fomentar el empleo decente, que beneficie a hombres y mujeres por igual.
• Investigar y sancionar los hechos de violencia de los que han sido víctima sindicalistas y desempleados en el marco de las adjudicaciones de empleo en las empresas y obras públicas.
• Garantizar la realización de consultas tripartitas para el incremento anual de los salarios, y en general, para la toma de decisiones que inciden en la vida de los trabajadores.
• Tomar las medidas necesarias para garantizar una actividad más eficiente de las Inspectorías del Trabajo en el control de cumplimiento de la medida de inamovilidad laboral, las prácticas de flexibilización para evadir obligaciones con los trabajadores y el pago de remuneraciones inferiores al salario mínimo.
• Adecuar la normativa laboral para ubicar la edad mínima para el trabajo en 16 años, de acuerdo con la recomendación N° 146 de la OIT. (Provea, 22.07.07, http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2005_06/pdf/2018/01/exigencias.pdf)
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
REFORMA CONSTITUCIONAL
ARTÍCULOS
Del 20 de agosto al 20 de septiembre 2007
Boletín electrónico Nº 190
EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE SEPTIEMBRE
08 Día Internacional de la Alfabetización
09 Día de la Agricultura
11 Aniversario de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz
16 Día Internacional de Protección de la Capa de Ozono
18 Día Mundial de las Playas
21 Día Internacional de la Paz (3er. martes)
26 Día Mundial del Corazón
28 Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y El Caribe
CONTEXTO
El Boletín electrónico «Derechos Humanos y Coyuntura» cuenta con una versión resumida para imprimir en formato pdf. La misma consta de 4 páginas tamaño carta pensada para los lectores que poseen poco acceso a internet, así como para ser difundida y distribuida en comunidades, centros de estudio y grupos organizados, por medio de impresiones o fotocopias. Si desea descargar la versión impresa de DDHH y Coyuntura 190 visite el siguiente enlace: acá
PROVEA es una organización no gubernamental especializada en la defensa y promoción de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), que tiene como fin la plena realización de los derechos humanos y el respeto al Estado de Derecho, en el marco de una sociedad democrática y participativa. Toda acción que lleve a cabo PROVEA, apunta en última instancia a beneficiar a las víctimas o potenciales víctimas a las que el Estado no les garantiza o les viola sus derechos humanos, propiciando su protagonismo y la concientización de sus derechos.
Actualmente, PROVEA desde una perspectiva integral y multidisciplinaria realiza labores de:
- Documentación, investigación y difusión de la situación de derechos humanos en Venezuela.
- Promoción y educación en derechos humanos.
- Apoyo, asesoría y asistencia a grupos sociales en la defensa jurídica y extra-jurídica de sus derechos, ante instancias nacionales e internacionales.
- Promoción de políticas públicas y legislación favorable a los derechos humanos.
Con el fin de fortalecer y consolidar su trabajo, PROVEA se encuentra en la búsqueda de un/a Coordinador/a General quien, una vez contratado trabajará en la sede ubicada en Caracas, Venezuela.
En nuestra página web: http://www.derechos.org.ve puede encontrar más información sobre PROVEA, sus programas y actividades.
A. Descripción general del trabajo
Este es un cargo ejecutivo con significativas responsabilidades para PROVEA. El Coordinador/a General trabajará estrechamente con la Junta Directiva (Comisión Permanente) para implementar las políticas y programas de PROVEA, aprobadas por la Asamblea General, que se encuentran plasmadas en el Plan Estratégico 2007-2013.
Es un cargo tiempo completo de dedicación exclusiva, por un período de tres años, renovables previa evaluación por otro período similar.
Ya que PROVEA funciona a base a la construcción de consensos y de la participación democrática, el/la Coordinador/a General trabajará en forma colegiada, alcanzando liderando un equipo de coordinadores y un equipo de trabajo rentado y de voluntarios.
B. Responsabilidades
1.- Programáticas
- Pensar estratégicamente sobre el trabajo de PROVEA e identificar asuntos que merecen atención.
- Supervisión general del Plan Estratégico 2007-2013 de PROVEA.
- Sugerir, diseñar e implementar iniciativas de programa (en forma colegiada).
- Representación de PROVEA en eventos públicos y con contactos con organizaciones de derechos humanos, medios de comunicación, e instancias oficiales, dentro y fuera de Venezuela.
- Ayudar en mantener contacto con ONGs de derechos humanos y organizaciones sociales, tanto nacionales como internacionales.
2.- Programáticas
- Facilitar la gestión del Equipo Coordinador.
- Mantener el contacto con todos los miembros de la organización y asegurar la implementación de las políticas establecidas.
- Monitorear asuntos de personal, programa y presupuesto, y atender en forma consultiva, cualquier situación que lo amerite.
- Mantener al día la correspondencia institucional.
- Contratar los servicios de personal permanente o temporal de la institución.
- Acordar la celebración de convenios de cooperación e intercambio con organismos similares.
- En colaboración con la Administración, gestionar la presentación de proyectos y la búsqueda de su respectivo financiamiento.
C. Calificaciones
- Compromiso con la visión y misión de PROVEA en pro de la defensa y promoción de los derechos humanos.
- Habilidad para trabajar eficazmente con una Junta Directiva (Comisión Permanente), con un equipo asalariado, y con voluntarios en el marco de una organización donde las decisiones se toman por consenso.
- Tener alta motivación al logro y disposición a trabajar bajo condiciones de presión.
- Experimentado en el análisis político y conocedor de la historia, la política, y la cultura venezolana.
- Capaz de representar a PROVEA, su visión y su misión ante instancias oficiales, los medios de comunicación, las organizaciones no-gubernamentales nacionales e internacionales, etc.
- Habilidad para trabajar eficazmente y con sensibilidad en distintos ámbitos de relación tanto a nivel nacional como internacional.
- Tener capacidad y experiencia previa como Coordinador/a o Director/a Ejecutivo/a de una organización de derechos humanos, social o de organismos públicos (Fiscalía, Defensoría, Administración de Justicia, Ministerios del área social), o al menos como Responsable de programas o proyectos implementados por alguno de ellos. (Indispensable)
- Comprobada experiencia en derechos humanos.
- Vocación pedagógica, por cuanto deberá contribuir a la formación de sus compañeros de equipo y liderar equipos multidisciplinarios.
- Tener experiencia y/o entrenamiento en el tratamiento y resolución de conflictos.
- Habilidad para manejar un presupuesto y prácticas de contabilidad simples.
- Muy buena redacción y ortografía.
- Manejo básico del inglés, al menos escrito.
- Estar dispuesto y en condiciones de viajar nacional e internacionalmente.
D. Proceso para presentar la solicitud
Para ser considerada la solicitud debe incluir:
- Una carta explicando su motivación, experiencia y calificaciones (máximo dos cuartillas a doble espacio).
- Un Currículum Vitae.
- Tres referencias (incluyendo una de un/a empleador/a o supervisor/a; una de un/a colega de trabajo y una de un/a colega de otra ONG, grupos de iglesias u organización social vinculada su experiencia anterior) que puedan evaluar sus habilidades personales.
- Envíe de uno a tres ejemplares de trabajos escritos, preferiblemente informes/investigaciones/artículos escritos en su trabajo profesional.
- Disponibilidad de comenzar a trabajar inmediatamente. Fecha de incorporación: 1° de noviembre de 2007.
Por favor llevar su solicitud personalmente a la oficina sede de Provea, antes del 17 de septiembre de 2007. Atención Comisión de Selección-Coordinación General. El sueldo base mensual es de 1.930.874,00 Bs. más beneficios de la L.O.T.
Dirección: Boulevard Panteón, Tienda Honda a Puente Trinidad, Edif.. Centro Plaza Las Mercedes, P.B. Local N° 6 . TE: 0212-862-1011 y 862-5333.
La persona debe tener formación en la disciplina del Derecho y graduada en una universidad nacional. Como mínimo con dos (02) años de experiencia en litigio, preferiblemente en derecho constitucional, administrativo y/o laboral.
Es igualmente deseable que posea habilidades pedagógicas teórico-prácticas en el área de los derechos humanos, pues el desempeño del cargo implica promoción y defensa de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC).
Debe contar con una excelente redacción y habilidades de oratoria para desempeñarse hábilmente en juicios orales, foros, talleres y otras actividades pedagógicas.
Igualmente, se requieren capacidades en la planificación, monitoreo y evaluación de actividades a su cargo. Debe tratarse de una persona comprometida con la defensa de los derechos humanos de todas las personas y, en particular, que privilegie la perspectiva de defensa y promoción de los sectores sociales más discriminados y excluidos.
Debe poseer habilidades para la investigación, redacción de documentos, formulación de análisis jurídico y político, con perspectiva de derechos humanos; elaboración de propuestas de políticas públicas con perspectiva de derecho; para asumir vocería pública y representación institucional, con públicos diversos (instituciones públicas, organizaciones sociales de diverso tipo o medios de comunicación). Con capacidades para trabajar en situaciones de presión, en equipos de trabajo y en horario no convencional. Debe residir en el área metropolitana de Caracas y estar dispuestos(as) a viajar dentro y fuera del país, cuando los requerimientos del cargo así lo exijan.
Indispensable que la persona postulante cuente con conocimientos de los programas Microsoft Office Word, Excel y Power Point.
Las condiciones laborales son las siguientes:
Salario: Bs. 1.375.000
(no incluye las deducciones establecidas por ley: SSO, LPH y Paro Forzoso) + Cesta Tickets + otras bonificaciones de acuerdo al reglamento interno de la organización.
Los y las interesados(as) en el cargo deben enviar su Currículo-Vitae con carta anexa que indique las motivaciones por las cuales desea trabajar en una organización como Provea, hasta el lunes 1 de octubre de 2007. Las entrevistas con los preseleccionados(as) se desarrollarán desde el jueves 4 de octubre. La/os seleccionada/os en la entrevista deberán realizar una prueba que medirá redacción, capacidad de análisis jurídico y resolución de problemas jurídicos. Los candidatos seleccionados se incorporarán a trabajar el 15 de octubre.
Enviar CV a las siguientes direcciones electrónicas: [email protected]; [email protected] o entregarlo físicamente en la sede de Provea: Bulevar Panteón. De Tienda Honda a Puente Trinidad. Edificio Centro Plaza Las Mercedes. PB. Local 6. Parroquia Altagracia.
Desde hace 18 años, Provea realiza un monitoreo de la situación de los Derechos Humanos en el país, el cual plasma en un informe que presenta a finales de año, en formato libro. Esta publicación es consultada por funcionarios públicos de alto nivel, organizaciones sociales, académicos e investigadores, comunicadores sociales y público en general. Para este año, deseamos abrir un concurso para seleccionar a la persona que diseñará la portada.
La ilustración debe reflejar alguno de los tres ejes resaltados por el informe de este año:
1) Socialismo del Siglo XXI y Derechos Humanos
2) Reforma Constitucional
3) Inestabilidad jurídica y de las instituciones
La técnica de diseño es libre, pudiendo utilizar fotografías digitales completas y/o en collages e ilustraciones. Las medidas de la portada son 22,1 cm de alto por 15 cm de ancho. La composición debe respetar la tipografía tradicional utilizada en el informe: “Situación de los Derechos Humanos en Venezuela. Informe anual octubre 2006 / septiembre 2007” en la parte superior y “Provea, Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos” en la esquina inferior izquierda. La portada será impresa a full color. Para darse una idea de esta composición y del diseño de las últimas 4 portadas del informe, visitar http://derechos.org.ve/concursoportada.htm .
El proyecto seleccionado, el cual debe entregarse en una resolución de 300 dpi, recibirá una remuneración de 900.000 Bs, además de los créditos en la publicación y (05) copias del libro impreso. La propiedad intelectual del diseño ganador pasaría a ser de Provea.
Los bocetos pueden enviarse vía digital en baja resolución a la siguiente dirección: [email protected] , con copia a [email protected] , hasta el día lunes 01 de octubre de 2007. El envío de bocetos no tiene limitación, y cada persona puede enviar los bocetos que desee. Se seleccionarán los dos mejores bocetos, y sus autores serán contactados para una entrevista, a realizarse los días 4 y 5 de octubre.
En la mañana del 20.09.07 fue presentado, en las instalaciones de la Vicaría de Derechos Humanos de Caracas, su Informe 1997-2007 sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela. El mismo fue realizado por un equipo interdisciplinario de investigadores, entre los que se encontraban Raul Cubas y Lorenzo Labrique de Provea.
La investigación estableció que durante los últimos 4 años ha existido un aumento en la cantidad de ataques a defensores de derechos humanos. Entre los años 1997 y 2003 se registraron 30 casos, incrementándose la cifra desde el año siguiente. En total, durante los últimos 10 años se registraron 71 casos de ataques u obstáculos que originaron 101 violaciones a los derechos de estas personas u organizaciones. De este total, el 26,73% corresponde a amenazas, siendo el ataque más frecuente. Luego se encuentran las campañas de desprestigio con el 18,81% de los casos; las agresiones con 14,85%; los actos de seguimiento y vigilancia con el 8,91%, y las ejecuciones extrajudiciales con el 5,94%.
El resto se refiere a la iniciación de acciones judiciales; a violaciones al domicilio u oficina del activista; y a detenciones arbitrarias, con el 4,95%, cada una. Los tipos de ataques menos recurrentes son la aplicación de controles financieros y administrativos arbitrarios contra las ONG, con el 3,96% de los casos; los atentados mortales fallidos; y las restricciones a la información pública en poder del Estado, con el 2,97% en cada uno de ellos.
Por primera vez en la historia democrática de Venezuela, en este período se registran asesinatos y ejecuciones de defensores y defensoras de derechos humanos, los cuales suman 72, desagregados en 6 defensores de derechos humanos pertenecientes a ONG o a comités de familiares de víctimas de violaciones al derecho a la vida; 52 defensores de derechos laborales y 14 defensores del derecho a la tierra. En el primer caso, en cinco de las muertes se presume la participación de funcionarios del Estado; en el caso de defensores de derechos laborales y del derecho a la tierra, se presume la participación de funcionarios del Estado en dos muertes, una en cada categoría de defensor. En síntesis, la responsabilidad del Estado se presume en la muerte de 7 defensores de derechos humanos en general. En el resto de los defensores asesinados (65) se presume la participación de agentes no estatales, bajo la modalidad de “sicariato” o “muerte por encargo”.
Según las conclusiones del informe, el Estado venezolano ha incumplido sus obligaciones respecto de facilitar los medios necesarios para que los defensores y defensoras de derechos humanos realicen libremente sus actividades; protegerlos cuando son objeto de amenazas para evitar los atentados a su vida e integridad; abstenerse de imponer obstáculos que dificulten la realización de su labor, e investigar seria y eficazmente las violaciones cometidas en su contra, combatiendo la impunidad.
Si desea descargar el texto completo del informe, lo puede hacer de la siguiente dirección:
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) realizó un llamado a los Estados miembros para que aprobaran leyes de acceso a la información, que garanticen a los ciudadanos el control social sobre las gestiones gubernamentales.
Tras la presentación de un texto redactado por el relator especial para la Libertad de Expresión, el venezolano Bernardo Álvarez, quien presentó el Estudio Especial sobre el Derecho de Acceso a la Información, se determinó cómo se comportan los gobiernos de todo el mundo en ese sentido.
A pesar de que países como Trinidad y Tobago, México, Panamá, Perú, Jamaica, Ecuador, República Dominicana y Honduras poseen leyes al respecto, aún Venezuela está en mora con los ciudadanos que, a pesar de la Constitución, no poseen una herramienta legislativa que obligue al Estado a entregar datos oficiales cuando se soliciten. El relator expresó en su informe que «los Estados miembros deben demostrar mayor voluntad política para empeñarse en la enmienda de su legislación, así como en la asignación de recursos para su implementación». Álvarez informó que durante este año 2007 harán otros estudios vinculados al tema para precisar las prácticas de los Estados, fomentar la transparencia y la lucha contra la corrupción entre países. (El Nacional, 25.08.07, N/6)
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
La viceministra de Programas y Proyectos Educativos del Ministerio del Poder Popular para la Educación, Iris Sánchez, informó el 03.09.07 que las clases se iniciarían oficialmente el 17.09.07 en todo el país. Agregó que la propuesta del cambio de huso horario del país, que implica añadirle media hora a la hora actual, aún no ha sido aprobada, por lo que ese día los estudiantes deberán acudir a sus planteles como de costumbre.
La funcionaria estimó en cinco millones el número de alumnos que iniciarán el nuevo año escolar contando únicamente los que van a escuelas nacionales. Agregó que hubo un aumento de 30% de la matrícula y que debido a ello ha habido mayor necesidad de cupos, sobretodo en los primeros grados, por lo que para solventar ese problema se están construyendo nuevas escuelas a nivel nacional. «El 16 de este mes inauguramos 22 nuevos planteles y, aparte, cada estado y alcaldía está haciendo sus propias construcciones». (Ultimas Noticias, 04.09.07, Pág. 4)
Gustavo Borrego, coordinador de enlace comunitario del Centro Simón Bolívar, afirmó que más de mil 500 personas habían sido atendidas en la primera jornada de atención de la Misión Milagro con unidades móviles, realizada en Parque Central, Caracas.
Asimismo, señaló que esa primera jornada tiene como objetivo fundamental la captación de pacientes con los problemas visuales cataratas o pterigium que ameriten intervención quirúrgica, los cuales son remitidos a la red de hospitales de la misión donde se les ofrece atención médica especializada para procesar su operación.
Explicó que a quienes se les diagnostican otras patologías, como miopía y astigmatismos, se les suministran los lentes correspondientes de forma gratuita. (Agencia Bolivariana de Noticias, 28.08.07, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=101587&lee=Array[0])
El presidente Chávez anunció la construcción de 15 nuevos hospitales generales, los cuales estarán especializados en un área. Dijo que uno de los centros será construido en la urbanización Montalbán, al lado del Cardiológico Infantil, y será destinado a atender pacientes adultos con cardiopatías. Según informó, también se crearán el Centro Nacional del Cáncer, en Guarenas (Miranda), uno de Gastroenterología en El Vigía (Mérida), un Urológico en Valle de la Pascua (Guárico); uno Toxicológico en Barinas y un Materno-Infantil en San Fernando (Apure). Las declaraciones del primer mandatario se realizaron en el acto de inauguración de la Residencia Hospitalaria de Cardiología Infantil Latinoamericana. (El Universal, 21.08.07, http://www.eluniversal.com/2007/08/21/pol_art_chavez-cerrara-clini_416426.shtml).
El viceministro del Trabajo, Rafael Chacón, explicó que la inclusión de los consejos obreros como órgano del Poder popular, en el marco de las modificaciones a la Constitución Nacional propuestas por el presidente Hugo Chávez, no significará menos atribuciones a los sindicatos.
En un comunicado de prensa el funcionario resaltó que el papel de esas instancias será la participación en la planificación, evaluación y control de la gestión de las empresas de producción social. «Hay gente que ha tergiversado esta propuesta. Los sindicatos continuarán administrando las convenciones colectivas y defendiendo los derechos de los trabajadores», enfatizó Chacón.
Por ello, el viceministro del Trabajo hizo un llamado a los trabajadores para que se involucren en el debate sobre la reforma a la Carta Magna, al resaltar que la misma no solo afecta a la masa laboral por la reducción de la jornada a 36 horas semanales, sino que también contribuirá a otorgar más poder a los trabajadores. (El Universal, 03.09.07, http://www.eluniversal.com/2007/09/03/eco_art_consejos-obreros-y-s_450769.shtml). La figura de los consejos obreros aparece en la propuesta de reforma constitucional en el artículo 70 como uno de los medios de participación y protagonismo del pueblo, los cuales serían regulados por una próxima ley establecería las condiciones para el efectivo funcionamientos de los mismos.
En una resolución publicada en Gaceta Oficial No. 38.750 del 20.08.07 se indicó que las soluciones habitacionales que se ejecuten con los recursos del Fondo de Ahorro Obligatorio y demás mecanismos que administre el Banco Nacional de la Vivienda y Hábitat deberán cumplir determinadas características.
El Ministerio de la Vivienda contempla dos modalidades de casas. La primera es una solución habitacional de 62 metros cuadrados que deberá tener tres habitaciones y la segunda es una unidad de 50 metros cuadrados con dos habitacionales. Las viviendas pequeñas estarán dirigidas a las familias nuevas o los adultos mayores. El núcleo familiar será de máximo tres personas siempre y cuando no tengan vivienda.
El despacho contempla que en las construcciones se tienen que establecer áreas para la ampliación de las unidades. En ese sentido, se destaca que en el caso de los desarrollos horizontales (casas) se tiene que tomar la previsión de un área adicional de 75 metros cuadrados. La disposición apunta que las viviendas tienen que cumplir con otros requerimientos como la aplicación de sistemas constructivos que permitan el uso de insumos y componentes producidos en las zonas en las cuales se efectuarán las unidades y la optimización en el diseño de las instalaciones sanitarias y eléctricas, entre otros aspectos arquitectónicos. (El Universal, 22.08.07, http://noticias.eluniversal.com/2007/08/22/eco_art_ejecutivo-fija-condi_417991.shtml)
Durante el día 30.08.07 Provea recibió una llamada telefónica, de una habitante de Ojo de Agua, denunciando la realización de desalojos de manera irregular en el sector. Dos miembros del programa de Exigibilidad en Desc de Provea se movilizaron al sitio para corroborar la denuncia. Según las declaraciones de habitantes del sector, en horas de la mañana se presentaron un grupo de funcionarios policiales, funcionarios del Ministerio de Vivienda y Hábitat, seis agentes de la Guardia Nacional y dos maquinarias. El grupo tenía por objetivo desalojar dos viviendas, tras lo cual procedieron a tumbarlas. Según los testimonios, en una de las viviendas habitaban ocho personas, las cuales fueron trasladadas al urbanismo “Vista Hermosa”, ubicado en los Valles del Tuy.
Los vecinos de Ojo de Agua denunciaron que les habían prometido ser reubicados en otros sitios, ante su negativa de trasladarse a los Valles del Tuy, por lo que habían firmado una planilla en una reunión realizada el 27.08.07. Pero que a las personas que estaban desalojando las estaban trasladando precisamente a Vista Hermosa. Los habitantes rechazan esta alternativa debido a que las viviendas, las cuales denominan “las casitas” presentan defectos de construcción y solo poseen dos habitaciones, insuficientes para familias numerosas.
Los habitantes de Ojo de Agua manifestaron su deseo de ser reubicados en una vivienda digna y cuyo hábitat ofreciera fuentes de empleo y educación para los niños.
Los indígenas, damnificados y habitantes de zonas de alto riesgo; los ciudadanos mayores de 70 años; las mujeres y hombres solos que tengan cargas familiares; las personas con discapacidad y las personas que cumplan con los requisitos de ley y que tengan un ingreso promedio per cápita mensual menor a dos salarios mínimos, son denominados sujetos de protección especial dentro del Sistema de Elegibilidad de Beneficiarios de Vivienda, SEB. Este mecanismo se estipuló el 27.09.07 en la Gaceta Oficial 356.426, del pasado lunes, tiene por finalidad definir los criterios de prioridad de la asistencia habitacional, la selección de los beneficiarios de la misma, así como para el otorgamiento del subsidio directo habitacional.
Una vez establecida la prioridad de atención, el postulante será incluido en el grupo que corresponda y al programa que mejor se le adecue. Para ello, igualmente, se crea el Registro Único de Postulantes, Comunidades Postulantes y Beneficiarios que se implantará en cada municipio del país. Los interesados deberán estar registrados en el Sistema de Seguridad Social, ser venezolano (en caso de ser extranjero deberá haber obtenido la nacionalidad), ser mayor de edad y deben haber presentado constancia de ahorro obligatorio o voluntario de vivienda. (Ultimas Noticias, 29.08.07, Pág. 4)
El pasado 09.09.07, una comisión de Provea se dirigió al urbanismo Vista Hermosa, ubicado en Nueva Cua, estado Miranda, para corroborar las denuncias realizadas por algunos habitantes del urbanismo. Como se recordará, Vista Hermosa es el complejo habitacional al que han sido reubicados parte de las personas que se encontraban en situación de riesgo en Ojo de Agua, ubicado en la carretera vieja a La Guaira, y cuyo desalojo fue ordenado por el presidente Hugo Chávez.
Como le expresaron los habitantes, un gran número de las familias reubicadas no poseen ningún tipo de documentación que certifique la tenencia jurídica de la propiedad. Acerca de la disponibilidad de servicios, facilidades e infraestructura del hábitat, Provea revisó algunos de sus componentes, inherentes del derecho a una vivienda digna.
La población del sector se encuentra en una situación de vulnerabilidad frente a emergencias de salud, debido a que dentro del urbanismo no cuentan con servicios médicos y el más cercano (ambulatorio) se encuentra en la población de Nueva Cúa, a 15 minutos de trayecto. En caso de emergencias de mayor gravedad deben recurrir a la Población de Cúa, ubicada a treinta minutos aproximadamente.
La zona no cuenta con módulos policiales u otros organismos de seguridad del Estado; en múltiples ocasiones han señalado que han sido victimas de delincuentes de las zonas aledañas. Dicha situación se agrava por los horarios de salida de las personas a sus zonas de trabajo (Caracas) que deben ser realizadas en horas de la madrugada.
Las viviendas son adecuadas para núcleos familiares pequeños (3 ó 4 personas), sin embargo en la mayoría de las viviendas el número de personas que la habitan son mayores, generando hacinamiento e incomodidades. Las viviendas solo cuentan con un baño; no poseen instalaciones para el aseo de enseres dentro de la cocina y por tanto deben hacerlo en las “bateas” ubicadas en la zona exterior de la vivienda, la cual presenta fallas en cuanto al desagüe, compartido con el lavamanos, originando saturación de las tuberías y generando botes y desprendimiento de las mismas.
Dentro el urbanismo se encuentran varios expendios de comidas y alimentos no perecederos, pero a pequeña escala y para hacer compras en gran cantidad deben hacerlo directamente en la población de Cúa. Por otra parte el servicio de agua potable es eficiente y adecuado. El servicio de energía también es adecuado; sin embargo se observan fallas en las conexiones (improvisadas) que van desde los postes hacia las viviendas. El servicio de aseo urbano realiza el servicio una vez por semana.
Uno de los principales problemas expresados por la comunidad es el acceso, ya que no poseen transporte público y el propio de la zona solo llega hasta la entrada del urbanismo, limitando las posibilidades de las personas de acceder a otros servicios, empleos (las personas que laboran en Caracas tienen que destinar un tiempo aproximado de dos horas para llegar a sus empleos), recreación, salud, entre otros. Es positivo que en la población se encuentran dos instituciones educativas, a diez y 15 minutos respectivamente, pero no se ha podido comprobar las capacidades de las mismas de acuerdo a la nueva población. Sobre la habitabilidad de las viviendas, Provea recibió varias quejas sobre los materiales de construcción, las cuales son procesadas por profesionales de la construcción para obtener una opinión calificada.
El pasado 26.08.07 se constituyó el primer Sindicato de Conserjes en Venezuela con un total de 1.265 trabajadores inscritos. La junta directiva espera que se sumen cerca de 28 mil conserjes que se congregaban bajo la Asociación Civil Conserjes de Venezuela, la cual se encargaba de representar al gremio ante las autoridades gubernamentales.
Marisabel Fajardo, presidenta del sindicato, indicó que la constitución de la nueva organización se debió a que las autoridades gubernamentales no los tomaban en cuenta, por ello sus asesores legales les aconsejaron organizarse como un sindicato. Entre las problemáticas que sufren los trabajadores de este sector y que esperan solucionar, se encuentra la obtención de tickets alimentarios y contar con un día libre entre semana para realizar sus diligencias legales, sin tener que pedir permiso; obtener seguro HCM; que se cumpla el horario de ocho horas establecida en la Lopcymat, debido a que la mayoría de los contratos de los conserjes se rigen por el artículo 285 de la Ley Orgánica del Trabajo, donde se estipula que «el conserje deberá tener un reposo mínimo de nueve horas consecutivas a partir de las 10 de la noche». (El Universal. 28.08.07, http://www.eluniversal.com/2007/08/28/ccs_art_conserjes-crean-sind_437644.shtml)
Representantes de diversas organizaciones sindicales del sector de la construcción se reunieron el 24.08.07 con el ministro de interior y justicia, Pedro Carreño, y Ramón José Rivero, titular de la cartera del Trabajo, para buscar mecanismos que disminuyan la violencia contra miembros de sindicatos, contratistas y trabajadores de la construcción.
Jesús Navarro, representante de Fetraconstrucción, organismo afiliado a la Confederación de Trabajadores de Venezuela, informó que en lo que va del año 2007 han muerto cien sindicalistas en actos violentos. Mientras que, las cifras aportadas por Carreño indican que en los últimos 3 años han muerto 37 sindicalistas en todo el país.
Stambul Rojas, presidente encargado de la Cámara Venezolana de la Construcción, considera que los homicidios, secuestros y lesiones sufridas por trabajadores de la construcción deben ser considerados un problema de orden público, y todos los organismos de seguridad deben intervenir para controlar la situación.
Rojas opina que la mayoría de los hechos violentos se presentan entre la clase obrera, por la búsqueda de puestos de trabajo. (Ultimas Noticias, 25.08.07, Pág. 32)
Luis Rodríguez se presentó en las oficinas de Provea, el pasado 17.08.07, para exigir justicia por la muerte de su hermano, Daniel Rodríguez, asesinado por sicarios relacionados a la violencia desatada en Bolívar por la obtención de puestos de trabajo. Luis tuvo que salir de la ciudad, debido a las amenazas contra su integridad física.
“Primera vez en mi vida que iba a trabajar en la construcción. Empecé a trabajar el 21 de mayo, en uno de los 28 edificios que construyen de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) en Puerto Ordaz”. Rodríguez afirmó que hasta ese momento su hermano no pertenecía a ningún sindicato, y era el delegado elegido por la comunidad para representar el porcentaje de trabajadores de la misma a ser incorporados en la obra. Del primer grupo de 25 obreros, los Rodríguez eran parte de los 6 no sindicalizados provenientes de las comunidades aledañas. Cuando Luis inicia sus labores, conoce que el salario de sus compañeros era cancelado con descuentos irregulares. Por ello Daniel convoca a una reunión entre las partes. “A los quince días de comenzar, mi hermano hace una reunión dentro de la obra, llamando a la CVG y a los dueños de la constructora. Mi hermano preguntó “¿Qué pasa aquí que están pagando fallo?, a uno le falta 80 a otro 50…”. La gente de la CVG le dice “tranquilo que eso se va a resolver, eso fue un fallo en el presupuesto para la construcción de estos edificios y eso se va a corregir”. Al siguiente día, Daniel recibe una llamada anónima desde un teléfono desconocido. “El día viernes lo llaman por teléfono y le dicen “Si sigues parando la obra te vamos a borrar”. Cuando el llega a la obra, caminando por la trocha, como a las 7 y 30 de la mañana, me lo comenta. Yo le dije “Hermanito, vámonos de aquí porque en estas obras matan a mucha gente”. El me dijo “Yo no me voy, porque si lo hago quedare feo con la comunidad”. Entonces le respondí, “hermano, si usted no se va yo tampoco me voy”. El me dio la mano y me dijo “cuento con su apoyo”. El 06.06.07, cinco personas no identificadas interceptan a Daniel y lo asesinan rumbo a la construcción. “Ese miércoles en la mañana llego a la obra en un camión que nos hacia el transporte. Cuando llegamos a la entrada del portón veo a una gente que viene corriendo y dicen “mataron a Daniel Rodríguez”. Salí corriendo del camión y cuando llegue al sitio donde lo emboscaron había 10 o 12 cartuchos, corrió 100 ó 150 metros con cuatro tiros en cada pierna”, declaró.
Tras el asesinato se sospecha de un miembro de Sinatracom, Richard Machado -alias “el policía”- de la autoría del crimen. “Richard el policía y mi hermano ya habían tenido pique, porque Richard quería sacar a la comunidad de allí. La prensa recogió que el era uno de los sospechosos de la muerte de mi hermano. El luego desmintió estas acusaciones. Yo seguí trabajando en la obra por respeto a mi hermano, y cuando me preguntaban yo les decía que había sido un sicariato, que no podía acusar a nadie, ni a Sinatracom ni a Sutrabolivar ni a la UBT”. Días después es asesinado Richard Machado y en el diario regional publican que lo habían matado por venganza, por lo que Rodríguez sale de la ciudad para proteger su integridad. Días después recibió una llamada que le informa que lo estaban buscando a él y a otro hermano.
Al realizar las gestiones con las autoridades competentes, el Fiscal primero del Ministerio Público le concede una custodia con la Guardia Nacional, pero a los días se retira del caso. Por ahora un fiscal nacional realiza las investigaciones, mientras Luis Rodríguez teme por su integridad y espera justicia por el crimen de su hermano, quien deja 4 niños huérfanos. Según las estadísticas, recopiladas por Provea, 46 personas han perdido la vida en Bolívar producto de la violencia sindical desde el 2004 hasta el 31 de mayo 2005. Por otra parte, 53% de las cifras nacionales de violencia sindical provienen del estado Bolívar.
En la propuesta de reforma constitucional presentada por el Presidente de la República, en su artículo 90, se estipula una reducción de la jornada laboral diurna de seis horas diarias y 36 semanales, y la nocturna de seis horas diarias y 34 semanales.
Al respecto, el ministro del Trabajo y Seguridad Social, José Ramón Rivero, afirmó que la reducción de la jornada laboral podrá aplicarse mediante acuerdos mutuos entre los empleadores y trabajadores, aplicando esquemas flexibles, como trabajar 8 horas de lunes a jueves y 4 horas los viernes; siempre y cuando no se excedan las 36 horas semanales. (Ultimas Noticias, 23.08.07, Pág. 26). El primer mandatario agregó que con la medida se reduciría un 5% la tasa laboral, estimación que fue refutada por el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de Consecomercio, Aurelio Concheso: “La reducción de la jornada afectará más a las pequeñas empresas del sector industrial. Los costos aumentarán y muchas de ellas podrían desaparecer o tendrán que integrarse a la informalidad”, dijo. Fuentes del sector de la construcción señalaron a un medio de comunicación que «la jornada laboral está regulada y establecida claramente en la Ley del Trabajo; sin embargo, en las grandes obras, los sindicatos exigen que se trabaje hasta 10 horas diarias, pues eso genera horas extras cuyo pago es más alto que el de la jornada regular. Por ejemplo, la hora extra diurna cuesta 75% más que la normal, y la extra nocturna 210% adicional». Contratar mayor cantidad de personal genera gastos extra sean cuales sean las circunstancias. No sólo en lo relacionado con los sueldos y salarios, sino en materia de prestaciones y otros compromisos contractuales. (El Nacional, 28.08.07, E/8).
Alejandro Uzcategui, presidente de Empresarios por Venezuela (Empreven), apuntó que enviarían a la Asamblea Nacional sus observaciones sobre el proyecto, solicitando que las empresas que tienen diez o menos empleados sean exceptuadas de la implementación del nuevo horario laboral. (Ultimas Noticias, 29.08.07). El empresario afirmó que con la reducción horaria aumentaría la productividad y la eficacia en el desempeño de las empresas (ABN, 28.08.07, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=101613&lee=Array[0]).
Por otra parte, un informe realizado por ODH Grupo Consultor, llamado Análisis Venezuela, calcula en un 25% el incremento de la hora trabajada, lo que traería un impacto directo sobre los costos de producción y precios de bienes y servicios. (El Universal, 29.08.07, http://noticias.eluniversal.com/2007/08/29/eco_art_reduccion-de-jornada_440058.shtml). Esta estimación fue matizada por el ministro Rivero, quien cotizó que el impacto en turnos rotativos y producción continua podrán elevarse en 25%, con la creación de un cuarto turno de trabajo, precisando que el incremento real estaría entre 4% y 5%, adicional a 20% de costo laboral que ya asumen esas empresas. El titular del Trabajo reiteró que la disminución de las horas de trabajo no implicará en ningún caso la desmejora de sueldos ni prestaciones. (Ultimas Noticias, 05.09.07, Pág. 21).
Representantes de Fedecámaras expresaron sus cuestionamientos a la propuesta. Para Néstor Borjas, presidente del gremio en Zulia, aplicar horarios escalonados no es conveniente para el actual nivel de productividad del país. «No están dadas las condiciones para aplicar esta diferenciación. Desde el Zulia exhortamos más bien al jefe del Estado para que apruebe desde ya vía decreto, la reducción de la jornada a seis horas». Por su parte, su presidente en Carabobo, Tulio Hidalgo, dice que hablar de turnos escalonados es muy prematuro: «Esto crea más angustia entre los trabajadores; hay que esperar a que se aprueba primero la reforma». (Ultimas Noticias, 11.09.07, Pág. 24).
Lusbi Portillo es docente de La Universidad del Zulia, egresado de la Escuela de Filosofía, con maestría en antropología. Desde hace unos años es coordinador de la ONG «Sociedad Homo et Natura» y miembro de la Federación Ecologista del Zulia. Portillo posee desde siempre un afecto especial por la Sierra de Perijá, desarrollando una relación estrecha con las comunidades indígenas Wayuu, Bari y Yukpa de la zona. Por esta razón, cuando se anunció la activación de los planes de expansión de la explotación carbonífera en la zona, así como la construcción de diversas infraestructuras, no dudó en integrarse al amplio frente de resistencia en la región.
¿En qué momento se encuentra el movimiento de resistencia a la explotación del carbón en el Zulia?
- Hemos tenido varios años de movilización. Comenzamos trabajando con los Bari, los Yukpa y desde hace 4 años con los Wayuu. Después de la marcha que hicimos el 31 de marzo del 2005 a Miraflores, estuvimos en el VI Foro Social Mundial cuando hicimos conocer al mundo que hay una gran amenaza a los territorios indígenas, de la biodiversidad, de los ríos y de la sierra del Perijá como tal. Todo el pie de monte de la sierra está entregado a una corporación del estado llamando Corpozulia, así como también directamente en concesiones a trasnacionales mineras. Esos planes van en función de elevar la explotación de carbón de 8 a 36 y 40 millones de toneladas. Eso significa reducir más aun los espacios tradicionales Wayuu, Bari y Yukpa, 12 rios grandes de la cuenca del lago de Maracaibo y los bosques que quedan al occidente del país. Eso seria un gran etnocidio y ecocidio en la región. Hicimos contactos a nivel internacional y comenzaron a llegar cartas a Miraflores, al Ministerio del Ambiente, las embajadas, en muchos países fueron grupos a las embajadas. Eso ocasionó que el presidente Chávez se pronunciara en contra del carbón. Lo ha hecho 6 veces, la ultima vez fue el último domingo de agosto, cuando dijo “bueno ese carbón produce recalentamiento de la tierra, yo di orden de que eso no se puede abrir”. Desde ese momento Corpozulia y los mineros pasaron a la clandestinidad, trabajando en las haciendas y en aquellas comunidades indígenas a donde les permiten entrar explorando, abriendo grandes zanjas en la tierra, recolectando, buscando muestras en forma clandestina. Ellos tienen el apoyo de la Comisión de Minas de la Asamblea Nacional y decidieron a cuenta propia, como lo difundió la Agencia Bolivariana de Noticias, que la Comisión iba a apoyar las acciones mineras de Corpozulia. Luego, el Vicepresidente de Minas del Ministerio de Industrias Básicas y Mineria también se pronunció a favor, anunciando que estaban esperando los permisos para abrir las minas de los irlandeses y las de una empresa norteamericana. Corpozulia estaría trabajando, desde el punto de vista político, para cercar el pronunciamiento presidencial, aislarlo del contexto político.
Haz denunciado en varias oportunidades que en las comunidades se está comprando el apoyo a los proyectos mineros. ¿De qué forma?
- Corpozulia está trabajando muy fuerte en las comunidades, regalando bolsas de comida, matando 4 o 5 vacas e invitando al pueblo a comer, dando cervezas y ofreciendo peluquería. Todo muy propio de la cuarta republica, pues mucha gente que está en el gobierno son de Acción Democrática y COPEI –partidos políticos del anterior status-, trabajando con Corpozulia y Pdvsa, en todos los ministerios y misiones. Todas las misiones en la región están bajo la tutela de Corpozulia. Por otra parte Corpozulia inmoviliza al Ministerio de Participación a la hora de conformar los consejos comunales. Por ejemplo, casi todos los consejos que se han nombrado en Mara, donde se van a hacer las nuevas minas, vías ferroviarias y puertos, son proclives a los proyectos mineros. En contraposición hay 7 consejos comunales que no son mineros y ha costado mucho. Corpozulia, dependiente del ejecutivo nacional, tiene mucho poder en la región. Han afirmado que van a aportar este año 50 billones de bs a los consejos comunales. Todo eso mantiene vivo la esperanza de que en cualquier momento el presidente haga un pronunciamiento a favor de la minería. Hay toda una componenda para ir trabajando soterradamente. En Corpozulia se agruparon todas las trasnacionales para ser representadas políticamente a través de su presidente, el general Martinez Mendoza. El tiene muchas raíces con todo el aparato militar que está en el gobierno.
Si bien el presidente Chávez ha anunciado que no se explotará el carbón en la zona, por otra parte anuncia proyectos de construcción de infraestructura minera en la zona.
- Ya tienen aprobado por el presidente todo lo que es infraestructura. La construcción de las vías ferroviarias esta muy avanzado, así como la construcción del puerto gabarrero en el sur del lago, llamado ahora Puerto Catatumbo. El mismo Puerto América, que ahora le han cambiado el nombre a uno más bolivariano: Puerto Bolívar. Todo eso ya esta dado y lo que falta es el carbón, la materia que van a exportar a través de las vías ferroviarias, que son varias. El carbón viajaría a través de la sierra del perijá buscando el golfo de Venezuela a través de Puerto América y de canales de navegación del Lago de Maracaibo. Toda esa superestructura tiene un problema: sobre el carbón están las comunidades que no permiten abrir esas minas. Ellos tienen, entonces, que aislarlas y dividirlas. Por ejemplo si necesitan diez trabajadores para explorar ellos contratan 30. Capturan a los muchachos jóvenes de las comunidades para trabajar en la exploración y les pagan sin hacer nada. Esto molesta al resto y empiezan las divisiones: “tu quieres vender las tierras de tu familia”. Están trabajando a dos niveles, uno a nivel interno de las comunidades, con 9 indígenas que son sus promotores trabajando en conseguir adeptos a los planes mineros, y también están trabajando en función de lo macro y lo político en Caracas, en los ministerios, en la Asamblea Nacional. Chávez no deroga las concesiones de carbón como se le ha solicitado, sino que en actos públicos hace referencia a su explotación y dice “detengan eso”, pero no hay un papel, un decreto o un documento jurídico en donde le diga a las trasnacionales “ustedes van pa´ fuera”. No lo ha hecho. Tampoco le quita a Corpozulia las concesiones. Eso es una moneda de dos caras, por una parte justificar, quedar bien ante el país y el mundo y decir “ese carbón no va”. Por otra parte, Corpozulia, que es un miembro del Estado, comienza a hacer todo un trabajo sucio, satanizando a los dirigentes indígenas.
Te han acusado en diferentes ocasiones de ser un agente de la CIA. ¿Qué otras estrategias utilizan para criminalizar el movimiento indígena y ambientalista que rechaza los planes mineros en el Perijá?
- Diciendo que son grupos minoritarios, grupos rebeldes, que no representan a nadie. Que no están bajo la tutela de Nohelí Pocaterra –diputada indígena-, Arcadio Montiel –diputado indígena-, el Consejo Nacional Indígena de Venezuela (CONIVE) y todos esos grupos que se parecen más a un partido político que otra cosa. El presidente del CONAVI, Rubén Palmar, es gerente de Corpozulia y Arcadio Montiel es directivo de Carbozulia.
Recientemente una delegación indígena Wayuu asistió al II Encuentro Zapatista con los pueblos del mundo en México y entregaron una carta al Subcomandante Marcos. Homoetnatura era uno de los signatarios de la misiva.
- En la carta a Marcos se dice que el gobierno venezolano no le ha entregado las tierras a los indígenas que ellos autodemarcaron, como dice la ley. En el caso Barí se demarcaron las tierras, pero las mismas que AD y COPEI ya habia entregado, minúsculos espacios. Las tierras originarios de los Barí y de los Yukpa, los dos únicos grupos vivos que han quedado en el Zulia además de los Wayuu y los Japreria, sus tierras hoy están llenas de alambres de púas y potreros. Hay comunidades que viven en 6 y 4 hectáreas, y ya no pueden crecer más. Esto ocasiona que comience el éxodo hacia Machiques y los barrios pobres, a pedir a Maracaibo y a Caracas a mendigar. Todas sus tierras son hoy de ganaderos. ¿Qué van a solicitar entonces? Tierras que son potreros y haciendas. Entonces les dicen que no, que el gobierno no va a comprar haciendas porque no le va a comprar todo el país a los indios. Hasta Luis Britto García sacó un artículo en la revista “A Plena Voz” en donde justifica que no se puede entregar tierra y hábitat a los indígenas porque eso significaría desmembrar el país. Es la misma tesis de Visconti, Angela Zago, Olavarria, Alan Brewer Carias y Otaiza, quienes discutieron los artículos indígenas en la Constituyente del 99. En el caso de los Barí fue imposible que la comisión del Ministerio del Ambiente midiera los espacios que ellos autodemarcaron. A los Yukpa tampoco les entregaron la tierra que solicitan. En otros países como Colombia y Panamá se le ha entregado tierra saneada a los indígenas. ¿Qué es tierra saneada?. Tierras libres de minas y ganaderos. Aquí no se va a entregar eso, se va a entregar tierras en donde los indígenas tienen que convivir con los mineros, las trasnacionales y los ganaderos. Se le dio toda una vuelta. No hacia falta ni una nueva constitución ni una nueva ley de tierras para hacer lo que están haciendo.
Representantes del Bloque Indígena Oriente y Sur del país denunciaron el 03.09.07 que «sin consulta previa a todos los pueblos indígenas» la ministra de los Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado, remitió ante la Comisión de la Ley Habilitante de AN una propuesta de reforma de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (Lopci).
«En dicha propuesta la ministra cambia arbitrariamente el término tierra y hábitat por territorios comunales, siendo el primero parte fundamental de nuestras cultural y además terminología que fue aprobada en su momento por la asamblea constituyente como el más adecuado para definir nuestro espacio de desarrollo», afirma José Luis González, ex constituyente y miembro de la Federación de los Pueblos Indígenas del estado Bolívar. Asegura que esto «representa una clara violación de los derechos individuales y colectivos consagrados en la Constitución, debido a que con dicha actuación se desconoce lo expresado en el artículo 119: «El Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social, política y económica (…)».
Por tal motivo, «rechazan de forma categórica la propuesta de reforma de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, presentada ante la Ley Habilitante, por el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas», expresa la resolución firmada por 150 indígenas reunidos en Asamblea General Extraordinaria de los Pueblos de Oriente y Sur del país, los días 1 y 2 de septiembre del año en curso. Los pueblos y comunidades indígenas que estuvieron representados en la asamblea fueron: Pemón, Kariña, Arawako, Akawayo, Cumanagoto, Warao, Piaroa, Jivi, Baré, Piapoco, Yekuana, Baniva, Kurripaco, Yeral y Warequena; de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de Amazonas (Orpia), Confederación Indígena Bolivariana de Amazonas (Coiba), Federación de Indígenas del estado Bolívar (FIEB), Organización Indígena de la Cuenca del Caura (Kuyujani), Unión de Comunidades Indígenas Warao (UCIW), Organización de Pueblos Indígenas de Anzoátegui (OPIA) y Conive Sucre. (Correo del Orinoco, 04.19.07, http://www.correodelcaroni.com/content/view/77083/149)
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) del área metropolitana de Caracas registró en el mes de agosto de 2007 una variación de 1,1%, mayor a la observada en el mes anterior (0,5%) y menor a la de agosto del año pasado (2,2%). Con este resultado, la variación acumulada del IPC al cierre del octavo mes del año se ubicó en 9,4%, inferior al 10,4% reportado en igual período de 2006. Es de hacer notar que la variación acumulada hasta el presente mes es la menor de los últimos cuatro años. El crecimiento del IPC durante el periodo reseñado fue impulsado por el alza de los precios de los rubros no controlados, al pasar de 0,4% a 1,8%, atenuado ligeramente por la desaceleración registrada en los rubros controlados (de 0,6% a 0,2%). (BCV, 01.09.07, http://www.bcv.org.ve/c4/notasprensa.asp?Codigo=5943&Operacion=2&Sec=False).
En el informe del Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cenda) se indica que en 8 meses el costo de la canasta básica para una familia de 5 personas se incrementó 9,3%, al pasar de 1.914.265 bolívares en diciembre de 2006, a 2.092.833 bolívares en agosto. En un año, el costo de esta cesta de productos y servicios se encareció en 303.065 bolívares (16,9%), por encima de la inflación anualizada, que se ubicó el mes pasado en 15,9%, según el Banco Central de Venezuela.
En el texto se señala que una familia que depende escasamente del ingreso de 2 salarios mínimos (1.229.580 bolívares), sólo puede adquirir 58,7% del total de la canasta básica de bienes. Para garantizar la adquisición de todos los productos y el pago los servicios requieren un ingreso adicional de 863.253 bolívares.
En el reporte del Cenda se sostiene que algunos productos como leche en polvo, aceite, azúcar, las caraotas continúan escaseando y en los establecimientos donde se consiguen se venden en cantidades limitadas por persona. En ocho meses, el valor de la canasta alimentaria se incrementó 15%, con lo cual los consumidores pagan 121.809 bolívares más que en diciembre de 2006 por los alimentos que consumen. La variación en un año es de 28,7%, lo que representa en términos reales 208.414 bolívares adicionales en comparación con el costo de esta cesta de productos en agosto de 2006.
El reporte del Cenda refiere que el costo promedio de los alquileres de una vivienda (2 habitaciones y un baño) en la Gran Caracas se ubica en 458.000 bolívares mensuales. «Observamos que las familias que demandan viviendas en alquiler se encuentran en una situación muy difícil porque no hay oferta de inmuebles para alquiler, la gran mayoría de los inmuebles que se ofertan es para la venta», apunta. En el caso del gasto en educación, en comparación con el año pasado se registran incrementos importantes en los precios de los cuadernos empastados, los cuales subieron 19%, y en los textos escolares, que se incrementaron en 20%. (El Nacional. 05.09.07, M/5).
• La Asamblea Nacional debe promulgar una reforma a la LOT que cumpla con la Disposición Transitoria cuarta de la Constitución Nacional en lo que concierne a la retroactividad de las prestaciones sociales
• Implementar adecuadamente el Régimen Prestacional de Empleo, garantizando la adopción de mecanismos eficaces para la creación de empleos dignos, y que asegure a los trabajadores frente a la pérdida involuntaria del empleo.
• Culminar con el proceso de cuantificación de la deuda laboral a los funcionarios públicos, y garantizar su pago oportuno.
• Desarrollar políticas públicas que disminuyan la brecha de género existente entre hombres y mujeres, en lo que se refiere a remuneración y al acceso a empleos.
• Tomar medidas que faciliten el acceso al primer empleo a la población joven, así como la integración a la fuerza de trabajo de personas con discapacidad.
• Desarrollar políticas públicas eficaces que propicien condiciones favorables a la promoción del empleo digno, y la reducción de la pobreza.
• Profundizar los mecanismos de supervisión a cooperativas, a fin de impedir que se utilicen como forma de flexibilización de las relaciones laborales.
• Profundizar las medidas estatales para fomentar el empleo decente, que beneficie a hombres y mujeres por igual.
• Dotar de marco legal a los procesos de cogestión y autogestión.
• Dotar de marco legal a la medida de solvencia laboral, armonizando sus disposiciones con otras leyes que regulan la actividad económica.
• Implementar mecanismos transparentes y equitativos para la adjudicación de empleos en las empresas y obras públicas.
• Investigar y sancionar los hechos de violencia de los que han sido víctima sindicalistas y desempleados en el marco de las adjudicaciones de empleo en las empresas y obras públicas.
• Garantizar la realización de consultas tripartitas para el incremento anual de los salarios, y en general, para la toma de decisiones que inciden en la vida de los trabajadores.
• Garantizar la autonomía sindical en los procesos eleccionarios de las directivas de los sindicatos, y asegurar que la participación del CNE se limite a brindar asesoría técnica.
• Garantizar que se ajuste anualmente el salario mínimo tomando como referencia el valor de la canasta básica normativa.
• Garantizar la plena implementación del sistema de control y promoción del sistema de seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuado.
• Tomar las medidas necesarias para garantizar una actividad más eficiente de las Inspectorías del Trabajo en el control de cumplimiento de la medida de inamovilidad laboral, las prácticas de flexibilización para evadir obligaciones con los trabajadores y el pago de remuneraciones inferiores al salario mínimo.
• Implementar mecanismos transparentes para la determinación de la representatividad sindical y garantizar que las negociaciones de los convenios colectivos se realicen con los sindicatos más representativos.
• Abstenerse de reprimir violentamente y sancionar a los trabajadores en ejercicio del derecho de huelga.
• Adecuar la normativa laboral para ubicar la edad mínima para el trabajo en 16 años, de acuerdo con la recomendación N° 146 de la OIT. (Provea, 22.07.07, http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2005_06/pdf/2018/01/exigencias.pdf)
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Una decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ordenó el enjuiciamiento de algunos de los funcionarios supuestamente involucrados en violaciones a los derechos humanos durante el deslave de Vargas, ocurrido en el año 1999. El 10.08.07, en ponencia de la magistrada Carmen Zuleta, el TSJ determinó que los ex agentes de la Disip, Casimiro Yánez y Justiniano Martínez, deben ser sometidos a juicio para determinar si son culpables de la desaparición de Marco Monasterios.
La orden de la sentencia fue dirigida especialmente «al juez de Juicio (…) que prosiga la causa penal, la cual se encuentra en el estado de que se celebre el juicio a los referidos ciudadanos». De esa manera, la Sala Constitucional anuló la sentencia 318 de 2006 de la Sala Penal que había determinado que la acusación de la Fiscalía era incorrecta porque había utilizado el delito de desaparición forzada de personas. (El Nacional, 25.08.07, N/6)
El Tribunal 39 de Control de Caracas dictó una medida cautelar de presentación periódica cada 15 días y prohibición de salida del país al periodista Leocenis García, de Reporte Diario de la Economía.
La decisión fue tomada ayer por Carlos Guerra, juez a cargo de la instancia, luego de que García se pusiera a derecho, 22 días después de que se le dictara orden de captura por haberse negado a comparecer para su imputación en relación con el proceso que se abrió a Rafael Ramírez, ex editor de Reporte por el supuesto chantaje del empresario Wilmer Ruperti.
Giselle Suárez, abogada del periodista, informó que la Fiscalía imputó a García por la supuesta comisión de los delitos de extorsión y asociación para delinquir, los cuales fueron aceptados por el Tribunal. (El Universal, 08.09.07, http://www.eluniversal.com/2007/09/08/pol_art_dan-libertad-condici_459358.shtml)
Funcionarios adscritos a la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) realizaron un allanamiento a la empresa Gráficas Madú, ubicada en la esquina de Plaza en San Agustín del Norte, en horas de la mañana del pasado 11.09.07.
Según la información, el allanamiento obedece a la presunción de que en esa imprenta se elaboraba material para campañas publicitarias subversivas para atacar el proceso de reforma constitucional. Trascendió que el detonante fue una propaganda publicada en días anteriores en un diario de circulación nacional.
Los funcionarios policiales requisaron la totalidad de las computadoras y equipos de trabajo de la empresa Gráficas Madú, la cual es propiedad de Alejandro Poleo, hijo del periodista y editor del diario Nuevo País, Rafael Poleo. (Ultimas Noticias, 12.09.07, Pág. 22).
“Una Ventana a la Libertad” Bloque de organizaciones para la transformación penitenciaria de Venezuela, denunció la falta de políticas penitenciarias eficaces y la indiferencia de los diversos Poderes del Estado encargados de velar por el respeto de los derechos humanos de reclusos.
Esta organización considera que “el privado de libertad se ha convertido para los mercaderes de la dignidad, en un gran negocio con muy buenos dividendos, que obtiene sus frutos en la medida que nuestras cárceles sean un caos y no funcionen. Mientras peor estén, “las mafias carcelarias” tienen mejores ingresos y es por eso que nuestras cárceles se han convertido el desastre que son ahora”.
Si desea conocer el comunicado completo, visitar
http://www.derechos.org.ve/noticias/index.php?m=09&y=07&entry=entry070917-122749
Maria del Rosario Galluci Guerrero y la red de derechos humanos de Venezuela, Foro por la Vida, convocaron a una rueda de prensa realizada el jueves 30.08.07, a las 11 de la mañana. En la misma se informó sobre la reciente orden de captura dictada por un tribunal tercero de control de Valle de La Pascua contra Galluci, una decisión que Provea considera como una maniobra intimidatorio acordada entre el gobernador del estado Guárico, Eduardo Manuitt, y un sector del poder judicial.
Como se recordará, Maria del Rosario Galluci es integrante del Comité de Víctimas y violaciones de derechos humanos del estado Guárico, «Soldados de Justicia, Paz y Libertad en la Cruzada contra la Impunidad», siendo una de las personas que públicamente denunció a la policía de esa región por estar presuntamente incursa en varias ejecuciones, responsabilizando al propio gobernador por su autoría intelectual. En ese período fue víctima de extorsión por parte de funcionarios policiales que fueron detenidos por el Comando Antiextorsión de la Guardia Nacional, y posteriormente dejados en libertad. A raíz de estas denuncias, la Asamblea Nacional (AN) designó una Comisión Especial la cual inició una investigación sobre los asesinatos ocurridos en Guárico, determinando la actuación de la policía regional y condenando políticamente al gobernador. El 21.04.06, Galluci fue víctima de un intento de homicidio, acusando a los guardaespaldas del primer mandatario regional del hecho. Después de este hecho, Provea y otras organizaciones de derechos humanos solicitaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenar medidas provisionales de protección y resguardo al Estado venezolano, las cuales se han venido cumpliendo hasta los actuales momentos.
La decisión de la orden de captura contra la defensora de los Derechos Humanos es producto de la acusación en su contra de porte ilícito de armas y aprovechamiento de cosa proveniente del delito, en un proceso judicial iniciado el año 2001. Al respecto la propia AN dictaminó que eran acusaciones infundadas para dañar la honorabilidad e intentar criminalizar a la denunciante. Para Marino Alvarado, coordinador general de Provea, la reciente decisión es una consecuencia de la campaña de descrédito realizada por el gobernador de Guárico contra la activista de derechos humanos por haber esta denunciado la presencia de grupos parapoliciales en la región. «Estamos seguros hay una maniobra entre Manuitt y un sector del poder judicial. Vamos a respaldar a Galluci no solamente frente a este proceso judicial, sino en la solicitud a la CIDH de que haya mayor vigilancia sobre el Estado venezolano sobre la medida de protección dictada a favor de Maria del Rosario». Maria del Rosario Galluci, por su parte, afirmó que «no tengo nada que temer», por lo que se pondrá a derecho, acompañada de sus abogados y de diversas organizaciones de derechos humanos. Asimismo, el Foro por la Vida exhortó a la Asamblea Nacional a desempolvar el informe de las investigaciones sobre las ejecuciones en el estado Guárico, considerando la importancia de avanzar en la lucha contra la impunidad.
• Diseñar políticas públicas en materia de seguridad ciudadana que incluyan los consensos que se acuerden en el proceso de reforma policial adelantado actualmente.
• Garantizar que los cuerpos de seguridad responsables de la seguridad ciudadana sean de carácter civil, con una adecuada formación que parta y consolide la noción de que su labor se debe a los ciudadanos y no en contra de éstos en procura de seguridad para el Estado.
• Diseñar programas de prevención en comunidades focalizados en la población especialmente vulnerable a la violencia letal. En este sentido, el análisis de la dimensión objetiva de la seguridad ciudadana da cuenta de una debilidad en las intervenciones sobre los delitos contra las personas, especialmente los homicidios y las lesiones personales, los cuales se insta a considerar de manera privilegiada en las intervenciones estatales.
• Crear un sistema de información acerca de la situación de criminalidad y violencia en el país.
• Propiciar la aplicación de encuestas de victimización que permitan realizar diagnósticos certeros respecto a la situación de la seguridad ciudadana. (Provea, 22.07.07, http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2005_06/pdf/2018/01/exigencias.pdf)
REFORMA CONSTITUCIONAL
ARTÍCULOS
NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS
Del 26 de julio al 15 de agosto 2007
Boletín electrónico Nº 189
EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE AGOSTO
04-08 Semana Mundial de la Lactancia Materna
09 Lanzamiento de la Primera Bomba Atómica sobre Hiroshima (1945)
09 Día Internacional de las Poblaciones Indígenas
12 Día Internacional de la Juventud
15 Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición
18 Promulgación del Decreto de Garantías que, entre otras cosas, eliminó la pena de muerte y el destierro (1863)
29 Día Internacional del Árbol
30 Día Internacional de los «Desaparecidos»
CONTEXTO
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Las regulaciones en los precios de los alimentos ha colocado a los vendedores informales en una posición importante en la cadena de abastecimiento. Medios de comunicación han podido constatar que este sector han contado con los productos escasos durante este año: caraotas, leche completa en polvo, azúcar y huevos. Asimismo, que los expenden a precios mayores que los estipulados por el ejecutivo nacional. (Ultimas Noticias, 30.07.07, Pág. 26). A pesar de esta situación la presidenta ejecutiva de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea), Marta Reixach, aseguró que no existía desabastecimiento en el rubro alimenticio (El Nacional, 31.07.07, E/8). Esta afirmación contrasta con la del presidente de la Cámara Venezolano Americana de Industria y Comercio (Venamcham), Edmond Saade, para quien más de 45% del total de los alimentos que se venden en los supermercados tienen fallas de inventario.
El ejecutivo implementó en la ciudad capital operativos especiales del Megamercal para expender los productos. (Ultimas Noticias, 05.08.07, Pág. 19). Se difundió que entre 3 millardos y 4 millardos de bolívares diarios se venden en alimentos y productos de la canasta básica en las bodegas de Mercal. Su presidente, Felix Osorio, señaló que se ha hecho mayor énfasis en la comercialización en megamercados y operativos al aire libre porque tienen mayor capacidad de venta. (El Nacional, 09.08.07, M/4).
El ministro de Alimentación, Rafael Oropeza, aseguró que estaba cubierto 72% del consumo de carne roja gracias a la importación proveniente de Colombia y Brasil. Al respecto, el presidente de la Corporación Casa, Omar Duarte, informó que han llegado al país 10 mil toneladas de carne que se han distribuido de inmediato para atenuar la escasez. Por otro lado, el titular del Minal también informó que llegarían al país tres cargamentos de huevos procedentes de Colombia, como parte de los 90 millones de unidades anunciadas. Oropeza informó que había supervisado la llegada de 1.900 toneladas de caraotas negras provenientes de Argentina y Estados Unidos, cuyos trámites de nacionalización se agilizarán para que sean distribuidas por la red Mercal. El Gobierno reconoció que persistía la escasez de rubros como la leche. Por ello se está estudiando la posibilidad de importar leche de soya y modificada proveniente de Brasil. Anunció que el Ejecutivo realiza reuniones con productores e industriales para encontrar soluciones a corto y largo plazo. (Ultimas Noticias, 02.08.07, Pág. 23). Cifras de la Cámara Venezolana de la Industria Láctea (Cavilac) apuntan que el consumo de leche se incrementó 10,2% entre 2003 y 2006, al pasar de 71,3 litros por persona a 78,6 litros en 2006. (El Nacional, 07.08.07, M/4).
El presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Avicultores, (Fenavi), Francisco Tagliapietra, Informó que «están produciendo alrededor de 70 millones de kilogramos de pollo mensuales, a nivel nacional y 900.000 cajas de huevos (de 360 unidades cada una) para consumo humano». No obstante, consideran que debe mejorar la producción nacional. (Ultimas Noticias, 29.07.07, Pág. 29). Por su parte, el presidente del Consejo Venezolano de la Carne, Convecar, Jaime Pérez Branger, alertó acerca del peligro que se corre cuando se estimula la demanda de carne, pero se descuida la oferta. «Los consumidores se sienten estimulados a comprar carne. Sin embargo, el sector oficial ha implementado una serie de medidas que lo benefician. Pero a nosotros se nos hace muy complicado satisfacer esa demanda porque no tenemos beneficios ni seguridad», señaló Afirmó que desde el año 1998 la producción ha disminuido en 1 millón de cabezas de ganado, mientras que la población ha experimentado un crecimiento de 25 millones a 27 millones de personas. Según Convenca, hacen falta en el país 600.000 cabezas de ganado. (El Nacional, 31.07.08, E/10).
Según un reportaje difundido por el Ministerio del Poder Popular para al Comunicación e Información, el rescate del rio Guaire tendrá resultados dentro de 5 a 7 años. En este sentido, anuncian la construcción y funcionamiento de la planta de tratamiento El Chorrito, la cual procesará las aguas servidas del casco central de Los Teques y zonas aledañas, que caen al Guaire, captará de 400 a 450 litros por segundo y cuenta con una inversión de 70,2 mil millones de bolívares. Se encuentra en un 95% de ejecución y fue construida en 12 meses superando el lapso previsto. De acuerdo con Alexis García, ingeniero encargado del Proyecto de saneamiento, la idea de construir esta planta, en los Altos Mirandinos, es para devolverle la calidad a todas estas aguas provenientes del río San Pedro, uno de los tributarios del Guaire.
El proyecto contempla su finalización en el 2014. García señaló que están estudiando la posibilidad de construir las próximas plantas, en este momento, piensan levantar una planta de tratamiento entre el tramo de lo que es Las Adjuntas y El Encantando en El Llanito, otros puntos a considerar serían Caricuao, cercanías de Plaza Venezuela, Chuao, y la cuenca del río El Valle. (Minci, 04.08.07, http://www.minci.gob.ve/reportajes/2/15134/el_rio_guaire.html)
El Ministro del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, Ramón Carrizales, respondió a una serie de informaciones que surgieron a partir del lanzamiento de la construcción de la Ciudad Socialista Camino de los Indios. El funcionario explicó que sólo 5 mil hectáreas, de las 11 mil que comprende la construcción, está en la zona protectora de Caracas.
El funcionario acotó que no se está construyendo en el Parque Nacional El Ávila y ahondó sobre las características de la construcción, los terrenos que ocupa, la diferenciación entre la zona protectora y el Parque Nacional El Ávila ; y la características de esta ciudad, que tiene como función el reubicar a un gran número de familias venezolana que viven en zonas inestables e inseguras, especialmente en el Área Metropolitana de la Ciudad de Caracas.
Explicó a los periodistas que el área protectora tiene un superficie de 67 mil hectáreas donde la Ciudad Socialista solo tocará 5 mil 700, esta construcción estará avalada por un estudio sobre el impacto ambiental que acarrearía la construcción del desarrollo habitacional y con una serie de medidas de mitigación de este impacto. (Minci, 31.07.07, http://www.minci.gob.ve/noticias/1/15031/ministro_carrizalescamino_de.html)
La organización ecologista «Homoetnatura» denunció en una comunicación que capitales mineros continuaban presionando para desconocer la posición presidencial y del Ministerio del Ambiente de parar la explotación de carbón en el Zulia. «Desde que el Presidente Chávez anunció en cadena nacional la paralización de la explotación de más minas de carbón en el estado Zulia (…) de inmediato se reactivó la estrategia para desconocer tal posición presidencial desde Corpozulia/Carbozulia y las distintas oficinas de las empresas multinacionales del carbón», afirmaron. «Se inició dicha estrategia poniendo en boca de supuestos líderes indígenas wayúu la necesidad de abrir las minas Socuy, Cachirí, Caño Seco y las Carmelitas; posteriormente utilizaron líderes obreros del sindicato del carbón de la empresa mixta Carbones del Guasare; luego consiguieron el pronunciamiento favorables de la nueva representante del Ministerio de Industrias Básicas y Minería (Mibam) en el Zulia, la ingeniera Aurora Rodríguez; más recientemente de los diputados presidente y otros miembros de la Subcomisión de Energía y Minas de la Asamblea Nacional así como del segundo representante nacional del Mibam». (Aporrea, 07.08.07, http://www.aporrea.org/ddhh/a39381.html). Como se recordará, diferentes etnias indígenas del Zulia, así como varias organizaciones sociales, han mostrado su rechazo a la ampliación de la explotación carbonífera en la zona, realizando en los últimos años diferentes movilizaciones.
Alex Caraballo, hermano de Orlando Pérez, dirigente sindical asesinado el pasado 02.08.07 en Guárico, se comunicó con Provea para denunciar amedrentamientos en su contra por parte de los presuntos asesinos de su familiar. En la noche del 07.08.07 el auto en el que se desplazaba junto a varios de sus compañeros fue detenido por el grupo BIA de la policía, quienes argumentaban que un rumor presente en la localidad de Santa Rita daba cuenta del inminente ataque por parte del grupo sindical acusado por la muerte de Pérez.
En relación al estado de las investigaciones sobre el asesinato, Caraballo afirmó que “Ahora hay datos muchos mas claros, hay algunas personas que son trabajadores que se han dado a la fuga, se han tomado declaraciones a los testigos. El viernes vamos a ir a Valle de la Pascua a dar unas declaraciones para intentar que el caso se solucione lo mas antes posible”. Caraballo, quien se desempeña como coordinador de área del estado Guárico por parte de la Unión Bolivariana de Trabajadores (UBT), agregó que “Nosotros no somos un sindicato violento, somos bolivariano, le hago un llamado a todos esos sindicatos que tienen años en esta lucha para que no distorsionen. Hay algunos que pertenecen a la CTV, como Fetraconstrucción y otros que se hacen llamar bolivarianos, que no tienen la verdadera directriz de lo que es el sentimiento sindical, han perdido su rumbo y lo que han hecho es rebajar y minorizar el poder adquisitivo de los trabajadores, y se prestan para vender empleos a los empleados, cosa que nosotros no toleramos”.
Provea se movilizó al estado Bolívar para investigar la problemática de la violencia sindical y próximamente difundirá un informe al respecto. (Provea, 02.08.07, http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2007/coyuntura_188.html#09)
Carlos Alberto Martínez, de 35 años de edad, fue asesinado de varias puñaladas y golpes, durante la madrugada del 05.08.07 en el sector 4 de Febrero de Ciudad Bolívar. El cadáver fue localizado pasadas las 7:00 de la mañana de este domingo, tirado en medio de un charco de sangre, en el patio de la residencia del hombre, quien se dijo se desempeñaba como dirigente sindical del sector construcción. (Correo del Caroní, 06.08.07, http://www.correodelcaroni.com/content/view/74469/149).
Por otra parte, diferentes organizaciones de trabajadores exigieron al Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia acciones contundentes para ponerle coto a la violencia en el sector construcción de la región Guayana, lo cual requería, a su juicio, el desarme inmediato de las bandas sindicales. (El Nacional, 09.08.07, C/15). El domingo 12.08.07 el titular del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social (Minpptrass), José Ramón Rivero, visitó Ciudad Guayana, aseguró que se reinstalarán las mesas de discusión para tratar el tema de la violencia en el sector y anunció la incorporación del Ministerio del Interior y Justicia (MIJ) a la misma. Rivero reiteró el planteamiento en cuanto a la implementación de un sistema automatizado de listas de trabajadores en espera como una salida a la violencia sindical, en el supuesto de que esta se genera por la pugna por un puesto de trabajo; además de ello habló de unificar a los gremios del sector.
El anuncio del ministro fue recibido con beneplácito por los presidentes de las organizaciones sindicales Sutic-Bolívar y Sutrabolívar, quienes calificaron de “saludable” la preocupación del ministro sobre el tema. Pero ambos sindicatos coincidieron en negar que la automatización del empleo sea la salida más idónea, pues “esto eliminaría una tradición de las listas en los portones y quizás hasta aumentaría la conflictividad”, dijo Asdrúbal López de Sutrabolívar. (Correo del Caroní, 14.08.07, http://www.correodelcaroni.com/content/view/75182/149)
Aunque la tasa de desocupación en el país cerró en 8,3% en el primer semestre de este año, el Ejecutivo Nacional consideró prudente reubicar la meta de desempleo de este año en 8%. El ministro del Trabajo y Seguridad Social, José Ramón Rivero, informó ayer que las previsiones para el cierre de 2007 apuntaban a un índice de desocupación de 8%, aunque hace dos meses el presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE) había resaltado que la meta de este año era de 7%. (El Universal, 06.08.07, http://www.eluniversal.com/2007/08/06/eco_art_gobierno-subio-a-8_393506.shtml)
El gobernador de Carabobo, Luis Acosta Carlez, dijo que no restituirá en sus cargos a Heidi Mago, jefe de la Unidad de Infectología de la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (CHET) de Valencia, ni al anestesiólogo Pedro Brache, mientras se realicen las averiguaciones por las denuncias que hicieron sobre la contaminación bacteriana en la Unidad de Cuidados Intensivos el pasado 23.07.07. Acosta Carlez fue categórico en manifestar que los médicos que han protestado debido a la suspensión de dos de sus compañeros «pueden hacer lo que les dé la gana», pero les advirtió que si se van a paro los jubilará, ya que para sustituirlos cuenta con el respaldo de médicos cubanos y los 98 centros de Diagnóstico Integral Comunitario. (El Universal, 05.08.07, http://www.eluniversal.com/2007/08/05/pol_art_sustituiran-a-galeno_392732.shtml).
El presidente del Instituto para la Salud del estado Carabobo (Insalud), coronel (GN) Ricardo Hernández, dijo que se mantendrá firme en su decisión de suspender a la doctora Heidi Mago, jefe de la Unidad de Infectología de la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (CHET) de Valencia. Por su parte, el presidente del Colegio de Médicos del Estado Carabobo, Fernando Henríquez, advirtió sobre un conflicto de médicos en Carabobo si no son reincorporados en sus cargos los galenos suspendidos. (El Universal, 04.08.07, http://www.eluniversal.com/2007/08/04/pol_art_descartan-reingreso_391023.shtml)
El ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, Pedro Carreño, afirmó que existían sindicatos interesados en avanzar hacia la desestabilización interna y el sabotaje. La declaración se realizó en el marco de las protestas de mil 200 trabajadores de empresas contratistas, eléctricas, troncales, vapor y mixtas del Zulia iniciaron una hora cero y manifestaron a las puertas del edificio Miranda en Maracaibo. Los petroleros solicitaban su inclusión en la nómina de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), tal y como lo habría prometido el ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez. En la protesta, efectivos de la Guardia Nacional (GN) detuvieron a cuatro manifestantes. (El Tiempo, 07.08.07, http://www.eltiempo.com.ve/noticias/default.asp?id=119915).
El 07.08.07, aproximadamente 600 trabajadores de Zulia, Falcón y Barinas, participaron en una asamblea realizada en Maracaibo para exigir a las autoridades la entrega del secretario de Fetrahidrocarburos Augusto «tico» Villalobos, quien había sido detenido y cuyo paradero se desconocía. Otros dos de los detenidos, Jairo Ollarve y Juan Cahuao, se encontraban internados en el Hospital Coromoto del estado Zulia, por traumatismos ocasionados presuntamente por los golpes propinados por funcionarios de la GN. (Ultimas Noticias, 08.08.07, Pág. 24). Germán Cortez, sindicalista, informó de la aparición de Villalobos en la noche del 07.08.07, así como de la notificación del amparo que interpusiera Pdvsa Occidente contra 37 líderes gremiales. Esta acción judicial les impediría estar cerca de las instalaciones petroleras, realizar reuniones o marchas por la problemática petrolera. Por su parte, Pdvsa anunció la captación de 1.112 trabajadores pertenecientes a los 26 equipos de perforación y subsuelo que están siendo nacionalizados en la División Occidente de Exploración y Producción. (Ultimas Noticias, 09.08.07, Pág. 22). Un día después un tribunal de control de Cabimas prohibió a los trabajadores despedidos de las contratistas petroleras acercarse a cualquier instalación de Petróleos de Venezuela. La medida afectará principalmente a los dirigentes Juan Cahuao, Jairo Ollarves, Audio Soto, Augusto Villalobos y Germán Cortez, quienes encabezaron las protestas para exigir el reenganche de los despedidos de la corporación estatal. (El Nacional, 10.08.07, Pág. 8).
Un total de 59 salas de atención médica -34 Centros de Diagnóstico Integral (CDI) y 25 Salas de Rehabilitación Integral (SRI)- fueron inauguradas durante el 05.08.07 por parte del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías. El ministro del Poder Popular para la Salud, Jesús Mantilla, resaltó que con la inauguración de estas 59 salas de salud se alcanza un total de 353 CDI, 455 SRI y 15 Centros de Alta Tecnología, para un total de 823 centros, enmarcados dentro del programa Barrio Adentro II. (Ministerio del Poder Popular de Comunicación e Información, 05.08.07, http://www.minci.gob.ve/noticias_-_prensa/28/15108/gobierno_bolivariano_inaugura.html)
El concejal metropolitano Ramón Márquez informó que ha recibido una serie de denuncias por parte de los pacientes que acuden a la sala de emergencia del hospital Pérez Carreño y no son atendidos por presunta falta de personal médico. El pasado 25.07.07 el presidente Chávez inauguró dicho espacio asistencial con modernos equipos de última tecnología. Márquez señaló que otro de los argumentos que le dan a los pacientes para no atenderlos es que en la sala no hay camas disponibles, a pesar de que en ocasiones éstas se encuentran vacías.
Por su parte Soribel Plaza, familiar de un paciente que padece de trombosis, señaló que el día de ayer acudieron al centro hospitalario y a través de una nota la directora del Pérez Carreño le informó que no podían atenderlo, debido a que la sala de emergencia se encuentra en remodelación.
El concejal le hace un llamado al presidente Chávez para que investigue esta situación, pues asegura que de nada sirve tener equipos de avanzada tecnología si no existe voluntad y sensibilidad por parte del personal médico que labora.
Diez mil juguetes fabricados con pintura en la que se detectó un contenido excesivo de plomo se encuentran en manos de niños venezolanos, luego de que entraran al país y fueran distribuidos a las distintas jugueterías desde junio del presente año. Según la gerente de mercadeo para Latinoamérica de Mattel, Alida Romero, al país habría ingresado quince mil unidades de juguetes Fisher Price confeccionados con pinturas tóxicas, de los cuales sólo cinco mil pudieron ser retirados oportunamente de las jugueterías. Estos juguetes pertenecen al millón y medio de productos importados de China que la empresa Mattel ha comenzado a retirar en todo el mundo. (Ultimas Noticias, 09.08.07, Pág. 4). Zhang Shuhong, director de la fábrica Lee Der, se suicidó debido a las consecuencia del caso. (Clarín, 14.08.07, http://www.clarin.com/diario/2007/08/14/elmundo/i-02401.htm)
En Venezuela, la lista de juguetes tóxicos y sus códigos, troquelado en la parte inferior de los juguetes es el siguiente: Granja de bloques encajables (Cód. 39054), Barney teléfono (C1398/ B6966), Surtido aprende con Dora (C1532/ B8065), Cuenta al ritmo con Elmo (C1541/B7554), Elmo risitas (C3971 / C1211), Dora aventura castillo (G3830), Avatar surtido de vehículos (H9751), Camioneta parlante de Dora (H9797/G3825), Go Diego go animales grandes (J0342), Go Diego go camionetas (J9452/J0346), Go Diego go, talking gadget (K9286, K3414), Sesame Street herramientas (J9710/J6537).
El Ministerio de Salud, a través de las distintas contralorías sanitarias regionales, realizará evaluación médica a todas aquellas familias que hayan adquirido los juguetes bajo sospecha de toxicidad de la compañía Mattel. En un comunicado de prensa, el ministro de Salud, Jesús Mantilla, instó a la comunidad venezolana a entregar en las sedes de las direcciones regionales de salud y las diferentes oficinas de la contraloría sanitaria del país los juguetes. (Ultimas Noticias, 13.08.07, Pág. 2).
De los 15.000 juguetes contaminados, Mattel sólo pudo recoger y destruir 5.000 que estaban en los inventarios de sus distribuidores directos. (El Nacional, 10.08.07, Pág. 6). Por otra parte en un operativo en la isla de Margarita, funcionarios del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) ordenaron la retención de 556 bultos de juguetes contaminados con plomo. (Ultimas Noticias, 14.08.07, Pág. 4)
Ante la terminación del plazo de tres meses solicitado por el presidente de la República para el desalojo del sector Ojo de Agua, en la carretera vieja a la Guaira, Provea consultó la opinión de uno de los voceros del sector para conocer la situación del proceso de reubicación. Javier Meléndez declaró que en la zona quedaban todavía 300 familias, las cuales estaban negadas a la única alternativa suministrada por el ejecutivo nacional: su mudanza al urbanismo Vista Hermosa, ubicado en Cua.
Como se recordará, Ojo de Agua se funda tras la tragedia del aluvión ocurrido en Vargas en 1999, cuando un grupo de damnificados ocuparon un terreno aledaño a la carretera el cual antiguamente era un relleno sanitario. Al poco tiempo, la compactación de los desechos sólidos bajo tierra produjo emanación de gas metano, el cual afectó el suelo de las viviendas y la salud de los habitantes.
Meléndez nos explica la situación que viven en la actualidad. “En Ojo de Agua hubo un momento en que la comunidad se cansó de tantos atropellos y tomamos la decisión de dirigirnos a los diferentes ministerios que estaban en el decreto presidencial que sacó el presidente, a ver si ellos nos daban alguna respuesta acerca de los atropellos. El señor Román Montilla, que es el director nacional de vivienda, optó por sacar de Ojo de Agua a los demás ministerios y solo quedar ellos con la iniciativa de hacer el desalojo, obligando a la comunidad a ir a Vista Hermosa, ubicada en los Valles del tuy. Esta alternativa no fue aceptada por más de la mitad de la comunidad. Y todavía estamos en Ojo de Agua alrededor de 300 familias.
¿Por que no aceptan su traslado a este urbanismo?
- No aceptamos porque no hay colegio para los niños, no hay hospital, no hay condiciones de hábitat adecuadas para nuestras familias. La zona es peligrosa y de alto riesgo tanto por la delincuencia como por la zona en que se encuentra. No es el adecuado ni tiene una vivienda, como ellos dicen, digna. La semana pasada salió una denuncia de las familias que se encuentran allá, que eran de Ojo de Agua, acerca que los techos están filtrando, que las paredes están cuarteadas, la luz se les va a cada momento y se le han quemado los aparatos, las calles no están asfaltadas. Están entregando vivienda construidas en un día, lo que ha ocasionado que la cerámica de los pisos se les ha levantado. Nosotros en Ojo de Agua estamos tranquilos y movernos para ir a vivir allá una zozobra, tanto con el hampa como con los servicios, no es adecuado.
¿Es la única alternativa que les han ofrecido?
- Si, es la única. Nosotros hemos propuesto dos cosas. Compras en el mercado secundario –casas usadas compradas a terceros- de las personas que tienen introducidos sus carpetas en el ministerio. Otra es el traslado y solicitud de vivienda a urbanismos fuera del distrito capital. También hemos tenido propuestas de terrenos para construir nuevos urbanismos. Ellos no quieren escuchar algo diferente. Las conversaciones con los ministerios están en un punto muerto ahorita. Únicamente hemos tenido respuestas de las personas del Cabildo Metropolitano, quienes nos han ayudado bastante
¿En que situación se encuentran quienes permanecen en Ojo de Agua?
- El ejercito continua y se han aplacado las irregularidades en su comportamiento, tras las denuncias. No recibimos camiones cisternas, el agua llega los viernes y dura tres días, por lo que nos abastecemos lo suficiente para el resto de la semana. La zona en donde estaba concentrado el gas metano esta casi completamente desalojada, por lo que las otras personas están esperando y no están en tanto riesgo.
Muchas otras comunidades se vienen movilizando por su falta de vivienda en la ciudad. ¿Han tenido contacto con ellas para la realización de actividades conjuntas?
- Tuvimos un contacto con la gente de la comunidad Federico Quiroz y Nueva Tacagua (comunidades afectadas por la falta de vivienda), en un cabildo metropolitano abierto realizado en la Plaza de Catia realizado hace 15 días. Allí nos planteamos dirigirnos al Ministerio de Vivienda a una mesa de dialogo junto con la Defensoria del Pueblo. Pero la respuesta que nos dio la Defensoria fue que nos conformáramos con lo que nos estaban dando, “¿qué mas quieren?”. Así mismo nos dijeron. Como no fue una respuesta adecuada, lo que nosotros hicimos fue pararnos y decir “chao, gracias por su atención”.
El Ejecutivo Nacional revisó sus metas de construcción de soluciones habitacionales. Después de un primer anuncio realizado por el ministro de la Vivienda, Ramón Carrizález, sobre la ejecución de 140.000 soluciones habitacionales, el 30.07.07 el funcionario estimó que al término de este año se entregarán entre 85.000 y 90.000 viviendas. (El Universal, 01.08.07, http://noticias.eluniversal.com/2007/08/01/eco_art_gobierno-terminara-8_385355.shtml)
El Ministerio de la Vivienda tiene programada una inversión total de 11 billones de bolívares para los diferentes planes de construcción de soluciones habitacionales. Igualmente, señaló que entre 2005 y julio de 2007, se han otorgado 5,05 billones de bolívares en créditos y subsidios habitacionales, con los cuales se han beneficiado un total de 103.008 familias. El ministro explicó que se han atendido unas 41.417 familias mediante la emisión de créditos habitacionales, para los cuales se destinó una partida de 3,92 billones de bolívares, durante ese mismo período. Asimismo, destacó que del monto total de inversión, 1,13 billones de bolívares fueron otorgados en créditos más subsidios habitacionales, con los cuales se construyeron unas 103.088 viviendas. (El Universal, 04.08.07, http://www.eluniversal.com/2007/08/04/eco_art_inversion-en-viviend_391211.shtml)
El ministro del Interior, Pedro Carreño, informó que 17 personas perdieron la vida, 16 resultaron lesionadas y 657 quedaron damnificadas como consecuencia de las lluvias registradas en el territorio nacional. Luego de reconocer «ciertas afectaciones» debido a las precipitaciones, el alto funcionario del Ejecutivo precisó que 35 mil 325 personas se han visto afectadas en todo el país, lo que se traduce en 7 mil 335 familias; 7 mil 255 viviendas han sufrido el impacto de las lluvias, pero 145 han «quedado destruidas».
«Desde que se iniciaron las lluvias en mayo, junio y julio, hay una reducción del impacto de las lluvias en comparación con 2007 (sic), producto de la acción coordinada con todas las instituciones del Estado», dijo Carreño en rueda de prensa, desde el palacio de Miraflores. (El Universal, 07.08.07, http://noticias.eluniversal.com/2007/08/07/pol_art_reportan-17-fallecid_394628.shtml)
Para este año, en el presupuesto nacional se definieron 4,51 billones de bolívares para sostener las misiones sociales, pero tan sólo en Vuelvan Caras y en Madres del Barrio se erogaron alrededor de 900 millardos de bolívares entre enero y julio de este año, un 20% de los recursos asignados para este período.
Un análisis realizado por El Universal considera que el número de beneficiarios de las misiones ha descendido. Por ejemplo, el programa Madres del Barrio actualmente atiende económicamente a 89.889 mujeres, quienes representan una erogación mensual de 44,21 millardos de bolívares. La cifra contrasta con las de hace un año, cuando este programa llegó a beneficiar a cerca de 240.000 mujeres.
El Gobierno, considera el análisis, emprende una reorganización de los programas sociales, a través de la creación de la Misión Che Guevara, con el fin de lograr el objetivo último de insertar a los beneficiarios en los procesos productivos y, por ende, reducir los niveles de pobreza en el país. En este programa social no habrá pago de becas, como afirmó el ministro para la Economía Popular, Pedro Morejón. El objetivo será incluir en los planes productivos a los beneficiarios de otras misiones como Madres del Barrio, Vuelvan Caras, Robinson y Negra Hipólita. Si desea leer el artículo completo, visitar
http://www.eluniversal.com/2007/08/12/eco_art_gobierno-replantea-m_402822.shtml
Para el mes de julio el valor de la canasta básica se ubicó en 2.077.993 bolívares, según los datos del Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cenda). En el lapso de un mes el costo de la cesta registró una variación de 0,4%. La principal causa de este aumento fue el alza de 1,2% en el valor de la canasta alimentaria, seguido de 0,7% de aumento en el costo de la vivienda y 0,6% de los precios en el sector salud. En el caso del vestido y el calzado se registra un aumento de 0,2% en sus precios. El Cenda señala que el actual salario mínimo de 614.790 bolívares es insuficiente para costear el total de la cesta básica. (El Universal, 04.08.07, http://www.eluniversal.com/2007/08/04/eco_art_costo-de-la-canasta_391126.shtml).
Por otra parte el Banco Central de Venezuela (BCV) afirmó que el costo de la vida aumentó mucho menos en julio que en junio, porque los precios de bienes y servicios crecieron menos, no se incrementaron o bajaron. Así la tasa de inflación bajó de 1,8% en junio a 0,5% en julio, muy por debajo del 2,4% de julio de 2006.La acumulada en siete meses se ubicó en 8,3%, similar al 8,1% registrado en igual lapso del 2006, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del área metropolitana de Caracas, que elabora el (BCV). (Ultimas Noticias, 02.08.07, Pág. 22)
• La Asamblea Nacional debe promulgar una reforma a la LOT que cumpla con la Disposición Transitoria cuarta de la Constitución Nacional en lo que concierne a la retroactividad de las prestaciones sociales
• Implementar adecuadamente el Régimen Prestacional de Empleo, garantizando la adopción de mecanismos eficaces para la creación de empleos dignos, y que asegure a los trabajadores frente a la pérdida involuntaria del empleo.
• Culminar con el proceso de cuantificación de la deuda laboral a los funcionarios públicos, y garantizar su pago oportuno.
• Desarrollar políticas públicas que disminuyan la brecha de género existente entre hombres y mujeres, en lo que se refiere a remuneración y al acceso a empleos.
• Tomar medidas que faciliten el acceso al primer empleo a la población joven, así como la integración a la fuerza de trabajo de personas con discapacidad.
• Desarrollar políticas públicas eficaces que propicien condiciones favorables a la promoción del empleo digno, y la reducción de la pobreza.
• Profundizar los mecanismos de supervisión a cooperativas, a fin de impedir que se utilicen como forma de flexibilización de las relaciones laborales.
• Profundizar las medidas estatales para fomentar el empleo decente, que beneficie a hombres y mujeres por igual.
• Dotar de marco legal a los procesos de cogestión y autogestión.
• Dotar de marco legal a la medida de solvencia laboral, armonizando sus disposiciones con otras leyes que regulan la actividad económica.
• Implementar mecanismos transparentes y equitativos para la adjudicación de empleos en las empresas y obras públicas.
• Investigar y sancionar los hechos de violencia de los que han sido víctima sindicalistas y desempleados en el marco de las adjudicaciones de empleo en las empresas y obras públicas.
• Garantizar la realización de consultas tripartitas para el incremento anual de los salarios, y en general, para la toma de decisiones que inciden en la vida de los trabajadores.
• Garantizar la autonomía sindical en los procesos eleccionarios de las directivas de los sindicatos, y asegurar que la participación del CNE se limite a brindar asesoría técnica.
• Garantizar que se ajuste anualmente el salario mínimo tomando como referencia el valor de la canasta básica normativa.
• Garantizar la plena implementación del sistema de control y promoción del sistema de seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuado.
• Tomar las medidas necesarias para garantizar una actividad más eficiente de las Inspectorías del Trabajo en el control de cumplimiento de la medida de inamovilidad laboral, las prácticas de flexibilización para evadir obligaciones con los trabajadores y el pago de remuneraciones inferiores al salario mínimo.
• Implementar mecanismos transparentes para la determinación de la representatividad sindical y garantizar que las negociaciones de los convenios colectivos se realicen con los sindicatos más representativos.
• Abstenerse de reprimir violentamente y sancionar a los trabajadores en ejercicio del derecho de huelga.
• Adecuar la normativa laboral para ubicar la edad mínima para el trabajo en 16 años, de acuerdo con la recomendación N° 146 de la OIT. (Provea, 22.07.07, http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2005_06/pdf/2018/01/exigencias.pdf)
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
El Observatorio Venezolano de Prisiones (http://www.ovprisiones.org), OVP, presentó su informe semestral sobre la situación de los centros penitenciarios en el país. Las cifras recopiladas en los primeros 6 meses hablan de un aumento, comparadas con el mismo período para el 2006, de la cifra de muertes y heridos por violencia dentro de las cárceles. En los 30 lugares de privación de libertad en Venezuela, según las cifras recopiladas por el OVP, hubo 249 fallecidos y 541 heridos. Asimismo, se registraron 118 fugas, 33 huelgas de hambre, 160 casos de bocas cosidas y 2375 armas decomisadas.
Según la OVP la alta tasa de muertes violentas dentro de los centros penitenciarios pone a nuestro país como el lugar de reclusión más violento de Latinoamérica. Venezuela posee la mayor cifra de muertes violentas: 20 por cada 1.000 reclusos, mientras que países con mayor población penitenciaria, como Brasil, arroja cifras de apenas una muerte violenta por cada 1.000 privados de libertad. Por otra parte, las recopiladas hasta diciembre del 2006, estiman que en los primeros 8 años de gobierno del presidente Chávez se han dado 2.744 casos de muertes y 9.524 de heridos.
En Venezuela la población reclusa nacional es de 20.194 personas, mientras que los extranjeros suman 1479. De la cifra total se encuentran en proceso de juicio un 57% y sentenciados un 37%.
A solicitud del Ministerio Público, el Tribunal 39º en funciones de Control del área metropolitana de Caracas (AMC), acordó una orden de aprehensión contra el periodista Leocenis García, como parte de la investigación que se adelanta sobre los hechos por los que ya fue acusado el ex jefe de redacción de Reporte Diario de la Economía, José Rafael Ramírez.
La orden se solicitó toda vez que se presume, entre otras razones, la obstaculización de la justicia, en virtud de que el periodista Leocenis García no ha comparecido ante el Ministerio Público, luego de seis citaciones efectuadas por las fiscales del caso, a los fines de imputarlo. Una vez aprehendido García, será trasladado al Tribunal 39º de Control, a los fines de realizar el acto de imputación. (Union Radio, 15.08.07, http://www.unionradio.com.ve/Noticias/Noticia.aspx?noticiaid=212295).
El 08.08.07, García había remitido junto con al director del Diario Reporte, padre José Palmar, 63 denuncias en la Asamblea Nacional por casos de corrupción en la compañía petrolera estatal Pdvsa.
Eva Gollinger y Mario Silva realizaron el 01.08.07 la denuncia, en la Comisión permanente de Ciencia, Tecnología y Comunicación Social de la Asamblea Nacional, sobre una serie de comunicadores y activistas de derechos humanos a quienes acusó de “recibir financiamiento por parte del Departamento de Estado de EEUU”. La Comisión afirmó que haría comparecer a los acusados acerca de la averiguación de un presunto plan desestabilizador. (Ultimas Noticias, 02.08.07, Pág. 16). Días después, la Comisión afirmó que realizaría la investigación pero sin citar a los acusados. (El Nacional, 09.08.07, Pág. 5). La diputada Desirée Santos Amaral afirmó que pediría la anulación de la medida pues la misma somete al escarnio público a los comunicadores sociales (Ultimas Noticias, 03.08.07, Pág. 14)
Un grupo de los señalados exigieron al parlamento un derecho a réplica y repudiaron ser sometidos al escarnio público. «Exigimos a los diputados que se nos escuche en los mismos términos de tiempo y publicidad que otorgaron a los denunciantes. La AN no tiene potestad legal para interpelarnos» dijeron. En la rueda de prensa que realizaron mostraron notas de prensa publicadas en el diario Vea en las cuales aparecen sus fotos con el título «Reconócelos pueblo». (El Nacional, 14.08.07, A/14). El integrante de la Comisión Permanente de Medios de la Asamblea Nacional (AN), Ricardo Capella, indicó que no está previsto que esa instancia legislativa cite a los periodistas pues el derecho a réplica no estaba contemplado en el Reglamento de Interior y Debate. (El Universal, 15.08.07, http://www.eluniversal.com/2007/08/15/pol_art_comision-de-medios-n_408149.shtml)
El gobierno regional de Carabobo ubicó en las principales vías de Valencia una serie de vallas publicitarias que mostraban mujeres en traje de baño con la frase «Incitar al sexo, genera violaciones». El gobernador, Luis Felipe Acosta Carlez, afirmó que las mismas forman parte de una campaña para crear conciencia en los medios de comunicación social de Carabobo sobre las consecuencias negativas de exhibir cuerpos femeninos en sus publicidades: «Por favor, no publiquen eso, pues una de las variables que está propiciando la violación a las mujeres es -la exhibición de cuerpos semidesnudos- por culpa de los medios de comunicación social». Tras una polémica, los avisos fueron retirados por otros que muestran la primera página de medios periodísticos regionales y que tienen como lema «Los escándalos generan el terrorismo». (El Nacional, 14.08.07, Pág. 18).
Un grupo de cuatro efectivos militares fueron imputados por el secuestro del ganadero Rubén Darío Bravo, hecho ocurrido en el sur de Anzoátegui el pasado 30.06.07. La actuación judicial recayó sobre los cabos segundos del Comando Regional N° 7 (CORE-7) de la Guardia Nacional Luis Perna y Jesús Reyes, así como del distinguido Marcos Moreno, quienes se encontraban detenidos en su comando; la jueza IV de Control de Cojedes, Daiza Pimentel Loaiza, aceptó la imputación del Ministerio Público. Los tres pertenecían al Grupo Antiextorsión y Secuestro de la entidad anzoatiguense. También se acordó privativa de libertad al subteniente Félix Charaima, quien fungía como custodio de reclusos en el Internado Judicial de La Pica, en Monagas. (Ministerio Público, 02.08.07, http://www.fiscalia.gov.ve/Prensa/A2007/prensaagosto2007.asp)
• Diseñar políticas públicas en materia de seguridad ciudadana que incluyan los consensos que se acuerden en el proceso de reforma policial adelantado actualmente.
• Garantizar que los cuerpos de seguridad responsables de la seguridad ciudadana sean de carácter civil, con una adecuada formación que parta y consolide la noción de que su labor se debe a los ciudadanos y no en contra de éstos en procura de seguridad para el Estado.
• Diseñar programas de prevención en comunidades focalizados en la población especialmente vulnerable a la violencia letal. En este sentido, el análisis de la dimensión objetiva de la seguridad ciudadana da cuenta de una debilidad en las intervenciones sobre los delitos contra las personas, especialmente los homicidios y las lesiones personales, los cuales se insta a considerar de manera privilegiada en las intervenciones estatales.
• Crear un sistema de información acerca de la situación de criminalidad y violencia en el país.
• Propiciar la aplicación de encuestas de victimización que permitan realizar diagnósticos certeros respecto a la situación de la seguridad ciudadana. (Provea, 22.07.07, http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2005_06/pdf/2018/01/exigencias.pdf)
REFORMA CONSTITUCIONAL
ARTÍCULOS
NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS
Del 07 al 25 de julio 2007
Boletín electrónico Nº 188
EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE JULIO
04-08 Semana Mundial de la Lactancia Materna
09 Lanzamiento de la Primera Bomba Atómica sobre Hiroshima (1945)
09 Día Internacional de las Poblaciones Indígenas
12 Día Internacional de la Juventud
15 Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición
18 Promulgación del Decreto de Garantías que, entre otras cosas, eliminó la pena de muerte y el destierro (1863)
29 Día Internacional del Árbol
30 Día Internacional de los «Desaparecidos»
CONTEXTO
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
El 17.07.07 en horas de la mañana un centenar de jubilados de Cantv realizaron una asamblea frente a la sede de la telefónica al comienzo de la Avenida Andrés Bello en Caracas para reclamar el pago justo de sus pasivos laborales. Como se recordará, desde hace 14 años un grupo de 9.000 jubilados vienen reivindicando el pago de intereses por bonificaciones contractuales no canceladas por la compañía. Los ex trabajadores de la empresa ganaron una demanda ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) al establecerse que Cantv les había cancelado por debajo de lo que les correspondía desde el año 1992. En el marco de la ejecución de la sentencia los tribunales encargaron al Banco Central de Venezuela un peritaje que permitiera el cálculo de la deuda de la empresa telefónica con sus ex trabajadores. El resultado ofrecido por el emisor fue impugnado y el tribunal encargado ordenó al Seniat repetir la tarea, solo que el monto calculado por el órgano tributario fue siete veces menor al del BCV. Esta última decisión ha sido avalada por la nueva presidente de la compañía, ahora estatizada, Socorro Hernández.
José Chacón, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados de la telefónica (Ajuptel) afirmó que «Si nosotros levantamos banderas a favor de la nacionalización de Cantv, entonces no entendemos porqué se comportan como la vieja gerencia de la empresa». Varios de los manifestantes expresaron a Provea su descontento porque la empresa ahora se hacía llamar socialista pero «se comporta igual a la de Gustavo Rossen -directivo anterior-«. Chacón admitió que algunos de los jubilados por «cansancio y necesidad» estaban aceptando lo que la empresa les estaba dando, pero reiteró que continuarían las acciones de calle para presionar. Para la próxima semana esta pautada una nueva concentración frente a las puertas del Tribunal Supremo de Justicia. Humberto Decarli, abogado laborista, insistió que los jubilados debían mantenerse movilizados para poder alcanzar su objetivo: justicia en el cálculo de sus pasivos laborales.
Información difundida por los medios reiteró que los más de dos mil 500 de los afectados no están de acuerdo con la decisión de la Corporación, puesto que la empresa está tomando como obligación para cumplir sus compromisos el fallo del Seniat, sentencia que disminuye en más de 75% los montos de la deuda contraída con cada uno de sus jubilados. “Ellos están usando el cálculo del Seniat y están aplicando el mismo criterio que en su tiempo ejecutó Gustavo Roossen, además que, bajo el estudio del Seniat, el pago a los jubilados está 75% por debajo de la sentencia que había establecido el Banco Central de Venezuela hace tiempo, pues aquí no incluyen muchas de las deudas en bonos, retroactivos y otras reivindicaciones que tenemos por derecho”, afirmó José Chacón. (Tal Cual, 17.07.07, Pág. 21)
Argenis Olivares, representante de la Federación Única de Trabajadores Petroleros y miembro de la Comisión que discute la convención colectiva del sector, afirmó que cerca de 600 trabajadores habían sido despedidos de Petróleos de Venezuela Occidente en los últimos 4 meses por razones políticas o motivos injustificados, lo que aunado al temor de que las operaciones de la industria fueran realizadas por manos inexpertas originó la paralización de cuatro taladros en la costa oriental del lago de Maracaibo. La huelga era protagonizada por aproximadamente 1.000 trabajadores de la industria en el contexto de la nacionalización de los taladros operados en la zona por empresas contratistas. Olivares destacó que están «absolutamente de acuerdo» con la estatización de taladros. Pero acotó que defenderán «a capa y espada» los derechos de los trabajadores. (El Nacional, 10.07.07, Pág. 4). En una reunión que pretendía poner fin al conflicto José Luis Paradas, gerente de Pdvsa Occidente, afirmó que la empresa preveía contratar 148 de los 740 trabajadores, lo que ocasionó el anuncio de una posible huelga indefinida por parte de los trabajadores. (El Nacional, 11.07.07, Pág. 4). El 12.07.07 se informó que Pdvsa habia designado a un equipo de la gerencia corporativa de Recursos Humanos para acelerar la absorción de los trabajadores. Según Eudis Girot, representante de la Federación Unitaria de Trabajadores petroleros (Futpv), serían absorbidos inmediatamente 932 trabajadores. (Ultimas Noticias, 12.07.07, Pág. 20).
La resolución de este conflicto no resuelve las peticiones laborales en la industria petrolera. Girot aseguró que en el caso de la Faja Petrolífera del Orinoco, no existe un futuro claro sobre el manejo de los pasivos laborales que registran las transnacionales que allí operaban y que ascienden a 57 millardos de bolívares. Adicionalmente persisten los problemas con la cancelación de un bono que la petrolera estatal prometió a sus trabajadores por el retraso en la firma de una nueva convención colectiva, el cual se sitúa en tres millones de bolívares por persona. (El Universal, 21.07.07, http://www.eluniversal.com/2007/07/21/eco_art_en-conflictividad-se_369474.shtml). Los trabajadores anunciaron diversas movilizaciones para el mes de agosto: «Más de 4 mil hombres y mujeres iremos a La Campiña y a Miraflores a entregar un documento para desnudar la realidad laboral que viven los obreros de la industria petrolera y a denunciar una cantidad de pasivos laborales que la gerencia de recursos humanos se niega a cancelar, además de la violación de más de 75% de las cláusulas de la actual contratación colectiva», dijo Girot. (Ultimas Noticias, 21.07.07, Pág. 21).
En el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social se encuentran 209 convenciones colectivas que esperan por ser homologadas, de acuerdo con los datos oficiales que maneja el despacho laboral. En un comunicado de prensa el director de Relaciones Laborales del ente ministerial, José Gregorio Villarroel, señaló que para el primer semestre del año se aprobaron 311 contratos colectivos de 520 que fueron introducidos en ese despacho. De acuerdo con el funcionario, estas homologaciones amparan un total de 1 millón 100 mil trabajadores para la primera mitad del año. No obstante, para el primer cuatrimestre del año, y con 113 convenciones colectivas logradas, los amparados apenas llegaban a 18.976 trabajadores, según las mismas cifras que maneja el despacho laboral. Otro de los aspectos destacados por Villarroel fue el número de organizaciones sindicales registradas. Los datos manejados por el director de Relaciones Laborales indican la existencia de 268 sindicatos, de los cuales hay 15 de la Dirección General de Inspectoría del sector privado y 2 en el sector público. (El Universal, 22.07.07, http://www.eluniversal.com/2007/07/22/eco_art_209-convenciones-col_371994.shtml)
Mauricio Gutiérrez, coordinador de Prevención de la ONG Acción Solidaria, denunció que su organización ha registrado en los últimos 2 meses y medio 18 casos de personas con VIH/ Sida que han sido discriminadas por su enfermedad. «Es impresionante la discriminación que sufren las personas con VIH o cualquier otra enfermedad crónica. En el área laboral, en las compañías aseguradoras y en los hospitales los dejan de lado o evitan atenderlos», denunció Gutiérrez. Aunque la cifra oficial refiere que en el país hay 60.000 personas con VIH, la ONG trabaja en función de un estudio financiado por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (Onusida), que registró entre 90.000 y 200.000 infectados en Venezuela.
La asesora jurídica de Acción Solidaria, Tamara Adrián, informó que acudirán nuevamente a la Superintendencia de Seguros para exigirles que ordenen a las compañías aseguradoras que cesen las discriminaciones contra personas portadoras del VIH/Sida: «Queremos que eliminen de las pólizas las exclusiones de salud en el caso del VIH/Sida». (El Nacional, 18.07.07, Pág. 8)
El estado Bolívar registra una cifra de 87 trabajadores asesinados en 30 meses por causas ligadas a la violencia por la obtención de puestos de trabajo, de acuerdo a las cifras recopiladas por el periódico Nueva prensa de Guayana. Lorenzo Labrique, Coordinador del Area de Difusión, Investigación y Monitoreo en Derechos Humanos de Provea se movilizó recientemente a Ciudad Guayana (Puerto Ordaz y San Félix) para conocer la situación. En declaraciones suministradas a la prensa regional Labrique afirmó que el problema del incremento de la violencia en el sector construcción proviene de una serie de factores sociales que van desde el tráfico de armas, drogas, hasta la violación del derecho a la seguridad, el cual favorece la impunidad de los hechos y coloca en tela de juicio la participación de agentes policiales en los casos. “Hasta el momento en el país no existen elementos que permitan inferir una reducción de la violencia sindical, sino más bien de intensificarse y masificarse, por lo que hemos decidido investigar esta situación con el fin de elevar una serie de consideraciones y propuestas orientadas a combatir y prevenir este flagelo”, precisó. En tal sentido, Labrique aseguró que el fenómeno del “sicariato sindical” no sólo se registra en el estado Bolívar ya que en otras entidades como Miranda, Anzoátegui, Lara y Zulia, se han presentado hechos de sangre bajo los mismos parámetros.
En cuanto a los diez casos de sicariato sindical registrado en la entidad, Labrique aseveró que aún la organización no ha logrado cotejar esta información y cruzarla con las cifras aportadas por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, que dan cuenta de sólo tres asesinatos de sindicalistas. “Aunque no todas las víctimas registradas en lo que va de año en la entidad son sindicalistas, un amplio número de ellas guarda relación con el sector construcción, de hecho, la última víctima registrada el pasado 18.07.07 aunque fue descartada por los cuerpos policiales como miembro de una organización sindical del sector construcción, su padre reveló que sí lo era, por lo tanto para nosotros es un trabajador”, acotó. Pese a este elevado número, Labrique afirmó que sólo un caso ha sido resuelto por los organismos policiales, específicamente el relacionado a la muerte del trabajador del sector construcción Héctor Jaramillo y Alexis José García, sindicalistas que participaron en las obras del Estadio Polideportivo Cachamay y que fueron asesinados en la avenida Guayana de Puerto Ordaz a principios de año. (Nueva Prensa de Guayana, 21.07.07, D/9)
El ministro para la Vivienda y el Hábitat, Ramón Carrizalez, desmintió el 10.07.07 que el Programa 8, destinado a atender a las familias en situación de riesgo, haya sido paralizado. Reconoció que durante su ejecución «se ha detectado una importante cantidad de irregularidades», que además de investigaciones de funcionarios del ministerio por parte de la Fiscalía y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), han conllevado a la aplicación del programa «como fue concebido».
Según Carrizalez, se encontraron con adquisición de viviendas inexistentes o con sobreprecio, y para atacar esta problemática hay «nuevas exigencias, que no están fuera del programa, pero que no se estaban cumpliendo, como es una inspección detallada de la vivienda». Igualmente se estableció que ahora sólo podrá optar al programa la persona propietaria de la vivienda. La exigencia obedece a que «hemos encontrado hasta 8 y 9 certificados de riesgo para una sola casa, lo que ha hecho que una sola vivienda se haya convertido en 8 ó 9».
Por otra parte, el titular afirmó que hay muy pocas viviendas que puedan adquirirse por los altos precios, o porque están en situación de riesgo. Destacó que el Estado no está obligado a entregar cheques, «sino a dar una casa digna», por eso la compra en el mercado secundario es una solución pero no la única. (Ultimas Noticias, 11.07.07, Pág. 4)
El ministro de la Vivienda, Ramón Carrizález, señaló que al cierre de junio se entregaron 24.000 unidades habitacionales, y ante el número de casas construidas, el funcionario aseguró que en este segundo semestre del año se acelerará el proceso de construcción a fin de alcanzar la meta prevista. (El Universal, 11.07.07, http://www.eluniversal.com/2007/07/11/eco_art_en-el-primer-semestr_356099.shtml). El ministro informó que si bien el déficit de vivienda se encontraba entre un millón 800 mil y dos millones de familias, cifras recopiladas por el organismo estiman que las que realmente no tienen viviendas llegan a 600 mil. Afirmó que la meta para finales este año es haber entregado 80 mil casas. (Ultimas Noticias, 19.07.07, Pág. 11). Por su parte, estimaciones de la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC), estiman en 100 mil las viviendas nuevas a entregarse este año construidas por el sector público y privado. Asi mismo, el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Luis Emilio Vegas, recalcó que en Caracas, donde se construye el menor número de viviendas, la demanda se satisface con el mercado secundario. Vegas estimó que las transacciones en el mercado de viviendas nuevas es muy baja, «estamos hablando de menos del 10% del total de las transacciones que se realizan en el área metropolitana, 90% son viviendas usadas que se construyeron en las décadas de los 70 u 80». (Ultimas Noticias, 12.07.07, Pág. 22). Por último, estudios de Fedeindustria precisan que en Guarenas-Guatire se requieren 32.000 viviendas para cubrir demanda de solicitudes. Para Giovanni Celano, directivo del gremio, se necesita de una política acertada que compense al sector de trabajadores y obreros. La mayoría de viviendas que construyen empresas privadas son para familias de clase media alta de Caracas. Hay deseos del sector oficial de ejecutar otras opciones, mas el mercado enfrenta escasez de insumos de construcción. (El Universal, 23.07.07, http://noticias.eluniversal.com/2007/07/23/grgt_art_se-requieren-32-mil_372498.shtml)
Un total de 900 viviendas para comunidades indígenas, ubicadas en las diversas regiones del país, construirá Petrocasa, empresa mixta de la Corporación Petroquímica de Venezuela (Pequiven), filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), mediante un convenio suscrito con el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas (Minpi). Su titular del Minpi, indicó que el proyecto con Petrocasa tiene como objetivo atender a las comunidades indígenas con mayor necesidad de vivienda (Agencia Bolivariana de Noticias, 17.07.07, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=97704&lee=Array[0])
El presidente Chávez informó el 22.07.07 que aprobó Bs. 250 millardos para subsidios de la Ley de Política Habitacional para la clase media, así como 82 millardos para dos ciudades socialistas en Carabobo. El monto de los subsidios quedó igual: las personas que perciben salarios de hasta Bs. 2.069.260 tienen un subsidio de Bs. 20 millones y los que ganan hasta Bs. 1.060.000 tienen un subsidio de Bs. 24 millones. Para el Ministerio de la Vivienda aprobó créditos adicionales por Bs. 420.700 millones. (Ultimas Noticias, 23.07.07, Pág. 14).
El acumulado de casos de dengue a nivel nacional, hasta el pasado 30.06.07, era de 24 mil 341, de los cuales 7,7% son hemorrágicos (mil 863). En este período hubo un aumento de 11,4% con respecto a los casos probables registrados para la misma fecha el año pasado, cuando se reportaron 21 mil 847 afectados. La información apareció en el Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud, donde se señala que del 24 al 30 de junio se diagnosticaron mil 278 casos probables, de los cuales 111 fueron hemorrágicos (8,7%), con un ascenso de 2,6% en relación con la semana anterior, cuando se reportaron mil 028 casos. Los grupos de edad con mayor incidencia son: 15 a 24 años, 5 a 9 años, 10 a 14 años y 25 a 44 años, que agrupan 74,5% del total de casos registrados, siendo el de mayor peso el grupo de 15 a 24 años con 21,4%. Zulia (282), Aragua (45) y Miranda (128) agrupan 43,3% del total de casos probables de dengue. (Ultimas Noticias, 22.07.07, Pág. 22).
En Aragua, autoridades sanitarias se mantienen en alerta ante el incremento de los casos de dengue en las últimas semanas. La Corporación de Salud (Corposalud) en la entidad ha reportado más de mil enfermos -la mayoría niños y jóvenes-, cifra que representa un aumento de 60% en relación con estadísticas asentadas en el año 2006. (El Universal, 17.07.07, http://noticias.eluniversal.com/2007/07/17/pol_art_casos-de-dengue-en-a_364365.shtml). Por su parte Humberto Trejo, director de la Corporación de Salud de la entidad, confirmó la muerte en el estado de tres personas a causa de la enfermedad, la última un niño de 3 años el 22.07.07. Todas las víctimas residían en el municipio Mariño, sector que registra la mayor incidencia del virus. (El Nacional, 23.07.07, C/14).
En Anzoátegui, en tanto, los casos de dengue han reportado en lo que va de 2007 la cantidad de 524 personas afectadas, un aumento del 197% con respecto al 2006. Sotillo ocupa el primer lugar en el estado con más pacientes con esta enfermedad: de 49 pasó a tener 232. Lo sigue Bolívar, que subió de 69 a 106 y Anaco de 8 a 82. (Diario El Tiempo de la región oriental, 17.07.07, http://www.eltiempo.com.ve/noticias/default.asp?id=118098).
Las cifras para el estado Zulia estiman que en la entidad se registra el 30% de la población enferma de dengue en el territorio nacional. Eliseo Rodríguez, director regional de Salud Ambiental y Contraloría Sanitaria del Zulia, manifestó que la prevención es la mejor aliada para disminuir los índices de dengue: “Nada hacemos con fumigar, si no eliminamos los criaderos” (Panorama, 19.07.07, Pág. 9).
De acuerdo al componente de desnutridos graves que reporta el Sistema de Vigilancia del Instituto Nacional de Nutrición (Sisvan), entre 3% y 13% se ubica el porcentaje de niños y niñas menores de dos años que ingresan a hospitales centinelas ubicados en diez entidades del país, donde se registran las cifras más altas de problemas de nutrición. Las entidades son: Amazonas, Delta Amacuro, Guárico, Bolívar, Barinas, Trujillo, Táchira, Zulia, Sucre y Distrito Capital, manifestó la pediatra nutrióloga Luz Rodríguez, coordinadora del Proyecto Nutrición para la Vida del INN. Explicó que la desnutrición es una enfermedad multifactorial y eso hace que su manejo sea complejo. (Ultimas Noticias, 10.07.07, Pág. 4). En el estado Bolívar, por ejemplo, se estima que la desnutrición es una de las principales causas del aumento de las cifras de neonatos fallecidos, durante el año 2007 en la región. La información fue suministrada por la supervisora del Área de Pediatría del hospital Dr. Raúl Leoni de Guaiparo, licenciada Lucelys González, con base en las estadísticas de muertes registradas en el centro de salud. Para la primera quincena de junio la cifra de bebés fallecidos alcanzaba la cifra de 263 muertos. (Correo del Caroní,11.07.07, http://www.correodelcaroni.com/component/option,com_wrapper/Itemid,162/?id=72015) Se informó, asimismo, que semanalmente ingresan dos niños con desnutrición grave en el Centro Clínico Nutricional Menca de Leoni en Caracas (El Nacional, 10.07.07, Pág. 7).
En los catorce hospitales que dependen de la Alcaldía Metropolitana en Caracas hay 1.013 vacantes de enfermería, lo que significa 22% del total de los cargos existentes, según cifras preliminares del estudio Observatorio del Recurso Humano que realiza la Dirección de Salud de la Alcaldía Mayor, en alianza con la Organización Panamericana de Salud. La directora de Salud de la Alcaldía Metropolitana, Luisana Melo Solórzano, aseguró que si se hace una proyección de dicho estudio, aún sin concluir, se calcula que 2.100 puestos de enfermeras y enfermeros están vacantes en todos los hospitales del área metropolitana. Durante los fines de semana, los pacientes deben contar con la ayuda obligatoria de algún familiar o amigo para cumplir sus necesidades básicas.
Maricarmen Vázquez, estudiante de último semestre de Enfermería de la Cruz Roja, aseguró que las enfermeras prefieren las clínicas privadas por sus mejores condiciones laborales. «Los sueldos son más altos y no exigen que el personal cumpla tantas jornadas seguidas. No hemos terminado de sacar el título y ya tienes varias opciones de trabajo, porque las clínicas siempre buscan personal». Una enfermera de hospital público aseguró que un técnico superior en Enfermería gana de 800 a 900 mil bolívares mensuales, más cesta tickets; con guardias nocturnas alcanza hasta Bs 1,5 millones. Para el mismo profesional, el sueldo básico de ingreso en una clínica privada puede ser de 1,8 millones de bolívares, más otros beneficios. (El Universal, 23.07.07, http://noticias.eluniversal.com/2007/07/23/ccs_art_faltan-2.200-enferme_372622.shtml)
El déficit de personal especializado también es evidente en los hospitales del interior del país. La mayoría de los hospitales pertenecientes al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) en los estados Bolívar, Carabobo, Anzoátegui y Zulia, presentan seria carencia de médicos y especialistas en las diversas áreas de la salud. Por ejemplo, cifras estiman que para el hospital IVSS Raúl Leoni de Guaiparo, en San Félix, hay un déficit de 200 galenos. En el hospital de Guaiparo donde acuden pacientes de todo el estado Bolívar, el sur de Monagas y Deltamacuro, la carencia es de 40 galenos, 16 de ellos residentes y el resto especialistas. En Carabobo, Fernando Henríquez Ostos, presidente del Colegio de Médicos del estado, asegura que el déficit de personal médico en los centros de salud pública de esta entidad es de 50%, lo cual se traduce en unos 120 médicos. (El Universal, 23.07.07, http://noticias.eluniversal.com/2007/07/23/pol_art_hospitales-en-crisis_372568.shtml). Para el estado Falcón el déficit se calcula en 67 médicos lo que ha generado una crisis asistencial. La situación se agudiza en la costa oriental donde existen 12 ambulatorios sin galenos. (Ultimas Noticias, 17.07.07, Pág. 35).
Representantes del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas (Minpi), de la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas de la Asamblea Nacional (AN) y de la Comisión Nacional de Demarcación de Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades indígenas iniciaron una serie de debates, a fin de revisar los avances y reformas al conjunto de leyes, decretos y reglamentos de los pueblos originarios. La titular del Minpi, Nicia Maldonado, indicó que la idea también es revisar los procedimientos que se llevan a cabo en la demarcación de tierras de los pueblos aborígenes. Por su parte, el representante de la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas de la AN, diputado Ángel Pérez, precisó que esta comisión adelanta e impulsa proyectos como la creación de una ley de educación y una ley de idiomas de los pueblos aborígenes, así como la creación de la academia de los idiomas indígenas. (Agencia Bolivariana de Noticias, 11.07.07, http://abn.info.ve/go_news5.php?articulo=97229&lee=Array[0])
A pesar de los anuncios gubernamentales que el problema de abastecimiento de las caraotas negras se va a solventar, medios de comunicación informaron acerca de la inexistencia del producto en abastos y supermercados. A pesar de la regulación de 1.900 bs por kilo, se informó que quienes expendían el grano lo hacían a precios que oscilaban entre Bs. 5000 y 7.000. Algo parecido ocurre con las lentejas, que sólo había en los municipales. El kilo, regulado por el Gobierno a Bs. 1.320, también se vende entre Bs. 5.000 y Bs. 7.000. Asimismo, se informó de la escasez de azúcar y aceite vegetal de a litro. (Ultimas Noticias, 13.07.07, Pág. 27).
El ejecutivo nacional intentó paliar esta situación con los operativos especiales del Mercal realizados en la ciudad capital, pero se informó que varios artículos no se encontraron en los mismos o estaba regulada su venta a un kilo o paquete por persona. (El Universal, 15.07.07, http://www.eluniversal.com/2007/07/15/eco_art_fallaron-carne-y-hue_361168.shtml).
En la actualidad hay productos que no se encuentran en los anaqueles en su versión regulada, como la sardina enlatada que se debería vender a Bs. 630 la lata de 170 gramos, pero la industria la enlata en otras versiones, como ahumada o con limón, que se venden hasta en Bs. 1.995. Al respecto, el presidente del Indecu, Samuel Ruh dijo que «si persiste esta situación, el Gobierno tendrá que tomar una decisión». (Ultimas Noticias, 22.07.07, Pág. 26). Para el pollo, que también sufre de escasez en los mercados, el ministro de Alimentación Rafael Oropeza indicó que el déficit de la producción nacional se ubica entre 30 y 40% debido al alza en el consumo. La escasez de leche, en palabras del funcionario, se debía a la misma razón: el aumento de la demanda. (El Universal, 15.07.07, http://www.eluniversal.com/2007/07/15/eco_art_deficit-en-la-produc_362920.shtml).
Para el arroz, el déficit se calculaba en 110.000 toneladas (El Nacional, 20.07.07, Pág. 4). “Tenemos un problema de déficit en algunos productos. Por eso, sólo en los casos en que la industria no pueda producir suficiente, se autorizarán las importaciones», afirmó el ministro. (El Nacional, 12.07.07, Pág. 4). Dentro de las políticas implementadas se encuentra la inversión de un billón de bolívares provenientes del sector público y privado se han sembrado en todo el país unas 700 mil hectáreas de maíz, como resultado de la puesta en marcha del Plan Agroproductivo que lleva a cabo el Ministerio de Agricultura y Tierras. (El Universal, 15.07.07, http://www.eluniversal.com/2007/07/15/eco_art_siembra-de-maiz-crec_362918.shtml)
Resultados de la III Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares estiman que las misiones sociales que ha implementado el Ejecutivo Nacional en los últimos años han beneficiado a 47,4% de los hogares venezolanos. El resto de los encuestados no ha asistido o participado en ninguna misión social pero, destacó, en las familias de menores ingresos la incidencia de uso alcanza un promedio de 62,3%.
Luis Armando Rodríguez, gerente de Estadísticas Económicas del BCV, indicó que los resultados de la encuesta señalan que la Misión Sucre registró una incidencia de 22,8%. En cuanto a las misiones de salud y alimentación, la encuesta arroja que entre los principales usuarios de Barrio Adentro Médico y Barrio Adentro Odontológico están los infantes de 0 a 9 años, los estudiantes y las mujeres. En el caso de Mercal, al hacer la medición por grupos socioeconómicos tenemos que tanto los sectores de menores ingresos como los de mayor ingreso compran en Mercal. En el primer caso el porcentaje de usuarios de la red alcanza 57,4% de la población y en el segundo, 46,5%. (Agencia Bolivariana de Noticias, 23.07.07, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=98273&lee=3)
El desempleo juvenil casi duplica el promedio general del país. Las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes al mes de junio resaltan que la tasa de desocupación de las personas con edades comprendidas entre 15 y 24 años fue de 15,3%. Aunque el porcentaje de los jóvenes desempleados ha disminuido con respecto al 18,5% que se registraba hace un año, todavía resulta un nivel elevado de desocupación, más aún tomando en cuenta que la tasa general de desempleo se situó en 8,3% al cierre del mes de junio. Según los datos que maneja el INE, la desocupación juvenil afecta a un total de 345.529 personas, mientras que hace un año los afectados superaban las 400.000 personas. (El Universal, 19.07.07, http://noticias.eluniversal.com/2007/07/19/eco_art_desempleo-juvenil-se_366584.shtml)
El valor de la Canasta Alimentaria Normativa (CAN) en junio subió 12.471 bolívares con respecto al mes anterior, y su costo se ubicó en 508.621 bolívares, lo que representó un incremento de 12.741 bolívares, según informe elaborado del Instituto Nacional de Estadística (INE). Elías Eljuri, presidente del organismo, dijo que durante el mes pasado, los productos de la canasta experimentaron fluctuaciones de precios que incidieron en una variación intermensual de 2,57%. El informe muestra que los rubros que presentaron mayores aumentos fueron las sardinas enlatadas 32,06%, arvejas 19,78% y guayabas con 18,36%. Entre los rubros con las disminuciones relevantes se encuentran los mangos (14,96%), tomates (5,88%) y azúcar (3,87%). Los precios de los productos controlados en junio presentaron variaciones en el orden del 1,34%, en tanto que los no controlados variaron en 1,23%. (El Universal, 18.07.07, http://www.eluniversal.com/2007/07/18/eco_art_canasta-alimentaria_365816.shtml)
Por su parte el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del área metropolitana de Caracas registró en el mes de junio de 2007 una variación de 1,8%, similar a la observada en el mes anterior (1,7%) y a la registrada en junio del año pasado (1,9%). Con este resultado, la variación acumulada del IPC al cierre del primer semestre se ubicó en 7,8%, mayor al 5,5% reportado en igual período de 2006. (Banco Central de Venezuela, 02.07.07, http://www.bcv.org.ve/c4/notasprensa.asp?Codigo=5732&Operacion=2&Sec=False)
• La Asamblea Nacional debe promulgar una reforma a la LOT que cumpla con la Disposición Transitoria cuarta de la Constitución Nacional en lo que concierne a la retroactividad de las prestaciones sociales
• Implementar adecuadamente el Régimen Prestacional de Empleo, garantizando la adopción de mecanismos eficaces para la creación de empleos dignos, y que asegure a los trabajadores frente a la pérdida involuntaria del empleo.
• Culminar con el proceso de cuantificación de la deuda laboral a los funcionarios públicos, y garantizar su pago oportuno.
• Desarrollar políticas públicas que disminuyan la brecha de género existente entre hombres y mujeres, en lo que se refiere a remuneración y al acceso a empleos.
• Tomar medidas que faciliten el acceso al primer empleo a la población joven, así como la integración a la fuerza de trabajo de personas con discapacidad.
• Desarrollar políticas públicas eficaces que propicien condiciones favorables a la promoción del empleo digno, y la reducción de la pobreza.
• Profundizar los mecanismos de supervisión a cooperativas, a fin de impedir que se utilicen como forma de flexibilización de las relaciones laborales.
• Profundizar las medidas estatales para fomentar el empleo decente, que beneficie a hombres y mujeres por igual.
• Dotar de marco legal a los procesos de cogestión y autogestión.
• Dotar de marco legal a la medida de solvencia laboral, armonizando sus disposiciones con otras leyes que regulan la actividad económica.
• Implementar mecanismos transparentes y equitativos para la adjudicación de empleos en las empresas y obras públicas.
• Investigar y sancionar los hechos de violencia de los que han sido víctima sindicalistas y desempleados en el marco de las adjudicaciones de empleo en las empresas y obras públicas.
• Garantizar la realización de consultas tripartitas para el incremento anual de los salarios, y en general, para la toma de decisiones que inciden en la vida de los trabajadores.
• Garantizar la autonomía sindical en los procesos eleccionarios de las directivas de los sindicatos, y asegurar que la participación del CNE se limite a brindar asesoría técnica.
• Garantizar que se ajuste anualmente el salario mínimo tomando como referencia el valor de la canasta básica normativa.
• Garantizar la plena implementación del sistema de control y promoción del sistema de seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuado.
• Tomar las medidas necesarias para garantizar una actividad más eficiente de las Inspectorías del Trabajo en el control de cumplimiento de la medida de inamovilidad laboral, las prácticas de flexibilización para evadir obligaciones con los trabajadores y el pago de remuneraciones inferiores al salario mínimo.
• Implementar mecanismos transparentes para la determinación de la representatividad sindical y garantizar que las negociaciones de los convenios colectivos se realicen con los sindicatos más representativos.
• Abstenerse de reprimir violentamente y sancionar a los trabajadores en ejercicio del derecho de huelga.
• Adecuar la normativa laboral para ubicar la edad mínima para el trabajo en 16 años, de acuerdo con la recomendación N° 146 de la OIT. (Provea, 22.07.07, http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2005_06/pdf/2018/01/exigencias.pdf)
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
REFORMA CONSTITUCIONAL
ARTÍCULOS
NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS
DOCUMENTOS
Del 11 de junio al 06 de julio 2007
Boletín electrónico Nº 187
EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE JULIO
03 Día Universal de la Cooperación (1er. sábado)
05 Celebración de la Declaración de la Independencia de Venezuela (1811)
07 Día de la Conservación del Suelo
09 Día Internacional para la Destrucción de Armas de Fuego
11 Día Mundial de la Población
17 Día Mundial de la Justicia Internacional
CONTEXTO
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Los enfrentamientos suscitados entre oficialistas en El Palmar, capital del municipio Padre Pedro Chien, durante el primer día de recolección de firmas para apoyar revocatoria de mandatos populares, dejaron un saldo de un muerto y cuatro heridos. Fuentes policiales revelaron que presuntamente simpatizantes del alcalde Franklin González se encontraron de frente con seguidores del dirigente de Podemos, Aquilino Márquez, en una escuela que servía como centro del firmazo y allí se produjo un tiroteo que arrojó el saldo fatal. Al parecer en la madrugada sujetos no identificados habían quemado un autobús que serviría para movilizar a los firmantes, situación que despertó la ira de los representantes de Podemos que apoyan el proceso activado por Márquez y aprovecharon el encuentro para saldar cuentas. En la confrontación murió Yosmar Enrique Kiamer, de 28 años, chofer del burgomaestre, quien recibió cuatro impactos de bala. (Correo del Caroní, 17.06.07, http://www.correodelcaroni.com/component/option,com_wrapper/Itemid,162/?id=69614 )
Agresión en Caracas
En otra información relacionada con los procesos revocatorios el sargento retirado Leonardo Maita, impulsor de la recolección de firmas para promover el revocatorio contra el alcalde de Libertador, Freddy Bernal, denunció el 16.06.07 haber sido víctima de agresiones por varias personas a las que identificó como funcionarios de la Policía Municipal de Caracas. Relató Maita que cuando se encontraba haciendo un recorrido por varios centros de recolección, fue seguido por cerca de 30 motorizados que lo interceptaron en Catia. Allí comenzaron a lanzarle piedras y botellas al grupo que lo acompañaba, saliendo él y uno de sus escoltas heridos con múltiples golpes. Según señaló el denunciante, estas personas, que según dijo portaban armas, destrozaron el camión en el que se desplazaba y les quitaron una moto, propiedad de uno de sus compañeros, además lo amenazaron de muerte. Denunció igualmente que cuadros políticos del alcalde Bernal, se apostaron frente a los centros de recolección y fotografiaron a quienes iban a firmar para intimidarlos. (Ultimas Noticias, 17.06.07, Pág. 19)
Aprovechando la oportunidad del acto de inauguración del nuevo viaducto de la autopista Caracas-La Guaira por parte del Presidente de la República, Hugo Chávez, aproximadamente 80 miembros de la comunidad de Ojo de Agua, ubicada en la carretera vieja Caracas-La Guaira, se organizaron para participar el 21.06.07 y consignar al Presidente una denuncia sobre el desalojo de la zona ordenado por Decreto Presidencial el mes de abril pasado.
En su afán de apoyar a los miembros de las comunidades que desean optar por el mercado secundario del Programa VIII del Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Habitat, Provea acompañó a la comunidad en la acción. Ante la poca posibilidad de entregar personalmente el documento al presidente, la misiva fue enviada al Presidente vía Jorge Pérez Prado, directivo del INAVI. De acuerdo a Javier Melendez, líder comunitario, el documento pedía al presidente su intervención personal en el caso del desalojo de Ojo de Agua y recopilaba una serie de denuncias de las cuales la comunidad había sido víctima.
En conversaciones anteriores con habitantes de la zona, varias familias se quejaron de los atropellos y las amenazas proferidas por responsables del Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, en particular por el Teniente Coronel Ramón Montilla, director de atención al ciudadano del mencionado ministerio. La más reciente de las denuncias trata del derrumbe la casa de alimentación de la comunidad bajo el pretexto que la familia situada en la casa adyacente había sido reubicada. Asimismo, Provea observó que mientras parte de Ojo de agua no goza de acceso al agua, “ríos” de aguas blancas fluían por la única calle asfaltada de la zona, debido a las cuantiosas rupturas de tubería causadas por el paso de las maquinarias presentes para derrumbar los ranchos de las personas que han sido reubicadas.
Melendez afirmó que la pancarta elaborada para la celebración del nuevo viaducto con la consigna “Presidente abre los ojos, te están mintiendo con el desalojo de Ojo de Agua” habría sido decomisada por los cuerpos de seguridad. Provea no pudo corroborar esta denuncia.
En medio de la confusión reinante y la poca información sobre si Hugo Chávez iba a dirigir unas palabras a las ciudadanas y los ciudadanos agrupados en los alrededores del viaducto, los integrantes de la comunidad decidieron dejar de lado momentáneamente sus reivindicaciones y quedarse para saludar y ver de cerca al Presidente. Al finalizar la celebración, las familias regresaron a sus hogares, muchos de los cuales están ubicados en medio de escombros de casas previamente derrumbadas cuyas ruinas son dejadas a la vista de todos los integrantes de la comunidad.
Tras la petición de la comunidad de Ojo de Agua de recibir asesoría por parte de Provea para ejercer su derecho a la vivienda digna, el pasado 25.06.07 Provea realizó un diagnóstico en la zona para diseñar la estrategia de acompañamiento del caso. Los primeros resultados de dicho diagnóstico son de carácter cuantitativo. Para esa fecha, según el resultado de las 442 encuestas realizadas por Provea, existían un total de 442 familias habitando en los 4 sectores de Ojo de Agua. Las cifras estiman que existen 587 hombres y 543 mujeres en la zona, además de 585 niños y 473 niñas, para un total de 2189 personas. Asimismo, existen un total de 171 personas habrían perdido su empleo a raíz de haber permanecido en su vivienda para que no le tumbaran su casa, 184 familias optando para el mercado primario (casas recién construidas) y 242 para el mercado secundario.
El 15.06.07 se anunció el decreto de la expropiación y delimitación de los terrenos terrenos en el estado Miranda, para la construcción de las urbanizaciones que conformarán «Ciudad Mariches», una de las microciudades diseñada por la Misión Villanueva, el plan nacional que intenta dotar de viviendas a las clases menos favorecidas.
El decreto presidencial delimita hectáreas y lotes de terrenos ubicados en la carretera Peta, Santa Lucía, jurisdicción de las parroquias Caucagüita, La Dolorita y Fila de Mariches. Asimismo, el decreto instruye a que se aplique la Ley de Expropiación por causa de Utilidad Pública o Social; además se instruye para se inicie de manera urgente la construcción de la obra. La Misión se encargaría de los planes de fabricación de casas para damnificados y familias en situación de riesgo. (Ultimas Noticias, 15.06.07, Pág. 34).Según se ha denunciado en los medios de comunicación, el decreto de afectación del área afectará a 350 familias de la comunidad de La Neblina, y otras tantas de Tibroncito y Yagrumal, quienes desconocen lo que pasará con ellos y sus propiedades. (El Universal, 08.07.07, http://www.eluniversal.com/2007/07/08/pol_art_ciudad-chavez_347090.shtml)
Con el propósito de que a mediano plazo no existan ranchos en Guacara, la empresa Petrocasa tiene planteado la construcción de 18 mil viviendas por año en todo el municipio. Esta empresa del Gobierno Nacional, ubicada en Guacara – estado Carabobo, ofrecerá todo el material de construcción, mientras que el Gobierno local, a través del alcalde José Manuel Flores, brindará el apoyo necesario para garantizar los servicios públicos.
Samanta Pino, en representación de Petrocasa informó que el proyecto forma parte de una serie de construcción de viviendas que el Gobierno pretende desarrollar a lo largo y ancho del territorio nacional, para mejorar la calidad de vida de muchas familias venezolanas que requieren una casa digna. Explicó que luego del acuerdo entre la Alcaldía de Guacara y la nueva filial de Pequiven, Petrocasa, más de 900 familias que pertenecen a dos de las 27 Organizaciones Comunitarias de Vivienda que existen en el municipio, ya pueden ver materializados los sueños de muchas personas de tener una vivienda.
Por su parte Pablo Gutiérrez, presidente del Instituto Municipal de Vivienda y Equipamiento de Barrios (Imverguar) manifestó que el proyecto será ejecutado por Pequiven a través de Petrocasa, la cual tiene como objetivo principal que en el eje oriental de Carabobo no exista ni un solo rancho en los próximos años. (Notitarde, 28.06.07, http://www.notitarde.com/regiones/regiones5.html)
Según cifras de la Organización Akros, difundidas por la prensa nacional, al cierre del primer trimestre del año, los precios de los apartamentos en el Área Metropolitana de Caracas tuvieron un incremento promedio de 11,79%, siendo el costo del metro cuadrado 2,5 millones de bolívares, mientras que en el último trimestre de 2006 el valor era de 2,2 millones de bolívares. Cuando se realiza la desagregación por municipios se nota que en algunas zonas los precios subieron hasta 20%.
Según las cifras, correspondientes al período de enero a marzo de este año, en el municipio Baruta se registraron los mayores ajustes, el precio del metro cuadrado promedio se ubicó en 3 millones de bolívares, siendo el aumento 20,65%. En Sucre el incremento fue de 17,97%, con lo cual el valor promedio del metro fue 2,7 millones de bolívares, mientras que en Chacao el ajuste fue 16,15% de manera que el metro cuadrado presenta un costo de 3,4 millones de bolívares. A diferencia de períodos anteriores, en el resto de los municipios los ajustes fueron leves. En Libertador el aumento fue 3,68% siendo el promedio del metro cuadrado 1,6 millones de bolívares y en El Hatillo el ajuste fue 0,14%, con lo cual el valor del metro cuadrado se mantiene en 2,9 millones de bolívares.
De acuerdo con lo indicado por los representantes del sector inmobiliario, la oferta de inmuebles es menor a la demanda. Los registros del mercado indican que de las operaciones que se realizan en el sector, 90% corresponde a soluciones del mercado secundario (viviendas viejas) y sólo 10% a transacciones en el mercado primario (viviendas nuevas). Esto se traduce en que las soluciones habitacionales disponibles para la venta sean pocas, y que el mercado sea limitado. (El Universal, 24.06.07, http://www.eluniversal.com/2007/06/24/eco_art_11,79-escalan-preci_332282.shtml)
Ante la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional fue denunciada una presunta estafa que ocasionaría a la República venezolana un daño patrimonial por 156 millones de dólares. Es el caso del convenio que en 2005 firmaron, por el referido monto, Venezuela y Uruguay para que ese país ensamblara e instalara en territorio nacional 12.193 viviendas prefabricadas. Se estima que 90% de los recursos ya fue ejecutado, pese que a la fecha sólo han ingresado 12 unidades que ni siquiera han podido ser instaladas. La denuncia fue formulada el 15.06.07 por Luciandys Ordosgoytti, quien hasta hace poco se desempeñó como coordinadora del mencionado convenio en el Ministerio de Viviendas y Hábitat, pero que fue destituida de su cargo luego de que empezó a realizar las primeras observaciones sobre las evidentes irregularidades.
De acuerdo a la documentación consignada por Ordosgoytti en el Parlamento, a la denuncia se agrega que el material plástico con el que están fabricadas las viviendas es nocivo para la salud, según han advertido especialistas en Uruguay. El ministro de Viviendas de ese país durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle prohibió las estructuras debido a que el asbesto y el hormigón, otros de sus componentes, al recalentarse, también resultan dañinos para la salud. El convenio en cuestión forma parte de una declaración conjunta suscrita el 10 de agosto de 2005 por los presidentes Tabaré Vásquez y Hugo Chávez, durante una visita de éste a la ciudad de Montevideo. El acuerdo incluyó cooperación energética, tecnológica y desarrollo social (en el que se incluía la materia de vivienda), por un total de 270 millones de dólares, recursos con los que se creó un fondo denominado Bolívar-Artigas, en honor a los héroes independentistas de ambos países. De dicho monto, 156 millones de dólares fueron destinados al área de vivienda, y con ellos se estructuró un fideicomiso que sería administrado por el Banco República y el Bandes, instituciones de Uruguay y de Venezuela, respectivamente. (El Nacional, 17.06.07, Pág. 7)
Los anuncios ministeriales acerca de la eliminación del llamado Programa Ocho, que ofrecía subsidios para la compra de viviendas en el mercado secundario, generaron una serie de protestas de personas que optaban por dicho beneficio. El 25.06.07 los Habitantes de Nueva Tacagua de los sectores A, B y C protestaron pacíficamente en la sede del Inavi, en la avenida Francisco de Miranda de Caracas, para exigir la reactivación del programa. Los vecinos, con pancartas en mano, llegaron a las 9 de la mañana, y trancaron la Francisco de Miranda. Las consignas más resaltantes: «Que sea reabierto el mercado secundario», «somos propietarios, no somos invasores», «no somos damnificados, somos propietarios», «no queremos a los péritos corruptos que en vez de ayudar lo que hacen es perjudicar y tampoco más censo, queremos respuestas ya», «somos seres humanos, no somos animales, queremos solución, audiencia ya». Leonor Rivero, habitante del sector C, terraza L de Nueva Tacagua, informó que en el piso 3 del Inavi se quedaron 700 carpetas a la espera de la firma para la compra de las nuevas casas, «algunas personas ya habían pagado 30 millones de bolívares y lamentablemente los pueden perder, estamos pidiendo al Ministerio de Vivienda y Hábitat que les reintegre ese dinero». (Ultimas Noticias, 26.06.07, Pág. 7).
Al día siguiente, y de nuevo frente a la sede del Inavi en Caracas, un grupo de 60 familias damnificadas de Vargas realizaron una protesta para solicitar, también, la reactivación del beneficio. Provea se movilizó a la protesta y pudo constatar que la misma se desarrolló de manera pacífica, y que los agentes de la Policía Metropolitana custodiaban el lugar a petición de los propios manifestantes: “Un grupo de empleados del Inavi se pusieron violentos, y por eso llamamos a los PM”, nos relató una señora que prefirió mantener el anonimato. Diferentes personas relataron a Provea su experiencia con la entrega de documentos para aspirar al Programa Ocho, y muchos de ellos coincidían en que la corrupción interna había entorpecido su disfrute al derecho a una vivienda digna.
El presidente Chávez anunció, el pasado 23.06.07, la puesta en marcha de la Misión Che Guevara, a partir del mes de julio, aclarando que no significa la desaparición de la Misión Vuelvan Caras, sino su crecimiento y transformación. Como se explica en la nota de prensa del Ministerio de Comunicación e información: “no es que se termine la Misión Vuelvan Caras, sino que va a evolucionar dando un salto adelante. La Misión Vuelvan Caras es el corazón de la Misión Che Guevara rumbo al socialismo”.
El mandatario nacional aprovechó la ocasión para felicitar a los 146 lanceros y lanceras de Vuelvan Caras 2006-2007, graduados hasta la fecha en todo el territorio nacional. (Ministerio del Poder Popular de la Comunicación y la Información, 23.06.07, http://www.minci.gob.ve/noticias_-_prensa/28/14496/gobierno_bolivariano_anuncia.html)
Un proyecto de reforma constitucional, manejado por la comisión presidencial que se encarga de la redacción de la nueva Carta Magna y difundido por la prensa nacional, afirma que sólo los sindicatos y federaciones que representen a la mayoría de los trabajadores podrán negociar las convenciones colectivas y dirigirse a las autoridades gubernamentales. En dicho papel de trabajo al artículo 96 de la Constitución Nacional fue agregado un párrafo donde queda determinado que los trabajadores contarán con libertad para afiliarse al sindicato de su preferencia, aunque las únicas organizaciones sindicales que podrán discutir y velar por el cumplimiento de los contratos serán aquellas que agrupen a la mayoría de los empleados «de una empresa o la federación que represente la mayoría de sindicatos de una región o federaciones de una rama industrial».
Por otro lado, una de las reiteradas solicitudes del sector sindical quedó resuelta al quitarle al Consejo Nacional Electoral (CNE) la potestad de organizar los procesos comiciales de las organizaciones sindicales. El papel de trabajo destaca que el ente gubernamental solamente podrá cooperar en las elecciones de este tipo, si las federaciones, sindicatos o gremios lo consideran necesario.
En lo que respecta al derecho a huelga, la instancia encargada de la reforma finalmente consideró necesario mantener la posibilidad de que los trabajadores utilicen las interrupciones parciales o totales de la jornada laboral como protesta. No obstante, otro fragmento del proyecto de Constitución Nacional (artículo 117) prohíbe «terminantemente» la paralización directa o indirecta de los servicios o prestaciones públicas, «como consecuencia de acciones (…) de personas o grupos que afecten el interés social».
En otros aspectos, en el papel de trabajo se indica que ya no serán los patronos quienes garantizarán las condiciones de seguridad, higiene, ambiente y relaciones sociales en el trabajo, sino que ese rol será del Estado. Asimismo, quedó estipulado en los artículos 89 y 90 la obligatoriedad de impartir formación a los trabajadores. (El Universal, 23.06.07,
http://www.eluniversal.com/2007/06/23/eco_art_condicionan-rol-de-s_331070.shtml).
Ley de los Consejos Socialistas de Trabajadores
Por otra parte se informó que desde el 19 de junio reposa en la Asamblea Nacional el proyecto de ley de los consejos socialistas de trabajadores. El Partido Comunista de Venezuela consignó la propuesta que da carácter legal a esa organización, a la cual se asignan 14 atribuciones.
Según el mismo estarán autorizados para funcionar en empresas públicas, privadas o mixtas que operen en Venezuela. La norma puede ser aplicada en centros de trabajo, instalados fuera de la República, con personal venezolano.
Los CST no sustituirán ni desplazarán a los sindicatos, aseguran en el proyecto: «Ambos tienen funciones y propósitos diferentes, pero podrán apoyarse mutuamente, sobre todo para formar la conciencia de clase, procurar la unidad de los trabajadores y salvaguardar sus derechos sociales, económicos, culturales y políticos».
En el proyecto se le faculta para el control productivo y administrativo y la formación sociopolítico, a través de Comités de Gestión que, entre otras cosas, pueden intervenir en planificación y presupuesto, producción y control de calidad, almacenamiento e inventario de materia prima y productos terminados, mantenimiento y servicios, distribución y comercialización, formación y capacitación, comunicación y difusión, coordinación política e institucional, unidad y solidaridad.
En el artículo 4 se advierte: «El patrono, así como las autoridades públicas, los reconocerán como organizaciones de pleno derecho y no podrán obstaculizar su constitución ni su funcionamiento». En cada centro de trabajo funcionará sólo un CST), que podrá estar integrado por trabajadores».
Al justificar la existencia de estas instancias, los diputados Oscar Figuera, Douglas Gómez y Edgar Lucena señalan: «… el proceso de tránsito al socialismo exacerba las contradicciones de clase, produciendo nuevas definiciones, deslindes, reagrupamientos y recomposición de alianzas, cuyo desenlace estará en correspondencia con la correlación de fuerzas que alguna de las clases en pugna logre construir en la sociedad (…) Ese curso y desenvolvimiento nos demanda superar las inmensas debilidades presentes en uno de los sujetos fundamentales de la revolución socialista: la clase obrera y demás sectores de trabajadores. Es necesario ganar la conciencia de la clase obrera para el socialismo». (El Nacional, 26.06.07, A/6).
El alcalde del municipio Libertador, Freddy Bernal, afirmó que el mercado de La Hoyada, destinado a la economía informal, seria abierto “con toda seguridad” durante la primera quincena del mes de julio. El funcionario afirmó que el retraso en la obra había sido ocasionado por el incumplimiento de la empresa constructora contratada inicialmente. Afirmó que esta feria tendrá características atractivas como techo machihembrado, separación de los puestos con santamarías, alumbrado y vigilancia. (El Universal, 27.06.07, http://www.eluniversal.com/2007/06/27/ccs_art_afirman-que-no-habra_336442.shtml).
La feria constará de 573 puestos, según informó el presidente de la cooperativa que agrupa a los antiguos trabajadores de la economía informal de la plaza Diego Ibarra, Raúl Gutiérrez. Informó que ya adquirieron el material necesario para construir 300 locales, gracias a una contribución de 2 millones 16 mil bolívares efectuada por cada uno de los comerciantes. «Pero, lo más probable es que sobre dinero y será devuelto a cada persona», afirmó. (Agencia Bolivariana de Noticias, 27.06.07, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=96214&lee=Array[0])
En sus declaraciones, el Alcalde Freddy Bernal afirmó que «En un tiempo más corto del que la ciudadanía piensa no habrá economía informal en todo el casco central». En este sentido se informó que La Alcaldía del Municipio Libertador concluyó el proceso de empadronamiento de los comerciantes informales que laboran en el casco central de Caracas, a través del cual fueron censados tres mil cuatrocientos trabajadores, quienes serán reubicados una vez que se tengan listas las alternativas. El mandatario se limitó a decir que también se está adelantando el censo de los buhoneros de la avenida Sucre y San Martín, como un primer paso para su reordenamiento.
«Después de empadronarlos tenemos que determinar cuántos de ellos son menores de edad, extranjeros, venezolanos y cuántos de la tercera edad, para coordinar las acciones de reubicación. Lo que han visto en Sabana Grande lo vamos a llevar progresivamente a otras zonas de Caracas», dijo. (Ultimas Noticias, 13.06.07, Pág. 3).
El Sindicato de Trabajadores de CVG Alcasa (Sintralcasa) denunció a la contratista Corpobrica por realizar un servicio irregular del servicio de comedor de los trabajadores de la empresa. (Correo del Caroní, 26.06.07, http://www.correodelcaroni.com/component/option,com_wrapper/Itemid,162/?id=70512). La denuncia fue corroborada por los miembros del Comité de Higiene y Seguridad Laboral de CVG Alcasa, quienes confirmaron que los cinco comedores de la factoría ubicados en las áreas de Muelle, Fundición, Planta de Carbón, Fase IV y Empleados no cumplen con las “mínimas condiciones de higiene”. Los resultados de una inspección realizada a los establecimientos determinó que el personal no posee implementos adecuados (guantes desechables, tapabocas, gorros) para la manipulación de los alimentos, el sitio donde se preparan las comidas no está higiénicamente adecuado puesto que en el lugar se observaron moscas y chiripas y las rejillas de drenaje de basura se encuentran llenos de desperdicios. Por su parte, Luis Medina, miembro del Comité de Higiene y Seguridad Laboral, también denunció la falta de dotación de implementos de seguridad para los trabajadores de la primera reductora del aluminio, en especial, para aquellos que se exponen a altas temperaturas. (Correo del Caroní, 27. 06.07, http://www.correodelcaroni.com/content/view/70598/149)
Antiguos trabajadores de Pdvsa Occidente solicitan la incorporación a sus puestos de trabajo, de los cuales argumentan fueron despedidos porque su firma aparecía en los procesos consultivos acerca de la permanencia del Presidente de la República en su puesto. Representantes sindicales de la zona de Lagunillas aseguraron que existen más de mil trabajadores de empresas contratistas de occidente que están amenazados de perder su medio de sustento por esta razón. Aseguran que se han concretado despidos masivos en todas las áreas de producción y exploración, y esto ha afectado significativamente el nivel de producción de la estatal.
“Solo en Campo Urdaneta Oeste la producción de barriles bajó de 60 mil a 33 mil diarios, y se calcula que el déficit de la producción general esta en unos 200 mil barriles diarios”, señaló Jairo Ollarves, secretario general de Sinutrapetrol. Ollarves declaró que la discriminación del recurso humano dentro de la industria, lejos de apagarse se ha intensificado y ahora ningún trabajador se siente seguro en su puesto. “Están sacando a los trabajadores de los puestos que han ocupado por un mínimo de seis años, y les dicen que no pueden estar dentro de Pdvsa porque firmaron en el consultivo o porque tienen antecedentes penales”.
Por su parte Audio Soto, dirigente de Fetrahidrocarburos, manifestó que más de 780 trabajadores de Transporte acuático no han sido absorbidos como es debido y corren el peligro de ser removidos. “Estos trabajadores les sirvieron durante 15 y 16 años dentro de la industria, y ahora no les sirven porque firmaron, por eso estamos luchando y denunciamos un paro técnico dentro de la industria por falta de personal”. (El Regional del Zulia, http://www.elregionaldelzulia.com/costatexto.asp?ID=7854)
Un grupo de estos ex trabajadores se movilizaron a Caracas para realizar una manifestación en las adyacencias del Palacio de Miraflores el pasado 26.06.07. Glenys Rivero, dirigente sindical conocido como “Machaca”, denunció a Provea las intimidaciones que reciben por exigir su derecho al trabajo: “Utilizan el modus operandi del sicariato, amedrentando a los sindicalistas y lo han logrado, pues han ganado bastante terreno. Los sindicalistas tienen miedo de declarar a ante los medios de comunicación por el miedo de ser interceptados por el gobierno y la gente de Pdvsa occidente”. Machaca describió la manera en que a su juicio operan los sicarios contra los trabajadores: “Hemos sido amenazados, nos tiran la guardia, la policía. Cuando los cuerpos de seguridad ya no pueden con nosotros, dejan las cosas tranquilas y a las tres o cuatro semanas aparece un muerto, sin tener problemas con nadie. Incluso se habla a vox populi que existe un tabulador de acuerdo al cargo y renombre de la persona que vayan a matar”.
El dirigente obrero explicó vía telefónica a Provea lo que consideraron como una intimidación a su derecho a la protesta pacífica: “Un grupo de nosotros tomamos Miraflores y la Asamblea Nacional. Fuimos mas de 10 sindicatos en respaldo de más de 800 personas que van a quedar cesantes, pues dijeron que Pdvsa los iba a absorber y resulta que no. Salimos 120 personas para el Zulia. Cuando íbamos saliendo de Plaza Caracas nos rodearon gente de Tupamaros y de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), armados, nos rodearon en una actitud de amedrentamiento, diciéndonos “este es territorio de nosotros”. Nosotros calmaditos, nos quisimos hacer nada”. Al retornar al Zulia, varios de los dirigentes recibieron amenazas telefónicas: “Cuando llegamos –dice Machaca- a las 10 de la mañana veo que el teléfono repica y dice “Número no identificado”. Contesto y me dicen “Mira mijo, que es lo que esta pasando con Pdvsa Occidente? Te exigimos que dejes eso así porque no queremos tener problemas. Nosotros sabemos donde vives tu, donde te la pasas tu y es mejor que te quedes tranquilo”. Llamo a mi compañero y me dice, a mi también me están llamando”. El dirigente afirmó que continuarían realizando acciones para defender su derecho al trabajo.
El Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas (Minpi) anuncio la entrega el 28.06.07 de 756 módulos de alimentación a las comunidades warao, ubicadas en los sectores Las Rivieras y Cambalache, municipio Caroní, estado Bolívar. La titular del Minpi, Nicia Maldonado, recordó que la entrega de suplementos nutricionales forma parte del convenio suscrito con el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación (Minal), el cual tiene como objetivo suministrar hasta 5 mil 500 módulos o paquetes de alimentos mensuales a comunidades indígenas del país en condiciones de extrema deficiencia nutricional.
Precisó que mediante los referidos módulos suministrarán suplementos nutricionales a 45 familias del sector Cambalache y a 24 familias del sector las Rivieras, del municipio Caroní, así como a 10 comunidades indígenas ubicadas en el municipio Sifontes. Asimismo, indicó que entregaron unas 40 toneladas de alimentos a familias indígenas de las etnias jivi, pumé y cuivas, ubicadas en las comunidades Guafilla, Barranco, Yopal y Guamalito, en el estado Apure.
Anunció que este viernes 29 otorgarán módulos de alimentación a más de mil 250 indígenas de 10 comunidades del pueblo Kariña, localizado en el estado Bolívar. (Agencia Bolivariana de Noticias, 27.06.07, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=96205&lee=Array)
El pasado 22.06.07 se denuncio que la octogenaria Barbara Peña había fallecido en el hospital Luis Razetti de Barinas por falta de camillas en el centro asistencial. Según la información difundida por la prensa regional, Peña había sufrido un infarto y fue trasladada por sus familiares hasta el centro asistencial para tratar de salvarle la vida. Luego de la llegada al hospital, la paciente esperó por espacio de 30 minutos para ser atendida y en el transcurso de la espera su corazón no aguantó más. El director del centro asistencial Damián Mejías refirió que actualmente existe un déficit de 6 camilleros por falta de presupuesto que hasta el momento la Dirección regional de salud no ha resuelto. Por ello, según Mejías, solamente laboran en la entidad tres camilleros, uno por turno. Igualmente informó que había recibido la orden de reducir el personal por razones presupuestarias. (De Frente. 22.06.07, Pág. 31)
La Subcomisión Especial de la Asamblea Nacional que estudia los precios que deben cancelar los usuarios de las clínicas privadas, se reunió el 13.06.07 con representantes de empresas aseguradoras para conocer los parámetros del baremo de costos que las mismas han establecido a los centros privados de salud y para discutir la limitación en cobertura de las pólizas HCM. Los representantes de al menos cuatro grandes empresas de seguros aseveraron que no son ellos quienes establecen a las clínicas el precio de los procedimientos, sino que se imponen límites de costos para asumir la cancelación.
Tirso Silva, presidente de la subcomisión, afirmó que aseguradoras y clínicas deben cambiar su visión mercantilista de la salud y acercarse más al sentido social sin dejar de percibir una ganancia. Exigió a ambos sectores demostrar la realidad de su estructura de costos. (El Universal, 14.06.07, http://noticias.eluniversal.com/2007/06/14/pol_art_an-exige-a-clinicas_319077.shtml)
Una disminución de 2,2 puntos porcentuales en la tasa de desempleo con respecto a mayo del año 2006, para situarse en 8%, reportó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, durante el acto con motivo de la XIII Rueda de Negocios para las compras del Estado. Desde el Teatro del Círculo Militar de Venezuela, el presidente Chávez aseguró que esta disminución se ha logrado gracias a las diversas políticas promovidas por la Revolución Bolivariana. (Ministerio del Poder Popular de Comunicación e Información (Minci), 21.06.07, http://www.minci.gob.ve/noticias_-_prensa/28/14459/tasa_de_desempleo.html)
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) del área metropolitana de Caracas registró en el mes de junio de 2007 una variación de 1,8%, similar a la observada en el mes anterior (1,7%) y a la registrada en junio del año pasado (1,9%). Con este resultado, la variación acumulada del IPC al cierre del primer semestre se ubicó en 7,8%, mayor al 5,5% reportado en igual período de 2006.
Los rubros controlados mostraron una variación superior a la del mes previo, al pasar de 1,1% a 1,5%; por el contrario, los no controlados registraron una leve desaceleración, de 2,2% a 2,0%.
Al desagregar los resultados del IPC por agrupaciones, se observa que 6 de las 13 categorías presentaron tasas intermensuales más altas que en el mes de mayo: Equipamiento del hogar (de 0,4% a 4,4%), Salud (de 1,0% a 3,3%), Vestido y calzado (de 0,6% a 1,7%), Bienes y servicios diversos (de 1,4% a 2,0%), Alquiler de viviendas (de 0,0% a 0,6%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (de 0,9% a 1,3%); otras 4 mostraron desaceleraciones en sus tasas de crecimiento: Alimentos y bebidas no alcohólicas (de 2,9% a 2,3%), Restaurantes y hoteles (de 3,7% a 2,2%), Transporte (de 2,1% a 1,4%) y Esparcimiento y cultura (de 1,3% a 0,3%).
Por otra parte, según el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cenda), el costo total de la cesta alimentaria se ubicó para el mes de junio en Bs 912.346, incrementándose un 1%.
Durante el mes pasado el rubro que más incrementó su precio fue el de grasas y aceites, que registra un alza promedio de 16,3%. Según el Cenda, el aceite vegetal subió 28%, debido a su escasez y al hecho de que en la economía informal puede costar entre Bs 5.200 y Bs 8.000 el litro. En el caso del pescado, su precio se incrementó 9,2%. Subieron los valores de la sardina enlatada (26%), el corocoro (18%), cazón (9%) y el atún fresco (5%).
Durante los primeros seis meses del año la canasta alimentaria se ha incrementado en Bs 101.212, es decir, 12,5%, según los datos del Cenda. El salario mínimo vigente de Bs 614.790 sólo alcanza para comprar 67,4% del valor de la cesta. Se necesitan 297.556 bolívares adicionales para poder comprar la totalidad de la canasta alimentaria. (El Universal, 03.07.07, http://www.eluniversal.com/2007/07/03/eco_art_costo-de-cesta-alime_344025.shtml)
• Vigilar y garantizar que la política actual de importaciones tenga un carácter temporal y estrictamente destinado a suplir el desabastecimiento de alimentos. En tal sentido, remover todos los obstáculos que
inciden en la situación de desabastecimiento recurrente que caracteriza al país.
• Elaborar y aplicar una normativa de carácter nacional para el control y regulación de los Organismos Genéticamente Modificados en Venezuela (transgénicos), en conjunto con las instituciones y organizaciones que desarrollan investigaciones en la materia.
• Continuar con el ajuste regular del salario mínimo de manera tal que cubra plenamente
los costos de la Canasta Alimentaria.
• Desarrollar una política de supervisión de la elaboración de alimentos destinada a asegurar la calidad e higiene necesarias en su preparación y conservación que garantice la inocuidad de los mismos.
• Desarrollar programas de atención y prevención destinados a controlar la tendencia
creciente al sobrepeso en la población.
• Fortalecer la política integral de atención al pequeño productor, de manera que garantice tanto la tenencia de la tierra como los recursos tecnológicos y financieros para su usufructo, junto con unas condiciones dignas de existencia.
• Diseñar y adelantar una campaña orientada a educar en materia de nutrición, higiene y salud.
• Vigilar de manera permanente la implementación de los programas de fortificación de alimentos y asegurar que los alimentos que se consumen en el país, ya sean de fabricación nacional o importados, cuenten con los suplementos vitamínicos establecidos en dichos programas.
• Implementar, en el corto plazo, medidas que disminuyan el índice de anemia y deficiencia de hierro, especialmente en el grupo de población menor de dos años.
• Implementar medidas en el corto plazo que reviertan el aumento en las muertes por desnutrición, especialmente en los grupos poblacionales que presentan más incidencia (menores de 4 años), tales como la fortificación de alimentos de consumo masivo de estos niños y la garantía de accesibilidad
a alimentos con los requerimientos nutricionales necesarios.
• Elaborar en el corto plazo una política nacional en relación con las importaciones, que contenga un diagnóstico claro de la situación y establezca metas precisas a cumplir en el tiempo.
• Desarrollar y mantener una política de consensos y acuerdos entre los diversos sectores y actores que intervienen en la producción y comercialización de alimentos en el país. (Provea, 28.04.07, http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2005_06/pdf/2018/01/exigencias.pdf)
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
REFORMA CONSTITUCIONAL
ARTÍCULOS
DOCUMENTOS
Del 16 de mayo al 10 de junio 2007
Boletín electrónico Nº 186
EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE JUNIO
01 Aprobación de Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente en Venezuela
04 Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión
05 Día Mundial del Medio Ambiente
08 Día Mundial de los Océanos
12 Día Mundial Contra el Trabajo Infantil
14 Día Mundial de la Donación de Sangre
17 Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía
20 Día Internacional del Refugiado
21 Día Internacional de la Educación No Sexista
21 Día por una América Latina Libre de Transgénicos
26 Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura
CONTEXTO
El Boletín electrónico «Derechos Humanos y Coyuntura» contará, a partir de esta edición, con una versión resumida para imprimir en formato pdf. La misma consta de 4 páginas tamaño carta pensada para los lectores que poseen poco acceso a internet, así como para ser difundida y distribuida en comunidades, centros de estudio y grupos organizados, por medio de impresiones o fotocopias. Si desea descargar la versión impresa de DDHH y Coyuntura 186 visite el siguiente enlace: acá
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), informa que los días 2,3 y 4 de julio del presente año, tendrá lugar el VIII Seminario de formación en DESC dirigido a diversos sectores: organizaciones sociales y de derechos humanos, académicos, estudiantes, funcionarias/os públicos, afectadas/os en el goce de sus derechos, etc. Este año, lo hemos titulado: “Una mirada a las Políticas Públicas desde los Derechos Humanos”. El seminario quiere ser un espacio para la reflexión, formación y debate sobre las políticas públicas con perspectivas de Derechos Humanos. Compartir saberes y experiencias que hayan incidido en la elaboración, monitoreo y evaluación de las políticas públicas desde un enfoque de derechos humanos. Asimismo, proporcionar herramientas que permitan a la sociedad participar en el planeamiento, vigilancia, monitoreo y evaluación de las políticas públicas. En Venezuela contamos con un marco normativo donde la participación ciudadana está consagrada como derecho, y a su vez, se preveen espacios comunitarios que la hagan efectiva. Hablar de políticas públicas con enfoque de Derechos Humanos, implica que la elaboración, monitoreo y evaluación de una política pública debe tomar en cuenta la realidad en al que se va a desarrollar. Es importante visualizar el contexto, la población destinataria y los efectos de la política pública en la garantía de sus derechos, bajo los principios de igualdad, equidad y solidaridad consagrados en la Carta de Naciones Unidas.
Este año contaremos con la participación de ponentes de carácter nacional e internacional, que nos ampliaran este contenido. Entre los ponentes Nacionales contaremos con la presencia de la Mari Luz Guillén de la Dirección de Participación Comunitaria del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, con una representación de la Fundación de Derechos Humanos del Estado Sucre (INCIDE), con Ana Barrios, Antonio Gonzalez y Raúl Cubas, miembros de la Asamblea de Provea, y con una representante de UNICEF- Venezuela entre otros.
En el ámbito internacional contaremos con Javier Mujica, abogado del Centro de Asesoría Laboral del Perú (CEDAL), http://www.cedal.org/index2.html, con el Sociólogo Ludwig Guendel. UNICEF – Ecuador, con Octavio Carsen del Centro de Investigaciones Sociales y Asesorías Legales Populares (CISALP)- Argentina, www.cisalp.org.ar/ y con Marcelo Carruso, representante de la Defensoría del Pueblo de Colombia.
Un año más esperamos contribuir con este Seminario a la formación en Derechos Humanos con énfasis en Derechos económicos, sociales y culturales.
En el marco del VIII Seminario de Formación en Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) tiene el gusto de invitarle al foro: “Reflexiones sobre la participación ciudadana en la vigilancia, monitoreo y evaluación de las políticas públicas con enfoque de DESC: una mirada desde el Estado y desde la Sociedad Civil”
Fecha: martes 03 de Julio 2007
Hora: 5:30 p.m.
Lugar: Sala A del ATENEO DE CARACAS
Entrada libre
La organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) divulgó el 23.05.07, su Informe 2007, su reconocido estudio anual en el cual analiza la situación de los derechos humanos en todo el mundo. El Informe, referente al año 2006, presenta datos de 153 países en cinco áreas: violencia contra las mujeres, armas bajo control, pena de muerte, tortura y terror, y justicia internacional.
El Informe 2007 perfila un mundo asolado por conflictos armados, represión y discriminación. Según AI, el mundo actual es un lugar en el que las mujeres «están en permanente peligro» de ser víctimas de violencia. Por lo menos una de cada tres mujeres, ya fue agredida, obligada a mantener relaciones sexuales o sufrió otro tipo de abuso. En la mayoría de los casos, esa violencia es cometida por un pariente o conocido de la víctima.
Venezuela
En el apartado referente a nuestro país, AI afirmó que la mayoría de las violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad continuaron impunes. Asimismo, que defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas sufrieron amenazas, intimidación y ataques.
Entre otros, el texto recuerda el caso, ocurrido en julio del 2006, en donde se encontraron los cuerpos sin vida de ocho personas –tres mujeres, tres hombres y dos niños– en una finca situada entre las localidades de La Victoria y El Nula, región de Alto Apure, en la frontera con Colombia. Según las declaraciones de testigos y los datos preliminares recogidos por la policía, en los homicidios habían participado varios miembros de las fuerzas armadas. Sin embargo, sólo un militar fue acusado formalmente y enjuiciado por estos crímenes. Organizaciones de defensa de los derechos humanos afirmaron, difunde el informe, que este incidente formaba parte de un patrón más amplio de violaciones de derechos humanos cometidas por la misma unidad militar contra comunidades rurales en el estado de Apure.
En mayo, recuerda Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reiteró su preocupación por las amenazas y otros actos de franca hostilidad hacia estos activistas por parte de funcionarios del Estado, quienes relacionaron a los miembros de ese colectivo con «estrategias golpistas» o desestabilizadoras. El informe reitera la preocupación acerca de que el Proyecto de Ley de Cooperación Internacional pueda utilizarse para restringir las actividades de los defensores de los derechos humanos.
Por otra parte, la violencia contra las mujeres, declara AI, continuó siendo motivo de preocupación. Por ello, En noviembre, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
La ONG insiste en que han continuado las amenazas y los ataques contra periodistas. El relator especial para la libertad de expresión de la Organización de los Estados Americanos expresó preocupación por el asesinato en abril de Jorge Aguirre En agosto, Jesús Flores Rojas, coordinador del periódico Región en El Tigre, estado de Anzoátegui, que había denunciado la corrupción de funcionarios civiles locales, recibió ocho disparos en la cabeza mientras estacionaba su automóvil en las inmediaciones de su domicilio. Según los informes, los hombres presuntamente responsables de los disparos fueron abatidos a tiros por la policía, y se detuvo a tres agentes de policía acusados de participar en el homicidio de Jesús Flores Rojas. Al terminar el año no se sabía si el Ministerio Público había presentado cargos.
Si desea descargar el informe de Amnistía Internacional, visitar
El Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Dr. Florentín Meléndez, presentó el Informe Anual de la CIDH correspondiente a 2006 ante la 37ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebrada recientemente en Panamá. Durante su presentación, el Dr. Meléndez solicitó a los Estados realizar mayores esfuerzos para mejorar los niveles de cumplimiento de las recomendaciones y sentencias del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y para avanzar en la ratificación de tratados en la materia. Asimismo, subrayó la necesidad urgente de aumentar el presupuesto regular de la CIDH. Durante su intervención, el Dr. Meléndez destacó además los puntos más significativos del Informe Anual de la CIDH, incluido el capítulo donde se analiza la situación de los derechos humanos en los Estados miembros que fueron objeto de especial atención de la Comisión durante al año 2006: Colombia, Cuba, Haití y Venezuela.
Al referirse a Venezuela, el Dr. Meléndez expresó la preocupación por la “falta de concreción del Gobierno de Venezuela para permitir visitas de la Comisión” a ese país a fin de cumplir con sus funciones y su mandato, así como por la inseguridad ciudadana, la falta de independencia judicial, la precaria situación de las personas privadas de libertad, los altos niveles de violencia carcelaria y la situación de la libertad de expresión. En este sentido, puntualizó que la CIDH recibió información “sobre hechos que afectaron la libertad de expresión, que incluyeron asesinatos, actos de agresión, aumento de procesos penales contra periodistas y acciones que podrían configurar restricciones indirectas a la libertad de expresión, según las cuales autoridades de gobierno anunciaron la revisión de la concesión de medios de comunicación por motivos que podrían incluir su línea informativa”. Indicó que la CIDH reconoce la potestad del gobierno de administrar el espectro radioeléctrico pero especificó que esta potestad “debe ser ejercida tomando en cuenta las obligaciones internacionales del Estado, que incluyen la de garantizar la libre expresión de ideas y pensamientos de toda índole, sin adoptar restricciones indirectas a la libertad de expresión sobre la base de la línea editorial de los medios de comunicación”. Por otro lado, el Dr. Meléndez dijo que la CIDH constató en el año 2006 “la significativa y pacífica participación de la ciudadanía venezolana en las elecciones presidenciales”.
En referencia a la relación entre la CIDH y los Estados, el Dr. Meléndez indicó que existen problemas de incumplimiento de las recomendaciones de la CIDH y de las medidas urgentes de protección, a pesar de que estas son “jurídica, política y moralmente vinculantes”. Señaló que este desafío puede superarse si los Estados, “de manera creativa y con voluntad política, adoptan mecanismos o procedimientos legales que faciliten su cumplimiento”. También solicitó a los Estados miembros realizar una “invitación abierta y permanente” para que la CIDH pueda visitar los países en cualquier momento y sin condicionamientos, tal como lo han hecho México, Brasil, Argentina, Colombia y Guatemala. (CIDH, 05.06.07, http://www.cidh.oas.org/Comunicados/Spanish/2007/30.07sp.htm)
En el marco de la Asamblea General de la OEA que se celebra en Panamá los Estados de la OEA escogieron dos nuevos integrantes de la Comisión Interamericana. Una de ellas es la abogada Luz Patricia Mejía quien fuera parte del equipo jurídico de Provea durante varios años. Luz Patricia renunció a la organización para integrarse a la Defensoría del Pueblo donde asumió la responsabilidad de directora jurídica. Actualmente se desempeña como consultora jurídica de la Fiscalía General de la República.
Deseamos a la abogada Luz Patricia los mayores éxitos en esta nueva responsabilidad de trascendencia internacional y aspiramos que desde la Comisión de sus mayores aportes para que esta instancia internacional de protección de los derechos humanos se fortalezca y juegue un papel más activo en la promoción y defensa de los derechos humanos en el Continente.
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
En una reciente alocución pública, el presidente Chávez detalló el aporte que ha registrado la misión Barrio Adentro para la calidad de vida de los venezolanos. Al respecto abordó comparativamente algunos datos entre los que destaca la existencia —para 1998— de mil 628 médicos de atención primaria en todo el territorio nacional, mientras que hoy cuenta con 19 mil 571, lo que representa un incremento de mil 102 por ciento. Según el primer mandatario la cobertura de necesidades de salud, hace ocho años, sólo alcanzaba a 3,5 millones de personas, cantidad que en el presente se ha elevado en 486 por ciento: 20 millones 500 mil ciudadanos. Otras cifras nombradas fueron las de 5 mil 600 odontólogos, 441 ópticas públicas, 588 centros con servicio de rayos X, 646 quirófanos, 17 equipos de resonancia magnética, 506 salas de rehabilitación, 767 salas de emergencia, mil 423 camas de terapia intensiva y 4 mil 211 consultorios de atención primaria.
El presidente Chávez afirmó, a su vez que durante los primeros cinco meses del 2007 se han realizado tres millones de consultas de emergencia a través de la misión Barrio Adentro II. (Ministerio del Poder Popular de la Comunicación e Información, 26.05.07, http://www.minci.gob.ve/noticias_-_prensa/28/13990/barrio_adentrouna_mision.html).
Haciendo referencia a los avances del nuevo Sistema de Salud, reiteró que se han inaugurado 19 Centros de Diagnóstico Integral (CDI) en todo el territorio nacional. Detalló que se abrió 1 CDI en cada uno de los estados Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Yaracuy, Lara y Zulia. En Carabobo fueron 6 instituciones de salud, en el Distrito Capital y Portuguesa fueron 2 y en Miranda 3 centros. (Ministerio del Poder Popular de la Comunicación e Información, 26.05.07, http://www.minci.gob.ve/noticias_-_prensa/28/13988/barrio_adentro_pondren.html)
120.714 casos de malaria se reportaron en el último quinquenio de la denominada «Cuarta República», mientras que durante los cinco primeros años en la gestión del presidente Hugo Chávez esta cifra se duplicó, alcanzando los 239.207 casos. Los reportes publicados por el Ministerio del Poder Popular de la Salud revelan además un incremento de 99% en la media de enfermos de paludismo por año entre la gestión del ex presidente Rafael Caldera (20.119) y la actual administración (39.898). Caso similar ocurre con los indicadores del dengue. Entre 1993 y 1998 el Ministerio de Sanidad registró 131.616 casos frente a los 235.684 que se reportaron entre 1999 y 2004. (El Universal, 23.05.07, http://noticias.eluniversal.com/2007/05/23/pol_art_cifras-de-malaria-y_296024.shtml)
Estimaciones realizadas en el Hospital José Gregorio Hernández de Los Magallanes de Catia, en Caracas estima que de trescientas operaciones electivas al mes sólo se están realizando cien, por lo que los pacientes llevan anotados sus días de espera como si se tratase de un récord. «Tengo 47 días» asegura un anciano, hospitalizado en traumatología, quien indica que su familia ya no lo puede visitar con tanta frecuencia porque no tienen dinero para pagar el pasaje desde los Valles del Tuy, estado Miranda.
En este centro asistencial sólo funcionan dos pabellones: uno para emergencias y otro para electivas. Por los trabajos de remodelación del sitio el servicio de traumatología fue ubicado en una sala que tenía dos años inhabilitada. En este lugar sólo hay capacidad para diez pacientes masculinos, por lo que si llega una mujer con algún problema en traumatología es referida a otro centro. Por su parte, para toda la unidad de emergencias sólo hay un tensiómetro que debe ser rotado de paciente en paciente. En el centro hospitalario hay insumos, pero el tomógrafo está dañado, al igual que los servicios de rayos X y el gasómetro. Las unidades de trauma shock y terapia también están cerradas, y el sistema eléctrico presentó su debilidad recientemente cuando durante 24 horas obligó al hospital a permanece sin luz.
La inseguridad atenta contra el derecho a la salud de los pacientes que asisten a dicho centro asistencial. Se calcula que semanalmente se roban un vehículo del estacionamiento, mientras que en otras áreas del hospital se presentan hurtos. Recientemente fue sustraída la biblioteca de la unidad de Pediatría. (El Universal, 23.05.07, http://noticias.eluniversal.com/2007/05/23/ccs_art_pacientes-esperan-do_295969.shtml)
La subcomisión especial designada para estudiar los precios de los servicios médicos a cancelar los usuarios a las clínicas privadas plantea realizar una consulta pública para la realizar la propuesta de la Ley de Regulación de los Centros Privados de Salud. Tirso Silva, diputado y presidente de la citada instancia legislativa aseguró que el instrumento legal se realizará de manera consensuada con la intervención de todas las partes interesadas: médicos, clínicas y pacientes, a la vez que indicó que tomarán en cuenta las diferentes estructuras de costos de los centros de salud privados. En ese sentido adelantó que parte de lo que contemplará la normativa será una «clasificación lógica» de los centros privados «diferente» a la categorización que realizaron los prestadores del servicio de salud privado. «No existe ninguna intención del Gobierno de ir en contra el ejercicio privado de la Medicina sino de regular los excesos del sector. Esta comisión ha encontrado que en un mismo procedimiento hay variaciones de precio de 7,5 millones de bolívares entre una clínica y otra, eso hay que estudiarlo».
Por otra parte, este funcionario reconoció que «el sistema público de salud es ineficiente» y que por eso las clínicas se han visto desbordadas y han asumido la salud de buena parte de la población venezolana. Estas declaraciones se produjeron durante una reunión de la comisión con directivos del Hospital de Clínicas Caracas, el Centro Médico Loira, clínica La Floresta y Rescarven realizada ayer para analizar la regulación de los prestadores del servicio privado de salud. El diputado se mostró complacido por la disposición que mostraron los representantes de las clínicas a discutir el tema. (El Universal, 24.05.07, http://noticias.eluniversal.com/2007/05/24/pol_art_plantean-consultar-l_297455.shtml)
La Resolución acerca del Ambiente Libre del Humo de Tabaco (Derechos Humanos y Coyuntura, 07.06.07, http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2007/coyuntura_185.html#05), anunciada por el Ministerio de Salud para iniciarse a partir del 31.05.07, a propósito de la celebración del Día Mundial sin Tabaco, quedó sin efecto por ahora. Extraoficialmente se conoció que, debido al cambio de autoridades en ese despacho, la decisión que prohíbe el consumo de cigarrillo en bares y restaurantes quedó en suspenso. (El Nacional, 31.05.07, C/3)
El presidente de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica, Reconstructiva, Estética y Maxilofacial, doctor Reinaldo Kube, hizo un llamado a la población para que no se realice cirugías ni tratamientos estéticos en centros no especializados, porque cuando esos procedimientos no son hechos por profesionales de la salud, pueden ocasionar daños muchas veces irreversibles.
Dijo que en su afán por verse más joven mucha gente está recurriendo a centros estéticos atendidos por personas no calificadas, para hacerse transformaciones físicas sin tomar en cuenta el peligro que eso conlleva, quedando muchas veces insatisfechas con los resultados obtenidos.
El especialista dijo que la sociedad que preside atiende un promedio de dos casos semanales de pacientes que han sufrido alguna deformidad por inyectarse sustancias de relleno en la cara o practicarse una cirugía en esos establecimientos de belleza, atraídos por los paquetes económicos que ofrecen algunos de ellos. El médico explicó que esas personas tienen que recurrir muchas veces otra cirugía plástica para corregir el problema, pero nunca quedan igual porque es muy difícil sacar los polímeros inyectados, ya que éstos se meten entre los tejidos y no se pueden extraer todos. (Ultimas Noticias, 04.06.07, Pág. 27)
Ante las diversas denuncias publicadas en la prensa nacional sobre la lentitud del proceso de reubicación en Ojo de Agua, sector ubicado en la carretera vieja Caracas – La Guaira, una comisión de Provea se trasladó al sitio para verificar la situación de las familias que aún se encuentran en la zona. Como se recordará, Ojo de Agua se funda tras la tragedia del aluvión ocurrido en Vargas en 1999, cuando un grupo de damnificados ocuparon un terreno aledaño a la carretera el cual antiguamente era un relleno sanitario. Al poco tiempo, la compactación de los desechos sólidos enterrados produjo emanación descontrolada de gas metano, el cual afectó el suelo de las viviendas y la salud de los habitantes. Por esta razón, el Presidente Hugo Chávez ordenó el pasado mes de abril que se realizara el desalojo del sector en un período de tres meses.
Provea conversó con Javier Meléndez, habitante del sector, quien refirió a que la comunidad ha venido realizando asambleas sobre la problemática, la cual incluye diferentes irregularidades. Diferentes personas del sector reivindican la labor realizada por el antiguo ministro de vivienda, Luis Figueroa, el cual durante enero del 2006 entregó personalmente más de 1200 certificados de riesgo. “Después de eso empezamos a trabajar coordinadamente para los desalojos y se empezó con 70 semanales, luego se bajó a 40, 30 hasta que se paralizaron por problemas internos de la comunidad y por los problemas de corrupción. Se pierden los cheques adentro, falsifican las firmas. Hay 87 casos con problemas de cheques”. Los habitantes denunciaron a Provea diferentes atropellos realizados, presuntamente, por los efectivos del ejército, los cuales custodian la zona desde el 28.04.07, los cuales habrían tumbado viviendas de manera inconsulta con gente y enseres adentro. Según los habitantes en Ojo de Agua habitan todavía más de 800 familias.
Los vecinos y vecinas se encuentran recolectando firmas que anexarán a una carta dirigida al presidente de la República en la que le solicitan que sus funcionarios les den explicaciones sobre las razones por las cuales los habitantes de Ojo de Agua fueron excluídos del llamado Plan 8, en el cual las personas pueden optar por viviendas del mercado secundario: “El director nacional del plan de atención al ciudadano, Román Montilla, no ha sido lo mas claro en explicar las razones de la decisión, y sólo dice que es por órdenes suyas”, dice el texto. Junto a la misiva se encuentran realizando un censo de las personas que desean optar al mercado secundario y la lista preliminar arrojaba la cantidad de 300 familias. Los vecinos se quejan acerca de la manera inconsulta en que actualmente las autoridades vienen tomando decisiones en el sector.
Provea conversó con el Teniente Coronel (Ej) Julio César Avilan, encargado de las labores de vigilancia en el perímetro, quién afirmó que sus funcionarios resguardan la seguridad e impiden la realización de nuevas invasiones. Provea también conversó con José Rivero, funcionario del Ministerio de Vivienda y Habitat, quien afirmó que la eliminación del Programa 8 en el sector había sido originado por las irregularidades que su institución había detectado por parte de los habitantes, que según su testimonio vendían terrenos y trataban de ser beneficiados con la adjudicación de varias viviendas. Sin embargo, a la fecha el ministerio no había realizado ninguna denuncia ante Fiscalía. Ante los reclamos realizadas por los vecinos sobre la demolición de viviendas, Riveros afirmó que las casas tumbadas ya habían sido pagadas por el Estado y que allí no se estaba atropellando a nadie.
Algunos testimonios
Provea recorrió el sector de Ojo de Agua compuesto por cuatro zonas. En la zona 2 las emanaciones de gases se sienten con la brisa, y en algunas partes el aire es irrespirable. Algunas tuberías ubicadas al lado de las casas emanan gas permanentemente, y cualquiera puede pasar y encender un papel en ellas casi por combustión espontánea. El ejecutivo ofrece las llamadas soluciones habitacionales en el complejo Vista Hermosa ubicado en los Valles del Tuy o el hospedaje temporal en el refugio llamado “La zamurera”. Algunos vecinos muestran su inconformidad ante estas soluciones, pues desean mudarse cerca de sus familiares en otras ciudades del interior del país, en lugares donde hay posibilidad de empleo.
Margarita Garcia
“Nosotros estamos esperando el programa 8, pero según el señor Montilla ese plan ya no va. Si nos van a llevar para un refugio de galpones nosotros se los vamos a quemar. Ponlo ahí. Lo tratan a uno demasiado feo, cuando uno les va a decir las cosas te dicen “esta ya se encadenó, saquenla de aqui”. ¿Cómo es posible que a uno lo traten como a un perro? Si nosotros somos perros ellos también son perros. Tenemos 6 años viviendo aquí en el sector. Hemos metido cuatro carpetas y nos las botan”.
Leidy Espinal
“A mi me llamaron hace un mes para firmar el cheque de la adjudicación de una vivienda por el plan 8. A la hora de ir a firmar Montilla me dijo que era una sinvergüenza, que el niño no era mío. Le dije que tenia la partida de nacimiento, y el me dijo que de dónde había sacado una partida falsa, que por eso no me correspondía. No me quiere dar para el mercado primario ni para el secundario, después que yo tenía mi certificado de riesgo dado por el ministro Figueroa. Después de eso todos los días venían a mi casa amenizándome de que si no me iba me quitarían al niño por la Lopna. Tumbaron mi casa y ahora vivo con mi tío”.
380 casas tiene previsto construir el Ministerio de Desarrollo y Protección Social para destinarlas a personas en situación de calle. Las mismas serán otorgadas a las parejas que pernoctan debajo de los puentes y en las orillas del Guaire, siempre y cuando se sometan a los proceso de rehabilitación de la Misión Negra Hipólita. David Velásquez, jefe de esa cartera ministerial, explicó que alrededor de esas unidades habitacionales (que van a estar ubicadas en la zona central del país) se van a crear núcleos de atención integral para que los beneficiados tenga a la mano las condiciones laborales, de salud, sociales y educacional. De esa forma, dijo se ven menos tentados a desertar del programa y a regresar a la ciudad para seguir en sus andanzas, «léase consumo de drogas y alcohol», tal como ocurre en la actualidad.
La Misión atiende a cuatro mil 344 indigentes. Pero en total desde enero hasta mayo de este año, 126 mil 635 ciudadanos fueron atendidos a nivel nacional. Según fuentes extraoficiales, la Misión Negra Hipólita será relanzada y para finales de junio prometen dar un balance total, pues creen que hay más de cinco mil mendigos en la zona central del país. El ministerio tiene como centro propio el terminal de Oriente y seis granjas militares, convenios con 15 Ong’s y presta asistencia a 120 centros autónomos. Crearán una carpa por entidad. Hoy tienen la de Parque Los Caobos donde reciben a diario 70 personas. La inversión de la Negra Hipólita para este año alcanza Bs. 130 millardos. (Ultimas Noticias, 07.06.07, Pág. 03).
Aproximadamente 15 mil viviendas serán construidas en diferentes localidades de Aragua, con el objeto de beneficiar a las familias más necesitadas de la región y aliviar el déficit habitacional presente en el estado. Según declaraciones de la ingeniera Edith Gómez, viceministra del despacho de Producción y Consumo del Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat (MINVIH), el proyecto de construcción de 5 mil casas a través del convenio Venezuela-Bielorrusia en los terrenos de la antigua fabrica Tiquire de Flores en el municipio Revenga, se encuentra en fase de planificación y diagnóstico. La viceministra informó de otros proyectos que se avanzan en la región, como las dos mil 400 viviendas a desarrollar en los terrenos del Arsenal frente a la urbanización Caña de Azúcar y las 5 mil edificaciones previstas a construir en el sector Guasimal. (Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, 08.06.07, http://www.mhv.gob.ve/habitat/pag/cuerpo.php?id=1337)
Diversas irregularidades se han denunciado recientemente en los medios de comunicación acerca del funcionamiento de la Misión Sucre. En el estado Bolívar faltan por entregar 6 de las 10 aldeas educativas que el Gobierno había prometido para este año a los estudiantes del programa. En Miranda y en Caracas los alumnos que desean graduarse de abogados se quejan porque sólo reciben dos horas de clase a la semana. También, Amazonas y Sucre se unen a los estados donde urge la presencia de docentes calificados que formen a los 363.128 alumnos que hasta la fecha están inscritos en la Misión Sucre en todo el país.
Para la diputada Pastora Medina, representante del estado Bolívar y presidenta de esta instancia, las constantes denuncias que reflejan la falta de solidez académica del programa se deben a la falta de coordinación y logística entre los organismos directamente responsables. «Esta reunión es un esfuerzo para que todos interactuemos de forma coordinada. Eso, hasta ahora, no ha ocurrido y genera fricciones y dificultades para comunicarse.
Tras una reunión reciente realizada entre los coordinadores regionales de la Misión Sucre y 20 diputados de la Asamblea Nacional, se llegaron a la conclusión de que había que relanzar el programa educativo. Las áreas críticas detectadas luego de realizadas las investigaciones son la académica, infraestructura y administrativa. (El Nacional, 2305.07, Pág. 8).
3.590 alumnos entre primaria y educación inicial deberán ser reubicados luego del cierre de la U.E Grupo Zulia, ubicada en Porlamar, luego que la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE) determinó que la estructura no está apta para seguir operando, tras 62 años de su fundación.
Iris Millán, directora de la institución desde hace 12 años, dijo que la institución insigne de Porlamar y Patrimonio Cultural de Mariño está cerrada desde el pasado viernes. «Las grietas están por todos lados y hace poco estalló una columna» destacó. FEDE recomendó el desalojo para evitar una tragedia. «Los representantes estuvieron de acuerdo y tenemos un horario como plan de contingencia, para los niños que no han consolidado objetivos.
Las condiciones de la infraestructura son deplorables, grietas por todos lados, filtraciones y humedad en paredes, falta de bombillos, lámparas, pintura, ventanas, en fin, una cantidad de aspectos. Lo más preocupante es la debilidad de la estructura y las recientes fracturas de columnas. La Alcaldía anunció que se encuentran analizando alternativas para la reparación del centro educativo. (El Universal, 24.05.07, http://noticias.eluniversal.com/2007/05/24/pol_art_3.590-ninos-sin-clas_297218.shtml)
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) del área metropolitana de Caracas registró en el mes de mayo de 2007 una variación de 1,7%, ligeramente superior a las tasas observadas en el mes anterior (1,4%) y en mayo del año pasado (1,6%). Con este resultado la variación acumulada del IPC al cierre del quinto mes del año se ubicó en 5,9%, mayor al 3,6% reportado en igual período de 2006.
Tanto los rubros controlados como los no controlados registraron variaciones que superan en poco a las del mes anterior, al pasar de 0,9% a 1,1% y de 1,9% a 2,2%, respectivamente.
Al desagregar los resultados del IPC por agrupaciones se observa que 6 de las 13 categorías presentaron mayores crecimientos de precios que en el mes anterior: Restaurantes y hoteles (de 0,8% a 3,7%), Esparcimiento y cultura (0,0% a 1,3%), Transporte (de 0,9% a 2,1%), Servicios de educación (de 0,0% a 0,6%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (de 2,4% a 2,9%) y Vestido y calzado (de 0,1% a 0,6%). No obstante, se debe resaltar que 5 categorías mostraron desaceleraciones en sus tasas de variación intermensual: Salud (de 3,4% a 1,0%), Equipamiento del hogar (de 1,8% a 0,4%), Bienes y servicios diversos (de 2,5% a 1,4%), Bebidas alcohólicas y tabaco (de 1,9% a 0,9%) y Alquiler de viviendas (de 0,9% a 0,0%). (Banco Central de Venezuela, 01.06.07, http://www.bcv.org.ve/c4/notasprensa.asp?Codigo=5652&Operacion=2&Sec=False)
Por otra parte, la canasta básica incrementó su precio durante el mes de mayo en 2%, y se ubicó en 2.051.269 bolívares, según los datos del Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores (Cenda).
De enero a mayo de 2007 la cesta básica se ha incrementado en 137.004 bolívares, es decir, 7,2%. Esta variación es más alta que la mostrada para el mismo período del año 2006 cuando fue de 5%. Los incrementos más significativos se dieron en los alimentos (3,7%) y artículos de aseo personal y limpieza del hogar (1,2%). Los costos de vivienda se incrementaron 1,1%, mientras que el vestido y el calzado mostraron alzas de 0,4%. El grupo de servicios básicos y educación no registraron incrementos.
Según el Cenda, el aumento del salario mínimo hasta 614.790 bolívares no es suficiente para permitir a las familias adquirir la canasta alimentaria. El poder adquisitivo hipotético de un hogar venezolano es de dos salarios mínimos, es decir, 1.229.580 bolívares, es decir, sólo alcanza para comprar 60% de la canasta. Es necesario contar con 821.689 bolívares adicionales para comprar la totalidad de cesta según los informes. (El Universal, 05.06.07, http://noticias.eluniversal.com/2007/06/05/eco_apo_cesta-basica-cuesta_309845.shtml)
El Colegio de Profesores de Venezuela ha realizado diferentes acciones para demandar el reinicio de la discusión de la V Convención Colectiva, la cual tiene más de un año de vencida. Para ello convocaron a una movilización el 07.06.07 frente las puertas del Ministerio de Educación en Caracas. En la manifestación defendieron la carrera docente, pidiendo un incremento salarial del 120%, implantación de una política de previsión social para el magisterio, asignación de un bono asistencial y de salud para los educadores pensionados y jubilados, la cancelación a los pensionados y jubilados de las cuatro semanas adeudadas de ajuste salarial y la cancelación de las prestaciones sociales adeudadas a más de quince mil educadores pensionados y jubilados. La cifra que piden para un salario mínimo para los trabajadores de la educación se remonta a los tres millones de bolívares.
En la manifestación individuos no identificados, presuntamente vinculados con la Guardia Nacional, lanzaron dos bombas lacrimógenas contra una manifestación del magisterio profesoral realizada en horas de la mañana del 07.06.07 en las puertas del Ministerio de Educación en Caracas. En la esquina diagonal de la institución se encontraba un módulo de la Guardia Nacional del cual, de acuerdo a los testimonios recogidos por Provea, lanzaron dos bombas lacrimógenas contra los manifestantes. Otros testimonios apuntaban a que delante de los efectivos de seguridad dos individuos civiles lanzaron los gases, los cuales fueron aprehendidos por los funcionarios y dejados en libertad inmediatamente. Todos los testimonios coinciden en que el origen de las lacrimógenas fue la esquina en donde estaba apostada la GN. Tras el incidente, los manifestantes volvieron a congregarse a las puertas del despacho ministerial.
• Vigilar y garantizar que la política actual de importaciones tenga un carácter temporal y estrictamente destinado a suplir el desabastecimiento de alimentos. En tal sentido, remover todos los obstáculos que
inciden en la situación de desabastecimiento recurrente que caracteriza al país.
• Elaborar y aplicar una normativa de carácter nacional para el control y regulación de los Organismos Genéticamente Modificados en Venezuela (transgénicos), en conjunto con las instituciones y organizaciones que desarrollan investigaciones en la materia.
• Continuar con el ajuste regular del salario mínimo de manera tal que cubra plenamente
los costos de la Canasta Alimentaria.
• Desarrollar una política de supervisión de la elaboración de alimentos destinada a asegurar la calidad e higiene necesarias en su preparación y conservación que garantice la inocuidad de los mismos.
• Desarrollar programas de atención y prevención destinados a controlar la tendencia
creciente al sobrepeso en la población.
• Fortalecer la política integral de atención al pequeño productor, de manera que garantice tanto la tenencia de la tierra como los recursos tecnológicos y financieros para su usufructo, junto con unas condiciones dignas de existencia.
• Diseñar y adelantar una campaña orientada a educar en materia de nutrición, higiene y salud.
• Vigilar de manera permanente la implementación de los programas de fortificación de alimentos y asegurar que los alimentos que se consumen en el país, ya sean de fabricación nacional o importados, cuenten con los suplementos vitamínicos establecidos en dichos programas.
• Implementar, en el corto plazo, medidas que disminuyan el índice de anemia y deficiencia de hierro, especialmente en el grupo de población menor de dos años.
• Implementar medidas en el corto plazo que reviertan el aumento en las muertes por desnutrición, especialmente en los grupos poblacionales que presentan más incidencia (menores de 4 años), tales como la fortificación de alimentos de consumo masivo de estos niños y la garantía de accesibilidad
a alimentos con los requerimientos nutricionales necesarios.
• Elaborar en el corto plazo una política nacional en relación con las importaciones, que contenga un diagnóstico claro de la situación y establezca metas precisas a cumplir en el tiempo.
• Desarrollar y mantener una política de consensos y acuerdos entre los diversos sectores y actores que intervienen en la producción y comercialización de alimentos en el país. (Provea, 28.04.07, http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2005_06/pdf/2018/01/exigencias.pdf)
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
REFORMA CONSTITUCIONAL
ARTÍCULOS
Del 24 de abril al 15 de mayo 2007
Boletín electrónico Nº 185
EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE MAYO
01 Día Internacional de los Trabajadores
03 Día Mundial de la Libertad de Prensa
04 Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales
08 Día de la Cruz Roja Internacional
08 Conmemoración de la Masacre de Yumare, Edo. Yaracuy (1986)
10 Día Nacional de la Afrovenezolanidad
11-17 Semana Nacional de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (Gaceta Oficial del 08.10.97)
15 Día Internacional de la Familia
15 Día Internacional de la Objeción de Conciencia
17 Día Mundial de las Telecomunicaciones
17 Día Mundial Contra la Homofobia
21 Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo
22 Día Internacional de la Diversidad Biológica
25-31 Semana de Solidaridad con los Pueblos de Todos los Territorios Coloniales que Luchan por la Libertad, la Independencia y los Derechos Humanos
28 Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer
29 Día Nacional del Árbol
29 Día Nacional del Adulto Mayor
CONTEXTO
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), en cooperación con la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos y UNICEF invita a participar en el VIII Seminario de Formación en Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC): “Una mirada a las políticas públicas desde los Derechos Humanos”, a realizarse en Caracas del 02 al 04 de Julio
OBJETIVOS:
- Compartir un espacio para la reflexión y el debate sobre las políticas públicas desde la visión de los Derechos Humanos.
- Dar respuesta a las interrogantes sobre qué, porqué y cómo de la importancia de hacer, monitorear y evaluar políticas públicas desde la perspectiva de los Derechos Humanos, especialmente de los derechos económicos, sociales y culturales.
- Compartir saberes y experiencias prácticas en torno a la incidencia de las políticas públicas desde una perspectiva de los Derechos Humanos.
- Conocer sobre indicadores con enfoque de Derechos Humanos para el diseño, monitoreo y evaluación de políticas públicas en materia económica y social.
CONTENIDO TEMÁTICO:
- Introducción a las políticas públicas desde la mirada de los Derechos Humanos.
- Porqué hacer, monitorear y evaluar políticas públicas con enfoque de DDHH. Su importancia y validación.
- Importancia del Derecho Internacional de los DESC como una herramienta para el monitoreo de las políticas públicas en materia económica, social y cultural. Marco normativo y doctrinario vinculante. Obligaciones del Estado en materia de DESC.
- Importancia de contar con un sistema de indicadores con enfoque de derechos humanos para el diseño, monitoreo y evaluación de las políticas públicas.
- Participación ciudadana, políticas públicas y los DESC. Una visión desde el Estado y desde la sociedad civil. Obstáculos, retos y desafíos.
- Herramientas prácticas para el diseño y monitoreo de las políticas públicas en DESC
- Aplicación práctica del enfoque de derechos humanos en el diseño, monitoreo y evaluación de políticas públicas en materia de Desc.
- Presentación de experiencias regionales en la incidencia de políticas públicas en materia de Desc (diseño, monitoreo y/o evaluación), con enfoque de DDHH. Marco teórico, lógico y metodológica aplicada.
METODOLOGÍA
El seminario combinará una serie de estrategias metodológicas a fin de garantizar la diversidad pedagógica, entre ellas, conferencias magistrales, paneles de expertos, talleres, foro público y discusiones plenarias.
PERFIL DE LAS/0S PARTICIPANTES:
Se espera participación de personas provenientes de distintos sectores interesadas en los contenidos del Seminario, en especial, organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales, personas del sector académico, funcionarias/os del sector público (Ministerios, Alcaldías, Defensoría del Pueblo, otras). Otro criterio a considerar a tomar en cuenta es la equidad de género y procedencia geográfica.
CUPO MÁXIMO: 80 participantes
REQUISITOS Y LAPSOS DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN:
Para solicitar la inscripción, complete el formulario de preinscripción adjunto aquí y envíe a [email protected] ; [email protected]
Plazo de inscripción: del 07 de mayo al 02 de junio de 2007
Selección de participantes: del 05 al 09 de junio de 2007
Las personas seleccionadas recibirán confirmación por vía electrónica o telefónica a partir del 12 de junio de 2007.
COSTOS DE PARTICIPACIÓN
- Público en general: Bs. 100.000,oo
- Organizaciones de derechos humanos y populares: Bs. 50.000,oo
Incluye material de apoyo y refrigerios.
Provea dispone de un número limitado de ayudas económicas, distribuido de la siguiente forma:
- Para grupos de derechos humanos y otras organizaciones sociales de otras regiones del país: hospedaje o traslado terrestre (escoger alguna de las dos opciones)
Humberto Prado, coordinador general de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones, denunció el haber recibido amenazas de muerte en su contra. El pasado lunes 07.05.07, Prado recibió una llamada telefónica en su celular en el que le decían «Si sigues denunciando la situación de las cárceles, atente a las consecuencias». Seguidamente, la voz anónima afirmó que los familiares del activista podían sufrir represalias, y que «si había sido fácil eliminar a dos directores -de cárceles- más fácil sería con él». Esta referencia alude a lo sucedido en la Cárcel de Santa Ana, estado Táchira, en el que dos altos funcionarios del centro penitenciario fueron asesinados por manos desconocidas.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ha realizado el monitoreo sistemático de la situación de derechos humanos de las personas privadas de libertad. Para el 2006, el OVP denunció que 412 personas habían muerto por violencia dentro de los recintos penitenciarios. Asimismo, han denunciado la existencia de las llamadas «mafias penitenciarias», las cuales malversaban los fondos destinados a los internos e internas y cometían diferentes irregularidades dentro de las prisiones.
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
REFORMA CONSTITUCIONAL
ARTÍCULOS
DOCUMENTOS
Del 1 al 22 de abril 2007
Boletín electrónico Nº 184
EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE MAYO
01 Día Internacional de los Trabajadores
03 Día Mundial de la Libertad de Prensa
04 Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales
08 Día de la Cruz Roja Internacional
08 Conmemoración de la Masacre de Yumare, Edo. Yaracuy (1986)
10 Día Nacional de la Afrovenezolanidad
11-17 Semana Nacional de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (Gaceta Oficial del 08.10.97)
15 Día Internacional de la Familia
15 Día Internacional de la Objeción de Conciencia
17 Día Mundial de las Telecomunicaciones
17 Día Mundial Contra la Homofobia
21 Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo
22 Día Internacional de la Diversidad Biológica
25-31 Semana de Solidaridad con los Pueblos de Todos los Territorios Coloniales que Luchan por la Libertad, la Independencia y los Derechos Humanos
28 Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer
29 Día Nacional del Árbol
29 Día Nacional del Adulto Mayor
CONTEXTO
La persona debe tener formación en la disciplina del Derecho y graduada en una universidad nacional. Como mínimo con dos (02) años de experiencia en litigio, preferiblemente en derecho constitucional, administrativo y/o laboral.
Es igualmente deseable que posea habilidades pedagógicas teórico-prácticas en el área de los derechos humanos, pues el desempeño del cargo implica promoción y defensa de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC).
Debe contar con una excelente redacción y habilidades de oratoria para desempeñarse hábilmente en juicios orales, foros, talleres y otras actividades pedagógicas.
Igualmente, se requieren capacidades en la planificación, monitoreo y evaluación de actividades a su cargo. Debe tratarse de una persona comprometida con la defensa de los derechos humanos de todas las personas y, en particular, que privilegie la perspectiva de defensa y promoción de los sectores sociales más discriminados y excluidos.
Debe poseer habilidades para la investigación, redacción de documentos, formulación de análisis jurídico y político, con perspectiva de derechos humanos; elaboración de propuestas de políticas públicas con perspectiva de derecho; para asumir vocería pública y representación institucional, con públicos diversos (instituciones públicas, organizaciones sociales de diverso tipo o medios de comunicación). Con capacidades para trabajar en situaciones de presión, en equipos de trabajo y en horario no convencional. Debe residir en el área metropolitana de Caracas y estar dispuestos(as) a viajar dentro y fuera del país, cuando los requerimientos del cargo así lo exijan.
Indispensable que la persona postulante cuente con conocimientos de los programas Microsoft Office Word, Excel y Power Point.
Las condiciones laborales son las siguientes:
Salario: Bs. 1.375.000 (no incluye las deducciones establecidas por ley: SSO, LPH y Paro Forzoso) + Cesta Tickets + otras bonificaciones de acuerdo al reglamento interno de la organización.
Los y las interesados(as) en el cargo deben enviar su Currículo-Vitae con carta anexa que indique las motivaciones por las cuales desea trabajar en una organización como Provea, hasta el viernes 11 de Mayo de 2007. Las entrevistas con los preseleccionados(as) se desarrollarán la semana siguiente. La/os seleccionada/os en la entrevista deberán realizar una prueba que medirá redacción, capacidad de análisis jurídico y resolución de problemas jurídicos. Los candidatos seleccionados se incorporarán a trabajar el 07 de Mayo.
Enviar CV a las siguientes direcciones electrónicas: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected] ó entregarlo físicamente en la sede de Provea: Bulevar Panteón. De Tienda Honda a Puente Trinidad. Edificio Centro Plaza Las Mercedes. PB. Local 6. Parroquia Altagracia.
El Programa de Difusión en Derechos Humanos de Provea se encuentra en la búsqueda de pasantes, estudiantes universitarios en las carreras Comunicación Social o Sociología. Entre las tareas a desarrollar se encuentra la recopilación, contraste, análisis y difusión de información sobre DDHH, jerarquizando los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) a través del Noticiero en Derechos Humanos y el Boletín «Derechos Humanos y Coyuntura».
Características del programa de pasantía
- Dirigido a insertar a futuros profesionales de las ciencias sociales y los medios de información al trabajo de organizaciones de derechos humanos;
- Alcanzar el cumplimiento de las metas de la Unidad de Información a través de la participación activa del/a pasante en algunos ámbitos estratégicos de una organización de derechos humanos;
Perfil del pasante
- Estudiante del 7mo. Semestre de carrera de comunicación social y/o sociología
- Manejo de Word, Outlook Express
- Abierto al aprendizaje de programas de edición web como Dreamwever
- Con disposición a la investigación
- Buena ortografía y redacción
- Interés por los Derechos Humanos
Actividades
- Realización de notas informativas diarias para el Noticiero en Derechos Humanos y el boletín “Derechos Humanos y Coyuntura
- Cooperación en la actualización de contenido de la página web
- Vinculación de la página de Provea con otros sitios web de derechos humanos
- Arqueo e ingreso sistemático de datos sobre derechos a la salud y a la vivienda de sitio web para construir componente comunicacional de las campañas en sitio web (objetivo 4);
- Revisión e Ingreso de datos de MMI, medios comunitarios y periodistas a matriz de directorio de medios
- Adelanto de tareas para la constitución de espacio comunicacional institucional
Plan de trabajo
- El convenimiento de la pasantía comprenderá el cumplimiento de un horario fijo, convenido con el/la pasante, de 20 horas semanales (4 horas diarias) a lo largo de un lapso mínimo de 3 meses y máximo de 6 meses.
Ofrecemos
1) Ambiente cordial de trabajo
2) Orientación personalizada
Interesados, enviar sus CV a [email protected] con copia a [email protected]
Característica del programa de pasantía
1) Dirigido a insertar a futuros profesionales de áreas humanísticas y sociales al trabajo en organizaciones de derechos humanos.
2) Alcanzar el cumplimiento de las metas del Programa de Documentación a través de la participación activa del/a pasante.
Perfil del/ la pasante
1) Estudiante Universitario/a (Bibliotecología, Comunicación Social, Sociología, Letras)
2) Conocimientos y manejo de Office
3) Con disposición a la investigación, documentación y uso de nuevas tecnologías en las ciencias de la información
4) Buena ortografía y redacción
5) Interés por los Derechos Humanos
Actividades
1) Identificar y analizar información relacionada con los derechos humanos en diversos medios de comunicación e información (nacionales y regionales)
2) Manejo de software especializado en gestión documental (Ingreso a base de datos; elaboración de selecciones documentales, recuperación de información)
3) Elaboración de resúmenes de documentos seleccionados por la unidad
4) Almacenamiento de documentación
Plan de trabajo
1) El convenimiento de la pasantía comprenderá el cumplimiento de un horario fijo, convenido con el/la pasante, de 20 horas semanales (4 horas diarias ajustables de acuerdo a posibilidades del/a pasante) a lo largo de un lapso mínimo de 3 meses y máximo de 6 meses.
Ofrecemos
1) Ambiente cordial de trabajo
2) Orientación personalizada
Interesados, enviar sus CV a [email protected]
Global Monitoring Report es el nombre del informe anual realizado por el Banco Mundial el cual registra cada año los indicadores de crecimiento y desarrollo por país. La edición 2007 fue presentado el pasado 15.04.07 durante la reunión de este organismo multilateral con representantes del Fondo Monetario Internacional.
Los datos recogidos en el estudio, para Latinoamérica, sugieren que el continente tiene por delante un largo camino de lucha contra la pobreza extrema debido al registro de 47 millones de personas que viven en esa condición. La proporción de personas que subsisten con menos de US$1 al día disminuyó de alrededor del 9% en 2002 al 8,6% en 2004, y se logró que aproximadamente 700.000 personas percibieran diariamente más de esa cantidad. Asimismo entre 2002 y 2004, también se logró reducir rápidamente el porcentaje de personas que viven con menos de US$2 al día. Los países de América Latina y el Caribe (ALC), afirma el informe, crecieron un 4% en 2006, casi el doble de la tasa media de crecimiento per cápita en los años noventa.
Desde una visión de género, las cifras indican que en ALC la matrícula femenina en los ciclos de educación primaria, secundaria y terciaria supera a la masculina. No obstante, en varios países se observa una diferencia en razón de género en la matrícula de los grupos indígenas y con ascendencia africana. La proporción de mujeres en el parlamento nacional aumentó durante los años noventa, y para el período 2000-05 ascendió al 16%.
En tópicos como al nutrición, las cifras sugieren que algunos países de la región no avanzan conforme a lo previsto. Se observan altas tasas de malnutrición y deficiencia de micronutrientes en Haití y Honduras (17% de niños menores de cinco años con peso inferior a la norma en 2000 y 2001, respectivamente) y en Guatemala (23% en 2003). Sobre educación afirma que la región está cerca de alcanzar la terminación universal del ciclo de educación primaria pues comenzó con una base relativamente alta y mantuvo un ritmo de progreso muy vigoroso. Bolivia, por ejemplo, es un país de ingreso bajo que alcanzó recientemente esta meta.
En materia de salud ALC está muy cerca de lograr reducir la mortalidad en la niñez en dos tercios para el año 2015. Existen amplias diferencias entre países de la región: en 2004, en Haití se registraban 117 muertes por 1.000 nacidos vivos, mientras que en Chile sólo se registraban ocho. Las tasas de mortalidad materna son aún superiores a las que cabría esperar teniendo en cuenta el nivel de desarrollo de muchos países de la región: 194 muertes por 100.000 nacidos vivos en 2000. En la lucha contra las enfermedades reflejan que la tasa de incidencia de la tuberculosis en la región ha disminuido de 103 por 100.000 habitantes en 1990 a 64 en 2004. En algunos países, la mejora ha sido significativa: la tasa de tuberculosis de Haití disminuyó de 484 por 100.000 habitantes en 1990 a 306 en 2004, y en Perú se redujo de 394 por 100.000 habitantes en 1990 a 178 en 2004. Asimismo, se está vacunando contra el sarampión a los habitantes pobres de muchos países, entre ellos Bolivia y Perú. En Bolivia, la variación anual media en la inmunización contra el sarampión (1998-2003) ascendió al 5,5% en el quintil más pobre (el promedio correspondiente al total de la población fue 4,0%).
Para conocer el texto completo del informe del Banco Mundial, hacer clic aquí
Venezuela, a través de su Representante Permanente ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Embajador Jorge Valero, asumió el 04.04.07 la presidencia del Consejo Permanente con el ánimo de promover el avance de ese organismo hacia una profunda transformación conceptual e institucional. La OEA debe ocuparse “no sólo de las preocupaciones de los gobiernos, sino también reflejar el sentir de los pueblos de América que claman por justicia, igualdad y solidaridad”, reiteró Valero al recibir el mallete de la Embajadora María del Lujan Flores, del Uruguay. Al comprometerse a presidir el Consejo en los próximos tres meses con “un espíritu de amplitud y fomentando el más amplio debate”, Valero aseguró que la OEA debe ser fiel reflejo de los cambios progresistas que se están experimentando en el continente, y que por lo tanto debe “renovar su discurso y avanzar hacia una definición integral y multidimensional de la democracia”. (Organización de Estados Americanos, 04.04.07, http://www.oas.org/OASpage/press_releases/press_release.asp?sCodigo=C-093/07).
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) presentó su informe 2006 en el que muestra su preocupación por la situación de la libre expresión en la región. El informe privilegia la información acerca de los 19 periodistas asesinados en la región en el año 2006 y las docenas de agresiones físicas y amenazas contra periodistas se tornan aún más graves por la impunidad. Por otra parte, el texto denuncia la utilización de procesos penales contra periodistas por desacato, difamación, calumnia o injuria demuestra, en la gran mayoría de los casos, tanto intolerancia a la crítica por parte de funcionarios públicos como la utilización de tales figuras para frustrar investigaciones sobre hechos de corrupción. En adición, la Relatoría considera que existe una creciente tendencia a la utilización recurrente por parte del poder público de métodos más sutiles de coaccionar a la prensa, que incluye la aplicación de políticas discriminatorias en la asignación de publicidad oficial, discriminación en el acceso a las fuentes oficiales, despidos de medios estatales y de medios privados como resultado de presión gubernamental e inspecciones administrativas por órganos gubernamentales con el objeto de presionar por las líneas editoriales críticas.
Entre las recomendaciones que el texto realiza a los Estados miembros de la OEA se encuentra el otorgamiento de la debida atención a la situación de violencia contra periodistas en la región y a la impunidad de los casos respectivos, emprendiendo acciones efectivas que impliquen en la práctica la imposición de sanciones a los autores materiales e intelectuales de tales crímenes. La derogación de las legislaciones el delito de desacato y modificar las disposiciones pertinentes de los códigos penales y leyes relacionadas, a fin de eliminar la utilización de procesos penales para proteger el honor o reputación cuando se difunde información sobre asuntos de interés público. Además, el abstenerse de utilizar el poder público para castigar o premiar en relación a la línea editorial de los medios y de los periodistas, ya sea a través de la asignación discriminatoria y arbitraria de la publicidad oficial, procesos administrativos, presiones u otros medios indirectos encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
Para leer el Informe completo, visitar
http://www.cidh.oas.org/relatoria/showarticle.asp?artID=691&lID=2
A comienzos del mes de abril más de 2500 científicos de todo el mundo, pertenecientes al Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), se reunieron en Bruselas para presentar ante la Organización de Naciones Unidas lo que se ha llamado “el informe menos esperanzador sobre los efectos del cambio climático”.
El documento lleva por título “Impacto, Adaptación y Vulnerabilidad”, exponiendo las conclusiones desarrolladas durante los últimos seis años sobre el fenómeno. El 13.04.07 el informe fue respaldado con la firma de más de 100 países integrantes de la ONU.
Entre otras, el trabajo destacó el aumento de la temperatura global, que hasta este año ha subido 0,8 grados, esperando para los próximos 50 años un aumento total de dos grados. Según los investigadores, el 30% de las especies que habitan en la tierra podrían desaparecer para el 2080.
La ONU buscará que el documento firmado por las naciones signatarias se convierta en una extensión del Protocolo de Kyoto después de 2012. También esperan que sirva de base para diseñar nuevas medidas de prevención de emisión de gases tóxicos a la atmósfera. (Ultimas Noticias, 16.04.07, pág. 14
Si desea descargar el texto completo del informe en versión Pdf, visitar
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Tras el retorno de la lemna al Lago de Maracaibo, se calcula que el volumen para este año será mayor que el de los años anteriores. En el 2004, fecha de aparición del fenómeno, alcanzó el 25% de la superficie total del reservorio lacustre. Actualmente, se calcula que la superficie cubierta por la llamada lenteja verde es del 11%, afectando las orillas de los municipios Mara, Maracaibo, San Francisco, Jesús Enrique Losada, Cabimas, Bolívar y Lagunillas en el estado Zulia. Un grupo de desempleados exigieron a las autoridades implementar cuadrillas para recoger la planta como se ha hecho en años anteriores. Nola Fernández, jefe del departamento de Ingeniería Sanitaria de la Universidad del Zulia señaló que el problema esta siendo estudiado por un grupo de ambientalistas mexicanos para su erradicación definitiva. (El Nacional, 15.10.07, C/12).
Por otra parte se denunció que toda la superficie del embalse de La Mariposa se encontraba cubierta por la planta bora, lo que ha ocasionado, entre otras cosas, la suspensión de las prácticas de canotaje por parte de varios equipos deportivos. (Ultimas Noticias, 20.04.07, pág. 2).
El pasado 27.04.07 los representantes de la Fundación La Tortuga ejercieron un derecho de palabra en la Subcomisión de Diversidad Biológica de la Asamblea Nacional (AN) para exponer las consecuencias de la construcción de una carretera en la isla La Tortuga, como parte de un desarrollo turístico a realizarse en la zona. Alfredo Morales, miembro de la ONG, explicó que los trabajos fueron realizados con maquinaria pesada en una zona de alta fragilidad ecológica donde habitan especies endémicas de la isla. El terreno removido es parte de la formación Cerro gato, el cual su organización promueve que se considerara monumento natural, debido a su valor en la historia geológica venezolana. Los miembros de la subcomisión de la AN declararon que apoyarían la paralización de los trabajos, tal como lo había ordenado el Ministerio de Ambiente. Asimismo, que solicitarían un informe de lo que se estaba haciendo en la isla y la realización de una inspección ocular. (El Nacional, 20.03.07, C/9).
En La Tortuga está planeado realizar un desarrollo turístico que contempla 1.500 habitaciones de un hotel cinco estrellas, dos pistas de aterrizaje, un muelle y un campo de golf. Según declaraciones de la ministra de Turismo, Olga Azuaje, en enero pasado habían comenzado los trabajos, pero no desde la zona permisaza: “El Ministerio del Ambiente, la Armada y el Ministerio del Turismo tomaremos medidas para recuperar la zona en poco tiempo”. En sus declaraciones la funcionaria afirmó “Hay que recalcar que se tomarán las medidas que sean necesarias, y que el proyecto beneficiará a turistas tanto extranjeros como venezolanos”. (El Nacional, 09.04.07, C/4). Según un reportaje del diario Vea existiría en la actualidad un trabajo de reordenamiento y reglamento de la isla, el cual no ha sido concluido. Sin embargo, según el rotativo, el decreto 3.448 estipula que los desarrollos turísticos pueden ser levantados en la zona norte de la isla por sus condiciones de no peligrosidad para el ecosistema. Por su parte, el vicealmirante Benigno Calvo, comandante general de la Armada anunció que “Estamos acompañando a las ministras con el fin de solventar lo que sea necesario, y después que culmine el estudio de impacto ambiental continuaremos con los trabajos de infraestructura”. (Diario Vea, 10.04.07, pág.. 33).
Según declaraciones de Edgard Romero, gerente de Servicios Clínicos de la Asociación de Planificación Familias (Plafam), su organización ha solicitado que la Asamblea Nacional discuta la despenalización del aborto. “En Plafam aspiramos a que se amplíen las causas para permitirlo como el incesto, la violación y cuando el bebé venga con alguna anormalidad”, afirmó. Cifras difundidas por un medio de comunicación nacional indican que de cada diez mil ingresos a instituciones hospitalarias, cinco mil son pacientes que interrumpirán su embarazo, de las cuales veinte mueren. Adícea Castillo, coordinadora docente del Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela (UCV), afirmó que apoyan las propuestas de Plafam, y además, está a favor de “despenalizar la interrupción del embarazo, lo cual no significa estar a favor del aborto ni promoverlo”. (El Universal, 17.04.07, 3/9).
El pasado 17.04.07 se inició el operativo conjunto entre los despachos de Finanzas, Industrias Ligeras y Comercio y Salud, con objeto de supervisar las actividades de los servicios de salud privados y actividades conexas. La actividad está dirigida a la investigación de la cadena de comercialización en el sector salud para establecer el verdadero valor de los medicamentos, productos de odontología e insumos que se utilizan en dicho centros. De igual manera, se supervisarán las empresas encargadas de suministros médicos, distribución, laboratorios y demás servicios relacionados. En el plan participan funcionarios del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS); la Superintendencia de Seguros y la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi). En cuanto a la parte de seguros, la Superintendencia prepara un estudio sobre el peso de las pólizas de Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM) en la estructura de costos del sector salud y en los últimos registros de inflación. (Agencia Bolivariana de Noticias, 16.04.07, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=88958&lee=18).
Vielma Mora, Superintendente Tributario del Seniat, ofreció el servicio telefónico 0-800-Seniat (0-800-736428) para que los ciudadanos formulen cualquier denuncia sobre costos excesivos en establecimientos privados de salud, así como señalamientos sobre trato discriminatorio para el derecho de admisión.
Como respuesta a estos anuncios Alexis Bello, actual presidente de la junta directiva del Hospital de Clínicas Caracas e integrante de la directiva de la Asociación Venezolana de Hospitales y Clínicas Privadas, afirmó que la medida «no es nueva ni preocupante porque no hay nada que esconder (…) No hemos visto esto de la fiscalización como algo atípico, por el contrario pensamos que es obligación del Gobierno supervisar el correcto desempeño de la medicina privada». Bello no cree que el anuncio de fiscalización «tenga de fondo el conseguir una justificación para estatizar la salud». Cree que es más probable que la intención sea -como lo dijo el titular de Minsalud, Erick Rodríguez- de ejercer un control de precios. Respecto a las declaraciones realizadas por el Ejecutivo sobre una supuesta especulación en la medicina privada, Bello explicó que la inflación en salud siempre ha sido «muy superior al índice que reporta el Banco Central de Venezuela en función del IPC porque el componente importado es muy alto». (El UIniversal, 17.04.07, http://noticias.eluniversal.com/2007/04/17/pol_art_gobierno-procura-es_251924.shtml).
Por su parte, el ministro de Salud Erick Rodríguez, aseguró que las clínicas privadas han incrementado los precios de los servicios entre 36% y 45%. “Si el Estado da recursos y ayuda mediante la vía del dólar regulado a las compañías que compran insumos, tanto material médico-quirúrgico como odontológico y medicamentos, cómo se explica que estos señores aumenten y lleguen a unos precios desmedidos”. (El Nacional, 20.04.07, A/8).
Unos 40 pacientes, en su mayoría indígenas, acudieron al módulo de atención médica de la comunidad de Urimán en Gran Sabana, diagnosticándoseles positivos en paludismo. La situación desprendió alerta en la zona dado el agotamiento de los insumos médicos para atender el gran número de pacientes que en los últimos tres días han acudido al recinto. El largo traslado, en curiaras y a pie, hasta el centro de salud más cercano podría ser responsable del contagio masivo de la patología. El módulo asistencial de la localidad de Urimán es el único centro de salud apto para atender los pacientes reportados, tanto los que provienen de comunidades indígenas como de zonas mineras del sur. El sector minero Sabanita de Antabary y las poblaciones indígenas Aripiche y Punta Blanca han resultado las más afectadas por el brote malárico. Se estima que en total unas 23 comunidades podrían encontrarse afectadas con el brote masivo.
La cantidad de pacientes podría incrementarse en los próximos días, dada la toma de la zona por parte de las autoridades del Instituto de Salud Pública regional, ISP-Bolívar.
«La situación no es de emergencia, estamos ante una alarma que está siendo atendida con la celeridad que requiere, pero es controlable, sobre todo porque los afectados acuden a un mismo centro asistencial y además existe trabajo conjunto entre el ISP y la coordinación de salud indígena del estado para detectar algunos pacientes febriles que pueden encontrarse aún en su localidad», explicó Ángela Martínez, directora de Salud Ambiental y Contraloría Sanitaria del estado. (El Universal, 13.04.07, http://noticias.eluniversal.com/2007/04/13/pol_art_500-casos-de-malaria_246936.shtml)
El alcalde del municipio Libertador, Freddy Bernal, informó que su despacho coordinará el trabajo de reubicación del comercio informal de Caracas, junto a los ministerios del Poder Popular para la Infraestructura, la Economía Comunal y Participación y Desarrollo Social. ‘No nos quedaremos en Sabana Grande. Vamos a meterle el pecho a toda Caracas por etapas y con alternativas seguras’, dijo sin referirse a los otros puntos de la ciudad a donde acudirán. Según el alcalde, 635 antiguos buhoneros de Sabana Grande se inscribieron en los cursos de formación para optar luego por créditos, mientras que se ubicaron en la Feria de Sabana Grande mil 365 personas. (El Universal, 12.04.07, http://noticias.eluniversal.com/2007/04/13/ccs_art_tres-ministerios–se_247453.shtml). Por su parte, informales que no obtuvieron puestos en la Feria de Sabana Grande denunciaron que aun no habían recibido el beneficio prometido mientras los reubicaban definitivamente. La promesa era que a partir del 1° de marzo la alcaldía de Caracas en conjunto con el Ministerio de Economía Popular le depositaría con retroactivo un sueldo de 550.000 bolívares a quienes se inscribiesen en la Misión Vuelvan Caras y 1.800.000 bolívares a 140 comerciantes profesionales y técnicos que realizarían un posgrado con el Ministerio de Ciencia y Tecnología. (El Nacional, 10.04.07, pág. 13). Algunos de los que obtuvieron puesto se quejaron del bajo nivel de ventas, lo que ellos explican debido a la poca propaganda del lugar: “Aquí no se está vendiendo nada, nadie viene para acá, si seguimos así vamos a tener que ir hasta Miraflores, porque esto fue una estafa, la gente no sabe en dónde estamos ubicados porque la Alcaldía de Caracas no le ha hecho promoción al sitio», afirmó uno de los vendedores. Afirmaron que las ventas están muy malas y que muchos en un día sólo llegan a vender cinco mil bolívares. El Mercal es lo que les ha traído un poco más de gente; «es la única forma que por aquí pase alguien, pero sólo para mirar, porque nadie se lleva nada». (Ultimas Noticias, 14.04.07, pág. 2). Debido al robo de mercancías en el sitio, los informales constituyeron un grupo de vigilancia del sitio. Sobre la otra Feria de Economía Informal prometida en las inmediaciones de La Hoyada, Mercedes Otero, presidenta de Fundapatrimonio, y la coordinadora de Economía Social, Mireya Silva, informaron a los buhoneros desalojados de la plaza Diego Ibarra que la primera etapa de la Feria de la Economía Popular de La Hoyada, donde serán reubicados, estaría terminada en 15 días. (El Nacional, 14.04.07, pág. 9).
El pasado 10.04.07 se informó que el Consorcio Metro de Los Teques había paralizado, hasta nuevo aviso, las obras de construcción del sistema subterráneo debido al enfrentamiento que sostuvieron dos sindicatos de obreros. Maikel Zapata, secretario del Sindicato Obrero Venezolano de la Industria de la Construcción y Afines (Sovica), denunció que el problema comenzó a las 5 de la mañana del 09.04.07, cuando llegaron cinco autobuses con aproximadamente 300 obreros «armados», provenientes de Caracas. Zapata indicó que fueron traídos por los directivos del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria y la Construcción (Sutic), con el fin de «amedrentarlos» y quitarles las plazas de trabajo. «A mí, uno de los sujetos me disparó cuando defendí el puesto que me corresponde en el portón. La bala no me alcanzó», comentó. Estas afirmaciones fueron rebatidas por el presidente de Sutic, Wilmer Nolasco. (Ultimas Noticias, 10.04.07, pág. 10). En una confusa situación un joven de 22 años, identificado como Julio Ramón Goitía, resultó herido cuando se encontraba cerca de los trabajos de construcción de la extensión del metro de Los Teques, en dónde presuntamente habían disparado contra los trabajadores. (El Universal, 12.04.07, http://noticias.eluniversal.com/2007/04/12/sucgc_art_herido-joven-que-pas_245878.shtml)
En otro suceso, Yesmer Enrique Gil, de 26 años, se convirtió en el quinto sindicalista asesinado en el estado Bolívar durante 2007, cuando sujetos no identificados le acribillaron en plena vía pública. El hecho ocurrió en Caicara del Orinoco, municipio Cedeño, al oeste de la entidad. Gil era residente de San Félix y se encontraba en Cairaca desarrollando una actividad sindical en torno a la construcción del III Puente sobre el Orinoco. (El Universal,16.04.07, http://noticias.eluniversal.com/2007/04/16/sucgc_art_ultimado-sindicalist_250441.shtml). Una de las versiones asegura que, presuntamente, la víctima estaba relacionada con el tráfico de empleos en las obras en construcción. «Nosotros llamaremos las cosas por su nombre y esa muerte se dio porque Gil se dedicaba a la venta de reportes para esa importante obra», dijo Daniel Navas, comisionado por el Ejecutivo regional para atender la violencia carcelaria y sindical en la zona. (El Universal, 17.04.07, http://noticias.eluniversal.com/2007/04/17/sucgc_art_cobro-por-puesto–de_251575.shtml).
En otra confusa situación un joven de 22 años, identificado como Julio Ramón Goitía, resultó herido cuando se encontraba cerca de los trabajos de construcción de la extensión del metro de Los Teques, en dónde presuntamente habían disparado contra los trabajadores. (El Universal, 12.04.07, http://noticias.eluniversal.com/2007/04/12/sucgc_art_herido-joven-que-pas_245878.shtml).
La violencia ligada a la obtención de puestos de trabajo se ha recrudecido en los últimos meses. Para el estado Bolívar, por ejemplo, las cifras estiman que en el último año han fallecido 120 trabajadores por actos violentos ligados a la pugna por empleos en la región. (Derechos Humanos y Coyuntura, http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2007/coyuntura_183.html#09).
El Sindicato Único Nacional de Trabajadores Bolivarianos de Mercal (Suntrabmercal) informó que el viernes 23.03.07 introdujeron un pliego conflictivo ante el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social (Mintrass), para reclamar porque representantes de la red Mercal no han iniciado la discusión del contrato colectivo presentado el 27.05.05.
Indicaron que el proyecto de contrato fue suscrito por más de seis mil trabajadores de los ocho mil que laboran en la red. Representantes de Suntabmercal alertan que el reclamo es también para que se mejoren «nuestra graves condiciones de higiene y salud laboral, que están provocando que, cada día, más compañeros se quejen de enfermedades laborales, como hernias discales». Asimismo, los dirigentes del sindicato de Mercal protestaron «por el cierre arbitrario de los establecimientos de la red Mercal los días domingos», alegan que perjudica a los consumidores. (Suntrabmercal, 10.04.07, http://usuarios.lycos.es/suntrabmercal/modules.php?name=News&file=article&sid=87).
En una visita a un medio de comunicación nacional, representantes del gremio de trabajadores de Mercal denunciaron que la empresa no había inscrito a muchos trabajadores en el Seguro Social, lo que les traía problemas a la hora de solicitar o certificar los reposos. Ramón Córdoba y Antonio Chirinos, presidente y secretario de prensa y relaciones públicas de Suntrabmercal, respectivamente, señalaron que no entienden cómo Mercal efectúa negocios con otras empresas estatales, como Casa, pues «es imposible que el Ministerio del Trabajo les otorgue la solvencia laboral con esa deuda mil millonaria». Añadieron que la directiva de Mercal viola el decreto de inamovilidad laboral, ya que despiden personal constantemente. «Este año han botado a más de 100 trabajadores, entre ellos jefes de módulos y empleados del área de nómina, con el argumento que son personal de confianza». (Ultimas Noticias, 14.04.07, pág. 22).
Dentro de los siete créditos adicionales aprobados el 11.04.07 por la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional (AN), destacaron los montos de 1,5 billones para la Misión Villanueva y 1 billón para el Plan Masivo de Construcción de Viviendas. Los dos créditos para el plan habitacional, que suman 2,5 billones, serán ejecutados por el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavih) y se usarán en la fabricación de 87.739 soluciones habitacionales. De acuerdo a las cifras del despacho de Vivienda y Hábitat, en este momento se están construyendo unas 140 mil unidades habitacionales, y se espera concluir este año, 88 mil casas. (Ultimas Noticias, 12.04.07, pág. 26).
En otra información se difundió que el Ministerio de la Vivienda y Hábitat destinará a la misión Villanueva 1,55 billones de bolívares, que surgen del Fondo Miranda III, el cual maneja los excedentes del pasado año. De esos recursos previstos, 580 millardos de bolívares se invertirán en las obras que se efectuarán en el Distrito Metropolitano y el estado Vargas. En el caso del Distrito Metropolitano, la rehabilitación de zonas populares comenzará en la urbanización San Martín, atendiendo 470 familias y ejecutado por el Instituto Nacional de la Vivienda (Inavi), para lo cual fue destinado 6,5 millardos de bolívares
En el área de transformaciones de centros urbanos se tiene previsto ejecutar el proyecto de desarrollo e integración urbanística de la avenida Lecuna. Ese plan contempla la creación de 350 viviendas, siendo la inversión 65,7 millardos de bolívares, el ente que manejará el plan será el Metro de Caracas. Adicionalmente se desarrollará el proyecto Almacenadora Caracas para lo cual se destinarán 59 millardos de bolívares y que ejecutará la Fundación Misión Hábitat y el proyecto Corredor de Transporte al cual se le desembolsarán 114,3 millardos de bolívares. La Alcaldía del Municipio Libertador será el ente ejecutor.
La creación de una ciudad sustentable se estima concretar en el estado Vargas. En el Camino de los Indios se analizan construir 20.000 soluciones habitacionales, siendo la inyección de recursos 312,9 millardos de bolívares. (El Universal, 13.04.07, http://noticias.eluniversal.com/2007/04/13/eco_art_mision-villanueva-in_246960.shtml)
A través del decreto 5.273, el presidente de la República, Hugo Chávez, ordenó el desalojo del sector Ojo de Agua, ubicado al final de la carretera Vieja Caracas-La Guaira, en la parroquia Sucre, en donde habitan más de 700 familias que levantaron sus casas en los terrenos donde funcionaba un relleno sanitario. El citado decreto señala que queda prohibido construir, adquirir o sustituir viviendas en la zona. Los entes gubernamentales encargados de ejecutar el decreto tienen 90 días para presentar un plan de Ordenamiento y Uso del Área de Protección y Recuperación Ambiental. (Ultimas Noticias, 16.04.07, pág. 8).
En Ojo de Agua la descomposición de la basura enterrada ha generado la producción de gas metano, el cual se filtra por los pisos de las viviendas convirtiendo la zona en alto riesgo por el peligro latente de incendio. Algunos han optado por encender mecheros en las noches para quemar un poco de gas y minimizar el riesgo. (Ultimas Noticias, 10.04.07, pág. 4). En declaraciones el presidente recomendó la construcción inmediata de un conjunto habitacional que permita la reubicación de las familias del sector. (Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, 17.04.07, http://minci.gov.ve/noticias-prensa-presidencial/28/9163/gobierno_bolivariano_iniciofensiva.html).
Provea solicita que el plan de desalojo del sector de Ojo de Agua se realice en estricto cumplimiento de la ley, así como de respeto a los derechos humanos. En este sentido, recuerda las garantías procesales recomendadas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, quienes en su observación general número 7 recomiendan que, en el contexto de los desalojos forzosos, debe realizarse una auténtica consulta con las personas afectadas y un plazo suficiente y razonable de notificación. Asimismo, facilitar a todos los interesados, en un plazo razonable, información relativa a los desalojos previstos así como no efectuar los desalojos cuando haga mal tiempo o en horario nocturno. El Estado debe ofrecer recursos jurídicos y, en la mayor medida que permitan los recursos, proporcionar otra vivienda, reasentamiento o acceso a tierras productivas.
En declaraciones realizadas a la prensa nacional, el Alcalde Mayor de Caracas, Juan Barreto, anunció que de las 2.600 peticiones para realizar expropiaciones de edificios se habían concretado alrededor de 400. El funcionario estimó que las peticiones se duplicarán en una cantidad entre 5 mil y 6 mil solicitudes. Barreto resaltó que los propietarios de los inmuebles reciben un pago, tras lo cual se realiza un avalúo: “Se siguen los mecanismos previstos en la ley”. La idea, según sus declaraciones, era ser justo con ambas partes, sin llegar a indemnizar la especulación. Sobre la disponibilidad de recursos para cancelar las expropiaciones, el funcionario apuntó que la alcaldía había cancelado unos 60 millardos en amortización de precios iniciales de los inmuebles expropiados. Sin embargo, destacó que el pago de expropiaciones depende en buena medida de la cancelación de una deuda diferida por más de seis años que tienen diferentes Alcaldías, como las de Baruta, Chacao y El Hatillo, con la Alcaldía Mayor. (Ultimas Noticias, 27.03.07, pág. 26).
El día 07.04.07 Provea se dirigió al urbanismo Ciudad Miranda, ubicado en Charallave estado Miranda, con la intención de realizar entrevistas y registro fotográfico al mencionado urbanismo tras la adjudicación de viviendas a varias familias que venían exigiendo su derecho a contar con una casa digna. En su momento Provea realizó el acompañamiento y asesoría, que duró aproximadamente más de dos años, tiempos de constancia, movilización y presión por parte de los afectados, que en esta oportunidad tuvo un feliz desenlace, con lo cual 14 familias hoy cuentan con un techo propio. Provea constató, entre otras cosas, que las viviendas en las que fueron adjudicadas a los beneficiarios se encontraban en óptimas condiciones, en cuanto a estructuras y servicios públicos se refiere. Aunque aún faltan algunos detalles por resolver, a grandes rasgos las condiciones de vida son adecuadas para los habitantes del urbanismo; sin embargo es de hacer notar que debido a las condiciones de terreno y problemas en diseño de las viviendas, algunas de ellas han sufrido inundaciones tras las recientes lluvias. Asimismo, un pequeño lote fue entregado sin estar totalmente finalizado, por lo que presenta defectos que deben ser solventados por Fondur. Provea pudo compartir una agradable velada con las personas que gracias a su constancia y organización, pudieron hacer valer su derecho a una vivienda digna.
En el mes de abril del presente año el gobierno realizó un paso importante para reubicar a los habitantes de la Urbanización Nueva Tacagua al mudar en una sola jornada a casi 600 familias. Según datos arrojados por el Instituto Nacional de la Vivienda, sólo quedan 800 familias (Ultimas Noticias, 18.04.2007, Pág.15) en la zona, ubicada en el Suroeste de Caracas y construida en 1975 por el Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI) como un desarrollo urbanístico de interés social. Dicha construcción fue realizada en terrenos no aptos para ejecutar ningún tipo de urbanismo debido al alto riesgo de deslizamientos, tal como lo han señalado los informes técnicos realizados por distintas autoridades tales como los Bomberos, Defensa Civil, Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS) y la Gerencia de Riesgos de la Alcaldía del Municipio Libertador. Debido a esa inestabilidad, al poco tiempo de construido los edificios comenzaron a presentar fallas geológicas, que a lo largo de los años generaron derrumbes y considerables daños a las viviendas. Pese a que hace más de 15 años se detectaron las irregularidades topográficas, las autoridades no tomaron las medidas para evitar que se produjeran deslizamientos ni para fortalecer las estructuras de los edificios y casas. Cuando la situación se hizo dramática y empezaron a derrumbarse las viviendas, el Estado decidió que había que desalojar a las familias afectadas. Ese proceso de reubicación, ya suma varios años. En 1999 el Presidente Chávez prometió que en un año se reubicarían todas las familias y ocho años después la reubicación aún no concluye.
El INAVI, les ha dado a las familias principalmente dos opciones:
a.- Ubicación de las familias en viviendas nuevas fuera del Área Metropolitana de Caracas en urbanismos construidos por empresas contratadas por Fondur. En algunos casos viviendas de menor metraje y menor calidad que la que compraron en su oportunidad en Nueva Tacagua. La urgencia del riesgo colocó a muchas familias en condiciones de desventaja frente al INAVI y limitó, de esa forma, su posibilidad de ejercer acciones para obtener viviendas que se ajustaran a las que tenían, con precios acordes con la exigencias actuales del mercado. Frente a la situación de riesgo para su vida y el inmueble, las personas han aceptado ubicarse en zonas alejadas de Caracas, en viviendas de poca calidad.
b.- Facilidad para adquirir vivienda usada en el mercado secundario. Por esta vía las familias tienen más oportunidad de escoger su vivienda y además continuar viviendo en Caracas. La familia contacta al vendedor y el INAVI la compra y la entrega a la familia.
En la actualidad las familias que quedan, aspirantes a disfrutar de una vivienda digna, continúan padeciendo el deterioro del urbanismo, caracterizado por falta de agua, de transporte publico, de recolección de basura, de seguridad, en general una carencia de la prestación de servicios públicos básicos, entre otros graves problemas que aquejan a las familias. Provea exhorta al gobierno nacional a continuar con el proceso de reubicación, asignando a las familias viviendas de calidad o permitiéndole adquirir en el mercado secundario viviendas adecuadas.
De acuerdo a la III Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares, realizada por el Banco Central de Venezuela (BCV), aproximadamente 531.548 personas comen entre una y dos veces al día, una cantidad que representa el 2% de la población total. El estudio reveló que los hogares identificados con esta situación cuentan un promedio de cinco miembros familiares. Casi la mitad de ellos no completó su educación primaria o saben leer y escribir, pero sin haber pasado por una escuela. La III Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares señala que los ingresos de las familias menos favorecidas se sitúan en cerca de 198.000 bolívares mensuales, casi dos veces por debajo del salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional.
Por otro lado, 59% de los venezolanos comen tres veces al día , mientras que 39% hace cuatro o más comidas al día, lo que quiere decir que, además de desayunar, almorzar y cenar, suele tomar una o más meriendas al día, de acuerdo a la III Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares. (El Universal, 22.04.07, http://www.eluniversal.com/2007/04/22/eco_art_2-de-la-poblacion_260523.shtml)
Según un estudio efectuado por la empresa Datos Information Resources titulado Pulso del Consumidor, presentado el 10.04.07, en los últimos tres años los ingresos de los hogares clase E se han incrementado 159% y los de la clase D, 49%. Los aumentos de salario mínimo y las misiones gubernamentales han incidido en el incremento de los ingresos. «El subsidio directo de las misiones que benefician a 47% de la población, está pasando a formar parte del ingreso fijo del hogar», dijo Alie Charr, vicepresidenta de Datos, quien señaló que entre los años 2003 y 2006 los ingresos de los hogares de menos recursos aumentaron en forma significativa; esto incide en el alza del consumo, que la encuestadora calcula que este año crecerá entre 7% y 8%. Charr indicó que en los grupos familiares de la clase E tres personas aportan al hogar y perciben hasta Bs. 800 mil mensuales; mientras que en las clases D dos individuos aportan al presupuesto familiar un promedio de 1 millón 600 mil bolívares.
Según Datos, casi 70% del consumo se concentra en hogares de escasos recursos, pues la clase E representa 42,6% y la D, 26%. Del estudio se desprende que para todas las clases sociales las primeras prioridades son alimentación y vivienda. Al desglosar el resto de las prioridades se encontró que en los estratos D y E, la tercera posición la ocupa la compra de productos de cuidado personal, mientras que en los estratos ABC es ropa y calzado. (Ultimas Noticias, 11.04.07, Pág. 28).
Según las estimaciones del Banco Central de Venezuela (BCV) la inflación para el mes de marzo registró una baja, ubicándose en -0,7%. Por otra parte, el costo de la canasta alimentaria según el Instituto Nacional de Estadística (INE) registró a su vez una disminución de -2,5% en 50 rubros, lo que disminuyó su valor -3,27% pasando de Bs 499.394 a Bs 486.456. La baja en el costo de la canasta está impulsada, principalmente, por la caída del precio de la carne y sus preparados, que según el INE retrocedió -18% respecto a febrero, así como por la disminución del IVA en algunos alimentos. Sin embargo ese mismo rubro muestra un aumento de 12,7% con relación a marzo de 2006.
Destacan la disminución de los precios de la carne de res (-22,7%), la falda (-25,6%) y el lagarto (-24,7%). Estos últimos dos cortes son considerados carne de segunda. Otros dos rubros que destacaron por la baja de sus precios en marzo fueron el tomate, cuyo precio descendió -17,3%; y las lentejas, que retrocedió un -10,1%.
En el apartado de los alimentos que aumentaron de precios figuran la sardina, que subió 10,7% respecto a febrero, y que muestra una variación de 68,5% respecto a marzo de 2006. (El Universal, 13.04.07, http://noticias.eluniversal.com/2007/04/13/eco_art_canasta-alimentaria_246907.shtml)
Cifras del Cenda
Para el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cenda) el costo de la Canasta Básica de alimentos, bienes y servicios del mes de marzo, registró un incremento de 29.636 bolívares (1,5%), con respecto a su costo del mes de febrero, cuando aumentó 29.583 bolívares. Según el Cenda, el costo de la canasta básica pasó de 1.975.673 bolívares a 2.005.142 bolívares, en ese plazo. Los aumentos más significativos en el mes se dieron en el grupo de alimentos (al igual que el mes pasado) y en los artículos de aseo personal e higiene del hogar, «pese a la reducción de la alícuota del IVA vigente a inicios de marzo».
Señala el Centro de Documentación que la Canasta Básica de los Trabajadores, está conformada por el costo mensual de los alimentos (Canasta Alimentaria de los Trabajadores), más el de los artículos de aseo personal y limpieza del hogar, servicios públicos básicos, (gas, aseo, agua, electricidad, teléfono y transporte), vivienda, educación, salud, vestido y calzado. En el primer trimestre del año la Canasta Básica se elevó en Bs 91.044 (4,8%), señala el informe. Una familia integrada por cinco miembros requiere de un ingreso equivalente a 3,9 salarios mínimos (Bs. 512.325) para satisfacer sus necesidades básicas. El ingreso familiar promedio, equivalente a 2 salarios mínimos, permiten comprar sólo el 51,1% de la cesta. (El Universal, 04.04.07, B/4).
En el marco de los convenios firmados recientemente entre Venezuela y Argentina, se encuentra el de asesoría y desarrollo de una industria de la Soya en nuestro país. Durante el mes de marzo se inauguró una planta procesadora del grano que tiene como finalidad la producción de bebidas saborizadas (leche) para las Escuelas Bolivarianas y los Simoncitos.
Aunque se valora como positivo que la propuesta se centre en disminuir los índices de desnutrición infantil que hay en el país, desde hace unos años han surgido preocupaciones científicas y nutricionales sobre los efectos secundarios que tiene la Soya en la salud, precisamente, en la población infantil consumidora. En estudios publicados recientemente en universidades de Estados Unidos y Argentina se ha encontrado que las fórmulas infantiles de soya pueden impedir el funcionamiento del sistema inmunológico de los niños y niñas. Así como generar deficiencia de calcio que inhibe el crecimiento y causa malformación de los huesos.
Es importante que el Estado de Venezuela asegure que productos como el que se pretende producir no lleguen a causar los efectos secundarios señalados. Para ello, es importante estudiar la fuente de la soya que será usada en el proyecto, ya que la mitad de la producción mundial de soya es transgénica (produce contaminación genética y resistencia a medicamentos entre otros efectos). Y, aunque el gobierno ha garantizado que la soya utilizada para este Proyecto es natural y no supone riesgos, es igualmente necesario que se asegure la implementación de controles y una vigilancia técnico/científica.
• Adoptar las medidas necesarias para atender apropiadamente las denuncias y demandas relativas a: reubicaciones inadecuadas, problemas en la calidad de las viviendas otorgadas, supuestos ilícitos en los procesos de adjudicaciones, retrasos crónicos en los complejos habitacionales iniciados años atrás y negligencia de las instituciones frente a las malas prácticas de terceros que construyen viviendas con fondos del sector público.
• Garantizar que todos los organismos de vivienda, nacionales, regionales y locales, presenten en forma precisa, coherente y auditable los resultados de la ejecución de los recursos provenientes de los fondos públicos de vivienda. Crear mecanismos de control en el empleo de los fondos públicos para la construcción de viviendas.
• Detener la práctica de los desalojos forzados como medida aplicada por los gobiernos regionales frente a la ocurrencia de ocupaciones ilegales.
• Solicitar la revisión y reforma de la penalización de prisión establecida en el Código Penal para ocupantes ilegales, que aborda desde el enfoque punitivo un asunto principalmente social.
• Procurar la realización y el mantenimiento de de mapas de riesgos locales, regionales y nacionales; que formen parte de los insumos necesarios para planes de desarrollo, así como de reubicación y nuevas viviendas.
• Diseñar e implementar políticas de contingencia para el caso del colapso de viviendas por condiciones metereológicas, que conlleven la participación no sólo de los organismos del Estado encargados de las políticas públicas en materia de vivienda, sino también aquellos que pueden prestar colaboración y un enfoque integral de la problemática..
• Garantizar en todo procedimiento de expropiación de edificios o terrenos urbanos, la adecuada aplicación de la ley y el pago oportuno y justo de indemnización a los propietarios. (Provea, 28.03.07, http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2005_06/pdf/2018/01/exigencias.pdf)
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
REFORMA CONSTITUCIONAL
La iniciativa Hagamos Democracia, www.hagamosdemocracia.org, actuando en el marco de la Alianza para el Seguimiento Ciudadano de la Reforma Constitucional, realiza un monitoreo a los medios de comunicación impresos a nivel nacional y regional, con el fin de realizar un resumen de prensa de todas aquellas noticias que tienen que ver con dicha reforma.
Para este monitoreo hemos aplicado un método cuantitativo que mide los espacios cubiertos por la prensa a los sectores estudiados: Gobierno, Partidos Políticos, Sociedad Civil, Iglesia, Fuerza Armada, Académico, Empresarios, Gremios, el cual permite definir la tendencia que manejaba la información y así ubicarla en posición de relevancia .
Hagamos Democracia ha realizado los siguientes gráficos con la muestra recogida entre el 19 de marzo al 15 de abril del 2007
La presidenta de la Asamblea Nacional, Cilia Flores, afirmó el 10.04.07 que, como parte de la propuesta planteada por la Comisión para la Reforma Constitucional, se mantendrá en 350 el número de artículos de la Carta Magna. La parlamentaria explicó que están a la espera de que el Presidente de la República realice las observaciones correspondientes al documento que le entregó la comisión.
«Tenemos el anteproyecto listo y estamos esperando reunirnos con él -el presidente Chávez- para entregárselo. Le corresponde a él, en el tiempo que determine y considere prudente, tomar la iniciativa y presentarlo ante la Asamblea Nacional como proyecto. Es un trabajo que con mucha precisión debe revisar», destacó Cilia Flores. Asimismo, agregó que es al Jefe de Estado a quien le corresponde revisar cuántos artículos serán reformados. «Hay unos artículos que son susceptibles de reforma de fondo, sin tocar la estructura ni los principios fundamentales que son los límites que nos da la Constitución», dijo.
En relación con los lapsos de la reforma, aclaró que durante el primer trimestre de este año estaba previsto tener el proyecto, y en el segundo semestre refrendarlo. (Ultimas Noticias, 11.04.07, Pág. 22).
ARTÍCULOS
NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS
DOCUMENTOS
Del 6 al 29 de marzo 2007
Boletín electrónico Nº 183
EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE ABRIL
04 Asesinato de Martin Luther King (1968)
07 Día Mundial de la Salud
07-14 Semana de la Salud en Las Américas
08 Holocausto Judío de la Segunda Guerra Mundial
11 Golpe de Estado contra presidente Hugo Chávez Frías (2002)
13 Día de la Movilización Nacional
14 Día del Panamericano
19 Celebración de la Declaración de Independencia de Venezuela (1810)
19 Día Panamericano del Indio
22 Día Mundial de la Tierra
23 Día Internacional del Libro y de los Derechos del Autor
24-30 Semana de la Vacunación en Las Américas
28 Día Mundial sobre la Seguridad y la Salud en el Trabajo
29 Día Internacional de los Trabajadores Muertos y Heridos en Accidentes Laborales
CONTEXTO
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
El comandante del sexto agrupamiento de la Reserva y la Movilización Nacional, coronel (Ej.) Francisco José Salcedo Alcalá, anunció que el venidero mes de agosto se realizarán maniobras cívico-militares en la cual participarán los Consejos Comunales y la Fuerza Armada Nacional (FAN). El funcionario agregó que por ahora la instancia castrense está colaborando con el Poder Comunal en la organización de los comités de seguridad. (El Tiempo, 24.03.07, http://www.eltiempo.com.ve/noticias/default.asp?id=105666). El funcionario precisó que el objetivo no era militarizar a la ciudadanía, sino concientizar sobre el deber que «todos tenemos» de resguardar la soberanía nacional. El coronel Salcedo forma parte de la comisión que trabaja en la redacción del proyecto de Ley de la Reserva que saldrá vía habilitante. Mencionó que la propuesta en discusión contempla eliminar la definición de «Guardia Territorial» porque «suena excluyente (…) se trata de romper paradigmas para hacer entender que todos los venezolanos somos reserva». Esto exigiría modificar la Ley Orgánica de la FAN. (El Nacional, 24.03.07, pág. 18). Agregó que la propuesta no debía entenderse como dar armas a los civiles.
Por otra parte, en un encuentro sostenido en la sede de la Prefectura de Vargas, autoridades de la secretaría de Seguridad Ciudadana, Ministerio de Interior y Justicia, Indecu, Ministerio para la Participación Ciudadana y Desarrollo Social, de la red Mercal, Seniat, Ministerio Público, así como los 11 jefes civiles locales, diseñaron lo que sería un plan de seguridad integral enmarcado en el llamado Poder Comunal. «Estos comités no son simplemente para estrechar los lazos entre comunidades y organismos a fin de detectar a los azotes o a los vendedores de sustancias estupefacientes. Esta reunión supone ampliar el concepto de seguridad, para sean esos comités los encargados de denunciar también a especuladores y acaparadores», enfatizó el prefecto de Vargas, Cosme Gutiérrez. (Ultimas Noticias, 21.03.07, pág. 34). Declaraciones similares realizó el Comisario Argenis Guillén, director de Seguridad Ciudadana del estado Miranda. Este funcionario afirmó que los Consejos Comunales combatirían la delincuencia en los municipios al ser parte de las comisiones que se reunirían mensualmente para aportar datos a los organismos de seguridad. ( La Calle, 09.03.07, pág. 12). No es nueva la idea de querer descargar en la ciudadanía responsabilidades de seguridad nacional o seguridad ciudadana. En gobiernos anteriores estas ideas también se propusieron, pero que sepamos sólo prosperaron en Barquisimeto donde se crearon las «Brigadas Vecinales de Seguridad». Sin embargo, con este gobierno la propuesta ha sido más persistente y parece que avanza su implementación. No es a los ciudadanos a quienes les corresponde la seguridad de la Nación y de la sociedad: esta es una responsabilidad que corresponde al Estado. Además en materia de seguridad ciudadana organizar grupos de ciudadanos para enfrentar el delito ha dejado muy malas las experiencias en otros países: las «Rondas Campesinas en Perú, promovidas por Fujimori se convirtieron en comandos para asesinar , las «Convivir» promovidas por Alvaro Uribe desde una gobernación colombiana, constituyeron las semillas de las tenebrosa organización paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia; los Escuadrones de la Muerte promovidos de manera secreta por el gobierno de El Salvador dejaron innumerables muertos en el camino, terminaron siendo grupos delictivos que más que frenar la violencia la incrementaron y elevaron las violaciones de derechos humanos. En tal sentido, advertimos que ese tipo de propuestas puede incrementar la violencia en el país, aumentar la inseguridad e incrementar la circulación ilegal de armas.
Tras la implantación de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente (Lopcymat) se generó un aumento en la declaración de accidentes laborales, de manera que para el 2006 se registraron 427% más sucesos que el año anterior. De esta manera, el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (Inpsasel) reportó 22.605 incidentes que afectaron a trabajadores durante su jornada laboral, de los cuales 148 (0,6% del total) resultaron fatales. De acuerdo con los datos oficiales, los sectores en los que se concentran los accidentes laborales son la manufactura, comercial y construcción. (El Universal, 14.03.07, http://noticias.eluniversal.com/2007/03/14/eco_art_en-2006-se-registrar_210663.shtml)
Ante la situación reflejada en las cifras el presidente de Inpsasel, Jhonny Picone, quien también es viceministro de Seguridad Social, informó que se implementaría el Plan Nacional para la Prevención de Daños a la Salud en la Construcción, el cual busca reducir el índice de incidentes y enfermedades ocupacionales y beneficiar a un mínimo de 200.000 trabajadores. Inpsasel, a través de la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores de Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, conformó once mesas informativas, para dar a conocer el arranque del plan, actividad en la que participaron bomberos, unidades de supervisión del Ministerio del Trabajo, empresas básicas, Sutrabolívar, Sutic Bolívar, Sinatracom, cooperativas, Fedecámaras, Cámara de la Construcción, Alcaldía y Gobernación, entre otros. (Correo del Caroní, 26.03.07, http://www.correodelcaroni.com/content/view/61712/149)
El sector público logró un incremento en el número de trabajadores que supera ampliamente al registrado en el sector privado. Durante los últimos cuatro años la cantidad de empleos en los organismos gubernamentales ha crecido 33,6%, de acuerdo con los datos que presenta el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esto significa que entre febrero del año 2003 hasta el mes pasado los trabajadores en el sector público pasaron de 1.371.332 personas hasta 1.833.092 personas. La tendencia alcista de las nóminas de empleados estatales ha sido constante sumando en un año 84.486 personas más a los entes del Gobierno.
En contraposición, las empresas del sector privado lograron un alza en su capacidad empleadora, aunque no al mismo ritmo que registró el Estado. En tal sentido, los datos oficiales del INE dan cuenta de un aumento de 18,4% en lo que al número de trabajadores de ese sector se refiere. Los establecimientos privados pasaron de aglutinar a 5.01267 trabajadores a inicios del año 2003 a contar con 5.937.134 empleados al cierre del mes pasado.
Según los datos aportados por el INE la población ocupada en Venezuela se ubicó al culminar febrero de este año en 10.843.969 trabajadores, cifra que incluye a todos las actividades económicas, incluyendo al sector informal. El número representa un nivel de ocupación de 89,1% de la población activa en el país, que totalizó 12.166.191 personas para febrero 2007. (El Universal, 27.03.07, http://noticias.eluniversal.com/2007/03/27/eco_art_nomina-estatal-creci_227885.shtml)
Según el boletín Venescopio el mercado laboral del país enfrenta desde hace algunos años un reto que se traduce en profundas transformaciones. Por un lado, según sus consideraciones, debe generar a mayor velocidad puestos de trabajo formal para cubrir la demanda de gente joven y mujeres que se incorporan al mercado laboral, y, a la vez, incorporar en la formalidad a los ocupados del sector formal; por otro lado, el sistema de seguridad social deberá responder con calidad a las presiones del envejecimiento de la Fuerza de trabajo, cada vez es más amplia la proporción de ocupados de mayor edad. (Venescopio, 26.03.07, http://www.venescopio.org.ve/docs/reporte_febrero-marzo2007.pdf)
Entre 2005 y 2006 la Cámara de la Construcción ha documentado el asesinato de 120 personas vinculadas con los sindicatos de la construcción en el estado Bolívar. Por su parte, el reporte de la Federación de Trabajadores del Estado Bolívar calcula una cifra mayor, estimando los fallecimientos en 150 hombres. La violencia es, presumiblemente, originada por la pugna existente entre diferentes organizaciones gremiales por la obtención de puestos de trabajo. Al respecto, Víctor Moreno, presidente de la Federación de Trabajadores del Estado Bolívar, propuso la unificación de las organizaciones obreras: “el Gobierno debe convocar a toda la dirigencia sindical a una reunión con los ministerios de Relaciones Interiores y Justicia, de Industrias Básicas y Minería, del Trabajo, con las federaciones, e impulsar un compromiso. Y que los resultados se respeten para que los empresarios contraten con ese sindicato legitimado». (El Nacional, 11.03.07, Siete Días/4).
La violencia por empleos no se limita al estado Bolívar. El pasado 20.03.07 dos trabajadores de la construcción resultaron heridos luego de que afiliados a los sindicatos Suticea y Sinasoica se disputaran el control de una edificación realizada en la Avenida Las Delicias de Maracay. La trifulca era la segunda desde el inicio de las obras en el lugar. (El Universal, 21.03.07, 3/20).
En el acto de lanzamiento del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), realizado el pasado 24.03.07, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, realizó afirmaciones que cuestionaban la independencia de las organizaciones sindicales. «Los sindicatos no quieren tener nada que ver con el partido ni con el Gobierno; quieren ser autónomos, es una especie de chantaje», manifestó en el acto. Añadió que existían «sindicatos como inodoros, insípidos, que se limitan tan sólo a la lucha de las reivindicaciones laborales, pero que pierden de vista la lucha histórica de la clase obrera por la revolución». (El Nacional, 25.03.07, A/4). “No queremos un frente de partidos, como es la propuesta de algunos -aliados-, queremos un partidos de frentes: obrero, campesino, mujeres, estudiantes, un partido con distintos brazos pero con una sola cabeza, que no es la mía sino de una dirección (…)“Se requiere el brazo industrial y el brazo político, el partido y los sindicatos, pero no cada uno por su lado, no autónomos; pasa lo mismo que los partidos que quieren autonomía y toman sus decisiones (…) Eso no puede ser así, no vinimos a hacer bochinche (confusión) sino una revolución”, destacó. Asimismo, dijo que al igual que los partidos los sindicatos “nacieron con el mismo veneno de la autonomía”, por lo que instó a sus dirigentes a “largar todo eso al basurero, construyendo el gran partido socialista unido bolivariano y revolucionario”. “Si los dirigentes sindicales quieren conservar su partidito, porque se convirtieron en partiditos, vamos a buscar directamente a los trabajadores para construir el frente obrero”, expresó. (Milenio, 25.03.07, http://www.milenio.com/index.php/2007/03/25/53229/)
Dichas declaraciones generaron reacciones en diferentes organizaciones gremiales de trabajadores. La corriente CCURA (Corriente Clasista, Unitaria, Revolucionaria y Autónoma) de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), enviaron una carta pública al Presidente en donde afirman que “cuanta mayor libertad tenga un organismo obrero o popular para criticar decisiones burocráticas, para denunciar comportamientos corruptos o para enfrentar prácticas cuarta republicanas, más fuerte va a estar la revolución, y no al revés. No vemos en esa independencia el peligro de “embochinchar” sino que vemos en la falta de independencia el peligro de más burocratismo”. En la misiva, dicha dirigencia sindical apuntan que “en esto de la concepción de la “no independencia” de los sindicatos pudiéramos caer, sin quererlo, en cierto paralelismo con aquella desafortunada experiencia, que apenas acabamos de superar –el control de AD de la CTV-”. (Aporrea, 27.03.07, http://www.aporrea.org/trabajadores/n92511.html).
Por su parte, José “Acarigua” Rodríguez, presidente del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y sus Similares (Sutiss) de Guayana declaró que “Estamos llamados a preservar la institución sindical, pues es la herramienta más idónea en defensa de las conquistas laborales. Es verdad, hay muchos defectos como virtudes, prefiero la imperfección que a la nada. Más bien, debemos enfocar esfuerzos en combatir la división en el movimiento, el cual no es casual ni gratis. El presidente debe ser más prudente con sus palabras”. Un reportaje de un periódico regional requirió otras opiniones de dirigentes obreros de la región guayanesa. José Sánchez, vocero del Sindicato Unificado de los Trabajadores del estado Bolívar (Sutrabolívar), dijo que “No hemos ocultado nuestro respaldo a la constitución del partido único, mas no ponemos en discusión la unificación de los sindicatos o la desaparición de los mismos. El sindicato es democracia y por lo tanto debe ser propulsor de cambios y de renovaciones al colectivo, pues no podemos seguir apegados al viejo sindicalismo que se practicó en la CTV”. Henry Arias, miembro del Sindicato Único de Trabajadores del Aluminio de la Empresa C.V.G. Alcasa (Sintralcasa) expresó que “Nos toca hacer grandes reflexiones. El movimiento sindical, en su mayoría, brindó un respaldo irrestricto al proceso de cambios, pero pareciera que lo que tanto buscó el régimen capitalista se lo va a regalar un gobierno que se dice revolucionario: las convenciones colectivas de trabajo. Si se diera un golpe a los sindicatos, detrás viene la entrega de estos beneficios de larga y dura lucha histórica”. (Correo del Caroní, 28.03.07, http://www.correodelcaroni.com/content/view/61958/149).
En una entrevista concedida a un semanario de circulación nacional, Orlando Chirinos, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), perteneciente a la corriente CCURA, afirmó que entre el pliego de exigencias que difunden, ante la celebración del Día del Trabajador, se encuentra el que el salario mínimo se ubique en un millón cuatrocientos mil bolívares. Chirinos declaró que debe abrirse un debate con todas las organizaciones sindicales no solamente para hablar del monto del salario mínimo, sino también sobre la calidad del empleo de los trabajadores y la inamovilidad laboral. (Quinto Dia, 23.03.07, pág. 18). Por su parte, Manuel Cova, presidente encargado de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) manifestó que el aumento salarial debe ser de un 30%. Asimismo, apunto que si bien considera un avance la reducción del IVA a un 9%, alegó que era necesario su eliminación total en los productos de la cesta básica. (2001, 16.03.07, pág. 5).
El pasado 20.03.07 un grupo de organizaciones indígenas, ambientalistas y políticas del estado Zulia y de otras partes del país, se concentraron frente al Ministerio del Ambiente en Caracas. La acción buscaba rechazar la explotación carbonífera en la Sierra del Perijá y denunciar las amenazas a los habitantes de las comunidades Chaktapa, Río Yaza y Guacaipuro. Representantes de la delegación fueron recibidos por la Ministra de Ambiente Yuvirí Ortega de Carrizalez, quien afirmó que según mandato presidencial “estaba prohibido abrir nuevas minas de carbón en el estado Zulia”. Tras la reunión, los voceros de indígenas y ambientalistas declararon que “habían enterrado el fantasma del carbón”, pero que “mientras no sean derogadas por decreto las concesiones mineras en tierras indígenas, la lucha continúa”. (Soberanía, 22.03.07, http://www.soberania.org/Articulos/articulo_3029.htm). Videos con las declaraciones de la funcionaria de ambiente pueden verse en los enlaces http://www.youtube. com/watch?v=sjjy8W7p9U4 y http://www.youtube.com/wat ch?v=6pvTQfqDjWY
Semanas antes de la actividad la empresa Carbones del Guasare había informado que un total de 6,8 millones de toneladas de carbón extraerá durante el 2007, en sus minas ubicadas entre los municipios Mara y Páez del estado Zulia. Durante el 2006, la empresa extrajo cerca de 6,1 millones de toneladas del mineral. (Panorama, 03.03.07). El día 19.03.07 un grupo de habitantes de comunidades zulianas asistieron, a su vez, al Ministerio de Ambiente para protestar por el posible cierre de la empresa extractiva debido a las presiones de ambientalistas. Según las informaciones emitidas por Carbones del Guasare, habían llegado a un acuerdo de 10 puntos, que no fueron divulgados, que contemplaba la conformación de mesas de trabajo para conocer los alcances, impactos, beneficios y proyectos socioeconómicos de la industria carbonífera en el Zulia. (Panorama, 22.03.07, 2/3).
Luzbelia Marín, presidenta de la Comisión de Políticas de la Mujer y Participación Protagónica del municipio Sucre, estimó que de cada 15 representantes de los consejos comunales, 10 son mujeres. Por otra parte, Venezuela ocupó el puesto 59, durante el 2006, entre las naciones con mayor participación de la mujer en el Parlamento, según el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer. (El Nacional, 12.03.07, pág. 10).
La Gerencia de Estadísticas Sociales del INE informó que se encuentra elaborando una planilla única para registrar las denuncias sobre hechos de violencia intrafamiliar en los distintos entes receptores. La intención sería establecer criterios homogéneos para generar estadísticas confiables sobre el problema. (El Universal, 10.03.07, 3/4). Según Maria Hernández, defensora de los derechos femeninos en el Área Metropolitana, cada 10 días muere una mujer por causa de violencia. (El Nacional, 23.03.07, 1/8). El Cabildo Metropolitano de Caracas juramentó el pasado 23.03.07 a 200 mujeres como defensoras de los derechos femeninos en las parroquias de Caracas, voluntarias que forman 15 consejos de defensa en los cinco municipios metropolitanos. (El Universal, 23.03.07, 3/5).
Según cifras recopiladas por Hidrocapital, cada caraqueño gasta entre 450 y 500 litros de agua por día, cuando la meta mundial de consumo por persona es de 250 litros diarios. Paolo Zotti, gerente de Comercialización de la empresa, indicó que si los ciudadanos no consumieran el doble de la cantidad ideal, la producción alcanzaría para surtir dos veces a Caracas. Las conexiones ilegales, los botes y fugas disminuyen el recurso. Las declaraciones se realizaron en torno a la celebración del Día Mundial del Agua, efeméride que este año se recordó bajo el lema «Afrontando la escasez». Según estimaciones de la Organizaciones de Naciones Unidas (ONU) de los 6 mil millones de habitantes aproximados que tiene el planeta, mil 100 millones no disfrutan de agua potable, y en Latinoamérica la cifra llega a los 77 millones. (Ultimas Noticias, 22.03.07, pág. 3). Diego Díaz Martín, presidente de la organización ambientalista Vitalis, afirmo que “la problemática del agua existe debido al desequilibrio entre la limitada disponibilidad y la creciente demanda del recurso, la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, los conflictos de uso, la poca coordinación intersectorial y la poca valoración que del recurso hace la ciudadanía”. (El Nacional, 22.03.07, A/7).
Por otra parte se informó que las obras realizadas para descontaminar el Lago de Valencia no habían dado los resultados esperados. Así lo declaró Alfonso Herrera, ex asesor de la unidad ejecutora de las obras de saneamiento y control. (El Universal, 19.03.07, 1/8). En este mismo sentido, se denunció que el embalse de La Mariposa, ubicado en San Antonio de los Altos y que surte agua al área metropolitana, recibí sustancias de fertilizantes. La afirmación fue hecha por Raúl Pulido, Jefe de la División de Ambiente de la Alcaldía de Los Salias, ante las crecientes exigencias de la comunidad aledaña por disminuir la reproducción de bora en las aguas de dicho embalse. Los vecinos indican que la planta acuifera es responsable del brote de zancudos en la zona. (El Universal, 27.03.07, 3/6). Por último, también se denunció el nuevo incremento de Lemna, o lenteja de agua, en el Lago de Maracaibo. Alvis Pérez, directora de Salud de la Alcaldía del municipio Catatumbo, estado Zulia, informó que se había emitido un decreto de emergencia porque la planta verde «está putrefacta, ha acabado con los peces y ha generado brotes endémicos entre niños, jóvenes y adultos que residen en dichas comunidades de agua». «De los 80 kilos diarios de pesca hace dos años hoy sacamos cuando mucho dos o tres kilos al día, lo que representa una disminución drástica para nuestro bolsillo y el alimento para nuestras familias», aseguró Oswaldo Mata, pescador de la zona. (El Universal, 25.03.07, http://www.eluniversal.com/2007/03/25/pol_art_regresa-la-lemna-al_225487.shtml)
Durante su programa Aló Presidente Nº 276, el jefe de Estado firmó el decreto para la creación de la Misión Villanueva, así como también dos puntos de cuenta, uno donde aprueba 3.2 billones para el plan masivo de viviendas, y otro donde se destinan 1.5 billones para dar inicio a la referida Misión.
Los 3.2 billones destinados al plan masivo de viviendas permitirán la construcción de 100 mil unidades habitaciones para el año 2007. Estos recursos provienen de tres fondos, del Fondo de Inversiones de Pdvsa: 1.2 billones, del Fonden: 1 billón y del Fondo Miranda: 1 billón.
Por otra parte, los 1.5 billones de bolívares estarán dirigidos a la primera fase de la Misión Villanueva, distribuidos 580 mil millones para la ejecución de varias obras en el área metropolitana de Caracas y área de influencia, 580 mil millones para proyectos en el resto del territorio nacional, 542 mil millones para la realización de estudios y proyectos en el Distrito Metropolitano, y 432 mil millones para el ámbito nacional. En este caso los recursos vienen del Fondo Miranda III.
El dinero aprobado se suma a los 8 billones de bolívares que según el ministro del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, Ramón Carrizalez, se invierten actualmente en este sector, incluyendo la inversión internacional proveniente de China, Irán, Brasil y Uruguay. Con esta inversión actualmente se están construyendo 140 mil viviendas, de las cuales 88 mil estarán listas a final de este año. (Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e información, 18.03.07, http://www.mci.gob.ve/noticias_-_prensa/28/12810/aprobados_tres_billones.html).
El ministro Carrizalez informó que con Ciudad Mariches, a finales de año se observarán los primeros resultados de esta nueva misión gubernamental. «Es un desarrollo donde van a vivir 1.200 familias, que está diseñado para que los habitantes puedan ir a pie a la escuela, al mercado y a su sitio de trabajo”. (El Nacional, 24.03.07, A/6). Por su parte José Miguel Menéndez, presidente del Instituto Metropolitano de Urbanismo, describió 6 ejes en los que la Misión Villanueva haría crecer a la ciudad capital: Catia-Maiquetía, Petare-Guarenas, Las Adjuntas-Los Teques, El Junquito, Turgua-Gavilán y Hoyo de la Puerta-Tuy Medio. «Nosotros creamos el Plan Urbano Metropolitano y estamos trabajando en las ordenanzas que lo sustenten», declaró. (El Nacional, 22.03.07, A/12).
A petición de la Red Metropolitana de Inquilinos la Asamblea Nacional conformó una comisión especial para buscar soluciones a los desalojos inmobiliarios. El grupo parlamentario planea entregar un proyecto de reforma de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, entre otras cosas, para derogar las disposiciones acerca de que los inquilinos podían ser objeto de demandas de desalojo al dejar de pagar el alquiler durante dos meses seguidos. El diputado Juan Carlos Dugarte explicó que el objetivo de la reforma era brindar mayor estabilidad a los inquilinos. Así mismo, anunció que se realizaría una mesa técnica con propietarios, inquilinos y Gobierno para buscar mecanismos que permitan, a quienes viven alquilados desde hace tres décadas, adquirir las propiedades. (El Mundo, 10.03.07, pág. 5). La Alcaldía Mayor informó que de las 2.600 solicitudes de expropiación recibidas, el ente había concretado 400. (Ultimas Noticias, 27.03.07, pág. 26).
Por otra parte, un comunicado del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información apuntó que dentro del Plan Casa Media, el Gobierno Bolivariano, desde el año 2005 hasta la fecha, había entregado 97 mil 712 créditos hipotecarios a igual número de familias, de las cuales 48 mil 974 fueron beneficiadas con el subsidio habitacional. (Minci, 26.03.07, http://www.minci.gov.ve/noticias-nacionales/1/12960/mas_de_97.html)
Según datos estimados por la empresa Datanalisis, 49,4% de la población considera que el gobierno no hace lo suficiente para resolver el déficit habitacional. Según cifras difundidas por Luis Vicente León, director de la compañía, 33% de la población asegura que la falta de vivienda es su principal problema, 5,6% aspira a comprar una propiedad este año y 79% de los venezolanos no tienen capacidad de pago para comprar una vivienda. (2001, 20.03.07, pág. 11).
Los aspirantes a disfrutar de una vivienda digna continuaron protagonizando movilizaciones en exigencia del derecho. Los manifestantes continúan radicalizando acciones para conseguir la atención de las autoridades. Baldemar Acosta, en representación de las Organizaciones Comunitarias de Vivienda (OCV) Chema Saber y Santa Eduviges, radicadas en Coro estado Falcón, se encadenó en las puertas de la alcaldía de la ciudad, con la boca cosida, para protestar por el incumplimiento de las autoridades con las actas-convenio firmadas con las OCV, en las cuales se prometía la adjudicación de viviendas. (El Nacional, 16.03.07, C/1). En Caracas un grupo de vecinos de La Vega y Montalbán manifestaron frente a la antigua sede de Conavi, en Las Mercedes, exigiendo cumplimiento a las promesas de la Alcaldía Mayor de expropiar terrenos para la construcción de casas. (El Universal, 14.03.07, 3/1). 100 familias, pertenecientes a la OCV La Esperanza, realizaron la toma de un terreno ubicado en Cagua para presionar por viviendas. (El Aragueño, 14.03.07, pág. 7). En Maracay, ante un déficit calculado en 150 mil viviendas, las OCV de la ciudad se movilizan 5 veces por semana para presionar por las soluciones habitacionales (El Universal, 12.03.07, 1/9). El 19.03.07 varios manifestantes retuvieron en la Catedral de Maracay a diferentes autoridades como medida de presión. (El Universal, 20.03.07, 1/9). En Puerto La Cruz 820 familias invadieron un terreno ubicado en el sector Latinia de la ciudad. En Barcelona, por su parte, un centenar de familias se ubicaron en los terrenos aledaños al hospital Razetti. (El Universal, 20.03.07, 1/7). En Maracaibo la Policía Regional realizo la detención de un ocupante de terrenos, José Camargo, tras el desalojo de familias en la zona de Santa Lucía (Panorama, 09.03.07,1/2).
Los damnificados y damnificadas también han realizado denuncias sobre el aplazamiento de sus reubicaciones definitivas. Tras 15 meses de desalojos, los habitantes de Manantial II y Nueva Esparta, aledaños al Viaducto 1, esperan por casas. (El Nacional, 22.03.07, C/13). En San Cristóbal, 20 familias desplazadas por las lluvias de julio del 2006 cerraron la avenida Marginal del Torbes protestando por la situación del refugio en el que viven. (El Nacional, 23.03.07, C/11). En Vargas, 25 familias albergadas en el antiguo Bar El Pez que Fuma esperan por las casas prometidas por las autoridades locales. (El Universal, 11.03.07, 4/8). En Guatire los refugiados del Polideportivo Francisco Mujica Toro, 16 familias, llevan cinco años esperando viviendas. (El Universal, 24.03.07, 3/7).
Las familias alojadas en el refugio “Simón Rodríguez”, dependiente de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador manifiestan su incomodidad ante el trato, que califican de “despótico”, y las continuas amenazas que reciben de la coordinación de la Dirección de Atención al Soberano de esta administración municipal. Particularmente graves son sus señalamientos de que después de que un equipo de PROVEA, y posteriormente un equipo de reporteros de RCTV, visitaron el refugio han recibido un trato particularmente grosero y amenazante, que incluye amenazas telefónicas de ser desalojados del refugio como represalia por haber efectuado denuncias sobre su situación. Los actos de coerción han incluido la destitución de la Trabajadora Social que ejercía la coordinación del refugio, Yusi Diaz, quien conversó telefónicamente con Provea para ratificar la denuncia realizada por los damnificados. Para conocer las denuncias realizadas por los habitantes del refugio Simón Rodríguez, visitar
http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2007/coyuntura_182.html#06
Según un estudio difundido por la empresa Datanálisis, el consumo de la población de bajos recursos se elevó 22%. Según las cifras recopiladas, el poder adquisitivo de la clase E, alrededor de 45,7 de los venezolanos, se recuperó un 14%. Por su parte, las clases A, B y C redujeron sus ingresos en un 23%, mientras que la clase D no registró recuperación. (El Nacional, 14.03.07, 1/8). Datanálisis también divulgó una investigación que ofrece como conclusión que la población de los estratos D y E de Caracas era la que más sufría las consecuencias del desabastecimiento de los alimentos básicos regulados por el gobierno. Los datos afirmaban que los abastos y bodegas, así como los establecimientos Mercal, eran los que presentaban mayores niveles de ausencia de la lista de 17 productos de la canasta básica. Las bodegas y abastos reflejaron fallas de 58% en estos productos, y la red Mercal de 37%. En contraste, los supermercados reportaron un 6%. La empresa encuestadora calculó que los caraqueños y caraqueñas utilizan 12 horas al mes para poder conseguir en sus compras todos los productos que desean adquirir. (Ultimas Noticias, 22.03.07, pág. 24).
• Adoptar las medidas necesarias para atender apropiadamente las denuncias y demandas relativas a: reubicaciones inadecuadas, problemas en la calidad de las viviendas otorgadas, supuestos ilícitos en los procesos de adjudicaciones, retrasos crónicos en los complejos habitacionales iniciados años atrás y negligencia de las instituciones frente a las malas prácticas de terceros que construyen viviendas con fondos del sector público.
• Garantizar que todos los organismos de vivienda, nacionales, regionales y locales, presenten en forma precisa, coherente y auditable los resultados de la ejecución de los recursos provenientes de los fondos públicos de vivienda. Crear mecanismos de control en el empleo de los fondos públicos para la construcción de viviendas.
• Detener la práctica de los desalojos forzados como medida aplicada por los gobiernos regionales frente a la ocurrencia de ocupaciones ilegales.
• Solicitar la revisión y reforma de la penalización de prisión establecida en el Código Penal para ocupantes ilegales, que aborda desde el enfoque punitivo un asunto principalmente social.
• Procurar la realización y el mantenimiento de de mapas de riesgos locales, regionales y nacionales; que formen parte de los insumos necesarios para planes de desarrollo, así como de reubicación y nuevas viviendas.
• Diseñar e implementar políticas de contingencia para el caso del colapso de viviendas por condiciones metereológicas, que conlleven la participación no sólo de los organismos del Estado encargados de las políticas públicas en materia de vivienda, sino también aquellos que pueden prestar colaboración y un enfoque integral de la problemática..
• Garantizar en todo procedimiento de expropiación de edificios o terrenos urbanos, la adecuada aplicación de la ley y el pago oportuno y justo de indemnización a los propietarios. (Provea, 28.03.07, http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2005_06/pdf/2018/01/exigencias.pdf)
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
REFORMA CONSTITUCIONAL
INVITACIONES A EVENTOS
ARTÍCULOS
NOVEDADES EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS
DOCUMENTOS
Del 24 de febrero al 5 de marzo 2007
Boletín electrónico Nº 182
EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE MARZO
08 Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer
14 Día Mundial de Acción Contra las Represas, a Favor de los Ríos, el Agua y la Vida
15 Promulgación del voto directo, universal y secreto para hombres y mujeres mayores de 18 años en Venezuela (1946)
21 Día Mundial para la Eliminación de la Discriminación Racial
21 Día Mundial de la Poesía
21 Día Forestal Mundial
21-27 Semana de Solidaridad con los Pueblos que Luchan Contra el Racismo y la Discriminación Racial
22 Día Mundial del Agua
24 Ejecútese de Ley de Abolición de la Esclavitud en Venezuela (1854)
24 Asesinato del Obispo Oscar Arnulfo Romero (1980)
CONTEXTO
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Un grupo de damnificados, habitantes del Refugio “Simón Rodríguez” en Caracas, se acercaron a la sede de Provea para denunciar irregularidades en el proceso de adjudicación de viviendas y en las condiciones en las que permanecen en el centro habilitado por la Alcaldía de Libertador. Provea visitó el refugio para constatar personalmente las denuncias y testimoniar la imposibilidad de las familias en acceder a una vivienda digna.
El refugio Simón Rodríguez esta ubicado en un área céntrica de la capital, a pocas cuadras del Teleférico de Caracas, en una instalación que antiguamente pertenecía a una cadena de supermercados. Forma parte del circuito de ocho refugios, habilitados por el gobierno regional, para asistir a quienes por lluvias, deslizamientos u otros accidentes deben abandonar sus hogares. Funcionado desde el 2005, su ubicación sugeriría la posesión de una infraestructura privilegiada, pero son varias las deficiencias que sufren el conjunto de 26 familias que actualmente lo habitan. El galpón, de techos de concreto, está dividido en una treintena de cubículos, de alrededor de 6 por 4 metros, los cuales son habitados, en algunas ocasiones, por diez personas. Dos grandes baños colectivos, divididos por sexo, apenas cuentan con dos pocetas, en correcto funcionamiento, para 101 personas. Las restantes están obstruidas. Las duchas no cuentan con las manillas y en los baños hay filtraciones permanentes. Sus habitantes coinciden en el reclamo acerca de la plaga de mosquitos y ratones, así como en el silencio recibido en los cuatro meses en que han exigido una fumigación. En contraparte semanalmente reciben, gratuitamente y con puntualidad, el suministro de alimentos y agua potable por parte de Defensa Civil. Las paredes y pisos del lugar, en el momento de la visita de Provea, estaban pintadas y limpias. Yusi Diaz, una joven coordinadora del Refugio y trabajadora social del municipio Libertador, se excusa por el estado de las instalaciones sanitarias: “Cuando las entregamos estaba todo en buenas condiciones. Ya se han hecho las peticiones para esas cosas: sifón, llaves, etc”. La Alcaldía suministra un agente policial que vigila por la seguridad nocturna de los habitantes del refugio, y en materia de seguridad no hay quejas. Las fotos ilustran sólo la entrada principal y el pasillo de acceso a las habitaciones
TESTIMONIOS
Algunas de las familias que habitan en Simón Rodríguez tienen más de un año en el refugio. Cuatro casos denuncian que han sido beneficiados con subsidios habitacionales, pero sus cheques han sido cobrados por otras personas. El resto, aspira tener pronto una adjudicación de una vivienda que les devuelva tanto la dignidad como su intimidad.
Miccelena Ramos (1)
“Con mi cédula otra persona recibió un cheque de 55 millones de bolívares y yo todavía estoy aquí. Me dijeron que para el 22.12.06, cuando salieron cuatro personas, nos iban a llamar a todos, pues éramos 10 familias en total. Pasó diciembre, enero y fuimos a resolver eso a Miraflores. Ahí fue cuando descubrí la irregularidad. Un funcionario nos estaba ayudando, pero nos dijo que no tiene como seguir ayudándonos, que tenia las manos atadas. Nunca nos han querido dar la información completa del problema, el nombre de la persona que cobro el cheque. El llamado es al presidente de la republica, ya que el cree que ningún damnificado dura mas de 2 o 3 meses en un refugio. La prueba de eso somos nosotros. Ya no sabemos que hacer, pues hemos agotado todos los recursos y diligencias posibles. Mi familia son 6 personas y ya tenemos más de un año aquí esperando”.
Estefani Bravo (2)
“Soy damnificada desde hace un año y pico y en este refugio voy para 6 meses. A mi me recibieron una carpeta con documentos, pero antes se han extraviado cinco. Mis niños se han enfermado por estar aquí, y he salido tres veces de emergencia al Hospital JM de los Rios. Si los niños van hacia el baño no pueden bajar la poceta y tiene que quedar eso allí, y trae enfermedades. He realizado infinidad de diligencias. Hace cinco meses casi doy a luz en la sede del Ministerio de Hábitat, con eso te digo todo. Me la pasaba allá metida. Aprovecho para denunciar que he sido maltratada en estos sitios. En el Refugio de Pan de Azucar un soldado me dio una cachetada, y yo caí de espaldas, estando embarazada. Mi grupo familiar es de 6 personas.”
Lilian Landaeta (3)
“Nosotros somos 5 personas. A mi me llamaron para firmar el 21 de diciembre, fui al acto el 22 en el Fuerte Tiuna. A la hora de formar el cheque me dicen que tengo un problema con un número de la cédula, por lo que no me lo dan. Me dirigí a la Diex y pedí una constancia, me reseñaron y certificaron que no tenía ningún problema. Me dirijo de nuevo a Fuerte Tiuna y me dicen que iban a verificar mis datos con la orden para que me dieran el cheque. Después salen diciendo que no, que aparezco como beneficiaria en el sistema, como si hubiese cobrado un cheque. Me dijeron que no tenían la culpa, que quizás era por la administración anterior. Que ellos iban a investigar, que no me preocupara, que ellos me llamaban y esta es la fecha que todavía estoy esperando. Voy allá y hablo con ellos, y me dicen que hay 500 casos iguales, que tenemos que esperar porque eso es un sorteo porque ellos están resolviendo de 50 a 100 casos diarios, que eso es un sorteo y si uno entra allí a uno le dan curso rápido a eso, sino tienen que esperar. Todo el tiempo es un engaño. Cuando uno dice que va a salir a protestar, así si llaman de Hábitat y uno se queda esperando y no viene nadie. Si uno dice que va a ir a Miraflores a protestar, llaman para avisar que tal día todos vamos a salir de aquí, y la gente se queda esperando.”
Elías Aranda
“Nuestra situación comenzó cuando nos trajeron los bomberos, Hábitat y Defensa Civil a este refugio, hace más de un año y no hemos tenido respuesta. Después hemos ido al ministerio y nos dicen que a nos asignaron un cheque el 24.06.06 de 55 millones, lo cual es falso porque a nosotros no nos han dado nada. Eso nos ha acarreado problemas para la seguridad de mis hijos, tengo 6 niños. Quisiera que el gobierno entendiera nuestra situación. Nosotros teníamos un rancho antes, pero era nuestro. La última vez que fui y hablé con un funcionario en Miraflores, la licenciada Guzmán, y me dijo que tenia las manos atadas, que eso era problema del Ministerio. Allí me dijeron que yo ya había sido adjudicado de vivienda, y que en mi caso lo que estaba era buscando mas plata”.
Betzabe Sosa
“Vengo de Antímano, del parte del Barrio La Cruz en Santa Ana. Salí por alto riesgo y por violencia intrafamiliar. El gobierno me ayudó en una casa de la mujer maltratada, me trajeron hasta acá sabiendo que no era lo mas adecuado por las condiciones por las cuales me habían sacado de mi hogar. Estoy sola con mis 4 niños. Nos ofrecieron por ser damnificados 400 mil bolívares y no lo hemos visto. Vienen las señoras del Ministerio y nos engañan, lo que me da tristeza. Nos mandan a decir que dentro de tres días nos van a sacar de aquí y después nos mandan a decir que no. Tengo mis hijos enfermos, conseguí un trabajo y tuve que dejarlo porque acá no se pueden dejar a los niños solos. A un niño no me lo quisieron aceptar en la escuela por falta de papeles, pero ella tiene la obligación de darnos, y no querían. Tuve que llorar para que mis otros hijos estudiaran”.
Según la Memoria y Cuenta del Ministerio de la Vivienda para el 2006, el número de casas finalizadas en el año pasado fue de 33.867 viviendas de las 75.919 programadas. De la cifra inicial, 59.894 viviendas correspondías a soluciones habitacionales de períodos anteriores. Situación similar se registró con el programa especial que desarrolló el Gobierno con la banca y el sector privado. Mediante el plan Alianza Casa Media se contempló la realización de 17.234 unidades, pero se terminaron 6.481. Para ello se erogaron recursos por 377 millardos.
La Memoria y Cuenta refleja que los otros programas especiales también tuvieron retrasos. La sustitución de ranchos por vivienda, la cual ejecutan las cooperativas así como los gobernadores y alcaldes, contempló la transformación de 40.616 unidades, pero al final se culminaron 15.721 soluciones. Ello representó 38,71% de la meta y la inversión desembolsada fue 1,08 billones de bolívares. (El Universal, 01.03.07, http://noticias.eluniversal.com/2007/03/01/eco_art_195343.shtml). Para la fecha de cierre de este boletín, la Memoria y Cuenta 2006 no se encontraba disponible en la página web del Ministerio de Vivienda.
El sábado 03.03.07, en la sede de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) en Caracas, se realizó el lanzamiento de la “Campaña Cero Desalojos” desarrollada por diferentes coaliciones populares en busca de la eliminación de los desalojos en el área metropolitana de Caracas.
Estuvieron presentes: la Asamblea Metropolitana de Comités de Tierra Urbana, Conserjes Unidos por Venezuela, Red de Inquilinos, Provea y la Red Metropolitana de Inquilinos, en un evento realizado en el Salón Bolívar de la mencionada casa de estudios. Estas organizaciones señalaron que su motivación es debida a las amenazas de desalojos, la especulación del mercado inmobiliario y la mercantilización de la vivienda, lo que justifica la conformación de relaciones solidarias, participativas y justas para todas las personas que se encuentran en condiciones de desigualdad en el acceso a la vivienda.
La intención fundamental de esta campaña, es alzar la voz en contra de la oleada sistemática de desalojos forzosos e injustos que atentan contra el ejercicio del derecho a la vivienda digna consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y crear directrices comunes, privando la denuncia y la organización de los y las afectadas como elemento cohesionador, que permitan hacer frente a los desalojos forzosos que se presentan y que atentan a diferentes comunidades del país.
Los promotores informaron que todas las personas y grupos interesados en participar en la campaña pueden asistir a las reuniones, las cuales se realizan los sábados a las 3 de la tarde en el piso 9 de la sede Los Chaguaramos de la UBV. Asimismo, pueden informarse a través del e-mail [email protected] y los teléfonos 0412-5626898 y 0416-4128766
El 24.02.07 el Instituto Bolivariano de la Juventud del gobierno del estado Miranda, (IBJUMIR), realizó una asamblea en la comunidad de Menca de Leoni, en Guarenas, para explicar el significado histórico del 27 de Febrero, lo cual motivaba el cambio de nombre a la comunidad. Algunos de los habitantes del sector, cuya población se estima en 60 mil habitantes y cuyo nombre data desde 1974, rechazaron en el evento el cambio de nombre por considerarlo una decisión arbitraria. Los vecinos afirmaron que ninguna de las reuniones realizadas en los bloques de Menca había aprobado la medida. Baudilio Yépez, vecino del sector, rechazó las declaraciones realizadas por los funcionarios acerca del presunto prontuario delictivo de Menca de Leoni: «Usted no puede venir a hablar mal de la señora Menca, diciendo que fue una matona de niños sin presentar pruebas. Lo que nosotros conocemos fue que creó la Fundación del Niño e hizo una labor social. Si quieren cambiarle el nombre a la urbanización tienen que consultárselo al pueblo, pero no pueden hacerlo de manera impositiva». (Diario La Voz, 25.02.07, http://www.diariolavoz.net/seccion.asp?pid=18&sid=1755¬id=213748&fecha=02/25/2007).
Los vecinos convocaron para el 27.02.07, cuando estaba prevista la realización de un acto con el gobernador Diosdado Cabello, concejales y diputados regionales, a que la comunidad realizara una asamblea pública para solicitar la activación de un referendo sobre el tema. “Le vamos hacer entrega de un documento respaldado por la mayoría de lo que residimos en esta comunidad en el que le pedimos se realice una consulta popular”, afirmaron Adelaida Méndez, Adelaida Niño, Molinar Bolívar, Edgar Muñoz, Mirna Pérez y Gladys de Herrera, residentes del sector. Añadieron que “No nos negamos al cambio de nombre, sino a la forma que se hizo, ni siquiera nos dieron cabida en una polémica en donde se discutieran propuestas, sino que de una vez decidieron que era 27 de Febrero, fundamentando que si esto no se daba, no recibiríamos los recursos para el sector”. (Diario La Voz, 26.02.07, http://www.diariolavoz.net/seccion.asp?pid=18&sid=1755¬id=213785&fecha=02/26/2007).
El edil Freddy Rodríguez rechazó esta última acusación: “La entrega de recursos para la urbanización 27 de Febrero, antiguamente conocida como Menca de Leoni, no se puede entender como un chantaje para con esta comunidad, sino que forma parte de la refundación de este sector de Guarenas”. (Diario La Voz, 27.02.07, http://www.diariolavoz.net/seccion.asp?pid=18&sid=1755¬id=213863&fecha=02/27/2007).
Un grupo de residentes del sector, agrupados bajo el nombre de “Doña Menca vive”, cuestionó la labor de los funcionarios que promovían el nuevo nombre: “estos representantes municipales son los mismos que intentan tapar el sol con un dedo, son los mismos que con sus obras mediocres intentan darle a los problemas sociales, una solución con pañitos calientes, creyendo que con cambiarle en nombre a la urbanización cambiaran todos los problemas que en ella existen”. (Diario La Voz, 01.03.07, http://www.diariolavoz.net/seccion.asp?pid=18&sid=1755¬id=214099&fecha=03/01/2007).
El 28.02.07 se informó que el presidente de la Cámara Municipal de Plaza, edil Antonio Cedeño, antes del inicio de la sesión especial por el 27 de Febrero, afirmó que la propuesta no había sido aprobada en última instancia por algunos ediles debido al método que se aplicó. (Diario La Voz, 28.02.07, http://www.diariolavoz.net/seccion.asp?pid=18&sid=1755¬id=213999&fecha=02/28/2007).
Pero la incertidumbre se aclaró con la publicación de la Gaceta Oficial Nº 0622007, la cual estaba lista desde el 22.02.07 y publicada el 01.03.07 con la firma de siete de los nueve ediles. Miembros de la comunidad expresaron que continuaran recogiendo firmas, de las cuales ya han entregado 6 mil, para revertir la decisión. (Ultimas Noticias, 02.03.07, pag. 36). Esta acción contradice la versión oficial acerca de que la población “celebraba” el cambio de denominación (Agencia Bolivariana de Noticias, 02.03.07, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=84254&lee=18)
Por otra parte, el Director General del Instituto Autónomo de Policía del Estado Miranda -Iapem-, comisario general Wilmer Flores Trosel, anunció la aprehensión de una persona por “incitación al desorden”, cuando intentaba protestar por el cambio de nombre. El ciudadano privado de libertad responde al nombre de Cesar Andrés Palacios Urbina, 42 años, quien reside en el bloque 4, de la Urbanización «27 de Febrero”. El funcionario policial calificó a Palacios de “profesional de la guarimba” anunciando que no iba a permitir acciones de ese tipo en la ciudad. (Diario La Voz, 01.03.07, http://www.diariolavoz.net/seccion.asp?pid=18&sid=1755¬id=214142&fecha=03/01/2007).
Un grupo de adultos mayores afiliados a la Fundación Amigos de la Tercera Edad (Funate) se manifestaron en las calles de Valencia para pedir la incorporación de 200 mil adultos mayores al Instituto Nacional de Asistencia Social (Inass), celeridad a la Asamblea Nacional en su legislación en materia de Seguridad Social, así como la exoneración del pago de cotizaciones al Ivss.
Desde las 9:00 de la mañana del 26.02.07 y hasta horas del mediodía, un grupo aproximado de 30 adultos mayores, miembros de Funate, se apostaron frente al Comedor Industrial ubicado en la avenida Michelena con pancartas y consignas para reclamar al El Ministerio de Participación Popular y Desarrollo Social (Minpades) el hecho de no tomar en cuanta el presupuesto necesario para cubrir las necesidades de esta población durante el año en curso, según explicó Raúl Goite, presidente de Funate. Al lugar donde se desarrolló la manifestación también acudieron funcionarios de la Policía de Carabobo para resguardar la seguridad de los manifestantes y de las personas que transitan por esa concurrida avenida Michelena, durante lo que transcurrió como una manifestación pacífica. (Notitarde, 27.02.07, http://www.notitarde.com/valencia/valencia4.html).
Goite afirma que de los 900.000 ancianos excluidos el Ejecutivo Nacional y el Inass apenan reconocen 200.000 que cotizaron al IVSS al menos una vez en su vida laboral. El presidente de Funate argumenta que el trato que reciben los abuelos venezolanos es violatorio de la Constitución Bolivariana, la cual en su artículo 86 afirma que «toda persona tiene derecho a la seguridad social». Anunció que se reunirán con otras organizaciones de ancianos en varios estados del país, y seguirán realizando acciones. (El Nacional, 27.02.07, B/16).
Por su parte el movimiento social Primero Rafael Urdaneta, condenó dichas acciones, afirmando que Funate utiliza a los adultos mayores carabobeños para violar el libre tránsito vehicular, «al cual tenemos derecho todos los habitantes del estado Carabobo», como afirman en un diario regional. Williams Martínez, directivo del mencionado movimiento, declaró que personas «con agendas ocultas, están manipulando a un grupo de abuelos, valiéndose de esa plataforma para ver si puede alcanzar un cargo de representación popular». Martínez solicitó la activación de la Inteligencia Social: «Es imperativo que las comunidades organizadas del pueblo Carabobeño intervengan para detener la conducta reactiva de este supuesto “amigo de la Tercera Edad”, al cual hacemos responsable de cualquier emergencia que se le presente a los abuelos cuando los lleva a trancar las calles”. (El Carabobeño, 27.02.07, http://www.el-carabobeno.com/p_pag_not.aspx?art=a270207b03&id=t270207-b03). Esta afirmación fue rechazada por Francisco Reverón, miembro de Funate: “simplemente estamos luchando por una ayuda social, la cual es obligación del Estado, sin embargo, nos ponemos de manifiesto para que la ayuda sea completa”. El grupo de ancianos de Funate expresaron su disposición a tomar medidas judiciales. (Notitarde, 01.03.07, pág. 9).
El pasado 11.02.07 un grupo de trabajadores, presuntamente de la hacienda de un latifundista local, arremetió contra las chozas de los indígenas Yukpa de la comunidad de Chaktapa, estado Zulia, incendiando las viviendas y disparando contra sus moradores. Esta denuncia fue formulada en una nota de prensa por la organización ambientalista Sociedad Homo et Natura, radicada en la ciudad de Maracaibo. En su comunicación, Homo et Natura hace un recuento de las agresiones sufridas contra la comunidad de Chaktapa y su cacique Sabino Romero “para lograr que los indígenas abandonen sus tierras”. Entre ellas, se cuentan desde el 2005, el intento de homicidio contra Sabino y el incendio de casas, animales y cosechas. En el texto, le solicitaban a la ministra de Pueblos Indígenas, Nicia María Maldonado Maldonado, que realizara acciones sobre la problemática: “Solicitamos habilite a su vice-ministerio que adelante un informe sobre la situación de derechos humanos de los pueblos indígenas de la sierra de Perijá. En la Asamblea Nacional y el Consejo Legislativo del estado Zulia reposa un informe levantado el año pasado, donde se le confía al Gobierno Nacional la cancelación de la bienhechurías que estos hacendados han levantado sobre tierras indígenas para devolverles definitivamente a los indígenas sus tierras ancestrales”. (Sociedad Homoetnatura: “El hacendado Guillermo Vargas quemó de nuevo las viviendas de Chaktapa” . Mensaje electrónico enviado a Provea el 15.02.07).
Según Homoetnatura, cuando dirigentes Yukpa realizaron, junto a Sabino Romero, la denuncia ante la Fiscalía de Machiques: “Violando los derechos de las víctimas, el Fiscal Doctor Emiro Araque no tomó en cuenta las denuncias de los indígenas indicándoles que: “eso no era competencia de la Fiscalía” y que “se fueran a quejar con la Guardia Nacional”. Los ambientalistas solicitan mayor atención del ejecutivo nacional: “Qué espera el Estado, la justicia social, la República Bolivariana de Venezuela multicultural y pluriétnica para llegar hasta las tierras indígenas de Perijá, amenazadas por el capital minero trasnacional, y asediada por la injusticia y la violencia, el genocidio”. (Sociedad Homoetnatura, 28.02.07, http://www.soberania.org/Articulos/articulo_2983.htm
Según declaraciones de la diputada y presidenta de la Comisión Permanente de Educación, María de Queipo, el proyecto de Ley Orgánica de Educación será sometido a un nuevo proceso de consulta pública nacional a partir del mes de marzo. La funcionaria explicó que la idea es que todos los sectores de la sociedad participen y hagan sus observaciones antes de ser llevado a la segunda discusión en la Asamblea Nacional para su aprobación definitiva. (Ultimas Noticias, 23.02.07, pág. 2). A partir del 15.03.07 quienes deseen aportar sus ideas o propuestas podrán hacerlo a través de la red popular de consulta pública que tiene previsto instalar el órgano legislativo. Según Queipo, ya existen 90 oficinas en todo el país que se integrarán en esa red y comenzarán a funcionar en la fecha anunciada, para que los interesados puedan consultar el instrumento. Asimismo, anunció que la Comisión que preside está estudiando abrir una página web especial y habilitar varias líneas telefónicas, así como la realización de foros, charlas informativas, cabildos abiertos y mesas de trabajo en las comunidades a nivel nacional. (Ultimas Noticias, 24.02.07, pág.6).
El Gabinete Ministerial del ejecutivo nacional aprobó el 17.02.07 la Ley Especial de Defensa Popular Contra el Acaparamiento, la Especulación, el Boicot y Cualquier Otra Conducta que Afecte el Consumo de los Alimentos o Productos Sometidos a Control de Precios, la cual tendrá como propósito luchar contra el acaparamiento, la especulación, el boicot y cualquier otra conducta que atente contra la seguridad alimentaria de los venezolanos.
De acuerdo con un boletín de prensa del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información (Minci), este nuevo instrumento “fue sancionado para frenar las acciones especulativas de sectores empresariales que incrementaron los costos de los alimentos y otros bienes y servicios con pretextos ilógicos, muy alejados de la actual realidad económica del país”.
Ello permitirá al ejecutivo nacional, frente al cierre o abandono de establecimientos, o a la persistencia de delitos tales como acaparamiento y especulación, practicar la medida de ocupación temporal preventiva con el fin de reestablecer, por razones de seguridad y soberanía alimentaria, la producción y comercialización de los alimentos o productos bajo control de precios. En cuanto a las sanciones, la ley contempla la medida de “decomiso inmediato de los productos sometidos a control de precios, en caso de que el establecimiento o local cierre, se niegue a la venta con precios regulados o incurra en acaparamiento”. Además, se le otorga a los consejos comunales el papel de conformar los llamados comités de contraloría social para el abastecimiento, instancias de supervisión que velarán y actuarán, en coordinación con el Gobierno, para fiscalizar el cumplimiento de las regulaciones estipuladas a nivel nacional. (Agencia Bolivariana de Noticias, 17.02.07, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=83523&lee=3).
Roberto León Parilli, presidente de la Asociación de Usuarios y Consumidores (Anauco), señaló que el Indecu debe convocar a una reunión técnica donde se explique la implementación de la Ley, pues “puede ser muy buena y útil, pero debe manejarse con cuidado para no perjudicar al usuario”. Por su parte Noel Alvarez, presidente de Consecomercio, manifestó que esta legislación “frena el desarrollo del aparato productivo nacional, fundamentalmente, a la actividad comercial”. (El Universal, 22.02.07, 1/10).
La Ley Especial de Defensa Popular puede descargarse del siguiente enlace http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/LEYES-PDF/HABILITANTES/LEY%20CONTRA%20EL%20ACAPARAMIENTO%20%2021-02-07.pdf
Eliminan el IVA a productos alimenticios
El Gobierno nacional anunció la eliminación del impuesto al Valor Agregado 8IVA) a un grupo de seis rubros alimenticios, declarados de primera necesidad, y el maíz blanco utilizado en la elaboración de concentrados para animales. Entre los alimentos que ya no deberán cancelar el tributo se encuentran la carne de res, cerdo y pavo, la mayonesa, avena y los quesos blancos blandos. Jorge Rodríguez, Vicepresidente de la República, aclaró que la eliminación del IVA debe ser efectiva para toda la cadena, “caso concreto el de la carne de bovino, desde el productor hasta la comercialización del producto”. El funcionario anunció también un plan de subsidios a rubros como caña de azúcar, algodón y cereales. (El Universal, 12.02.07, 1/10).
El alcalde del municipio libertador, Freddy Bernal, anunció el 19.02.07 que sería el 24.02.07 cuando se realizaría la inauguración de la llamada feria de buhoneros, ubicada al final de la Avenida Casanova en Caracas. Este espacio albergaría de manera temporal a los vendedores informales que fueron desalojados del Bulevar de Sabana Grande. Durante el anuncio y consultados por la prensa nacional, algunos buhoneros expresaron su descontento debido a las tardanzas en la reubicación. Gisela Ortiz, representante de los informales, señaló que estaban descontentos debido a que en el espacio sólo podrían trabajar 1.200 vendedores, dejando por fuera alrededor de 500. (Ultimas Noticias, 20.02.07, pág. 4). El 25,02.07 se informó que la Gran Feria de Sabana Grande había sido inaugurada por el alcalde, sin embargo, los vendedores informales no pudieron entrar al recinto debido a que aún no se decide la forma de distribución de los puestos. (Ultimas Noticias, 25.02.07, pág. 3). En el acto, el vendedor Alfredo Romero advirtió que «todos o ninguno» y que no habría concesiones si se excluye a la mayoría. «Si tardaron dos meses en ofrecernos 700 puestos ¿Cuánto más se van a demorar en llegar a 2.000?. No les creemos. Un día nos ofrecen algo y luego deciden a nuestras espaldas». (El Nacional, 25.02.07, B/14).
Para el 01.03.07 los informales continuaban a la expectativa acerca de los puestos del terreno de la Casanova. De los dos mil 900 buhoneros del bulevar de Sabana Grande van a entrar nada más un aproximado de mil 550 en mercado provisional. Los mil 346 buhoneros que restan tendrán que esperar que se habiliten los terrenos que se encuentran frente a los bomberos de la plaza Venezuela y frente al centro comercial El Este en la calle El Colegio. Mientras tanto, los 32 coordinadores de los buhoneros de Sabana Grande esperaban la entrega del listado de la Alcaldía de Libertador con el que se realizaría el sorteo de los puestos del terreno de la avenida Casanova. A su vez, la Alcaldía mejoró la propuesta ofrecida por el Ministerio de Economía Popular en cuanto a otorgar beca a los buhoneros, planteando la necesidad de dar como pago un salario básico más cesta ticket a los informales que hagan los cursos planteados, hasta que esté terminado el centro comercial definitivo. (El Universal, 01.03.07, http://noticias.eluniversal.com/2007/03/01/ccs_art_195276.shtml)
Por su parte, el terreno a habilitarse en La Hoyada, también en la ciudad de Caracas, no había sido finalizado para su uso como mercado de Buhoneros.
El pasado 15.02.07 se realizó en el auditorio Dr. Rogelio Valladares, del Hospital El Algodonal en Caracas, una asamblea general de padres con Fibrosis Quística (FQ), la cual intentaba promover la conformación de redes de organizaciones a nivel nacional. Contando con la presencia de coordinadoras del programa de trasplante del centro hospitalario, representantes del Ministerio de Salud y organizaciones de padres FQ. En el evento la doctora Carmen Guedez, directora del programa de FQ en el Ministerio de Salud desde hace dos años, contabilizó en 353 los casos de niños afectados en toda Venezuela. Asimismo, aseguró que existen unidades de tratamiento de la enfermedad en 14 estados, estimando en 30 millones de bolívares el tratamiento mensual por paciente. Por su parte Eudelis García, familiar, declaró que “Hemos aprendido y conocido la enfermedad, lo cual nos ha servido para mejorar la calidad de vida en el hogar. Ha sido un largo camino, estuvimos buscando ayuda en la calle. El Ministerio de Salud nos ha dado un gran apoyo”. Los padres reiteraron sus solicitudes a los organismos públicos, pues no cuentan con los recursos para sufragar los gastos en medicinas. Asimismo, solicitaron a las autoridades de El Algodonal ampliar el espacio donde los pacientes reciben su alimentación y la posibilidad de contar con espacios individuales. Para contactarse con el Centro de Pacientes con Fibrosis Quística (Cepafiqui), asociación de padres promotora del encuentro contactarse por los teléfonos: 0212-613.94.47 y 0414-323.06.52. E-mail: [email protected]
El Indice de Precios al Consumidor (IPC) del área metropolitana de Caracas registró en el mes de febrero con una variación de 1,4%, inferior a la observada en el mes anterior (2,0%) y superior a la reportada en febrero del año pasado (-0,4%). Con este resultado la variación acumulada del IPC en los primeros dos meses del año se ubicó en 3,4%, superior al 0,4% reportado en igual período del año anterior.
El comportamiento desacelerado de la variación del IPC durante el período reseñado rompe la tendencia al alza que se había observado en los últimos 3 meses y se asocia, principalmente, al efecto que generaron en los alimentos controlados las recientes medidas administrativas dictadas por el Ejecutivo Nacional, referentes a la eliminación del IVA, regulación de precios y control de abastecimiento. Los rubros no controlados también registraron un menor crecimiento en este mes (de 2,6% a 2,2%).
Al desagregar los resultados del IPC por agrupaciones se observa que 7 de las 13 categorías no presentaron aceleraciones, 3 de ellas registraron importantes desaceleraciones: Alimentos y bebidas no alcohólicas (de 4,0% a -0,2%), Alquiler de vivienda (de 0,7% a 0,4%) y Servicios de la vivienda (de 0,6% a 0,2%), y las otras 4 evidenciaron variaciones similares a la del mes previo. Por el contrario 6 categorías presentaron aceleraciones: Bebidas alcohólicas y tabaco (de 2,2% a 2,6%); Vestido y calzado (de 0,3% a 1,9%); Equipamiento del hogar (de 1,5% a 3,4%); Salud (de 2,8% a 4,5%); Restaurantes y hoteles (de 1,0% a 5,2%) y Bienes y servicios diversos (de 1,9% a 3,5%).
Los bienes, en su conjunto, registraron una importante desaceleración en su tasa intermensual, pasando de 3,0% a 0,8%, revirtiéndose el comportamiento observado en los últimos 3 meses. Los servicios, por su parte, presentaron una mayor tasa de variación respecto al mes previo (de 1,0% a 2,0%).
La variación del Núcleo Inflacionario se ubicó en 2,9%, superior a la del mes de enero (1,5%) y a la registrada por el IPC global en el período (1,4%). El alza en la tasa de variación del Núcleo es explicada por la aceleración presentada en todos sus componentes. No obstante, el mayor distanciamiento del mes entre ambos indicadores (Núcleo e IPC global) se asocia, principalmente, al efecto de las medidas de control ejercidas en los bienes y servicios administrados y a la contracción evidenciada para los alimentos no elaborados (-0,7%), lo cual también contribuyó de manera significativa a la desaceleración del IPC global en el mes.
Con los resultados observados en febrero de 2007, la variación anualizada del IPC se ubica en 20,4%, mayor a la registrada en igual periodo del año anterior (12,5%).
Índice de Precios al Consumidor (IPC)
| Mes | Tasa de variación mensual | Tasa de variación intermensual | Tasa de variación acumulada | Tasa de variación Interanual 2006/7 (en porcentaje) |
| Enero | 2,0 | – | – | – |
| Febrero | 1,4 | -0,6 | 1,4 | 20,4 |
http://www.bcv.org.ve/c4/notasprensa.asp?Codigo=5416&Operacion=2&Sec=False
Por su parte el informe del Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cenda), informó que los consumidores pagaron 21.135 bolívares más por la canasta alimentaria en febrero pasado y la opción de abastecerse en Mercal significó el racionamiento de los rubros sujetos a escasez. Según sus datos el costo de la cesta avanzó 2,5% entre enero y febrero al moverse de 874.370 bolívares a 853.235 bolívares, respectivamente. En los principales supermercados del área metropolitana, el pollo, la sardina enlatada, la leche en polvo y los granos estuvieron ausentes. En los anaqueles hubo poco aceite vegetal y mayonesa, mientras que el azúcar rubia o lavada sustituyó a la blanca. En los mercados el pollo y la sardina fresca desaparecieron. En el Mercal provisional de Quinta Crespo se racionó por persona un kilo de carne de res, azúcar y caraotas y un pollo importado de Brasil. (El Nacional, 03.03.07, http://www.venescopio.org.ve/detalle.asp?ID=1158).
El costo de la canasta alimentaria medido por el Instituto Nacional de Estadística (INE), por su parte, se ubicó en enero en 492.155,24 bolívares. Según las cifras del INE esta cesta de productos para una familia de 5,2 personas en enero de 1999 era de 124.648,44. Esta cifra constituye un incremento del 294,8% en 8 años. (El Nacional, 24.02.07, A/18)
El pasado viernes 16.02.07 grupos de mineros del municipio Raúl Leoni se apostaron frente a la sede del Ministerio del Ambiente en la capital bolivarense para exigir la cancelación de la llamada ayuda humanitaria prometida por el Gobierno nacional. Muchos de los mineros expresaron su descontento con la demora, señalando que llevan varios meses desde que fueron desalojados de la Cuenca del Caroní, quedando prácticamente en la calle y sin recibir ningún ayuda. Elvia de Bermúdez, representante del Frente Minero de La Paragua, acotó que han sido muchas las puertas de organismos del Estado que han tocado sin recibir ningún tipo de respuestas. «Queremos que el presidente de la República, Hugo Chávez, venga a La Paragua para que conozca la problemática minera realmente como es. Para que se destape la olla y sepa qué es lo que hay», señaló. (Correo del Caroní, 17.02.07, http://www.correodelcaroni.com/component/option,com_wrapper/Itemid,162/?id=57978).
Paralelamente, un grupo de aproximadamente 200 mineros protestaban en la población de La Paragua, solicitando el aumento a 15 millones la ayuda que recibirían del ejecutivo nacional. La acción consistió en la tranca de vía hacia los poblados de La Paragua y Ciudad Piar, y la obstaculización de los accesos a empresas como Ferrominera Orinoco. La protesta fue reprimida por efectivos de la Guardia Nacional adscritos al Destacamento 82, quienes haciendo uso de bombas lacrimógenas lograron dispersarla, y practicar la detención de varios mineros, entre ellos algunas mujeres. Al día siguiente los mineros detenidos fueron trasladados a la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en la capital bolivarense, para luego ser remitidos al retén policial de Agua Salada. En horas de la tarde fueron trasladados al Palacio de Justicia para su presentación ante el Tribunal Tercero de Control a cargo del doctor José Tadeo Guerra. A estos mineros, algunos de ellos identificados como Douglas Ortiz, Celia González, José Rafael Manrique, María Ríos y Mayerlin Bolívar, se les imputó el delito de obstrucción de la vía terrestre, tipificado en el Código Penal, dentro de los delitos contemplados contra la seguridad, medios de transporte y comunicaciones. La fiscal auxiliar de la Fiscalía Tercera María Guaiquerima, quien estuvo a cargo de presentar las acusaciones por parte del Ministerio Público, solicitó medida cautelar para los detenidos, aprehendidos bajo flagrancia cuando obstaculizaron la vía a Tocomita, en el municipio Raúl Leoni. Mientras, la defensa estaba a cargo de los abogados Orlando Torres y Egrei Prieto, según se pudo conocer. Los imputados salieron en libertad el 21.02.07.
José Martínez, minero de la zona, y cuya esposa se encontró entre las personas detenidas, aseveró a la prensa regional que simplemente están exigiendo sus derechos para una asignación digna. Explicó que no están dispuestos a aceptar el millón de bolívares que pretenden darles los representantes del gobierno en la Paragua, cuando el presidente de la República Hugo Chávez en una de sus alocuciones planteó la cancelación de 15 millones de bolívares. Martínez afirmó que han dedicado su vida entera a la extracción de oro y diamante para ahora ser sorprendidos por un proceso de reconversión, que prácticamente los ha dejado desempleados y sin medio en sus bolsillos. (Correo del Caroní, 22.02.07, http://www.correodelcaroni.com/component/option,com_wrapper/Itemid,162/?id=57978)
• Cumplir con el compromiso de eliminación progresiva del cobro directo e indirecto a los usuarios en la prestación de los servicios de salud.
• Garantizar recursos para el funcionamiento del Sistema Público de Asistencia a la Salud, que permita la dotación y mantenimiento de equipos, insumos médico quirúrgico y básicos de atención al paciente de manera permanente.
• Fortalecer el Programa Ampliado de Inmunizaciones del Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS), ampliando su cobertura en la población de niños/as de hasta 5 años hasta el 100%.
• Aprobar y promulgar una nueva ley de salud acorde con los parámetros establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con participación de los sectores involucrados y particularmente de los Comités de Salud.
• Aumentar la inversión pública en salud para llegar progresivamente a no menos del 5% del PIB, según lo establece la Organización Mundial de la Salud.
• Integrar el presupuesto destinado a la Misión Barrio Adentro al presupuesto del MSDS con el fin de asegurar la continuidad del plan y solventar la fragmentación del sistema público de asistencia a la salud.
• Relevar la salud mental dentro de las prioridades de las políticas públicas de salud.
• Acentuar los esfuerzos para lograr la integración normativa, programática y territorial entre el sistema sanitario público y los centros de salud de la Misión Barrio Adentro, principalmente entre los consultorios populares (provisionales y módulos) de la primera etapa de BA, los nuevos centros de diagnóstico y rehabilitación de la segunda etapa; y los ambulatorios y hospitales públicos.
• Establecer una normativa clara y sencilla para la constitución y el fortalecimiento de los Comités de Salud en la MBA, que no afecte su carácter voluntario, su autonomía respecto a las responsabilidades de los órganos públicos ni su papel como instrumento de participación comunitaria en la promoción y defensa de la salud de todos los miembros de la comunidad.
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
El 28.02.07 miembros de más de 30 Consejos Comunales y moradores de la parroquia Raúl Leoni, de Cumaná, cerraron el paso en la capital de esta jurisdicción, que comunica a los estados Sucre y Anzoátegui, para exigir la asignación de una par de galenos en el ambulatorio y mayor resguardo policial. La protesta se desarrolló de manera pacífica hasta el retiro del secretario general de gobierno, cuando efectivos policiales intentaron disolver violentamente la manifestación. Varios heridos de perdigones, afectados por bombas lacrimógenas y cuatro detenidos fue el saldo de la actuación policial. De los lesionados sólo la dirigente campesina, Omaira Barrios, ingresó al Hospital Universitario de Cumaná.
El 27.02.07 un grupo de Jubilados de la Gobernación del Zulia fueron desalojados del despacho cuando realizaban una manifestación para exigir el pago de diferentes deudas laborales. La protesta fue reprimida por la Brigada Especial de la Policía Regional (PR), dejando como saldo cinco personas heridas y tres detenidas.
El 16.02.07 un grupo de participantes del plan de empleo temporal de Pdvsa cerraron la troncal 9 de Píritu, estado Anzoátegui, para exigir la cancelación de pagos atrasados desde el mes de diciembre. El Grupo de Reacción Inmediata (Grip) de la Policía del estado reprimió la manifestación utilizando bombas lacrimógenas.
El 16.02.07 grupos de mineros del municipio Raúl Leoni del estado Bolívar se apostaron frente a la sede del Ministerio del Ambiente en Puerto Ordaz para exigir la cancelación de la llamada ayuda humanitaria prometida por el Gobierno nacional. Paralelamente, unos 200 mineros protestaban en La Paragua solicitando el pago de 15 millones prometido por el Presidente Hugo Chávez, los cuales fueron repelidos por un comando de la Guardia Nacional utilizando bombas lacrimógenas y practicando la detención de nueve personas.
El 14.02.07 cinco deportistas resultaron heridos, dos por perdigones y tres por gases lacrimógenos, cuando un grupo de atletas del estado Carabobo tomaron las instalaciones de la Villa Olímpica en la ciudad de Valencia para protestar por la falta de becas, pago a los entrenadores, incumplimiento en la entrega de viviendas y otras promesas realizadas por el presidente de Fundadeporte. La represión de la manifestación fue realizada por la Policía de Carabobo. El mandatario regional, Luis Felipe Acosta Carléz, declaró que los ciudadanos tenían derecho a protestar “pero con amor y diálogo, y no alterando el orden público, ni trancando la vía, porque ahora es delito”. (Notitarde, 15.02.07, pág. 2).
El 14.02.07 trabajadores de la economía informal trancaron en ambos sentidos la Avenida Francisco de Miranda, en Caracas, en rechazo a las normas respecto a sus condiciones laborales en Petare. Simultáneamente, trabajadores de le empresa Sabenpe protestaron en sus instalaciones, ubicadas en Mariche, sobre el pago de pasivos laborales. Ambas protestas fueron repelidas con bombas lacrimógenas y perdigones por funcionarios de Polisucre, practicando la detención de un total de 11 personas.
El 13.02.07 efectivos de la Policía del estado Monagas dispersaron con gases lacrimógenos y perdigones una manifestación de trabajadores despedidos de la Gobernación en los alrededores de la plaza El Indio. Cerca de allí, se realizó una protesta de transportistas quienes pretendían entregar un pliego conflictivo al director de vialidad y transporte de la Alcaldía de Maturín. Esta protesta también fue reprimida, y según el parte policial, ambas arrojaron dos heridos y 11 personas afectadas por los gases.
El 02.02.07 trabajadores de la economía informal de Charallave se instalaron en la Avenida Bolívar de la ciudad, de dónde habían sido desalojados a comienzos de año. Agentes de la policía municipal de Cristóbal Rojas intentaron desalojarlos con bombas lacrimógenas y perdigones, desencadenando una batalla campal que ocasionó un buhonero herido y ocho detenidos.
Maria del Rosario Guerreo Galluci se acercó a la sede de Provea, el pasado 26.02.07, para denunciar la nueva serie de intimidaciones en su contra ejercidas por el gobernador del estado Guárico, Eduardo Manuit. Como se recordará, la señora Guerrero Gallucci es integrante del grupo de derechos Humanos del estado Guárico, “Soldados de Justicia, Paz y Libertad en la Cruzada Contra la Impunidad”. Su organización había denunciado la presunta participación de la policía estatal en las ejecuciones realizadas, a más de 100 personas, en la región en los últimos cinco años. Tras ser víctima de extorsión, presuntamente a cargo de funcionarios policiales, y ser citada como testigo en el caso iniciado contra el periodista Miguel Salazar por parte del gobernador Eduardo Manuit, la Fiscalía dictó a su favor medidas de protección, custodia y apostamiento policial. El 21.04.06 Gallucci y su esposo, Martínez Barrios, fueron víctimas de un atentado contra sus vidas, en el cual recibieron varios impactos de bala. Tras el incidente varias organizaciones de Derechos Humanos remitieron su caso al CIDH. “Se trató de silenciarme por todas las denuncias que venia haciendo”, nos declaró la denunciante. “El origen estuvo en mi finca. El gobernador es una persona conocida por todas las personas en guarico, que contrario a la política del gobierno de lucha contra el latifundio, ha sido un gran latifundista. Entonces se encaprichó con mi finca. En varias oportunidades había hecho presiones en mi contra y yo lo había denunciado varias veces. Por esa razón tuve medidas de protección de la Fiscalía”.
Una resolución dictada el 04.07.06 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ordenó la adopción de medidas provisionales a favor de María del Rosario Guerrero Gallucci y Adolfo Segundo Martínez Barrios. Esta medida instó al Estado venezolano la adopción de las medidas necesarias para proteger las inminentes violaciones a la vida y a su integridad personal. Galluci considera que el Estado ha cumplido con el dictamen de la Corte, pero que los funcionarios que la custodian –“de los cuales no tengo ninguna queja pues son altamente especializados y educados” como ella reitera- tienen limitaciones presupuestarias y no pueden acompañarla fuera del distrito metropolitano de Caracas. “He tenido que abandonar mi finca en Guárico y para trabajar presto mis servicios a una empresa ubicada en occidente, por lo que a veces me ha tocado movilizarme. Quisiera que esa situación se arreglara, si salgo fuera de Caracas es bajo mi propio riesgo.”
Por otra parte, el juicio contra los policías participantes en el atentado no se realiza con celeridad. Y ante la arremetida mediática en su contra, decide no seguir más el consejo de abstenerse de seguir denunciando. “Estas recomendaciones las hicieron unos funcionarios de la Fiscalía y del poder judicial. Me prohibieron que se lo hiciera saber a Provea y que lo comunicara públicamente, que me mantuviera de bajo perfil, que no diera ninguna entrevista a la prensa mientras se resolviera el caso. Pero veo que todas las audiencias en el juicio de los policías que participaron en el homicidio son diferidas por una y otra razón”. Maria del Rosario ahora se enfrenta a una campaña en su contra, “los ataques son a través de los medios de comunicación, radio, televisión, en los programas radiales semanales realizados por el gobernador, así como a través de la prensa descalificándome continuamente, haciendo ver que soy una delincuente para que desestimen todas las denuncias que he interpuesto en contra de el”. Galluci denunció que, en un programa de televisión nacional, el propio gobernador de Guárico la había denominado “delincuente de alta peligrosidad”, anunciando que había solicitado al Fiscal General una imputación en su contra. “Ya la Fiscalía me imputó en el 2001 por unos delitos que nunca existieron. Además, se hizo la averiguación y el fiscal declaró la nulidad de todas las actuaciones, porque se demostró que había sido un abuso y un exceso policial. No se puede juzgar a una persona dos veces por el mismo hecho”. Recientemente, recibió una citación judicial para declarar en torno al ilícito “detentación de arma de fuego y aprovechamiento de cosa proveniente de delito”.
El 14.02.07 cinco deportistas resultaron heridos, dos por perdigones y tres por gases lacrimogenos, cuando un grupo de atletas del estado Carabobo tomaron las instalaciones de la Villa Olímpica en la ciudad de Valencia para protestar por la falta de becas, pago a los entrenadores, incumplimiento en la entrega de viviendas y otras promesas realizadas por el presidente de Fundadeporte. La represión de la manifestación fue realizada por la Policía de Carabobo. El mandatario regional, Luis Felipe Acosta Carléz, declaró que los ciudadanos tenían derecho a protestar “pero con amor y diálogo, y no alterando el orden público, ni trancando la vía, porque ahora es delito”. (Notitarde, 15.02.07, pag. 2).
El mandatario regional vuelve a pronunciarse por estos hechos, ordenando al Secretario de Seguridad, Ganis Vargas, y al Procurador Ricardo Delgado, la apertura de un juicio civil y militar contra diez de los manifestantes. El gobernador asegura que portaban un arma de fuego: «Se salvaron de que un francotirador no les volara la cabeza. Ya esa es zona militar». Asimismo, Carlez afirmó que la protesta estaba infiltrada por Bandera Roja y un grupo de la Federación de Centros Universitarios. (Notitarde, 16.02.07, pag. 18).
Sobre la posible apertura de juicios militares a civiles, Provea ha venido insistiendo en que dicha medida constituye una violación de la Constitución y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta medida omite la recomendación de la Comisión y Corte del Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos, que apunta que “»En cuanto a los aspectos jurisdiccionales, la Comisión le recuerda a los Estados miembros que los ciudadanos deben ser juzgados por sus jueces naturales, regidos por el derecho común y la justicia ordinaria. Por lo tanto los civiles no deben ser sometidos a la jurisdicción de tribunales especiales. La utilización, por ejemplo, de tribunales militares debe estar limitada al enjuiciamiento de miembros de las Fuerzas en servicio activo, por las faltas o delitos de función. En todo caso, esta jurisdicción especial debe excluir los delitos de lesa humanidad y las violaciones a los derechos humanos». Asimismo, se incumple la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual especifica en su artículo 261 que “la competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar”.
Las organizaciones venezolanas Participación activa y social (PAS), Movimiento de Mujeres “Manuelita Sáez” (MOMUMAS), Red de Mujeres de Vargas, Fuerza Bolivariana de Mujeres (FBM) y Movimiento de Mujeres “Clara Zetkin”, todas afiliadas a la Democrática Internacional de Mujeres (FDIM), preparan en Caracas el 14° Congreso de la FEDIM a celebrarse en mayo del 2007. Para esta edición la consigna es “Las Mujeres del Mundo una fuerza vital contra la globalización neoliberal, el terrorismo y las guerras imperialistas por la igualdad, justicia social, económica y por la paz”. Según las promotoras: «El 14° Congreso Mundial de la Federación Democrática Internacional de Mujeres (FEDIM), a realizarse en nuestro país, y por primera vez que en 61 años se efectúa en América Latina, es una expresión de la identidad de la FDIM y de las causas que deben ser subrayadas en este tiempo y que moviliza a las diferentes organizaciones en defensa de las mujeres, y contra todas las formas de opresión y violencia, de solidaridad y compromiso con las luchas del pueblo y las mujeres venezolanas en la construcción de la Patria Bolivariana y en la consolidación de la Revolución Bolivariana, así como, una expresión de solidaridad con América Latina y el Caribe, región que está hoy a la vanguardia en la lucha contra el neoliberalismo, el imperialismo y el patriarcado».
Según las cifras recopiladas por la Agencia de la ONU para los refugiados, un total de 7.754 personas han solicitado refugio en Venezuela, siendo 719 las personas que han recibido dicha condición por parte del gobierno nacional. (ACNUR, 27.02.07, http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/4183.pdf). Las cifras para el 2006 hablan de que 1754 ciudadanos solicitaron su reconocimiento como refugiados, siendo Colombia, mayoritariamente, el primer país origen de las personas, seguido por personas haitianas y africanas en menor porcentaje. Para este período, Apura encabeza la lista de solicitudes con 800 casos. Seguidamente se encuentran Táchira con 292, Zulia con 635 y Caracas con 27 solicitudes. John Fredrikson, representante del ACNUR en Venezuela, declaró sobre estos datos que “Para nosotros es un reflejo bastante conservador de una situación más amplia que se escapa de registros formales”. El miedo es una de las razones que frenan a los desplazados a ingresar en los censos institucionales. Se estima que un 30% de las personas movilizadas no acuden a las oficinas gubernamentales.
El conflicto interno vivido por Colombia es una de las principales causas que determinan la movilización y las solicitudes de refugio. La Comisión Nacional de refugiados (CNR) estima en 170.000 los colombianos y colombianas que han llegado al país en las últimas cuatro décadas luego de sufrir amenazas en su país. ACNUR considera que la cifra, para los últimos ocho años, se remonta a los 200.000 casos. La CNR estudia 6.000 solicitudes de familias desplazadas. 1.300 casos fueron evaluados, de los cuales un 52% fueron aprobados. (Panorama, 12.02.07, 1/2).
A pesar de ser el estado con mayor número de solicitudes, el ACNUR considera como “lenta” la celeridad con que las autoridades tramitan las solicitudes. En su página web difunden actualmente un reportaje sobre Mara, la primera solicitante que recibe, tras un año de espera, su cédula de identidad venezolana tras haber sido reconocida como refugiada. (ACNUR, 02.03.07, http://www.acnur.org/paginas/index.php?id_pag=6097&id_sec=)
Según información ofrecida por la Fundación de Derechos Humanos del Estado Anzoátegui, el pasado 27.02.07, aproximadamente a las 3:00 pm, el Sub- Comisario de la Policía Municipal del Municipio Bolívar del Estado Anzoátegui, ALBERTO GIL GUERRA se dirigió a una persona cercana al Presidente de la Fundación, Alcides Rafael Magallanes, diciéndole: «¿Tu eres Rafael Magallanes?». Cuando esta persona respondió negativamente, el funcionario continuó diciendo: bueno llévale este mensaje, «dile que si él es hombre, que se desprenda de su investidura para caernos a golpes, dígale también que se cuide porque lo voy a mandar a escoñetar con una gente que tengo por ahí, que se cuide, porque él me expuso al escarnio público». Esta amenaza fue expresada desde la casilla policial de Polibolívar, ubicada en la Avenida «Juan de Urpin» de la ciudad de Barcelona.
Como antecedentes de estas amenazas la organización de derechos humanos informó que ha acompañado las denuncias y el proceso judicial contra dicho funcionario por parte de los familiares del joven LUÍS GREGORIO VILLAEL GARCÍA a quien se le causó la muerte el 02.11.02 , en el marco de una comisión policial, hecho registrado como presunto enfrentamiento. Ante las denuncias contra el funcionario el Tribunal de Control Nº 3 dictó auto de apertura a juicio con medida cautelar sustitutiva de presentación al Sub-Comisario ALBERTO GIL GUERRA, conociendo de la causa el Tribunal de Juicio Nº 2 de esa Circunscripción Judicial. La Fundación de los Derechos Humanos ha denunciado que el Sub-comisario Guerra continúa prestando servicio operativo en la institución policial, sin que desde la Comandancia de ésta se haya dictado una medida como la suspensión temporal, como corresponde en virtud de su proceso judicial, gozando en cambio de un beneficio de medida cautelar sustitutiva a la privación de libertad.
Provea se mantiene vigilante frente a las situaciones que puedan afectar la integridad física y moral, tanto de Alcides Rafael Magallanes como de los demás miembros de la Fundación, o que puedan afectar el desempeño de su misión.
• Las autoridades deben dejar de formular declaraciones públicas que propicien agresiones o intimidación a comunicadores sociales.
• Garantizar la integridad personal de los comunicadores sociales durante el ejercicio de sus actividades profesionales, investigando y sancionando cualquier agresión proveniente de funcionarios públicos o particulares.
• Desarrollar planes de formación y capacitación para funcionarios de seguridad, para garantizar la integridad de los comunicadores sociales frente a las agresiones de terceros y ratificar la prohibición de censurarlos, limitando indebidamente el acceso a lugares públicos o decomisando sus insumos audiovisuales.
• Desarrollar una política estatal que facilite el acceso de la información pública por parte de los ciudadanos en forma oportuna, adecuada y con las debidas garantías de confiabilidad sobre los datos suministrados.
• Desarrollar una política estatal que garantice, a través de un sistema de radio-televisión de servicio público, la necesaria pluralidad de opinión e información propias de una sociedad democrática, así como la construcción de una oferta que mejore la calidad en contenidos y formatos.
• Desarrollar una política de asignación de frecuencias de radio y televisión que permita una expresión de la pluralidad de los distintos actores políticos nacionales, conjuntamente con una transparente política de distribución de los recursos de la publicidad y propaganda oficial.
• Abstenerse de utilizar la potestad de asignación o suspensión de frecuencias radio-televisivas como un mecanismo de presión sobre los medios de comunicación orientado a limitar la libertad de expresión y el derecho a la información.
• Mantener la promoción de la industria audiovisual nacional, con el fin de contribuir, mediante una política integral, a enaltecer los valores y expresiones culturales nacionales. Esta política debe incluir la asignación de recursos económicos y el desarrollo de canales y circuitos de distribución.
• Continuar promoviendo la creación de medios de comunicación locales, comunitarios, plurales y alternativos, en un marco de respeto a su autonomía, como mecanismo para garantizar el derecho a la expresión de sectores sociales excluidos y el derecho a una información plural de la sociedad.
• Desarrollar un marco legal que garantice el ejercicio al derecho a réplica en los medios de comunicación por parte de los afectados.
• Ajustar la legislación nacional para que los delitos asociados al honor y reputación de las personas sean reparados con el ejercicio del derecho a la réplica y rectificación y la imposición de penas civiles, descartando las penas de privación de libertad para los presuntos responsables.
• Ajustar la legislación y reglamentos relacionados con la comunicación social para evitar incompatibilidades con los postulados constitucionales y los tratados internacionales, en particular en lo referido a las figuras del vilipendio o desacato.
• Promover ante las distintas instancias del Poder Judicial un conocimiento de las repercusiones prácticas de la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en materia de libertad de expresión e información.
• Abstenerse de utilizar procesos judiciales, incluyendo los juicios militares, como mecanismos para limitar la libertad de expresión.
A DEBATE: MULTA A VESPERTINO TAL CUAL
INVITACIONES A EVENTOS
ARTÍCULOS
NOVEDADES EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS
DOCUMENTOS
Del 28 de enero al 27 de febrero 2008
Boletín electrónico Nº 181
EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE FEBRERO
02 Día Internacional de los Humedales
04 Intento de Golpe de Estado contra el presidente Carlos Andrés Pérez (1992)
06-12 Conmemoración de la Semana del Estudiante que pivoteó la primera huelga general de Venezuela (1928)
12 Día Internacional de los Niños Soldados / Día Nacional de la Juventud
14 Conmemoración de 1ra. huelga nacional en Venezuela (1936)
21 Día Internacional de la Lengua Materna
27 Hechos ocurridos en febrero-marzo de 1989, conocidos como “El Caracazo”
CONTEXTO
Provea cruzó mares hasta Kenya para participar en el VII Foro Social Mundial, realizado por primera vez en un país africano. Nairobi fue la ciudad que albergó en esta oportunidad a 40.000 delegados y delegadas de todo el mundo, los cuales intentan construir una alternativa a la arquitectura económica de su contraparte, el Foro Económico de Davos. Durante los días 20 y 25 de enero, bajo la consigna «La lucha de las personas, las alternativas de las personas, la séptima edición de esta reunión se realizó, principalmente, en Kasarani, casi a las afueras de la ciudad, en el Complejo Deportivo Internacional Moi.
La apertura se realizó con una marcha desde los suburbios pobres hasta el Parque Uhuru, donde tras las palabras de algunos oradores, el aire fue surcado por música tradicional africana. Las diversas delegaciones ondeaban sus estandartes e intentaban recrear el otro mundo posible que los congregaba. Para los voceros locales, el énfasis debía ponerse en la lucha contra la impunidad -Kenia ha sufrido años de cruentas luchas tribales-, el cese a la corrupción y la vigorización de la democracia, y la lucha contra el sida. La agenda global, en contraste, priorizaba las luchas de las mujeres, la repulsa a la Guerra en Iraq y la discusión sobre el cambio climático. Más de un centenar de stands rodeaban el campo de futbol de Kasarani -donde se realizaron el grueso de las discusiones, parceladas las tribunas con lonas plásticas- y los diversos grupos explicaban sus reivindicaciones y difundían folletos informativos. Las organizaciones religiosas tuvieron un gran protagonismo en esta edición, como la Plataforma Ecuménica Caritas, por lo que la religión fue reconocida como una «fuerza fundamental de transformación social». Durante tres días se realizaron los talleres y seminarios, y correspondió al cuarto dia la oportunidad para las «actividades colectivas», grandes asambleas temáticas en dónde se intentaban coordinar esfuerzos para el futuro. El Campamento de la Juventud, muy vigoroso y evidente en anteriores oportunidades, tuvo en esta cita una minúscula presencia: los mochileros y mochileras superaban, apenas, las 50 personas.
Discutiendo el militarismo
La presencia del representante de Provea, Rafael Uzcátegui, fue posible por la invitación de la Internacional de Resistentes a la Guerra (WRI por sus siglas en inglés), quienes organizaron durante la semana del evento una serie de actividades sobre el militarismo y la acción directa noviolenta. Uzcátegui participó en el taller sobre los especuladores de la guerra, detallando las compras de armamento realizadas recientemente por el país a empresas rusas y españolas, e identificándolas en el entramado del sistema mundial de venta de armas. Asimismo, tuvo una intervención destacada en el seminario «Contra todos los militarismos», en dónde al compartir la tribuna con activistas de Israel, Alemania y Estados Unidos, describió el proceso de militarización asumido por las organizaciones sociales venezolanas y participó en el entrenamiento en noviolencia.
Difundiendo la situación de los Derechos Humanos en Venezuela
El 24 de enero se realizó la presentación del Informe Anual sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela para el período octubre 2005 – septiembre 2006, el cual contó con una entusiasta y participativa audiencia, interesada en conocer lo que sucedía en el país desde una perspectiva de derechos humanos. En este evento, la participación de un delegado de Amnistía Internacional Venezuela logró que los asistentes conocieran una perspectiva amplia y diversa, problematizadora de las visiones simplistas difundidas por los medios de comunicación. Los jóvenes europeos se mostraron particularmente informados sobre los acontecimientos recientes, expresando sus inquietudes por la Ley Habilitante, la situación de las cárceles y el proceso de reforma agraria.
Futuro incierto
El Foro Social Mundial realizó en esta edición africana diferentes debates sobre su presente y sobre su propio futuro. Dos grandes tendencias se perfilaron en esta discusión: quienes desean que el Foro genere un programa de acción y tenga mejor definidos sus objetivos políticos y, por otro lado, aquellos que perciben que el Foro es un momento de encuentro entre una diversidad de perspectivas que combaten contra el capitalismo o que aspiran reformar a la sociedad. Pero ambas tendencias coincidían en la necesidad de que el Foro se relacionara más intensamente con los diferentes movimientos sociales de base en los países de la periferia, y, especialmente, en las ciudades que lo organizaban. A pesar de la relevancia que los temas africanos tuvieron en esta séptima edición, en muchas de las discusiones centrales y más publicitadas apenas habían delegados de Kenya y sus países vecinos. Protestas y malestar fueron generados por el hecho de que los kenyanos y kenyanas debían pagar para entrar al área donde se realizaba el FSM. Además, fue notable la ausencia de activistas de Suramérica. Otra de las preocupaciones que cruzaron la semana, fue aquella generada por quienes piensan que la propia dinámica del Foro se ha venido gastando con el paso del tiempo. De los 150.000 delegados que se esperaban en un primer momento apenas arribaron, efectivamente, un tercio. Según estimaciones del propio grupo de comunicaciones del evento, el Foro ocupó más de 200.000 centímetros de espacio de periódico en todo el mundo en sus primeros años. Para el 2005 la cifra descendió a 2.500 centímetros. Por estas, entre otras razones, se estima que para el 2008 no se realice un encuentro físico sino que se realice un llamado a una Jornada de Acción Global Internacional, quedando en discusión la sede tentativa para el Foro Social Mundial en el año 2009.
Si desea consultar el periódico independiente editado en el foro, y artículos en español, visitar
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
A DEBATE: MULTA A VESPERTINO TAL CUAL
A DEBATE: REFORMA CONSTITUCIONAL
ARTÍCULOS
El modelo democrático surgido a partir de la Revolución Francesa (1789-1799) está basado en el principio de la separación de poderes; en este esquema corresponde a la asamblea representante de la voluntad popular (llámese Congreso, Parlamento, Asamblea Nacional, etc.) la elaboración de normas jurídicas de carácter general. De allí que al Poder Público que la ejerce se le denomine “Legislativo”. La vigente Constitución, aprobada en referéndum en 1999, es congruente con este principio y define a la ley (artículo 202) como “El acto sancionado por la Asamblea Nacional como cuerpo legislador”. Excepcionalmente el Poder Legislativo delega su función legislativa en el Poder Ejecutivo, esta delegación de funciones se denomina en la tradición constitucional venezolana “Ley Habilitante”, en virtud de la cual el Presidente o Presidenta de la República puede dictar Decretos con Fuerza y Rango de Ley, los cuales serian “leyes en sentido material” por ser normas de alcance general y abstracto, más no “leyes en sentido formal”, por cuanto en su elaboración no se sigue el procedimiento de formación de las leyes previsto en la Constitución.
La delegación de la función legislativa al Poder Ejecutivo debe ser excepcional y limitada, por cuanto la elaboración de leyes debe garantizar la participación y el debate democrático y plural que son de la esencia de la función parlamentaria y legislativa. Por ello la habilitación al Ejecutivo para legislar no puede ser total y absoluta.
Por tratarse de un tema de gran trascendencia para los Derechos Humanos y por el indudable interés que ha despertado el tema, seguiremos en sucesivas entregas desarrollando la materia de las leyes habilitantes. (Provea, 02.02.07)
Un inocente es acusado de ser un violador en serie y es linchado en prisión
MUERTE EN LA “IGLESIA”
El 1 de diciembre pasado, los diarios de Maracaibo publicaban en sus columnas de sucesos el asesinato de un hombre privado de libertad a manos de sus compañeros de celda. Los periodistas no escatimaron detalles: Boca abajo y con un cuchillo clavado en el ano, tras una golpiza en donde fue violado reiteradas veces y con los intestinos al aire, el cuerpo de Richard Carrillo fue encontrado sin vida por las autoridades en la celda 2A del pabellón C del retén El Marite de la ciudad. Carrillo había sido acusado de ser el violador de 25 estudiantes universitarias, el mismo que desde 8 años atrás mantenía atemorizada la comunidad de La Universidad del Zulia. Pero en las vertiginosas 72 horas que mediaron entre el arresto de Carrillo y su muerte, las autoridades no tomaron en cuenta las declaraciones a su favor de sus vecinos en el barrio Ziruma, las irregularidades que rodearon a su aprehensión o la falta de pruebas que vincularan al acusado con sus víctimas. Después de ese primero de diciembre, dos estudiantes más han sido atacadas bajo el modus operandi descrito para el violador en serie, confirmando una hipótesis que ha crecido en los últimos días: Richard Carrillo era inocente.
Tras el hecho, agentes policiales y el personal de seguridad del retén El Marite afirmaron que los reos han creado e implantado una especie de pacto no escrito en el que castigan severamente a los violadores. El ritual de linchamiento opera desde mediados del 2006, y como ejemplo, los oficiales recordaron el caso de Angel Pocaterra, acusado de abusar sexualmente de seis mujeres, al cual le dieron 50 puñaladas, le introdujeron un palo por el ano y lo decapitaron, hecho ocurrido en septiembre pasado en el pabellón B. En todos los casos el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) abre una averiguación que se topa con las mismas declaraciones de los interrogados: nadie fue, nadie vio nada. Esta sui generis ley, “justicia popular” como la reivindican algunos, forma parte del cuadro de violencia y descomposición que caracteriza a los 32 centros de privación de libertad en Venezuela. Según las estadísticas, recopiladas por el Observatorio Venezolano de Prisiones, durante el año 2006 murieron violentamente por lo menos 412 presos en el país, mientras que 982 resultaron heridos. La población carcelaria suma las 19.700 personas, de las cuales 10.700 son procesadas sin sentencia, 7.864 están condenadas y 1.136 se encuentran detenidos bajo el régimen de destacamento de trabajo. A lo largo de ese año se registraron 51 huelgas de hambre, 10 retenciones voluntarias de familiares, la construcción de cuatro túneles y un centenar de presos se cosieron la boca como forma de protesta. Las autoridades incautaron 99 pistolas, 43 granadas, 34 escopetas, 124 revólveres, 2.712 cuchillos artesanales, 802 armas de fuego artesanales y siete bombas lacrimógenas. Para esta Ong, la existencia de una amplia mafia alrededor de las cárceles del país, detiene cualquier intento de garantizar a los privados y privadas de libertad sus derechos fundamentales.
El vía crucis del “peruano”
Richard Nilton Carrillo Troconis nació en Lima, Perú, hace 35 años, hijo de una familia de cuatro hermanos. Su padre, Leoncio Carrillo Zavala, emigró a Venezuela en la década de los 70´s atraído por la bonanza económica vivida por el país tras la nacionalización petrolera. Década y media después, la familia vuelve a reunirse, sumando 6 miembros a los 113.150 paisanos que según el padrón electoral peruano del 2005 viven en Venezuela. Richard tenía 15 años viviendo en el país, en donde su oficio más conocido era la fabricación de vasijas y esculturas artesanales alusivas a la cultura peruana. Cuando las ventas iban mal, hacía trabajos de pintura y albañilería. A mediados del 2005 pausa su vida sedentaria y se muda a Maracaibo, ocupando un inmueble del callejón Mara del barrio Ziruma. Nubes de tormenta comienzan a signar el cielo de los Carrillo: el 5 de septiembre del 2006, Leoncio Carrillo era asesinado en una unidad de transporte público en Valencia al resistirse a un asalto.
Al enterarse de la detención del “peruano”, su comunidad no dudó en expresar su solidaridad y manifestarse ante los medios. Heidy Morales, quien lo conocía desde su llegada al barrio, afirmó “Richard no era ningún violador. Era un hombre sano, tranquilo y trabajador. No le faltaba el respeto a ninguna mujer y tampoco se le veía cara de sádico”. Rebeca Bracho, por su parte, declaró “Ese muchacho no era ningún violador, siempre estaba pendiente de ayudar a los vecinos que le pidieran algún favor”. Cuando los periodistas se acercaron al barrio Ziruma para averiguar quien era Carrillo, alrededor de 50 personas salieron de sus casas para atestiguar a su favor.
La versión de la Policía Municipal de Maracaibo afirma que Carrillo fue detenido en las inmediaciones de la Universidad del Zulia a las 11 de la mañana del 25 de noviembre. El acta policial suscrita por el oficial Windy Medina, placa 0483, afirma que tras recibir la denuncia por abuso sexual, perpetrada por un individuo de “tez morena, contextura doble, 1.65 de estatura, pantalón marrón y camisa azul”, armado con un cuchillo, logran divisar al sospechoso en la Avenida Universidad, en sentido sur-norte. Con el apoyo del oficial Nestor Ocando, placa 0760 tras la persecución y captura del presunto implicado, los funcionarios incautan un cuchillo con empuñadura de madera. Caso resuelto. Pero, una comunicación firmada por 125 habitantes del barrio Zaruma desmiente la versión policial. En horas de la tarde de ese 25, el suelo caliente de la comunidad fue transitado por dos patrullas policiales, una de las cuales con tres mujeres a bordo intentando identificar al responsable de la agresión sexual. Richard Carrillo almorzaba en casa de Isabel Lavarca y al escuchar el alboroto, se suma a la muchedumbre que preguntaba las razones de la razzia en el barrio. De la oscuridad y los llantos, una mano lo señala. Entre empujones y resistencia por parte de los vecinos, Carrillo es detenido y trasladado a la comisaría. Los testigos de la comunidad niegan que al peruano le hayan encontrado arma alguna al momento de su captura.
Camino hacia la muerte
Un día después, las autoridades organizan una rueda de prensa para presentar a los medios el violador de las estudiantes universitarias. El comisario Nelson Acurero explica, asediado por las grabadoras, que el violador poseía dos cómplices que lo trasladaban a los sitios donde seleccionaba a sus víctimas. El modus operandi, realizado a las 25 víctimas, comprendía su selección por sus características físicas: 1,65 de estatura y 22 años de edad. No es necesario ser un fanático de la serie SCI para percatarse lo que los familiares notan con estupor: el comisario manipula el cuchillo, la evidencia principal, sin ninguna protección, “contaminando” la evidencia. El Diario Panorama publica la noticia dedicando 2 de los 12 párrafos a las protestas de los vecinos y familiares. Cuando deciden visitar la redacción del rotativo más importante de la región para ejercer su derecho a réplica, la respuesta es el silencio. La sentencia de muerte comienza a configurarse.
El mismo oficial del acta de detención levanta a su vez el acta de notificación de derechos, procedimiento mediante el cual se le informan sus derechos al detenido, con lo que su aprehensión se apega al ordenamiento jurídico. El acta, que muestra como hora de la detención las 11 y 10 de la mañana es firmada por una rúbrica que los familiares de Carrillo afirman, con pruebas en la mano, no es la verdadera. Junto a una docena de vecinos, los familiares logran entrevistarse con Nancy Acosta, la defensora pública asignada a Carrillo y ponerla al corriente de los elementos que señalaban que el proceso seguido al imputado estaba viciado de ilegalidad. La actitud de la abogada es calificada por los familiares como de “inacción”: “no hace mayores esfuerzos en pro de la defensa, simplemente deja que la Fiscalía, quienes acusan, se encarguen de demostrar su inocencia”. La Asociación de Vecinos de Ziruma redacta una constancia de buena conducta de Richard, y tras ser entregada a la defensa, inexplicablemente, no se consigna al expediente. Tampoco se impugnaron las actas policiales ni se solicitó la libertad inmediata del procesado. El “peruano” caminaba directo al cadalso.
El Dr. Julio Arévalo Márquez, Juez al tanto de la causa, decide para Richard Carrillo una “Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad”, a ser cumplida en el Centro de Arrestos y detenciones Preventivas “El Marite”, notificándole a su director acerca que el recluso debía ser tratado protegiendo su dignidad y evitando actos de barbarie en su contra. La decapitación de Pocaterra, otro procesado por violación, era el último cromo en su álbum del horror. Un primer oficio al respecto se entrega el 27, repitiéndose uno similar el día siguiente, en el que se reitera que Carrillo debía ser recluido en un lugar seguro, “para evitar (…) hechos pasados, sucedidos y muy lamentables que dejan mucho que pensar de las Direcciones y personal de custodia en ese recinto carcelario”. La segunda misiva se redacta tras una entrevista del acusado con el juez, en dónde Carrillo literalmente le suplica que no lo enviara de vuelta a “El Marite”, donde ya lo habían amenazado de muerte. Las recomendaciones del juez sólo tuvieron efecto 48 horas. Al tercer día de reclusión, miércoles 29, al finalizar el período de visitas, uno de los custodios se acerca al grupo de los Carrillo y expresa en voz alta “no te alegres tanto, que hoy te vas para la iglesia”. Esa noche, el cuerpo del “peruano” era enrollado con sus propios intestinos.
La segunda muerte de Richard
La foto de los medios de ese primero de diciembre muestra a un Richard Carrillo ataviado con una camisa azul, con el rostro ladeado hacia su izquierda, y los ojos semiabiertos mirando hacia la cámara. Si la imagen se le insinúa como enigmática, la leyenda fotográfica de La Verdad le recuerda que se encuentra frente la estampa de un individuo peligroso: “Richard Carrillo es el segundo violador que asesinan en el retén en dos meses”. Si una turba dentro de “la iglesia” de Marite creyó en hacer justicia por sus propias manos, las periodistas que escriben las crónicas para La Verdad y Panorama lanzan lo que queda del peruano a las fauces del escarnio público. El primero tituló “Asesinan a violador de puñalada en el ano”. Panorama, por su parte, describe los hechos con una lógica que casi convierte un linchamiento en un acto de justicia poética: “Presos de El Marite estrangularon a violador de estudiantes universitarias”.
Menos de un mes después, los familiares del peruano conocen, a través de la Fiscalía 6ta de Maracaibo, que existe una nueva denuncia de violación en los predios de la Universidad del Zulia. El Consulado de Perú en Venezuela ha pedido explicaciones, por los canales diplomáticos. Sus familiares acuden a diversas organizaciones de derechos humanos y diversas instancias para limpiar el nombre de Richard, siendo declarada su inocencia, y el castigo para los autores materiales e intelectuales de su asesinato. Asimismo, han acusado ante la Fiscalía 26 del estado Zulia a los funcionarios de Polimaracaibo implicados en su detención irregular y en el levantamiento de actas falseadas, solicitando además la destitución de la defensora pública por negligencia. El deseo de su familia es que los restos de Richard descansen en Valencia, junto a los de su padre. Pero su destino final, y el dolor por su ausencia, se postergarán el tiempo que dure limpiar su nombre de la sombra de ser un violador en serie.
Cárceles y violencia
Según lo expresado en un Informe Anual sobre los Derechos Humanos, para el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) la ejecución de las medidas del llamado “Plan de Humanización Carcelaria”, anunciados por el ejecutivo nacional, ni ha significado una transformación estructural ni ha reducido significativamente los índices más preocupantes de violación a los derechos humanos de los reclusos. Como muestra de la grave situación de las cárceles venezolanas se encuentra el hecho de que, en febrero del 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos haya exigido al Estado venezolano tomar medidas para proteger la vida de los recluidos en el Internado Judicial de Monagas (La Pica). Un mes después, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó medidas semejantes para proteger a los internos del Centro Penitenciario Región Capital (Yare I y Yare II). Por su parte, el Observatorio Venezolano de Prisiones afirma que los penales del país son los más peligrosos del continente. Para probar esta aseveración, compara las cifras locales con la de mayor densidad de América latina: Brasil. Mientras que la población penitenciaria del país carioca supera los 300.000 reclusos, en contraste con los 18.000 internos criollos, la tasa de muertes violentas en aquel país es de un fallecido por cada 1.000 reclusos. La de Venezuela es de 20 muertos por cada millar.
La dramática situación penitenciaria es un tema “políticamente incorrecto” para un país que exporta al mundo la “revolución bolivariana”. Para los medios de comunicación progresistas o alternativos, tanto locales como del continente, la dantesca situación de las cárceles o no existe o es parte de una manipulación mediática generada desde las entrañas mismas del Pentágono. Si se intenta buscar noticias sobre el tema en los websites de izquierda más conocidos, encontrará buenas noticias (como una pieza “informativa” con el título “Alfabetización, capacitación y cooperativas en las cárceles del país”) o los señalamientos de altos funcionarios del gobierno del tipo “la oposición instiga motines en las cárceles”. Pero, la violencia dentro de los muros de las prisiones es un reflejo de la propia violencia social del país. En su informe “Mapa de la violencia 2006”, la Organización de Estados Iberoamericanos ubica a Venezuela en el segundo lugar mundial de asesinatos juveniles. Dentro del continente somos el país más violento de América latina, encabezando la lista de la mayor incidencia de víctimas de armas de fuego en el continente.
Según estimaciones de las Naciones Unidas, el país registra 48 homicidios por cada 100 mil habitantes en un año. Esto nos ubicaría por delante de Colombia y Brasil. Por su parte, el Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) coincide con estas cifras al señalar que anualmente mueren 50 ciudadanos por cada 100 mil habitantes. Según esta organización, presidida por el Laboratorio de Ciencias Sociales de la UCV, el 90% de las víctimas fueron hombres, el 65% de los casos se ubica entre las edades 17-32 años, el 85% de los homicidios han sido cometidos por armas de fuego y el 49% de los homicidios suceden los fines de semana.
(P.D. 09.02.07: Como si los cuervos no volaran ya demasiado alto, revelaciones de última hora aumentan el vértigo tras la muerte de Carrillo. Sus familiares acaban de recibir un oficio, fechado el 27 de noviembre, en el que la medico forense Lorena Lorusso se dirige al director de policía de Maracaibo. En la carta le informa que tras practicarle el examen médico a la muchacha que hizo la denuncia por violación, “no se puede afirmar o negar relaciones sexuales”, por lo que en el caso de que las hubiera, las mismas, presuntamente, fueron realizadas sin violencia.) (Rafael Uzcátegui, 04.02.07, [email protected])
Chávez le propuso al país un debate sobre la definición de un socialismo del Siglo XXI. La propuesta parte de dos supuestos, que compartimos como necesarios: 1) hay que superar el capitalismo, por su incapacidad de garantizar una vida digna para toda la población y 2) hay que superar, también, al socialismo que se implantó en el Siglo XX.
Sin entrar a definir aquí qué se ha entendido por socialismo en la historia de la humanidad, asomaremos 3 breves ideas, provenientes del discurso de los derechos humanos, como un primer intento de buscar aportes de este discurso al debate sobre cómo debemos entender el socialismo en el futuro.
1.- Optar por el socialismo es ejercer el derecho a la autodeterminación
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (Comité de DESC), ha señalado que: “…en lo que respecta a sistemas políticos y económicos el Pacto es neutral y no cabe describir lealmente sus principios como basados exclusivamente en la necesidad o conveniencia de un sistema socialista o capitalista los derechos reconocidos en el Pacto pueden hacerse efectivos en el contexto de una amplia variedad de sistemas económicos y políticos, a condición únicamente de que la interdependencia e indivisibilidad de los dos conjuntos de derechos humanos se reconozcan y queden reflejados en el sistema de que se trata” 1 . Por su parte, La Carta de la OEA señala que: “Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga…” (Artículos 3). Es decir, que podemos definir como pueblo qué es lo que más nos conviene. Debemos discutirlo, pensarlo y decidirlo democráticamente. Y si definimos que es el socialismo, tomamos legítimamente esa decisión en ejercicio del nuestro derecho a la autodeterminación.
2.- La interdependencia de los derechos humanos en el socialismo
Un socialismo del futuro debe ser, siguiendo los consejos del Comité de DESC, conciente de la importancia de la interdependencia de los derechos humanos. La interdependencia significa que unos derechos no pueden realizarse sin los otros. La igualdad ante la ley o formal y la libertad (planteadas en los derechos civiles y políticos) carecen de posibilidades de ejercicio real sin una intervención colectiva (estatal y social) que garantice la igualdad material (planteada en los derechos económicos, sociales y culturales). No es verdad que todos somos iguales ante la ley (aunque la ley lo diga) si unos tienen poder económico para comprar decisiones del Estado y su propio bienestar y otros carecen de ese poder. Para que la igualdad ante la ley sea efectiva debe existir igualdad material, económica y de poder. Pero la lucha por la igualdad material también necesita de libertades, en las leyes y en la vida cotidiana, para ser más efectiva, por lo que necesita también de los derechos civiles y políticos. Es más fácil luchar por la justicia social (y tendremos más posibilidades de éxito) si podemos manifestar sin que eso implique que haya represión, expresarnos sin que haya persecución y organizarnos sin por eso ser detenidos o detenidos y torturadas o torturados.
3.- No hipotecar el presente y la dignidad por una promesa de futuro digno
Los derechos humanos son tan importantes que no se pueden postergar y sacrificar hasta ver el resultado de un nuevo modelo. Deben garantizarse ya, aquí y ahora. Los Tratados de derechos humanos no permiten a un Estado violar unos derechos mientras se le comienza a ver el queso a la tostada a un modelo que se está implantando. Por el contrario, al firmarlos, los Estados se obligan a garantizarlos de inmediato y hacer todo lo necesario para garantizarlos cada vez con mayor efectividad. En el siglo XX, tanto gobiernos liberales como socialistas le pidieron a la población que se sacrificara en función de una promesa de futura vida digna que, la mayoría de las veces no llegó. Los derechos humanos son tan importantes, que deben garantizarse ya. Lo que significa, además, que si logramos garantizarlos estamos, de paso, avanzando hacia el socialismo, porque estamos garantizando igualdad real y justicia social. Estamos uniendo proceso y resultado. Nuestros hijos y sus madres necesitan nutrientes hoy porque sino pierden su futuro (derecho a la alimentación); hoy las trabajadoras necesitan de tiempo libre, de descanso para estar con la familia y enseñarle a los chamos a ser buena gente (derecho al tiempo libre); ya hoy, aquí y ahora, necesitamos cuestionar al funcionario tal o a la institución cual, que no cumple con su trabajo (derecho a la comunicación) y necesitamos participar y decidir qué podemos hacer para que funcione (derecho a la participación). Criticar, exigir y proponer, para el aquí y el ahora, es el modo de construir el socialismo, no siendo cómplices de lo que está mal para que “el adversario no se aproveche” o esperando por “tiempos mejores” para luchar por nuestros derechos.
1
La doctrina de los derechos humanos asume que la democracia es inseparable de los derechos humanos. Sólo en democracia pueden respetarse y garantizarse y, de hecho, la democracia misma es un derecho humano. Socialismo es otro nombre de la democracia o una forma más profunda de democracia que ayuda, como le escuché una vez al viejo Domingo Alberto Rangel, “a hacer realidad lo que en el capitalismo es ilusión”.
2
En el siglo pasado el debate socialismo-capitalismo obligó a optar por la “igualdad” en vez de por la “libertad“ o por la “libertad” en vez de la “igualdad”. Trampas de un dogmatismo que debe ser superado. Primero, porque es mentira que el socialismo o el capitalismo representen y garanticen una u otra idea (“libertad” o “igualdad”). Pero, más importante que eso, porque nosotros podemos optar en el futuro socialismo a construir por ambas, porque ambas son importantes para vivir dignamente y ambas son imprescindibles para el disfrute de todos los derechos humanos. Si aceptamos la trampa de que una es más importante que la otra nos arriesgamos a perder las dos.
(Antonio J. González, 02.02.07, [email protected])
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. Observación general 3 “La índole de las obligaciones de los Estados Partes (pár. 1 del art.2 del Pacto). 14/12/90, Párrafo 8.
NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS
Del 03 al 18 de enero 2006
Boletín electrónico Nº 180
EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE ENERO
23 Huída del dictador Marcos Pérez Jiménez (1958)
24 Final de la primera Huelga de Obreros Petroleros organizada por la Unión Sindical Petrolera de Venezuela (1937)
30 Muerte de Mahatma Gandhi (1948)
30 Día Escolar de la No-Violencia y la Paz
CONTEXTO
Gracias a la invitación gestionada por la Internacional de Resistentes a la Guerra (IRG-WRI, http://www.wri-irg.org/es/index.html), una red de organizaciones grupos e individuos contra la guerra y sus causas que funciona desde 1921, un miembro de Provea estará presente en el VII Foro Social Mundial a realizarse en Nairobi, Kenia, entre los próximos 20 y 25 de enero. Además de su participación en las actividades preparadas por la IRG (Seminarios «Contra todos los militarismos», «Perspectiva africana de la noviolencia»,»Eritrea: Derechos Humanos y militarismo» y los Talleres «Especuladores de la guerra», «Objeción de conciencia», «Globalizando la noviolencia», «Entrenamiento en noviolencia»), Provea realizará el 23.01.07 la presentación de su Informe Anual 2006 en el evento denominado «Venezuela desde una perspectiva de Derechos Humanos».
De esta manera, Provea podrá realizar desde Nairobi una cobertura diaria del VII FSM, la cual estará disponible por su Noticiero en Derechos Humanos, ubicado en la dirección: http://www.derechos.org.ve/noticias.
Característica del programa de pasantía
1) Dirigido a insertar a futuros profesionales de áreas humanísticas y sociales al trabajo en organizaciones de derechos humanos.
2) Alcanzar el cumplimiento de las metas del Programa de Documentación a través de la participación activa del/a pasante.
Perfil del/ la pasante
1) Estudiante Universitario/a (Bibliotecología, Comunicación Social, Sociología, Letras)
2) Conocimientos y manejo de Office
3) Con disposición a la investigación, documentación y uso de nuevas tecnologías en las ciencias de la información
4) Buena ortografía y redacción
5) Interés por los Derechos Humanos
Actividades
1) Identificar y analizar información relacionada con los derechos humanos en diversos medios de comunicación e información (nacionales y regionales)
2) Manejo de software especializado en gestión documental (Ingreso a base de datos; elaboración de selecciones documentales, recuperación de información)
3) Elaboración de resúmenes de documentos seleccionados por la unidad
4) Almacenamiento de documentación
Plan de trabajo
1) El convenimiento de la pasantía comprenderá el cumplimiento de un horario fijo, convenido con el/la pasante, de 20 horas semanales (4 horas diarias ajustables de acuerdo a posibilidades del/a pasante) a lo largo de un lapso mínimo de 3 meses y máximo de 6 meses.
Ofrecemos
1) Ambiente cordial de trabajo
2) Orientación personalizada
Interesados, enviar sus CV a [email protected]
El Programa de Difusión en Derechos Humanos de Provea se encuentra en la búsqueda de pasantes, estudiantes universitarios en las carreras Comunicación Social o Sociología. Entre las tareas a desarrollar se encuentra la recopilación, contraste, análisis y difusión de información sobre DDHH, jerarquizando los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) a través del Noticiero en Derechos Humanos y el Boletín «Derechos Humanos y Coyuntura».
Características del programa de pasantía
- Dirigido a insertar a futuros profesionales de las ciencias sociales y los medios de información al trabajo de organizaciones de derechos humanos;
- Alcanzar el cumplimiento de las metas de la Unidad de Información a través de la participación activa del/a pasante en algunos ámbitos estratégicos de una organización de derechos humanos;
Perfil del pasante
- Estudiante del 7mo. Semestre de carrera de comunicación social y/o sociología
- Manejo de Word, Outlook Express
- Abierto al aprendizaje de programas de edición web como Dreamwever
- Con disposición a la investigación
- Buena ortografía y redacción
- Interés por los Derechos Humanos
Actividades
- Realización de notas informativas diarias para el Noticiero en Derechos Humanos y el boletín “Derechos Humanos y Coyuntura
- Cooperación en la actualización de contenido de la página web
- Vinculación de la página de Provea con otros sitios web de derechos humanos
- Arqueo e ingreso sistemático de datos sobre derechos a la salud y a la vivienda de sitio web para construir componente comunicacional de las campañas en sitio web (objetivo 4);
- Revisión e Ingreso de datos de MMI, medios comunitarios y periodistas a matriz de directorio de medios
- Adelanto de tareas para la constitución de espacio comunicacional institucional
Plan de trabajo
- El convenimiento de la pasantía comprenderá el cumplimiento de un horario fijo, convenido con el/la pasante, de 20 horas semanales (4 horas diarias) a lo largo de un lapso mínimo de 3 meses y máximo de 6 meses.
Ofrecemos
1) Ambiente cordial de trabajo
2) Orientación personalizada
Interesados, enviar sus CV a [email protected] con copia a [email protected]
En el 2006 PROVEA dedicó su VII seminario de formación en derechos económicos, sociales y culturales sobre “El derecho humano a la salud: una visión integral”. Además de ser el derecho a la salud uno de los ejes de trabajo priorizados en nuestra organización, se ha convertido en uno de los ejes políticos priorizados por el gobierno venezolano mediante la política de las Misiones Barrio Adentro I, II y III.
Presentar estas memorias nos permite compartir una vez más lo aprendido en las dinámicas realizadas durante estos cinco días. Aunque la salud es un derecho que cuenta con un desarrollo normativo importante en la Constitución, nuestra aspiración es que sea verdaderamente una realidad para todas las personas y no se quede en el papel.
Para lograr esta aspiración, es importante que lo identifiquemos como un derecho humano fundamental que, además, se satisface con la realización de otros derechos económicos, sociales y culturales. Asimismo, para su efectiva vigencia y justiciabilidad es importante que actuemos ante las violaciones del derecho a la salud y hagamos ejercicio ante los órganos y entes del Estado de todas las acciones y herramientas que nos proporciona el Derecho.
Para descargar el texto completo de las memorias, en formato pdf, haga click aqui
El pasado 10.12.06, durante el Acto de su Juramentación como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el período 2007-2013, el primer mandatario resumió en cinco ejes, o cinco motores constituyentes, lo que será su política de gobierno para los próximos seis años.
El primero de los cinco motores lo constituye una ley de leyes, «ya la Presidenta de la Asamblea Nacional ha anunciado… la aprobación a mi solicitud para que esta ley se convierta en uno de los motores constituyentes, ley de leyes revolucionarias, madre de leyes, la Ley Habilitante».
El segundo lo constituye una reforma constitucional, «integral y profunda». «Le he solicitado cooperación a nuestra Presidenta Cilia Flores, para que ella presida y coordine la Comisión Nacional para la Reforma Profunda e Integral de la Constitución (…) Quedaron infiltrados muchos gazapos del viejo orden, del viejo régimen y otros elementos que no quedaron bien firmes, bien ajustados, bien alineados (…) Está viva la Cuarta República a esos niveles, vamos a demolerla compatriotas».
El tercer motor constituyente es una jornada nacional denominada «Moral y luces»: «Educación en todos los espacios. Educación moral, económica, política, social, mucho más allá de la escuela, en las fábricas, talleres, campos, nucleos endógenos. Una sacudida moral. Moral y luces deben ser los polos de nuestra República (…) invito a que lo asumamos todos con todo rigor, no sólo desde el Gobierno con los Ministerios de Educación, Educación Superior, de Cultura. Ellos estarán al frente, por supuesto. Pero todos debemos asumir esta Gran Jornada Nacional «Moral y Luces».
El cuarto eje es la modificación de la división político-territorial del país, «una nueva geometría del poder, una nueva manera de distribuir el poder político, económico, social y militar sobre el espacio (…) innovemos, busquemos una fórmula que se adecue mucho más a nuestra realidad y a nuestras aspiraciones».
El quinto motor constituyente es la creación y promoción del Poder Comunal, «progresivamente nosotros, el Poder Constituido, que es lo que somos, debemos ir transfiriéndole poder político, social, económico, administrativo al Poder Comunal para que marchemos rumbo al Estado social, al Estado comunal y salgamos de las viejas estructuras del Estado capitalista burgués que lo que hace es frenar los impulsos revolucionarios, terminan cerrándolos, terminan enterrándolos». (Ultimas Noticias, 11.01.07, pág. 26)
Un total de 27 ministerios forman el gabinete con el cual el presidente Hugo Chávez inicia su nuevo período constitucional. Dos nuevos despachos (Ministerio del Poder Popular para las Telecomunicaciones y Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas) se suman a los 26 que existían anteriormente, quedando vacante el Ministerio de Integración y Comercio Exterior tras la salida de Gustavo Márquez, por lo que se desconoce si desaparecerá o posteriormente será nombrado un titular para el cargo.
La presidencia de Chávez comenzó en 1999 con 14 ministerios más el despacho de la Vicepresidencia Ejecutiva, lo que representaba una disminución del aparato estatal, pues su predecesor, Rafael Caldera, contó con 21 carteras. Ocho años más tarde la cifra ha ascendido considerablemente, incorporando áreas que no estaban asignadas a ninguna dependencia gubernamental o deslindando materias antes fusionadas en un sólo despacho.
Adicionalmente, en esta nueva etapa sufrieron cambio de denominación dos despachos: Ministerio del Interior y Justicia (ahora Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia) y Ministerio del Trabajo (ahora Ministerio del Trabajo y Seguridad Social). Entre las novedades figura la creación de dos nuevos ministerios: Telecomunicaciones, el cual estará a cargo de Jesse Chacón; y el de Pueblos Indígenas, a cargo de Nizia Marina Maldonado.
En un acto celebrado en el Teatro Teresa Carreño, el Presidente juramentó su nuevo gabinete de ministros el pasado 08.01.07, correspondiente al período constitucional 2007-2013, para el que fue reelecto como Jefe de Estado el pasado diciembre de 2006.
El tren ejecutivo ha quedado conformado de la siguiente manera:
Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia
Pedro Carreño
Ministerio de Relaciones Exteriores
Nicolás Maduro
Ministerio del Despacho de la Presidencia
Hugo Cabezas
Ministerio de Comunicación e Información
Willian Lara
Ministerio de Defensa
Raúl Isaías Baduel
Ministerio de Educación
Adán Chávez
Ministerio de Educación Superior
Luis Acuña
Ministerio de la Cultura
Francisco Sesto
Ministerio de Deportes
Eduardo Álvarez
Ministerio de Ciencia y Tecnología
Héctor Navarro
Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables
Yubirí Ortega
Ministerio de Salud
Erik Rodríguez
Ministerio de Participación Popular y Desarrollo Social
David Velásquez
Ministerio de Alimentación
Erika Farías
Ministerio del Poder Popular para Pueblos Indígenas
Nizia Marina Maldonado
Ministerio de Infraestructura
José David Cabello
Ministerio del Poder Popular para las Telecomunicaciones
Jesse Chacón
Ministerio de la Vivienda y el Hábitat
Ramón Carrizalez Rengifo
Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social
José Ramón Rivero
Ministerio de Economía Popular
Pedro Morejón Carrillo
Ministerio de Energía y Petróleo
Rafael Ramírez
Ministerio de Industrias Básicas y Minería
José Khan
Ministerio de Agricultura y Tierras
Elías Jaua
Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio
María Cristina Iglesias
Ministerio del Turismo
Olga Cecilia Azuaje
Ministerio de Planificación y Desarrollo
Jorge Giordani
Ministerio de Finanzas
Rodrigo Cabezas
Vicepresidencia Ejecutiva de la República
Jorge Rodríguez
