Del 05 al 18 de diciembre 2006
Boletín electrónico Nº 179
NÚMERO ESPECIAL
NOTA DE PRENSA
CONTEXTO DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
BALANCE DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
El balance que se presenta a continuación es el resumen de un análisis sobre la situación de derechos humanos que Provea presenta en esta 18ª edición de su Informe anual.
Para evaluar la situación de los derechos humanos, tanto de los derechos económicos, sociales y culturales, como de los derechos civiles y políticos es imprescindible no solamente describir las violaciones a estos derechos sufridas por personas o sectores de la población, sino también analizar las acciones emprendidas por el Estado. La pretensión no se limita a una recopilación de violaciones ni tampoco pretende abarcar de manera exhaustiva la totalidad de las faltas por parte del Estado venezolano. Si bien se toman en cuenta estos aspectos, también se presentan los resultados del análisis de las políticas implementadas por las autoridades, con la intención de señalar los errores o aciertos en la responsabilidad estatal en la materia, derivada de las disposiciones contempladas en los diferentes tratados y convenios de derechos humanos y en el derecho interno venezolano.
Las fuentes para este análisis fueron, en parte, testimonios de víctimas y familiares e incluso en algunos casos de victimarios, así como el seguimiento, monitoreo y estudios profundizados de estadísticas y medidas estatales efectuado por investigadores especializados en su área.
Al igual que en años anteriores, también en este aspiramos con esta tarea a contribuir a alimentar el debate sobre la real vigencia de los derechos humanos en el país.
En relación con el derecho a la alimentación se reflejaron pocos cambios respecto al lapso anterior. Los datos oficiales disponibles indicaron que hubo un leve descenso de los índices de desnutrición, especialmente en la población infantil. Sin embargo, estos índices no equivalen a una mejoría clara; la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) sigue ubicando a Venezuela entre los países con el peor desempeño en materia de desnutrición en América Latina con un porcentaje de 18% de personas desnutridas equivalente a 4.700.000 personas, estando muy encima del promedio que existe en América Latina y el Caribe.
Entre 2004 y 2005, los indicadores oficiales de desnutrición en niños menores de 5 años se comportaron de la siguiente manera: la desnutrición global varió de 5,19% a 4,64%, la desnutrición crónica de 12,52% a 11,77%, la desnutrición aguda de 4,05% a 3,77% y el sobrepeso de 3,11% a 3,31%; a excepción de la desnutrición crónica, estas cifra no demuestran un cambio sustancial con relación a lo existente en 1999.
Se mantuvieron las denuncias sobre niños y niñas fallecidos a consecuencia de la desnutrición, particularmente en poblaciones indígenas, aunque la mortalidad por desnutrición mejoró levemente respecto al año 2003: en el grupo de menores de 1 año, de 448 muertes en 2003 pasó a 279 en 2004 y en el grupo entre 1 y 4 años, de 359 muertes en 2003 a 220 en 2004. Cabe señalar que no se pudo acceder a indicadores tradicionales tales como el bajo peso al nacer y los índices de anemia.
En 2005, tanto fuentes públicas como privadas coinciden en el aumento del consumo de proteínas por parte de la población. También reconocen que los venezolanos consumen en general más alimentos (crecimiento del 9%), en parte atribuible a la cobertura del costo de la canasta básica posibilitado por los aumentos del salario mínimo, que mejoró la capacidad adquisitiva, especialmente del sector social perteneciente al estrato E.
Continúa siendo tema de preocupación el crecimiento real de la producción nacional de alimentos, lo que afecta la seguridad alimentaria del país. La producción nacional presentó un comportamiento irregular, creciendo en algunos rubros (raíces y tubérculos, hortalizas etc.) y bajando en otros (cereales, pesquero, sorgo, arroz, etc.). La continua escasez de algunos alimentos obligó a acudir a las importaciones, las cuales se incrementaron en un 31,10% al pasar de 486 millones de dólares a 638 millones.
En torno al derecho al ambiente sano, en el período analizado, siguen siendo muchas las demandas por satisfacer. Los indicadores de la calidad de los distintos medios (aire, agua, suelo) no han registrado mejoras sustanciales.
En materia legislativa se han adelantado discusiones en la AN acerca de la Ley Orgánica de Conservación del Ambiente pero se desestimaron las observaciones formuladas por las organizaciones de la sociedad civil. Por otro lado, se postergó la Ley Orgánica de Planificación y Gestión del Territorio.
Se considera positiva la Misión Árbol como un plan establecido para luchar contra la deforestación (140.000 ha. anualmente) producida por la ampliación de la frontera agrícola y los incendios, así como por la falta de control ambiental.
Se incrementó la inversión pública destinada a los proyectos de saneamiento de agua, por lo que el Ministerio del Ambiente destinó el 40% de su presupuesto a la ejecución de obras. Sin embargo, ello no impidió nuevamente el incremento incontrolado de la especie vegetal Lenteja Acúatica (lemna) que llegó a cubrir el 20% de la superficie del Lago de Maracaibo, en el Edo. Zulia y la reaparición de la bora en el embalse de La Mariposa, en el Edo. Miranda. Igualmente se registraron muchas denuncias sobre derrames petroleros y sobre contaminación de agua por falta de tratamiento, lo que vuelve a reiterar la necesidad de establecer un plan nacional de inversión para la recuperación y protección integral de los cuerpos de agua más emblemáticos.
Como en años anteriores, siguen siendo temas de preocupación la contaminación atmosférica generada por proyectos energéticos que provocaron lluvias ácidas que acabaron con sembradíos, al igual que el poco mantenimiento del parque automotor, especialmente en las grandes ciudades y la deficiente supervisión de las autoridades sobre este aspecto. El problema de la basura, en particular en la región metropolitana de Caracas, y la prestación del servicio de recolección se agravaron. Persistió el problema de la contaminación de los principales niveles de la cadena trófica (suelos, aguas, vegetales, animales y seres humanos) por el uso de plaguicidas y/o agroquímicos, en particular en la región de los Andes y de los Llanos. Los Parques Nacionales siguieron presentando problemas de control y monitoreo.
Finalmente, destaca también como negativa la limitación que tienen las comunidades para proteger sus derechos ambientales debido a la falta de un plan de controlaría social y de fortalecimiento de organizaciones de base como las Mesas Técnicas de Agua.
Con respecto al derecho a la educación, la disponibilidad de establecimientos educativos, se incrementaron en 3 % con respecto al lapso anterior, correspondiente a 727 nuevos planteles. A pesar de este avance sigue registrándose falta de escuelas o secciones, principalmente en el nivel preescolar, en determinadas zonas del país o para ciertos grupos poblacionales discriminados.
También hubo aumento en los planteles y servicios destinados a los alumnos con condiciones de salud especial, necesidades especiales o condiciones étnicas. No obstante, persiste el déficit en la modalidad de educación especial, reconocido por las mismas autoridades.
En relación con los indicadores que dan cuenta de la inversión educativa, creció en 4,1% el gasto público real en educación por habitante con respecto al 2004, muy por debajo del incremento del 31,1% que había tenido en ese período con respecto al 2003; descendió el gasto público en educación como porcentaje del PIB, para ubicarse en 4,2%, mientras que en 2004 fue de 5,3%; también descendió el gasto público en educación como porcentaje del gasto social a 38,3 %, siendo 43,3% en el lapso anterior y el gasto público real en educación creció solo 7,5%, muy por debajo del 33,4% del lapso anterior.
El nivel de preescolar tuvo, por segundo año consecutivo, un incremento de 7,5% en su matrícula, lo cual es considerado positivo dado que se superan las Metas del Milenio (crecimiento interanual de 5%). Sin embargo, según cálculos de estimación, alrededor de 600.000 niños y niñas en edades entre 3 y 5 años están todavía afuera de las aulas.
El nivel de educación básica también creció en términos globales (0,8%) pero a un ritmo menos elevado que en el lapso anterior (1%). Adicionalmente, la matrícula de la I y II etapa (1° a 6° grado) no logra superar la cifra del período 2001-2002. El nivel de educación media nuevamente observa un incremento importante (9,1%) de la matrícula en términos absolutos. A pesar de representar un importante avance, no se debe olvidar que el nivel de exclusión sigue siendo alto, con aproximadamente 1.100.000 alumnos de estas edades que estarían desescolarizados.
Los sectores populares continúan siendo la población con menos acceso a la educación superior, según demuestran varias investigaciones. De 500.000 bachilleres que presentaron la Prueba de Aptitud Académica, solo 230.000 entrarán en educación superior. Por otra parte, al igual que años anteriores, se mantuvo la no-discriminación por razones de sexo hasta la educación media, a partir de la cual la proporción de matriculados varones con respecto a las mujeres es de 73,6 varones por cada 100 mujeres.
Los porcentajes de repitencia continuaron su tendencia a la disminución. El global descendió de 8,1% a 7,6%. El del 1° grado pasó de 11,9% a 11,1% y el de 7° grado de 13,3% a 12,5%. Cabe señalar que el global y los del 7° grado son los más bajos de la década. En relación con ese tema, el Ministerio de Educación y Deportes (MED), derogó una norma que permitía reparar materias solo a los bachilleres que tenían 50% de las materias aprobadas. Sin embargo, esta nueva disposición no fue comunicada a tiempo a los planteles para ser aplicada este año.
En relación con la prosecución escolar, al considerar el lapso desde 1er grado hasta 9°, este índice mejoró desde una prosecución de 44% para el período 1999-2000 a una prosecución de 61% en el período 2003-2004. Esto significa que actualmente culminan el noveno grado 61 alumnos de los que ingresaron a primero. Destacamos como positivo que para el 28.10.05, 1.485.543 adultos aprendieron a leer y escribir a través de la campaña Misión Robinson I de los cuales 1.452.542 están cursando la Misión Robinson II destinada a que esta población concluya su educación básica.
En relación con los derechos laborales, durante el período 2005-2006, continuó la tendencia a la disminución del desempleo. Para julio del 2005, la tasa de desempleo se ubicaba en 12,6% mientras que en el mismo periodo en 2006 era de 9,6%. La Población Económicamente Activa (PEA) de Venezuela representa 66% de la población total mayor de 15 años, es decir 12.280.195 personas, lo cual corresponde a un leve aumento de 0,2%.
La economía informal (46,5% en julio 2006 en contraposición con 47,3% en julio 2005) viene, por tercer año consecutivo, cediendo terreno a la economía formal (53,5% en julio 2006 y 52,7%). Parte del retroceso observado desde 2005 se debe a un cambio en el método de cálculo, pues el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) incluye en su cálculo del sector formal a las personas que trabajan en empresas de menos de 5 empleados.
Estos avances no corresponden en gran parte al disfrute de un empleo decente. Fuentes privadas estiman que el desempleo abierto se estima en 70% de la población; según fuentes oficiales, el 43% de los trabajadores percibían remuneraciones inferiores al salario mínimo (SM). Mediante decreto presidencial se dictó en dos oportunidades un aumento salarial. Con ello, el SM excede en 7% el valor de la Canasta Alimentaria Normativa (CAN).
Continúa presentándose discriminación por género. Por un lado, el 61,8% de las mujeres perciben un sueldo inferior al SM; por el otro, de cada 10 mujeres que buscan trabajo, 4 están efectivamente trabajando; mientras que de cada 10 hombres en iguales circunstancias, lo están 7.
Destaca como medida positiva la implantación de la solvencia laboral implementada por decreto del Ejecutivo Nacional del 02.02.06. La misma es un documento que indica que el patrono cumple con sus obligaciones legales relacionadas con los derechos laborales de los trabajadores. Por otra parte, el gobierno nacional extendió por 9ª y 10ª vez la inamovilidad laboral hasta el 31.03.07, ofreciendo mayores garantías jurídicas para defender el derecho al empleo.
Durante el período analizado, se intensificaron los conflictos laborales principalmente relacionados con el otorgamiento de puestos de empleo en el sector petrolero y en las industrias básicas. Las pugnas entre sindicatos para la obtención de empleos en esas industrias cobraron hasta diciembre 2005 la vida de al menos 45 personas, lo que da cuenta de la desesperación de amplios sectores para obtener un empleo y la falta de transparencia en la adjudicación de los mismos.
En relación con la libertad sindical, se observaron algunas medidas declarativas positivas por parte del Estado sobre el tema de la interferencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) en las elecciones sindicales, siendo esto considerado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como una violación del Convenio N° 87 sobre Libertad Sindical. Estas fueron las declaraciones del Presidente de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Director General del Minfra admitiendo la legitimidad de la organización de las elecciones sindicales sin la supervisión del CNE. Sin embargo, no se produjo hasta la fecha del cierre de este Informe ningún pronunciamiento judicial sobre ese tópico. En los hechos, se manifestó una injerencia indebida del CNE, la cual tuvo una repercusión negativa en la celebración de algunos convenios colectivos, especialmente con organizaciones sindicales no alineadas con el gobierno. A pesar del incremento del registro de sindicatos, se produjo un debilitamiento de las organizaciones sindicales quienes tuvieron poca participación e impacto en el diseño de políticas asociadas al mundo laboral. El debate sobre el diálogo tripartito se ha trasladado a los espacios de la OIT, la cual a través del Comité de la Libertad Sindical, exhortó al Estado a reanudar el proceso de negociación con las organizaciones sindicales más representativas en los distintos sectores.
Se constataron avances en la estructura gubernamental encargada de supervisar y mejorar las condiciones y medio ambiente en el trabajo, aunque se registraron accidentes laborales en el sector petrolero que no han sido debidamente investigados. En lo referente al trabajo infantil, no se han registrado avances significativos.
La diferencia entre el discurso y la realidad continuó caracterizando la actuación de las autoridades en relación con los derechos de los pueblos indígenas. Poco fueron los impactos positivos, salvo algunas excepciones. El 08.12.05, el gobierno aprobó la Ley Orgánica de los Pueblos Indígenas y Comunidades Indígenas (LOPCI) que establece las normas para la demarcación del hábitat y de las tierras indígenas, pero el retraso en esta demarcación persistió y tuvo que ser paralizada a raíz de una petición de los mismos indígenas para revisar algunas de estas normas. El Estado permanece ineficiente en la resolución de conflictos entre indígenas y pisatarios, o entre indígenas y ganaderos y persiste el otorgamiento de concesiones mineras, forestales o petroleras en territorios indígenas que ponen en peligro su supervivencia, así como los anuncios de planes que afectarán territorios indígenas sin la debida consulta con estos pueblos.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) calculó que alrededor de 90% de la población indígena en Venezuela vive en condiciones de pobreza, víctima de la ausencia de servicios básicos. Esta situación se agravó con el resurgimiento de enfermedades como la malaria, tuberculosis, hepatitis B, diarrea y cólera así como desnutrición infantil.
El traslado de la Misión Guaicaipuro en noviembre 2005 al Minpades, así como la cantidad de instituciones creadas desde hace 7 años para encargarse de los derechos de estos pueblos, impiden predecir o evaluar con eficiencia la articulación de políticas en materia de salud y educación.
Resalta como positivo el impulso desde la Oficina de Salud Indígena de Minsalud, la creación de oficinas en los principales hospitales del país de los estados con población indígenas, así como la implementación de las misiones Selva Adentro, Caño Adentro, Sabana Adentro y Laguna Adentro, pero continúa la necesidad de implementar políticas para impedir la desaparición de los idiomas ancestrales, a pesar de que se adelantan algunos programas y una serie de actividades para fortalecer la educación indígena. Al menos 4 indígenas murieron ejecutados por militares en un operativo del Teatro de Operación N°5 destinado a poner fin a las actividades de los mineros en la zona de La Paragua, en el Edo. Bolívar. Las comunidades indígenas denuncian la actuación de los efectivos del TO N°5 pues además de los atropellos en su contra no responden a las denuncias de daños ambientales que afectan sus territorios.
La situación del derecho a la salud no mostró variaciones relevantes salvo la ampliación de la cobertura y universalización de los servicios de asistencia de salud y especialmente del servicio de atención primaria mediante la Misión Barrio Adentro.
El Ministerio de Salud y de Desarrollo Social (MSDS) nuevamente efectuó cambios en su organigrama por lo que se conformó el Ministerio de Salud (MINSA) y el Ministerio de Participación Popular y Desarrollo Social (Minpades), revelándose falta de claridad política en torno al modelo de gestión del Sistema Público Nacional de Salud (SNPS). Cabe señalar que la inversión pública en salud como porcentaje del PIB creció levemente pero disminuyó el porcentaje de ella en relación con el gasto público social pasando de 13,3% a 12,8%. En cuanto al presupuesto del MINSA en relación al presupuesto nacional, se confirmó la tendencia al descenso observada desde 2000 para ubicarse a su nivel más bajo con 5,07% en los últimos 7 años. A esta negativa tendencia debe sumarse la disparidad de la distribución de los recursos existentes entre las entidades federales.
En el ámbito legislativo preocupa la mora de 6 años en la aprobación de la Ley Orgánica de Salud así como la variedad de proyectos que se intentó aprobar, todos elaborados con poca consulta social.
Como se viene señalando en informes anteriores, la ampliación de la cobertura de los servicios de asistencia a la salud y en particular de los servicios de atención primaria mediante la Misión Barrio Adentro, es el componente del derecho a la salud que presenta más avances. No obstante, preocupa que la construcción de la red de medicina familiar, de medicina diagnóstica y de medicina clínica hospitalaria de Barrio Adentro avance en paralelo al mantenimiento de la red pública asistencial. Los ambulatorios y hospitales de la red tradicional siguen en crisis, con fallas persistentes que afectan las garantías de gratuidad y calidad de los servicios. El desabastecimiento de los insumos básicos e insumos médico-quirúrgicos, la falta de medicamentos, el deterioro de los equipos médicos o la carencia de ellos son, entre otros, los factores que siguen propiciando el cobro indirecto de los servicios y el mantenimiento de largas lista de espera para optar a intervenciones quirúrgicas y/o realización de exámenes médicos especializados.
La morbilidad continuó afectando a los sectores de la población expuestos a malas condiciones de vida, hábitat y medio ambiente, especialmente en zonas urbanizadas sin infraestructura de servicios y zonas rurales donde la distribución de agua potable es deficitaria, siendo los sectores más vulnerables la población infantil y de adultos mayores y afectando gravemente a los pueblos indígenas. La prevención de enfermedades infecciosas presentó avances y reveses. Entre los avances se encuentra un descenso en los casos de malaria: de 46.244 en 2004 se registraron 45.328 casos a finales de 2005; en contraste, el dengue presenta un repunte; y pese a un leve retroceso (de 25,1 casos por 100.000 habitantes en 2004 a 24,9 en 2005) la tuberculosis se ha convertido en una enfermedad emergente, especialmente en el Distrito Federal, en el Edo. Delta Amacuro y en el Edo. Amazonas, siendo nuevamente las más afectadas las poblaciones indígenas (168,5 por 100.000 habitantes). En la prevención de estas enfermedades, la cobertura de vacunación no logró alcanzar los 95% necesarios para evitar el resurgimiento de brotes pasados.
La mortalidad infantil presentó una disminución de 1 punto al presentar en 2004 17,5 por 100 nacidos vivos registrados (NVR) en contraste con los 18,5 de 2003.
En cuanto a la obligación del Estado de satisfacer y garantizar el derecho a la seguridad social, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) continuó cancelando a tiempo las pensiones de vejez y reduciendo el total de las deudas a los pensionados y jubilados. En 2006, el presupuesto del IVSS se incrementó de 1,3 billones de bolívares, lo cual confirma la tendencia hacia el aumento observada desde 1999. Este incremento puede explicarse por la exigencia establecida a todas las empresas de estar al día con la cancelación de las cotizaciones, si deseaban obtener la solvencia laboral. Esto impulsó en un año las empresas afiliadas al IVSS de 296.700 a 322.380 y el número de personas afiliadas de 2.471.523 a 3.154.336. Pese a estos aspectos positivos, el Plan de Contingencia establecido en 2003 para incluir mensualmente un promedio de 30.000 pensionados no fue alcanzado en estos dos últimos años, obligando a la institución a disminuir drásticamente su meta para todo el año 2005, en solo 50.000 pensionados, que sí fue alcanzada.
En el terreno judicial, el gobierno de Venezuela honró su acuerdo amistoso con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que estipulaba el pago de la nueva deuda acumulada a los pensionados y jubilados de Viasa, es decir 2,95 billones de bolívares. Sin embargo, más de 3.500 ex-trabajadores de la CANTV siguen esperando la cuantificación de sus retroactivos pese a que el 14.07.06 el juzgado V de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la área metropolitana de Caracas ordenó a esta empresa cancelar a partir del 01.09.06 el equivalente del salario mínimo a los pensionados.
La Asamblea Nacional (AN) continúa en mora en su deber de adoptar e implementar las disposiciones legales destinadas a desarrollar las instituciones regidas por la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (LOSSS), la cual fue aprobada en diciembre de 2002, quedando pendientes las leyes de salud y pensiones y otras asignaciones económicas. Como medida positiva, con el decreto N° 4.269 se establecen las condiciones mediante las cuales las personas que no tienen el número de cotizaciones necesarias para cobrar sus pensiones puedan regularizar su situación.
En relación con el derecho a la tierra, en el período se profundizó el proceso de reforma agraria a través de la distribución de cartas agrarias, si bien a veces fueron otorgadas arbitrariamente por el Instituto Nacional de Tierra (Inti), aumentando los conflictos relativos a la tierra. Fueron entregadas 3.000 cartas agrarias por un total de 256.386,24 ha., beneficiando a 139.831 productores y fueron otorgadas arbitrariamente por el Instituto Nacional de Tierra (Inti), aumentando los conflictos relativos a la tierra. Fueron entregadas 3.000 cartas agrarias por un total de 256.386,24 ha., beneficiando a 139.831 productores y fueron creados 76 Fundos Zamoranos. Con respecto al combate contra el latifundio, el Inti aumentó entre agosto 2005 y mayo 2006 a 500 los procesos de rescate de tierras para un total de 1.316.000 ha.. Hubo manifestaciones de voluntad política de llegar a acuerdos con los presuntos propietarios, pero en pocos casos se concretó el diálogo, y fueron escasos los resultados positivos para los afectados. Fueron tomadas varias medidas en contra de los terratenientes en procesos algunas veces inconstitucionales y algunos gobernadores sobrepasaron sus competencias, lo que incluyó a veces el uso de la fuerza pública, para ayudar el Inti a implementar aquellas medidas.
El gobierno reconoció el relativo fracaso de los Fundos Zamoranos, principal bandera de la reforma agraria, evidenciándose una mala gestión en esta materia, así como la poca transparencia de las políticas y la falta de seguimiento a los proyectos agrícolas. Muchos de los beneficiarios se quejaron del pesado aparato administrativo y denunciaron irregularidades en la adjudicación de tierras, así como cuestionaron el destino final de algunos recursos financieros. Se abrieron procesos judiciales y se adelantaron algunas investigaciones al respecto. 19 personas fueron responsabilizadas en el caso de corrupción en el Complejo Agroindustrial Azucarero Ezequiel Zamora (CAEEZ) y la directiva de Fondafa presentó 402 denuncias contra productores por desvío de fondos que se destinaron a otros usos distintos a las actividades agrícolas.
Pese a la importante inversión del Estado en la reforma agraria, la creación de miles de cooperativas y la importancia acordada por el gobierno a esta iniciativa, la superficie de las tierras cosechadas aumentó solo en un 9% en los últimos 5 años y la producción nacional sigue siendo insuficiente.
Con respecto al marco legislativo, se reformó la Ley de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas. El Seniat sugirió reformar la Ley de Tierras y Desarrollo Agrícola (LTDA) a raíz de la imposibilidad de cobrar los impuestos sobre las tierras ociosas dadas las condiciones actuales, pese a observarse algunas mejoras en el Registro Tributario de Tierras. La permanencia de las políticas y proyectos se dificulta a raíz de los cambios de ministros en el Ministerio de Agricultura y Tierra, y de directores en el Fondafa y en el Inti. Continuaron sin cumplirse algunas sentencias favorables a los propietarios de tierras afectados por el Inti contra quien se interpusieron en 2005 61 acciones judiciales tanto en el TSJ como en tribunales superiores agrarios.
5 campesinos fueron asesinados en actos de sicariato. El gobierno no honró su compromiso con las organizaciones campesinas de investigar y sancionar estos crímenes y la impunidad sigue vigente con respecto a los asesinatos anteriores.
Con respecto al derecho a una vivienda adecuada, los problemas existentes se agravaron en el presente lapso. El déficit de vivienda aumentó a raíz de las fuertes lluvias afectando principalmente a las construcciones ubicadas en terrenos inestables. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el déficit supera la cantidad de 1.800.000 viviendas, mientras que 60 % de las viviendas existentes necesitan una ampliación o una remodelación. Sin embargo, el Programa de Naciones Unidas UN-Hábitat calcula el déficit en 3 millones de viviendas, incluyendo las viviendas en necesidad de mejoramiento, lo que afecta a 13 millones de habitantes. Para paliar esta carencia, el gobierno ha previsto la construcción de 150.000 viviendas para el año 2006, pero a final del primer semestre, tan sólo habían sido construidas 35.000. Las cifras del INE indican que de las 5.175.130 viviendas existentes en Venezuela, 3,3% no tienen servicio eléctrico, a 14,5% no se le abastece con agua potable y 31,9% no tiene poceta conectada a las cloacas. En las viviendas tipo rancho, este porcentaje se convierte respectivamente en 18, 4%, 41,9% y 81,5%.
Destaca la constitución de los Comités de Tierras Urbanas (CTU), como un proceso organizativo que propicia la participación protagónica de las comunidades para la producción de vivienda, a quienes les fueron otorgados 40.833 títulos de propiedad urbana. Sin embargo, se conocieron varias denuncias importantes con respecto a la seguridad jurídica de la tenencia. En los casos de Ciudad Miranda y Juan Crisóstomo Falcón se presentaron irregularidades en la adjudicación de inmuebles y casos de corrupción en la entrega de los mismos. El caso de la Urbanización Nueva Tacagua manifiesta la inseguridad jurídica en la que se encuentran las personas que tienen certificado de adjudicación pero no poseen los títulos de propiedad.
Continuaron presentándose desalojos, muchas veces nocturnos, sin que se ofrezcan alternativas a los ocupantes y en algunos casos haciendo uso excesivo y abusivo de las fuerza por parte de los efectivos policiales. El TSJ declaró inadmisible por ininteligible un amparo constitucional interpuesto por la Fundación Nacional de los Sin Techo sin pronunciarse sobre el fondo, en un caso donde se denunciaba una práctica de desalojo nocturno.
En cuanto a las normas legislativas, cabe señalar como un avance significativo la aprobación de la Ley Especial de Regularización de la Tierra Urbana y Cogestión Integral, en la medida en que asegura la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra donde las familias construyeron sus viviendas.
En relación con los alquileres, se extendió por 6 meses la congelación de los mismos. Esta medida, aunque percibida como una política pública positiva tuvo efectos contradictorios, pues los propietarios prefirieron retirar los inmuebles del mercado, lo cual impulsó la suba de los precios de los alquileres de las nuevas unidades ofertadas.
Respecto a los derechos al asilo y al refugio, la situación de violencia en la frontera colombiana por la presencia de actores armados y el comercio ilícito entre otras causas, generaron discriminación y criminalización de las Personas en Situación de Refugio (PSR).
El Estado brindó como respuesta la militarización de las fronteras a través de los Teatros de Operaciones la cual conllevó a violaciones de derechos humanos, aumentando las presiones sobre las autoridades para reactivar la suspensión de las garantías como solución a los problemas de inseguridad que afectaron a los pobladores. En relación a ello, cabe señalar como positivo el reconocimiento por parte de algunas autoridades, de su negativa a aplicar estas medidas.
Se han evidenciado avances en el funcionamiento de la Comisión Nacional para los Refugiados (CNR) con respecto a sus secretarías técnicas, así como se ha demostrado un mayor acceso de los solicitantes al procedimiento y la organización de jornadas de recepción de solicitudes y operativos en zonas alejadas de las ciudades facilitó también este acceso.
No obstante, llama la atención la diferencia entre las cifras de la CNR y las del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) quienes estiman en 13.316 los solicitantes de refugio desde 2005 hasta el cierre del presente Informe mientras según la CNR se recibieron 2.060 solicitudes, de las cuales 1.561 están en estudio.
También preocupa la acumulación de solicitudes, con una decisión sólo en el 23% de los casos registrados. También persiste la demora en la entrega adecuada de documentos a estas personas en el plazo legal, lo que entre otras causas impidió el acceso de varias de ellas a las misiones implementadas en materia educacional. La consecuente vulnerabilidad puso a los supuestos indocumentados en situaciones de extrema explotación laboral, en especial en los casos de los indígenas de la etnia Wayuu procedentes de Colombia que pese a estar en su tierra ancestral son considerados extranjeros.
Finalmente, se conocieron varios planes, tales como el acuerdo con ACNUR para la creación de una red en el Edo. Zulia que busca integrar los solicitantes de refugio en los programas existentes y la existencia de un plan de atención en casos de afluencia masiva.
En relación con el derecho a la integridad, Provea registró un total de 201 denuncias de casos, colectivos e individuales, de violaciones a este derecho, que afectaron a 1.478 personas, lo cual denota un aumento del 84,75% en comparación con los 293 casos del período pasado, cuando fueron afectadas 800 personas.
Este aumento sólo se presentó en uno de los cinco patrones analizados. El patrón de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes registró un incremento alarmante del 177,13% mientras el patrón de tortura disminuyó en un 38,71%, el de heridos por armas de fuego en un 48,33%, el de allanamientos ilegales en un 70,27% y finalmente el de amenazas y hostigamientos en un 79,55%.
Se reportaron 2 casos donde las víctimas fallecieron a consecuencia de las torturas recibidas sumándose a las cinco personas que perecieron como consecuencia de los malos tratos recibidos.
46 de los 126 cuerpos de seguridad existentes en Venezuela fueron denunciados. Los cuerpos del ámbito nacional son responsables del 31,34% del total, y destaca la GN con 883 víctimas. Las policías regionales agruparon responsabilidad en 93 casos (46,27%). Entre ellas, la PE de Aragua presentó el mayor número de denuncias con 46 víctimas, y repite por cuarto año consecutivo como el organismo policial más denunciado. Las policías municipales fueron señaladas en el 13,93% de los casos registrados y las acciones conjuntas con la GN y otros cuerpos de seguridad arrojaron un saldo de 66 víctimas.
Las tres entidades federales que concentraron el mayor número de víctimas fueron Caracas con 481 (32,54%), el Edo. Zulia con 370 (25,03%) y Aragua con 135 (9,13%).
Con respecto al derecho a la justicia, a un año y medio de la aplicación del Plan Para la Transformación Estructural y Modernización del Poder Judicial, no se han revertido los problemas estructurales que afectan el Sistema de Administración Judicial (SAJ) siendo esta institución del Estado venezolano la segunda peor evaluada subjetivamente por los venezolanos.
Nuevamente se respetó la asignación mínima del 2% del Presupuesto Ordinario Nacional al presupuesto del SAJ, incrementándose a 2,67% en relación al lapso anterior (2,49%), Sin embargo, esto no trajo mejoras sustanciales en los servicios pues los recursos se concentraron en los gastos recurrentes de personal y mantenimiento.
Desde la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica del TSJ, se incrementó el número de magistrados de 20 a 32, pero 50% de las nuevas designaciones recayeron en personas que habían desempeñado cargos previos en posiciones alineadas con el gobierno, tenían sanciones previas de destitución de otros cargos o habían sido reprobadas en otros concursos, poniéndose en tela de juicio la independencia del Poder Judicial y los estrictos criterios de selección para ocupar cargos en el máximo tribunal. Destaca como positivo que a finales del cierre de este Informe la provisionalidad de los jueces se redujo a un 33,3% en comparación con el 80% a principios de enero 2005. Sin embargo, parece difícil cumplir con las metas de titularidad de 90% a fin del 2006. Preocupa que el Programa de capacitación para la regularización de la titularidad resulte en un curso de capacitación de 72 horas.
No se produjeron mayores avances en relación con el retardo procesal, especialmente en los tribunales de primera instancia en función de control en materia penal (761,7 asuntos ingresados por juez), en la primera instancia de las jurisdicciones civiles (450,5 por juez) y en materia de la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente (567,8 por juez). Preocupa que los planes de reforma del Poder Judicial se dedicaran más a adquirir sedes en lugar de aumentar el número de jueces.
Se aprobó en segunda discusión en la AN la Ley de Defensa Pública, que adscribe el Servicio Autónoma de Defensa a la Defensoría del Pueblo conculcando la independencia y la autonomía de esta institución y como tal, las garantías procesales. Persistieron las dilaciones de los juicios denunciados por su connotación política, especialmente a dirigentes de la oposición política.
Para garantizar el acceso de la justicia se contempló el Proyecto «Casas de Justicia» pero al cierre de este Informe no se había construido ninguna de ellas.
Se sigue cuestionando la actuación del Defensor del Pueblo, quien en varias oportunidades volvió a asumir un rol de justificación y de defensa de actos de gobierno y de desdescalificación de la oposición en lugar de presentar una clara y firme actuación frente a casos de violaciones de derechos humanos.
Finalmente, la corrupción del SAJ se evidenció con la pugna ocurrida entre el Ministro de Interior y Justicia y el magistrado Velásquez Alvaray, antiguo miembro del partido de gobierno, en la licitación ilegal de unos terrenos de Ciudad Lebrun (Caracas), pero que no culminó en ninguna investigación a pesar de las denuncias que originaron la remoción del magistrado.
En el período investigado, se observó un deterioro del ejercicio de la libertad de expresión e información con el agravante de que se produjo la muerte de 3 trabajadores de la prensa. Hubo un aumento del 56,67% en el número de violaciones. Se conocieron 142 casos, 65,12% más que en el período anterior (86). Registramos igualmente un aumento en las víctimas contabilizadas en estos casos: 205 víctimas en este período en relación con las 111 registradas en el período anterior, para un incremento del 84,68%. Entre éstas, el 48,29%, correspondió a periodistas de calle. También fueron más frecuentes los ataques a los medios de comunicación como ente colectivo y hubo medidas de censura, tal como la prohibición de exposición de las actas del expediente sobre el asesinato del fiscal Danilo Anderson.
El patrón que se observó con mayor incidencia, intimidación, ocurrió en 51 oportunidades, empleado por gobernadores, alcaldes, concejos legislativos y hasta por el Presidente de la República. Con respecto a los victimarios, el 70% de los casos corresponden a acciones ejecutadas por agentes estatales, encabezada por las instancias judiciales quienes fueron los medios privilegiados para acusar a algún trabajador por delito de opinión, obviando los mecanismos de réplica y respuesta.
Destaca este año que las agresiones no son consecuencia exclusiva de la polarización política.
Nuevamente, las prohibiciones o limitaciones, especialmente en los hospitales y tribunales, a la circulación de periodistas restringieron e intimidaron la labor de los periodistas. Por otra parte, 7 fueron los medios cerrados temporalmente en el Edo.Bolívar por el Seniat con medidas consideradas discriminatorias en tanto afectaron exclusivamente a medios independientes o de oposición.
En el derecho a la libertad personal se registraron 1.928 detenciones arbitrarias, lo que representa una disminución del 30,02% en relación al período anterior. Entre las víctimas de detención arbitraria destacan 156 estudiantes, 32 campesinos, 13 sindicalistas y 9 simpatizantes de la oposición.
Al igual que en años anteriores, el mayor número de denuncias se concentró bajo el patrón de detenciones masivas: 77,8% (1.501 casos), con una disminución del 39,20% con respecto al lapso anterior (2.541). Las detenciones individualizadas también presentaron un retroceso al pasar de 116 a 91 hasta septiembre de 2006. En contraste con esta disminución, las detenciones en manifestaciones registraron un incremento del 241,98% al pasar de 81 a 277, siendo esta cifra la más alta observada en los últimos 6 años.
Las víctimas de desaparición forzada (15) presentaron un leve descenso: 11,76% frente a los 17 del lapso anterior, por lo que ese patrón continúa siendo calificado como grave. El cuerpo más denunciado por este delito fue el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), con 6 y las Policías Estadales registraron 6 (donde destaca la Policía del Edo. Portuguesa con 2). Las policías municipales fueron responsables de 2, todas realizadas por funcionarios de la Pol. Mcpal. de Lagunillas (Edo. Zulia).
En cuanto a la responsabilidad de los cuerpos de seguridad según patrón, las policías regionales fueron las más denunciadas por detenciones masivas (69,97%), ocupando el primer lugar la PE Carabobo con 521 víctimas. En detenciones individuales también las policías regionales registraron la mayor cantidad de denuncias (42,86% del total ocurridas bajo este patrón); la PE Aragua fue la más denunciada con 23 (25,27%). Los cuerpos de seguridad del ámbito nacional detuvieron a 68 personas (24,55%) en el contexto de manifestaciones, donde todos los casos son atribuidos a la Guardia nacional (GN).
Nuevamente el retardo en los procedimientos judiciales generó hacinamiento en los calabozos y retenes policiales, convirtiéndolos en lugares extremadamente insalubres y con condiciones inhumanas para albergar personas.
En relación al derecho a la manifestación pacífica, se revirtió la tendencia al descenso observado en los períodos anteriores. De 1.280 manifestaciones de carácter pacífico, 58 fueron reprimidas, impedidas u obstaculizadas por organismos de seguridad del Estado (4,5%). Esta cifra representa el mayor porcentaje registrado en los últimos 8 años. Las acciones de funcionarios de organismos de seguridad arrojaron saldos lamentables: en el período, murió un estudiante mientras ejercía su derecho a manifestar pacíficamente mientras otro estudiante falleció a consecuencia del uso abusivo de las armas de fuego de los cuerpos de seguridad durante una manifestación violenta.
Al menos 113 personas resultaron lesionadas, 1 por herida de bala y el resto con perdigones, golpes, asfixia y otros maltratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Esta cifra es 130,6% superior a la del año pasado con 49 personas. En el mismo sentido, el número de violaciones a la libertad personal en el contexto de manifestaciones reprimidas (166) se incrementó en un 130,9%, lo que denota un aumento preocupante de las violaciones durante manifestaciones.
Nuevamente el sector más reprimido fue el de los vecinos (41,4%), seguido de los trabajadores (24,1%). La entidad federal con más violaciones fue el Edo. Aragua (14), seguido por Anzoátegui, Vargas y Zulia con 5.
Por cuarto año consecutivo, la GN fue el organismo que presentó mayor número de violaciones (18 reprimidas y 3 impedidas), y en el período analizado tuvo la mayor cantidad de manifestaciones reprimidas desde hace 8 años. En 8 de esas 21 intervenciones, la GN actuó acompañada de cuerpos de seguridad regionales o locales. Cabe destacar que las policías estadales fueron responsables, sin embargo, del 65,5% de las manifestaciones reprimidas o impedidas.
La modalidad de protesta más reprimida fue la concentración, pues de 377, 20 fueron reprimidas y 1 obstaculizada, lo que representa 1 de cada 18 concentraciones. Cabe destacar que en el período anterior, sólo una concentración de cada 218 fue reprimida. También resalta que 1 de cada 23 cierres de calles fue reprimido en comparación a 1 de cada 51 en el período anterior, siendo esta modalidad la más reprimida.
La AN sigue en mora con la aprobación de la legislación destinada a implementar el Artículo 332 de la Constitución, en el que se contempla una fuerza policial a nivel nacional.
En torno a los derechos de las personas privadas de libertad, la población de internos diminuyó en un 8,6% correspondiendo para marzo de 2006 a 18.147 personas. Aun con ese descenso, ello no corresponde a una política sostenida en la reducción en el uso de la prisión, sino a razones circunstanciales por lo que se estima que la población penitenciaria podría ascender a 30.000 personas.
Para marzo de 2006, 8.572 presos (47,2% del total) habían recibido sentencia mientras 9.575 (52,8%) estaban en calidad de procesados.
El índice de hacinamiento para marzo de 2006 era 7,32%, representando un excedente de 1.238 presos por encima de la capacidad de atención, más agudo aún en algunos penales, lo que se suma a las pésimas condiciones de las instalaciones. Según cifras de la Defensoría del Pueblo se debería demoler el 75% de las cárceles del país. Este problema se agudiza en el caso de los Centros de Tratamiento Comunitario (CTC) donde la sobrepoblación supera al 270%.
Persisten como problemas cruciales el retardo procesal y el uso de la prisión preventiva, siendo ambos causas que provocaron conflictos en diversos penales. Como intentos de solución, se anunciaron planes para aumentar el número de jueces de control o se iniciaron operativos especiales para evaluar la postulación de reclusos a medidas alternativas de prisión pero ello más como decisiones de tipo coyuntural que luego no se concretaron o sostuvieron en el tiempo.
Destacan como medidas positivas los programas de capacitación laboral y de acceso a la educación. Se atendieron 12.983 internos en alfabetización y en el año 2005, se capacitaron a 2.500 reclusos con la Misión Vuelvan Caras. Sin embargo, el grave déficit en atención médica ha sido el blanco de numerosas denuncias.
Aunque el MIJ no dio acceso a la información sobre situación de salud y sobre el número de muertos en las cárceles, se presentan altos índices de violencia letal dentro de las cárceles. Según datos hemerográficos y recibidos por otras Ong especializadas en la materia, en 2005 ocurrieron 408 decesos y 726 reclusos resultaron lesionados, lo que representa un incremento importante en relación al año anterior. En el primer semestre de 2006, hubo 194 víctimas mortales.
Ante esta situación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó el 09.01.06 en una sentencia sin precedentes para Venezuela un conjunto de medidas provisionales para garantizar la vida y la integridad personal de los internos del Internado Judicial de Monagas (La Pica). En marzo, la CIDH recomendó una medida similar para proteger los presos del Centro Penitenciario de la Región Capital (Yare I y Yare II).
Respecto al derecho a la seguridad ciudadana, los indicadores importantes de criminalidad y delincuencia presentan en el lapso estudiado avances y retrocesos: mientras los robos y robos de vehículos registran un descenso, la situación de los homicidios se mantuvo igual en relación al lapso año anterior al tiempo que las lesiones personales mostraron un importante incremento.
Entre los años 2004 y 2005, se observó un incremento de 2,52% en el caso de los delitos fatales con 9.964 fallecimientos en contraste a los 9.719 del lapso anterior pero la tasa de 37 por cien mil habitantes (pcmh) se mantuvo. Estas cifras oficiales no incluyen las categorías «averiguación de muerte» y muertes por «resistencia a la autoridad», que si se incluyen totalizan 5.513 muertes adicionales. La segunda categoría, en especial, favorece la impunidad de muchos crímenes que podrían ser claras violaciones del derecho a la vida.
Siendo el tema percibido por la ciudadanía como el problema más importante, el derecho a la seguridad ciudadana se convirtió en tema de campaña en la contienda electoral de diciembre 2006, pero ello no fue articulado desde el ámbito gubernamental en una política pública integral de seguridad ciudadana democrática sino que se insistió en la ejecución de medidas a muy corto plazo y netamente efectistas, privilegiando las soluciones de control y fuerza con el aumento del despliegue policial y con cada vez mayor presencia militar, teniendo un impacto negativo sobre el respeto de los derechos humanos. Como excepción, cabe destacar positivamente la iniciativa del despacho del Ministerio de Interior y Justicia (MIJ) quien el 10.04.06 activó la Comisión Nacional de Reforma Policial (CONAREPOL) la cual consiste en un proceso de diagnóstico y consulta amplio y participativo cuyo objetivo es la construcción de un nuevo modelo policial.
En el período analizado se registraron 169 denuncias de violación del derecho a la vida, lo que representa respecto al lapso anterior (162 víctimas) un incremento de 4,14%. Como viene ocurriendo desde 1989, la mayoría de las víctimas se concentró bajo el patrón «ejecución», 82,84% del total de víctimas conocidas (140).
Nuevamente, en la mayoría de estos casos se mantuvo la versión oficial de «enfrentamientos», siendo éste un mecanismo frecuentemente utilizado para mantener en la impunidad muertes que son violaciones al derecho a la vida.
Los organismos estadales agruparon la mayor responsabilidad, con 71 víctimas (42,01%), teniendo la Policía Metropolitana (PM) la mayor cantidad de denuncias (24). Al sumar las actuaciones en las que estuvo junto a otros organismos, el total de sus víctimas se eleva a 32.
Entre las entidades federales con mayor incidencia destacan: el Distrito metropolitano con el 28,40% (48 víctimas), el Edo. Anzoátegui con el 14,2% (24 víctimas) y el Edo. Bolívar con el 12,42% (21 víctimas).
Destaca como un avance positivo el reconocimiento efectuado por el Ministerio Público de que las cifras aportadas por las organizaciones no gubernamentales sobre violaciones al derecho a la vida son inferiores a las reales, al afirmar que entre los años 2000 a 2005 en todo el país se produjeron 6.377 víctimas
Del 02 al 23 de noviembre 2006
Boletín electrónico Nº 178
EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE DICIEMBRE
01 Día Mundial de la Lucha Contra el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA)
02 Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud
03 Día Internacional de las Personas con Discapacidad
04 Día Internacional del Voluntariado
10 Día Internacional de los Derechos Humanos
18 Día Internacional de los Migrantes
19 Inicio de primera Huelga de Obreros Petroleros organizada por la Unión Sindical Petrolera de Venezuela (1936)
30 Entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
CONTEXTO
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
La siguiente cronología ha sido realizada con datos encontrados durante la elaboración del boletín «Derechos Humanos y Coyuntura» en la prensa nacional y regional durante el período reseñado. Incluyen casos de vulneración del derecho a la protesta en acciones de exigibilidad de derechos económicos, sociales y culturales.
NOVIEMBRE
El 21.11.06 habitantes del sector de La Yaguara, ubicada en el municipio Libertador trancaron la Autopista Valencia-Campo Carabobo en ambos sentidos, en protesta por la falta de servicios públicos. La Unidad Táctica de Apoyo Operacional de la Policía de Valencia dispersó la manifestación utilizando bombas lacrimógenas y perdigones plásticos, deteniendo a una persona. Ese mismo día, en Caracas, la Guardia Nacional agredió a las personas que se encontraban frente al Banco Nacional de Vivienda y Hábitat con saldo de varios detenidos.
El jueves 09.11.06 la Policía del Estado Bolívar disolvió con bombas lacrimógenas, perdigones y armas de fuego una protesta protagonizada en Ciudad Guayana por trabajadores de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), con un saldo de seis de ellos detenidos y otros seis heridos.
El 08.11.06 entre 10 y 25 personas, pertenecientes a la OCV La Guzmanera, fueron lesionadas cuando la Policía de Aragua impidió el paso de una manifestación que pretendía llegar a Caracas a solicitar recursos para la construcción de viviendas.
El 01.11.06 28 adolescentes y 11 adultos fueron detenidos en San Félix, estado Bolívar, cuando protestaban en las afueras del Banco del Libro exigiendo servicios básicos y la incorporación en la Misión Sucre.
OCTUBRE
El 30.10.06 20 personas fueron detenidas cuando un grupo de personas sin empleo intentó entrar en la refinería de Puerto La Cruz como medida de presión para recibir los cupos de trabajo prometidos. En la acción, la GN utilizó lacrimógenas y peinillas.
El 24.10.06 aproximadamente 40 personas fueron detenidas en Coloncito, estado Táchira, en el cuarto día de protestas por falta de servicios públicos.
El 23.10.06 cuatro manifestantes fueron detenidos y otros resultaron asfixiados cuando la GN disolvió una manifestación con lacrimógenas y perdigones en la autopista Caracas-Guarenas. 100 personas habían cerrado la vía para solicitar reparaciones a sus viviendas tras las recientes lluvias. Ese mismo día, 12 personas fueron heridas y 30 detenidas en Coloncito, estado Táchira, cuando la GN reprimió una protesta por falta de agua y servicios públicos.
El 20.10.06 una toma de la carretera nacional Barinas-San Cristóbal dejó un saldo de cuatro manifestantes heridos por la Policía de Barinas. Los habitantes protestaban por la falta de servicio eléctrico y agua potable.
El 19.10.06 dos personas fueron heridas de bala y seis más por perdigones cuando un grupo de pescadores artesanales protestaban en el Puerto Internacional de Guiria solicitando que el mismo fuera convertido en un núcleo endógeno.
El 14.10.06 la Policía de Carabobo dispersó una manifestación con lacrimógenas cuando empleados de la salud de Carabobo manifestaban por sus derechos laborales.
El 13.10.06 dos vecinos recibieron perdigonazos en el pie cuando los vecinos de barrio Jacinto Lara , en Barquisimeto, solicitaban la construcción de una pasarela. La Policía de Lara y la GN utilizaron lacrimógenas y perdigones para dispersar al centenar de manifestantes.
El 12.10.06 Patrulleros del Caroní realizaron disparos al aire para dispersar a vendedores informales que protestaban el desalojo de una feria artesanal en Puerto Ordaz.
El 10.10.06 efectivos militares tomaron la población de Coloncito, estado Táchira, tras el incendio de una patrulla y daños a edificios públicos por una poblada que protestaba abusos policiales por parte de la Policía del Táchira.
El 04.10.06 el Grupo de Reacciones Inmediatas de Polianzoategui dispersó con perdigones y lacrimógenas una manifestación de vecinos de la comunidad de Punto Lindo, municipio San Juan de Capistrano, Boca de Uchire.
SEPTIEMBRE
El 16.09.06 la Policía Estadal de Barinas detuvo a tres personas, pertenecientes a un grupo de 600 familias, que protestaban por la falta de agua potable en la urbanización Agustín Codazzi en Barinas. Varias personas más resultaron heridas por perdigones y golpes.
El 11.09.06 una persona fue detenida por la Policía de Aragua cuando un grupo de familias del sector El Campito, La Cabrera , en Maracay protestaban por el incumplimiento de promesas de entrega de viviendas.
AGOSTO
El 17.08.06 un centenar de familias campesinas fueron desalojadas por la Policía Estatal de Guanare tras ocupar un terreno en el barrio “ Paraíso bolivariano”. El desalojo forzado dejó como saldo varias personas lesionadas, entre ellas, una mujer embarazada.
El 16.08.06 una protesta en el estacionamiento del Ayuntamiento de Valencia terminó con dos concejales y tres policías heridos, cuando dos grupos protagonizaban una protesta por falta de recolección de basura y ausencia de cupos en el estacionamiento.
El 14.08.06 Damnificados del sector Las Casitas de Guatire protestaban frente a la sede del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat fueron dispersados con lacrimógenas por la GN, deteniendo a la presunta líder de la protesta, Vilma Macías.
El 10.08.06 dos trabajadores afiliados a la UNT resultaron heridos en una protesta frente a los tribunales laborales en Maracay. Ese día, un grupo de 500 vecinos de Catia la mar trancaron la calle pidiendo reparación de tuberías. Tras la actuación de la Policía de Vargas dos salieron heridos con perdigonazos.
El 09.08.06 cinco personas fueron detenidas por la GN cuando se realizó un desalojo en el sector Ojo de Agua en Baruta. Se informó que 20 infantes habían sido afectados por los gases lacrimógenos. Tres días después, 11 personas recibirían una medida privativa de libertad por “invasión y resistencia a la autoridad”. Ese día dos personas fueron detenidas cuando un grupo de 200 manifestantes por viviendas intentaron movilizarse desde Miraflores a los medios de comunicación.
JULIO
El 28.07.06 un grupo de mineros de El Callao intentó realizar una manifestación contra la empresa de origen chino Jin Yan cuando uno de los directivos del sindicato fue detenido por la GN. Los trabajadores denunciaron uso de peinillas y lacrimógenas por parte de los uniformados.
El Ministerio Público presentó, el 15.11.06, ante el Tribunal 2° de Control de Bolívar formal acusación contra diez militares del Teatro de Operaciones 5 (TO5), por presunta participación en la muerte de seis mineros y heridas a otro, hecho ocurrido el pasado 22.09.06 en la población La Paragua. Los fiscales acusaron al subteniente José Rodríguez y al sargento I Santiago Hernández por homicidio calificado con alevosía; al mayor Leonidas Fernández, subteniente José Rodríguez, sargento técnico de II César Rodríguez, los sargentos José Azócar, Emilio García y Santiago Hernández, José Perdomo y Gustavo Quintero , y a los cabos II José Rojas y Gabriel Ramos, por homicidio calificado con alevosía continuado en grado de complicidad correspectiva. (Ultimas Noticias, 16.11.06, pág. 38). El Ministerio Público anunció que archivó los casos contra el sargento primero Ronald Marcano , y los cabos segundos Jose Muñoz, Erad Bolívar y Freddy Narváez, por considerar que no existen elementos probatorios de su participación. (El Universal, 16.11.06, 3/25).
En un giro inusitado de las versiones sobre los sucesos, (acceda a la petición de las organizaciones de Derechos Humanos venezolanas sobre este caso en el enlace en http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2006/coyuntura_176.htm#02 ), la diputada a la Asamblea Nacional por el Movimiento Quinta República, Berkis Solís, aseguró el pasado 21.11.06 que el principal responsable de la masacre de La Paragua era el dirigente opositor Andrés Velásquez , situación que sería comprobada tras la presentación de un informe del caso en el parlamento nacional. La diputada aseguró que “allí hubo enfrentamiento, hubieron (sic) armas que no eran las de los militares y se encontraron allí. Ustedes verán en el desarrollo de la investigación lo que va a salir una vez que se descubra todo lo que hubo allí y el saboteo que hubo y las manos que están metidas en ese enfrentamiento”. Solís aseguró que la presunta manipulación de las evidencias se produjo para tratar de involucrar a los militares , “porque esto es un complot. Nosotros venimos denunciando un complot de la oposición, aquí lo que se quiere es armar este despelote para que la gente entre en zozobra. Comienzan por los mineros, comienzan por los sindicatos, su grupito porque sí tienen gente”. El dirigente político Andrés Velásquez respondió que “El reclamo de justicia por los asesinatos y las violaciones a los derechos humanos, no puede ser que reciba como repuesta las locuras de esta diputada”, aseguró. (Correo del Caroní, 22.11.06, http://www.correodelcaroni.com/component/option,com_wrapper/Itemid,162/?id=50190).
Esta versión contradice la sostenida por otros parlamentarios de la Asamblea Nacional , los cuales ratificaron que tanto en los hechos de La Paragua como en los sucedidos en Güiria (información en http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2006/coyuntura_177.htm#07) hubo violación a los derechos humanos. El presidente de la subcomisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional , Reinaldo García, explicó que aun cuando los informes de ambos casos ya están listos para ser remitidos a la plenaria, no los han enviado porque se está dando prioridad a los proyectos de ley orgánica de la defensa pública, ley de policía nacional y reforma al código del régimen penitenciario. ( El Nacional, 09.11.06, B/22)
En cuanto al caso de la llamada Masacre de Alto Apure (más información en http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2006/coyuntura_174.htm#14 ), el 17.11.06 se informó que el distinguido del Ejército, Luis Yeferson Lira Rodríguez, principal sospechoso del asesinato de ocho personas en el sector Los Pajaros de Apure el pasado 20 de julio, deberá enfrentar, por petición del Ministerio Público y como lo ordenó el Tribunal 1º de Control del ese estado, un juicio en el que se le acusa de homicidio calificado. ( El Nacional, 17.11.06, B/29). 10 soldados y un subteniente del Ejército serán llamados a declarar en el proceso , para que ofrezcan su testimonio. Lira Rodríguez no admitió los delitos endilgados en la audiencia preliminar cumplida en los tribunales de control de Guasdualito, entre ellos, uso indebido de arma de reglamento. ( El Nacional, 22.11.06, B/24). Provea recibió de manos del propio imputado un testimonio en el que involucra a otros funcionarios militares en el crimen (ver en http://www.derechos.org.ve/actualidad/comunicados/comu_prensa_2006/testimonio_apure.htm), por lo que ha solicitado una investigación que corrobore o descarte esta hipótesis.
En otra información, se conoció que los familiares de las víctimas de la Masacre de Yumare solicitaron ante la Fiscalía Segunda del estado Yaracuy, una medida privativa de libertad contra el ex comisario de la Disip , Henry López Sisco , acusado como principal responsable del hecho. Merlyn Morales, abogada de los familiares , denunció que “el imputado va a seguir evadiendo la investigación de la que está siendo objeto por esta jurisdicción del estado”. Asimismo, denunció que los familiares estaban recibiendo amenazas telefónicas para desistir de la acusación. ( El Informador , 11.11.06, A/4).
En otro sonado caso de violación de derechos humanos se divulgó que el ministro del Interior y Justicia, Jesse Chacón, anunció el 17.11.06 que el Estado buscará un mecanismo para indemnizar a víctimas del Caracazo, pues muchos de los familiares no tuvieron acceso a instancias internacionales. ( El Nacional, 18.11.06, A/4).
El pasado 27.10.06 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó sobre la admisibilidad de la petición de víctimas del 11A contra el Estado venezolano, presentada por la Organización No Gubernamental VIVE en su sesión realizada seis días antes.
El 12.10.02, la CIDH recibió una petición presentada por Eduardo Meier , Alfredo Romero, Juan Carlos Sosa, Gonzalo Himiob y Antonio Rosich, en la cual alegaban la violación por parte del Estado venezolano de varios derechos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Los peticionarios alegaban que 7 de las presuntas víctimas de los hechos del 11.04.02 en Caracas ( MOHAMAD Jesús , PALENCIA Johnny, ARELLANO Jesús, QUERALES Juan David, GAMALIO José, ROJAS Orlando y REINOSO Víctor) habían muerto como consecuencia de disparos recibidos por acción y omisión de agentes de seguridad del Estado. La CIDH afirma en la petición de admisibilidad de la causa que el Estado venezolano ha reconocido la muerte de las siete personas, alegando que tales hechos no pueden serle imputables debido a que ha procedido al inicio de investigaciones. Las mismas se encuentran en etapa preliminar debido a la complejidad circunstancial de los hechos, por lo que el Estado alega que los peticionarios no han agotado los recursos internos. (Santiago Cantón: “Andrés Trujillo. Caso 12.582 Venezuela” . Mensaje electrónico enviado a Provea el 12.11.06).
En la comunicación enviada por el CIDH a la ONG VIVE, se indica que la sesión de la Comisión concluyó que el caso satisfacía los requisitos de admisibilidad enunciados en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana, así como declarar admisible la petición bajo estudio con relación a sus artículos 4, 5, 15 8.1 y 25, referidos a la obligación de los Estados de respetar y garantizar el derecho a la vida , integridad personal, derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial y el derecho a la reunión pacífica. La CIDH ordena notificar la decisión al Estado venezolano a los fines del inicio de los trámites de fondo del asunto.
Mohamad Merhi, vocero de VIVE, declaró que “seguirá en sus luchas hasta que todas las causas internacionales sean decididas y los responsables de los hechos de violencia y discriminación sean castigados”. (A.C. VIVE: “Admisión CIDH”. . Mensaje electrónico enviado a Provea el 03.11.06).
El Fiscal General de la República , Isaías Rodríguez, criticó la solicitud por considerarla sesgada, calificando a los miembros de VIVE de “cínicos, desvergonzados y caraduras”, cuya intención sería hacer una campaña electoral sucia contra el presidente Hugo Chávez. (El Universal, 15.11.06, 1/6). En esta intervención, Rodríguez afirmó que los convenios de derechos humanos buscaban “quitarle la credibilidad al Estado”, para “producir su derrumbe”. (El Universal, Ídem). Al día siguiente, el funcionario reiteró su posición durante su participación en el III Encuentro Nacional de Derechos Humanos, realizado en el Teatro Teresa Carreño de Caracas. En la misma, abogó por “ideologizar” y repensar la actual concepción de los Derechos Humanos, pues la misma era un instrumento de los Estados Unidos para “penetrar nuestra soberanía”. Aseguró que los organismos internacionales que se encargan de velar por el respeto de las garantías fundamentales están siendo utilizados para “producir el derrumbe del estado democrático , soberano y autónomo”. (El Universal, 16.11.06, 1/6).
El informe “Mapa de la Violencia 2006. Los jóvenes de Brasil” afirma que, entre los 84 países con una tasa mayor de 27 homicidios por casa 100.000 habitantes, Venezuela ocupa el segundo lugar, detrás de Colombia y por encima de Brasil, quien registró en 2004 la cifra de 57,7 homicidios por cada 100.000 jóvenes. El informe fue presentado el 16.11.06 en Brasilia y fue realizado por la Organización de Estados Iberoamericanos con el objetivo de recomendar acciones públicas y privadas para combatir las muertes adolescentes. El coordinador del estudio, Julio Jacobo Waiselfisz, afirmó que el índice de los países latinoamericanos es de 30 a 40 veces mayor que las tasas de muertes juveniles de países como Reino Unido, Francia, Alemania, Austria y Egipto. (El Universal, 17.11.06, http://noticias.eluniversal.com/2006/11/17/int_art_71515.shtml).
Estas cifras se corresponderían con las arrojadas por el Estudio del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños, presentado el 12.10.06, en el que se establece que América latina y el Caribe encabeza las tasas de homicidios de niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años. Las cifras, recogidas en el 2002, revelan que el rango de edad con mayor exposición a los homicidios es el comprendido entre 15 y 17 años con un promedio de 37.66 asesinados por cada 100.000 habitantes. Detrás de la región latinoamericana se encuentra África, con 15.64 homicidios por cada 100.000 habitantes. (UNICEF, 20.11.06, http://www.unicef.org/violencestudy/). La violencia acaba con la vida de 80.000 menores por año en América Latina y el Caribe, y sus consecuencias le cuestan a la región $us 145.000 millones anuales, el 12% del Producto Interno Bruto (PIB) de sus sociedades. (El Deber, 17.11.06, http://www.ops.org.bo/servicios/?DB=B&S11=11303&SE=SN)
Un estudio local, recientemente divulgado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello ( IIES-UCAB), “Análisis de la situación de la mujer y la niñez en Venezuela en 2005” , expresa que la población en edad adolescente ha experimentado un incremento en la evolución de su mortalidad. La misma muestra un incremento para el trienio 1992-1994 del 18% con relación al principio de período. Durante los años siguientes la frecuencia de muertes se mantiene en un nivel 6% más bajo, para luego acusar un aumento en el orden del 25% en el último trienio (2001-2003); así, la tasa arribó a 145,7 por cada cien mil adolescentes, valor 39% más elevado si se compara con el registrado a inicios de los 90. Estas cifras tienen su principal sustento en el aumento de las muertes en la población masculina. En el conjunto del período considerado su tasa específica varió de 148,6 a 232,4 defunciones en promedio por cada cien mil, lo que representa un aumento del 56%. Durante los años 1989 al 2003 la tasa específica de muertes violentas por homicidios aumentó 1,5 veces, al pasar de 19,4 por cada cien mil a 48,3; las muertes por accidentes observaron más bien un descenso del orden del 20 % para ubicarse en 27,5 por cada cien mil. El cáncer, las enfermedades del corazón y los padecimientos congénitos son, en este orden, el resto de las principales causales de muerte entre los adolescentes de ambos sexos. (Venescopio, 19.11.06, http://www.venescopio.org.ve/detalle.asp?ID=1090).
Durante los días 8 y 10 de noviembre se realizó en Porlamar, estado Nueva Esparta, en las instalaciones de la Universidad de Margarita un encuentro para la creación de un espacio común para las organizaciones latinoamericanas que velan por los derechos de las personas privadas de libertad. El evento contó con la participación de activistas de 13 países, sirviendo como punto de partida para la creación del Observatorio Latinoamericano de Prisiones (OLP). Según Humberto Prado , director del Observatorio Venezolano de Prisiones , el encuentro tenía tres puntos principales: la supervisión de los sistemas judiciales y estadales de cada país en la aplicación de sus funciones en materia carcelaria; el apoyo a los reclusos y privados de libertad en todas sus situaciones; y por último, la movilización de la sociedad civil haciendo públicas las condiciones de la población carcelaria y eventuales atropellos a sus derechos. ( La Voz de Guarenas , 04.11.06, pag. 44). En declaraciones de prensa, Prado destacó que comparando la situación con otros países latinoamericanos, considera que las prisiones venezolanas son las más violentas del continente. Asimismo, agregó que le ofrecerían a los otros países “talento venezolano”, al referirse a los más de 600 egresados del Instituto Universitario Nacional de Estudios Penitenciarios, de los cuales hay empleados menos del 5%. ( El Nacional, 04.11.06, B/25).
El Rector de la Universidad de Margarita , Pedro Cabello Poleo , dio la bienvenida a los representantes de los 13 países asistentes al evento y destacó la labor que ejerce Unimar como centro de capacitación de los futuros profesionales del Derecho: “ La Universidad de Margarita se siente complacida con la presencia de todos ustedes en este evento de carácter internacional, queremos que se sientan como en casa, con nuestro mayor deseo porque estas reuniones sean altamente fructíferas en la búsqueda de soluciones a la problemática de las prisiones”. ( Universidad de Margarita , 08.11.06, http://www.unimar.edu.ve/portal/noticiasyeventos/200604/2006110901_obs_lat_pris1.htm ). El evento designó a Humberto Prado como secretario ejecutivo del OLP.
Provea expresa su preocupación por las declaraciones, realizadas por diferentes voceros oficialistas, sobre la activación de planes de seguridad e inteligencia paralelos en el marco del proceso electoral a realizarse el 3 D.
Ismael García, secretario general del partido Podemos, informó de la activación de una red de inteligencia social “integrada por todo el pueblo de Venezuela” (…) para responder a las eventualidades que se presenten en la víspera y luego de los comicios”. (El Universal, 12.11.06, http://www.eluniversal.com/2006/11/12/elecc_art_64862.shtml ). Por su parte, la agencia de noticias del Estado venezolano difundió declaraciones del Frente Cívico Militar Bolivariano acerca de la activación del Plan Soberanía para “contrarrestar las intenciones de sectores de la oposición de desestabilizar y desacreditar el desempeño de las instituciones del Estado, de cara a contienda electoral del próximo 3 de diciembre”. Héctor Herrera Jiménez , presidente de dicha organización, afirmó que entre sus funciones estaba monitorear acciones de “guarimberos” y “detener a quien busque cometer algún delito en contra de la soberanía y tranquilidad de la nación”. ( Agencia Bolivariana de Noticias , 14.11.06, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=70363&lee=1 ).
Provea quiere ser enfático en su exigencia a los poderes públicos sobre la ejecución de planes de seguridad durante el proceso electoral. El resguardo del orden público, apegado a los principios constitucionales, es una tarea que compete exclusivamente a los organismos de seguridad, tanto como policiales como militares. La cesión de labores policiales por parte del Estado a organizaciones civiles es inconstitucional y puede propiciar una potencial violación a los derechos humanos.
- Respetar la voluntad popular expresada mediante cualquier medio de participación y expresión de la soberanía, así como investigar y sancionar a quienes cometan fraudes orientados a desconocerla.
- Estimular la organización social y el protagonismo popular en el diseño, control y evaluación de las políticas públicas, en un marco de respeto y promoción de la autonomía de las organizaciones.
- Abstenerse de reprimir u obstaculizar las protestas pacíficas realizadas por cualquier grupo o sector social.
- Derogar los 8 decretos que crean igual número de zonas de seguridad en la ciudad de Caracas.
- Responder de manera adecuada y oportuna a las demandas de información y otros datos que presente la ciudadanía ante las instituciones del Estado, tal y como lo garantiza el artículo 51 de la CRBV. Las solicitudes que se dirigen a los organismos públicos hacen parte, entre otro conjunto posible de acciones, del ejercicio de contraloría social y participación ciudadana en los asuntos públicos, lo que se considera un derecho necesario y transversal, tanto en la exigibilidad de los derechos humanos , como en el fortalecimiento de las instituciones democráticas.
(Provea, 30.10.06. http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2004_05/2017/06/Propuestas.pdf)
ARTÍCULOS
DOCUMENTOS
Del 12 al 30 de Octubre 2006
Boletín electrónico Nº 177
EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE NOVIEMBRE
05 Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados
10 Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo
16 Día Internacional para la Tolerancia
18 Día Nacional de la Alimentación
20 Día Internacional de los Derechos de los Niños y las Niñas
21 Día Nacional del Estudiante
25 Día Internacional Contra la Explotación de la Mujer
27 Segundo intento de Golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez (1992)
27 Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino
CONTEXTO
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
El 11.09.06, el Presidente de la República Hugo Chávez anunció el inicio de la segunda etapa de la Misión Negra Hipólita. El anuncio fue realizado en el Centro de Producción Agropecuario Cívico Militar coronel Enrique Guillermo Vogelsang, a 45 kilómetros de Valencia, conocido como granja El Caruto. El centro alberga a 54 hombres y 21 mujeres “nómadas”, calificativo usado por el primer mandatario al referirse a las personas en situación de calle. En el nuevo ciclo se crearían pueblos para que los beneficiarios del programa “tengan sus casas, su ganado, atención médica y otros beneficios para su reincorporación a la sociedad”, por lo que el Presidente exhortó al Ministro de Participación Ciudadana y Desarrollo Social (Minpades), Jorge Luis García Carneiro, así como al Gobernador de Carabobo, Luis Acosta Carlez , para que ubicaran los terrenos que servirían para la construcción de los nuevos pueblos. (El Universal, 11.10.06, 2/1).
El viceministro de Desarrollo Social y Protección Integral de Minpades, Juan Mata , explicó que en la referida fase se fortalecerá, en primera instancia, el nivel preventivo de la Misión Negra Hipólita. Según explicó, en este se han adelantado programas como la entrega de más de 400 viviendas dignas a familias en condición de pobreza extrema o en situación de calle, rescatadas de plazas públicas, vertederos de basura, zonas en alto riesgo, calles, avenidas y carreteras. Del mismo modo, indicó que en el contexto de los programas preventivos se han creado más de 10 mil comités de protección e igualdad social (Copis), ubicados en todas las regiones del país. El funcionario reiteró la intención de llevar a Negra Hipólita a los recintos penitenciarios del país: “a fin de abordar áreas como la reinserción familiar, atención médica y terapéutica para los ciudadanos en situación de reclusión y fortalecimiento de sus capacidades sociales y educativas, entre otros proyectos”. ( Agencia Bolivariana de Noticias , 24.10.06, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=67337&lee=Array[0]).
El Ministerio de Comunicación e Información cuantificó los logros alcanzados hasta el momento con el programa social. Seis mil 23 personas trasladadas y que habitan en los centros de atención; 15 convenios con organizaciones sociales; entrega de casas dignas para familias que habitan en vertederos de basura; 10 mil 371 Comités de Protección e Igualdad Social (Copis) organizados en todo el territorio nacional; dos mil 623 niños y niñas escolarizados; mil 213 niñas y niños en situación de riesgo becados, y 20 mil 240 niños, niñas y adolescentes incorporados al Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles, dan cuenta de los logros que hasta ahora ha alcanzado la Misión Negra Hipólita. Los principales programas de atención son: en vertederos, Becas Cero (0) Puntos para niños reescolarizados; Viviendas a las familias; Cursos de capacitación en Misión Vuelvan Caras, y la Incorporación a las Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela. Hasta el momento se han creado los centros del sector El Caruto, en el estado Carabobo ; La Placera, en Maracay, estado Aragua; Isla de Guara, en el estado Monagas , y Cunaviche, en Apure. Otros programas productivos son Infla tu Corazón y Sembrando Vida. (Ministerio de Comunicación e Información, 10.10.06, http://www.mci.gob.ve/noticiasnuev.asp?numn=11619.
Por otra parte se informó de la organización del Primer Festival Deportivo Nacional Misión Negra Hipólita, del 4 al 11 de noviembre en Cojedes, con la participación de más de 700 atletas de los diferentes centros de atención. Mata indicó que en este festival deportivo participarán atletas de los estados Aragua, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Mérida, Miranda, Monagas, Lara, Portuguesa, Táchira, Trujillo, Vargas y Zulia. Precisó que los atletas de la Misión Negra Hipólita competirán en las disciplinas de ajedrez, atletismo, bolas criollas, baloncesto, dominó, tenis de mesa, fútbol de salón, fútbol y kikimbol. ( Agencia Bolivariana de Noticias , 23.10.06, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=67127&lee=Array[0])
45 personas denuncian exclusión de la Misión
El 09.10.06 un grupo de 45 personas habitantes de dos carpas instaladas en las adyacencias de la Cota Mil en Caracas denunciaron el abandono por parte de la Misión Negra Hipólita después que había comenzado su proceso de reinserción. Tras la declaración del Ministro Carneiro sobre que dichas personas no pertenecían a Negra Hipólita, Rafael Hernández, coordinador del grupo, mostró a diversos medios de comunicación los certificados firmados por el propio funcionario: “Ahora que venga y me desmienta (…) hace dos meses nos quitaron la comida pero eso no afecta al grupo, cocinamos aquí y los reverendos que están con nosotros nos la traen (…) el ministro tiene a toda su familia trabajando en la misión, eso es corrupción”. Hernández denunció que obligaban a los participantes en la misión a trabajar en fincas de militares que “se hacen ricos y se aprovechan de nuestra condición, por un plato de comida creen que tienen derecho a explotarnos. La verdad es que están jugando con nosotros”. (Tal Cual, 09.10.06, pág. 5).
El 9.10.06 habitantes del Municipio Valdez del estado Sucre organizaron una manifestación por el deterioro del Puerto Pesquero Internacional de Güiria, evento en el que solicitarían la creación de un núcleo de desarrollo endógeno. Según la convocatoria la Administradora Portuaria Paria, quien maneja el puerto desde 1997, mantenia una agresiva política de rechazo a las operaciones de los pescadores artesanales favoreciendo, en cambio, a las operadoras petroleras. Una consecuencia de esta política fue la paralización de las operaciones de la planta de fabricación de hielo, la cual abastecía a las flotas pesqueras del oriente del país. Según las versiones manejadas por los convocantes, la producción de hielo sería sustituida por la construcción de una planta de procesamiento de lodos de perforación, “sustancias altamente tóxicas y de manejo peligroso debido a que contienen elementos como mercurio, plomo y arsénico los cuales afectan gravemente el sistema nervioso y respiratorio del ser humano”. Esta situación es una consecuencia de la privatización del frigorífico “Sub cero 2” , el cual ha pasado a ser un depósito de productos químicos en los últimos años. La planta de hielo en escamas disminuyó su producción de 200 a 15 toneladas diarias. Este hielo, insumo fundamental para la pesca, presuntamente no reúne las condiciones de calidad (higiene y durabilidad) entre otras razones, por la desincorporación progresiva de equipos y el despido de parte de sus trabajadores.
En septiembre del 2005, la Cámara Municipal de Valdez, acordó por mayoría solicitar al CNE la realización de un referendo consultivo, donde el pueblo tuviera oportunidad de decidir la conversión del Puerto Pesquero en un Centro de Desarrollo Endógeno. Esta reivindicación era la principal motivación de la protesta del 9.10.06.
Un aproximado de 50 pescadores y habitantes de la zona asistieron a la protesta, las cuales fueron amedrentadas por 100 policías y efectivos de la Guardia Nacional. Lanchas de pescadores, en medio de la toma de las instalaciones, bloqueaban el paso de otras embarcaciones que transportaban gasoil. Los manifestantes denunciaron que una lancha patrullera de la Armada arremetió contra las embarcaciones de los pescadores que bloqueaban la navegación, así como la agresión por funcionarios de la policía. Estos hechos fueron informados por una televisora privada, que informó erróneamente la “existencia de hechos de violencia que arrojaron 70 detenidos, 17 heridos y 3 muertos”. Pero la cobertura realizada por los medios estatales a la noticia , según opinión de voceros de la Asamblea Pro-Rescate del Puerto Pesquero Internacional de Güiria, tuvo un sesgo contrario. La presencia de un reportero estatal fue acompañada del desembarco de grandes cantidades de hielo, transmisión denunciada como un “montaje periodístico” por los afectados. (Asamblea Pro-rescate del Puerto Internacional de Güiria: “Urgente: Puerto Pesquero de Güiria” . Mensaje electrónico enviado a Provea el 15.10.06).
El 19.10.06 los manifestantes denunciaron una segunda agresión: “En horas de la madrugada de hoy, un grupo armado compuesto por efectivos de la Policía del Estado Sucre y de la Armada Venezolana , irrumpieron en la toma pacífica que se lleva a cabo en el Puerto Pesquero Internacional de Güiria a bordo de una lancha Guardacosta de nombre Columbi. Mientras tanto otro grupo de Policías apoyados por Policías navales tomaron todos los accesos al Puerto para evitar las acciones de los habitantes de Gúiria, que recién se levantaban (…). Las personas que amanecieron esa madrugada en los botes fueron sacados por la fuerza por policías Estadales y Comandos de la Armada , en botes de asalto provenientes de la señalada embarcación Guardacostas, así mismo cortaron las cuerdas que mantenían a los botes acordonados de faro a faro de la entrada acuática del puerto. Durante esa acción hicieron disparos, y no se encontraba visible ningún funcionario ni de la Fiscalía Pública ni de la defensoría del Pueblo, y los detenidos fueron golpeados y detenidos por un lapso de más de dos horas”. (Asamblea Pro-rescate del Puerto Internacional de Güiria: “Agresión a pescadores en Guiria” . Mensaje electrónico enviado a Provea el 19.10.06). El saldo final del desalojo fue de dos personas heridas de bala y seis más por perdigones. El presidente del Puerto, Humberto Mata , declaró que la toma era una guarimba contra Ramón Martínez –gobernador de Sucre- y el Presidente Chávez. El primer mandatario regional, por su parte, afirmó que la protesta formaba parte de un plan para desestabilizar el país. (El Nacional, 20.10.06, B/23). El 21.10.06 Gregorio Rausseo, vocero de los pescadores artesanales, totalizó en 17 el número de heridos. (El Universal, 21.10.06, 1/6). Tras el intento de desalojo, pequeñas embarcaciones mantenían cerrada la entrada al Puerto, mientras que el Ministro de la Defensa, General Raúl Baduel, indicó que se tomarían los correctivos necesarios en caso de que los funcionarios militares no hubieran actuado apegados a las normas. (El Universal, 21.10.06, B/21).
El 24.10.06 el gobernador Ramón Martínez anunció que la Administradora Portuaria Paria había decidido renunciar a la gestión del puerto, afirmando que las instalaciones serían militarizadas hasta que un nuevo ente, en sus palabras la industria petrolera, asumiera la gerencia del puerto. Por su parte Reinaldo García, presidente de la subcomisión de derechos humanos de la Asamblea Nacional, anunció la instalación de una mesa de diálogo en la que participarían los sectores involucrados. (Ultimas Noticias, 24.10.06, pág. 7). Los pescadores anunciaron que con esa decisión cesaría la toma que mantenían desde 20 días atrás. La comisión nacional designada para decidir el destino del puerto estaría constituida por los pescadores, parlamentarios nacionales y autoridades regionales.
El 29.10.06 La Asamblea Pro-rescate del Puerto Internacional de Güiria solicitó un derecho a réplica al periodista Mario Silva, conductor del periódico y programa televisado La Hojilla. Silva se refirió reiteradamente a los hechos calificándolos de “toma anárquica del Puerto Internacional de Guiria, por unos presuntos pescadores artesanales”, “…por su parte Humberto Mata , presidente del Puerto, refirió que en estas acciones estaban involucrados representantes de diferentes factores políticos que pretendían ejecutar y generar el caos en la zona. Martínez y Mata , dejaron por sentado la evidencia de esta guarimba con fachada de protesta». En su comunicación, la organización comunitaria expreso “Parece increíble que a estas alturas del partido los medios gubernamentales como VTV, RNV y Vive TV no han dado el apoyo para difundir lo que están viviendo los pescadores artesanales y toda la población de Güiria con la toma del Puerto Pesquero”, afirmando que no eran contrarrevolucionarios ni agentes de la CIA. (Asamblea Pro-rescate del Puerto Internacional de Güiria: “Desmientan a La Hojilla” . Mensaje electrónico enviado a Provea el 29.10.06).
Adolfo Rhenals, habitante de la comunidad de Coloncito, municipio Panamericano del estado Táchira , denunció el 12.10.06 el desabastecimiento de agua potable, falta de alumbrado público, deterioro de las calles y carencia de recursos en el ambulatorio, entre otros problemas sufridos por el poblado tachirense. “aproximadamente 20 kilómetros de carretera se encuentran en completo deterioro desde la Alcabala de Jadillo hasta la intercepción que conduce a la vía Orope, a pesar que la empresa contratista hizo algunos arreglos, pero no concluyó la obra”. Otra de las situaciones que deben enfrentar los habitantes de Coloncito, es la carencia de recursos en el ambulatorio, donde labora un médico que con toda su buena voluntad y cooperación, no puede cubrir la gran demanda de pacientes debido a la falta de recursos, acotó. Rhenals hizo la comparación entre el Barrio Adentro que está ubicado dentro del municipio y el ambulatorio, “en el Barrio Adentro sólo hay médicos cubanos, mientras que el ambulatorio que rige el distrito médico número 8 está totalmente abandonado”. ( Diario Los Andes , 12.10.06, http://www.diariodelosandes.com.ve/pages/index.php/printerr/2006/10/12/tachira/538996508/). Un día antes, una poblada había quemado una patrulla gubernamental y dañado edificios gubernamentales cuando funcionarios de Politáchira presuntamente habían ocasionado un accidente vial, en el que dos adolescentes salieron lesionados. Aparentemente, los funcionarios se habrían negado en trasladar a los heridos a la medicatura, lo que habría ocasionado la furia de los lugareños. ( El Nacional, 11.10.06, B/21).
El 23.10.06 en lo que calificaron como una reacción a la “indiferencia municipal”, vecinos de Coloncito trancaron la carretera Panamericana y la carretera Norte Sur, la cual conduce hacia El Vigía. Rhenals declaró que habían agotado las instancias en la búsqueda de soluciones a la problemática de la comunidad, especialmente en el suministro de agua potable, el cual había sido interrumpido tras las lluvias que habían azotado la región. Alrededor de mil personas habrían participado en la manifestación, la cual solicitaba la presencia del Alcalde Gerardo Luna. Al final de la tarde, en vista de que los manifestantes no finalizaban la protesta, la Guardia Nacional la dispersó utilizando perdigones y bombas lacrimógenas. ( Diario Los Andes , 24.10.06, http://www.diariodelosandes.com.ve/pages/index.php/printerr/2006/10/24/tachira/538997484/). El saldo de la acción represiva fue de 12 heridos y 30 detenidos.
Robert Maldonado, quien fue agredido por efectivos de la Guardia Nacional , denunció que los funcionarios militares le despojaron de su moto y la quemaron en retaliación. “Durante la manifestación se dio una cacería de motorizados, tumbándolos con perdigones, y quemándoles las motos allí mismo, o las mismas eran arrastradas hasta el comando nacional y allí las quemaba, así lo hicieron con mi moto”, dijo. Maldonado señala que el origen del malestar se encuentra en la indiferencia del Alcalde para solucionar los problemas de la comunidad. “Este señor se ha dado a la tarea, de desligarse de las necesidades del pueblo, la gente salió a protestar por el agua, la salud, la vialidad y la educación, pues no tenemos agua, no hay médicos en el ambulatorio, no hay profesores en las escuelas y las calles son intransitables y fueron violentadas”, afirmó. Algunos habitantes de la comunidad expresaron su intención de activar un mecanismo consultivo para decidir si querían continuar bajo la gestión del alcalde. “El referéndum va y ya vamos a comenzar a recoger firmas, porque si el Alcalde no sirve el pueblo lo va sacar”, declararon a los medios regionales (Diario Los Andes , 26/10/2006 http://www.diariodelosandes.com.ve/pages/index.php/printerr/2006/10/26/tachira/538997561/
Por su parte, voceros de diferentes comunidades se presentaron en la Asociación de Alcaldes Tachirenses para repudiar los hechos protagonizados, a su juicio, por sectores desestabilizadores. Gregorio Aldana presidente de la junta parroquial La Palmita, explicó que la gran mayoría de los habitantes de Coloncito y de las comunidades adyacentes, rechazan firmemente los hechos que enturbian a esta ciudad. Aldana asegura que “se están buscando excusas para entorpecer la labor del alcalde Gerardo Luna, porque el año pasado se protestó por no tener ferias y ahora este año se reclama porque supuestamente se le está dando toda la atención a las primeras ferias”. (Diario Los Andes , 27.10.06, http://www.diariodelosandes.com.ve/pages/index.php/printerr/2006/10/27/tachira/538997766/).
El Comandante de la Guardia Nacional (GN), General Marcos Rojas Figueroa , declaró que la presencia de la GN en Coloncito no debía entenderse como la militarización del pueblo, sino como una medida para garantizar el orden público. El jefe castrense respaldó la actuación de los funcionarios, apuntando que había tres GN heridos y un teniente con una fractura. (El Universal, 26.10.06, 1/7).
Reproducimos a continuación un comunicado enviado a Provea por el grupo ambientalista Homo Et Natura:
«Los territorios indígenas del estado Zulia siguen amenazados por lo planes energético-minero trasnacionales.
El proceso de demarcación de tierras indígenas en el Zulia, con la triste experiencia Barí ya consumada, deja claro cual será el futuro de los pueblos indígenas que sobreviven en la Sierra de Perijá. El mismo futuro de los hermanos Wayúu del Guasare, alejados para siempre de sus montes, de sus ríos, de sus tierras, explotadas, dragadas y contaminadas para el “desarrollo” de la industria del carbón, una falacia que durante años y hoy más que nunca ha mantenido Corpozulia y Carbozulia a través los medios de comunicación y xperiodistasx del Estado en unaxvil retroalimentación de centimetraje y espacios publicitarios para sostener con caritas rechonchas, sonrientes y pintadas, las vilezas humanas y los padeceres de los grupos indígenas del Zulia, acabados por el hambre, la anemia, la hepatitis, la diarrea, la violencia. Desplazados a la vida de las barriadas marginales, pidiendo en las calles o vendiendo pañitos de cocinas y mamones en los semáforos; mientras el hermano que se aferra a su tierra debe vérselas con la impunidad del sicariato ganadero y trasnacional, solo en el monte, entre los potreros de los millonarios hacendados que se hicieron de sus tierras, y que hoy aparecen en el informe de la Comisión Técnica Regional de Demarcación de las Tierras Indígena del Estado Zulia del Ministerio del Ambiente como hombres bondadosos con los que los indígenas deben convivir.
Muy, muy lejos está la realidad indígena del papel de los periódicos y las pantallas de TV que se enriquecen cada día y cada minuto con avisos publicitarios corporativos y favores derivados.
Hoy, frente a las contundentes presiones de los movimientos ecologistas y sociales, el silencio cómplice de los medios, salta su papel de proxeneta institucional y no conforme callan la tragedia del indígena , se hacen prestatarios al aliarse estratégicamente para atacar a los movimientos ecologistas y a los activistas sociales que luchan junto a las comunidades indígenas y campesinas por sus territorios, autonomía y su dignidad.
Como buenas cortesanas, mandadas a sacudirse
La semana del 12 de Octubre, Corpozulia y Carbozulia desde el diario PANORAMA y VIVE TV Zulia, armaron, en coordinación con la Comisión Técnica de Demarcación Zulia y un grupo de miembros de la asociación Barí ASOCBARIVEN (agrupación culpada públicamente por las propias comunidades Barí y sus Caciques de traicionar la auto demarcación de tierras que exigían los Barí) un plan para desprestigiar los movimientos ecologitas y de derechos humanos del estado Zulia. Muy hábilmente a la Sociedad Homo et Natura y a sus miembros más sobresalientes, entre ellos al profesor de la Universidad del Zulia , Lusbi Portillo.
Hallarse descubiertos y señalados del fraude en el que convirtieron el proceso de demarcación de tierras indígenas Barí, fue un duro golpe a la comidilla política que pretendía hacerse de este genocida proceso que servirían en bandeja a los ojos ciegos del candidato presidente.
Los indígenas Barí siguen sin tierras. Y tal vez sea el futuro que aguarde a los indígenas Yukpa, próximos en la lista, pero la vileza de esta “chimba demarcación”, como el pueblo Barí le llama, fue descubierta y denunciada, caso contrario de los hermanos Kariñas que no supieron del fraude hasta los sus títulos estaban en sus manos, y sin derecho a una vuelta atrás.
Las manipulaciones contra la Sociedad Homo et Natura y los ecologistas del Zulia continuarán , pero cada día y mayor serán nuestras acciones. Pues este juego de infamias que pretenden a través de los medios de comunicación no es más que la muestra de que las causas, nuestras causas, los andan cercando.
Utilizaron a una parte de los miembros de la asociación, no dirigentes Barí, a través de mentiras manipular la opinión pública y hacerlos ver como “autoridades” indígenas; las autoridades indígenas son los Caciques de las comunidades. Podrán engañar a la ministra Faría, al caraqueño o al citadino, pero la verdad, en el seno de las comunidades no la podrán. La lucha indígena por la dignidad continúa y nosotros los ecologistas con ellos, tal como desde siempre nos ordena la ética de la solidaridad.
Desarrollistas de miseria
Indígenas, que lograron estudios de bachillerato, hoy son volcados, bajo manipulación, contra sus propios hermanos, en el video del 10 de octubre, promovido y editado para Vive TV por uno de los antropólogos de la Comisión Técnica de Demarcación, Daniel Castro, se puede escuchar a una maestra mientras le dice a Panorama: nosotros no somos de la edad de piedra, nosotros queremos desarrollo y futuro. La consigna clásica de la industria del carbón en el Zulia para no sólo debilitar sus potenciales adeptos y futuras fichas de juego. Es el miserable cliché “desarrollista” para envenenar y debilitar el pensamiento indígena y campesino, haciéndoles creer que mejor es la casita de bloque y zinc que sus chozas de palma en medio de la selva y sus ríos.
Pero la realidad del indígena es clara, ellos saben que sus bosques y sus ríos son toda su vida y que pensar una subsistencia fuera de sus espacios biodiversos es su muerte como indígenas, es la muerte de su cultura, su cosmovisión. El inicio al camino de la marginalidad y la miseria, así como le ha tocado padecer al indígena que se fue a la ciudad y terminó vencido, derrotado, suplicándole limosna a un mundo tan distinto como indiferente a su tragedia; estos preceptos detonados por los proyectos de explotar en territorios indígenas por Carbozulia/Corpozulia en alianza con las transnacionales imperiales del carbón, fueron de los que se defendieron los estudiantes de la Misión Cultura en el Zulia en sus reuniones regionales y del 8 de septiembre hasta el miércoles 25 de octubre en la sala Plenaria de Parque Central, Caracas, durante el acto de cierre del “CONGRESO NACIONAL DE CULTURA”, con la presencia del Ministro de Cultura Francisco Sesto Novas que los acusó, a la usanza del general de Corpozulia, de estar al servicio de la CIA y tratando de separar a la guajira toda (municipios Mara, Páez e Insular Padilla) para hacer de este espacio fronterizo la Gran Nación Guajira.
Quizás el ministro culto no sabe que el 60% del carbón de Guasare va al imperio del norte y el 25% a los de Francia, España, Holanda e Italia, y que es este mineral energético el mayor generador de Dióxido de Carbono, unos de los gases causante del calentamiento global y el cambio climático, que según informe del centro de estudios británico Oxford Research Group “que el terrorismo internacional no es la principal y más grave amenaza que afronta la humanidad de nuestro siglo. La más urgente de resolver es el cambio climático”. “ el cambio climático es la amenaza global más grave”, y que los indígenas y los ecologistas son en este país los principales luchadores antiimperialistas representado en las grandes empresas multinacionales energéticas a quien el Estado venezolano le entregó en concesiones sus territorios.
Otro 12 sin nada que celebrar
Un 12 de octubre más de papel y pantalla esa semana y al que los grupos ecologistas de todo el país, le hicieron la contra información desde todas las plazas Bolívar posibles. Desde la Plaza Bolívar de Maracaibo y Machiques la Sociedad Homo et Natura y las Mafias Verdes (Vibrante nombre que le deben los ecologistas a un intento de insulto del general de Corpozulia, Martín ez Mendoza de Corpozulia) repartieron 4 mil volantes y compartieron información durante 5 horas con la gente que hace vida en el casco central de estas ciudades.
Por cada Panorama falso, un volante por la tierra, el agua y la dignidad de los indígena. Y ¡Sí tenemos 20 o 60 millones y más!, 60 millones en pelotas para enfrentar el oscuro negocio del carbón en el Zulia, 60 millones en ética solidaria, en moral, en dignidad, en presa libre y sin palangre. Tenemos 20 o los 60 millones y no mensuales como dice Ovis, Mendoza, Panorama y Vive TV Zulia, los tenemos cada segundo de vida, en los sueños y las esperanzas por nuestros hermanos Wayúu, Yukpa y Barí, por sus luchas que son las nuestras.
Lo que más les siembra la madre es que saben que las luchas indígenas en el Zulia no están solas, que ningún acto de sicariato se calla más, que los indígenas están armados, pero con cámaras y grabadoras, como el día 7 de Octubre en el Segundo Encuentro Nacional por los Territorios, la Autonomía y la Dignidad Indígena donde Corpozulia y Carbozulia enviaron sus emisarios para sembrar la violencia y fueron espantados con cámaras que registraron la verdad y sus vagabundos rostros y camionetas corporativas.
Las luchas indígenas no están solas y cada ardid es nuestro mejor censor para saber que vamos por el camino de la lucha firme. (Sociedad Homo et Natura, ANMCLA, AMPA, y Mafias Verdes, 26.10.06, http://www.soberania.org/Articulos/articulo_2696.htm)
El miércoles 18.10.06 se realizó la marcha anunciada por el gremio de la economía informal para solicitar el cumplimiento de una serie de reivindicaciones laborales. La manifestación partió desde tres puntos diferentes de la capital (Plaza Carabobo, Plaza Sucre y San Martín ), con la participación de trabajadores informales de Caracas, Miranda y el estado Vargas. Los buhoneros utilizaron una franela gris para identificarse, en dónde podía leerse su sitio de trabajo : Capitolio, el Cementerio o Catia entre los más comunes. El primer contingente de manifestantes, aproximadamente unos dos mil, arribaron a Capitolio pasadas las 10 y 30 de la mañana. En la esquina de la estación del Metro Capitolio los esperaba un contingente de la Guardia Nacional, que impidió su paso en la Avenida Baralt ante la no autorización de pasar frente al Palacio de Miraflores. La manifestación ladeó la Asamblea Nacional, en dónde una representación sería recibida por una comisión de diputados. En este momento se desató un aguacero, que apuró la marcha hasta Puente Llaguno, en dónde se encontrarían con el resto de los manifestantes.
Carlos Gámez, vocero de la economía informal de Catia La Mar, reiteró para Provea el hecho de que era una manifestación laboral sin connotaciones políticas ni contra ningún alcalde de la ciudad. “Solicitamos que finalicen la construcción de los centros comerciales –declaró- que nos prometieron, la inclusión en el Seguro Social, pensión para la 3 era edad y la inclusión en los Consejos Comunales, para preparar nuestros propios proyectos y darles viabilidad”. Gámez y el resto de los manifestantes solicitaban una entrevista con el Presidente de la República para entregarles en persona sus peticiones. Asimismo, afirmaron su intención de convertir el 18 de octubre en “ Día Nacional de la Economía Informal” para continuar institucionalizando el gremio de trabajadores y trabajadoras informales.
Ante la pregunta sobre las peticiones que realizarían ante la llegada de la época decembrina, Gámez informó que “Estamos pidiendo que se respeten los espacios a quienes los venimos laborando desde hace muchos años y a los que están llegando nuevos que se les de un permiso decembrino, pero que tengamos un control real de la cantidad de gente que estamos y los que son temporalmente”. Gamez tiene más de diez años como vendedor informal y pertenece al Bloque de Asociaciones Civiles y Comerciantes del Oeste de vargas, el cual aglutina a 8 asociaciones civiles y 14 cooperativas.
Los buhoneros y buhoneras tradicionalmente realizan movilizaciones por la defensa de su derecho al trabajo, por lo que constituye una novedad la inclusión de reivindicaciones laborales más amplias. La manifestación sorteó el clima de animadversión de sectores afectos al gobierno, quienes el 17.10.06 repartieron un comunicado en las adyacencias de la Plaza Bolívar que acusaba a la manifestación de estar al servicio de la contrarrevolución y el imperialismo. Por su parte, un diario informó en su edición del día que “Grupos de desestabilizadores tendrían presuntamente en la mira a los trabajadores informales que laboran en calles y avenidas de Caracas”. Según la nota del rotativo, “supuestos paramilitares estarían financiando la buhonería en puntos estratégicos de la capital de la República para desarrollar un plan desestabilizador de las instituciones democráticas”. (Diario Vea. 18.10.06, pag.6)
Esto no amilanó a los vendedores informales que manifestaban su apoyo al presidente dentro de la marcha, bajo el canto alegre de “ Viva Chávez, viva el tren”, en relación a la reciente inauguración del ferrocarril a los valles del Tuy. Por otra parte, algunos manifestantes denunciaron la presencia de presuntos infiltrados pertenecientes a Policaracas.
Informales no serán reubicados en época decembrina
El Alcalde del municipio Libertador, Freddy Bernal, anunció que no se encuentra contemplado el desalojo de los trabajadores informales que laboran en el bulevar de Sabana Grande, Catia, la avenida principal de El Cementerio y en las plazas Diego Ibarra y Caracas. Además, anunció que la construcción de los Centros Comerciales anunciados para la economía informal sería retomada en el 2007. (Ultimas Noticias, 14.10.06, pag. 6). Por otra parte, en Valencia el presidente del Concejo Municipal, Augusto Martín ez, solicitó una averiguación acerca de los funcionarios policiales que estén implicados en el cobro de “vacunas” a los trabajadores informales. El edil del MVR afirmó que personas que trabajan en las calles de la ciudad han denunciado que efectivos municipales les cobran 50 mil bolívares diarios para permitirles trabajar en la vía pública. ( El Carabobeño , 16.10.06, A/2).
El Consejo de Ministros aprobó el 23.10.06 un crédito adicional al presupuesto de gastos del Ministerio de Educación y Deportes (MED) por 600 mil millones de bolívares, que permitirán cumplir el pago del incremento de 40% del sueldo del personal docente nacional. Asimismo, el Ministro de Comunicación e Información, Willian Lara , anunció que había sido aprobado un crédito adicional destinado a pagar el incremento del salario mínimo, como fue anunciado el 01.09.06, para los trabajadores y trabajadoras del sector público. El monto del crédito aprobado para diversos ministerios y empresas del Estado asciende a 520 mil 558 millones de bolívares. (Agencia Bolivariana de Noticias, 23.10.06, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=67203&lee=Array[0])
Una semana antes, Lara había difundido la noticia de que el Consejo de Ministros había aprobado trece créditos adicionales, entre los que destacaba la cifra de un 1,8 billones de bolívares destinados al ajuste del tabulador de obreros, escala de sueldo del personal administrativo, apoyo técnico, profesional, técnico superior, jubilados y pensionados de la administración pública nacional, a partir del 01.02.06. Estos recursos, según explicó el titular del Minci, podrán ser orientados a cubrir los gastos en estos niveles del gobierno y para la cobertura del ajuste del salario mínimo decretado por el Presidente de la República en este 2006 en gobernaciones y alcaldías, entes descentralizados adscritos y demás órganos de la Administración Pública, esto incluye las Contralorías de los estados y los Consejos Legislativos. Igualmente el Consejo de Ministros aprobó un crédito adicional por 166 mil millones de bolívares para cubrir la tercera porción del pago parcial de prestaciones sociales a ex trabajadores de la Administración Pública Nacional, específicamente de los ministerios de Salud, Infraestructura, Defensa y Educación y Deportes. (Ultimas Noticias, 13.10.06, pág. 19)
Un hombre que estafó a varias personas con la promesa de tramitarles la adjudicación de viviendas a través de Conavi fue detenido en Los Teques por funcionarios de la División contra Robos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, penales y Criminalísticas (Cicpc). De acuerdo con la versión policial, Ramos Fermín, presunto estafador, constituyó una empresa fantasma denominada Capibo (Casas Populares de Integración Bolivariana), a través de la cual contactaba personas necesitadas de vivienda y les solicitaba un millón de bolívares para efectuar los trámites ante el Consejo Nacional de la Vivienda (Conavi). En su vivienda el Cicpc localizó 42 cédulas en blanco, 13 planillas falsas de certificación de regulación de naturalización, una planilla para solicitar viviendas, chequeras, sellos con la inscripción de Cadivi, Conavi y el Fides, así como láminas de acetato para plastificar cédulas. El organismo policial intentará establecer el número de personas a quienes estafó. (Ultimas Noticias, 28.10.06, pág. 28)
En este sentido, Jesús Torrealba , coordinador de la Asociación Civil » Radar de los Barrios» , denunció que organismos públicos como el Cicpc, Disip, Fiscalía y la Contraloría General de la República eran cómplices de la estafa en el Conavi en su programa VIII. «Existe gente sin vivienda haciendo colas interminables, una danza de cheques millonarios y unos criminales sin castigo son los tres vértices de ese triángulo de las Bermudas en que se ha transformado el Pro grama VIII del Conavi», expresó Torrealba a través de un comunicado de prensa. En su declaración agrega que «la estafa masiva y continuada que presuntamente existe en ese programa gubernamental se produce al amparo de la complicidad, por acción u omisión de las autoridades que tienen la obligación de investigar y castigar esos hechos de corrupción». Según la información manejada por su organización, algunos de los beneficiarios estafados son Carlos Redondo Cruz (cheque Banfoandes número 583.612 por 35 millones de bolívares; María de la Chiquinquirá Pereira (cheque Banfoandes número 31.727.362 por 68 millones); Juan Lorenzo Reyes (cheque Banfoandes número 948.131 por 50 millones), y Belkis Coromoto Pernía (dos cheques del Banco Industrial de Venezuela, números 6535406 y 7134504, ambos por 35 millones, para un total de 70 millones), entre otros. (Ultimas Noticias, 23.10.06, pág. 18).
Provea sostiene que la incertidumbre en el proceso de adjudicación de viviendas efectivamente favorece actos de corrupción, en dónde las familias favorecidas, en su ansiedad por disfrutar de su derecho a una vivienda digna, acude a intermediarios que tras cobrar una suma de dinero, promete agilizar los trámites en los entes públicos. Por ello, hace un llamado a las autoridades públicas para que tomen las medidas pertinentes para agilizar y hacer transparente el proceso de adjudicación de viviendas, pues las irregularidades son padecidas por los sectores de menores recursos.
Según un reportaje divulgado por un medio impreso de circulación nacional, el presupuesto asignado por la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) al Ministerio de Vivienda y Hábitat se redujo de 4,5 billones – asignados para este año- a 1,6 billones en el 2007. El texto asegura que “es el recorte más severo que se observa al comparar los gastos de 2006 con las partidas del próximo año que recibirá cada uno de los 24 ministerios”. El análisis establece que se repetirá la estrategia adoptada por el ejecutivo de solicitar al Parlamento créditos adicionales para el sector vivienda. En el proyecto de presupuesto de 2006 se le asignaron al ministerio de vivienda 716,8 millardos de bolívares, pero a lo largo de 2006 la Asamblea Nacional aprobó más dinero para ese despacho y según la Onapre el monto total ascenderá a 4,6 billones de bolívares. El dinero recibido por la vía del presupuesto ordinario representó apenas 16% del total de bolívares de este año.
Al desagregar otros rubros del presupuesto se observan otras disminuciones. El Ministerio de Economía Popular experimentó una disminución del 55%, mientras que en el despacho de Agricultura y Tierras hay un 38% menos. Para las obras de Infraestructura el presupuesto aparta 3,8 billones de bolívares. En 2006 contó con 6,2 billones de bolívares.
Entre los rubros que sufrieron un ascenso está la educación. El Ministerio de Educación , Cultura y Deportes tendrá un presupuesto previsto de 18,5 billones de bolívares, 24% más alto. ( El Nacional, 20.10.06, A/19).
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) del área metropolitana de Caracas registró en el mes de octubre variación de 0,7%, notablemente inferior a la observada en el mes de septiembre (1,9%) y similar a la reportada en octubre del año pasado (0,6%). Con este resultado la variación acumulada al cierre del décimo mes del año 2006 se ubica en 13,4%, mayor al 12,3% obtenido en el mismo período del año 2005. El menor crecimiento de la variación intermensual del IPC en el mes de Octubre se manifestó tanto en los rubros sujetos a control (de 2,5% a 1,1%), como en los rubros no controlados (de 1,4% a 0,4%).
Índice de Precios al Consumidor (IPC)
| Mes | Tasa de variación mensual | Tasa de variación intermensual | Tasa de variación acumulada 2006 | Tasa de variación Interanual 2005/6 |
| Enero | 0,7 | x | x | -1,2 |
| Febrero | 0,3 | -0,4 | 1 | 0,2 |
| Marzo | 0,9 | 0,6 | 1,9 | -0,3 |
| Abril | 0,6 | -0,3 | 2,5 | -0,7 |
| Mayo | 1,6 | 1 | 3,5 | -0,9 |
| Junio | 1,9 | 0,3 | 5,5 | 1,2 |
| Julio | 2,4 | 0,5 | 8,1 | 1,5 |
| Agosto | 2,2 | 0,3 | 10,4 | 1,2 |
| Septiembre | 1,9 | -0,3 | 12,5 | 0,4 |
| Octubre | 0,7 | -1,2 | 13,4 | 0,9 |
http://www.bcv.org.ve/c4/notasprensa.asp?Codigo=146&Operacion=2&Sec=False
En general, el resultado del indicador fue favorecido por bajas de precios de los productos agrícolas, asociadas a una mayor oferta en este mes. Al analizar por grupos se observan desaceleraciones en 7 de las 13 categorías que integran la canasta del IPC: Servicios de educación (de 9,7% a 0,4%), Equipamiento del hogar (de 4,8% a 1,5%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (de 1,4% a -0,1%), Comunicaciones (de 1,9% a 0,9%), Transporte (de 1,0% a 0,3%), Salud (de 1,5% a 0,9%) y Esparcimiento y cultura (de 1,3% a 0,9%). Por el contrario, 3 grupos mostraron aceleraciones con respecto a la tasa del mes previo: Bebidas alcohólicas y tabacos (de 0,5% a 3 ,8%), Restaurantes y hoteles (de 2,2% a 2,6%) y Alquiler de viviendas (de 0,6% a 1,0%). Tanto los bienes como los servicios registraron en el período, menores crecimientos que en el mes previo, al pasar de 1,3% a 0,6% y de 2,5% a 0,9%, respectivamente.
Otros indicadores
Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) la tasa de desempleo disminuyó un punto porcentual equivalente a 313.319 desocupados menos entre agosto y septiembre al moverse de 10,5% a 9,5%, respectivamente, según el informe mensual sobre la situación de la fuerza de trabajo en Venezuela. El número de desempleados pasó de 1,28 millones a 1,17 millones de personas entre los dos meses mencionados. Al comparar septiembre de 2006 con el mismo mes del año pasado cuando había 1,39 millones de desocupados el índice registra una reducción de 2 puntos porcentuales. En el análisis comparativo interanual, el INE señala que la población ocupada pasó de 10,69 millones (88,5%) a 11 ,14 millones (90,5%) de personas, lo cual refleja un incremento de 444.582 individuos de los cuales 318.355 ingresaron en el sector formal de la economía. La fuerza de trabajo o población económicamente activa con 15 años o más de edad aumentó de 12 millones a 12,3 millones de trabajadores. ( El Nacional, 20.10.06, A/20).
Estas cifras fueron complementadas por el Ministro de Planificación y Desarrollo , Jorge Giordani, quien declaró que los niveles de empleo formal han crecido durante 2006, en 55% y el informal en 45%, estimando para el cierre de año una tasa de desempleo de 7%. ( Agencia Bolivariana de Noticias , 23.10.06, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=67160&lee=3)
Un reportaje difundido por el Ministerio de Comunicación e Información establece que ha disminuido progresivamente en nuestro país tanto la pobreza coyuntural como estructural. Según el ente, cuando el Presidente Chávez asumió la administración del país la pobreza se ubicaba en 43,9 por ciento. En el año 2001 disminuyó el número de hogares pobres a 39 por ciento. Pero entre el 2002 y el 2003 los hechos del país aumentaron la pobreza a 55,1 por ciento. Entonces el desempleo llegó al 20 por ciento y el ingreso del Producto Interno Bruto (PIB) cayó 8 puntos. Para el primer semestre del año 2006 existían 33, 9 por ciento de hogares en condiciones de pobreza de los cuales 10,6 por ciento se encuentran en condiciones de pobreza extrema. El informe compara esta cifra con las de 1999, cuando la pobreza extrema se ubicaba en 17.1 por ciento.
En 1999 la pobreza estructural estaba en 28,9 por ciento y la estructural extrema en 10,8 por ciento. En el año 2001, la primera bajó a 27,8 y la extrema a 9,3. Tras los sucesos del 2002, entre ese año y el 2003, la pobreza estructural subió a 31, 2 por ciento y la extrema llegó a 13 puntos. Luego como resultado de las decisiones económicas y sociales que ha tomado el Gobierno, afirma el Minci, el año 2005 cerró con una pobreza estructural en 26,7 por ciento y de este total 10,1 está en pobreza extrema.
En los años 1998 y 1999 Venezuela tenía un Índice de Desarrollo Humano (IDH) mediano, exactamente de 0,69 puntos. El año 2005, que es la última cifra que maneja el INE , cerró en 0,81 puntos, lo que significa que Venezuela pasó de un Índice de Desarrollo Humano medio a un índice alto. (Ministerio de Comunicación e Información, 24.10.06, http://mci.gov.ve/reportajes1.asp?id=347)
- Establecer una política de desarrollo sustentada en la variable ambiental y la participación ciudadana.
- Revisar las concesiones y contratos o convenios petroleros concedidos en el marco de la apertura petrolera, anulando aquellos que se encuentren en áreas de alta fragilidad ambiental y social.
- Dar efectiva vigencia a la Ley Penal del Ambiente.
- Revisar todas las concesiones mineras, permitiendo esta actividad solo en aquellas zonas que no estén en áreas protegidas (Abrae) o en territorios indígenas, ni en zonas de alta diversidad biológica, en bosques nativos y cuencas.
- Revisar y formular la política de concesiones y manejo forestal. Establecer un nuevo Plan Nacional Forestal dentro de cuyos objetivos esté el descongelamiento y eliminación de las plantaciones forestales industriales que se están desarrollando a expensas del bosque nativo natural y de otras formaciones vegetales de gran valor biológico.
- Sustituir los objetivos de explotación económica por objetivos de aprovechamiento sostenible de los recursos.
- Excluir el uso minero en la Reserva Forestal de Imataca, por ser esta, área de protección especial, y privilegiar las explotaciones en otros renglones que no constituyan amenaza para el hábitat.
- Sanear la Reserva Forestal de Imataca de focos mineros, recuperar las áreas degradadas por la minería, rescindir las concesiones y/o contratos mineros entregados dentro de la Reserva Forestal.
- Desarrollar planes efectivos de recuperación de cuencas y embalses y el establecimiento y ejecución coordinada de un Programa Nacional de Descontaminación de los Litorales Marinos.
- Garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental por parte de todas las empresas e industrias que operan en el país.
- Reformar las Normas Reglamentarias sobre parámetros de calidad de agua y aire.
- Confeccionar un plan nacional para la reubicación y construcción de rellenos sanitarios, con apoyo de las gobernaciones y los municipios, que impida la improvisación y establezca criterios unificados al respecto.
- Impulsar y fortalecer, por parte de las municipalidades y las empresas privadas, los sistemas de recolección, disposición y tratamiento de aguas servidas domésticas e industriales.
- Desarrollar un Plan de Educación Ambiental que incluya la educación al consumidor y a los productores sobre los riesgos para la salud y el ambiente del uso de organismos genéticamente modificados (OGM) y de miles de sustancias químicas sintéticas empleadas por la industria moderna, todo con miras a un mayor control o incluso a la sustitución por productos naturales no dañinos.
- Desarrollar una política de desconcentración de plantas industriales y negociación de plazos cortos para la adecuación de empresas generadoras de desechos y contaminantes, el tratamiento adecuado de sus efluentes y residuos, así como la instalación de correctos dispositivos que eviten la inadecuada disposición de los mismos.
- Declarar una moratoria a la exploración y explotación de petróleo y gas en el Delta del Orinoco y el Golfo de Paria. Declarar la moratoria a la explotación del carbón en la Sierra de Perijá.
(Provea, 30.10.06. http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2004_05/2017/06/Propuestas.pdf)
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
INVITACIONES A EVENTOS
ARTÍCULOS
NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS
DOCUMENTOS
Del 13 de septiembre al 05 de octubre de 2006
Boletín electrónico Nº 176
EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE NOVIEMBRE
05 Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados
10 Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo
16 Día Internacional para la Tolerancia
18 Día Nacional de la Alimentación
20 Día Internacional de los Derechos de los Niños y las Niñas
21 Día Nacional del Estudiante
25 Día Internacional Contra la Explotación de la Mujer
27 Segundo intento de Golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez (1992)
27 Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino
CONTEXTO
El 29 de octubre de 1988 un General de Brigada (Ej), Antonio Camejo Arias, realiza una rueda de prensa. En ella informa que 16 miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), de nacionalidad colombiana, habían resultado muertos en un enfrentamiento cuando intentaban dinamitar una instalación petrolera en territorio venezolano. Ni guerrilleros ni colombianos: los 16 asesinados, cómo se demostró en las investigaciones posteriores, eran pescadores residentes en la comunidad de El Amparo, estado Apure.
La masacre había sido realizada por el Comando Específico “ José Antonio Páez ” (CEJAP), en el sector conocido como Caño La Colorada. El CEJAP estaba integrado por funcionarios de la Policía Técnica Judicial (PTJ), la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) y miembros de las Fuerzas Armadas. Las investigaciones y las declaraciones de dos sobrevivientes, José Arias y Wolmer Pinilla, develaron que los pescadores habían sido emboscados por funcionarios del CEJAP, como manera de legitimar su papel en la ejecución de las políticas represivas en la zona. En un año desde su creación, 28 de octubre de 1987, este comando había realizado operaciones similares en Caño Las Gaviotas, Los Totumitos y El Vallado. Para el Coordinador General de Provea, Marino Alvarado, las irregularidades presentes en El Amparo no fueron un hecho aislado: “En todas estas acciones hubo denuncias que negaron que las víctimas fueran miembros de la subversión colombiana”.
Agotados los esfuerzos para obtener justicia y en virtud de las irregularidades que ocurrían en el proceso judicial, las organizaciones de derechos humanos Red de Apoyo por la Justicia y la Paz y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), elevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En 1994, esta instancia remitió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), luego que los gobiernos de Carlos Andrés Pérez y Ramón J. Velásquez incumplieran sus recomendaciones. El 11 de enero de 1995, el Estado reconoció los hechos y asumió la responsabilidad ante la Corte IDH. El 14 de septiembre de 1996 dicho tribunal dictó sentencia fijando el monto de las indemnizaciones que debían pagarse a los 2 sobrevivientes y a los familiares de los fallecidos, ordenando que se continuara con las investigaciones y se sancionara a los autores materiales e intelectuales de la masacre. En diciembre de 2005, 9 años después, el Estado venezolano terminó de cancelar el monto de la indemnización, pero no ha acatado la decisión de castigar a los responsables , por lo que la masacre continúa impune. Los imputados en los hechos quedaron en libertad a través de una sentencia inconstitucional emanada de la Corte Marcial, confirmada por la Sala Penal de la extinta Corte Suprema de Justicia.
El Coordinador General de Provea, a propósito del 18º aniversario de la Masacre de El Amparo , relaciona aquellos hechos con la realidad del país en el momento actual. “A pesar de que el gobierno condena en su discurso las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado, su política implementada en las zonas fronterizas no se diferencia de la lógica que en su tiempo llevó a conformar el CEJAP, privilegiando el aspecto represivo y militar sobre el desarrollo de una política integral en la zona que adelante, coordinada y coherentemente, iniciativas en materia de salud, educación, empleo, vivienda y otros derechos sociales”. Por su parte, las organizaciones de Derechos Humanos han mostrado su preocupación por las recientes declaraciones de algunos parlamentarios que han sugerido la suspensión de las garantías constitucionales en la frontera, como lo expresa la reciente declaración realizada por el Foro por la Vida . Para Maria Elena Rodríguez , coordinadora del Programa de Exigibilidad de Provea, “las recientes denuncias sobre actuaciones irregulares de los Teatros de Operaciones 01 y 05 (Masacres de El Nula y La Paragua) sugieren que la impunidad aún caracteriza las actuaciones de los cuerpos de seguridad del Estado, así como la falta de transparencia de las investigaciones sobre los hechos”.
Finalmente, Marino Alvarado rechazó que algunos de los imputados en la Masacre de El Amparo continúen ocupando cargos públicos en la actualidad, tanto en dependencias administrativas, en el seno de la Fuerza Armada Nacional (FAN) y diversos organismos de seguridad del Estado.
El evento tiene como objetivo promover una reflexión sobre el papel que juegan los jueces, abogados y fiscales en el sistema de administración de justicia. En tal sentido, serán presentados los principios internacionales que rigen la actuación de cada uno de los profesionales que actúan en el sistema, principios que fueron recopilados en una guía que le será obsequiada a cada uno de los participantes.
El sistema judicial de un país es esencial para la protección de los derechos humanos y las libertades, y los tribunales cumplen la función fundamental de asegurar que las victimas o potenciales victimas de violaciones de derechos humanos sean protegidas, y que los perpetradores de las violaciones a los derechos humanos sean llevados ante la justicia, asegurándoles a estos últimos un juicio justo de acuerdo a las normas nacionales e internacionales de protección derechos humanos.
El seminario contará con destacados ponentes internacionales y nacionales y se debatirán temas tales como:
1) Independencia del poder judicial. a) Estado de derecho y separación de poderes.b) Independencia institucional (selección y nombramiento de jueces, condiciones de servicio y estabilidad en el cargo, autonomía financiera y disciplina, entre otros temas).c) Independencia individual.
2) Imparcialidad del poder judicial: a) Imparcialidad subjetiva b) Imparcialidad objetiva c) Ética judicial
3) El rol del poder judicial como protector de los derechos humanos: debido proceso, acceso a la justicia, violaciones masivas a los derechos humanos, impunidad y control judicial de los actos de los otros poderes, entre otros temas.
4) Formación de jueces.
5) El rol de una profesión legal independiente para la defensa de los derechos humanos.
6) El rol de una fiscalía autónoma y objetiva.
El seminario pretende estimular el debate sobre la necesidad de formular políticas que permitan fortalecer el sistema de administración de justicia y la defensa de los derechos humanos por parte de los profesionales del derecho, los gestores de las políticas, los institutos de capacitación y las organizaciones de derechos humanos.
Día: Miércoles 11 de octubre del 2006
Horario: 8:30 a.m. – 6:30 p.m.
Lugar: Ateneo de Caracas
Auspician:
Comisión Internacional de Juristas
Provea
Colegio de Abogados de Caracas
Centro de Derechos Humanos UCAB
Oficina de Derechos Humanos Embajada de España
Más información: Provea: 0212-8621011,
Colegio de Abogados: 0212-4515542, 4515754, 4612874 (ext. 15)
Ante las denuncias de las agresiones sufridas por activistas políticos durante eventos de proselitismo político, así como las declaraciones acerca de la territorialización partidista de las áreas urbanas en donde la presencia de “otros” y “otras” se percibe como una provocación, Provea desea instar a los diferentes actores políticos a realizar una campaña electoral con convivencia ciudadana.
Como ha sido la postura frente a los diferentes momentos de tensión y polarización del pasado reciente, Provea desea reiterar el llamado a la continuidad de la administración democrática de los conflictos. Como señalamos en el Contexto de nuestro “Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela. Octubre 2002/septiembre 2003” (consultar en: http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2002_03/2contextoYbalance.pdf), el “conflicto venezolano no nace «de la nada» Se trata de la entrada en resonancia de, al menos, tres crisis o conflictos que se vienen manifestando, sin resolverse, desde la década de los 80 y que hoy son intensos detonantes de la polarización: una crisis socio-económica, una crisis político-institucional y una crisis de incertidumbre frente al modelo de desarrollo”. Por ello, independientemente del resultado de este domingo, la continuidad de una administración o procesamiento democrático de nuestras diferencias está asociada, con una incidencia democrática en esas tres crisis. Nos permitimos recordar lo que señalamos en diciembre de 2003 sobre lo que consideramos “claves de derechos humanos para una administración democrática del conflicto”:
“La pobreza y la desigualdad son el principal problema del país Hoy no es posible pensar en una democracia sustantiva con los niveles de inequidad existentes en el país. Así como tampoco es posible reducirlos por vías que no sean democráticas. Los acuerdos para enfrentar el déficit democrático que representa la exclusión social, con la decidida intervención del Estado y la puesta en práctica de mecanismos de solidaridad social, deben, además, tener a los sectores populares como sujetos de su propio desarrollo Para reducir exitosamente la pobreza es necesario, además, un fortalecimiento de la institucionalidad democrática del Estado, que redunde en el aumento de su capacidad de garantizar, proteger y cumplir con todos los derechos humanos de la población, así como la existencia de acuerdos mínimos entre las fuerzas sociales y políticas del país. El logro de los acuerdos implica voluntad de negociación y, cabe aclarar que, negociar no significa traicionar principios, postulados constitucionales o promesas electorales. El país necesita un acuerdo de largo plazo en el que quepamos todas y todos´; uno que incluya a quienes, social y políticamente, han estado tradicionalmente excluidos. Trascender el pacto de élites y concretar uno realmente plural, mediante el cual se comprometa firme y duraderamente la voluntad de los actores en torno ala construcción de consensos cuando ello sea posible o el procesamiento democrático de los disensos cuando éstos sean irreductibles´. Implica, organizaciones y partidos políticos fuertes, tal como lo establece la Carta Democrática Interamericana en su artículo 5; y que esa fortaleza radique en su transparencia, abdicación del clientelismo, ofertas claras de proyectos país, democracia interna, promoción de la participación popular y, particularmente, en su capacidad para realizar mediaciones sociales y políticas. En este terreno es igualmente fundamental la despolitización de la FAN y un ejercicio responsable de la libertad de expresión en los medios de comunicación públicos y privados”. (Provea, 05.10.06).
En virtud del desarrollo de la campaña electoral para escoger el primer mandatario para el período 2006/2012, desde una visión de derechos humanos insistimos en recordar que los mecanismos democráticos pueden ayudar a facilitar mecanismos de consenso con la reducción de los niveles de confrontación y de violencia. Pero para ello, la contienda electoral debe realizarse en un ambiente propicio y con un espíritu democrático por parte de los diferentes actores que compiten. Si, por el contrario, las partes insisten en utilizar los mecanismos democráticos como dispositivos de confrontación y eliminación del contrario y no ponen en práctica estrategias de convivencia posterior con los que piensan distinto, dicha consulta puede ser un nuevo coadyuvante de la violencia. La salida a la crisis del país entonces no es sólo electoral, sino que implica madurez democrática de los principales actores políticos. Asimismo, exhortamos a los actores a elevar los niveles de argumentación y debate, así como respetar las actividades proselitistas de las otras fracciones partidistas.
La Red de Diversidad Sexual, plataforma que reúne a varias organizaciones GLBT del país, realizó un pronunciamiento ante las declaraciones emitidas por el gobernador del Zulia y candidato presidencial Manuel Rosales en el programa televisivo “Diálogo con”. Ante la pregunta del periodista Carlos Croes acerca de su opinión sobre el matrimonio homosexual, Rosales expresó que era una “aberración”.
En su comunicado, la Red de Diversidad Sexual expresa los siguiente:
“Ante las declaraciones homofóbicas y antidemocráticas del candidato presidencial Sr. Manuel Rosales el pasado domingo en el programa «Diálogo con», conducido por el periodista Carlos Croes, donde el precitado candidato, ante la pregunta del periodista sobre el matrimonio homosexual respondió que este era una aberración alegando al carácter divino del mismo (del matrimonio heterosexual), La Red de Diversidad Sexual expresa lo siguiente:
1.- Repudiamos enérgicamente la actitud homofóbica manifestada por el señor Rosales, quien al parecer ignora el hecho inocultable de que la homosexualidad es una condición legitima, protegida por los pactos internacionales de derechos humanos, que en Venezuela gozan de rango constitucional.
2.- Asimismo, el lenguaje discriminatorio y de odio está prohibido por la Constitución, ya que este tipo de lenguaje, fomenta la deshumanización de los grupos sociales objetivo, en este caso las personas con una orientación sexual distinta a la heterosexual mayoritaria normativa.”
En el pronunciamiento las organizaciones realizan las siguientes peticiones:
1.- Por lo anteriormente dicho exigimos al Candidato Manuel Rosales emita una disculpa pública, retractándose de los graves comentarios emitidos en contra de las personas homosexuales.
2.- Partiendo de la definición constitucional de que los derechos humanos son interdependientes e indivisibles, entendemos esta declaración como discriminatoria e irrespetuosa de la dignidad de la ciudadanía homosexual y transgénero del país.
3.- La homofobia, es decir, el odio contra las personas homosexuales, es equivalente al racismo, por lo tanto es un delito y éticamente inadmisible en una sociedad que se pretenda democrática.
4.- Exigimos al candidato se pronuncie o explique su posición frente a la definición constitucional de estado laico y la estricta separación entre iglesia y estado, pues este es un principio fundamental del sistema democrático y nos preocupa su aparente falta de claridad sobre este punto, cuando habla del carácter divino del matrimonio. Cabe recordar que en Venezuela hace ya más de un siglo que se instauró el matrimonio como institución civil, y no existen razones racionales u objetivas para negarle el derecho a las personas diversamente sexuales a que se casen con las personas de su preferencia, o decidan compartir destinos y bienes ni, en general, a que puedan desarrollar libremente su personalidad, siempre que cumplan con las mismas condiciones éticas de respeto al derecho ajeno que debe cumplir el resto de la sociedad.
5.- Finalmente, la expresión aludida es tanto más inoportuna cuanto que una parte importante de la población venezolana pertenece a este grupo social, lo cual demuestra igualmente una ceguera política imperdonable en alguien que dice que gobernará para los 26.000.000 de venezolanos y venezolanas. Esperamos de todas las personas que aspiren a cargos públicos que trabajen para incluir a las y los venezolanos, no a excluirlos. Evidentemente, esta exigencia es extensible a todas las ideologías y toldas políticas, sin distinción.”
La comunicación es suscrita por el Colectivo de Lesbianas Feministas Josefa Camejo, la Red Tolerancia, Acción Ciudadana Contra el Sida, Acción Solidaria y la Fundación Reflejos de Venezuela.
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
El Presidente de la República, Hugo Chávez, afirmó que la asignación presupuestaria del Estado venezolano en el sector educativo estaba por encima del promedio mundial: un 10% del producto interno bruto, una cifra que no toma en cuenta la inversión privada. El primer mandatario indicó que en 1998 el porcentaje asignado a la educación era de 3,6%, «de 100 bolívares se asignaban 3 a la educación». Agregó que casi 8 años después el presupuesto destinado a ese sector por el Ejecutivo, sin contar las misiones, gobernaciones y alcaldías, es de 7,8% del PIB. (El Nacional, 20.09.06, A/4).
Por otra parte, voceros del Ejecutivo nacional explicaron que el año escolar 2006/2007 sería la consolidación del sistema de Educación Bolivariana. El Ministro de Educación y Deportes, Aristóbulo Isturiz, calculó en 8 millones la matrícula estudiantil del país, apuntando que una de las metas de su despacho es la universalización del preescolar y la ampliación de la cobertura en la etapa maternal. En este particular acotó que la cobertura del Gobierno asciende a 83% de niños de seis años y 86% de niños de cinco años. El funcionario realizó un balance de los avances de la gestión gubernamental en materia educativa, estimando en 322 la cantidad de planteles educativos a incluirse a corto plazo en el programa de Escuelas Bolivarianas, los cuales se sumarían a los cinco mil 322 existentes. La matrícula de las escuelas supera el millón de estudiantes, que son atendidos por 126 mil 602 docentes, según las cifras difundidas por su despacho. Para los últimos años de la educación básica, el Ministro Isturiz esbozó que a mil 269 alcanzaría la cifra de Liceos Bolivarianos en el nuevo período escolar, los cuales atenderían a 977.528 estudiantes. Mil 40 liceos restantes estarían a la espera de su conversión en bolivarianos, “proceso que está en marcha” según sus palabras. Por otra parte, 247 instituciones funcionan bajo la modalidad de Escuelas Técnicas Robinsonianas y se construirán 18 más, las cuales incrementarían en 10 mil la matrícula escolar que hoy cubre el número de 189 mil 909 estudiantes.
Las cifras detalladas por renglón serían las siguientes:
Matrícula según el nivel de educación (*)
| NIVEL | CANTIDAD |
| Educación Inicial | 1.469.784 |
| Educación Básica | 3.725.654 |
| Educación Media | 2.536.314 |
| Educación Especial | 185.593 |
| Educación de Adultos | 456.313 |
| Educación Extra Escolar | 767.703 |
Fuente: Ministerio de Comunicación e Información (MCI)
http://www.mci.gob.ve/noticiasnuev.asp?numn=11365
Para el area metropolitana la matrícula de la zona educativa del Distrito Capital se distribuye en 1.453 planteles nacionales privados, autónomos y distritales. Los colegios privados sobrepasan la cifra de 642 en el área metropolitana. Mientras que los distritales alcanzan 96. En total atienden a 548.000 estudiantes. Asimismo, la matrícula de la zona educativa del Distrito Capital incluye a 8.595 estudiantes de la Misión Robinson II y 16.904 bachilleres integrales de la Misión Ribas. Además de 12.000 alumnos inscritos en el sistema de educación especial. En total ascienden a 25.499 jóvenes. (El Universal, 18.09.06, http://noticias.eluniversal.com/2006/09/18/ccs_apo_18401B.shtml)
Isturiz destacó la incorporación de 24 mil 884 nuevos docentes al sistema, la entrega de cien mil nuevas mesas-sillas y 20 mil pizarrones a los planteles del país. A ello se suma la dotación a preescolares rurales e indígenas con mil 200 equipos de educación musical, e igual número de juegos de implementos de trabajo agrícola, laboratorios de preescolar y material didáctico. Asimismo, se entregaron semillas y materiales agrícolas a los cuatro mil planteles rurales para el desarrollo de hurtos escolares, y se adjudicó laboratorios integrales y bibliotecas a los 150 liceos bolivarianos rurales que existen en el país.
En el balance difundido por el despacho de Educación y Deportes se detalló el presupuesto asignado a la infraestructura educativa, el cual alcanza los 142.5 millardos de bolívares para la entrega de 147 planteles, 62 de los cuales son nuevas construcciones y otros 85 rehabilitados. Para este año el Programa de Alimentación Escolar (PAE) atenderá a un millón 596 mil 160 alumnos con una inversión de 307 mil 718 millones de bolívares y con el complemento alimentario de los liceos se beneficiará un millón 45 mil 779 jóvenes, recibiendo una inversión de 125 millardos de bolívares. (Ministerio de Comunicación e Información, 19.09.06, http://www.mci.gob.ve/noticiasnuev.asp?numn=11365).
Misiones y nuevas materias
Durante una entrevista realizada en un canal estatal, el Ministro Isturiz declaró que las misiones educativas (Robinson I y II, Ribas y Sucre) habían incorporado a cuatro millones de estudiantes que estaban excluidos del sistema educativo. «Tenemos un millón 530 mil alfabetizados, 327 mil personas han salido de sexto grado, que van a la Misión Ribas este mes», afirmó. (Ultimas Noticias, 14.09.06, pág. 14). Por otra parte, el el director de la zona educativa de Caracas, Andrés Rodríguez, informó que el inicio del año escolar incorporaba el ajedrez como materia obligatoria en todos los niveles. «Se trata de una política de Estado que deben poner en práctica instituciones públicas y privadas», indicó. La otra materia obligatoria es del área artística. «En todos los planteles públicos de Caracas, sean o no bolivarianos, habrá un maestro especialista en Música, Teatro y Danza, es una obligación que los colegios privados también lo tengan», dijo. Asimismo, reconoció que la única dificultad es que no haya suficientes profesores especialistas en estas artes. (El Nacional, 18.09.06, B/19).
El inicio del período escolar 2006/2007 trajo consigo, a su vez, diferentes denuncias sobre la precariedad de algunas instituciones educativas que no garantizaban el derecho a la educación dada sus condiciones.
La Escuela Básica Nacional Carlos Emiliano Salom, ubicada en Ciudad Bolívar, se declaró en emergencia debido a la falta de electricidad, limpieza, impermeabilización entre otros problemas. Desde el 22.09.06 se instaló una meda técnica, conformada por representantes de la Alcaldía, el jefe de la Zona Educativa y representantes de FEDE y de la institución educativa para discutir la manera de realizar las reparaciones necesarias. María Preciosa Abreu, directora del plantel, declaró que «los baños no sirven, nos robaron los transformadores, cada vez que llueve se inunda el tercer piso». Debido a la situación, la Escuela no pudo iniciar sus actividades el 18.09.06. (Correo del Caroní, 23.09.06, http://www.correodelcaroni.com/content/view/44275/149).
En San Félix, el techo de la Escuela Básica Nacional José Tomas Machado se está desmoronando, según la denuncia realizada por Giovanni Gómez, director del plantel. Para el educador, la situación del local educativo ha llegado al límite, apuntando que en los últimos años los arreglos y sostenimiento general del liceo se ha realizado por los representantes y maestros de la comunidad. «He ido 5 veces a la Dirección de Proyectos de la Gobernación y nada… no nos hacen caso», declaró Gómez, quien considera que los entes están esperando que la escuela se termine de dañar para hacer la actuación correspondiente. (Correo del Caroní, 21.09.06, http://www.correodelcaroni.com/component/option,com_wrapper/Itemid,162/?id=44012). En la misma ciudad, los niños de la comunidad “Francisca Duarte” no habían podido incorporarse a clases debido a que el proyecto de la construcción de la Escuela 15 de Noviembre apenas había culminado cuatro de las 15 aulas proyectadas. Esta situación suma en la incertidumbre a 460 estudiantes. Nelson Urbáez, vecino de la comunidad, denunció que la Alcaldía no daba respuestas sobre la cesión de recursos, afirmando que les plantearon que buscaran ellos mismos otros espacios para que los pequeños reciban clases, “pero resulta que ya tenemos más de seis años haciendo barraquitas y buscando ‘espacios alternativos’, algo que ya no podemos seguir haciendo”. (Correo del Caroní, 04.10.06, http://www.correodelcaroni.com/component/option,com_wrapper/Itemid,162/?id=45401).
En Yagua, estado Carabobo, voceros del liceo Enrique Tejera apuntaron que iniciaron el año escolar con salones sin techo y paredes a punto de derrumbarse. El concejal de la Cámara Municipal de Guacara, Rodulfo Matheus, comentó en la prensa regional que el liceo había pasado a la modalidad de bolivariano sin contar con las condiciones estipuladas por el gobierno nacional. “Cómo se puede denominar a una institución educativa bolivariana –declaró- cuando sólo posee un baño para una población estudiantil de 850 niños y adolescentes. Es inadecuado que un niño de 7 años tenga que compartir el mismo sanitario con un adolescente de 17”. El funcionario interpeló a la empresa PDVSA por haberse comprometido a mejorar la infraestructura del centro educativo, sin cumplir con su palabra. (El Carabobeño, 22.09.06, D/4).
En el estado Aragua, el presidente del Colegio de Profesores Richard Rivas estimó que en la entidad existían 149 instituciones educativas que no estaban aptas para el inicio de clases, lo cual representa el 60% del total de las escuelas. Según la denuncia, se trata de instituciones con infraestructuras dañadas, baños inservibles o inexistentes, falta de servicios públicos (agua y luz), tuberías y drenajes obstruidos, carencia de pupitres así como áreas recreativas. El directivo hizo especial referencia a los recintos educativos Saúl Albano Moreno (Cagua), Leonitas Alvarado (San Mateo), Tinapuey de Las Tejerías, Sergio Medina de La Victoria, Liceo Maracay, Agustín Codazzi, Juan Vicente Bolívar y la Escuela Técnica Industrial Joaquín Avellán, los cuales estarían a punto de colapsar. «Estamos hablando de más de medio millón de estudiantes, en todos los niveles, que estarían afectados y que no recibirán durante este año escolar una educación eficaz en la entidad», señaló Rivas. (El Universal, 18.09.06, http://noticias.eluniversal.com/2006/09/18/pol_art_18110B.shtml).
En Miranda, especialmente en Altos Mirandinos, Guarenas-Guatire, Barlovento y Valles del Tuy hubo denuncias sobre irregularidades en la infraestructura de centros educativos. Según un informe de la Corporación de Desarrollo de la Región Central (Corpocentro), la mayoría de la planta física de la región sufre la deficiencia de servicios como el agua y la electricidad, sobre todo en Barlovento, específicamente en Pedro Gual. El estudio reconoce que en Brión, Cristóbal Rojas, Paz Castillo y Carrizal hay carencia de infraestructura educativa. La infraestructura escolar en los Valles del Tuy la conforman 146 planteles educativos nacionales, 156 del gobierno regional, siete autónomos y un número superior a las 100 instituciones educativas en el ámbito privado. Se estima que 18 por ciento de los 146 planteles educativos nacionales requiere una urgente inversión en materia de infraestructura. (Ultimas Noticias, 17.09.06, pág. 36).
El 22.09.06 se informó que en el estado Apure 354 escuelas no habían podido iniciar clases. Doris Cuello, directora regional de Educación del Ejecutivo, anunció que tras un diagnostico constataron que habían 111 baños por construir, faltaban 24 pozos sépticos, 3.336 pizarras y 87 comedores en las 539 escuelas de la entidad. Asimismo, que las de la zona rural están afectadas por las inundaciones. En la actualidad existe un déficit de 13.472 mesas y sillas en las unidades educativas. Cuello indicó que harían falta 1,8 millardos de bolívares para resolver la carencia de mobiliario, según el resultado de los estudios efectuados por la gobernación en los municipios Pedro Camejo, San Fernando, Rómulo Gallegos, Achaguas, Páez, Biruaca y Muñoz. Mientras llega el dinero una gran cantidad de alumnos recibe clases en el suelo y en los patios de residencias familiares. (El Nacional, 22.09.06, B/22).
En Tucacas padres y representantes de la Comunidad Educativa adscrita a la Escuela Básica “Armando Schwarck Anglade”, así como líderes vecinales de los Kilómetros Tres y Cuatro de la vía hacia Las Lapas, en el municipio José Laurencio Silva, se opusieron a la demolición del plantel, por parte de la empresa Vialpa, para poder dar continuidad a la construcción del segundo tramo del Par Vial. Pilar Páez, líder comunitario, expresó que “los vecinos no quieren reubicación y mucho menos que los estudiantes sean ubicados en pasillos de viviendas del casco central de Tucacas, porque estamos seguros que allí van a pasar todo el año escolar mientras estos señores de Invialfa, se dan todo el postín del mundo para construir la nueva sede”. El líder vecinal fue enfático al decir que no permitirán que se destruya la escuela hasta tanto, tengan la nueva sede lista. (El Carabobeño, 18.09.06, http://www.el-carabobeno.com/p_pag_hnot.aspx?art=a190906sl08&id=t190906-sl08).
En Caracas, la comunidad educativa del liceo Bolivariano Carlos Morales exigió la definición acerca de su sede, pues desde hace tres años han venido funcionando en la Escuela Técnica San Martín. Señalaron que ahora, en el inicio del año escolar 2006-2007, han recibido una notificación en donde autoridades del ministerio de Educación afirman que, por falta de sede el liceo sería eliminado y sus alumnos deberán ser transferidos a cursar estudios en la Técnica Comercial Luis Razzeti, situación que es rechazada por los padres y representantes, así como los docentes y personal administrativo, quienes solicitan una audiencia con el profesor Aristóbulo Istúriz Indicaron que la entrega de una nueva sede para el liceo había sido un compromiso con toda la comunidad del liceo Carlos Morales. (Ultimas Noticias, 21.09.06, pág. 10).
El pasado 12.09.06 en horas de la mañana, un grupo de indígenas Barí junto a organizaciones ambientalistas realizaron una rueda de prensa en la Plaza Bolívar de Caracas para denunciar el incumplimiento de la Ley de Demarcación de Tierras y Hábitat Indígenas, la cual establece que son las propias comunidades aborígenes las que establecen los linderos para la titulación de tierras indígenas. William Santos, antiguo cacique de la comunidad de Cumanda, parte baja de la Sierra de Perijá, estado Zulia, expresó que “Nosotros vinimos directamente a Caracas, estamos cansados desde hace muchos años, paramos la demarcación que estaban haciendo, tanto mujeres como niños, y vinimos aquí a la Plaza Bolívar, queríamos mirar la cara del presidente.
Dijimos vamos a Caracas, a ver si nuestras solicitudes de tantos años se cumplen. No queremos títulos chimbos, como hicieron con los kariñas, queremos títulos definitivos, que nos de el Estado”. Por su parte, el actual caique de Cumanda, Ignacio Acambio, afirmó que el evento tenía como finalidad expresar las problemáticas sufridas por los indígenas en la Sierra de Perijá, la cual se extiende hasta la frontera con Colombia: “Si esto de verdad es un socialismo tienen que cumplir con las demandas de nuestras comunidades, que es la demarcación territorial. No pueden obligar las demarcaciones, sino que son las propias comunidades las que deciden cuales son los derechos. Lo que dice la Constitución nosotros queremos verlo en realidad, no como esta pasando ahora. Queremos que el gobierno compre las haciendas. No queremos que existan problemas con terceras personas. Nosotros no queremos la política, nosotros somos indígenas donde vamos. Con partidos políticos no nos manejamos, somos indígenas donde estemos y donde sea y queremos que se solucionen nuestros problemas.”
Ante la concurrencia, integrada mayoritariamente por medios de comunicación alternativos y activistas de organizaciones sociales, Lusbi Portillo, coordinador de la ONG ambientalista Homoetnatura, realizó un resumen de la problemática. El profesor universitario recordó que para 1910, fecha de la incursión de las compañías petroleras en la región, se estima que los Barí habitaban un territorio cuya extensión alcanzaba los 16.000 kilómetros cuadrados, el cual con la actividad petrolera y ganadera se ve reducido a 3.000 kilómetros cuadrados. La mitad de estos territorios estaría solicitada por Corpozulia, una institución adscrita al Ministerio de Planificación y Desarrollo, para la explotación del carbón. Tras la promulgación de la Ley de Demarcación de Tierras y Habitat Indígenas, se conforma una comisión nacional presidida por la ministra del ambiente que inicia el proceso de titulación de tierras. La ley establece que los indígenas tienen que autodemarcar sus tierras, y las comunidades Barí incluyen dentro de esta demarcación varias haciendas para que sean adquiridas por el gobierno nacional. “En la comunidad Cumanda, -expresa Portillo- ellos solicitan dos haciendas. En la comunidad Bacubari solicitan 6 haciendas, los que viven arriba en el Piedemonte, autodemarcaron la sierra e incluyen 55.000 hectáreas como ampliación de sus territorios perdidos, y hay 6 haciendas, 45 parcelas de campesinos pobres y están las minas de carbón”. El ambientalista expresa que las demandas de los Barí son el reconocimiento de la demarcación que han realizado, compra de los haciendas –transacción aprobada por la mayoría de sus dueños si son reconocidas las bienhechurías realizadas- y derogación de las concesiones carboníferas en territorios indígenas.
Según las declaraciones de Portillo, para el próximo 12 de octubre se realizaría un evento en el que le entregarían títulos de propiedad de las tierras a los indígenas, títulos que calificó como “chimbos”: “¿Qué se les va a entregar a los indígenas el 12 de octubre? Se les va a entregar los títulos que durante luchas se consiguieron desde el año 1973 hasta la fecha. Se les va a repetir los mismos títulos sólo que ahora van a decir “Republica Bolivariana de Venezuela 2006”. No se puede permitir que Chávez sea engañado y engañe a su vez al pueblo venezolano el 12 de octubre diciendo que se esta haciendo justicia social con los Bari, que se están entregando sus tierras cuando en verdad esos títulos no aparecen los territorios que ellos autodemarcaron y la derogación de las explotaciones de carbón”. Los Barí no quieren repetir la experiencia de los títulos de propiedad recibidos por las comunidades Kariña en agosto del 2005, documentos que establecen la convivencia dentro del territorio asignado de actividades ganaderas y carboníferas, “títulos chimbos, -apunta Portillo- donde no hay tierras y lo que hay son minas”, los cuales están siendo rechazados en una demanda introducida en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Portillo afirmó que una comisión indígena visitaría el Ministerio del Ambiente para expresar su desacuerdo con el proceso de titulación. Asimismo, la realización de un encuentro nacional indígena de comunidades sin territorios y una próxima manifestación en Caracas.
El 20.09.06 se difundió el fallecimiento de cinco niños de la comunidad indígena Jivi, asentada en La Urbana, municipio Sucre del estado Bolívar, debido a cuadros severos de desnutrición. Otros siete infantes, algunos menores de 2 años, se mantenían recluidos junto a cuatro adultos en la emergencia del Hospital Ruiz y Páez con un cuadro clínico de diarrea y deshidratación. Italo Pizarro, presidente de la Federación Indígena del estado Bolívar (FIEB), declaró que su organización se había declarado en emergencia debido al brote de desnutrición registrado en la comunidad, en donde existen cerca de dos mil personas viviendo en condiciones de precariedad.
Los Jivi se alimentan básicamente de mañoco, una comida típica basada en la yuca. Carmen María Rodríguez, madre de un niño de 10 años afectado con la diarrea, declaró «A veces comemos arroz, y algo de carne, cuando tenemos dinero, y vendemos la yuca. Allá hay mucha necesidad, nosotros cuando tenemos mañoco comemos”. Los indígenas tienen que trasladarse tres horas por vía terrestre hasta Ciudad Bolívar para tener atención médica. (Correo del Caroní, 20.09.06, http://www.correodelcaroni.com/component/option,com_wrapper/Itemid,162/?id=43911).
El 22.09.06 se realizaron nuevas denuncias que aumentaban a 7 el número de fallecidos y a 20 la cantidad de niños Jivis afectados por la malnutrición. El único pronunciamiento oficial hasta la fecha había sido realizado por la presidenta del Instituto Autónomo Indígena, Yaritza Aray, quien admitió en comunicado de prensa la existencia de varios casos por desnutrición, resaltando que el problema estaba siendo controlado por los organismos competentes.
Por su parte, el diputado indígena al Consejo Legislativo Regional, Juvencio Gómez, reconoció que muchas comunidades indígenas se encuentran en estado crítico, estando asentadas en sectores de San Félix, Puerto Ordaz, Tumeremo, Ciudad Bolívar y Caicara del Orinoco, “donde hay hermanos que están pasando muchas necesidades, en aspectos como salud, alimentación y educación”. El funcionario no conocía personalmente la problemática, enterándose de la misma por las denuncias de los medios de comunicación, resaltando que la condición de vida de los indígenas se había deteriorado en los últimos años. “Su cultura ha sido influenciada por otra, ha cambiado su régimen alimenticio, y con respecto a la práctica tradicional, no se puede decir que la pesca y caza que se conseguía antes la podemos conseguir ahora”. (Correo del Caroní, 22.09.06, http://www.correodelcaroni.com/content/view/44157/149).
El pasado 21.09.06 se realizó una mesa técnica en la Secretaría de Salud de la Alcaldía Metropolitana entre funcionarios públicos y representantes del Centro de Pacientes con Fibrosis Quística (CEPAFIQUI) para definir la habilitación del espacio físico permanente en las instalaciones del hospital José Ignacio Baldó, ubicado en El Algodonal, destinado a la orientación de los pacientes de fibrosis quística. Desde el año 2003 organizaciones civiles habían venido realizando gestiones para la incorporación de la Fibrosis Quística (FQ) en los programas gubernamentales de salud (Provea, 05.10.06, http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2006/coyuntura_175.htm#08). En el año 2005 la coordinación de Fibrosis Quística pasa a convertirse en programa nacional, con lo que el Ministerio de Salud (MS) prioriza la atención a los venezolanos y venezolanas que padecen la enfermedad. Como primer paso, el MS puso en funcionamiento dos diferentes unidades de atención en hospitales del Distrito Federal: el JM de los Ríos, para la atención de niños, y en el complejo hospitalario El Algodonal, para niños y adultos. En la Mesa Técnica se aspiraba concretar un espacio permanente de la Asociación de Padres y Familiares con Fibrosis Quística en este último centro hospitalario.
En la reunión Cristian San Juan, presidenta de CEPAFIQUI, expresó la necesidad de los familiares de recibir de parte del Estado becas alimentarias y educativas para cubrir las necesidades básicas de los afectados. Por su parte la Doctora Asia Villegas, directora de la Secretaría de Salud de la Alcaldía Mayor, informó sobre la formalización del espacio físico permanente dentro de la institución hospitalaria, para lo cual programó para el 06.10.06 la firma de los trámites legales por medio de la oficina de Bienes Nacionales para el desarrollo del proyecto.
La inclusión de la Fibrosis Quística dentro de los programas nacionales gubernamentales fue un logro de la organización y perseverancia de la comunidad de ciudadanos afectados por la enfermedad, el cual veló por el cumplimiento de su derecho a la salud garantizado por la Constitución.
Bolívar encabeza la lista de los estados con el mayor índice de mortalidad infantil, según las estadísticas que maneja el Ministerio de la Salud. En lo que va de año, en la entidad han fallecido 441 niños, mientras que en todo el país 3 mil 167 infantes. En el 2005 para esta fecha se había producido 412 decesos.
Al estado Bolívar le siguen los estados Carabobo, con 213 lactantes muertos y Lara con 211, entidades con tendencia en alza según las autoridades. Sucre, Monagas y Anzoátegui están cerca, con números que no llegan a los 200 niños.
El grupo de edad con mayor riesgo es el de cero a seis días de nacidos, lo que representa 63.9 por ciento del total de neonatos muertos. Los niños de siete a 27 días conforman 10.8% y los de 28 días a casi un año de edad se ubican con 25.3%, según el según el boletín publicado por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social.
José Manuel García, director nacional de Epidemiología, comentó que las principales causas de la alta mortalidad infantil son la prematuridad y los problemas respiratorios al momento de nacer. También se han presentado casos de desnutrición infantil. El vocero del Ministerio de la Salud, señaló que la mortalidad en bebés más grandes ha disminuido en un alto porcentaje, sin ofrecer cifras al respecto.
Aldo Barletta, secretario de Salud del gobierno regional de Bolívar, señaló que la falta de una planificación bien coordinada entre los diferentes entes, no solamente de salud, sino organismo como alcaldías y los mismos consejos comunales, ha sido una de las principales causas del problema en la entidad. (Ultimas Noticias, 21.09.06, pag. 38).
En horas de la mañana del 27.09.06 se realizó una marcha que partió desde Catia hasta la sede de la Asamblea Nacional en Caracas, donde se concentraron más 100 personas, habitantes de la Urbanización Nueva Tacagua. La acción significaba una medida de presión ante la omisión del Estado y los organismos competentes en materia de vivienda, en ofrecer una respuesta adecuada, rápida y eficaz a la problemática que desde hace más de una década aqueja a la comunidad.
Para las diez de la mañana el grupo de personas afectadas se encontraba a las puertas de la Asamblea Nacional exigiendo la presencia de algunos diputados para exponer sus reclamos y ayudaran en la búsqueda de soluciones, tras lo cual cerraron la Avenida Universidad. Tras la acción, una representación de los manifestantes pudo reunirse con el presidente encargado del Instituto Nacional de la Vivienda (Inavi), Comandante Pérez Prado.
Provea conversó posteriormente con Migdalia Figueredo, habitante del Sector C de Nueva Tacagua desde hace 33 años, para conocer los alcances de los acuerdos realizados con las autoridades de vivienda. Figueredo empezó relatándonos los antecedentes de la acción de calle: “El día 26.08.06 se hizo una asamblea en Nueva Tacagua donde se plantearon las soluciones que nosotros habíamos propuesto ante Inavi. Fue una asamblea general de vecinos con más de 1300 personas, era la primera vez que él –el presidente del Inavi- subía. Hizo una serie de compromisos que no quedaron en ninguna acta firmada: la aprobación de los mercados secundarios, la elaboración de los listados para los desarrollos urbanísticos, pago de constructoras, que iba a llevar seguridad para solucionar lo que estaba ocurriendo del intercambio de disparos y que estaban saliendo heridos, que iba a resolver el problema de electricidad y del agua y que también iba a hacer una fumigación. De todo eso lo único que ha cumplido fue la fumigación de las casas”. Ante la posible pérdida de 50 millones de bolívares que se habían adelantado para la compra de casas en el mercado secundario, se realizó una nueva asamblea para determinar acciones. “El 25.09.06 se hace una asamblea general en el sector doble K y se tomaron decisiones. Se propuso hacer una nueva reunión con el Presidente del Inavi y la gente no lo aprobó, así como una movilización para el Inavi. Entonces decidimos irnos a la AN, y ellos –los del Inavi- una vez que se enteran de eso, el día miércoles llegan a Tacagua a ofrecer una reunión con el presidente de la institución. Ya la gente se había decidido, y me dijeron Migdalia igualito nosotros nos vamos. Fue cuando se hicieron las acciones y es cuando se pronuncian los diputados de la AN y nos llaman junto al presidente del Inavi”.
En la reunión se llegaron a nuevos acuerdos, los cuales son descritos por la habitante de Nueva Tacagua: “Para el 29.09.06 va a haber un acuerdo con 52 familias que se van para dos desarrollos que son Loma Linda y Mirador del bosque, en Cua. Para finales del mes de octubre, entre 15 y el 20, esas familias que van a firmar la adjudicación se estarán mudando. Hay otros que se van para el mes de noviembre para Valle Alto, que son 216 familias para las cuales tengo que presentar un listado. De la seguridad no se llego a nada, aunque el dijo que iba a tratar de coordinar eso y pidió disculpas por no haber cumplido con eso ni con el agua ni con la luz. Hablo también de los diferentes desarrollos que estaban haciendo. Le dije que las familias estaban dispuestas a irse para allá y quedarse en carpa para cuidarlas para evitar las invasiones, tanto que ha costado como para perder las casas en cinco minutos”. El diputado Juan Carlos Alemán fue designado por la Asamblea Nacional para velar y garantizar los acuerdos. Una nota de prensa del Inavi, (Inavi, 05.09.06, http://www.inavi.gov.ve/notidetalle3.asp), ha informado sobre el cumplimiento de la entrega de las adjudicaciones a los habitantes de Nueva Tacagua.
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) del área metropolitana de Caracas registró en el mes de septiembre una variación de 1,9%, menor a la observada en el mes de agosto (2,2%) y superior a la reportada en el mismo período del año pasado (1,5%). La variación acumulada del indicador de precios al cierre del tercer trimestre del año 2006 se ubicó en 12,5%, mayor al 11,6% registrado en ese mismo período del año 2005. El resultado del IPC tiene como contexto de la aplicación de los ajustes autorizados de precios en los servicios de educación, y del decreto de aumento del salario mínimo, lo cual contribuyó a que los rubros sujetos a control registraran una variación de 2,5%, superior al 1,4% correspondiente a los exentos de control.
Índice de Precios al Consumidor (IPC)
| Mes | Tasa de variación mensual | Tasa de variación intermensual | Tasa de variación acumulada 2006 | Tasa de variación Interanual 2005/6 |
| Enero | 0,7 | x | x | -1,2 |
| Febrero | 0,3 | -0,4 | 1 | 0,2 |
| Marzo | 0,9 | 0,6 | 1,9 | -0,3 |
| Abril | 0,6 | -0,3 | 2,5 | -0,7 |
| Mayo | 1,6 | 1 | 3,5 | -0,9 |
| Junio | 1,9 | 0,3 | 5,5 | 1,2 |
| Julio | 2,4 | 0,5 | 8,1 | 1,5 |
| Agosto | 2,2 | 0,3 | 10,4 | 1,2 |
| Septiembre | 1,9 | -0,3 | 12,5 | 0,4 |
http://www.bcv.org.ve/c4/notasprensa.asp?Codigo=5026&Operacion=2&Sec=False
Al desagregar los resultados del IPC según las agrupaciones que lo integran se observa que 8 de las 13 categorías presentaron una variación intermensual superior a 1,0%: Servicios de educación (9,7%), Equipamiento del hogar (4,8%), Restaurantes y hoteles (2,2%), Comunicaciones (1,9%), Salud (1,5%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,4%), Esparcimiento y cultura (1,3%) y Vestido y calzado (1,3%). (Banco Central de Venezuela, 04.10.06, http://www.bcv.org.ve/c4/notasprensa.asp?Codigo=5026&Operacion=2&Sec=False). El que la inflación acumulada alcanzara el 12,5%, desmonta los recálculos del Ministerio de Finanzas que pronosticaban una variación de 12% al cierre del año, así como las metas fijadas por el BCV que la estimaban en 15% para todo el 2006. (El Nacional, 03.10.06, A/17). Un informe del Fondo Monetario Internacional, en este sentido, consideró que la inflación acumulada del año se ubicaría en 12,1 % (El Nacional, 15.09.06, A/24).
Por su parte, el Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores (Cenda) consideró que el costo de la Canasta Alimentaria para septiembre se ubicó en Bs 745.166, sufriendo un incremento de Bs 20.637 (2,8%) en comparación con el mes de agosto. Con esta variación, el incremento durante el año suma 117.731 bolívares, un aumento acumulado de 18,8%. El mayor aumento fue experimentado por las raíces, con un aumento del 20% en los costos del apio, el ocumo y la yuca. (El Universal, 03.10.06, http://www.eluniversal.com/2006/10/03/eco_art_23755.shtml). Los precios de los productos de mayor consumo en la dieta también registraron incrementos. Las verduras subieron 10,8%, seguidas de los rubros pescados (7,8%), carnes y sus preparados (6,9%), granos (4,7%), leche, queso y huevos (4,4%) y grasas y aceites (1,1%).
Bajaron de precio los otros componentes de la cesta: frutas y hortalizas (4,4%) azúcar y sus similares (2,7%), cereales y derivados (1,3%), productos alimenticios (1,1%) y bebidas no alcohólicas con 0,4%. El azúcar la mayoría lavada- está en los anaqueles de los supermercados pero por encima del precio regulado y sólo se pueden comprar 2 paquetes por persona. La sal se incrementó 3% el kilo. La escasez de la sardina continúa y los precios también están por arriba de la regulación. En su forma enlatada repuntó 15% mientras que la fresca lo hizo en 4%, pero no se consigue entera sino fileteada y más cara: de 4.000 a 4.500 bolívares el kilo. La mortadela, el hígado de res, la carne molida y el pollo experimentaron alzas de 16%, 8%, 6% y 1%, respectivamente. (El Nacional, ídem).
En otras informaciones, un estudio realizado por la empresa Datanálisis llegó a la conclusión de que debido a la intensificación de la política social gubernamental, los estratos de menores recursos han visto un crecimiento en sus ingresos, recuperando su poder adquisitivo. Por primera vez en 8 años el estrato E de la población, que representa el 42%, tuvo un aumento en su ingreso real de 445%, pero el incremento de la inflación acumulada fue de 376%. Según Luis Vicente León, presidente de la compañía encuestadora, la clase más pobre logró a través de la combinación de las transferencias del Gobierno a las misiones, la reducción del desempleo (11%) y el desplazamiento del salario mínimo «incrementar sus ingresos, el cual fue mayor a lo que mermó la inflación». Esta situación no ocurrió con la clase D (39%), cuyo incremento en sus ingresos está prácticamente parejo con la inflación, en 346%. La clase media ha sido la más afectada en su capacidad de compra y ha mejorado sus ingresos en 236%, traducido a que está por debajo de la inflación, pero desde 2004 viene creciendo «aunque no tan rápido», dijo León. (Ultimas Noticias, 19.09.06, pag. 23).
- Que la AN apruebe la reforma de la LOT, cumpliendo con el mandato de la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución.
- Que se dicte el reglamento de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.
- Garantizar la plena implementación del sistema de control y promoción de las condiciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuados.
- Implementar adecuadamente el Régimen Prestacional de Empleo, garantizando la adopción de mecanismos eficaces para la creación de empleos dignos, y asegurando al trabajador frente a la pérdida involuntaria del empleo.
- Garantizar el pago oportuno de las obligaciones laborales que derivan de la contratación colectiva de los funcionarios públicos.
- Culminar con el proceso de cuantificación de la deuda laboral con los funcionarios del sector público y garantizar su pago en un plazo razonable.
- Abstenerse, todo los órganos del Poder Público, de discriminar a los trabajadores según su orientación política, así como de aplicar sanciones de índole laboral por este motivo.
- Tomar las medidas necesarias para garantizar una actividad más eficiente de las inspectorías del trabajo en el control del cumplimiento de la medida de inamovilidad laboral y en la fiscalización de las prácticas de flexibilización para evadir obligaciones con los trabajadores y del pago de remuneraciones inferiores al salario mínimo.
- Tomar medidas enérgicas en contra de la flexibilización laboral, tanto en el sector privado como en el público.
- Implementar mecanismos transparentes para la determinación de la representatividad sindical y garantizar que las negociaciones de los convenios colectivos se realicen con los sindicatos más representativos.
- Implementar mecanismos transparentes y equitativos para la adjudicación de puestos de empleo en las empresas públicas.
- Investigar y sancionar los hechos de violencia de los que han sido víctima sindicalistas y desempleados en el marco del conflicto político y de las demandas de empleo.
- Garantizar que el Ejecutivo Nacional ajuste anualmente el salario mínimo tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica.
- Garantizar la consulta tripartita para el incremento anual de los salarios, y en general, para la toma de decisiones que inciden en la vida de los trabajadores.
- Garantizar la autonomía sindical en los procesos eleccionarios de las directivas de los sindicatos, y asegurar que la participación del CNE se limite a brindar asesoría técnica.
- Desarrollar políticas públicas eficaces de promoción del empleo digno y la reducción de la pobreza, que sean evaluadas permanentemente y articuladas con otras medidas de corte social adoptadas por el Ejecutivo Nacional para lograr la plena integración de las personas a la vida productiva del país.
- Que la AN, de forma participativa, sancione una legislación que contenga el mecanismo de cogestión de empresas por parte de empleadores y trabajadores.
- Desarrollar políticas públicas específicas para erradicar las brechas de género en el disfrute del derecho al trabajo, facilitar el acceso al primer empleo de la población joven, e incorporar al mercado de trabajo a personas con necesidades especiales.
- Fomentar la plena participación de las mujeres en el sector cooperativo de la economía, y tomar medidas que disminuyan la brecha de ingresos por géneros.
- La ratificación, por parte del Ejecutivo Nacional, del Convenio Nº 182 de la OIT, relativo a la erradicación de las peores formas de trabajo infantil, sancionado por la AN en el 2003.
- Adecuar la normativa laboral para establecer la edad mínima para el trabajo en 16 años, de acuerdo con la recomendación Nº 146 de la OIT.
- Tomar medidas adecuadas para supervisar el cumplimiento por parte de empleadores de la edad mínima para el trabajo, y la complementariedad del trabajo con el estudio.
(Provea, 30.08.06. http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2004_05/2017/06/Propuestas.pdf)
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
INVITACIONES A EVENTOS
ARTÍCULOS
DOCUMENTOS
Del 18 de agosto al 11 de septiembre de 2006
Boletín electrónico Nº 175
EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE SEPTIEMBRE
08 Día Internacional de la Alfabetización
09 Día de la Agricultura
11 Aniversario de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz
16 Día Internacional de Protección de la Capa de Ozono
18 Día Mundial de las Playas
21 Día Internacional de la Paz (3er. martes)
26 Día Mundial del Corazón
28 Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y El Caribe
CONTEXTO
Caracas 24 de agosto de 2006
Ciudadano
Juan Barreto
Alcalde Metropolitano
Presente
Las organizaciones integrantes todas del Foro por la Vida, nos dirigimos respetuosamente para expresarle lo siguiente:
1.- Manifestamos nuestro rechazo a la manera como usted condujo el acto de instalación del Consejo Metropolitano de Políticas Públicas, el cual estuvo impregnado de una actitud de intolerancia, exclusión, sexismo y homofobia e incitación al odio que en nada contribuye a garantizar un clima de paz y convivencia entre los y las ciudadanos(as) y comunidades de la ciudad. El discurso que usted pronunció ante un grupo de personas en la sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño de Caracas, la noche del 23 de agosto, no contribuye a consolidar una instancia de gobierno local que requiere sumar voluntades, iniciativas y esfuerzos para lograr una Gran Caracas con vida digna para todos y todas.
2.- Las organizaciones de derechos humanos a lo largo de nuestra trayectoria hemos cuestionado toda actitud intolerante, que descalifica al contrario porque piensa diferente o asume contra él conductas que ponen en riesgo su seguridad o su integridad física o moral. Así lo hicimos durante los aciagos días del 11 y 12 de abril de 2002 cuando se persiguió y maltrató a funcionarios del gobierno; en la época cuando se adoptó como práctica tocar cacerolas contra funcionarios o lideres políticos de la oposición o vinculados al gobierno como una forma de generar miedo y terror incluso en sus familias. Siempre cuestionamos toda actitud que estimule o practique la violencia como forma de dirimir las controversias políticas. Hoy ratificamos esa posición que la mantendremos cada vez que las circunstancias lo exijan.
3.- Advertimos el riesgo incalculable de promover el enardecimiento de unos ciudadanos contra otros, sobre todo en espacios de reunión de masas, en las que las actuaciones emocionales se desligan de la racionalidad. Recordamos el papel de todo funcionario o funcionaria pública que debe ser modelo de respeto a las instituciones, a la pluralidad, la participación, la igualdad de género, la diversidad sexual.
4.- Saludamos el inicio de actividades del Consejo Metropolitano de Planificación de Políticas públicas y reivindicamos la importancia de garantizar un funcionamiento regular, democrático y participativo en su seno. Ello implicar respetar la diversidad de ideas y posiciones políticas, estimular la tolerancia, abrir espacios de participación efectivos a todos los sectores dispuestos a trabajar por la mejora de la ciudad, sin discriminar a ningún sector.
5.- Lo exhortamos, en tal sentido, a no repetir situaciones como ocurridas la noche cuando se instaló el Consejo Metropolitano y, por el contrario, lo convocamos a promover y adoptar medidas que favorezcan la convergencia de actores sociales y políticos dispuestos trabajar por la Ciudad.
6.- Afirmamos nuestra voluntad de contribuir con el diseño de políticas públicas que permitan mejorar la situación de los derechos humanos , especialmente los derechos económicos, sociales y culturales en el Distrito Metropolitano y a lograr una mejora en los servicios públicos. Ratificamos nuestra disposición a ser perseverantes en la promoción y defensa de los derechos humanos en cualquier circunstancia y ante cualquier poder o institución pública.
Acción Ciudadana contra el Sida (ACCSI)
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Margarita
Comisión Justicia y Paz del Secretariado Conjunto de Religiosos y Religiosas de Venezuela (SECORVE)
Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos del 27 de febrero y marzo del 89 (COFAVIC)
Fundación de Derechos Humanos del Estado Anzoátegui
Fundación de Derechos Humanos del Estado Sucre (INCIDE)
Observatorio Venezolano de Prisiones
Oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho
Red de Apoyo por la Justicia y la Paz
Red de Monitores Populares en Derechos Humanos del Estado Táchira
Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA)
Servicio Jesuita de Refugiados
Vicaría Episcopal de los Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas
El Estudio Económico de América Latina y el Caribe es el título de un informe anual realizado por la División de Desarrollo Económico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). El correspondiente al 2005-2006 contó con la colaboración de la División de Estadística y Proyecciones Económicas, el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), la División de Comercio Internacional e Integración, las sedes subregionales de la CEPAL en México y Puerto España, y las oficinas nacionales de la Comisión en Bogotá, Brasilia, Buenos Aires y Montevideo.
En la primera parte del estudio se examinan los principales aspectos de la economía regional, mientras en la segunda se analiza la coyuntura de los países de América Latina y del Caribe. Además, se presenta un detallado anexo estadístico, que contiene datos regionales y nacionales, todo disponible para descargar en la página web de la CEPAL: http://www.eclac.cl/
Según este estudio, la región de América Latina y el Caribe creció un 4,5% en 2005 y se prevé que tenga una expansión de alrededor del 5% durante 2006, con lo cual completaría su cuarto año consecutivo de crecimiento y el PIB regional acumularía un aumento del orden del 4,3% anual como promedio, lo que implica un crecimiento cercano al 2,8% anual del PIB por habitante. Nuestra previsión es que, en el contexto de una moderada desaceleración de la economía mundial, la región mostrará una tasa de crecimiento de alrededor del 4,5% el próximo año. Aunque esta tasa es inferior a las que presentan otras zonas del mundo en desarrollo, la CEPAL destaca el que, en términos agregados, las economías están creciendo con un superávit en cuenta corriente y un saneamiento de las cuentas públicas, lo que les permite atenuar su vulnerabilidad ante posibles perturbaciones externas. En una coyuntura internacional como la actual, se afirma, caracterizada por la acentuación de la volatilidad de los mercados y ante la perspectiva de una desaceleración gradual del crecimiento mundial, la modalidad de crecimiento observada en América Latina y el Caribe en los últimos años permite a los países de la región contar con cierto margen de seguridad ante posibles cambios de las condiciones externas.
El capítulo sobre Venezuela de dicho estudio económico apunta que para el 2005, el PIB aumentó un 9,3%, impulsado por el crecimiento del sector no petrolero (10,3%) y pese a la pequeña expansión de la actividad petrolera (1,7%). Si bien todas las ramas de actividad registraron alzas, los mayores incrementos se dieron en el sector financiero (30,8%), la construcción (20,1%), el comercio (19,5%) y las comunicaciones (19,8%). En cuanto a la demanda, los componentes que presentaron la mayor expansión fueron la inversión (20,5%) y el consumo privado (16,3%).
Por consiguiente, el PIB registró un alza acumulada del 29% en relación con el 2003, que contrasta con la merma del 16% verificada en el período 2002-2003 respecto de 2001.1 Si bien el PIB expresado en precios de 1997 supera al de 2001, el desempeño de algunos sectores todavía es inferior al de ese año. Es el caso de la actividad petrolera y la construcción, que se mantienen respectivamente en un 4% y un 12% por debajo de las cifras correspondientes al 2001. La formación bruta de capital fijo todavía está a un 2% de los niveles observados ese año, pese al alto crecimiento de 2004 y 2005. En 2005, a pesar del considerable incremento de las importaciones de bienes, se registró un elevado superávit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, equivalente al 20,1% del PIB en dólares corrientes. Este fue producto de los mayores ingresos por exportaciones atribuibles al alto precio internacional del petróleo.
El informe asegura que los efectos de la expansión económica se han traducido en una disminución del desempleo global y en una recuperación de las remuneraciones reales. El elevado precio del petróleo, sumado a la mayor recaudación tributaria, ha contribuido a acrecentar significativamente los ingresos fiscales, lo que ha permitido a las autoridades mantener e intensificar sus programas de acción social. En el 2006, dice la CEPAL, se han mantenido las tendencias de 2005. En el primer trimestre de 2006, la actividad económica registró un alza del 9,4% respecto de igual período de 2005 y para el conjunto del año se prevé un crecimiento de entre el 7% y el 8%, una inflación media anual del 12% y el mantenimiento de la tasa de cambio en 2.150 bolívares por dólar.
Sobre la actividad económica se plasma el que en el primer trimestre de 2006 el PIB creció un 9,4% en relación con el nivel registrado en igual período de 2005, impulsado por la construcción, el comercio, las comunicaciones y la actividad de las instituciones financieras. En cuanto al gasto, el consumo privado mostró el mayor crecimiento, con un alza cercana al 20% respecto del primer trimestre de 2005. Por otra parte, en 2005, la inflación acumulada, medida por el índice de precios al consumidor, registró una baja significativa en relación con 2004 (14,4% y 19,2%, respectivamente). Este hecho se explica, argumenta la CEPAL, por el mantenimiento del control de precios; la mayor disponibilidad de bienes, como resultado del incremento de las importaciones gracias al aumento de las divisas entregadas,; la expansión de la red de distribución y comercialización de bienes de consumo masivo a precios subsidiados en el marco de la misión Mercal, y la apreciación real del tipo de cambio, que ha abaratado los productos importados.
En otro indicador, el índice de precios al por mayor se elevó un 14,2% entre diciembre de 2005 y diciembre de 2004, debido al alza de los precios de los productos de origen nacional. A su vez, el precio de los bienes de origen importado aumentó un 10,9% en igual período. Hasta abril de 2006 el índice de precios al por mayor acumuló un alza del 3,8% con relación a diciembre de 2005 (un 3,9% en el caso de los productos nacionales y un 3,4% en el de los importados). En 2005, el promedio anual del índice general de remuneraciones ascendió un 19,1% con relación al 2004 (un 16,2% y un 26,6%, en el sector privado y público, respectivamente), lo que significó, en ambos casos, un aumento en términos reales. En el primer trimestre de 2006, este índice mostró un alza del 20,6% en comparación con igual período de 2005 (del 17% en el caso del sector privado y un 29,8% en el del sector público). Con relación al salario mínimo, el gobierno decretó un alza del 26%, efectiva a partir del 1° de mayo de 2005. En 2006 se determinaron dos ajustes del sueldo mínimo, el primero, de un 15%, aplicable a partir del 1° de febrero y el segundo, del 10%, a partir del 1° de septiembre.
El mayor incremento de la actividad económica se reflejó en el descenso de la tasa de desempleo, de un 12,8% en el segundo semestre de 2004 a un 10,4% en igual período de 2005 y a un 11,2% en el primer trimestre de 2006. En términos del promedio anual, la tasa de desempleo bajó del 15,1% en 2004 al 12,2% en 2005. A su vez, el Instituto Nacional de Estadística estimó que en 2005 los niveles de pobreza extrema disminuyeron considerablemente respecto de los niveles de 2003, cuando alcanzaron su valor más alto de los últimos cinco años.
Además de las consideraciones sobre la política fiscal, monetaria y cambiaria, la CEPAL resalta la firma con varios países de acuerdos de suministro de petróleo a un precio menor que el de mercado. En el marco de la Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe (ALBA) el gobierno ha suministrado petróleo a Cuba a cambio de la prestación de servicios en el ámbito de la salud y la educación. Asimismo, se firmó con varios países del Caribe el Acuerdo de cooperación energética (PETROCARIBE) mediante el cual el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela se comprometió a suministrar petróleo a dichos países y otorgar facilidades de pago.
Para descargar todo el texto completo del Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2005-2006, visitar el siguiente enlace electrónico: http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/5/26135/P26135.xml&xsl=/de/tpl/p9f.xsl&base=/tpl/top-bottom.xslt
El pasado 23.08.06, miembros de las organizaciones de Derechos Humanos Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, red de Apoyo por la Justicia y la Paz y el Programa Venezolano de Educación en Derechos Humanos (Provea), visitaron la sede de la Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), para escuchar el plan de reestructuración adelantado por el General (Ej) Henry Rangel Silva, director del organismo de inteligencia estatal.
El General Rangel inició su intervención destacando la importancia del encuentro, entre dos ámbitos que tradicionalmente se perciben como polos antagónicos, «normalmente nos vemos como enemigos, pero en la concepción nueva de la Disip, queremos establecer buenas relaciones con los organismos de Derechos Humanos». Para el director del organismo desde hace 14 meses, el proceso de transformación que impulsa tiene un tiempo estimado de 3 años «para que sea efectivo». «Estamos trabajando en la elaboración de una Ley del Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia, con la participación de varios asesores como el Defensor del Pueblo. Esta prevé el desarrollo de tres susbsistemas: estratégico nacional, militar y criminal-policial». El proyecto será presentado en su momento para su deliberación en la Asamblea Nacional.
Rangel afirmó que en el proceso de cambio que impulsa su gestión dan prioridad a los procesos de capacitación educativa del personal. «La Disip degeneró en una institución represiva y policial, cosa que rechazamos completamente. Queremos convertirla en una agencia de inteligencia de Estado». Además de la resistencia al cambio, el funcionario hizo referencia a las acreditaciones entregadas a ciudadanos que no ejercen funciones dentro del organismo. Por ello consideran que debería estar regulado por la ley, la cual debe estipular que «las acreditaciones a terceros deben ser taxativamente negadas».
El funcionario resaltó el hecho de que estén eliminando progresivamente el centro de reclusión que funciona dentro de las instalaciones de El Helicoide. «De 45 hemos bajado el número a 18 detenidos. Tenerlos escapa a nuestras competencias. Aquí hay limitaciones desde el punto de vista de los Derechos Humanos, de las actividades recreacionales por las limitaciones de la infraestructura».
Las organizaciones de Derechos Humanos solicitaron visitar dichas instalaciones y conversar con los internos, petición que fue accedida. De esta manera, y bajo la continua grabación en video y vigilancia por parte de los funcionarios policiales, los activistas pudieron recorrer el recinto de reclusión y conversar brevemente con cada uno de los internos, quienes manifestaron su conformidad con el trato y las condiciones de su reclusión. Otoniel Guevara, sindicado por el caso del Fiscal Danilo Anderson, afirmó que comparadas con las instalaciones de otros centros de reclusión como el Penal de Yare, las condiciones de reclusión dentro de la Disip eran buenas. Cada interno cuenta con una celda individual, paseos rutinarios bajo el sol y horario para recibir visitas y llamadas telefónicas. Las organizaciones se cercioraron del buen estado del conjunto de detenidos y detenidas en el sitio, entre los que se encuentran entre otros Yasmin Manuitt y Felipe Rodríguez.
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
El 22.08.06 se informó sobre la renuncia de la directora del Geriátrico Marcos Serres Padilla, Merli Zerpa, ubicado en Maturín. La funcionaria tomó la decisión ante la persistente falta de respuesta a sus peticiones de insumos básicos para el trabajo diario destinado a los 74 ancianos que son atendidos por la unidad geriátrica. Esta sería la tercera renuncia del cargo directivo en lo que va de año, en la institución que depende del Instituto Nacional de Servicios Sociales. Las dimisiones han sido originadas por la misma motivación: la insuficiencia presupuestaria para gastos de comida, medicinas y pañales. La mayoría de las personas de tercera edad atendida por el centro tienen enfermedades crónicas y en situación terminal, abandonados por familiares que no pueden atenderlos. 58 ancianos están en la institución en carácter residente, y 18 son atendidos de manera ambulatoria. Zerpa, médico de profesión ratificó que en la institución no existe personal de enfermeras suficiente para atender a los pacientes recluidos. Para paliar los déficits, se ha solicitado la colaboración de farmacias y empresas médicas privadas. Por su parte, la gobernación de Monagas ha donado dinero a la institución, en montos que sólo han alcanzado para comprar alimentos por un mes. Según el testimonio del vigilante de la institución, desde mediados de agosto solamente se le suministra a los ancianos una comida al día, «no hay desayuno, ni muchos menos cena». (El Nacional, 22.08.06, B/15). Según revelaciones de la prensa regional, el presupuesto asignado anualmente por el ejecutivo regional asciende a los 261 millones de bolívares. (El Sol de Maturín, 18.08.06, pag. 5). El Geriátrico Marcos Serres Padilla es la única unidad de atención a personas de la tercera edad que existe en la región. (En Oriente.com, 06.09.06, http://enoriente.com/content/view/2388/32/).
En el relleno sanitario de Cambalache, ubicado en la parroquia Unare de Puerto Ordaz, viven aproximadamente 260 habitantes indígenas según estimaciones de Raimundo Maica, representante vecinal y habitante de la zona desde hace cinco años. “Muchos de mis compañeros llegaron por falta de trabajo, yo además de eso, me vine porque tenía una hija enferma y la hospitalizaron en Ciudad Bolívar, pero la falta de salud me la arrancó y finalmente ella murió”, afirmó al periódico Correo del Caroní el pasado 27.08.06. La gran mayoría de los habitantes waraos de Cambalache tienen como modo de vida la recolección de basura, por lo cual pueden hacer entre 25 y 50 mil bolívares diarios. “Con eso garantizamos el pan del día, pero tenemos muchas más necesidades, entre ellas falta de un trabajo estable, problemas graves de salud y falta de servicios básicos”, resalta. Maica recordó el fallecimiento reciente de dos niños por desnutrición, contabilizando en cinco las muertes de infantes por esa causa. Asimismo apuntó que había cinco waraos, entre adultos e infantes, hospitalizados en el hospital Dr. Raúl Leoni por diferentes enfermedades. “En este momento nuestro cacique, Antonio Valenzuela, está también hospitalizado con fiebre y dolor de cabeza”. Entre las principales enfermedades que afectan a la comunidad warao se encuentra la tuberculosis y el dengue, además de las gripes y diarreas. Para Patricio La cruz, habitante del sector, las enfermedades son motivadas por la falta de acceso a programas permanentes de salud y la ausencia de proyectos educativos. “Aquí hay una escuela llamada Río Grande, pero casi no dan clases allí, es muy poco lo que se aprende”. (Correo del Caroní, 27.08.06, http://www.correodelcaroni.com/componen … /?id=41512). Por su parte, Isaías Flores Medina, líder del pueblo warao de Ciudad Guayana, comenta que son muchas las necesidades del grupo de indígenas asentados en Cambalache: “No sólo se trata de la falta de una escuela, sino que allí la gente vive rodeada de miseria con el relleno sanitario muy cerca, están rodeados de basura”, resalta.
Recientemente se registró el fallecimiento de un indígena víctima del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), Querubín Caraballo. El joven de 22 años de edad pereció, luego de que en 2005 la municipalidad descubriera el foco de VIH en unos ocho indígenas, y le notificara la situación al Instituto de Salud Pública (ISP) para que tomara cartas en el asunto. A pesar de conocerse la situación, la primera víctima mortal del VIH en Cambalache pereció en una humilde vivienda, sin recibir ningún tipo de tratamiento, agonizando por varios días en presencia de los niños. Nancy Moncada, directora de Salud de la Alcaldía de Caroní, realizó el pasado viernes un llamado de alerta al Instituto de Salud Pública, dependiente del ejecutivo regional, con el fin de que tomen cartas en el asunto en Cambalache, en especial por el foco de VIH que amenaza con propagarse en la zona indígena. (Correo del Caroní, 28.08.06) http://www.correodelcaroni.com/componen … /?id=41608
Desde el pasado 28.08.06 hasta el 08.09.06 los ministerios de Salud y el de Trabajo y Seguridad Social realizaron una consulta pública para extender el período de lactancia materna desde los seis meses actuales hasta los 9 meses o el año, de existir condiciones especiales en el lactante o la madre. Esta iniciativa forma parte del compromiso gubernamental asumido para promover la salud y la nutrición del lactante y del niño pequeño, tal como se consolidó con la promulgación de la «Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño», adoptada por consenso el 18.05.02 por la 55ª Asamblea Mundial de la Salud y el 16.09.02 por la junta ejecutiva de UNICEF.
Esta recomendación promueve la lactancia materna exclusiva, es decir, que durante los primeros seis meses de vida los bebés deben ser alimentados sólo con leche materna para lograr que el crecimiento, desarrollo y la salud alcancen un nivel óptimo. La «Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño», recomienda a los gobiernos establecer instrumentos que contribuyan a que las mujeres que tienen un empleo remunerado sigan amamantando. Esta protección brinda condiciones mínimas, por ejemplo una licencia de maternidad remunerada, arreglos de trabajo a tiempo parcial, guarderías en el lugar de trabajo, instalaciones para extraer y almacenar la leche materna y pausas para el amamantamiento. De esta manera, las madres tienen la posibilidad de continuar amamantando y cuidar a sus hijos al reincorporarse a su empleo, lo cual se logra aplicando medidas legislativas sobre protección de la maternidad. (Ministerio de Salud, http://www.gobiernoenlinea.ve/noticias-view/ver_detalles.pag?idNoticia=56320).
Como se recordará, en febrero pasado se modificó el Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo y se fijó que el período de lactancia no podrá ser menor a seis meses. En el proyecto de resolución conjunta que analiza el Gobierno nacional se señala que para el disfrute de las horas para amamantar la madre deberá presentar mensualmente al patrono un certificado de consulta de control de salud del hijo, el cual debe ser expedido por los consultorios populares o la red ambulatoria de atención primaria del Sistema Público Nacional de Salud.
Los interesados podrán conocer el proyecto de resolución y presentar por escrito sus observaciones, propuestas, opiniones y comentarios a través de los portales web del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social (www.mintra.gob.ve), el Ministerio de Salud (www.msds.gob.ve) y el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (www.inpsasel.gob.ve), en sus direcciones estadales de Salud de los Trabajadores o en la oficina de la Coordinación Nacional del Proyecto Madre del Ministerio de Salud. (El Universal, 22.08.06, http://noticias.eluniversal.com/2006/08/22/eco_art_22201E.shtml)
Cristian San Juan, vocera de la Asociación Civil Centro de Pacientes con Fibrosis Quística (CEPAFIQUI) de Caracas, visitó la sede de Provea para denunciar el retardo en la asignación del espacio físico correspondiente para el funcionamiento de la Unidad de Fibrosis Quística del Complejo Hospitalario «José Ignacio Baldo», más conocido como El Algodonal.
Desde el año 2003 organizaciones civiles han venido realizando gestiones para la incorporación de la Fibrosis Quística (FQ) en los programas gubernamentales de salud. Esta enfermedad de origen genético no tiene cura conocida, por lo que los afectados deben sufrir un tratamiento para mejorar su calidad de vida. Los pacientes ven afectados su sistema respiratorio y digestivo, sufriendo constantemente de desnutrición debido a la incapacidad de metabolizar los alimentos. En el año 2005 la coordinación de Fibrosis Quística pasa a convertirse en programa nacional, con lo que el Ministerio de Salud (MS) prioriza la atención a los venezolanos y venezolanas que padecen la enfermedad. La estrategia adoptada se basa en el concepto de Atención Integral de la FQ, que consiste en la atención completa para el paciente y sus familiares, donde participa la comunidad junto al equipo de salud, con especial énfasis en la prevención y detección a tiempo del trastorno. Como primer paso, el MS puso en funcionamiento dos unidades de atención en dos grandes hospitales del Distrito Federal: el JM de los Ríos para niños, y en el complejo hospitalario El Algodonal, para niños y adultos.
San Juan expresa que «el Ministerio dió los recursos, contrató personal y ha comprado medicamentos. Nos pidieron que nos organizáramos 50 personas y lo hicimos, pero no se ha hecho la apertura de la unidad de atención, el espacio físico dentro de El Algodonal». La falta de un espacio para centralizar los diferentes exámenes médicos, ocasiona diversos inconvenientes para los pacientes y sus familiares, quienes tienen que deambular por diferentes espacios del centro hospitalario.
Con la asesoría de Provea, CEPAFIQUI esta solicitando a la Secretaría de Salud de la Alcaldía Metropolitana la realización de una mesa técnica con carácter de urgencia, la cual tenga por finalidad discutir, analizar y debatir la situación en torno al espacio físico para dicha unidad de atención.
CEPAFIQUI realiza esta petición sustentándose en el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que establece el derecho de toda persona de realizar peticiones ante los funcionarios públicos y obtener oportuna y adecuada respuesta. Asimismo, en los artículos 2 y 5 de la Ley Orgánica de Administración Pública.
Culaquier contacto con CEPAFIQUI puede realizarse a través del teléfono 0414-3230652 (Cristian San Juan) o al correo electrónico [email protected]
La pobreza extrema en Venezuela mantiene ritmo descendente y alcanzó en el primer semestre de este año 10,6% (639.690 hogares) lo que significa 6,4 puntos menos que el valor registrado en el mismo período de 2005. La cifra fue dada a conocer por el presidente del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Elías Eljuri, al dar a conocer el más reciente informe de Medición de Pobreza, basado en la Encuesta de Hogares por Muestreo. Añadió Eljuri que el porcentaje de hogares pobres en Venezuela se redujo 8,5 puntos entre el primer semestre de 2005 y el mismo período de 2006, al pasar de 42,4% (2.360.407 hogares) a 33,9% (2.034.736 hogares). (Ultimas Noticias, 05.09.06, pag. 21) Lo anterior representa que 325.761 hogares dejaron de ser pobres. (El Universal, 06.09.06, http://www.eluniversal.com/2006/09/06/eco_art_06201A.shtml). El anuncio fue ratificado por el Ministerio de Planificación y Desarrollo, Jorge Giordani, quien afirmó que la pobreza extrema, gracias a las políticas sociales y al trabajo que ha realizado el Gobierno para pagar la deuda social acumulada, había descendido por debajo de los 9 puntos. (Agencia Bolivariana de Noticias, 28.08.06, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=59578&lee=Array[0]). Estos indicadores ofrecen muchas lecturas. Los menos pobres, calificados por el INE como «pobres no extremos» crecieron en el último año, producto de la reducción de la exclusión social más intensa. En este sentido, el número de personas en pobreza no extrema pasó de 6 millones 567.832 en la primera mitad de 2005 hasta 6 millones 869.726 venezolanos al cierre del semestre pasado, lo que representa un leve aumento de 1,2% en el último año. El INE informó en un comunicado de prensa que el mecanismo a través del cual se midió la pobreza fue el método Línea de Pobreza. Para éste no se toma en cuenta la porción de la población que participa en las misiones sociales ejecutadas por el Gobierno. (El Universal, Ídem).
Por su parte, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del área metropolitana de Caracas registró en el mes de agosto una variación de 2,2%, menor a la observada en el mes de julio (2,4%) y superior a la reportada en el mismo período del año pasado (1,0%).
Índice de Precios al Consumidor (IPC)
| Mes | Tasa de variación mensual | Tasa de variación intermensual | Tasa de variación acumulada 2006 | Tasa de variación Interanual 2005/6 |
| Enero | 0,7 | x | x | -1,2 |
| Febrero | 0,3 | -0,4 | 1 | 0,2 |
| Marzo | 0,9 | 0,6 | 1,9 | -0,3 |
| Abril | 0,6 | -0,3 | 2,5 | -0,7 |
| Mayo | 1,6 | 1 | 3,5 | -0,9 |
| Junio | 1,9 | 0,3 | 5,5 | 1,2 |
| Julio | 2,4 | 0,5 | 13,5 | 1,5 |
| Agosto | 2,2 | 0,3 | 14,9 | 1,2 |
http://www.bcv.org.ve/c4/notasprensa.asp?Codigo=4976&Operacion=2&Sec=False
El comportamiento del IPC en el mes de agosto obedeció a una menor tasa de crecimiento de precios de los rubros sujetos a control, los cuales incrementaron sus precios en 1,5%; variación inferior a la reportada en el mes anterior (1,9%). Por su parte, los rubros no controlados mantuvieron el ritmo de crecimiento registrado los dos meses previos, al variar en 2,8%. En este grupo Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,3%) presentó, nuevamente, la mayor variación intermensual, posición que ha mantenido en los últimos cuatro meses. Otras agrupaciones que también manifestaron tasas significativas este mes fueron Transporte (2,8%), Servicios de la vivienda excepto teléfono (2,4%) y Restaurantes y hoteles (1,9%). Así mismo, cuatro agrupaciones denotaron variaciones de precios ligeramente superiores al 1%: Comunicaciones (1,2%), Esparcimiento y cultura (1,2%), Bebidas alcohólicas y tabaco (1,2%) y Bienes y servicios diversos (1,1%).
El Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cenda) estimó que en los primeros ocho meses de este año la canasta básica de los trabajadores ha incrementado su costo en 11,3%, lo que representa que en agosto se pagaron 180.940 bolívares más que a principio de año para adquirir los productos y servicios básicos del consumo de los venezolanos. Según el Cenda el costo de la cesta básica en agosto se ubicó en 1.789.768 bolívares, 1,5% más que en el mes de julio, siendo el mayor incremento el registrado en el rubro de educación (6%), debido al alza de libros de texto y de calzado escolar. Según sus cálculos, los servicios públicos básicos aumentaron 1,9%, mientras que el costo de vivienda tuvo un alza de 1,5% y la canasta alimentaria de 1,2%, con respecto al mes de julio de este año. (El Universal, 05.09.06, http://www.eluniversal.com/2006/09/05/eco_art_05201E.shtml).
Según declaraciones del economista José Manuel Puente, «indudablemente la inflación que se proyecta para Venezuela puede estar por encima del 15%, y con seguridad será la más alta de América Latina». Explica que la razón para no tener expectativas positivas para el último trimestre se fundamentan en que es precisamente en esa época cuando se ejecuta la mayor parte de los presupuestos de las empresas, se cancelan las utilidades y se hacen los pagos de bonos de la administración pública; por lo que crece el dinero circulante en la economía lo que empuja al alza los precios. Según el BCV, la inflación en agosto para el estrato I de la población, que son los de menores recursos, afectó su ingreso en 3,2%. A este dato hay que añadirle que son precisamente estos venezolanos los que destinan el 45% de sus recursos a la compra de alimentos; por lo tanto, su salario desciende más que el del resto de la población. En contrate, al bolsillo del estrato IV, que son los ciudadanos de mayores ingresos, la inflación sólo los golpeó en 1,8%. (El Nacional, 04.09.06, A/16).
Otras mediciones de precios intentan delimitar el comportamiento de los precios y su relación con el ingreso familiar. El Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros ofrece una cifra ligeramente diferente de la del Cenda, ubicando en 1,6% el aumento del costo de la canasta alimentaria familiar comparada al mes de julio. Según sus datos, el salario mínimo vigente en agosto (465.750 bolívares) alcanzaba para adquirir 59,75% de la cesta de alimentos, lo que arroja un déficit del poder adquisitivo de 40,3% equivalente a 314.907 bolívares. La comparación anualizada (agosto 2005agosto 2006) indica un incremento de 20,5% en la canasta alimentaria. (El Nacional, 02.09.06, A/18).
Aumento del salario mínimo entró en vigencia
Tras un aumento de salarios realizado en el mes de mayo correspondiente al 15%, desde el 01.09.06 entró en vigencia el segundo incremento, 10% adicional, con lo cual se cumple el ajuste del 25% ofrecido por el ejecutivo nacional a comienzos de año. De esta manera, el salario mínimo pasó de 465.570 a 512.325 bolívares. Con la entrada en vigencia del nuevo ingreso también se modifica el beneficio de la Ley de Alimentación (entrega de cestaticket y tarjetas electrónicas), pues de acuerdo con la ley, el beneficio se les otorga a los trabajadores que ganen hasta tres salarios mínimos. De esta manera, a aquellas personas cuyo sueldo es de 1 millón 536 mil 975 bolívares, la suma de tres salarios mínimos, les asistirá el beneficio.
En la reforma parcial del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT), del pasado 28 de abril, se dispuso unificar el salario a todos los trabajadores; y se eliminó la distinción donde el salario era menor para trabajadores rurales, de servicio doméstico y los conserjes. Se igualaron con el salario mínimo las pensiones de jubilados de la administración pública y las de los pensionados del Seguro Social; en este caso, las de vejez e incapacidad. El salario de los aprendices y adolescentes subió a Bs. 349.296.
Con este incremento el pago por jornada diaria diurna, para todos los beneficiados, queda en 17.077,50 bolívares. Para los aprendices, la jornada queda en 11. 643,18. (Ultimas Noticias, 01.09.06, pág. 26).
Consumo promedio de la población venezolana
De acuerdo a un estudio de Datanálisis, los platos principales del menú de los venezolanos son el arroz (66,8%), la arepa (61,1%) y el pollo (52,5%), seguido de la pasta y los granos, mientras que la carne ocupa el sexto lugar de la lista (32,6%).
El reporte indica que el desayuno de los venezolanos está compuesto principalmente por arepa (51,5%, mantequilla (31,4%) y queso blanco (39%), acompañado de café con leche ( 32%), pero también suelen comer pan y tomar jugos. A la hora de almorzar, el arroz (60%) ocupa el primer lugar, seguido del pollo (33,8%), la carne (32,2%) y la pasta, los jugos naturales y los refrescos son las bebidas preferidas para esta comida.
Según la información recopilada por Datanálisis los venezolanos cenan muy parecido a como desayunan, la arepa (39,4%) y el queso (31,5%) también ocupan los primeros lugares a la hora de cenar, pero la bebida preferida para la noche es el refresco, en horas nocturnas también se suele comer arroz y carne, así como huevos y jamón. (El Nacional, 02.09.06, A/18)
Lusbi Portillo, miembro de la asamblea permanente de Provea y Coordinador de la ONG Homoetnatura, dirigió el 04.09.06 una carta abierta a Sergio Rodríguez, Secretario General de la Comisión Nacional de Demarcación, y Francisco Cedeño, Coordinador General del Equipo Técnico, para reivindicar la demarcación del territorio de los pueblos indígenas que habitan en el estado Zulia, especialmente el Barí. A continuación transcribimos la comunicación completa:
Maracaibo, 4 de septiembre de 2006
Ciudadanos:
Sergio Rodríguez
Secretario General de la Comisión Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras Indígenas
Francisco Cedeño
Coordinador General del Equipo Técnico
Presente.-
Estimados ciudadanos.
Los indígenas del Zulia, en especial el pueblo Barí, desde hace varios años se movilizan para que el Estado venezolano los dote de tierras, y les derogue las concesiones mineras de carbón que amenazan sus territorios ocupados actualmente y los autodemarcados.
La antropología contemporánea, Lizarralde & Beckerman, la prensa regional, Panorama, recoge con cierta precisión, y el mismo Salvador de La Plaza en unos de sus libros sobre el Problema de la Tierra, explican de cómo las empresas exploradoras y extractoras de petróleo (Shell y Creole), y posteriormente hacendados y campesinos diezmaron a sangre y fuego y despojaron del 90% de sus tierras a los indígenas Barí, dejándoles de 16.000 Km2 para mediado de 1910 apenas 1.942 Km2 en Venezuela y 840 Km2 en Colombia.
Hoy en Venezuela, nueve comunidades viven en medio de verdes potreros de haciendas y otras en el piedemonte de la Sierra de Perijá y en el Valle de Abusanqui, auto demarcadas con la colaboración de Roberto Lizarralde como la conocida Pica Barí.
Ahora, los que viven en el piedemonte, están nuevamente amenazados por los planes de exploración subsiguiente explotación carbonífera que capitales privados y el Estado venezolano llevan a cabo a través de CORPOZULIA.
Por justicia social, esta comisión técnica que hoy instrumenta la demarcación de tierra Barí debería medir las haciendas y parcelas que las comunidades Barí solicitan, hacer los respectivos avalúos y solicitarle a la señora Ministra Ing. Jacqueline Faría que eleve ante el Presidente Chávez el pago de dichas bienhechurías y la derogación de todas las concesiones de carbón de CORPOZULIA, conocidas con el nombre de Proyectos Tukuko-Aricuaizá y Río de Oro, así como las de las empresas privadas Minera MAICA, CARBOCA, COSULMINCA y Corporación Carbones del Perijá.
Para esta acción política, el Presiente Chávez puede apoyarse en las leyes nacionales y los acuerdos o protocolos internacionales firmados, algunos de ellos encaminan y asocian el derecho a la tierra para los indígenas al derecho a la vida.
Desde de mayo de 1985, venimos un grupo de ciudadanos preocupado por esta situación, colaborando con los pueblos y comunidades indígenas del estado Zulia en aras de buscar una salida al problema de la tenencia de la tierras indígenas, en la búsqueda de la construcción de la justicia y la paz, y este es el momento exacto de conseguir de una vez por todas la solución de este histórico problema, y ya los indígenas y nosotros vivimos una experiencia anterior.
En 1997, cuando la Dra. Lucía Antillano y su asesor abogado Ricardo Dorado, hoy Ministro del Trabajo, lograron desde el Senado de la República, con todos los organismos vinculados a los indígenas, tierra, frontera, seguridad y ambiente un acuerdo escrito para que cada año se compraran las bienhechurías de todas las haciendas, de estas mismas haciendas hoy auto demarcadas, y se comenzó a comprar las haciendas como El Trébol, Los Chorros, entre otras; para esta fecha sólo el problema de la derogación de las concesiones carboníferas estaba en el tapete, y este es un compromiso que en cierta manera el Presidente Chávez y la Ministra Faría han comenzado a asumir públicamente, hasta el mismo General Martínez que hoy ocupa la presidencia de CORPOZULIA. Poseemos dicha información de manera escrita y en audiovisual, por si hace falta.
Esperamos de ustedes la mayor amplitud posible para que juntos comencemos a entender que es necesario saldar la deuda con estos pueblos, que son anteriores al estado nacional, una deuda histórica, y saber que sin tierras todos los otros derechos reconocidos son letras muertas, pues sus economías y su espiritualidad están consustanciadas con sus territorios.
Mg. Lusbi Portillo
C.I. 4.527.834
Coordinador de la ONG
Sociedad Homo et Natura
0416-4653530
E-mail: [email protected]
Los afiliados del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y sus Similares (Sutiss), que agrupa a los trabajadores de Sidor, la principal acería del país en Guayana, han venido realizando una serie de movilizaciones para exigir el cumplimiento de diversas reivindicaciones laborales. Sus acciones empezaron a ganar espacios en los medios de comunicación regionales y nacionales cuando el pasado 17.08.06 y tras agotar los procesos de negociación con la empresa para el cumplimiento de la contratación colectiva vigente, introdujeron un tercer pliego conflictivo en la Inspectoría del Trabajo de Puerto Ordaz. En un hecho confuso, se desató un conato de violencia cuando la mesa conciliatoria entre la patronal y el sindicato intentaban congeniar los intereses, ocasionando el encierro de un grupo de sindicalistas presentes en la institución. (La Nueva Prensa de Guayana 17.08.06, 2/A). Al día siguiente, los trabajadores siderúrgicos y organizaciones sindicales de diferentes empresas básicas y privadas de Ciudad Guayana volvieron a tomar las instalaciones del Ministerio del Trabajo (Mintra). Tras una reunión con los representantes del Mintra, el presidente de Sutiss. José Rodríguez «Acarigua» manifestó que «no les quedaba otro camino que tomar la calle». Por su parte, el director general de relaciones del Mintra, Francisco López, opinó que el sindicato debía buscar asesoría para poder presentar el pliego de reivindicaciones sin errores de redacción, razón por la que fue rechazado. (El Guayanés, 18.08.06, A/2). El 24.08.06 la inspectora del trabajo de Ciudad Guayana, Mervilia Saavedra, decidía inhibirse en el caso argumentando que el sindicato desestimó el recurso de apelación privilegiando el uso de la fuerza. (Correo del Caroní, 24.08.06, A/6).
El 31.08.06 se informaba sobre la realización de la asamblea general de trabajadores la cual contó con la presencia de toda la estructura sindical de Sutiss para evaluar el escenario y el cronograma de movilizaciones. En la reunión, Rodríguez describió la situación de salud de los trabajadores ante el incumplimiento del llamado «plan solidario» de Sidor. Asimismo, la demagogia de la patronal sobre las promesas de incrementos salariales y los beneficios derivados de la reforma parcial de la Ley Orgánica del Trabajo, que estipula el pago de vacaciones a salario normal. Sobre este punto, detalló lo que considera el deterioro de las colonias vacacionales de Carúpano, construidas para disfrute de la masa laboral hace más de 20 años por CVG-Sidor. El líder obrero también se refirió a la situación de los trabajadores que prestan servicios en las contratistas de Sidor, unas 8 mil personas, que a su juicio «no gozan ni siquiera un poco de los beneficios percibidos por los empleados directos». (La Nueva Prensa de Guayana, 31.08.06, A/2).
El 05.09.06 se anuncia la detención de tres dirigentes de Sutiss y dos trabajadores de la empresa transportista Camila, contratista de Sidor luego de que un tribunal emitiera órdenes de captura contra ellos y otros 16 trabajadores bajo cargos de apropiación indebida y secuestro de maquinarias. Los sindicalistas detenidos fueron Leonel Griset, miembro de la Comisión Paritaria; Juan Valor, secretario de prensa y propaganda y Jhoel Hernández, secretario de Cultura y Deporte. Los dirigentes detenidos culparon a Orlando Aguilar, propietario de la contratista de haber solicitado su aprehensión, tras haber paralizado la compañía por el reclamo de compromisos laborales. (Correo del Caroní, 05.09.06, 1/A). El presidente de Sutiss anunció que ante esta situación paralizarían las actividades hasta tanto la empresa reconociera los beneficios de los trabajadores. (El Guayanés, 05.09.06, A/2). Durante el paro, diversos dirigentes sindicales se apostaron en la antesala del Palacio de Justicia de Puerto Ordaz, pidiendo la inmediata libertad de sus agremiados. (Ultimas Noticias, 06.09.06, pag. 16). Fuentes allegadas a la empresa aseguraron que la paralización de Sidor se desarrolló en forma parcial. «Las acerías, planta de pellas y el área de reducción de mineral de hierro operaron a su mínima capacidad». Se estimó, asimismo, que las pérdidas superan los 2 millones de dólares diarios. (El Universal, 06.09.06, 2/6). Debido a esta protesta, el Tribunal 2ª de Control emitió boleta de excarcelación de los cinco detenidos. (El Nacional, 06.09.06, B/17). Tras la liberación, concluía la huelga de los trabajadores con lo que volvían a sus actividades, pero el Sutiss no descartaba realizar nuevas acciones de calle y tomas de la ciudad de Puerto Ordaz para reclamar el cumplimiento del Contrato Colectivo. (El Universal, 07.09.06, 2/6).
Pensionados en lucha
Tras la liberación de los sidoristas detenidos, los trabajadores en conflicto hicieron una parada en la sede de la Corporación Venezolana de Guayana. Su objetivo, solidarizarse con los pensionados y enfermos ocupacionales de esa institución, quienes también protagonizaban un conflicto laboral. (El Nacional, Ídem). El 23.08.06 Pedro Acuña, miembro de la Comisión Única de Accionistas Clase «B» de Sidor afirmó en la prensa regional que los jubilados y pensionados de Sidor «son los peor pagados de la zona». Del grupo de 2.500 jubilados un 95%, según las estimaciones del denunciante se encontrarían ganando trescientos mil bolívares mensuales por concepto de jubilación sin mayores beneficios. Por su parte, Luis Díaz, presidente de la asociación de Jubilados, Pensionados e Incapacitados de Sidor, declaró sobre las reivindicaciones del sector que representaba: «la intención es que se nos lleve el salario, por los momentos, al mínimo urbano, y de verdad que percibimos muy buena disposición de la empresa para lograr esa meta, sin menoscabar nuestro derecho de demandar en los tribunales por la homologación de los salarios». Díaz relato también las condiciones en las que vive su gremio debido al nivel salarial que perciben, «tenemos una calidad de vida muy deteriorada, con ese sueldo no nos da ni para pagar las medicinas de las enfermedades que van apareciendo en la vejez, y el seguro médico no nos lo paga la empresa, sino que lo cubrimos en un 100% nosotros». (Correo del Caroní, 23.08.06, A/8). El 21.08.06 un grupo de 10 jubilados comenzaban una huelga de hambre solicitando la homologación y ajuste de sus pensiones. El 25.08.06 se informa que una manifestación de jubilados cerró la avenida Guayana en protesta por la incomunicación sufrida por los huelguistas, a quienes no se les permitía acceder a los baños de la CVG, ni recibir en el sitio de la protesta a sus compañeros. (La Nueva Prensa de Guayana, 25.08.06, A2). Los jubilados afirman que una decisión ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia les otorgó el rango de trabajadores pasivos, lo que les permitiría disfrutar de los mismos beneficios y salario que sus homólogos activos. (Correo del Caroní, 27.08.06, A/7).
Presentación
El Proyecto de Ley para Personas con Discapacidad, instrumento legal que desarrolla el artículo 81 de la Constitución de 1999 es actualmente discutido por la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional, en donde fue aprobado en primera discusión el 13 de julio de 2006; a continuación se presentan comentarios y críticas puntuales a dicho instrumento legal, con vistas a presentarlas ante la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio del derecho a la participación ciudadana reconocido en la Constitución de 1999 (1) y en la normativa internacional (2).
Aspectos positivos
El proyecto de Ley presenta una estructura completa que atiende al reconocimiento de los derechos que asisten al colectivo de personas con discapacidad.
El Título II del proyecto de ley “De los Derechos de las Personas con Discapacidad” es completo y exhaustivo en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidades, igualmente es categórico y claro en la prohibición de toda forma de discriminación.
Particularmente positivas son las normas sobre acción afirmativa en materia de empleo para personas con discapacidad:
- Artículo 14, el cual establece un porcentaje de cinco por ciento de personas con discapacidad en las nóminas totales de todas las empresas públicas y privadas
- Ayudas técnicas (artículo 8),
- Asientos para personas con discapacidad en el servicio de transporte público (artículo 58)
- Adaptación de vehículos de transporte público (artículo 59).
- Descuentos en pasajes de transporte terrestre, aéreo y acuático (artículo 60).
- Servicio de acarreo de sillas de ruedas, andaderas u otros utensilios o ayudas físicas en el servicio de transporte público (Artículo 61)
Es igualmente de destacar que con la creación del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad se establece una autoridad especializada en la materia con mandato claro para la formulación de políticas públicas en la materia, al cual se le otorga una potestad sancionatoria (desarrollada en el Título VI “De las Sanciones”), con lo cual se le confieren las herramientas legales para que su actuación sea eficaz.
Críticas
Sobre la definición de personas discapacitadas contenida en el artículo 5 del proyecto
El artículo 5 del proyecto define a las personas discapacitadas como:
“…todas aquellas personas que por causas congénitas o adquiridas presenten alguna alteración de sus capacidades sensoriales, motrices o intelectuales, de forma temporal o permanente, que impliquen desventajas para su participación e integración a la vida familiar y social. Se reconocen personas con discapacidad, las sordas y con discapacidad auditiva, ciegas y con discapacidad visual, sordociegas, con retardo mental, con discapacidad intelectual, con alteraciones de la integración y la capacidad cognoscitiva, autistas, amputadas, con discapacidad motora de cualquier tío, y con cualesquiera combinaciones de algunas de las discapacidades o ausencias mencionadas, y quienes padezcan de enfermedades o trastornos discapacitantes científica, técnica y profesionalmente calificadas como tales en la tabla de clasificación de discapacidades que sea adoptada por el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad.
Al respecto la definición sugerida por el proyecto es confusa y casuística; en el apartado de Sugerencias se indica una noción alternativa tomada de la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad
Comentarios a la calificación administrativa de la condición de discapacitado
El proyecto de Ley crea un órgano público denominado “Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad”, al cual se le atribuyen funciones muy amplias, que van desde certificar con efectos erga omnes la condición de discapacidad hasta funciones de registro de todas las organizaciones dedicadas al trabajo con personas discapacitadas.
En efecto, el articulado del proyecto parece establecer el registro y la certificación obligatorios para obtener el reconocimiento mismo de la condición de discapacitado, igualmente exige este reconocimiento de la administración pública para el ejercicio de los derechos prestacionales básicos de la población discapacitada.
El artículo 24 del proyecto dispone:
“Las exoneraciones, ayudas especiales, becas, subvenciones, donaciones y otros beneficios obtenidos por razones de discapacidad, requieren en su solicitud, la consignación del certificado de persona con discapacidad, expedido por el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad.”
No parece conveniente el supeditar el reconocimiento de la condición de discapacitado al cumplimiento de un trámite administrativo, por cuanto la condición de discapacidad puede ser diagnosticada por cualquier profesional facultado y colegiado según la ley (médico, psicólogo, terapista del lenguaje, etc.), a estos profesionales el proyecto de ley únicamente les faculta para emitir opiniones con carácter no vinculante (artículo 6).
Consideramos, por lo tanto, que el Estado debe limitarse a reconocer la condición de discapacidad, mas no constituir jurídicamente la misma. La norma propuesta trae consigo el riesgo de gravar a las personas discapacitadas con mayores sufrimientos y molestias al someterlas a trámites burocráticos para obtener un certificado que acredite su situación, igualmente esta norma expone a las personas discapacitadas al arbitrio de la administración pública.
En el supuesto de que el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad negase por cualquier causa la expedición del certificado correspondiente, la persona discapacitada quedaría sin protección legal, y tendría sobre sí la carga de ejercer recursos en sede administrativa y judicial según la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia; la tramitación de estos recursos significaría para el discapacitado pérdidas considerables de dinero y tiempo, mientras tanto no podría obtener las “exoneraciones, ayudas especiales, becas, subvenciones, donaciones y otros beneficios” que la ley condiciona a la obtención del certificado de persona con discapacidad.
Comentarios a las disposiciones sobre identificación personal de las personas discapacitadas
El artículo 17 del proyecto establece que “La cédula de identidad otorgada a las personas con discapacidad comprobada, deberá indicar tal condición y el tipo de discapacidad de quien la porte, previa aprobación del ministerio con competencia en materia de identificación de los habitantes de la República.”
El artículo 17 en comento carece en nuestra opinión de una base racional que lo justifique, creemos por el contrario que el hacer constar la condición de discapacitado en el documento de identidad de la persona la perjudica, esto por varias razones:
A- Estigmatiza al discapacitado al hacer constar en su documento de identidad su condición, la cual es irrelevante a efectos de la identificación.
B- Constituye una diferenciación odiosa entre las personas discapacitadas y las personas que no tendrán esta mención en sus documentos de identidad.
C- Favorece los actos de discriminación contra las personas discapacitadas; podemos imaginar, verbigracia, la situación de los discapacitados que remitan copias de sus documentos para optar a algún empleo, la fotocopia de su documento de identidad; si en este documento aparece acreditada la condición de discapacidad se le coloca por anticipado en una situación desventajosa respecto de las personas en cuyo documento de identidad no aparece tal mención.
Comentarios a las normas sobre participación ciudadana
No se entiende la razón por la cual el proyecto de ley dispone en su artículo 69 exige que “Las organizaciones sociales, deportivas, recreativas o de cualquier índole sin fines de lucro, constituidas por personas con discapacidad y por sus familiares y las personas jurídicas con o sin fines de lucro creadas para organizar y desarrollar actividades deportivas y recreativas, o brindar asistencia, atención, servicio, educación, formación y capacitación a personas con discapacidad, deberán registrarse en el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad a efecto de ser reconocidas e insertarse en las políticas públicas “ (Subrayado nuestro).
Esta norma entra en contradicción con la obligación del estado de facilitar el ejercicio del derecho de asociación reconocido en el artículo 52 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela(3), en efecto, las personas jurídicas adquieren su personalidad jurídica con la protocolización de su documento constitutivo-estatutario en los términos contenidos en el Código Civil y en la Ley de Registro y Notariado, por lo que es totalmente superfluo e innecesario un nuevo acto de “reconocimiento” por parte del Estado, como el establecido por el artículo 69 en comento.
El artículo 69 de la Ley Para Personas con Discapacidad, en los términos en que se encuentra redactado establece que será el propio organismo público (Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad) quien tendrá las facultades de “reconocer” e “insertar en las políticas públicas” a sus interlocutores en la sociedad, lo cual entra en contradicción con la obligación del estado de facilitar la generación de condiciones más favorables para la práctica del control de la gestión pública, reconocido por el artículo 62 de la Constitución de 1999 (4).
Esta norma no favorece el cumplimiento de varias normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la materia:
A- Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad de Ciudad de Guatemala, 1999, cuyo artículo V dispone:
- «Los estados parte promoverán, en la medida en que sea compatible con sus respectivas legislaciones nacionales, la participación de representantes de organizaciones de personas con discapacidad, organizaciones no gubernamentales que trabajan en este campo o, si no existieren dichas organizaciones, personas con discapacidad, en la elaboración, ejecución y evaluación de medidas y políticas para aplicar la presente Convención”.
B- Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las personas con Discapacidad; Resolución 48/96 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas del 4 de marzo de1994, artículo 18.
“Los Estados deben reconocer el derecho de las organizaciones de personas con discapacidad a representar a esas personas en los planos nacional, regional y local. Los Estados deben reconocer también el papel consultivo de las organizaciones de personas con discapacidad en lo que se refiere a la adopción de decisiones sobre cuestiones relativas a la discapacidad.
- «Los Estados deben promover y apoyar económicamente y por otros medios la creación y el fortalecimiento de organizaciones que agrupen a personas con discapacidad, a sus familiares y a otras personas que defiendan sus derechos. Los Estados deben reconocer que esas organizaciones tienen un papel que desempeñar en la elaboración de una política en materia de discapacidad…”
Tampoco es favorable al ejercicio de la participación ciudadana en las políticas públicas en materia de personas discapacitadas la composición del Consejo Directivo del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad esbozada en el artículo 32 del proyecto de ley, por cuanto únicamente se prevé la presencia de “un vocero o vocera de los comités comunitarios de personas con discapacidad”; esta norma no solamente establece una representación meramente simbólica de la sociedad civil (un vocero en un consejo integrado por nueve personas), sino que silencia absolutamente a las organizaciones no gubernamentales dedicadas al trabajo con personas discapacitadas al no reconocérseles presencia alguna en el Consejo Directivo del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad.
Esta omisión no se subsana con el artículo 42 del proyecto, en el cual si se reconoce que “los ciudadanos y ciudadanas con discapacidad, sus familiares y personas sin discapacidad podrán constituir organizaciones sociales, deportivas, culturales, artísticas, cooperativas o de cualquier otra índole que los agrupen, representen y expresen las manifestaciones de su acción para lograr el protagonismo participativo y la incorporación plena al desarrollo de su comunidades y de la nación”. Esto es así, por cuanto si bien en este artículo 42 se reconoce este derecho, el mismo queda mediatizado por la obligación de las organizaciones de ser “reconocidas” por el estado en los términos del artículo 69 antes comentado; igualmente en el proyecto de ley, tal como está redactado, las únicas entidades a las cuales se les reconoce presencia en el Consejo Directivo del Consejo Nacional para las personas con Discapacidad son los Comités Comunitarios de Personas con Discapacidad.
Recomendaciones
Primero: Cambiar la redacción del artículo 5 de la ley por una redacción mas concisa y clara, al respecto se sugiere tomar en cuenta la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, ratificada oficialmente en la 54ª Asamblea Mundial de la Salud en 20013 Resolución WHA54.21. Concretamente proponemos que en el texto de la Ley se acoja la definición de discapacidad contenida en la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad de Ciudad de Guatemala:
“El término «discapacidad» significa una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social”.
Segundo: Aprobar y remitir al ciudadano Presidente de la República la ley aprobatoria de la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad de Ciudad de Guatemala, a los fines de que el Ejecutivo Nacional de conformidad con el artículo 217 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela proceda a la ratificación de este instrumento que, si bien ha sido firmado el 8 de junio de 1999, no ha sido todavía ratificado por la República.
Tercero: Suprimir los artículos 17 y 24 del proyecto de ley, por las razones suficientemente expuestas.
Cuarto: Cambiar la redacción del artículo 69 del proyecto de ley, suprimiendo el “registro” establecido en su redacción actual para todas las organizaciones que desarrollan trabajo con personas discapacitadas por ante el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad , por las razones expuestas.
Quinto: Estructurar la composición del Directorio del Consejo Nacional para las Personas Discapacitadas de manera que garantice la representación con derecho a voz y voto tanto de los colectivos organizados de personas discapacitadas como de las organizaciones no gubernamentales que desarrollan labor en la materia.
(1) Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 211: “La Asamblea Nacional o las Comisiones Permanentes, durante el procedimiento de discusión y aprobación de los proyectos de leyes, consultarán a los otros órganos del Estado, a los ciudadanos y ciudadanas, y a la sociedad organizada para oír su opinión sobre los mismos.”
(2) Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, artículo 15, numeral 1. “Los Estados deben procurar que las organizaciones de personas con discapacidad participen en la elaboración de leyes nacionales relativas a los derechos de las personas con discapacidad, así como en la evaluación permanente de esas leyes.”
(3) Artículo 52:“Toda persona tiene el derecho de asociarse con fines lícitos, de conformidad con la ley. El Estado estará obligado a facilitar el ejercicio de este derecho.”
(4) “Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas.
La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo.
Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica.
- Que la AN apruebe la reforma de la LOT, cumpliendo con el mandato de la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución.
- Que se dicte el reglamento de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.
- Garantizar la plena implementación del sistema de control y promoción de las condiciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuados.
- Implementar adecuadamente el Régimen Prestacional de Empleo, garantizando la adopción de mecanismos eficaces para la creación de empleos dignos, y asegurando al trabajador frente a la pérdida involuntaria del empleo.
- Garantizar el pago oportuno de las obligaciones laborales que derivan de la contratación colectiva de los funcionarios públicos.
- Culminar con el proceso de cuantificación de la deuda laboral con los funcionarios del sector público y garantizar su pago en un plazo razonable.
- Abstenerse, todo los órganos del Poder Público, de discriminar a los trabajadores según su orientación política, así como de aplicar sanciones de índole laboral por este motivo.
- Tomar las medidas necesarias para garantizar una actividad más eficiente de las inspectorías del trabajo en el control del cumplimiento de la medida de inamovilidad laboral y en la fiscalización de las prácticas de flexibilización para evadir obligaciones con los trabajadores y del pago de remuneraciones inferiores al salario mínimo.
- Tomar medidas enérgicas en contra de la flexibilización laboral, tanto en el sector privado como en el público.
- Implementar mecanismos transparentes para la determinación de la representatividad sindical y garantizar que las negociaciones de los convenios colectivos se realicen con los sindicatos más representativos.
- Implementar mecanismos transparentes y equitativos para la adjudicación de puestos de empleo en las empresas públicas.
- Investigar y sancionar los hechos de violencia de los que han sido víctima sindicalistas y desempleados en el marco del conflicto político y de las demandas de empleo.
- Garantizar que el Ejecutivo Nacional ajuste anualmente el salario mínimo tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica.
- Garantizar la consulta tripartita para el incremento anual de los salarios, y en general, para la toma de decisiones que inciden en la vida de los trabajadores.
- Garantizar la autonomía sindical en los procesos eleccionarios de las directivas de los sindicatos, y asegurar que la participación del CNE se limite a brindar asesoría técnica.
- Desarrollar políticas públicas eficaces de promoción del empleo digno y la reducción de la pobreza, que sean evaluadas permanentemente y articuladas con otras medidas de corte social adoptadas por el Ejecutivo Nacional para lograr la plena integración de las personas a la vida productiva del país.
- Que la AN, de forma participativa, sancione una legislación que contenga el mecanismo de cogestión de empresas por parte de empleadores y trabajadores.
- Desarrollar políticas públicas específicas para erradicar las brechas de género en el disfrute del derecho al trabajo, facilitar el acceso al primer empleo de la población joven, e incorporar al mercado de trabajo a personas con necesidades especiales.
- Fomentar la plena participación de las mujeres en el sector cooperativo de la economía, y tomar medidas que disminuyan la brecha de ingresos por géneros.
- La ratificación, por parte del Ejecutivo Nacional, del Convenio Nº 182 de la OIT, relativo a la erradicación de las peores formas de trabajo infantil, sancionado por la AN en el 2003.
- Adecuar la normativa laboral para establecer la edad mínima para el trabajo en 16 años, de acuerdo con la recomendación Nº 146 de la OIT.
- Tomar medidas adecuadas para supervisar el cumplimiento por parte de empleadores de la edad mínima para el trabajo, y la complementariedad del trabajo con el estudio.
(Provea, 30.08.06. http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2004_05/2017/06/Propuestas.pdf)
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
INVITACIONES A EVENTOS
ARTÍCULOS
NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS
DOCUMENTOS
Del 02 al 17 de agosto de 2006
Boletín electrónico Nº 174
EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE AGOSTO
04-08 Semana Mundial de la Lactancia Materna
06 Lanzamiento de la Primera Bomba Atómica sobre Hiroshima (1945)
09 Día Internacional de las Poblaciones Indígenas
12 Día Internacional de la Juventud
15 Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición
18 Promulgación del Decreto de Garantías que, entre otras cosas, eliminó la pena de muerte y el destierro (1863)
23 Día Internacional en Recuerdo del Comercio de Esclavos y su Abolición
29 Día Internacional del Árbol
30 Día Internacional de los «Desaparecidos»
CONTEXTO
El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, Provea, abre el concurso para la selección de la portada del Informe Anual Octubre 2005 / Septiembre 2006 “Situación de los Derechos Humanos en Venezuela”.
Desde hace 17 años, Provea realiza un monitoreo de la situación de los Derechos Humanos en el país, el cual plasma en un informe que presenta a finales de año, en formato libro. Esta publicación es consultada por funcionarios públicos de alto nivel, organizaciones sociales, académicos e investigadores, comunicadores sociales y público en general. Para este año, deseamos abrir un concurso para seleccionar a la persona que diseñará la portada.
La ilustración debe reflejar uno de los dos de los ejes resaltados por el informe de este año:
1) Situación de los desechos sólidos, políticas gubernamentales sobre manejo de basura y experiencias de reciclaje comunitarias
2) Organización y luchas ciudadanas de movilización por la exigibilidad de derechos, empoderamiento social y protagonismo popular.
La técnica de diseño es libre, pudiendo utilizar fotografías digitales completas y/o en collages e ilustraciones. Las medidas de la portada son 22,1 cm de alto por 15 cm de ancho. La composición debe respetar la tipografía tradicional utilizada en el informe: “Situación de los Derechos Humanos en Venezuela. Informe anual octubre 2005 / septiembre 2006” en la parte superior y “Provea, Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos” en la esquina inferior izquierda. La portada será impresa a full color. Para darse una idea de esta composición y del diseño de las últimas 4 portadas del informe, visitar http://derechos.org.ve/concursoportada.htm. El proyecto seleccionado, el cual debe entregarse en una resolución de 300 dpi, recibirá una remuneración de 800.000 Bs, además de los créditos en la publicación y (05) copias del libro impreso. La propiedad intelectual del diseño ganador pasaría a ser de Provea.
Los bocetos pueden enviarse vía digital en baja resolución a la siguiente dirección: [email protected] , con copia a [email protected] , hasta el día 31 de agosto. El envío de bocetos no tiene limitación, y cada persona puede enviar los bocetos que desee. Se seleccionarán los cinco mejores bocetos, y sus autores serán contactados para una entrevista, a realizarse los días 4 y 5 de septiembre.
La Agencia PANA (Periodismo A favor de la Niñez y la Adolescencia) presentó el pasado 08.06.06 su segundo informe Anual Niñez y Adolescencia en los Medios. Se trata de un estudio basado en el análisis de 22 mil 505 noticias publicadas en el año 2005 por 6 diarios venezolanos, en el cual se muestra qué, cuánto y cómo se escribe sobre niños, niñas y adolescentes en el país. El monitoreo fue elaborado por la Agencia PANA-Cecodap, en alianza con Save the Children Suecia y UNICEF, y con la metodología de la Red ANDI América Latina, un grupo de organizaciones sociales de 12 países de América Latina unidas para promover los derechos de la niñez y la adolescencia en los medios de comunicación.
Al analizar las características generales de las noticias publicadas acerca de la niñez y la adolescencia en los diarios El Universal, El Nacional, Últimas Noticias, Diario Vea, Panorama y El Carabobeño –durante el año 2005- podemos hablar de avances significativos en cuanto a la cobertura periodística.
Para Cecodap, durante el período de estudio se encontró un total de 22.505 noticias referentes a temas que involucran a las personas menores de 18 años de edad, lo que significa un incremento de 6.671 textos, comparado con los datos del año 2004, cuando se analizaron 15.834 informaciones. Es de hacer notar que de esta cantidad, 2.204 textos corresponden al Diario Vea.
El informe no solo constató un avance en cuanto a la cantidad de textos publicados, también se dieron pasos en cuanto a la calidad de la información publicada. Ya sea en el uso de las fuentes informativas, el tipo de cobertura de los temas que requieren mayor difusión y vigilancia, el margen de apertura para la participación de niños, niñas y adolescentes en los testimonios, el reciente monitoreo se diferencia del anterior (2004) y ofrece importantes avances que esperamos se consoliden en los próximos años. Entre los temas más tratados en los medios monitoreados destacan Educación, Salud y Violencia, con 21,63%, 11,42% y 9,73%, respectivamente. Mientras que entre los temas invisibles en la prensa –en lo que se refiere al ámbito de la niñez y la adolescencia- destacan: Discapacidad; VIH/Sida; Drogas; y Abuso y Explotación Sexual. Cada uno de ellos, con menos del 1% de los textos analizados. (Agencia Pana, 08.06.06, http://www.cecodap.org.ve/htm/eventos/NPInformePANA2006.htm)
Representantes de los 370 millones de indígenas del mundo exigen que la Asamblea General de la ONU reconozca el derecho de los pueblos nativos a la autodeterminación.
El pedido fue formulado el 09.08.06, cuando agencias de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) e instituciones de la sociedad civil de todo el mundo realizaban diversas actividades para celebrar el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas.
La demanda de reconocimiento del principio de autodeterminación es lo más sustancial de la propuesta Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, elaborada por el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas.
La demanda de reconocimiento del principio de autodeterminación es lo más sustancial de la propuesta Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, elaborada por el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas.
Ya aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra tras ser debatida durante más de un decenio, la declaración ahora espera el aval de la Asamblea General, de 191 miembros, que iniciará el mes próximo una nueva sesión en Nueva York.
Si es adoptada por la Asamblea General, la Declaración podría ser un paso importante hacia la eliminación de violaciones a los derechos humanos sufridas por indígenas en todo el mundo.
«No es perfecta, pero es un comienzo importante», dijo Wilton Littlechild, dirigente de la nación cree en Canadá y miembro del Foro, ante un selecto grupo reunido el miércoles en la sede de la ONU en Nueva York.
Consciente de que la Declaración no es de cumplimiento obligatorio para los gobiernos, Littlechild esperaba que el documento sirva de presión para que los gobiernos observen principios universales como la justicia, la democracia, el respeto por los derechos humanos y la igualdad.
El documento exige a los gobiernos respetar el derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación y el principio de «consentimiento previo informado» respecto de proyectos de explotación de sus territorios ancestrales.
Una vasta mayoría de los países expresaron su apoyo a la declaración, pero otros continúan rechazándola.
Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, por ejemplo, manifestaron su oposición a la demanda de autodeterminación y consentimiento informado, con el argumento de que esos principios violan valores democráticos y el derecho a la propiedad individual.
Es probable que Estados Unidos y sus aliados procuren cambios en el texto, pero, según observadores, el esfuerzo será en vano, pues carecen de apoyo suficiente para eso. De todos modos, los dirigentes indígenas todavía no cantan victoria todavía.
«Llamo a todos los estados miembro a adoptar la Declaración sin ningún cambio», dijo Littlechild, quien desde hace casi 30 años lucha por el reconocimiento internacional de los derechos indígenas. «Es muy importante para nosotros.»
El secretario general de la ONU, Kofi Annan, y otros altos funcionarios que representan a varias agencias del foro mundial parecen estar de acuerdo con Littlechild. «Sólo respetando la diversidad cultural y el derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación nuestro trabajo juntos puede ser verdaderamente llamado sociedad», dijo Annan en ocasión del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas.
«Es un movimiento para reconocer el desafío crítico que afrontan», agregó. «Queda mucho por hacer para protegerlos de violaciones masivas de derechos humanos, para aliviar la pobreza que enfrentan y para salvaguardarlos contra muchas discriminaciones que, por ejemplo, fuerzan a muchas niñas indígenas a desertar de la escuela.» La Declaración urge a los países del mundo industrializado a tener en cuenta las preocupaciones de comunidades indígenas que viven en sus territorios en la implementación de los ocho Objetivos de Desarrollo de la ONU para el Milenio.
Entre estos objetivos, aprobados por líderes mundiales en Nueva York en 2000, figuran reducir a la mitad para 2015 (respecto de 1990) la proporción de personas que viven en la indigencia y padecen hambre, así como lograr la educación primaria universal, promover la igualdad de género y reducir la mortalidad infantil en dos tercios y la materna en tres cuartos.
Y también, combatir la propagación del sida, la malaria y otras enfermedades, asegurar la sustentabilidad ambiental y crear una sociedad global para el desarrollo entre el Norte y el Sur. Annan dijo que las «perspectivas, experiencias y cosmovisión» de los indígenas tienen «un rol crucial en los esfuerzos por lograr los Objetivos de Desarrollo». El Día Internacional de las Poblaciones Indígenas se celebró por primera vez el 9 de agosto de 1994, al comienzo del Primer Decenio de las Poblaciones Indígenas del Mundo. En diciembre de 2004, la Asamblea General proclamó el Segundo Decenio, de 2005 a 2015. El primer objetivo del programa del Segundo Decenio aspira a promover «la no discriminación y la inclusión de los pueblos indígenas», según funcionarios de la ONU.
«Este objetivo no fue alcanzado», dijo Victoria Tauli-Corpuz, presidenta del Foro Permanente. «El racismo sistemático y la discriminación todavía afectan a muchos indígenas no solamente en los países en desarrollo, sino también en los países más ricos y poderosos.» Juan Somavia, director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), coincidió con Tauli-Corpuz. Según investigaciones de la OIT, los aborígenes son mucho más vulnerables al trabajo forzado, el tráfico y la discriminación en materia laboral que el resto de la población. «Su tierra y medio de vida está bajo amenaza en todas partes», dijo. «Donde sea que vivan, son los grupos más desaventajados y excluidos.»
Somavia esperaba que la Declaración complementara las obligaciones legales asociadas a la ratificación de los estados del Convenio sobre Poblaciones Indígenas y Tribales de la OIT, de 1989. Expertos en biodiversidad de la ONU estiman que actualmente las poblaciones indígenas del mundo hablan alrededor de 6.000 idiomas, pero la gran mayoría de ellos, como las culturas a las que representan, corren el riesgo de desaparecer. Según algunas estimaciones científicas, aproximadamente 97 por ciento de la población habla cuatro por ciento de los idiomas del mundo.
Por el contrario, casi 96 por ciento de los idiomas son hablados por apenas tres por ciento de la población, y la mayoría de estas lenguas son indígenas. Y 10 por ciento son hablados por menos de 100 personas. «Estas cifras dan testimonio de la increíble diversidad lingüística y cultural de la humanidad», dijo Ahmed Djoghlaf, secretario ejecutivo de la Convención de la ONU sobre Biodiversidad, quien cree que la pérdida de esa diversidad no puede ser separada de la pérdida de diversidad biológica.
(IPS, 10.08.06, http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=38332)
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
El 20.07.06 trabajadoras del ramo de la enfermería amenazaron con un paro de actividades si se mantenía la situación de incumplimiento de las autoridades sobre sus condiciones laborales. María Petrella, miembro de la directiva del gremio de enfermería, explicó que mientras el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, por órdenes del Presidente de la República, niveló el sueldo de un técnico superior universitario en enfermería a 898 mil 339 bolívares, y a 954 mil 661 para los licenciados, el Ejecutivo carabobeño se negaba a homologar los salarios de quienes trabajan para el Instituto para la Salud del estado Carabobo (Insalud) y la Gobernación. La sindicalista denunció que en Carabobo los que más cobran se encuentran en los 687 mil 11 bolívares, para los TSU; y apenas 732 mil 442 para los licenciados, es decir, por debajo de lo establecido por las autoridades ministeriales. (El Carabobeño, 20.07.06, http://www.el-carabobeno.com/p_pag_hnot.aspx?art=a210706sl03&id=t210706-sl03). Días después, las enfermeras de la Maternidad del Sur, en Valencia, protestaban por la exclusión en el pago de salarios y la suspensión de algunos beneficios. Margorie García, licenciada en Enfermería, informó que el personal protestó la discriminación que existe con los sueldos, pues “mientras a las enfermeras de Insalud, hace tiempo que les aumentaron el sueldo, a nosotras se nos mantiene un salario de 531 mil bolívares, aparte de que, desde hace cuatro meses, no nos pagan el beneficio de la cesta ticket”. (El Carabobeño, 27.07.06, http://www.el-carabobeno.com/p_pag_hnot.aspx?art=a270706b07&id=t270706-b07).
La Unión Nacional de Trabajadores (UNT) anunció que presentaría la situación laboral de cinco mil enfermeras en el país a la mesa de trabajo “Conflicto Cero” en la vicepresidencia de la República. (Agencia Bolivariana de Noticias, 08.08.06, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=56969&lee=Array[0]). El 08.08.06 el gremio de enfermeros y enfermeras de Carabobo iniciaban una nueva acción reivindicativa, esta vez, una huelga de hambre protagonizada por 4 mujeres a las puertas del Insalud. La acción fue acompañada por más de un centenar de profesionales de la salud, quienes gritaban consignas y exhibían diferentes pancartas. Las manifestantes explicaron que ellas son las únicas enfermeras del país a las cuales no se les ha homologado el salario y, además, se les adeuda el bono alimentario. Calificaron al gobierno regional de irresponsable y aseguraron que se mantendrían protestando a las puertas de Insalud hasta que el presidente del organismo, Carlos Olaizola, les diga en qué una fecha cancelarán los referidos pagos que reclaman. En total son 1.670 enfermeras que tienen pendientes pagos que corresponden al sector salud en Carabobo y que prestan sus servicios en los diferentes centros de asistenciales ubicados en los 14 municipios de la geografía regional. No obstante, señalaron que, por los momentos, no dejarán de trabajar pues perjudicarían a las comunidades, pero aclararon que si no son escuchados sus reclamos tomarían medidas más drásticas en los siguientes días. (El Universal, 09.08.06, http://www.eluniversal.com/2006/08/09/pol_art_09108A2.shtml) Por su parte el vicepresidente del Tribunal Disciplinario del Colegio de Enfermeros y Enfermeras del Estado Carabobo, Alexander Bencomo, exigió la nivelación de los sueldos de estos profesionales dependientes del ejecutivo con los adscritos al Ministerio de Salud y Desarrollo Social, y que se cancele el bono único de la salud nacional. Explicó que a través de un decreto el mandatario regional, Luis Acosta Carlez, eliminó la fundación que administraba las finanzas de la maternidad y desde entonces los enfermeros y enfermeras de ese centro asistencia quedaron en nómina bajo la condición de personal contratado, dejando de percibir una serie de beneficios laborales contemplados en las leyes de la república. (El Universal, ídem). Recientemente, otra medida ordenada por el Gobernador Carlez vinculada al sector salud fue protestada por usuarios y personal médico como “privatizadora”. (Provea, 14.08.06, http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2006/coyuntura_170.htm#12).
El inicio de la huelga de hambre generó una declaración de voceros del gobierno regional, quienes se comprometieron a homologar los sueldos para el 30 de agosto próximo e iniciar las conversaciones para el cumplimiento del resto de las demandas. Jana Romero, presidenta del gremio, afirmó que “Levantamos la huelga, pero seguiremos activos porque haremos el seguimiento necesario a este conflicto”. (Notitarde, 10.08.06, pág. 28).
El 01.08.06 los ediles del Cabildo Metropolitano acordaron una medida de afectación para los propietarios con más de tres apartamentos que estén bajo la modalidad de arrendamiento, cuyos inquilinos tengan más de 10 años habitando el inmueble. Asimismo, se estableció que dicha medida será aplicada a aquellos edificios que estén bajo el régimen de propiedad horizontal, que daten de 1987 y que se encuentren en situación de arrendamiento. Hasta entonces, el Cabildo Metropolitano sólo había establecido la expropiación de edificios en situación de arrendamiento, en un anterior decreto aprobado el pasado 16 de mayo de 2006. Sin embargo, este nuevo acuerdo extiende la medida a todas las edificaciones multifamiliares. La medida fue calificada por Roberto Orta, vicepresidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), como la intención de ocultar las ineficiencias del Gobierno en materia de construcción de viviendas, puesto que se intentaría cubrir el déficit habitacional con expropiaciones. Ante el desconocimiento del alcance de la medida, Orta afirmó que el Cabildo podría estar generando falsas expectativas, en vista de que aún no ha aclarado si otorgará los títulos de propiedad a los inquilinos o hará simplemente asignaciones de inmuebles. «Esto se presta a confusiones porque la gente puede pensar que el Cabildo se los va a regalar o puede ocurrir como el caso de las expropiaciones que se hicieron en el campo: se otorgaron cartas agrarias que no les permitían a los campesinos vender las tierras porque el documento no les confiere la propiedad». (El Universal, 03.08.06, http://noticias.eluniversal.com/2006/08/03/ccs_art_03401G.shtml). La Alcaldía Metropolitana anunció que estaba en capacidad de expropiar 1.200 inmuebles, para vender los apartamentos a sus inquilinos. Neptalí García, vicepresidente del Cabildo Metropolitano, advirtió que los arrendatarios tenían que solicitar la medida para tramitar el embargo del edificio. A pesar de la no disposición de recursos por parte del gobierno capitalino para la compra de inmuebles, el funcionario estima que la Presidencia de la República aprobaría recursos para el proyecto. García anunció que la lista definitiva de los edificios a expropiar, y el monto, sería difundida tras un foro realizado por la Alcaldía Metropolitana el próximo 26.08.06. (El Universal, 03.08.06, http://noticias.eluniversal.com/2006/08/03/ccs_art_03401H.shtml). Sobre este anuncio, Orta cuestionó la capacidad de pago para cumplir las metas del proyecto, puesto que se estaba en mora con otros propietarios. Aseguró que, hasta ahora, los funcionarios de la Alcaldía Mayor aún no han cancelado a los dueños de los 56 edificios que se expropiaron con los decretos anteriores. «Tenemos entendido que a 99% de los propietarios no se les ha pagado, porque la Alcaldía no cuenta con los recursos. De seguir con esta práctica, el Cabildo estaría incurriendo en una confiscación». En cualquier caso, Orta aclaró que este decreto de expropiación no supone una transferencia inmediata de la propiedad, puesto que sólo marca el comienzo de un proceso administrativo. «El acuerdo se materializará con el pago y ello demorará hasta tres años». (El Universal, ídem). Esta situación fue confirmada por Luis Emilio Vegas, máximo representante del sector inmobiliario capitalino, quien declaró que tras año y medio de haberse iniciado los primeros procesos de expropiación, el grupo de propietarios no habían recibido la indemnización. “Esto significa que ahora ellos no tienen ni la propiedad ni el dinero que deberían recibir por ley”. (El Mundo, 04.08.06, Pág. 5). En el 2005, según cifras de la Cámara Inmobiliaria, se concretaron 24 expropiaciones en el área metropolitana. (El Universal, 06.08.06, http://www.eluniversal.com/2006/08/06/pol_art_06172A.shtml). Representantes de este gremio advirtieron que este hecho desencadenaría una total escasez de casas y apartamentos para alquilar, mermada a raíz de la regulación de los cánones de arrendamiento a partir de abril de 2003. (El Mundo, ídem).
Hace un año atrás, el 25.08.05, el presidente de la República, Hugo Chávez, promocionaba la expropiación por causa de utilidad pública: «el engorde de terrenos es contrario a la Constitución», por lo que afirmó que «hay que aplicar lo que se llama expropiación por causa de utilidad pública». En su alocución exhortaba a los gobernadores y alcaldes a ejecutar las restricciones que establece el artículo 115 de la carta magna, que regula el derecho de propiedad: «Que digan lo que les dé la gana; estamos cumpliendo con la Constitución. Hay mucho terreno engordándose en el centro de las grandes ciudades, incluso aquí mismo en Caracas». (El Universal, 06.08.06, http://www.eluniversal.com/2006/08/06/pol_apo_06172C.shtml).
Los concejales del Cabildo Metropolitano Alexander Nebreda y Fernando Ganteaume, indicaron en rueda de prensa que los inquilinos de los inmuebles expropiados quedarían cancelando el valor de la vivienda a algún organismo del Estado, sin precisar cuál de ellos sería. Por su parte el procurador metropolitano, Juan Manuel Vadell, señaló que los procedimientos están establecidos legalmente y que la Alcaldía funge de enlace entre el arrendatario y la banca, bien sea pública o privada, para que los inquilinos tramiten el crédito para la compra de la vivienda. El Banco de Hábitat y Vivienda está prestando asesoría técnica a la Procuraduría Metropolitana, en tanto que la banca pública y la privada (se han sumado hasta ahora el Banco de Coro, Banco Nacional de Crédito, Banco Occidental de Descuento y Banco Mercantil) han manifestado su interés en la materia y mantienen una reserva para atender estos casos, dijo Vadell. (El Mundo, 11.08.06, Pág. 5). Según el acuerdo realizado por el Cabildo Metropolitano, las personas de la tercera edad, discapacitados y enfermos quedarán exceptuados del pago del inmueble.
El procurador aseguró que el 90% de las expropiaciones que ha realizado la Alcaldía Metropolitana desde 2005, han sido de mutuo acuerdo. Sostiene el funcionario que, incluso, en algunas ocasiones han sido los mismos propietarios quienes se han acercado al organismo para pedir que sus inmuebles sean objeto de la medida. Explicó Vadell que la expropiación -tras haber sido decretada- conlleva tres fases: la primera de ellas es la administrativa, en la cual se le notifica al dueño que tiene 30 días para que comparezca ante la Procuraduría Metropolitana; la segunda, la amistosa, en la que se llega a un arreglo económico y sólo se avanza a la tercera, que es la judicial, si no hay consenso en cuanto al precio del inmueble. (El Mundo, ídem).
Provea considera positiva la medida adoptada por la Alcaldía Metropolitana puesto que consiste en una nueva modalidad para garantizar viviendas a familias que desean obtener una mayor estabilidad. Es una medida que favorece principalmente a sectores de clase media quienes ven cerca de adquirir las viviendas que han ocupado durante años como inquilinos.
Sin embargo, queremos llamar la atención sobre el procedimiento a usas por la Alcaldía. Al ser medidas de expropiación, la Alcaldía debe garantizar a los propietarios de los edificios el debido proceso y de no haber un acuerdo conciliatorio sobre el precio a pagar por los inmuebles, la Alcadía debe garantizar un pago oportuno y justo. El pago oportuno significa que no debe extenderse en el tiempo sólo lo estrictamente necesario para los trámites administrativos y el precio justo, debe ser el precio que en promedio se pagaría por un inmueble de las características del afectado por la expropiación.
El Presidente de la República Hugo Chávez está a punto de finalizar su gestión de gobierno, sin cumplir la promesa de garantizar una reubicación digna para los habitantes de Nueva Tacagua. En 1999 en Presidente visitó la comunidad y en un acto simbólico procedió a la implosión de dos edificios y le prometió a la comunidad que en el transcurso de un año estarían todos reubicados. Siete años después la mayoría de las familias todavía esperan que se cumpla lo prometido.
Durante todo ese tiempo menos del 50 % de las familias fue reubicada y algunas tuvieron la mala suerte de recibir viviendas que pronto se deterioraron y hoy luchan por una nueva reubicación. Otras, contaron con la fortuna de buenas viviendas y su vida se vio realmente dignificada.
Durante la breve gestión del Ministro Luis Figueroa, se dieron pasos importantes para la reubicación de las familias. El Ministerio instaló una oficina en Nueva Tacagua y se procedió por la vía del mercado secundario a reubicar familias muchas de ellas en Caracas e igualmente otras fueron reubicadas en urbanismos nuevos en el interior del país o en poblaciones cercanas a Caracas.
En reunión sostenida por la comunidad de la Terraza L con Provea, las familias expresaron su preocupación por el hecho de que el nuevo ministro de vivienda paralizó el proceso que se inició con Luis Figueroa y hasta la fecha no han dado una información precisa sobre cuales alternativas tiene el Ministerio para las familias. Extraoficialmente los miembros de la comunidad fueron informados que de retomarse la opción de compra en el mercado secundario (vivienda usada) en ministerio sólo otorgaría 50.000.000,oo, ello significaría una regresión pues meses atrás el ministerio llegó a ofrecer entre 70.000 a 90. Millones de bolívares.
Es importante destacar que las familias de Nueva Tacagua le compraron al Estado viviendas confiando que las mismas eran de calidad. Años después se pudo constatar que fueron construidas en terrenos inestables. El Estado por lo tanto tiene la obligación de resarcir el daño causado y debe ofrecer como alternativa de reubicación casas de calidad y del mismo tamaño que las adquiridas por las familias o dar una indemnización que le permita a las familias adquirir viviendas de calidad.
El Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA), es una organización con 30 años de labor en pro de los pueblos aborígenes del mundo. Mediante sus publicaciones, trabajo a favor de los derechos humanos, creación de contactos, conferencias, campañas y proyectos apoya a los pueblos indígenas en su lucha por mejorar sus condiciones de vida, desarrollar mejores relaciones con los estados nacionales de los cuales forman parte e influir sobre los factores económicos y sociales globales que afectan sus vidas. Su secretariado internacional se encuentra en Copenhague, Dinamarca, contando con miembros de su red en varias partes del mundo; además de apoyar proyectos en marcha en Perú, Bolivia y Botswana. Una de las publicaciones más conocidas del IWGIA es su anuario, El Mundo Indígena, el cual brinda un panorama de los eventos más importantes del acontecer indígena, país por país.
En su anuario “El Mundo Indígena 2006”, recientemente publicado, existe un capítulo dedicado a Venezuela. En su recuento, el texto resalta la elección de cuatro diputados indígenas a la Asamblea Nacional, tres titulares y un suplente, así como la aprobación de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI) y la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Cuando caracterizan la situación de los DESC de las comunidades indígenas, IWGIA expresa que “Para el año 2005 observamos la permanencia de la vulneración de importantes derechos sociales a los pueblos indígenas. El proceso de la llamada “revolución bolivariana” iniciado por el presidente Chávez viene efectuando importantes esfuerzos por lograr el equilibrio y la justicia social, implementando para ello políticas públicas inmediatistas y de alto impacto directo en la población excluida. Estas políticas, normalmente paralelas al sistema ministerial del Ejecutivo Nacional y que se financian directamente con las ganancias de la explotación petrolera, se han denominado “misiones”. Sin embargo la falta de adecuación de las “misiones” a las pautas culturales y al entorno indígena ha ocasionado efectos colaterales no deseados y la persistencia de violaciones a los derechos humanos”.
El capítulo sobre el país destaca, asimismo, la expulsión de las llamadas “Nuevas Tribus”. “Las Nuevas Tribus han tenido una importante presencia, nunca libre de polémica, entre los pueblos indígenas al sur de Venezuela. Llegando en ocasiones a contar con más de 200 misiones en la Amazonía venezolana, su presencia en la zona los ha convertido en perfectos conocedores de los pueblos Piaroa, Panare y Yanomami, así como de los recursos bióticos y mineros de la Amazonía. En sus instalaciones contaron con pequeños aeropuertos, avionetas, lanchas motoras, así como modernos equipos satelitales”. Tras la decisión del Presidente Hugo Chávez de concretar su expulsión, IWGIA apunta que “Allá donde se implantaron y donde no llegaban los servicios públicos del Estado, las “Nuevas Tribus” conformaron una especie de Estado paralelo, ofreciendo servicios de salud y educación de alta calidad. Se trata de espacios de difícil acceso geográfico, cultural e idiomático. Por lo tanto, sacar a los misioneros de las Nuevas Tribus suponía un plan de trabajo pensado desde dimensiones interdisciplinarias para evitar efectos negativos. Preocupa que la respuesta del Gobierno suponga la permanencia de un número importante de militares en la región ya que, en la actualidad, esta presencia sigue siendo una amenaza a los derechos de los pueblos indígenas”.
Al describir la situación de cada uno de los DESC, el informe apunta en cuanto al derecho a la educación que “Aún son muchas las debilidades de la educación en las comunidades indígenas. Ciertamente se han creado nuevos y modernos centros de estudios en zonas indígenas, con buenas infraestructuras e importantes avances técnicos. Sin embargo estas “escuelas bolivarianas” conviven con pequeñas escuelas comunitarias carentes de los medios más elementales para la práctica pedagógica”. El esfuerzo estatal en atender a los indígenas en materia educativa, afirma el texto, contrasta con la ausencia de personal capacitado. “En general, el nivel sigue siendo de bajísima calidad, y las carencias de materiales adecuados son sólo algunas de las causas de este problema.”
El derecho a la salud, apunta IWGIA, constituye el derecho más vulnerado sufrido por las comunidades indígenas. “Los altos indicadores de morbilidad y mortalidad son fruto de las carencias que tiene el sistema sanitario en estas zonas. La escasez de dispensarios médicos, medicinas y profesionales de la salud no ha podido ser paliada con la implementación de la Misión Barrio Adentro, mediante la cual médicos cubanos brindan salud en barrios y sectores populares. Sin embargo, estos servicios no llegan hasta las comunidades indígenas, quedándose en muchos casos en las capitales de los municipios”. Para la población Yanomami el índice de mortalidad infantil en niños y niñas menores de tres años es superior al 50%. La organización, también, expresa su preocupación por la situación de salud de las comunidades Warao del delta del Orinoco, la cual consideran “especialmente grave”.
En cuanto al derecho a la alimentación, el informe reseña la aplicación de la Misión Mercal y el desarrollo de programas de comedores comunitarios. Esta asistencia, afirma el texto, origina efectos no deseables en comunidades tradicionalmente autosostenibles, “ocasionando un debilitamiento de las prácticas agrícolas, de caza y pesca tradicionales”. Esto a su vez choca con las políticas crediticias y los apoyos y concesiones gubernamentales a la elaboración de proyectos de desarrollo endógeno en las mismas comunidades, implementados por distintos organismos públicos.
Para el IWGIA el movimiento indígena nacional ha continuado avanzando en la ocupación de espacios políticos en distintas instituciones del Estado. En el estado Amazonas, el movimiento político indígena, denominado PUAMA, ganó por segundo período consecutivo dos de siete alcaldías. A esta se suma la elección de representantes indígenas a la Asamblea Nacional.
El informe completo “El Mundo Indígena 2006” puede ser descargado, en una versión en castellano, en la dirección http://www.iwgia.org/sw380.asp
El pasado 8.06.08 se celebró el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, las cuales en la actualidad suman alrededor de 350 millones de personas repartidas en más de 70 países y representan aproximadamente 5 mil lenguas y culturas, indican datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés).
Según datos recogidos por la Agencia Bolivariana de Noticias, en Venezuela el total de la población aborigen lo constituyen más de un millón de seres humanos de 28 etnias diferentes. (ABN, 08.08.06, http://www.abn.info.ve/reportaje_detalle.php?articulo=282). Por su parte, un reportaje del diario Panorama, en base a los datos del censo realizado en el 2001, cuantifica en más de 500 mil los indígenas existentes en Venezuela, distribuidos en 36 etnias. (Panorama, 09.08.06, 1/7). Para la agencia oficial de noticias del Estado, los indígenas celebran su día en medio de un proceso de reivindicaciones.
En el caso venezolano, según la nota de ABN, el proceso constituyente venezolano de 1999 permitió por primera vez la participación de representantes indígenas en la redacción de la Carta Magna. “Esta asamblea dio como fruto la actual Constitución de la República, la cual reconoce a los aborígenes venezolanos una serie de derechos que las anteriores les habían negado”. Entre estos derechos se encuentran la propiedad de los territorios que tradicionalmente han ocupado, el uso de sus lenguas como idiomas oficiales de la República (además del castellano), el derecho a tener su organización social, política y económica, el aprovechamiento de sus recursos naturales, su propiedad intelectual, entre otros. Asimismo, el 12.10.03 el presidente de la República, Hugo Chávez Frías, anunció la creación de la Misión Guaicaipuro, programa social que busca restituir los derechos originarios y específicos de los venezolanos y venezolanas pertenecientes a los pueblos indígenas. A juicio de la diputada Nohelí Pocaterra, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas de la Asamblea Nacional, los pueblos indígenas de Venezuela están amparados hoy por 46 leyes, las cuales han sido promulgadas desde el año 2000. “De esas 46 leyes, hay dos que son revolucionarias y básicas: la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas y la Ley Orgánica de los Pueblos y Comunidades indígenas”, expresó la diputada, perteneciente a la etnia wayúu del estado Zulia. Asimismo, Venezuela ha suscrito cuatro tratados internacionales relacionados con los pueblos indígenas. Además de estos instrumentos legales, el ordenamiento jurídico nacional posee 24 leyes con artículos que consagran derechos indígenas, entre ellas la Ley de Vivienda y Hábitat, la Ley de los Consejos Comunales, la Ley de la Juventud, entre otras, como indicó Pocaterra.
Por otra parte Nolys Fernández, máxima autoridad de la Dirección Nacional de Salud Indígena, propuso durante el Encuentro latinoamericano de medicinas tradicionales y complementarias en los sistemas nacionales de salud, realizado en Ciudad de México, un modelo de salud pública que integre la medicina chamánica, propia de los pueblos indígenas, con el ejercicio de la medicina occidental. Esta medida busca reconocer las prácticas médicas ancestrales. Este nuevo esquema es desarrollado desde este año en el país, a través de jornadas de consulta directa a los pueblos y comunidades indígenas. La más reciente de ellas se realizó la primera semana de agosto en el estado Anzoátegui. De acuerdo con Fernández, el referido modelo se está diseñando desde la visión institucional del despacho sanitario mediante un diagnóstico situacional, pero bajo la óptica de los propios aborígenes, quienes establecen sus prioridades y la manera de abordarlas. (ABN, 09.08.06, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=57201&lee=Array[0]).
Para garantizar el acceso al derecho a la salud de las comunidades aborígenes, estudiantes del postgrado de Salud Pública del Instituto de Estudios Superiores Dr. Arnoldo Gabaldón están siendo capacitados por el Ministerio de Salud (MS) en la atención para pacientes indígenas, bajo la visión de un sistema de salud con pertinencia intercultural. A través del curso Pueblos Indígenas e Interculturalidad en Salud, actividad que se viene realizando en la sede del Sistema Regional de Salud de Guárico, los 40 galenos participantes aprenden sobre las diferentes etnias indígenas que habitan en Venezuela, principalmente de su cultura y de su visión del mundo. Aspectos como la medicina tradicional y sus hábitos alimenticios para lograr una atención más idónea a estos pueblos también son tomados en cuenta en el curso, a fin de que la estadía de los pacientes en los centros de salud sea menos traumática y ayude a una rápida recuperación, indicó la representante de la Dirección Nacional de Salud Indígena del MS, Yosmary González. (ABN, 09.08.06, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=57183&lee=Array[0]).
En otra noticia, el Ministerio de Comunicación e Información difundió la noticia de la puesta en marcha de la Unidad Socialista de Producción “Manuel Piar” en el antiguo hato La Vergareña, en el estado Bolívar, restituyendo “los derechos de los pueblos indígenas, en este caso de los pemones, y la preservación ambiental, al tiempo que se consolida la lucha contra el latifundio al democratizar la distribución de las tierras productivas”. El anunció se realizó durante el programa Aló Presidente 259, correspondiente al 06.08.06, en el que el jefe del Estado venezolano invitó a las mujeres y hombres que trabajarán en este proyecto a “convertirlo en un verdadero polo de desarrollo socialista donde podrán trabajar en el incentivo de los sectores agrícola, vegetal, agrícola animal, específicamente el pecuario, piscícola, apicola y forestal”.
Según la información oficial el antiguo hato La Vergareña tiene una extensión que duplica la superficie de la isla de Margarita. Este polo de desarrollo será un centro de difusión e intercambio de tecnologías apropiadas, con la finalidad de empoderar a los pobladores en el uso y manejo de alternativas de producción agropecuaria.
Para el mandatario venezolano el potencial del estado Bolívar no puede ser desaprovechado y por eso felicitó a los técnicos agropecuarios que tomaron estos espacios para trabajarlos junto a los habitantes indígenas. Con el crecimiento de este proyecto se estima que en lo sucesivo en este lugar se asiente la Ciudad de la Madera, para lograr garantizar el abastecimiento nacional, y luego el internacional, del rubro.
Se tienen previstos además planes de agricultura forestal y animal, de hecho se estima que 2,8 reces puedan estar en una hectárea y dada la extensión del terreno, se prevé, como una cifra modesta, que 40 mil hectáreas sean aprovechables para la ganadería.
La proyección que las autoridades ministeriales prevén para este sitio incluye la mejora del servicio de agua potable, la construcción de vías terrestres en unas tierras donde se habían beneficiado desproporcionadamente unos pocos, generando atropello, deforestación ilegal, minería clandestina y desplazamiento de los pobladores ancestrales: los indígenas pemones y kariñas, habitantes de la región. (MCI, 06.08.06, http://www.mci.gob.ve/noticiasnuev.asp?numn=10800)ç
Demarcación de tierras esperan también en el estado Bolívar
En otra noticia, relacionada con la solicitud de territorios, 140 capitanes representantes de las 16 etnias integradas por 35.000 habitantes de las comunidades indígenas del estado Bolívar debatieron con el Ministerio del Ambiente, el Instituto Autónomo Indígena del estado y la Federación Indígena, la titularidad y demarcación de sus tierras. La Ley de Demarcación y Titularidad de Tierras de los Pueblos Indígenas fue promulgada el 23.12.00, el decreto de ley se aprobó el 12.01.01, desde esa fecha aun no se ha entregado el primer título de tierras a las comunidades indígenas de Bolívar.
En la reunión, celebrada el 09.08.06, los capitanes indígenas sostuvieron que han sido pacientes esperando los resultados de la legislación, pero han pasado 9 años, han asistido a varios talleres, han visto cómo se han perdido recursos y esfuerzos, y nada se ha concretado. Sergio Rodríguez, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Demarcación de Tierras Indígenas, afirmó que ya se han otorgado títulos a poblados indígenas de Monagas, Anzoátegui, Delta Amacuro y Apure. «En el caso de Monagas ya van 8 expedientes, para nosotros el estado Bolívar es muy importante porque aquí se pueden llevar a cabo muchos proyectos con los indígenas». El funcionario explicó que el primer trabajo es la demarcación y luego se procederá a dar la titularidad. Asimismo, relató que ya están trabajando en la región del Caura, Cuchivero y la cuenca del río Carona. «Esta es la alianza pueblo-gobierno, estamos trabajando en ocho campamentos, la paralización de la minería en esa zona permitirá concretar este trabajo en pro de los indígenas». (El Nacional, 10.08.06, B/20).
La organización ambientalista Sociedad Homo et Natura solicitó, en un comunicado público, que el Presidente Hugo Chávez asumiera políticamente la posición del carácter originario de los pueblos indígenas para hacer valer sus derechos, y supeditar éstos sobre los “derechos de los beneficiarios de derechos mineros” tal como reza el artículo 11 de la Ley de Minas de 1999 o el 13 del Proyecto de Ley Orgánica de Minas hoy en discusión en la Asamblea Nacional.
La comunicación recuerda la afirmación del presidente de la Subcomisión de Minas de la Asamblea Nacional, José Ramón Rivero, al afirmar que «Resulta imposible entregar títulos de propiedad de suelos que posee minerales, ya que esa medida contradice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela” (Reporte Diario de la Economía, Caracas 08.08.06, pag.10), afirmando que este tema había sido aclarado por la Procuradora de la República, Marisol Plaza, en declaraciones a la Agencia Bolivariana de Noticias el 12.08.05 en el marco de de la entrega de los primeros títulos colectivos de tierras de los indígenas de Venezuela: “La Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas contempla el traspaso de los títulos de propiedad de tierras a esas comunidades y contempla que el Estado puede hacer uso de las riquezas minerales que se encuentran en esos predios mientras no vulnere su hábitat (…), si bien estos ciudadanos son propietarios de los terrenos, también es cierto que existen ciertas excepciones a la regla y más aún si en esos predios existen riquezas minerales. La explotación de los recursos sólo es competencia del Estado (…)”.
Para la organización ecologista, radicada en Maracaibo, “los derechos de los indígenas están primero que los impuestos por los estados nacionales, pues estos son derechos tardíos, que sus derechos de los pueblos y comunidades indígenas son originarios, que en estas naciones amerindia descansa parte sustancial de nuestra identidad como pueblo y nación soberana, que el derecho a la tierra es reconocida por las Naciones Unidas como vinculante al derecho a la vida y a la propiedad colectiva de estos pueblos ancestrales”. Homoetnatura recordó el conflicto presentado entre las comunidades indígenas de la Sierra del Perijá y la compañía estatal Corpozulia, en virtud del intento de ampliar la explotación carbonífera en la zona. “Chávez debe derogar, para tal fin, todas las concesiones carboníferas ubicadas en el piedemonte de la Sierra de Perijá, desde la cuenca del río Socuy en el municipio Mara hasta el norte del Río de Oro, en el municipio Jesús María Semprún del estado Zulia, y el pago a las bienhechurías a los ganaderos de todas las haciendas y parcelas que tanto los indígenas Barí, Yukpa y Wayúu del Socuy y Maché han autodemarcado como sus territorios ancestrales o tradicionales según indica la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas”. (Sociedad Homo et Natura, 10.08.06, http://www.aporrea.org/ddhh/n82005.html)
Cómo informáramos en el anterior boletín “Derechos Humanos y Coyuntura” (http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2006/coyuntura_173.htm#09), un grupo de alrededor de 350 trabajadores mantenía un conflicto con la empresa Jin Yan del estado Bolívar, entre otras acciones, mediante una huelga indefinida iniciada el 09.06.06. Según informaciones de la prensa regional, tras la reactivación de actividades en la empresa sus directivos procedieron a despedir a diez trabajadores. La reanudación de labores se realizó, el 12.08.06, tras la decisión del Ministerio del Trabajo de arbitrar el conflicto entre la empresa minera y sus empleados. Carlos Soto, secretario general del Sindicato Integral de Trabajadores de la compañía Jin Yan (Sintrajinyan), manifestó que próximamente asistirán a una cita en la Inspectoría del Trabajo de Guasipati, con el fin de postular a sus tres abogados para que las autoridades laborales seleccionen a uno. “La empresa también postulará a tres abogados y el ministerio seleccionará a uno, luego se escoge al tercer árbitro y se comienza la discusión de la contratación colectiva que en este caso nuestro proyecto contiene más de 80 cláusulas”, destacó. Soto expresó que “gracias a ese fallo del Ministerio del Trabajo terminó la huelga laboral que mantuvo por 60 días cerrada la empresa minera. Ahora es cuando comienza nuestra lucha, ya que se reactivaron las actividades el pasado sábado, y ese mismo día, la empresa despidió a 10 de los 70 trabajadores contratados”. (Correo del Caroní, 14.08.06, http://www.correodelcaroni.com/component/option,com_wrapper/Itemid,162/?id=40238). Durante la huelga, los trabajadores habían denunciado el presunto amedrentamiento por parte de funcionarios de la Guardia Nacional (GN). (El Luchador de Ciudad Bolívar, 07.08.06, pág. 4).
El pasado 17.08.06 el ciudadano Eleazar Antonio González, cédula de identidad 2.999.794, realizó, en la sede de Provea, una denuncia sobre los tramites burocráticos, que califica de “absurdos”, para poder optar por el beneficio de pensión por vejez. Tras acumular los documentos exigidos por el Instituto Venezolano del Seguro Social (IVSS) para la aprobación del mismo (Copia de la cédula de identidad, antecedente de servicios, documentos de la empresa, cuenta individual del IVSS y planilla 14-100 del IVSS) y dirigirse para su consignación en las taquillas de la institución ubicadas en Parque Central, el IVSS rechaza el formulario 14-100 por estar refrendado con un sello que reza “República de Venezuela”, exigiendo que la planilla debe estar autenticada por uno que exprese la denominación oficial del país: “República Bolivariana de Venezuela”. Al dirigirse González a la oficina que emite la 14-100, perteneciente a la última institución en la que laboró –Concejo Municipal del Distrito Federal-, le han comunicado la inexistencia del sello actualizado. Durante varias semanas, Eleazar González ha intentado comunicarse con la Licenciada Ana Vera, Coordinadora de Bienestar Social del departamento de Recursos Humanos del Concejo Municipal, la cual ha negado a recibirlo de manera reiterada. Mientras no posea una planilla firmada con el nuevo sello, el IVSS alega no poder tramitar el beneficio de pensión por vejez, que por ley le corresponde al denunciante. González, incluso, se ha ofrecido a pagar de su propio bolsillo la elaboración del sello de caucho para poder acelerar el disfrute del beneficio.
- Actualizar, en lo inmediato, los estudios antropométricos que permitan medir el déficit nutricional actual de la población y con base en ello diseñar políticas de atención nutricional pertinentes. Garantizar que estos estudios se realicen con regularidad y tengan cobertura nacional.
- Desarrollar un sistema integral de medición de la situación nutricional de la población venezolana que permita conocer de manera oportuna y actualizada indicadores claves como el bajo peso al nacer, la anemia y la deficiencia de hierro, la deficiencia de yodo, la accesibilidad y disponibilidad de nutrientes, entre otros.
- Monitorear el nivel de yodación y fluoración de la sal requerido para conservar el logro de ser declarado país libre de deficiencias de yodo.
- Vigilar y garantizar que la política actual de importaciones tenga un carácter temporal y estrictamente destinado a suplir el desabastecimiento de alimentos. En tal sentido, remover todos los obstáculos que inciden en la situación de desabastecimiento recurrente que caracteriza al país.
- Elaborar y aplicar una normativa de carácter nacional para el control y regulación de los Organismos Genéticamente Modificados en Venezuela (transgénicos), en conjunto con las instituciones y organizaciones que desarrollan investigaciones en la materia.
- Adoptar políticas integrales de empleo y acceso a los alimentos, encaminadas a erradicar el hambre y a garantizar la seguridad alimentaria.
- Dar continuidad a los programas sociales alimentarios que, previa evaluación, demuestren que contribuyen a disminuir el déficit nutricional de los sectores más vulnerables de la población.
- Continuar con el ajuste regular del salario mínimo de manera tal que cubra plenamente los costos de la Canasta Alimentaria.
- Desarrollar una política de supervisión de la elaboración de alimentos destinada a asegurar la calidad e higiene necesarias en su preparación y conservación que garantice la inocuidad de los mismos.
- Desarrollar programas de atención y prevención destinados a controlar la tendencia creciente al sobrepeso en la población.
- Fortalecer la política integral de atención al pequeño productor, de manera que garantice tanto la tenencia de la tierra como los recursos tecnológicos y financieros para su usufructo, junto con unas condiciones dignas de existencia.
- Diseñar y adelantar una campaña orientada a educar en materia de nutrición, higiene y salud.
- Vigilar de manera permanente la implementación de los programas de fortificación de alimentos y asegurar que los alimentos que se consumen en el país, ya sean de fabricación nacional o importados, cuenten con los suplementos vitamínicos establecidos en dichos programas.
- Implementar, en el corto plazo, medidas que disminuyan el índice de anemia y deficiencia de hierro, especialmente en el grupo de población menor de dos años.
- Evaluar los resultados e impacto de los programas sociales alimentarios en la reducción de los diversos déficit nutricionales y diseñar e implementar medidas que permitan abordar especialmente el déficit nutricional crónico.
- Hacer seguimiento a la ejecución de los diversos programas sociales alimentarios a fin de preservar su transparencia.
- Implementar medidas en el corto plazo que reviertan el aumento en las muertes por desnutrición, especialmente en los grupos poblacionales que presentan más incidencia (menores de 4 años), tales como la fortificación de alimentos de consumo masivo de estos niños y la garantía de accesibilidad a alimentos con los requerimientos nutricionales necesarios.
- Elaborar en el corto plazo una política nacional en relación con las importaciones, que contenga un diagnóstico claro de la situación y establezca metas precisas a cumplir en el tiempo.
- Desarrollar y mantener una política de consensos y acuerdos entre los diversos sectores y actores que intervienen en la producción y comercialización de alimentos en el país.
(Provea, 15.08.06. http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2004_05/2017/06/Propuestas.pdf)
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
A través de diversos medios, Provea ha podido comprobar que el distinguido del Ejército Jefferson Lira insiste en que él no participó sólo en la masacre de Apure. No sólo ante el tribunal, sino a diversas personas incluyendo personal de Provea, el distinguido reitera la afirmación acerca de la participación de 10 soldados del ejército, entre ellos un teniente y un subteniente. El distinguido igualmente indicó que en los días anteriores se habían cometido otras violaciones a los derechos humanos donde estarían involucrados, asimismo, personal del teatro de Operaciones Nro 1.
Si bien es cierto que Provea no descarta la hipótesis de que el distinguido haya participado sólo en la masacre, llama la atención sobre el esfuerzo que realizan algunos altos funcionarios para descalificar la versión dada por Lira y el empeño que tienen de convencer a los familiares de que no estuvieron involucrados otros miembros de la Fuerza Armada Nacional.
Una investigación seria y transparente debe tomar en cuenta lo dicho por Lira, hasta ahora el único involucrado capturado y confeso por haber participado en el crimen. El Estado venezolano estimula que quien haya cometido un delito, proporcione información sobre el hecho y los participantes y como aliciente obtendrá una rebaja significativa de la pena. El artículo 39 del Código Orgánico Procesal Penal establece que el imputado que colabore eficazmente con la investigación, aporte información esencial para evitar que continúe el delito o se realicen otros, ayude a esclarecer el hecho investigado u otros conexos, o proporcione información útil para probar la participación de otros imputados, podrá recibir una rebaja de la pena.
Extraña la actitud asumida por el Defensor del Pueblo, German Mundaraín, y el Ministro del Interior y Justicia Jesse Chacón, que insistieron en sus declaraciones públicas descalificar la información suministrada por el distinguido Lira y a toda costa sostener que no estuvieron otros miembros del ejército involucrados.
Desde nuestra organización de Derechos Humanos consideramos que investigarse no solo la masacre, sino las innumerables denuncias que fueron hechas luego de ocurrido tal hecho, donde se denunciaron maltratos, torturas y asesinatos cometidos presuntamente por miembros del Teatro de Operaciones Nro 1. Es lamentable, además, la actitud asumida por organizaciones y personas que en el pasado denominado “Cuarta República” se empeñaron de manera consecuente en denunciar los crímenes de Cantaura, Yumare y El Amparo y hoy guardan silencio sobre la masacre de Apure. Muchas de esas organizaciones y personas son las que insisten en que deben reabrirse los juicios en esos casos, propuesta que apoyamos y apoyaremos, pero que no han emitido ningún pronunciamiento sobre la masacre de Apure o salieron rápidamente a defender a la Fuerza Armada Nacional exculpándola completamente del hecho.
La impunidad es un factor que favorece que se continúen cometido violaciones de los derechos humanos. Las violaciones a los derechos humanos en la frontera son frecuentes y permitir la impunidad en este caso, sería contribuir indirectamente a que hechos como estos puedan repetirse en el futuro.
En nuestro boletín “Derechos Humanos y Coyuntura” número 172, informamos acerca del proceso de hostigamiento policial sufrido por el activista de Derechos Humanos Rafael Ugas (http://www.derechos.org.ve/ actualidad/coyuntura/2006/ coyuntura_172.htm#16). Ugas debe responder por 4 procesos judiciales en su contra: acusación de instigar una huelga de hambre en el recinto penitenciario «San Juan de Lagunillas» de Mérida; querella presentada por el Coronel de la Guardia Nacional (GN), Pablo Daniel Medina Cornivelli; presunta invasión del Edificio Don Camilo y la última por obstrucción de la justicia.
Tras salir en libertad el día 06.07.06, Ugas se dirigió al Tribunal 22 de Caracas, para asistir a la audiencia conciliatoria de uno de los casos, en donde se entera de la solicitud en su contra expedida por el tribunal 4 del estado Mérida. Esta medida originó su nueva detención. El activista relató a Provea lo sucedido mientras duró la privación de libertad en el centro penitenciario andino: “Fui detenido por dos alguaciles del tribunal, quienes llamaron a un miembro de captura del CICPC, del Rosal, que se encontraba en el palacio de justicia para este momento, y fui llevado esposado por dos funcionarios, a los calabozos de esa dependencia , donde permanecí por espacio de 4 días, en las peores condiciones, parado o agachado día y noche, debido al hacinamiento, ya que había alrededor de 80 hombres, en un espacio que no cumple con los requisitos mínimos de habitabilidad para un ser humano privado de su libertad, los internos de mayor antigüedad, entre 6 y 7 meses, dirigían los pocos espacios, portaban teléfonos, chuzos y vendían droga de todo tipo y miche (bebida alcohólica). En este sitio todo es un negocio, los traslados valen entre un millón y millón y medio de bolívares, dependiendo del estado al cual debía ser trasladado el detenido”. Tras ser puesto en libertad nuevamente, Ugas continúa su trabajo en pro de los Derechos Humanos, denunciando en primer lugar la situación carcelaria que vivió durante su reclusión. En su testimonio a Provea, Ugas describe la realidad de la prisión: “Aguantan los traslados de los detenidos procesados, y penados implicados en asesinatos, violaciones, narcotráfico y estafa. Los retienen en este sitio, y con el pago mensual de 3 millones de bolívares disfrutan de buen espacio, televisión, dvd, buena comida, visita a toda hora, celulares costosos y hasta salidas, dentro y fuera del lugar de aprehensión. También estaban los calabozos de segunda, para los que no tenían mucho dinero, solo podían pagar entre un millón y Millón y medio y por supuesto también disfrutan de algunos privilegios (…) Igualmente se puede apreciar que cualquier persona que tenga algún tipo de vínculo con poder alguno, bien sea político, económico, judicial o militar tiene este mismo privilegio y no paga las sumas de dinero que le piden a los demás detenidos. Se podría decir que existe una mafia penitenciaria, a la cual le conviene que la violencia y el narcotráfico continúen en los penales”.
La Fundación para las Garantías, Prevención y Defensa de los Derechos Humanos (FUNGAPDEHCA), organización a la que pertenece Rafael Ugas, posee una nueva dirección: Camejo a Colon, Edificio torre la oficina, Piso 4, Of. 7 Tel: 5679340, 5645407 (fax). El correo electrónico para contacto es [email protected]
A solicitud del Ministerio Público, el Tribunal 13 de Control de Caracas, dictó medida privativa de libertad contra 11 ciudadanos, detenidos durante los desalojos practicados en el sector Ojo de Agua. Las fiscales 52 y 58 de Caracas, Eglée Pérez y María Rosendo, imputaron a estas personas por los delitos de invasión y resistencia a la autoridad, además de atribuirles degradación de suelos, topografía y paisaje y ocupación ilícita de áreas bajo régimen de administración especial. La normativa impone por estos delitos prisión de 2 meses a un año y multa de 200 a mil días de salario mínimo. (Radio Nacional de Venezuela, 12.08.06, http://www.rnv.gov.ve/noticias/?act=ST&f=27&t=36654)
Durante cuatro días cerca de 500 familias ocuparon terrenos verdes del sector Ojo de Agua en Baruta, exigiendo viviendas. Los vecinos del sector realizaron diversas protestas para exigir que las autoridades tomaran acciones contra los que calificaban como invasores. Tras esta acción de privación de libertad, el Ministerio Público deberá formular una acusación formal en las próximas semanas contra los detenidos. (El Universal, 12.08.06, http://www.eluniversal.com/2006/08/12/ccs_art_12470E.shtml).
Provea había expresado su preocupación por la penalización de las ocupaciones ilegales, resultante de la reforma al Código Penal (http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2004_05/2017/06/vivienda.pdf), un enfoque que criminaliza una de las medidas de presión usadas por parte de los sectores populares para exigir su derecho a una vivienda digna. Las movilizaciones de exigencia del derecho se han incrementado ante la incertidumbre de las políticas hacia el sector, por lo que el gobierno debe continuar la política de solución de conflictos de manera consensuada con los afectados.
La criminalización y juzgamiento a miembros de familias pobres que luchan por mejorar sus condiciones de vida, se suma a otros hechos donde líderes sindicales, estudiantiles y vecinales están sometidos a procesos judiciales por haber participado en acciones en defensa de sus derechos sociales.
Provea advierte que en los últimos meses se viene dando un incremento a la represión de luchas sociales, que va acompañada no sólo de agresiones realizadas por la policía y la Guardia Nacional, sino por el uso de los tribunales para iniciar procesos judiciales. Algunos de estos luchadores sociales son sometidos a años de presentación periódica en tribunales y los que cuentan con menor suerte son privados de libertad.
El 09.08.06 un grupo de personas denunciaron en un canal televisivo presuntos maltratos a las puertas del Palacio de Miraflores, así como casos de malversación de las ayudas que reciben de funcionarios militares de la casa de gobierno. Yamileth Becerra, vocera del grupo de personas que solicitan soluciones en materia de salud y vivienda, declaró que habían sido informados en el Ministerio de Vivienda sobre la pérdida de algunos cheques aprobados para la adquisición de casas. Al intentar denunciar la situación, en una de las entradas de Miraflores, fueron atropellados por agentes de la Policía Metropolitana (PM), con un saldo de varios detenidos. Los denunciantes señalan como responsables del desalojo al General Ortega Castillo de la Casa Militar y a la fiscal 105 de menores del Ministerio Público. Tras el hecho anunciaron que irían al canal de televisión del Estado, pero se habían desviado a un canal privado debido a la presencia de motorizados en las puertas del canal público. (El Mundo, 09.08.06, pág. 20). Esta situación fue corroborada por la dirigente del partido Unidad Popular Venezolana (UPV), Lina Ron, quien afirmó en su columna dominical que estaba “mal hecho que los hayan echado de Miraflores”: “nosotros juramos defender al pueblo y jamás reprimirlo; porque nuestra revolución es humana y no separa madres de sus hijos, llevándoselas presas a los tribunales; porque nosotros juramos no lanzar nunca a la policía y a la guardia contra el pueblo”. (La Razón, 13.08.06, A/5).
Provea expresa su preocupación porque este patrón represivo contra las manifestaciones populares por el acceso a la vivienda y servicios públicos prive sobre la política que el gobierno venía implementando en los últimos años, signada por la tolerancia y resolución consensuada de conflictos. El caso del desalojo de Miraflores no es un caso aislado, sucediendo varios similares en la primera quincena del mes de agosto. El 14.08.06 la Guardia Nacional enfrentó una protesta de damnificados frente a la sede del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banap), en Caracas, con gases lacrimógenos y deteniendo a la líder comunitaria Vilma Macía. (Diario 2001, 15.08.06, pag. 7). El 10.08.06 en Catia La Mar un grupo de alrededor de 500 vecinos recibieron perdigonazos por parte de la Policía de Vargas, hecho sucedido cuando trancaban la vía pública pidiendo celeridad en la reparación de calles y reemplazo de tuberías. (Últimas Noticias, 11.08.06, pag. 34) Dos vecinos resultaron lesionados por la acción policial. Un día antes, en Caracas, el desalojo de los ocupantes del sector Ojo de Agua, en Baruta, desencadenó un operativo conjunto entre la Guardia Nacional (GN) y Polimiranda con uso de gases lacrimógenos, 5 detenciones por alteración del orden público y varios niños afectados por los gases (El Universal, 10.08.06, 4/1). El 07.08.06, en el estado Carabobo, un grupo de trabajadores y propietarios de las casas del conjunto “Villas las Caracara” fueron desalojados por el Ejército, cuando ocupaban las instalaciones de dicha solución habitacional protestando por su derecho al trabajo y la vivienda. (El Carabobeño, 08.08.06, A/5). En Maturín, una persona fue detenida y varios resultaron heridos en una protesta vecinal, ocurrida en San Vicente, que solicitaba mejoras en los servicios de agua potable, vialidad, electricidad y salud. (La Prensa de Monagas, 03.08.06, pág. 53).
El gobierno del Presidente Hugo Chávez había mantenido hasta este año la promoción de una política de inclusión de los sectores más desfavorecidos, utilizando diversos mecanismos de diálogo para tramitar sus demandas. Provea desea alentar a los poderes públicos a reforzar estos instrumentos, garantizando así el derecho a la protesta de los ciudadanos y ciudadanas, realizando las labores necesarias para garantizar el acceso a los servicios públicos y a los derechos económicos, sociales y culturales garantizados en la Constitución.
El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, hizo un llamado al ministro del Interior y Justicia, Jesse Chacón, y a todas las autoridades de las instituciones de seguridad, a luchar contra el sicariato y acabar con la impunidad: “Si alguna de las personas encargadas de los cuerpos de seguridad no se siente capacitada para luchar contra ese flagelo, ponga su cargo a la orden. Estado que se respete no puede permitir que maten y masacren a los líderes campesinos”. La exhortación la hizo durante el programa dominical Aló, Presidente 259, realizado en los terrenos del antiguo hato La Vergareña de este municipio en el estado Bolívar, el pasado 06.08.06. A su juicio, uno de los principales problemas que existe es la violencia del sicariato que sigue haciéndole daño al sector campesino: “la respuesta nuestra ante esos atentados criminales no debe ser otra que profundizar la lucha contra el latifundio”, enfatizó. (Agencia Bolivariana de Noticias, 06.08.06, http://abn.info.ve/go_news5.php?articulo=56745&lee=4) En palabras del primer mandatario, el Estado no puede permitir que masacren a líderes campesinos y que no pase nada. También extendió el llamado a la Fiscalía y el Poder Judicial, pero reconoció que se debe emprender una labor mancomunada desde el Ejecutivo, al tiempo de argumentar que es necesario también limpiar las policías a fondo, y los cuerpos policiales, para lo que extendió la invitación a la lucha contra este flagelo a los gobernadores y alcaldes. (Ministerio de Comunicación e Información, 06.08.06, http://www.minci.gob.ve/noticiasnuev.asp?numn=10803). Tras la alocución presidencial, se difundió la opinión de otros funcionarios sobre la materia: “Por cada nuevo atentado que se cometa contra algún dirigente campesino, vamos a expropiar de inmediato miles de hectáreas en el país”, advirtió el Vicepresidente Ejecutivo y Presidente (e), José Vicente Rangel, al dejar clara la determinación del Gobierno venezolano de salirle al paso al delito. “Cada atentado significa expropiación de latifundio, este es el mensaje para los latifundistas del país”, recalcó Rangel.
Para el representante del Poder Legislativo, diputado a la Asamblea Nacional, Pedro Morejón, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo deben imprimir celeridad a las investigaciones de los asesinatos en los campos venezolanos: “Exigimos a la Fiscalía y a la Defensoría del Pueblo que den emergencia a los casos del sicariato de campesinos. Exigimos celeridad en los procesos judiciales que se adelantan en contra de latifundistas que se creen dueños del Estado”. Aseguró que desde la Asamblea Nacional se seguirán muy de cerca estas investigaciones y la lucha contra el latifundio en general. (MCI, 31.07.06, http://www.minci.gob.ve/reportajes1.asp?id=299).
Transcurridos casi 14 años de la masacre en el desaparecido Retén de Catia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado venezolano por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, garantías y protección judiciales. Ello no sólo implica el deber de indemnizar monetariamente a los familiares de 37 de los 63 reclusos asesinados el 27 de noviembre de 1992, sino de investigar, juzgar y sancionar a los responsables, así como de evitar la repetición de este tipo de hechos a través de la capacitación de los cuerpos de seguridad y una verdadera humanización de las condiciones de todos los centros penitenciarios del país. El fallo del máximo tribunal hemisférico se emitió el pasado 5 de julio, pero fue publicado el lunes 31 de julio.
La condena, impulsada por la organización en Derechos Humanos Cofavic desde hace 10 años, se refiere a la ejecución extrajudicial de 37 presos en la misma madrugada en que Venezuela se estremeció con la segunda asonada golpista contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos dio por establecido que: 1) «En el transcurso de las 48 en que ocurrieron los sucesos dentro del Retén de Catia se produjo la muerte de aproximadamente 63 reclusos, entre ellos las 37 víctimas del presente caso, 52 heridos y 28 desaparecidos»; 2) «Las investigaciones adelantadas por las autoridades no han podido establecer la cifra total de las víctimas y los informes al respecto son fragmentarios, confusos y contradictorios»; 3) «Es innegable que la situación se manejó con la intervención masiva de la Guardia Nacional y la Policía Metropolitana, quienes dispararon indiscriminadamente contra los internos utilizando armas de fuego y gases lacrimógenos»; y 4) «En varios de los protocolos de autopsia referidos a los cadáveres encontrados en el Retén de Catia, la trayectoria de las heridas evidenciaban que algunos de los reclusos fueron ejecutados por la espalda o el costado». (El Nacional, 02.08.06, B/21). Asimismo establece que “el Estado debe adoptar, en un plazo razonable, las medidas necesarias para que las condiciones de las cárceles se adecuen a los estándares internacionales relativos a esta materia”. Al referirse a las condiciones de los centros penitenciarios refiere que los presos deben tener un espacio lo suficientemente amplio para pasar la noche; celdas ventiladas y con acceso a luz natural; acceso a sanitarios y duchas limpias y con suficiente privacidad; alimentación y atención en salud adecuadas, oportunas y suficientes, y acceso a medidas educativas, laborales, esenciales para la reforma y readaptación social de los internos”. En especial, deben establecerse pautas claras sobre el uso de la fuerza letal y armas de fuego por parte de los funcionarios, especificando las circunstancias en que están autorizados a portarlas. (Ultimas Noticias, 02.08.06, Pág.. 30).
Para Humberto Prado, coordinador general de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), la sentencia debe leerse no sólo por su condena al Estado por violación del derecho a la vida: “La Corte va más allá: le dice al Estado que debe ordenar, que debe capacitar, advertir, que las cárceles se adecuen a los estándares internacionales”. (Tal Cual, 08.08.06, Pág.. 8).
- Respetar la voluntad popular expresada mediante cualquier medio de participación y expresión de la soberanía, así como investigar y sancionar a quienes cometan fraudes orientados a desconocerla.
- Estimular la organización social y el protagonismo popular en el diseño, control y evaluación de las políticas públicas, en un marco de respeto y promoción de la autonomía de las organizaciones.
- Abstenerse de reprimir u obstaculizar las protestas pacíficas realizadas por cualquier grupo o sector social.
- Derogar los 8 decretos que crean igual número de zonas de seguridad en la ciudad de Caracas.
- Responder de manera adecuada y oportuna a las demandas de información y otros datos que presente la ciudadanía ante las instituciones del Estado, tal y como lo garantiza el artículo 51 de la CRBV. Las solicitudes que se dirigen a los organismos públicos hacen parte, entre otro conjunto posible de acciones, del ejercicio de contraloría social y participación ciudadana en los asuntos públicos, lo que se considera un derecho necesario y transversal, tanto en la exigibilidad de los derechos humanos, como en el fortalecimiento de las instituciones democráticas.
(Provea, 15.08.06. http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2004_05/2017/06/Propuestas.pdf)
INVITACIONES A EVENTOS
ARTÍCULOS
NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS
DOCUMENTOS
Del 12 de julio al 01 de agosto de 2006
Boletín electrónico Nº 173
EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE AGOSTO
04-08 Semana Mundial de la Lactancia Materna
06 Lanzamiento de la Primera Bomba Atómica sobre Hiroshima (1945)
09 Día Internacional de las Poblaciones Indígenas
12 Día Internacional de la Juventud
15 Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición
18 Promulgación del Decreto de Garantías que, entre otras cosas, eliminó la pena de muerte y el destierro (1863)
23 Día Internacional en Recuerdo del Comercio de Esclavos y su Abolición
29 Día Internacional del Árbol
30 Día Internacional de los «Desaparecidos»
CONTEXTO
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
INVITACIONES A EVENTOS
ARTÍCULOS
NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS
DOCUMENTOS
Del 24 de junio al 10 de julio de 2006
Boletín electrónico Nº 172
EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE JULIO
03 Día Universal de la Cooperación (1er. sábado)
05 Celebración de la Declaración de la Independencia de Venezuela (1811)
07 Día de la Conservación del Suelo
09 Día Internacional para la Destrucción de Armas de Fuego
11 Día Mundial de la Población
17 Día Mundial de la Justicia Internacional
CONTEXTO
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Índice de Precios al Consumidor (IPC)
| Mes | Tasa de variación mensual | Tasa de variación intermensual | Tasa de variación acumulada 2006 | Tasa de variación Interanual 2005/6 |
| Enero | 0,7 | x | x | -1,2 |
| Febrero | 0,3 | -0,4 | 1 | 0,2 |
| Marzo | 0,9 | 0,6 | 1,9 | -0,3 |
| Abril | 0,6 | -0,3 | 2,5 | -0,7 |
| Mayo | 1,6 | 1 | 3,5 | -0,9 |
| Junio | 1,9 | 0,3 | 5,5 | 1,2 |
http://www.bcv.org.ve/c4/notasprensa.asp?Codigo=4863&Operacion=2&Sec=False
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) del área metropolitana de Caracas registró en el mes de junio una tasa de variación de 1,9%, mayor a la del mes de mayo (1,6%) y a la reportada en junio de 2005 (0,6%). Con este resultado la variación acumulada al cierre del primer semestre del año 2006 se ubica en 5,5%, la menor para un primer semestre desde el año 1986. El crecimiento de la variación intermensual del IPC en el mes de junio estuvo determinado por el alza de precios observada en el grupo Alimentos y bebidas no alcohólicas, al cual correspondió, por segundo mes consecutivo, la mayor tasa (4,7% en mayo y 5,5% en junio). Este comportamiento se debe, principalmente, a una menor oferta estacional de algunos productos de origen agrícola. Dicho resultado también contribuyó a que los bienes y servicios no controlados se ubicaran en una tasa de 2,7%, similar a la del mes previo (2,8%).
Los productos controlados, por su parte, registraron un repunte en su tasa de variación, al pasar de 0,4% en mayo a 1,0% en junio, debido, en especial, a los incrementos no autorizados de precios que se dieron en carnes de res, huevos y queso blanco.
Además de Alimentos y bebidas no alcohólicas, otros 4 grupos registraron una variación mayor a la del mes anterior: Alquiler de viviendas (de 0,4% a 1,0%), Salud (de 0,3% a 0,9%), Bienes y servicios diversos (de 0,4% a 1,0%) y Restaurantes y hoteles (de 1,0% a 1,4%).
En sentido contrario, 5 agrupaciones mostraron tasas menores a la del mes previo: Vestido y calzado (de 1,0% a 0,4%), Transporte (de 0,7% a 0,0%), Esparcimiento y cultura (de 0,7% a -0,1%), Equipamiento del hogar (de 2,2% a 0,4%) y Servicios de la vivienda (de –0,2% a –1,5%).
El comportamiento observado en los productos agrícolas impulsó un mayor crecimiento de los bienes, cuya variación pasó de 2,7% a 3,2%, en tanto que los servicios registraron una tasa similar al del mes de mayo (de 0,6% a 0,5%).
El núcleo inflacionario, indicador que excluye a los rubros con precios controlados o administrados y a los que responden a factores estacionales, arrojó una variación de 0,7%, con lo cual se mantiene por debajo de la tasa correspondiente al IPC global (1,9%). (Banco Central de Venezuela, 05.07.06, http://www.bcv.org.ve/c4/notasprensa.asp?Codigo=4863&Operacion=2&Sec=False)
Por su parte, el Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores (Cenda) informó que la Canasta Básica de Alimentos, Bienes y Servicios del mes de junio de 2006, tuvo un incremento de Bs. 30.343, (1,8%), muy similar al del mes de mayo cuando aumentó Bs. 30.265, (1,8%). Con este incremento oscilaría de 669.809 a 694.437 bolívares respectivamente. El incremento en los alimentos fue determinante, solo este rubro subió Bs. 24.698, (3,7%). Durante los seis primeros meses de este año la Canasta Básica de Alimentos, Bienes y Servicios se ha incrementado en Bs. 111.226, (6,9%). Este comportamiento es ligeramente más alto al registrado durante el mismo periodo del año 2005, que fue de 6,7%. (CENTRO DE DOCUMENTACION Y ANALISIS DE LOS TRABAJADORES: Informe mensual canasta básica de los trabajadores, junio 2006 . Suministrado por Cenda: [email protected]). Para el mes de junio, el salario mínimo de 465.750 bolívares cubría 67% del costo de la canasta alimentaria, lo cual refleja un déficit del poder adquisitivo del ingreso mínimo de 33%, sólo si se toma en cuenta que se gastara todo el dinero en comida. (El Nacional, 04.07.06, A/18).
Situación del empleo
El más reciente informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) reportó que el desempleo se ubicó en 9,7% en el mes de junio, rompiendo así la banda de 10,2% que se mantuvo durante dos meses, abril y mayo. De acuerdo con las proyecciones del instituto, adelantadas por su presidente Elias Eljuri, la curva de desocupación empezará un ritmo descendente hacia el segundo semestre y terminará ubicándose en 7% al cierre de 2006. Las estimaciones del INE coinciden con las declaraciones de voceros del Ejecutivo y de diputados de la Comisión de Finanzas, quienes sostienen que la tasa de desocupación bajará en los próximos meses, dado que la economía repuntará con un ritmo más acelerado.
La cantidad de desempleados se ubicó, según datos oficiales, en el mes de junio, en 1,16 millones (1 millón 164 mil desocupados), correspondientes a una Población Económicamente Activa (PEA), de 11,9 millones de personas en condiciones de trabajar o que están buscando empleo. De acuerdo al informe, la curva descendente se evidencia, porque entre abril y mayo el número de desocupados era de 1,27 millones de personas desempleadas, de una PEA de 12,1 millones en estos meses. Se reporta, asimismo, que la variación interanual (entre junio de 2005 y junio de 2006), fue de 223 mil 282 personas menos en el renglón del desempleo, toda vez que la tasa de desocupación de junio del año pasado, fue de 11,8%, contra 9,7% de este año; es decir, una disminución interanual de 2,1 puntos. De la tasa de informalidad o de personas que carecen de un empleo formal, el último informe del INE, no hace ningún tipo de referencia. (Últimas Noticias, 08.07.06, pág. 28)
De acuerdo a informaciones difundida por la Asamblea Nacional la Subcomisión de Salud, en el marco de su programa Parlamentarismo Social, realizará una evaluación a todos los hospitales y ambulatorios del país con carácter de urgencia. El diputado Briccio Urdaneta (MVR/Lara) explicó que en una primera fase se seleccionaron catorce hospitales, siendo el primero de ellos el hospital de Coche. “Se pretende evaluar el tipo de gerencia que están desarrollando los directores y subdirectores de los centros asistenciales”. Los parlamentarios, según Urdaneta, analizarán el trabajo gerencial de los directores de salud en los estados, a través de sus planteamientos y proposiciones como su visión y concepción sobre el tipo de salud que requieren, de acuerdo con la realidad del país. El objetivo de esta inspección, asimismo, será el de conocer el funcionamiento de los quirófanos de cada hospital para constatar cuáles están activos e investigar las causas de la inoperatividad que presentan algunos de ellos; “de esa manera se buscará la forma más viable de resolver los problemas que presenten, conjuntamente con las autoridades hospitalarias”. El asambleísta afirmó que estimularán el trabajo de las contralorías sociales que funcionan en los hospitales y ambulatorios, así como el estado de funcionamiento de la política de Barrio Adentro en las comunidades y los desarrollos endógenos relacionados. (Asamblea Nacional, 29.06.06, http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/noticia.asp?numn=9437)
Por otra parte, el Consejo de Ministros edición 485 aprobó un crédito adicional a varios ministerios, entre ellos el de Salud, para consolidar los proyectos que llevan a cabo estas instituciones. El ministro de Comunicación e Información (MCI), William Lara, declaró que se destinaron 13 mil millones de bolívares para la recuperación del Hospital Pérez de León, ubicado en Petare, municipio Sucre. (Prensa Presidencial, 20.06.06, http://www.mci.gob.ve/noticiasnuev.asp?numn=10384). En este mismo sentido, la Alcaldía Mayor anunció una inversión estimada en 194 millardos de bolívares destinada a los 14 hospitales del Área Metropolitana de Caracas. La partida ha sido posible gracias a un convenio suscrito con Petróleos de Venezuela (Pdvsa). El alcalde Juan Barreto explicó que el desembolso se realizaría en dos partidas, una en agosto de 46 millardos, y la segunda en octubre de los restantes 148 millardos de bolívares: “El acuerdo con la estatal petrolera y con el Ministerio de Salud (MS) también contempla la impermeabilización de los techos de todos los hospitales”. La máxima autoridad capitalina contabilizó, durante su anuncio, los logros de su gestión en materia hospitalaria: reparación de los 6 ascensores del Hospital José Gregorio Hernández de Los Magallanes de Catia, así como la reparación de tres de sus quirófanos y del sistema de ventilación; la adquisición de 5 plantas productoras de oxígeno, la compra de 48 ambulancias y la instalación de tomógrafos y laboratorios en el Hospital Vargas. Barreto señaló, además, que la Alcaldía Mayor está a la espera de la aprobación de los 129 millardos de bolívares que solicitó para la instalación de equipos médicos y de nuevas morgues. (Agencia Bolivariana de Noticias, 06.07.06, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=52780&lee=Array[0])
El gobernador del estado Miranda, Diosdado Cabello, declaró que la reparación de 117 ambulatorios de la región es una muestra de la voluntad gubernamental de reacondicionar la red ambulatoria de Miranda. “Los 117 ambulatorios que conforman la red de salud de la entidad, están siendo refaccionados en su totalidad, pero no de manera superficial sino con reparaciones de fondo que nos permiten garantizar una infraestructura de óptima calidad y unos servicios de salud acordes con las necesidades de la población”, manifestó. Además, Cabello informó que en un mes tienen pautada la entrega del centro médico de alta tecnología que estará ubicado en Chuao, así como los inicios de la construcción de la unidad especial para tratar a los niños con cáncer y a las personas que presenten quemaduras de tercer grado, en el Hospital Victorino Santaella, de Los Teques. (Agencia Bolivariana de Noticias, 05.07.06, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=52675&lee=Array[0]).
El 26.06.06 la dirección regional de Salud del estado Amazonas decretó la emergencia epidemiológica para frenar el brote de dengue que había afectado, según el registro de casos certificados, a 340 personas. Antonio Rivero, director nacional de Protección Civil, informó que en el municipio Átures de Puerto Ayacucho se registraron tres decesos, presumiblemente ligados a esta enfermedad. Lluvias. Según Rivero, en Amazonas se desató una fuerte temporada de lluvias, la cual ocasionó la crecida de Río Negro y el alto Orinoco. “Aunque no hubo inundaciones la cantidad de agua que corrió por los poblados alborotó el mosquito transmisor del dengue”. Como respuesta, Protección Civil llevó a Puerto Ayacucho tres toneladas de insumos médicos quirúrgicos, además de mosquiteros, camas para hospitalización y material para abatizar al zancudo patas blancas, transmisor del dengue. (Ultimas Noticias, 26.06.06, pág.. 2).
Un día después el Ministerio de Salud, en su reporte epidemiológico correspondiente a la semana 24, constataba que en el país se registraban mil 184 casos de dengue, siendo los estados más afectados Zulia (323), Barinas (138), Lara (119), Mérida (90), Táchira (78), Amazonas con (53) y Distrito Capital (27). El informe destacaba que en el caso de Amazonas, en todo el año se han reportaron 340 casos, de los cuales 57 se registraron en la tercera semana de junio. El doctor Manuel García, del departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, afirmó que el repunte de la enfermedad era explicable por el adelanto de las lluvias. El año pasado, dijo, por esta fecha contabilizamos cerca de 900. García informaba, además, que en las últimas semanas, debido a los cambios climáticos, ha habido un aumento de las enfermedades infecto-respiratorias agudas. El galeno cuantificaba en más de 100 mil los casos atendidos semanalmente en los hospitales del territorio nacional. (Ultimas Noticias, 27.06.06, pág. 2).
El presidente del Instituto de Salud Pública (ISP) del estado Bolívar, Aldo Barletta, indicó que se había reforzado la vigilancia epidemiológica en las zonas limítrofes con el estado Amazonas, zona donde se detectaron casos de dengue. Además, se había ordenado la alerta sanitaria en los ambulatorios y en los hospitales de toda la entidad, con el fin de ubicar y de atender de inmediato cualquier paciente sospechoso de haber contraído esa enfermedad. Para Barletta, “el dengue es una enfermedad endémica en el estado Bolívar, por lo que su erradicación es prácticamente imposible”. Sin embargo, aseguró que este flagelo ha sido controlado efectivamente en los últimos dos años en toda la zona Sur del país como lo demuestra el hecho de que para el primer semestre de 2006 se reportaron 450 casos comprobados, cifra muy inferior a los 638 casos registrados en los primeros seis meses del año 2005. (Agencia Bolivariana de Noticias, 29.06.06, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=51998&lee=Array[0]). La misma estrategia fue asumida por las autoridades sanitarias del estado Monagas. Tras el diagnóstico de 14 casos en 4 días, la Dirección de Salud Ambiental y Contraloría Sanitaria del estado Monagas declaró la alerta en la entidad. (El Nacional, 29.06.06, B/21).
El 04.07.06 los miembros de la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional (AN) sostuvieron una reunión con representantes de la Dirección Regional de Salud del estado Amazonas. El objeto del encuentro era revisar las estrategias aplicadas por el Ministerio de Salud (MS) para el control del brote de dengue registrado en esa entidad federal. El anuncio fue realizado por el diputado Briccio Urdaneta, quien manifestó que de esta forma se buscaba superar la situación de alerta epidemiológica decretada en Amazonas, además de los estados Carabobo, Zulia, Lara, Barinas, Táchira, Mérida y Distrito Capital, donde se registraba el mayor número de casos. (Agencia Bolivariana de Noticias, 03.07.06, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=52490&lee=Array[0])
Para el doctor José Manuel García, director de Epidemiología y Análisis Estratégico del Ministerio de Salud, el trabajo interinstitucional realizado por diversos actores del poder central apoyando a los estados y las alcaldías en la puesta en marcha del Plan de Acción «Venezuela sin dengue», comenzará a generar resultados con la disminución de afectación de dengue en los humanos. «En cada uno de ellos –los estados afectados- se identificaron los actores, es decir coordinaciones regionales y municipales de los comité de Salud, Mesas Técnicas de Agua, Vigilancia Epidemiológica, Salud Ambiental, Barrio Adentro, Misión Cubana, Misión Ribas, Misión Vuelvan Caras, Misión Sucre, quienes han recibido capacitación sobre el tema de dengue y las medidas de eliminación de criaderos del mosquito Aedes aegypti». García hizo referencia a las acciones de control que contempla la fumigación y la abatización, las cuales también se han aplicado en los sectores ya mencionados y que esta destinada a la eliminación del mosquito en etapa adulta y los criaderos. El especialista aclaró que hasta ahora los criaderos más comunes son los cauchos, los pipotes para almacenar agua potable y los desechos sólidos, para cada uno de ellos existen recomendaciones que funcionan para la no existencia de criaderos del mosquito. (Ministerio de Salud, 03.07.06, http://www.gobiernoenlinea.ve/noticias-view/ver_detalles.pag?idNoticia=53803)
En su tercera edición, Provea acaba de editar nuevamente su folleto «La salud es un Derecho Humano», en una edición corregida y actualizada. Mediante un lenguaje sencillo y pedagógico, la intención del texto es describir una visión integral para abordar el acceso a la salud desde una perspectiva de Derechos Humanos. «La Organización Mundial de la Salud la define como el estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente como la ausencia de enfermedades». Los apartados del folleto se dividen en 7 secciones: Introducción; ¿Por qué la salud es un derecho humano?; Características y principios del Derecho Humano a la Salud; La garantía del Derecho a la Salud, responsabilidad del Estado, La comunidad y el Derechos a la salud; ¿Y ahora qué? y como capítulo final, anexos de los instrumentos básicos para la protección del derecho humano a la salud. El costo del folleto es de 7.000 bs y puede adquirirse en la sede de Provea (Bulevar Panteón, Puente Trinidad a Tienda Honda, Edificio centro Plaza Las Mercedes, PB, local 6, Parroquia Altagracia), por los teléfonos (0212) 860.66.69 y 862.10.11 o por el correo electrónico [email protected]
“En consonancia con las voces mundiales que reclaman la coherencia de la intervención humana en aras de preservar nuestra permanecía en el planeta, diferentes colectivos de la ciudad de Maracaibo auspician del 10 al 15 de julio una semana para la reflexión y el accionar en pro del agua, la diversidad biológica y la vida y en contra del paso destructivo de las políticas energéticas mundiales”. De esta manera comienzan su comunicación diferentes grupos sociales del estado Zulia, quienes organizaron varias actividades para protestar por el aumento de la explotación carbonífera en la región. Los eventos se desarrollan en la semana que culmina el día 15 de julio cuando internacionalmente se realizarán acciones en contra de los Cambios Climatológicos y el grupo de los 8 países más ricos e industrializados del mundo, quienes se reunirán en San Petersburgo, Rusia, bajo la temática de «seguridad energética». Las charlas, proyecciones de videos y documentales y presentaciones de agrupaciones musicales se realizaron en los espacios del Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez (CAMLB), Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), Universidad Cecilio Acosta (UNICA) y La Universidad del Zulia (LUZ).
El 15.07.06 se realizaría una concentración, en la esquina de la Avenida 5 de Julio con Avenida Las Delicias, bajo las consignas “contra el modelo neoliberal promovido por los países desarrollados (Grupo de los 8)”, “Concentración, pancartas, colores, volantes, gritos, miradas, denuncias contra el modelo energético amparado en la quema de combustibles fósiles”, “Concentración por la agroecología, por el cariño sustentable a la madre Tierra”, “No a la explotación del carbón en la Serranía de Perijá, “Territorios para los Indígenas sin minas de carbón y sin ganaderos”, “¡Por nuestros indígenas, por la diversidad biológica, por el agua!”, “Por la coherencia entre la palabra y la acción”, “Por el agua y la vida” y “Tras la huella del modelo energético”. Contactos con esta iniciativa por el correo electrónico [email protected].
Por otra parte, el sábado 01.07.06, en un salón de la Escuela Técnica Agropecuaria de Machiques, estado Zulia, autoridades y representantes indígenas Bari, Yukpa y Wayúu del Socuy de la Sierra de Perijá se encontraron en un dialogo intercultural para estimar la situación actual del proceso de Demarcación de Tierras Indígenas y concretar sus exigencias. En consenso los caciques y voceros de 20 comunidades indígenas de la Sierra de Perijá presentes exigieron a la Comisión de demarcación gubernamental la entrega de los títulos colectivos de tierras indígenas libres (saneados en vocabulario legal) de minas y de ganaderos; Que se respete y considere la auto-demarcación establecida por las comunidades indígenas quienes están en pleno derecho y facultad de reconocer pertinentemente los espacios vitales para su organización política, su cultura, su cosmovisión y su seguridad; Mayor participación y convocatoria en el estudio y discusión del proceso de Demarcación y la exigencia a los medios de comunicación local (Diario Panorama y Diario La Verdad) aliados juntos del poder terrateniente en la zona, el cese mediático que intenta una campaña de deshonrosa tratando de vincular miserablemente la convivencia de las comunidades Yukpa y Barí de Bokshí, especialmente, con los movimientos insurgentes o irregulares en el Municipio Machiques. (Aporrea, 04.07.06, http://www.aporrea.org/medios/n80245.html)
Un grupo de transportistas del carbón, procedentes del estado Zulia, se mantienen movilizados y han realizado varias protestas por haber sido despedidos injustificadamente por el presidente de Corpozulia, Carlos Martínez Mendoza, después de denunciar a grandes transportistas «disfrazadas» de cooperativas.
Varios trabajadores denunciaron que Corpozulia y Carbones del Guasare realizaban las transferencias de dinero a las cooperativas para que honraran los compromisos con sus trabajadores, pero sólo hacían llegar la tercera parte de los recursos a los transportistas.
Es por ello que tomaron la iniciativa de parar los puestos de embarque de Santa Cruz, por 11 días. El 19.05.06 260 trabajadores y organizaciones protestaron frente al palacio de Miraflores. Luego de un día fueron atendidos por la procuradora del trabajo Xiomara Cardozo y funcionarios de la casa militar, quienes les propusieron darles pasajes para el retorno a Maracaibo, así como bolsas de comida, pero sin tramitar la audiencia presidencial. Carlos Enrique Velásquez, representante de los Gandoleros y transportistas de la etnia Wayuu de las minas del Guasare declaró: “Estamos denunciando un caso de explotación humana de los indígenas Wayuú de los municipios Mara, Páez y Padilla.. Las cooperativas no nos han cumplido con nuestras reivindicaciones laborales, además ellos están acabando con el ecosistema”. Nerio Marcano, representante de la Coordinadora Agraria Nacional Ezequiel Zamoraafirmó: “Nos avocamos a la defensa y la lucha de nuestros aborígenes y campesinos en las zonas de explosión del carbón que cuando se utilizan los explosivos generan una contaminación, cuando llega la lluvia las vertientes arrastran esa contaminación y llegan al lago de Maracaibo, afectando las comunidades aledañas… estas tierras son de los aborígenes Wayyú, Bari y los Yucpas y están en manos de las transnacionales. Estas concesiones deben ser preguntadas a las comunidades, quienes dicen no a la explotación del carbón. Existe una nueva ley de hábitat y pueblos indígenas donde todos los territorios indígenas deben ser respetados y si por cualquier causa deben ser utilizados, debe hacerse una asamblea de ciudadanos quienes tomaran la decisión”. El representante de la Coordinadora Agraria Nacional Ezequiel Zamora invitó a todas las organizaciones ambientales a enfrentar estas problemáticas, haciendo un llamado a la solidaridad con estos trabajadores y movimientos campesinos. (Leonardo Castillo, 05.07.06, http://www.aporrea.org/endogeno/a23275.html).
Francisco González, profesor de la Universidad Centro-occidental Lisandro Alvarado (UCLA) y fundador del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (Inpsasel), trató el tema de la seguridad laboral en el VII Seminario sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) organizado por Provea. El evento fue realizado en la semana del 26 al 30 de junio en las instalaciones del Centro al Servicio de la Acción Popular (Cesap) en Caracas.
Durante su intervención González enfatizó la importancia de una perspectiva amplia para entender el bienestar laboral: “La salud en el trabajo es un derecho humano fundamental, es importante que las comunidades y los trabajadores entiendan que eso forma parte de nuestros derechos fundamentales para poder luchar por ello y conquistar mejoras”.
Para el profesor universitario los accidentes en el trabajo no son eventos fortuitos y hay que vincularos a su contexto: “El modelo neoliberal, ha precarizado terriblemente las condiciones de trabajo y aumentado los daños no solamente a la salud de los trabajadores sino al medio ambiente. Hay que abordar el tema de la salud en el trabajo de manera integral, entender que esta íntimamente vinculado con el modo de producción. El trabajo es un proceso económico social histórico determinado por estos componentes y con los elementos que lo integran, y que en la sociedad capitalista tiene un proceso de valorización y que procura, el modelo capitalista, duplicar el capital, generar ganancias y plusvalía. Existen diferentes estrategias para que esta plusvalía sea cada vez mayor, y estas pueden ocasionar graves efectos sobre la salud de los trabajadores y trabajadoras. Este tema no es nuevo, ya Carlos Marx dividía teóricamente la vida de los trabajadores en dos grandes momentos: el momento de producción, que esta expuesto a los riesgos en el trabajo, y que dependiendo del tipo de trabajo se determinan también los tipos de daños a la salud. El precursor de la medicina en el trabajo, un italiano llamado Bernardo Ramazini, en 1701 publico un libro “discusión sobre las enfermedades de los artesanos”, en el que acuñó una máxima “dime en que trabajas y te diré de que padeces”. El perfil de enfermarse y morir es diferente según el trabajo que se haga. Enferman y mueren de distinta manera los mineros a como lo hace un chofer. Por este trabajo se percibe un salario y este sirve el segundo momento, el de la reproducción, para recuperar el desgaste y tener calidad de vida”.
Gonzalez realizó un recuento histórico de las reivindicaciones y avances acerca de la seguridad laboral en el país: “En 1950 ya el doctor Emilio Venizales Guedez, pionero del tema de la salud en el trabajo, comenzó a realizar demandas públicas. Ya en la primera huelga petrolera, realizada en 1936, incorporaba demandas que tenían que ver con condiciones de trabajo: acceso a agua fría por ejemplo, recordemos que esa actividad se realizaba en el sur del lago de Maracaibo, asuntos de condiciones de vivienda en las barracas, etc. Este proceso de lucha de los trabajadores y trabajadoras en Venezuela, con el proceso constituyente después de una amplia consulta nacional, propusimos a la Asamblea Nacional (AN) que se incorporara como derecho constitucional. Hoy esta incorporado como articulo 87 de la Constitución del 99. Luego tenemos reconocido también en la constitución, en el artículo 23 la ratificación de los convenios internacionales, como los suscritos con la OIT que protegen el tema de la salud en el trabajo. Asimismo tenemos la ley orgánica que es la ley específica, también la ley de seguridad social”.
Para demostrar la situación de los accidentes laborales, el conferencista resaltó algunas cifras. “La OIT en su informe de abril 2006 reporta que cada año mueren mas de 2 millones de trabajadores/as producto de enfermedades y accidentes relacionados con el trabajo en el mundo. Y recientemente en un evento realizado en la Habana, una experta de la OIT señalaba que cada día mueren mil trabajadores en accidentes de trabajo. Hoy ellos contabilizan 365.000 accidentes de trabajo cada año, son mil padres de familia, en su mayoría hombres, que van a buscar el sustento y no regresan”. El experto también citó estadísticas sobre Venezuela: “En el año 2005 ocurrieron por lo menos 287.000 accidentes de trabajo, casi 24.000 por mes y más de 700 accidentes diarios. Las estimaciones internacionales dicen que por lo menos el 10% de los accidentes dejan algún tipo de secuelas o incapacidad. Las muertes se estiman en 1500 muertes por año, mas muertos que cualquier epidemia activa en el país. Las pérdidas para los países industrializados como el nuestro pueden llegar hasta 10 puntos del Producto Interno Bruto (PIB)”.
Para Gonzalez, las principales enfermedades relacionadas con el trabajo ocurridas en Venezuela son Trastornos músculo–esqueléticos (hernias discales), intoxicaciones: plomo, mercurio, solventes y plaguicidas, enfermedades respiratorias, hipoacusia (sordera) y enfermedades de la piel. Asimismo, resaltó como un avance de primer orden la Reforma de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (Lopcymat), una ley propuesta desde 1977, aprobada en 1986 con una demora de 16 años para ponerse en práctica. Con este articulado, entre otros derechos, los y las trabajadoras tienen derecho a participar en la vigilancia, mejoramiento y control de las condiciones y medio ambiente de trabajo y a la prevención de enfermedades y accidentes profesionales. Así como la elección de delegados o delegadas de prevención y la constitución de los Comités de Seguridad y Salud Laborales.
Si desea descargar la presentación, en formato powerpoint, del profesor Francisco González de la UCLA, presione aquí.
A finales del mes de junio, los medios de comunicación se hicieron eco de la preocupación de diferentes damnificados sobre el insistente rumor de la eliminación de algunos de los planes destinados a las familias sin hogar. La aseveración tenía origen en el presunto cambio de las autoridades del Ministerio de Hábitat y Vivienda (MVH). La especie fue confirmada el 01.07.06, cuando los medios de comunicación informaron sobre la confirmación de la salida de Luis Figueroa de la cartera de Vivienda, quien había sido el tercer ministro del sector durante la gestión del presidente Hugo Chávez y cumplió ocho meses en su cargo. (El Mundo, 01.07.06, pag. 1). La destitución del funcionario no tuvo una explicación oficial, pero trascendieron algunas versiones que aseguraban que la decisión era motivada por el retraso en la entrega de nuevas viviendas. Figueroa había prometido culminar 150 mil unidades habitacionales durante el presente año, con una meta parcial de entregar 60 mil en el primer semestre. El 30.06.06, aún en funciones, el ministro difundió una comunicación en la que cuantificaba las viviendas culminadas durante el año: «hasta la fecha han sido entregadas 35 mil 500 casas (…), 12. 355 casas les faltan detalles finales de pintura; 12.262 están en proceso de colocación de cerámicas y piezas sanitarias; 36 mil en cerramiento; 29 mil le falta por colocación de techos y 25 mil en conformación de terrenos». (Ultimas Noticias, 02.07.06, pag. 28). Otra de las causas que se ventilaron como responsables de la salida de Luis Figueroa, son las constantes protestas de damnificados y personas que esperan les sean adjudicadas viviendas, quienes han denunciado que en el Consejo Nacional de la Vivienda (Conavi), continúan las extorsiones y les piden dinero para los trámites, así como la entrega de certificados de riesgo falsos. En una declaración a los medios, el ex ministro descalificó las protestas y afirmó que eran protagonizadas por “falsos damnificados” (Ultimas Noticias, ídem).
El 03.07.06 el Ministerio de Comunicación e Información (MCI) informó que mediante el Decreto 4.638 Ramón Alonzo Carrizalez, antiguo titular del ministerio de Infraestructura, era nombrado como nuevo Ministro de Vivienda y Hábitat. Carrizalez Rengifo ocupó la cartera del Minfra desde abril del 2004 y se le atribuye el impulsar los lineamientos de la Misión Vivienda, cuando ésta pertenecía a su despacho y mas recientemente el avance de las construcciones de la línea 3 y 4 del Metro de Caracas, del Metro de Los Teques, Valencia y Maracaibo, el Sistema Ferroviario Caracas-Tuy Medio y el diseño y ejecución del viaducto alterno y la vía de contingencia, para comunicar al Estado Vargas con Caracas, entre otras grandes obras de infraestructura. Asimismo, se difundió que por resolución de la Gaceta Oficial Número 38.470, con fecha viernes 30.06.06, bajo el decreto N° 4.639 de la Presidencia de la República, fue nombrado como nuevo Ministro de Infraestructura el ciudadano José David Cabello Rondón. Cabello Rondón, quien fuera Viceministro de Servicios del Minfra durante la pasada gestión, ocupó el cargo de Director General del Instituto Autónomo Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAAIM), fue presidente del Consejo de Administración del mismo Instituto y actualmente es el máximo representante de la línea Aérea Estatal Conviasa. (Ministerio de Comunicación e Información, 03.07.06, http://www.mci.gob.ve/noticiasnuev.asp?numn=10485). En la Gaceta del 29.06.06, se publicó la designación de Jorge Luis Rodriguez, como presidente de la Junta Liquidadora del Conavi, para sustituir a Julio Portales, del equipo de Luis Figueroa. (Últimas Noticias, ídem).
Trascendió que el nombramiento de Ramón Carrizales como ministro de la Vivienda y Hábitat, preocupó al sector privado de la construcción en el país. En primer lugar sostienen que los planes que ya se habían adelantado en materia de construcción de viviendas podrían retrasarse mientras el titular de esta cartera se empapa de su nueva función. “Ahora viene una curva de aprendizaje para el ministro Carrizález que va a llevar tiempo. Por ejemplo, debe empaparse de todos los planes de construcción que se han adelantado. Ojala no se eche para atrás todo lo que se ha aplicado”, declaró Luis Emilio Vegas, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. Diversas fuentes ligadas al sector privado afirman que el cambio de ministro pudiera tener su origen en la importancia dada por Figueroa al sector privado para el cumplimiento de las metas en vivienda. (El Nacional, 04.07.06, A/18).
Ante la incertidumbre, las personas sin casa propia han continuado presionando para acceder a una vivienda digna. Un grupo de damnificados procedentes de Portuguesa, Vargas y Caracas aparentemente encerraron en la sede del Banco Nacional de Hábitat y Vivienda al nuevo ministro como protesta. Cerca de 70 mujeres trancaron las puertas exigiendo que se continúe con el programa 8 de vivienda que llevaba adelante el ministro Figueroa. Aunque la presencia de Carrizález en la sede del banco no fue confirmada, a finales de la tarde funcionarios de la Guardia Nacional dispersaron a las manifestantes, algunas de ellas con niños, con lacrimógenas para dejar salir tres camionetas negras, en una de las cuales, presuntamente, iba el nuevo ministro. (El Universal, 04.07.06, http://noticias.eluniversal.com/2006/07/04/ccs_art_04401D.shtml).
En su informe anual 2005, Provea apuntaba como uno de los retrocesos del sector la ausencia de una política integral en vivienda y hábitat aunada a la dispersión institucional heredada de las gestiones anteriores. La poca estabilidad de los funcionarios encargados del diseño y ejecución de las políticas en el sector ha recrudecido esta realidad, aumentando la incertidumbre de los adjudicatarios y familias que esperan poder satisfacer su derecho al acceso a una vivienda digna.
Juan Carlos Loyo, presidente del Instituto Nacional de Tierras (Inti), anunció que se mantiene el objetivo de recobrar millón y medio de hectáreas para el cierre de 2006. Para ello, el funcionario estima que mantendrán el ritmo de los procesos de recuperación de tierras para impulsar su distribución entre los pequeños y medianos productores y erradicar el latifundio y la ociosidad. Desde enero de este año el Inti ha recuperado unas 500.000 hectáreas sin contar las 334.500 que obtendrán con la aplicación de medidas cautelares a 53 predios ubicados en 14 entidades. De esta manera, serían 834.500 hectáreas que ya estarían en manos del Gobierno para proyectos agroalimentarios. Sin embargo, para alcanzar la meta anual, aún restan 665.500 hectáreas de tierras que deben ser recuperadas. (El Mundo, 01.07.06, pág. 6). Loyo informó que en un período de 15 días se iniciaría la aplicación de medidas cautelares sobre 53 predios ubicados en 14 entidades regionales del país. Indicó que ya se comprobó que el Inti es propietario de estos terrenos o que éstos son de carácter público o baldíos, ocupados ilícita o ilegalmente. “Todos están en conocimiento de que éstas son tierras declaradas ociosas o incultas y, a su vez, se les hizo la investigación jurídica que evidenció que son tierras de la nación; es decir, tierras públicas”. Los terrenos donde se aplicarán estas medidas están ubicados en Amazonas, Apure, Anzoátegui, Barinas, Bolívar, Miranda, Cojedes, Falcón, Guárico, Lara, Portuguesa, Sucre, Táchira y Zulia. (El Nacional, 01.07.06, A/14). El 03.07.06 el Inti publicó los carteles de notificación en los que declara como tierras ociosas 31 fundos ubicados en 10 estados. Con esta acción se inició la aplicación de las medidas cautelares anunciadas sobre los predios, los cuales tienen una extensión de 270 mil hectáreas. El presidente del inti manifestó que el objeto de las medidas cautelares es poner a producir las tierras, por lo que una vez iniciado el proceso de rescate se debe «permitir el ingreso de grupos organizados o no de campesinos, a los fines de poner las tierras en producción». (Ultimas Noticias, 04.07.06, pág. 16).
Por su parte el ex diputado de la Asamblea Nacional, Pedro Pablo Alcántara, opinó que la entrega de medidas cautelares por parte del Inti, para iniciar en ellas procesos de rescate, son ilegales. «La ocupación previa de las fincas, antes de que un tribunal se pronuncie sobre el origen de la propiedad, viola las garantías al debido proceso que están establecidas en la Constitución Nacional». El antiguo parlamentario afirmó que actualmente se ha interpuesto otro recurso de nulidad del artículo 85 de la Ley de Tierras ante el Tribunal Supremo de Justicia, el cual ya fue admitido por el Máximo Tribunal. “Estamos esperando a que nos llamen para las audiencias públicas, para explicar el por qué es ilegal la aplicación de este artículo». (El Universal, 04.07.06, http://noticias.eluniversal.com/2006/07/04/eco_art_04202E.shtml)
- Formulación de Políticas públicas claras y específicas en relación con los Pueblos Indígenas venezolanos, en particular en materia de salud, educación y seguridad fronteriza, con la participación protagónica de los propios pueblos a través de sus líderes comunitarios tradicionales y de sus organizaciones sociopolíticas.
- Impulsar el derecho al etnodesarrollo de los Pueblos Indígenas, respetando su diversidad cultural y su cosmovisión.
- Declaración de la emergencia en materia sanitaria, ambiental y fronteriza respecto a los Pueblos Indígenas, para afrontar de forma articulada, coherente, respetuosa y participativa la gravedad de la situación indígena en dichas materias.
- Avanzar de forma eficaz y diligente en el proceso de demarcación territorial indígena garantizando el protagonismo de los líderes tradicionales, la diversidad sociocultural de los Pueblos y autorizando los recursos técnicos y financieros necesarios.
- Priorizar la realidad de los Pueblos y Comunidades con vulnerabilidad territorial y ambiental (Barís, Kuivas, Japrerias, Sanemos, Yabanas, Yukpas y Waraos), mediante una predemarcación a escala cartográfica 1:250.000, así como los de aquellos que ya adelantaron o culminaron su proceso demarcatorio (Ye´kwanas, Sanemos, Pemontön).
- Propiciar por parte del Ejecutivo Nacional la realización de los estudios de impacto sociocultural y ambiental establecidos en la CRBV y en otras leyes de la República y el respeto a los mecanismos de consulta real y vinculante a los Pueblos Indígenas, la cual incluye la información suficiente y necesaria sobre los proyectos, hechos en los idiomas nativos de manera que puedan ser analizados y comprendidos en toda su dimensión y para que conozcan los riesgos a los cuales se verán sometidos estos Pueblos Indígenas ante proyectos sobre sus territorios.
- Dar cumplimiento inmediato a los compromisos políticos, administrativos, judiciales y financieros con el Pueblo Yanomami, contraídos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a raíz de la Masacre de Haximú.
- Declarar la emergencia en materia lingüística de los Pueblos Indígenas Akawaio, Añú, Arawako, Baniwa, Baré, Chaima, Hoti, Ka´riña, Piapoco, Puinave, Mapoyo, Uruak, Warao, Warekena, Yeral y Wuanai, a fin de preservarlos de la extinción o erosión lingüística.
- Garantizar los recursos técnicos y financieros de la Educación Intercultural y hacerla extensiva progresivamente al resto de la población venezolana.
- Garantizar inmediatamente que todas las Misiones desplegadas en Comunidades Indígenas respeten la cultura, la lengua, la medicina tradicional, las leyes internas, la educación intercultural bilingüe y su cosmovisión, entre otras cosas.
- Aprobar en un plazo breve y con la participación amplia y efectiva de los pueblos indígenas y de sus líderes tradicionales la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas.
- Aplicar mecanismos de comunicación que permitan dar a conocer las implicaciones socioculturales y socioambientales de los Proyectos del Ejecutivo Nacional: Proyectos de Puertos de Aguas Profundas, Explotación del Carbón en la Sierra de Perijá, Plataforma Gasífera Deltana, Proyecto Delta Biodiversidad, Proyectos de zonas francas fronterizas, Proyecto de Represas Hidroeléctricas, Proyecto de Gasoducto Venezuela-Brasil- Argentina, Proyecto de Gasoducto y oleoducto Colombia -Venezuela, nuevos Planes de explotación petrolera y gasífera, y explotación minera en la Reserva Forestal de Imataca .
- Investigar y sancionar todo hecho que constituya una violación del derecho a la vida o situaciones de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de todos los Indígenas, particularmente en los casos de los niños Pume / Yaruros en el Edo Apure y del Indígena Pemón Miguel Sanz, ocurrida en el Edo. Bolívar.
- Investigar, por parte del MSDS, sobre los impactos del uso de los medicamentos y vacunas aplicadas a indígenas del Edo Amazonas y sus riesgos secundarios, en especial respecto de la Invermectina y su relación con efectos de carcinogénesis, mutagénesis, teratogénesis y sobre la fertilidad.
- Investigar las causas del éxodo Warao y buscar soluciones para evitar que continúe, con el fin de que puedan llevar una vida digna en su territorio.
(Provea, 07.07.06. http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2004_05/2017/06/Propuestas.pdf)
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Tras solicitar una caución juratoria -medida sustitutiva en la que el imputado se compromete a mantener buena conducta, no salir de la ciudad y presentarse cada 8 días en el tribunal-, el 06.07.06 salió en libertad el activista de Derechos Humanos Rafael Ugas. Tras 34 días de detención en la denominada «Zona 7» de Boleíta, Ugas debe afrontar en los tribunales 4 imputaciones en su contra, a saber: acusación de instigar una huelga de hambre en el recinto penitenciario «San Juan de Lagunillas» de Mérida; querella presentada por el Coronel de la Guardia Nacional (GN), Pablo Daniel Medina Cornivelli; presunta invasión del Edificio Don Camilo y por obstrucción de la justicia, esta última la que originó su última detención.
En la sede de Provea, Ugas denunció las malas condiciones de los internos recluidos en la Zona 7, un recinto para cumplir medidas temporales de restricción de libertad a cargo de la Policía Metropolitana. El activista relató como en la habitación en la que se encontraba recluido se encontraban detenidos 28 personas, las cuales tenían que dormir en el piso una al lado de otra. Los familiares tenían que sufrir una serie de humillaciones para poder visitar a los internos, entre otras, depositar la comida que llevaban a sus familiares en bolsas plásticas, las cuales después de varias horas era entregada a sus destinatarios. En ocasiones, los alimentos eran dados en condiciones de descomposición. Dado que la habitación en la que se encontraban no poseía servicios sanitarios, los internos hacían sus necesidades en una de sus esquinas, la cual podían lavar una vez al día. Rafael Ugas resaltó la presencia de armas dentro de las celdas, «conté 22 chuzos dentro de la habitación, yo también tuve que comprar uno para asegurar mi integridad física». Las peleas son frecuentes en dichas condiciones, y Ugas trató de disminuir la agresividad de los internos hablándoles sobre sus derechos humanos, «hay más humanidad en los presos que en los policías. Me fotografiaron varias veces en poses como si fuera un trofeo».
El 07.07.06 Ugas se presentó en el tribunal 22 de control para comparecer por la denuncia de difamación en su contra presentada por el Coronel de la GN. Ugas no había podido presentarse antes debido a su reclusión en Zona 7, pero el juzgado dictaminó que debía ser internado de nuevo por incumplimiento del régimen de presentación. Actualmente se encuentra detenido en el centro de reclusión transitorio de El Rosal, bajo la jurisdicción del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y criminalísticas (CICPC).
Luis Rafael Ugas es presidente de la Fundación para las Garantías, Prevención y Defensa de los Derechos Humanos (FUNGAPDEHCA), y su caso ha suscitado el interés de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).
Una Resolución dictada el 04.07.06 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ordena la adopción de medidas provisionales a favor de María del Rosario Guerrero Gallucci y Adolfo Segundo Martínez Barrios. Esta medida insta al Estado venezolano la adopción de las medidas necesarias para proteger las inminentes violaciones a la vida y a la integridad personal de Gallucci y Martínez.
Como se recordará, la señora Guerrero Gallucci es integrante del grupo de derechos Humanos del estado Guárico, “Soldados de Justicia, Paz y Libertad en la Cruzada Contra la Impunidad”. Su organización había denunciado la presunta participación de la policía estadal en las ejecuciones realizadas, a más de 100 personas, en la región en los últimos cinco años. Tras ser víctima de extorsión, presuntamente a cargo de funcionarios policiales, y ser citada como testigo en el caso iniciado contra el periodista Miguel Salazar por parte del gobernador Eduardo Manuit, la Fiscalía dictó a su favor medidas de protección, custodia y apostamiento policial. El 21.04.06 Gallucci y su esposo, Martínez Barrios, fueron víctimas de un atentado contra sus vidas, en el cual recibieron varios impactos de bala. Tras el incidente varias organizaciones de Derechos Humanos remitieron su caso al CIDH.
La resolución de la Corte resuelve que:
1) Requerir al Estado que adopte de forma inmediata las medidas provisionales necesarias para proteger los derechos a la vida y a la integridad personal de la señora María del Rosario Guerrero Gallucci y del señor Adolfo Segundo Martínez Barrios, para lo cual debe tomar en consideración la gravedad de la situación y las circunstancias particulares de riesgo.
2) Requerir al Estado que investigue los hechos que motivan la adopción de las presentes medidas provisionales y, en su caso, identifique a los responsables y les imponga las sanciones correspondientes.
3) Requerir al Estado que realice todas las gestiones pertinentes para que las medidas de protección ordenadas en la presente Resolución se planifiquen e implementen con la participación de los beneficiarios de las mismas o sus representantes, de manera tal que las referidas medidas se brinden de forma diligente y efectiva por parte de personal adecuadamente capacitado y calificado y que no forme parte de los cuerpos de seguridad que han sido denunciados por la beneficiaria. Asimismo, el Estado debe mantener informados a los beneficiarios sobre el avance de la implementación de las medidas de referencia.
4) Requerir al Estado que informe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el plazo de siete días, contado a partir de la notificación de la presente Resolución, sobre las medidas que haya adoptado en cumplimiento de la misma.
5) Solicitar a los beneficiarios de estas medidas o sus representantes que presenten a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el plazo de cinco días, contado a partir de la notificación del informe del Estado, las observaciones que estimen pertinentes.
6) Solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que presente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el plazo de siete días, contado a partir de la notificación del informe del Estado, las observaciones que estime pertinentes.
7) Solicitar al Estado que, con posterioridad al informe señalado en el punto resolutivo cuarto, continúe informando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos cada dos meses sobre las medidas provisionales adoptadas, y solicitar a los beneficiarios de estas medidas o sus representantes, así como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que presenten sus observaciones dentro de un plazo de cuatro y seis semanas, respectivamente, contado a partir de la notificación de los informes del Estado.
8) Solicitar a la Secretaría de la Corte que notifique la presente Resolución al Estado, a la Comisión Interamericana y a los representantes de los beneficiarios de estas medidas.
El pasado 01.07.06 el Ministerio del Interior y Justicia (MIJ) ordenó la sustitución de todas las autoridades que estaban al mando en la Dirección de Custodia y Rehabilitación del Recluso y designó como máxima autoridad en materia carcelaria a la ex consultora jurídica de Conatel, abogada Fanny Beatriz Márquez Cordero, quien se encargará de diseñar la nueva estructura que sustituirá a la Dirección de Prisiones. Según la información que fue aportada por una fuente del MIJ, la materia penitenciaria fue asumida directamente por el viceministro de Justicia, Yuri Pimentel, quien decidió diseñar su equipo de trabajo con las personas que colaboraron con él cuando estuvo al mando de Conatel. (El Mundo, 01.07.06, Pág. 10). La destitución fue vista con preocupación por Una Ventana Para la Libertad, quien recordó que la alta rotación dentro de la citada dirección ha llegado hasta los 15 cambios de personas en el cargo. En el comunicado firmado por Carlos Alberto Nieto Palma, Coordinador General de la organización, se afirma que “es preocupante que nuevamente exista una rotación dentro de las máximas autoridades de prisiones pues esto retraza todo el plan de humanización del sistema penitenciario ya que la nueva directora deberá ponerse al día con su nuevo trabajo y realizar su propia planificación al respecto, pues la designada viene de un área completamente distinta a la de prisiones por lo que presumimos que sus conocimientos en el área son de algún modo escasos”. Palma vinculó esta decisión con la reciente intervención policial del Instituto Universitario Nacional de Estudios Penitenciarios (IUNEP) donde se designó una junta interventora compuesta por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) como antesala a lo que denominó como “su conversión en un organismo policial o militar, en contravención a lo que estipulan las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de la Organización de Naciones Unidas que prohíbe la militarización de las cárceles por parte de personal militar o policial”. Para una Ventana Para la Libertad lo anterior es una muestra de la falta de interés del gobierno de buscar una pronta solución a la crisis penitenciaria vivida por el país. (UNA VENTANA PARA LA LIBERTAD: Nombramiento de nueva directora general de prisiones retrasa plan de humanización carcelario (Nota de prensa). Caracas, 04.07.06).
Al respecto, las autoridades del MIJ estudian la posibilidad de que el Iunep ya no funcione más en el anexo del retén de La Planta sino que sus alumnos reciban clases en el Instituto Universitario de Policía Científica (Iupol). Fuentes ligadas al ente ministerial señalaron que luego que saliera publicada en Gaceta Oficial número 38.451 la intervención del Iunep para su modernización, por consideración del MIJ y del Ministerio de Educación Superior, las autoridades piensan que los estudiantes deberían recibir clases lejos del retén, pues estarán en peligro cada vez que se presente una revuelta y además analizaron que la actual sede no es la estructura más adecuada. Sobre esta decisión el criminólogo Elio Gómez Grillo, fundador del Iunep, calificó a la decisión de ser una “policialización penitenciaricida”, pues según su criterio debe tomar en cuenta que hace muchos años la Organización de las Naciones Unidas (ONU) determinó que el personal de las cárceles debe ser civil y en ningún caso militar ni policial. “Son reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos y está dictado en el Primer Congreso de las Naciones Unidas para Prevención del Delito y Tratamiento del Recluso que se celebró hace 50 años en Ginebra. Esas reglas mínimas son como la Carta Magna Universal de los presos y son respetadas en todo el mundo, pero esa disposición (la Gaceta que señala la intervención) la irrespeta, la viola”. (El Mundo, 10.07.06, pag. 20). Un grupo de estudiantes del Iunep protagonizó una protesta contra la decisión interventora el pasado 29.06.06. Tras paralizar el tráfico en la autopista Francisco Fajardo durante espacio de dos horas, un piquete de la Guardia Nacional lanzó bombas lacrimógenas y perdigones contra los estudiantes, lo que finalizó la manifestación. (El Universal, 30.06.06, http://www.eluniversal.com/2006/06/30/ccs_art_30480A.shtml)
El 16.06.06 el gobernador de Yaracuy, Carlos Giménez, informó que el 14.06.06 se había oficializado la admisión de la querella introducida en el Tribunal Sexto de Control, solicitando la reapertura del juicio por la llamada masacre de Yumare. Como se recordará, el 08.05.86 nueve personas perdieron la vida tras ser emboscadas en un sector selvático del estado Yaracuy conocido como La Vaca, cercano a la población de Yumare.
Las personas fallecidas pertenecían a una organización de Izquierda conformada por ex mlitantes de organizaciones tales como el Partido de la Revolución Venezolana (PRV), Bandera Roja y Organización Revolucionaria. El argumento del gobierno de la época (Jaime Lusinchi) es que había sido un enfrentamiento, pero testigos afirman que esas personas fueron detenidas y torturadas.
Las investigaciones fueron adelantadas en la jurisdicción militar, a pesar de que las personas fallecidas eran todos civiles y que el cuerpo policial que actúo era la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), que es un órgano civil. Es decir, una jurisdicción no competente adelantó las investigaciones y proceso la causa. El Consejo de Guerra Permanente de Maracay, presidido por el Coronel (GN) Orta Baptista Sarmiento, decidió cerrar el caso el 07.08.89 tras argumentar que los funcionarios actuaron en legítima defensa. Se consumó así la impunidad.
La querella presentada para reabrir el caso Yumare va dirigida a lograr el castigo a los autores materiales e intelectuales: “Estamos acusando a Jaime Lusinchi, quien era Presidente de la República; a Octavio Lepage, ministro de Relaciones Interiores; Henry López Sisco, quien era disip y en este momento está cumpliendo funciones como jefe de seguridad de la gobernación del estado Zulia”, informó el primer mandatario regional. (Últimas Noticias, 16.06.06, Pág. 32). Días después, el 04.07.06, el Tribunal 6° de Control del estado Yaracuy, a cargo del juez Darío Segundo Suárez, informó que se había citado para declarar al expresidente de la República, Jaime Lusinchi; al entonces ministro del Interior, Octavio Lepage; y al comisario general Henry López Sisco, quien para la época se desempeñaba como jefe de Operaciones de la policía política. (Últimas Noticias, 08.07.06, pág. 30). El gobernador Jiménez solicitó al Ministerio Público gestionar ante las instancias competentes la extradición del ex presidente Lusinchi, actualmente fuera del país. Asimismo, le pidió al gobernador del Zulia, Manuel Rosales, que entregara a la justicia a su director de seguridad. (El Mundo, 08.07.06, pág. 20). Por su parte, la abogada acusadora, Merli Morales, denunció amenazas en su contra tras la reapertura del caso. (Últimas Noticias, 09.07.06, pág. 26).
Es importante destacar que en 1999 Provea interpuso una acción de amparo en la Sala Constitucional del TSJ contra el ministro de la defensa Raúl Salazar con el objeto de lograr obtener una copia del expediente que había sido clasificado como secreto. Con la acción de amparo se logró desclasificar el expediente y por primera vez los familiares pudieron acceder al mismo y conocer en detalle la versión oficial de los tribunales militares. Esta acción permitió igualmente interrumpir la prescripción, por lo tanto, quienes argumentan que el caso no puede reabrirse porque prescribió están errados. La acción para desclasificar el expediente, fue una acción orientada a iniciar los caminos de la persecución penal por vía ordinaria.
Tampoco puede hablarse de la cosa juzgada. El tribunal que conoció de la causa fue un tribunal incompetente. Además, toda la maquinaria del Estado fue puesta a disposición de la garantía de la impunidad en el caso. La cosa juzgada fraudulenta, como ocurrió en este caso, es contraria al debido proceso y al derecho a la justicia. Las víctimas tampoco pudieron intervenir en el proceso, razón por la cual, no fueron considerados todos los elementos probatorios para determinar la culpabilidad o no culpabilidad de los presuntos responsables.
Para el momento en que ocurrieron los hechos, el Estado venezolano había ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos y estaba obligado a investigar los hechos de manera sería y responsable a través de los entes y órganos competentes y sancionar a los responsables materiales e intelectuales.
Finalmente, hay que destacar, que en este caso, como en el caso de la masacre de El Amparo, se sabe con precisión quienes son los autores materiales de los asesinatos. Cada uno de los funcionarios, narra como actúo en los hechos para causar la muerte. Aunque los hechos fueron tergiversados, todos los funcionarios expresan que participaron en los hechos que produjeron la muerte. Queda por determinar, quienes son los autores intelectuales.
Afortunadamente, dentro de la propia jurisdicción militar, una voz disidente, expresó sus dudas sobre la versión de los funcionarios policiales y dejó entrever que hubo un exceso en el uso de la fuerza por parte de los funcionarios de la Disip. Nos referimos al voto salvado del Teniente Coronel Aviación, Germán Rafael Blasco Acevedo, canciller del Consejo Permanente de Guerra de Maracay quien manifestó un conjunto de dudas sobre la versión suministrada por los funcionarios policiales. Este mismo militar, expresó que el caso debió haberse procesado en la jurisdicción civil. El voto salvado del Tte Coronel puede ser consultado en: www.derechos.org.ve/recursos/alegal/yumare/voto_salvado.pdf
Si se desea consultar sobre casos de cosa juzgada fraudulenta, visitar el caso «Gutierrez Soler vs Colombia» en el sitio web de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en http://www.corteidh.or.cr/seriec/seriec_132_esp.doc
El presidente de la República Hugo Chávez Frías, encabezó el pasado 29.06.06 el acto con motivo del tercer aniversario del Frente Francisco de Miranda (FFM), celebrado en el Poliedro de Caracas. Durante su alocución el Presdiente Chávez propuso que el FFM se equipe y adiestre para la defensa militar de la soberanía de Venezuela y anunció que, tras la entrega de fusiles kalasnikov adquiridos en Rusia para los componentes de la Fuerza Armada Nacional, se hará una dotación especial a una vanguardia del Frente. (Venezolana de Televisión, 29.06.06, http://www.vtv.gov.ve/Actualidades.php?IdActualidad=3447). Las palabras del primer mandatario fueron «La primera oleada de esos fusiles ya la estamos distribuyendo en las unidades de combate, sobre todo del Ejército y la Marina, también la Guardia Nacional y algunas unidades de la Fuerza Área de tierra. Pero tan pronto terminemos (…), los primeros fusiles Kalachnikov que lleguen a partir de allí serán para el Frente Francisco de Miranda”. (Correo del Caroní, 01.07.06, http://www.correodelcaroni.com/component/option,com_wrapper/Itemid,162/?id=35804). El anuncio fue difundido por algunos medios que simpatizan con el gobierno venezolano como parte de las nuevas políticas impulsadas en el país. “El mandatario expresó que los integrantes del frente mirandino «se irán a las armas si la patria fuera amenazada», al tiempo que señaló que todos deben cumplir y asumir la tarea de adiestrarse y prepararse para la defensa militar. De acuerdo con las nuevas políticas que se adelantan en Venezuela, se trata de adoptar una proyección exclusivamente defensiva y sustentada en la alianza cívico-militar, unión que haría imposible la ocupación permanente del país por un enemigo externo (…) Con esta medida Venezuela refuerza su sistema defensivo bajo la óptica de una alianza cívico-militar. La organización –el FFM-, integrada por 15.000 jóvenes, constituye una especie de tropa de choque para combatir la corrupción y otros problemas sociales del país sudamericano, y participa en programas oficiales de carácter educativo y de salud. Según el nuevo pensamiento militar venezolano, en caso de un ataque armado, junto a las tropas regulares combatirán millones de personas integradas en la reserva y la recién creada Guardia Territorial, conformada por civiles en sus zonas de residencia”. (Ventana Bolivariana, 01.07.06, http://www.ventanabolivariana.org.ve/index.php?option=com_content&task=view&id=4045&Itemid=30).
El 04.07.06 el Ministro de Interior y Justicia, Jesse Chacón, al ser consultado sobre el anuncio presidencial, afirmó que “el tema del Frente Francisco de Miranda entra dentro del marco de la Constitución en lo que ha sido llamado Reserva o Guardia Territorial. Ese armamento se utilizará de acuerdo con lo que plantea la Constitución una vez que el Estado venezolano sea amenazado o sea atacado desde afuera o se presente una situación interna de subversión”. (El Nacional, 04.07.06, A/3). El funcionario agregó que el armamento permanecerá en los cuarteles. “Saldrá la Reserva en el momento en que tenga que salir, y saldrá la Guardia Territorial en el momento en que tenga que salir”, acotó. (El Nacional, Ídem). Juan José Molina, vicepresidente de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, el FFM pudiera convertirse en una especie de reserva de los cuerpos policiales del país. Para el parlamentario de Podemos, esa agrupación está preparada y capacitada, por lo que podría estudiarse su inclusión en actividades destinadas al combate de la inseguridad. En Venezuela, explicó, hay 100.000 policías, pero debido al número de habitantes debería haber 250.000 agentes. Por ello, considera que incorporar grupos de esa índole a las labores orientadas a incrementar la seguridad, permitiría cubrir parte del déficit existente en esa materia. (El Nacional, 04.07.06, A/3).
Ante los cuestionamientos recibidos por el anuncio, el ministro Jesse Chacón, aseguró que el fortalecimiento de la seguridad del Estado mediante la adquisición de equipos modernos y la preparación de la Reserva y de la Guardia Territorial no significaría poner armamento en manos de los civiles. “Fortalecer estos nuevos componentes no tiene nada que ver con colocar armamento en manos de los ciudadanos, pues lo que se pretende es prepararlos para usar tales equipos en caso de un conflicto”, señaló. De la misma forma, el alto funcionario resaltó que las diferencias que existen entre la seguridad ciudadana y la defensa integral del Estado recaen en la Fuerza Armada Nacional (FAN), en la Reserva Nacional y en la Guardia Territorial. (Ministerio de Comunicación e Información, 11.07.06, http://www.mci.gob.ve/noticiasnuev.asp?numn=10548)
Si bien las declaraciones de los funcionarios son confusas y contradictorias, la eventual decisión del Presidente de entregar armas a una organización civil, es contraria al artículo 324 de la Constitución que expresamente establece que sólo el Estado puede poseer y usar armas de guerra. Constituye además un acto político peligroso, pues ello constituye la creación de una fuerza paramilitar. Esa fuerza paramilitar según el Ministro del interior pudiera ser usada en caso de “subversión interna”. Ello quiere decir, que el gobierno usa la excusa de preparar a la población para una eventual amenaza externa, pero está pensando en armar sectores de la población, para enfrentar a otros sectores de la población que pudieran rebelarse contra el gobierno. Si esos son los planes gubernamentales, según lo confiesan sus propios voceros, quiere decir, que el gobierno se propondría el usar fuerzas civiles de choque para enfrentar cualquier situación de masiva protesta social.
Provea expresa su preocupación que en esa dirección se orienten los planes del tren ejecutivo. Dar funciones de control de orden público o de seguridad interna a civiles armados, con armas de alto calibre, es igualmente inconstitucional, pues el control del orden público le corresponde, en primer lugar, a los organismos policiales y si la situación los rebasa a la Guardia Nacional (GN).
Debe destacarse igualmente que el gobierno es incoherente en los anuncios de sus políticas. Mientras desde el Ministerio del Interior se promueve un desarme voluntario de la población, por otra parte el Presidente de la República promueve que la población se arme. El Presidente exhorta a los países del mundo a que inviertan menos en armas y más en atender los problemas sociales de los más pobres, sin embargo, en el país incrementa incesantemente el gasto militar.
Al culminar el trimestre abril – junio de 2006, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por los asesinatos de 3 periodistas, los más de 50 episodios de agresiones físicas contra comunicadores sociales, los procesos penales en curso en contra de periodistas y la existencia de iniciativas legislativas regresivas en materia de libertad de expresión en la región. Asimismo, la Relatoría expresa preocupación por la ocurrencia de una serie de otros hechos destinados igualmente a tratar de silenciar a periodistas y a medios de comunicación críticos de funcionarios públicos y de gobiernos, que incluyen: asignación discriminatoria de publicidad oficial, censura previa, señalamientos por parte de altas autoridades, despidos, denuncias de espionaje y episodios de discriminación en el acceso a actos oficiales.
En el apartado dedicado a Venezuela, la Relatoría manifestó su preocupación por el asesinato de los periodistas Jorge Aguirre y José Joaquín Tovar, el alto número de procesos penales iniciados contra varios comunicadores sociales, la condena a prisión a la periodista Mireya Zurita y al periodista Henry Crespo, la solicitud de demolición de la sede del diario Correo del Caroní y las declaraciones de altos funcionarios públicos del 14 de junio de 2006 conforme a las cuales se habrían ordenado revisar las concesiones a canales de televisión por motivos que podrían incluir la línea informativa de tales medios. Por otro lado, la Relatoría considera positiva la decisión de sobreseer el proceso contra el periodista Napoleón Bravo, aunque ésta ha sido recurrida por el Ministerio Público. Asimismo, la Relatoría Especial valora positivamente el mensaje del Vicepresidente de la Republica del 26 de junio de 2006 señalando que “no habrá ningún atentado contra la libertad de expresión en este país, (…) no habrá un solo periodista preso, (…) jamás será utilizada la justicia militar para perseguir periodistas, (…) jamás será allanado o confiscado la edición de un periódico”.
Para mayor información sobre la Relatoría: http://www.cidh.org/relatoria
- Llevar adelante las acciones requeridas para concretar el modelo penitenciario plasmado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 272. Principalmente, en lo relativo a la descentralización de los centros de reclusión, la creación de un ente penitenciario con carácter autónomo y el fomento de políticas de rehabilitación.
- Garantizar que el control interno de los reclusos esté a cargo de personal civil debidamente capacitado y que el número de custodios asignado en cada centro guarde correspondencia con el total de reclusos.
- Normar los procedimientos de inspección a los visitantes de los centros de reclusión, garantizando un trato digno y respetuoso, y prohibir la práctica de inspecciones contrarias a la integridad personal.
- Garantizar un mayor número de Jueces de Ejecución y una actuación efectiva de los mismos, incrementando el número de visitas a los establecimientos penales y de entrevistas con los detenidos.
- Lograr el establecimiento de criterios y prácticas comunes entre el Ejecutivo Nacional y el Poder Judicial para la debida aplicación de los beneficios que corresponde otorgar a la población reclusa que califique para ellos, sin más exigencias y limitaciones que las establecidas legalmente.
- Garantizar el traslado seguro de los internos a los tribunales, impidiendo la comercialización de este derecho y las situaciones que suponen riesgo para la vida e integridad física de los detenidos.
- Separar a los internos en cada establecimiento penitenciario, según categorías de edad, sexo, motivos de detención, estado del proceso y medidas a ser aplicadas.
- Asegurar el pleno disfrute del derecho a la visita íntima de la población penal femenina, sin más restricciones que las de seguridad general del recinto penitenciario.
- Garantizar el acceso de la población reclusa a los servicios de salud, asegurando el debido seguimiento y tratamiento a los casos específicos de alteraciones de salud que así lo ameriten.
- Suministrar a los internos una dieta alimentaria que garantice niveles óptimos de salud. La dieta debe contemplar los requerimientos especiales de las reclusas embarazadas, así como de las madres en período de lactancia y de los menores de edad que permanecen en centros de reclusión junto a sus madres.
- Mantener y fortalecer los programas educativos y laborales para la población penal, así como las instancias requeridas para el seguimiento de los mismos.
- Garantizar equipos técnicos de profesionales que funcionen en los centros de reclusión a objeto de dar seguimiento al comportamiento del recluso y certificar que estos son aptos para el otorgamiento de los beneficios contemplados en las leyes vigentes.
- Procurar las condiciones óptimas de infraestructura y atención especializada para aquellos reclusos y reclusas beneficiados con medidas de pre libertad.
- Alcanzar una infraestructura y una asignación presupuestaria óptima que posibilite el cumplimiento a cabalidad de los programas de tratamiento y sanciones contemplados en la Ley Orgánica de Protección del Niño y el Adolescente.
- Garantizar a la población reclusa un sistema de recepción y trámite de denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas al interior de los penales, con miras a que se investiguen, sancionen y reparen. Este sistema debe contemplar la salvaguarda de la integridad y la vida de los denunciantes. Asimismo, debe producir informes, de carácter público, sobre la cantidad de denuncias presentadas y los resultados obtenidos.
- Eliminar la práctica de los traslados de reclusos entre diferentes centros de reclusión como medida de castigo, dado que aumentan la vulnerabilidad ante amenazas a su vida e integridad física.
(Provea, 07.07.06. http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2004_05/2017/06/Propuestas.pdf)
INVITACIONES A EVENTOS
ARTÍCULOS
NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS
DOCUMENTOS
Del 01 al 23 de junio de 2006
Boletín electrónico Nº 171
EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE JULIO
03 Día Universal de la Cooperación (1er. sábado)
05 Celebración de la Declaración de la Independencia de Venezuela (1811)
07 Día de la Conservación del Suelo
09 Día Internacional para la Destrucción de Armas de Fuego
11 Día Mundial de la Población
17 Día Mundial de la Justicia Internacional
CONTEXTO
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
El 14.06.06 11 familias adjudicatarias de Ciudad Miranda se adhirieron al recurso de abstención o carencia introducido por Provea en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra el Ministerio de Vivienda y Hábitat. Esta acción judicial fue iniciada debido al incumplimiento por parte del ministerio de las obligaciones referidas a la supervisión y control de las actividades adelantadas en el marco de una política de vivienda tal como lo establece la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat. Dicho recurso actualmente está siendo conocido por la Sala Político Administrativa del TSJ. El Complejo Habitacional Ciudad Miranda, ubicado en Charallave, prometió dar respuesta habitacional oportuna a un grupo de familias, algunas damnificadas de Vargas, por lo que cancelaron una cuota inicial que les aseguraba la adjudicación de una vivienda. La obra, a cargo del Fondo de Desarrollo Urbano, Fondur, ha sufrido un severo retraso finalizando menos casas de las prometidas. El proyecto original contemplaba un total de 13.000 viviendas en cuatro fases de construcción, pero para diciembre del 2005 apenas se habían entregado un total de 2.192. (Ultimas Noticias, 07.05.06, pág. 36). Para Yael Bello, abogada de Provea, «preocupa el manejo irregular de las adjudicaciones, así como las invasiones realizadas en algunas casas que ya habían sido adjudicadas, perjudicando a personas de bajos recursos que son las legítimas propietarias de los inmuebles».
Los contratos de promesa de compra venta realizados con Fondur son contratos de interés social, porque dan cumplimiento a lo establecido en el artículo 82 de la Constitución que señala que el Estado dará prioridad a las familias y garantizará los medios para que éstas, y especialmente las de escasos recursos, puedan acceder a las políticas sociales y al crédito para la construcción, adquisición o ampliación de viviendas. (http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2006/coyuntura_169.htm#08)
Para el Ministro de Educación y Deportes (MED), Aristóbulo Isturiz, Venezuela podría universalizar la educación básica para el año 2007. El titular afirmó que durante su gestión se han reparado 9 mil 500 planteles y se estima que 2 mil 400 más serán atendidos para el 2006, contando para ello con una inversión de 1,4 billones de bolívares, provenientes del aporte de las gobernaciones, Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), entre otros organismos del Estado. Istúriz anunció además que 340 millardos de bolívares serán destinados a la construcción de un liceo, una escuela y un preescolar en cada uno de los 24 estados venezolanos. (Agencia Bolivariana de Noticias, 18/06/2006 http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=50730&lee=Array[0])
El 10.06.06 el Presidente de la República Bolivariana, Hugo Chávez, realizó un acto en Maracaibo para dar inicio al Plan Educativo Nacional, el cual aspira construir 88 nuevas edificaciones educativas en el país. Durante el evento, el primer mandatario colocó la piedra fundacional de la primera Ciudad Educativa Integral Bolivariana, construida en la localidad del Marite de la urbanización Pinto Salinas, en Maracaibo, Zulia. “La edificación de ciudades integrales educativas bolivarianas contempladas en el Plan Excepcional de Construcción de Planta Física Escolar 2006 devuelve al pueblo la educación con calidad que le fue arrebatada por el neoliberalismo durante la IV República” declaró. La inversión prevista para el desarrollo del plan es de Bs. 200 mil millones. Más tarde, el Presidente encabezó el acto realizado en la Plaza de Toros Monumental de Maracaibo en el que siete mil educadores, de 21 municipios del estado Zulia, pasaros de la figura de interinato a incorporarse plenamente al sistema educativo nacional como docentes titulares. En su alocución el primer mandatario recordó los beneficios sociales que acompañan el cambio de la figura contractual, que incluye tres meses de aguinaldo, cesta tickets y jubilación para todos los docentes. (Ultimas Noticias, 11.06.06, pág. 6).
El 21.06.06 el Ministro Istúriz presentó ante la Comisión de Finanzas y de Educación de la Asamblea Nacional el Plan Excepcional de Infraestructura Escolar 2006, que incluye la construcción de las 88 obras anunciadas, estimando la inversión en 344 millardos de bolívares. Asimismo, anunció que para 2007 se ejecutarán recursos superiores al billón de bolívares para la construcción de instalaciones educativas en todo el país, con apoyo de varios organismos públicos. En su derecho de palabra explicó a los parlamentarios que el Plan Excepcional de Infraestructura Escolar 2006 comprende la construcción de 24 Simoncitos, 24 Escuelas Bolivarianas, 24 Liceos Bolivarianos Compactos, 10 Liceos Bolivarianos Metropolitanos, 5 Escuelas Técnicas Robinsonianas, y una Ciudad Integral Escolar Bolivariana. Resaltó que estos proyectos permitirán incorporar alrededor de 68 mil nuevos estudiantes al sistema educativo formal. (Prensa MED, 22.06.06, http://www.me.gov.ve/modules.php?name=News&file=article&sid=1062).
Educación para personas en condiciones especiales
El 05.06.06 un grupo de representantes de los alumno/as de la Escuela Básica Experimental Laboral Francisco de Miranda, ubicada en Los Teques, realizaron una protesta pacífica para manifestar su rechazo a la medida de desalojo iniciada contra el colegio, emitida por el Tribunal XI del Ministerio Público. Los representantes de los alumnos afectados se apostaron con pancartas en la avenida Pedro Russo Ferrer, ocasionando una congestión vial en uno de los accesos principales a la población. Yetsalín González, una de las madres afectadas, manifestó su frustración por la ausencia de respeto hacia el proceso reeducativo de los estudiantes con limitaciones y de condiciones especiales que son atendidos en esta institución educacional. «No podemos permitir el traslado de los nuestros hijos a otro plantel, sobre todo porque está terminando el año escolar. En este centro se ofrecen talleres y manualidades, que seguramente no tendrán en las escuelas en las que sean reubicados. Además, si permitimos el traslado, no conseguiremos una nueva edificación», expresó. Desde hace varios años, la EBEL Francisco de Miranda tiene su sede dentro de las instalaciones del Servicio Autónomo de Protección Integral del Niño y el Adolescente de Miranda (Sepinami). (El Universal, 14.06.06, http://noticias.eluniversal.com/2006/06/14/ccs_art_14444E.shtml)
De acuerdo con cálculos que maneja el jefe de la Zona Educativa del estado Miranda, Aníbal Istúriz, en la entidad se reporta un déficit de 50 escuelas de educación especial, adscritas al ministerio. “Sólo en los Altos Mirandinos hay un aproximado de 300 niños que esperan ingresar a esas instituciones. De hecho, en los últimos 47 años sólo han sido construidos 25 planteles públicos de este tipo”. El funcionario declaró que lo ideal es que se construyan centros por especialidad, pues a su juicio “no se debe mezclar en un mismo plantel infantes con deficiencias visuales y auditivas”.
Ante esta situación, la gobernación de Miranda, a través del Instituto Regional de infraestructura Obras y Servicios, trabaja en un proyecto para construir, en las 21 jurisdicciones de la entidad, un plantel especial. Según el presidente del Instituto Autónomo de Infraestructura, Obras y Servicios (INFRAMIR), Gustavo Cabello, se asignaron dos terrenos para el levantamiento de estos centros en las poblaciones de Guatire y Río Chico. “Estos centros, que están en proyecto, ofrecerán los servicios de talleres de capacitación laboral y cada uno tendrá capacidad para atender a 50 infantes con problemas motores, dificultades auditivas, deficiencias visuales e intelectuales”, explicó Cabello. (El Nacional, 11.06.06, B/24).
Por su parte, Marisol de Sánchez, directora encargada del Instituto de Educación Especial Brisas del Mar, ubicado en Barcelona, estado Anzoátegui, denunció que el plantel posee un déficit en mobiliario que entorpece el inicio de actividades. “Faltan todos los muebles. Queremos un aire acondicionado y pintura de pared”. La institución tiene capacidad para atender a 50 estudiantes. (El Tiempo, 12.06.06, pág. 11).
Yelitza John Rangel, coordinadora del area de atención para discapacitados de la Dirección de Educación Especial del Ministerio de Educación y Deportes (MED), declaró que el Ministerio promueve el cumplimiento de lo establecido en la Norma Venezolana 2733-2005 sobre Accesibilidad al Medio Físico, según la cual todo edificio destinado a la función educativa deberá cumplir con los principios generales para el diseño, proyección, construcción, remodelación y adecuación de edificaciones. “El diseño y la construcción de casi la totalidad de las aulas escolares no contemplan las necesidades básicas de desplazamiento y uso interno. Las barreras arquitectónicas en las escuelas se convierten de esta forma en un obstáculo para su pleno desarrollo”, afirmó. La funcionaria propuso la construcción de instituciones educativas de un solo nivel y en el caso de poseer varias plantas, garantizar la presencia de rampas de acceso, ascensor con dimensiones que garanticen el ingreso y permanencia de personas en sillas de ruedas y la posibilidad de acompañante, barras pasamanos en los pasillos, escaleras y aulas, así como las respectivas adaptaciones en los servicios sanitarios. “Es necesario influir en todos los sectores de la sociedad y la comunidad para abrir cauces, identificar necesidades y prioridades, evaluar los servicios, las plantas físicas de los centros educativos, promover el cambio y la conciencia pública, para evitar que prosperen los estereotipos y los prejuicios tradicionales que impiden el acceso de nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos a una educación integral y de calidad”. (Agencia Bolivariana de Noticias, 19.06.06, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=50815&lee=Array[0])
Por otra parte, la Alcaldía Mayor inauguró la sede para las oficinas del Sistema Metropolitano para la Integración Social y la Igualdad de Oportunidades de las personas con discapacidad o necesidades especiales, cuya función será el apoyo hacia la población discapacitada. La infraestructura consta de dos pisos y está ubicada entre las esquinas de Hoyos y Cipreses, en la avenida Lecuna de Caracas. La remodelación estuvo a cargo de la Fundación Vivienda, adscrita al gobierno metropolitano, con una inversión de 385,13 millones de bolívares. El Secretario General de Gobierno, Jairo Hernández, explicó que en la planta baja del edificio funcionarán los espacios del Sistema Metropolitano para las personas con discapacidad; en el primer piso funcionará el Consejo Metropolitano del Adulto Mayor y en el último piso se dictarán talleres de capacitación y cooperativismo, dirigido a los abuelos y las personas con discapacidad.
Se destacó que los psicólogos, terapeutas, intérpretes de lenguaje de señas y promotores sociales tendrán en el segundo piso un espacio para la reflexión con la población atendida, cuyos cálculos se estiman en 500 mil personas. (El Mundo, 13.06.06, pág. 5).
El 09.06.06, Nixon Contreras, director del Programa de Atención en Salud para las personas con Discapacidad, anunció la dotación de equipos para electroterapia y mecanoterapia para el Complejo Hospitalario “Dr. José Ignacio Baldó” y el Hospital Rísquez en Caracas. Efraín Rosas Jiménez, director del complejo hospitalario del algodonal manifestó su satisfacción al recibir estos equipos, que complementan el abastecimiento del servicio de rehabilitación. “Desde el año pasado periódicamente el Ministerio de Salud ha ido abasteciendo este servicio, con el objeto de tratar la discapacidad severa, ya que la discapacidad moderada es atendida en el segundo nivel de atención, es decir, en las Salas de Rehabilitación Integral”, afirmó el funcionario. El Programa de Atención en Salud para las personas con Discapacidad consta de 5 estrategias de acción: la prevención de discapacidad, fortalecimiento de la red de Servicios de Rehabilitación Integral, equipamiento, vigilancias epidemiológicas de la discapacidad y formación de recurso humano. (Prensa Radio Nacional de Venezuela, http://www.rnv.gov.ve/noticias/index.php?act=ST&f=21&t=34352).
Índice de Precios al Consumidor (IPC)
| Mes | Tasa de variación mensual | Tasa de variación intermensual | Tasa de variación acumulada 2006 | Tasa de variación Interanual 2005/6 |
| Enero | 0,7 | x | x | -1,2 |
| Febrero | 0,3 | -0,4 | 1 | 0,2 |
| Marzo | 0,9 | 0,6 | 1,9 | -0,3 |
| Abril | 0,6 | -0,3 | 2,5 | -0,7 |
| Mayo | 1,6 | 1 | 3,5 | -0,9 |
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) del área metropolitana de Caracas registró en el mes de mayo una tasa de variación de 1,6%, superior a la del mes de abril (0,6%) e inferior a la reportada en mayo de 2005 (2,5%). Con este resultado, la variación acumulada al cierre del quinto mes del año 2006 se ubica en 3,6%, menor a la de igual período del año anterior (7,4%). Explicó el ente bancario que el resultado del IPC en el mes de mayo obedece, principalmente, a las alzas de precios registradas en Alimentos y bebidas no alcohólicas, agrupación que reportó una variación de 4,7%, atribuible a una baja en la oferta de productos agrícolas, asociada a un período estacional de menor producción.
Este comportamiento de los alimentos no durables contribuyó al repunte en los precios de los rubros no controlados (de 0,7% a 2,8%); mientras que los rubros sujetos a control de precios mantuvieron una tasa de crecimiento similar a la del mes previo (de 0,5% a 0,4%). El análisis por agrupaciones revela que, además de Alimentos y bebidas no alcohólicas, otros tres grupos mostraron aceleraciones de precios: Equipamiento del hogar (de 0,3% a 2,2%), Vestido y calzado (de 0,4% a 1,0%) y Transporte (de 0,3% a 0,7%).
En sentido contrario, 5 agrupaciones mostraron tasas menores respecto al mes anterior: Salud (de 1,5% a 0,3%), Servicios de educación (de 0,7% a 0,0%), Bebidas alcohólicas y tabaco (de 1,2% a 0,6%), Comunicaciones (de 3,2% a –0,3%) y Servicios de la vivienda (de –0,3% a –1,5%); estos 2 últimos debido a ofertas promocionales en telefonía celular y a la aplicación del factor de ajuste por el combustible utilizado en la generación de la energía eléctrica, respectivamente.
El mencionado comportamiento de los precios de los productos agrícolas determinó una variación de 2,7% en los bienes, mayor a la tasa registrada por los servicios, la cual se ubicó en 0,6%.
El Núcleo Inflacionario, indicador que excluye a los rubros con precios controlados y a los que responden a factores estacionales, arrojó una variación de 1,1%, con lo cual mantiene el mismo ritmo de crecimiento mostrado desde el inicio del año 2006. El resultado del Núcleo en el mes se ubicó por debajo del indicador global de precios al consumidor (1,6%), debido, en buena parte, al efecto que los alimentos no elaborados tuvieron en el IPC, al registrar una variación de 13,6%.
Con los resultados observados del IPC en el período, la variación anualizada se ubica en 10,4%, la más baja obtenida desde mayo de 1986.
Salario y consumo
Por otra parte, Luis Vicente León, director de Datanálisis, declaró el 08.06.06 que a pesar del crecimiento experimentado en la actividad económica en los últimos diez trimestres, reflejado en un aumento del consumo en 15%, los consumidores venezolanos siguen siendo de bajos ingresos. El analista explicó que en Venezuela, entre los años 2001 y 2003, el salario perdió cerca de 10% de su capacidad de compra, pero entre el tercer trimestre de 2004 y diciembre de 2005 se recuperó entre 4% y 5%. Agrega que, gracias a las Misiones, los segmentos socioeconómicos D y E son los que más ingresos porcentuales han percibido en los últimos años. “Es una población que comienza su proceso de recuperación, que gana más, pero no son personas satisfechas, sienten que el consumo no mejora y que el dinero no les alcanza porque tenían mucho rezago en necesidades no cubiertas y aun cuando la cantidad que les ingresa es mayor, proporcionalmente la recuperación del ingreso es muy pequeña”.
Al referirse a cada estrato social, León acotó que las personas de las clases D y E perciben un salario diario o semanal, lo que las obliga a hacer pequeñas compras a lo largo de la semana. «55,9% de sus ingresos va para alimentación, es muy elevado, les queda muy poco para el resto de sus necesidades”. Informó que dichos estratos sociales destinan 9,6% de sus ingresos a vivienda, 6,8% a transporte y 6,2% a salud. Los datos recopilados por Datanálisis para la clase media indican que el gasto en consumo de alimentos es más bajo, 48,4% ; “ganan más, por lo que destinan menos porcentaje de sus ingresos a la comida. En cambio, los gastos son 12,8% en vivienda, 5% en transporte y 6% en salud”. Según León, la mejora del salario se refleja en un incremento del uso del crédito. “La gente se arriesga a endeudarse; este año ha crecido la venta de vehículos y viviendas a crédito, así como el uso de tarjetas”. (Últimas Noticias, 08.06.06, pág. 26).
Una información divulgada por el Ministerio de Comunicación e Información (MCI), estimó el promedio mensual de los beneficiados en la Misión Alimentación. Según las cifras, 11 millones 175 mil 494 han sido los beneficiados a través de los 15 mil 717 establecimientos de Mercados de Alimentos; más 911 mil 250 favorecidos con almuerzos y meriendas diarias en las 6 mil 75 Casas de Alimentación, desplegadas en todo el país. (Ministerio de Comunicación e Información, 16.06.06, http://www.mci.gob.ve/noticiasnuev.asp?numn=10305).
El 11.04.06 ocho familias ocuparon apartamentos del edificio Jota Jota, ubicado en la avenida Bolívar de Los Teques, un inmueble que estaba parcialmente desocupado. El 05.06.06, un grupo de inquilinos solicitaron la intervención de la Defensoría del Pueblo y de los entes gubernamentales, solicitando el desalojo de los ocupantes. (El Universal, 08.05.06, 4/1). Una mujer, identificada como viuda de Victorino Santaella Ruiz, señaló ser la propietaria del inmueble y denunció el hecho como una invasión. El 06.06.06 una delegación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas ejecutaron una orden de allanamiento, ordenado por el Tribunal 6º de Control. Antes de cumplirse la medida, siete familias abandonaron la edificación, por lo cual resultaron detenidas siete mujeres y un hombre. Los niños y adolescentes encontrados en el operativo fueron entregados a sus familiares. Una nota de prensa resalta que los funcionarios utilizaron la persuasión y el diálogo, «sin que para ello se les hubiesen violado alguno de sus derechos». (Diario Avance, 12.06.06, pág. 3). El 13.06.06 les fue impuesta una medida privativa de libertad.
La fiscal II del Ministerio Público, Josselina Fernández, presentó las pruebas que llevaron al juez a decidir la medida, según el artículo 250 del COPP. «El Código Procesal Penal establece, en su reforma parcial, que quien con el propósito de obtener para sí o para un tercero provecho ilícito, invada terreno, inmueble o bienhechurías ajenos, incurrirá en prisión de cinco a diez años y multa de cincuenta unidades tributarias. El solo hecho de invadir sin que se obtenga provecho acarrea la pena anterior, que puede ser rebajada, a criterio del juez, hasta una sexta parte. En cambio, para el promotor, organizador o director de la invasión la pena puede aumentar hasta el doble», explicó. (El Universal, 13.06.06, 4/2).
El Estado venezolano viene actuando de manera incoherente frente a la problemática de las ocupaciones. Mientras algunos voceros de instituciones tales como la Asamblea Nacional o Alcaldes, afirman que no se debe desalojar a las familias pobres que ocupan viviendas y que debe pensarse en expropiar edificios para vender a las familias las viviendas a precios accesibles, otros desde sus instituciones promueven los desalojos y el encarcelamiento de ocupantes. Los pobres que reclaman derechos, terminan siendo las víctimas de la última reforma del Código Penal realizada por los parlamentarios afectos al gobierno. Poco a poco las cárceles se van llenando de luchadores sociales o si no se les priva de libertad, son sometidos durante años a regímenes de presentación periódica en tribunales.
El 22.06.06 el Juzgado de Sustanciación de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), admitió la solicitud de nulidad de contrato administrativo suscrito por el gobernador del estado Carabobo, Luis Felipe Acosta Carlez, y la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (Insalud). (http://www.tsj.gov.ve) Dicho entendimiento había sido denunciado como un intento de privatizar parte del sistema de salud público de la región. (http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2006/coyuntura_170.htm#12). Ese mismo día, el Contralor General de la República, Clodosbaldo Russián, afirmó que el Gobernador Carléz debe presentar ante sus despacho los descargos en relación a las denuncias sobre contratos que ha entregado sin licitaciones, «en lugar de dar las explicaciones a los medios de comunicación» (El Nacional, 22.06.06, 2/A). Uno de los cuestionamientos a la decisión del primer mandatario regional obedece a que la empresa contratada fue constituida dos días antes del convenio, lo que motivó a que voceros de los sindicatos de trabajadores, del Colegio Médico local, diputados de Proyecto Venezuela, diputados del propio MVR y hasta el Defensor del Pueblo regional y otros grupos civiles, manifestaron su rechazo a lo que calificaron de «privatización» a cargo de una empresa «desconocida y sin credenciales». (El Universal, 21.05.06, http://www.eluniversal.com/2006/05/21/pol_art_21161A.shtml). El gobernador de Carabobo ha sostienido que no ha cometido falta alguna al adjudicar un grupo de contratos sin licitación en esa entidad, afirmando que el procedimiento fue completamente legal. (Televen, 22.06.06, http://www.televen.com/noticieromatutino/noticia.asp?contenido=10253).
Para la ciudad de Caracas, la recolección de desechos sólidos se ha convertido en un problema de salud pública de primer orden. Las cifras hablan de que diariamente la ciudad capital produce más de 2.200 toneladas de residuos. (Manuel Molina, 29.21.06, http://www.analitica.com/va/sociedad/articulos/4015989.asp). La Alcaldía de Caracas promoverá el reciclaje como forma de aminorar el problema, esperando reducir en 30% los volúmenes de desperdicios con la construcción de los Centros Comunitarios de Protección Ambiental. Para mediados de julio se anuncia la inauguración del primero, a ubicarse en la parroquia Santa Rosalía, detrás de Laboratorios Vargas. En el segundo semestre de 2006, según lo anunciado por Gustavo Rosario, Presidente de la Corporación de Servicios Municipales (CSM), se abrirán otros cinco dentro de las jurisdicciones de San Juan, Sucre, El Recreo, La Vega, Antímano y Caricuao. Los vecinos podrán vender en estos lugares cartón, papel, vidrio, plástico y aluminio. El material recaudado se negociará con las operadoras de reciclaje. El dinero que se produzca de la recolección se destinará a los gastos administrativos del centro, el pago al personal y a inversiones sociales. (Ultimas Noticias, 18.06.06, pág. 3).
Por otra parte, la Alcaldía de Caracas dio inicio a la “Operación cambalache”, por medio de la cual cambian desechos sólidos por comida. El Presidente de la Corporación de Servicios Municipales informó que esta es una actividad que se está realizando simultáneamente con la limpieza de cuencas y quebradas del Municipio Libertador, de las cuales, 90 por ciento de las de alto riesgo se han abordado, y 60 por ciento de las de segundo riesgo, pero aclarando que se mantendrá el personal permanentemente en esta limpieza para evitar accidentes a la hora que comiencen las lluvias torrenciales.
El funcionario explicó que este programa persigue motivar a la gente para que saque “los cachivaches y peroles reciclables que tienen en sus casas”, a la vez que reciben un aliciente al poderlos cambiar por productos alimenticios, tales como caraotas, arroz y azúcar, entre otros. El programa opera como un cestaticket comunitario. Las personas llevan sus cosas hasta los centros de recolección que habilita la CSM. Allí son pesados y clasificados, y dependiendo del tipo de material, que puede ser chatarra, aluminio, hierro, vidrio, cobre o bronce, se otorgan unos puntos que generan un ticket, con el cual las personas van al centro de canje donde hay una tabla y de acuerdo a los puntos que acumule pueden obtener diferentes productos alimenticios, ya que cada uno tiene un puntaje, explicó Rosario. La primera jornada de “Operación cambalache” se realizó el 09.06.06 en Los Eucaliptos (Alcaldía de Caracas, 10.06.06, http://www.caracas.gov.ve/index.php?option=com_content&task=view&id=431&Itemid=39&lang=), y la segunda el 17.06.06 en Propatria (Agencia Bolivariana de Noticias, 17.06.06, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=50627).
Provea en este momento realiza una investigación sobre el tratamiento de desechos sólidos en el Área Metropolitana. Agradecemos de antemano cualquier aporte, sugerencia o enfoque a la problemática, los cuales pueden ser comunicados por el e-mail [email protected], informació[email protected]
El 24.12.05 el gobierno venezolano presentó la Misión Negra Hipólita, un programa diseñado para atender a la población tradicionalmente excluida de los beneficios sociales. Su objetivo es rescatar, reivindicar y garantizar los derechos de las personas en situación de calle y de la población que vive en pobreza extrema. Según el anuncio, el programa está a cargo del Ministerio de Participación Popular y Desarrollo Social (Minpades), ente creado para regular, formular y desarrollar las políticas, la planificación estratégica y las actividades del Ejecutivo en materia de promoción, asistencia y desarrollo social de los grupos vulnerables. La presentación del programa fue realizada por el Presidente de la República Bolivariana, Hugo Chávez, en el Centro de Desarrollo Endógeno Humano Integral Manantial de los Sueños, ubicado en el municipio Acevedo, estado Miranda, donde la Alcaldía Mayor y Minpades albergan a 120 personas en situación de calle. La Viceministra de Desarrollo Social Integral del Minpades, Lídice Nava, especificó que se han planteado como objetivo crear 52 mil grupos de protección social, considerando que el país está dividido en igual número de comunidades. Se anunció, asimismo, la realización de un censo nacional de personas en situación de riesgo que se levantará con la ayuda de las gobernaciones y las alcaldías para organizar la oferta social sobre la base de datos concretos. (Agencia Bolivariana de Noticias, 24.12.05, http://www.abn.info.ve/reportaje_detalle.php?articulo=113).
A 6 meses del inicio del proyecto, el gobierno comienza a mostrar los primeros resultados, a la par de que expande sus actividades por todo el territorio nacional. El 01.02.06, según declaraciones del titular de Minpades, Jorge García Carneiro, arrancaría el proyecto en los estados Sucre, Falcón, Carabobo, Nueva Esparta y Bolívar, como proyecto piloto para luego extenderlo al resto de las entidades. El plan piloto se dirigirá a poblaciones que habitan alrededor de los vertederos y será acompañado de otro en Caracas, Vargas y Miranda, que contempla la instalación y articulación de 16 centros de atención para niños, niñas y adolescentes con problemas de drogadicción, adultos mayores en estado de abandono, mujeres adultas y adolescentes embarazadas, en pobreza extrema.
El 09.06.06 el Gobernador del estado Guárico, Eduardo Manuitt, inauguraba en el salón de sesiones del Consejo Legislativo la misión en la región. (Ministerio de Comunicación e Información, 09.06.06, http://www.mci.gob.ve/noticiasnuev.asp?numn=10308). El 14.06.06 se anunció que las personas que viven de los desechos sólidos que están acumulados en el vertedero de Santa Eduvigis, en el estado Vargas, serán atendidas a través de la Misión Negra Hipólita. La información fue suministrada por la coordinadora regional del Minpades, Lilimar Martínez, quien detalló que el plan de ayuda fue elaborado por varias instituciones sociales y será aplicado una vez que arranque oficialmente la misión en la entidad, lo que estaba previsto para el mes de julio. (Agencia Bolivariana de Noticias, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=50209&lee=Array[0]).
En Caracas se tiene previsto la recuperación de 1.200 hombres y mujeres para el 2006. Los primeros 60 se encuentran rehabilitándose en la Granja Militar El Caruto, ubicada en Belén, en Carabobo. La instalación comprende 5.700 hectáreas donde se encuentran 3.075 animales y 420 especies de vegetales. Los misioneros, como se conocen a los beneficiarios, aprenderán alguna labor con cama, comida y atención médica, odontológica y educativa, además de 120.000 bolívares como salario mensual. (El Mundo, 22.06.06, pág. 5).
Por otra parte, el 02.06.06 el Minpades celebró 1er. Reencuentro Familiar con beneficiarios de Misión Negra Hipólita. Cerca de 100 personas rescatadas de la calles pudieron compartir con sus familiares y amigos, en un evento realizado en el Centro de Atención Bejarano en Caracas. El Ministro Carneiro destacó que a 130 días de su implementación, la Misión Negra Hipólita está atendiendo con éxito a más de 4.500 indigentes del Área Metropolitana de Caracas, gracias a la puesta en marcha de la “ruta de abordaje”, integrada por los Educadores de la Calle. “No obligamos a nadie a salirse de la calle”, destacó, “pero cuando logramos convencerlos de que esa no es la mejor forma de vida, de que les estamos brindando una mano amiga y solidaria para que no sigan viviendo en esas condiciones; los trasladamos a los hogares de cuidado que hemos establecido en varias partes del país y procuramos su rehabilitación de los vicios que padecen, para devolverles la dignidad que merecen como venezolanos y como seres humanos”. (Prensa Minpades, 12.06.06, http://gp.cnti.ve/site/minpades.gob.ve/view/noticiaShow.php?id=43).
- Cumplir con el compromiso de eliminación progresiva del cobro directo e indirecto a los usuarios en la prestación de los servicios de salud.
- Garantizar recursos para el funcionamiento del Sistema Público de Asistencia a la Salud, que permita la dotación y mantenimiento de equipos, insumos médico quirúrgico y básicos de atención al paciente de manera permanente.
- Fortalecer el Programa Ampliado de Inmunizaciones del Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS), ampliando su cobertura en la población de niños/as de hasta 5 años hasta el 100%.
- Fortalecer los sistemas nacional y regional de registros de datos en salud que permitan obtener datos confiables para la elaboración y aplicación de políticas de salud preventivas.
- Aprobar y promulgar una nueva ley de salud acorde con los parámetros establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con participación de los sectores involucrados y particularmente de los Comités de Salud.
- Aumentar la inversión pública en salud para llegar progresivamente a no menos del 5% del PIB, según lo establece la Organización Mundial de la Salud.
- Integrar el presupuesto destinado a la Misión Barrio Adentro al presupuesto del MSDS con el fin de asegurar la continuidad del plan y solventar la fragmentación del sistema público de asistencia a la salud.
- Garantizar un presupuesto adecuado para los estados, cumpliendo con criterios de distribución en materia poblacional. En las redes hospitalarias y ambulatorias, realizar una mayor y mejor inversión con control de gestión.
- Garantizar el acceso a medicamentos a toda la población que lo requiera y especialmente a aquellos que padecen enfermedades crónicas.
- Actualizar el anuario de mortalidad y disminuir la tasa de mortalidad materna y mortalidad infantil hasta lograr el cumplimiento de los objetivos planteados en la Cumbre del Milenio.
- Garantizar el cumplimiento de las Normas para la Clasificación y Manejo de Desechos en los establecimientos de salud.
- Relevar la salud mental dentro de las prioridades de las políticas públicas de salud.
- Actualizar el registro nacional de personas con VIH/Sida en el país
- Acentuar los esfuerzos para lograr la integración normativa, programática y territorial entre el sistema sanitario público y los centros de salud de la Misión Barrio Adentro, principalmente entre los consultorios populares (provisionales y módulos) de la primera etapa de BA, los nuevos centros de diagnóstico y rehabilitación de la segunda etapa; y los ambulatorios y hospitales públicos.
- Desarrollar y poner en práctica un Modelo de Gestión para los consultorios populares (provisionales o módulos), que defina claramente la composición, estructura y responsabilidades del equipo de salud que debe realizar labores permanentes o eventuales en cada consultorio.
- Establecer una normativa clara y sencilla para la constitución y el fortalecimiento de los Comités de Salud en la MBA, que no afecte su carácter voluntario, su autonomía respecto a las responsabilidades de los órganos públicos ni su papel como instrumento de participación comunitaria en la promoción y defensa de la salud de todos los miembros de la comunidad.
- Formular y poner en ejecución un programa y sistema de abastecimiento, dotación y mantenimiento regular de los consultorios populares, en función de la programación y el volumen de actividades realizadas por estos, estableciendo para cada parroquia, municipio y estado el ente público encargado de coordinar la ejecución del programa y, a nivel nacional, el ente público encargado de fijar las políticas y de coordinar el financiamiento para garantizar su sostenimiento
- Acelerar la construcción y equipamiento de los módulos de la MBA que faltan para reemplazar los consultorios provisionales en todos los estados del país, considerando la ampliación del tamaño de los mismos y garantizando el control estricto de la calidad de construcción y su ubicación, en correspondencia con la opinión de las comunidades y los criterios que deben aplicarse respecto al entorno inmediato de una edificación que presta servicios de salud.
(Provea, 22.06.06. http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2004_05/2017/06/Propuestas.pdf)
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
En un comunicado de prensa de fecha 19.06.06, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, deploró el asesinato del señor José Joaquín Tovar, director del semanario Ahora. «De acuerdo a la información recibida por la Relatoría, el cuerpo del señor Tovar, quien escribía una columna editorial donde denunciaba actos de corrupción, fue hallado sin vida el 16 de junio de 2006 en la entrada del estacionamiento del edificio donde funciona el seminario Ahora, en la ciudad de Caracas. Su cadáver presentaba 11 impactos directos de bala». El CIDH solicita a las autoridades venezolanas investigar el hecho de manera rápida y eficaz para que se sancione debidamente a sus responsables. En su comunicación recuerdan que «El Principio 9 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la CIDH señala que el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada».
Asimismo, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión consideró que conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los Estados tienen el deber de prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos allí reconocidos. «La investigación minuciosa, efectiva y rápida de los crímenes cometidos en contra de los comunicadores sociales es esencial para enviar un mensaje firme en cuanto a que el Estado no tolera graves violaciones a la libertad de expresión, y para asegurar que los periodistas pueden continuar desarrollando su labor con seguridad», finalizó el comunicado.
Para mayor información sobre la Relatoría visitar http://www.cidh.org/relatoria
El informe 2006 de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, revela que entre 1995 y 2005 fueron reportados 336 casos de personas que fueron sometidas a torturas y maltratos por parte de agentes del Estado. Fiorella Perrone, integrante de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, señaló que el organismo del Estado que más ha sido denunciado por maltratos es la Policía Metropolitana, seguida de los cuerpos regionales de seguridad. «La tortura es una práctica instalada en los cuerpos de seguridad del Estado venezolano, son los funcionarios o funcionarias policiales o militares, responsables de velar por la integridad de los ciudadanos, quienes la practican amparándose en el poder que tienen y en la impunidad de la que gozan», afirma el informe. Perrone Indicó que la cifra de 336 sólo incluye personas que se han acercado a la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz para denunciar sus casos. Agregó que a pesar de que prestan ayuda a las víctimas de torturas, muchos de los denunciantes no exponen sus casos ante el Ministerio Público y por ende se reducen las posibilidades de que los responsables sean sancionados. «Hay impunidad frente a este tipo de delitos, son muy pocos los casos en que llegan a castigarse a los culpables, la mayoría sigue en total impunidad». En sus declaraciones, realizadas en el acto de presentación del informe, la activista en Derechos Humanos enfatizó que no existen funcionarios de seguridad que hayan sido juzgados por torturas, y explicó que otro de los motivos es la falta de una ley que estipule tal violación de los derechos humanos como un hecho punible: «No hay marcos jurídicos adecuados, no tenemos una ley que prevenga y castigue la tortura, y en ese sentido la Asamblea Nacional está en mora para que se establezca la tortura como un delito grave».
Según las cifras del informe el 76% de los afectados son de sexo masculino y el restante 24% femenino. (El Nacional, 24.06.06, A/4)
El 22.05.06 el director para las Américas del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Philippe Lavanchy, sostuvo una reunión con el Vicepresidente Ejecutivo, José Vicente Rangel, para fortalecer el sistema de protección hacia los refugiados y desplazados internos provenientes de Colombia. Lavanchy declaraba que recibía de parte del ejecutivo nacional “un compromiso muy fuerte, humanitario, para intentar de resolver de la mejor manera el tema de los refugiados, un esfuerzo para hacer aún más en términos de documentación, de sistemas de determinación del estatuto de refugiados en Venezuela”. El funcionario indicó que la sede del Acnur existente en el país había tratado más de 1.000 casos, reportando otros 6.000 mil casos pendientes. “Además de ellos, creemos que hay varios miles, otras personas que están en el país y que todavía no han solicitado su reconocimiento o no están informados al respecto. Estamos aclarando estas cifras con Venezuela para tener una imagen más clara de cuantas personas estarían en esa situación”. (Prensa Vicepresidencia, 22.05.06, http://www.vicepresidencia.gov.ve/boletin.asp?id=1620).
Según los datos recopilados por la investigación de la Comisión para los Refugiados e Inmigrantes de Estados Unidos (Crieeuu), Venezuela es el segundo país del mundo con mayor número de refugiados extranjeros. Tal status habría sido alcanzado tras aceptar legalmente a más de 18 mil colombianos en 2005, la mayoría víctimas de la violencia del conflicto armado. (El Universal, 18.06.06, 1/6, http://www.eluniversal.com/2006/06/18/pol_art_18106B.shtml).
Según cifras del Acnur, publicadas en el informe “Tendencias mundiales sobre refugiados en 2005”, estimó en 8.4 millones la cantidad de refugiados en el mundo, y en 6.6 millones las personas desplazadas al interior de sus fronteras nacionales por causa de conflictos. Según las estadísticas, sólo cinco nacionalidades representan cerca de la mitad de la población bajo competencia del Acnur: afganos (2.9 millones), colombianos (2.5 millones), iraquíes (1.8 millón), sudaneses (1.6 millón) y somalíes (839.000). Colombia, al contar con más de 2 millones de desplazados internos, acoge la población más importante de personas desarraigadas bajo competencia del Acnur. Luego vienen Iraq (1.6 millón), Pakistán (1.1 millón), Sudán (1 millón) y Afganistán (912.000).
El reporte «Tendencias mundiales sobre refugiados en 2005» publicado por el ACNUR precisa que, a pesar de la reducción del número total de refugiados, que pasó de 9.5 millones en 2004 a 8.4 millones el año pasado, el número global de personas bajo la competencia de la agencia aumentó 1.3 millón en 2005, pasando de 19.5 a 20.8 millones. Este aumento se debe básicamente al incremento del número de personas que viven en situaciones similares a la de los refugiados pero al interior de su propio país. El ACNUR contabiliza hoy en 16 países unas 6.6 millones de personas desplazadas al interior de sus fronteras nacionales por causa de conflictos, mientras a finales de 2004 eran 5.4 millones en 13 países. (Acnur, 09.06.06, http://www.acnur.org/index.php?id_pag=5173)
Tráfico de personas
El informe anual del Departamento de Estado norteamericano sobre el tráfico de personas en el mundo, presentado en Washington el 05.06.06 por la secretaria de Estado Condolezza Rice, afirmó que Venezuela continuaba entre los 12 países del mundo que no cumplen con los requisitos mínimos para combatir el tráfico de personas. “El Gobierno de Venezuela mejoró sus esfuerzos para arrestar a personas sospechosas de ser traficantes. Sin embargo, por cuarto año consecutivo no hubo ningún informe de que haya habido un juicio o una condena penal para un traficante”. (El Nacional, 06.06.06, B/22). El gobierno venezolano, a través de su Embajada en Washington, rechazó la acusación sobre la supuesta falta de colaboración, ignorando los grandes esfuerzos y avances que hace el Ejecutivo para combatir este flagelo. (Ultimas Noticias, 07.06.06, pág. 19). “El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela tiene una extensa lucha contra el tráfico humano y ha dado pasos importantes durante el último año para proteger a las víctimas, enjuiciando a 21 traficantes y proporcionando a las fuerzas policiales e instituciones públicas las herramientas para abordar el problema”, señaló un comunicado. Cifras proporcionadas cuantifican que durante el año 2005 y el primer trimestre del 2006, un total de 2.130 funcionarios del gobierno y organizaciones no gubernamentales, comunales y municipales, fueron entrenados para identificar y asistir a las víctimas de trata de blanca. Asimismo, el gobierno anunció un plan para invertir 170.473 dólares en una campaña que permita a las comunidades identificar y actuar contra este flagelo, “lo que representa un incremento de 326 por ciento en relación a lo invertido en el 2005”. (El Mundo, 06.06.06, pág. 2). Sean McCormack, portavoz del Departamento de Estado, afirmó que “Si el Gobierno de Venezuela ha hecho estos procesamientos y son procesamientos reales, ciertamente eso se verá reflejado en futuros informes”. (El Universal, 07.06.06, 4/1).
El mismo día que se hacían estas declaraciones la jueza 34 de control, Alejandra Rivas, decretaba el encarcelamiento del Teniente (GN) José Guevara Sánchez y el Sargento (GN) Ruben Duque Africano por el caso de los 17 inmigrantes chinos que luego de permanecer secuestrados en el estado Carabobo, fueron trasladados a Caracas el 16.04.06. (Ultimas Noticias, 07.06.06, pág. 28).
Guevara y Duque fueron capturados por una comisión de Inteligencia del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, (Cicp) luego de ser identificados como parte del grupo que trasladó hasta Caracas a los 17 inmigrantes asiáticos que estaban cautivos en un caserío cercano a Valencia. Ambos funcionarios estaban adscritos al Centro Lacustre de la GN, con sede en la capital carabobeña. Según las versiones difundidas, los oficiales fueron contactados por miembros de una organización criminal que intentaban recobrar a los inmigrantes para enviarlos hacia Estados Unidos. (El Nacional, 09.06.06, B/27).
El 16.06.06 funcionarios del Cicp detuvieron a Rosa Antonia Barahona, una ciudadana de origen peruano, acusada de conformar una red que traía personas de Perú de manera ilegal. Durante el operativo los funcionarios encontraron a dos mujeres de 25 años que esperaban ser contratadas como servicio doméstico. Las autoridades presumen que mediante su trabajo, las jóvenes debían pagar los 6.000 dólares que costó su traída al país. (El Nacional, 17.06.06, B/23). Una fuente difundida por Ultimas Noticias declaró “La mujer llevaba más de 10 años dedicada a esta práctica ilegal junto a su esposo, quien fue detenido el pasado mes de abril por funcionarios de la Policía Municipal de Chacao tras ser denunciados por dos coterráneos por estafar junto a un cómplice”. (Ultimas Noticias, 17.06.06, pág. 30).
En fecha 23 de junio de 2006 el ciudadano ANGEL GABRIEL ROSALES MORENO, de 19 años de edad, Cédula de Identidad Nro. 17.932.716, denunció en Provea y ante el Servicio Jesuita a Refugiados que recibía maltratos físicos en el Batallón de Reserva Batalla de la Victoria con sede en Fuerte Tiuna.
El soldado denunció que los maltratos fueron propinados por el Capitán Leoncio Moreno, quien le envolvió la cabeza con un trapo casi asfixiándolo y después golpeó su cabeza varias veces contra la pared. En los días posteriores, mantuvo un hostigamiento permanente con amenazas e insultos.
El denunciante igualmente expresó que el día 19.06.06 se venció el permiso que le concedieron para visitar su familia y que decidió no regresar al Batallón hasta tanto no se le brinden garantías de que no será nuevamente maltratado.
Es importante destacar que este joven ingresó voluntariamente a la Fuerza Armada Nacional y desea continuar prestando servicio.
El Servicio Jesuita para Refugiados junto a Provea presentaron formalmente la denuncia ante la Dirección de Derechos Humanos de la Fuerza Armada.
Es de destacar que nuestras organizaciones en anteriores oportunidades han tramitado casos similares ante esta Dirección obteniendo resultados satisfactorios. El soldado desea regresar al Ejército con la garantía de que se respetarán sus derechos humanos.
Desde hace 15 días el activista de derechos humanos se encuentra detenido por órdenes de un tribunal bajo la acusación fiscal de obstruir la justicia. Ugas fue detenido el pasado sábado 03 de junio cuando junto a otras personas reclamó ante una juez y funcionarios policiales el desalojo violento que se realizaba en el edificio San Laureano en Bello Monte, un inmueble ocupado por personas carentes de vivienda.
Rafael Ugas se encuentra preso en el reciento carcelario conocido como Zona 7, en el sector Boleíta de Caracas, bajo control de la Policía Metropolitana. En ese recinto Ugas está en una celda junto a otras 40 personas acusadas de diversos delitos. La situación que vive Rafael Ugas y los demás detenidos es deplorable, pues duermen en el suelo y deben hacer sus necesidades fisiológicas en la misma celda, en un rincón seleccionado para ello por los propios presos. Cada día en la mañana deben lavar la celda.
La alimentación es pésima y durante una visita al recinto del Coordinador General de Provea, Marino Alvarado, varios presos denunciaron que cuando sus familiares les traen comida, la policía la recibe pero no llega al destino de los presos. Los familiares deben esperar hasta tres horas para ingresar a una visita que dura sólo treinta minutos. La esposa de Ugas junto a un activista de derechos humanos, llegaron a la 1:00 p.m. y fue sólo a las 3 :40 p.m. que se les permitió el ingreso, pues la policía realiza lentamente el procedimiento de ingreso para desesperar a los familiares , quienes deben esperar bajo lluvia o sol que se les permita la entrada.
La llamada “Emergencia Carcelaria”, decretada recientemente por el Ministerio de Interior y Justicia (MIJ), no ha llegado a estos centros de reclusión que son transitorios, en el que las personas permanecen mientras los jueces deciden si ratifican o no las medidas privativas de libertad.
Ya Provea había informado sobre el hostigamiento sufrido por Luis Rafael Ugas, quien es presidente de la Fundación para las Garantías, Prevención y Defensa de los Derechos Humanos (FUNGAPDEHCA) (http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2006/coyuntura_169.htm#18). El 17.05.06 había sido víctima de un allanamiento a su domicilio.
- Investigar y sancionar a los funcionarios responsables de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, hostigamiento o allanamientos sin orden judicial.
- Adelantar las investigaciones y aplicar las sanciones que correspondan a funcionarios del Ministerio Público que por acción u omisión permitan la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
- Garantizar el cumplimiento de las guardias nocturnas y en días feriados de los fiscales del Ministerio Público.
- Garantizar la integridad física de toda persona detenida en centros de reclusión tanto civiles como militares.
- Garantizar una investigación exhaustiva y la sanción correspondiente a los responsables de actos de hostigamiento contra las personas que denuncian violaciones a los derechos humanos, casos de corrupción o que expresen ideas adversas al Gobierno Nacional.
- Garantizar una investigación exhaustiva y la sanción correspondiente a los superiores responsables de malos tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes aplicados a soldados o reclutas en el marco de actividades de entrenamiento o como castigo a la comisión de faltas o infracciones a los reglamentos militares.
- Establecer un programa estatal dirigido a la rehabilitación física, psicológica y social de las víctimas de tortura.
- Diseñar una política de formación y difundir entre los efectivos policiales y militares y la población en general, los Convenios y Acuerdos Internacionales suscritos por Venezuela que prohíben la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
- Desincorporar al Instituto de Medicina Legal del ámbito de competencia del Ejecutivo, a fin de garantizar la independencia de las actuaciones de este organismo. Asimismo, garantizar que todos los detenidos sean examinados por un médico forense antes de ingresar al centro de detención, durante su permanencia en él y antes de quedar en libertad.
- No utilizar a la Guardia Nacional u otro componente de la Fuerza Armada Nacional en las funciones ordinarias de seguridad ciudadana.
- Agregar, con la reforma del Código Penal, disposiciones relacionadas con las torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
- Que la Asamblea Nacional discuta y apruebe a la brevedad la legislación sobre la sanción a la tortura, de conformidad con la Disposición Transitoria Cuarta de la CRBV.
- Que la Asamblea Nacional legisle en función de prevenir y sancionar los delitos de tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en concordancia con los instrumentos internacionales sobre derechos humanos ratificados por Venezuela.
- Aprobar y ratificar el Protocolo Opcional para la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptado el 18.12.02 por la 57ª sesión de la Asamblea General.
(Provea, 22.06.06. http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2004_05/2017/06/Propuestas.pdf)
INVITACIONES A EVENTOS
ARTÍCULOS
NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS
DOCUMENTOS
Del 14 al 27 de abril de 2006
Boletín electrónico Nº 170
EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE JUNIO
01 Aprobación de Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente en Venezuela
04 Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión
05 Día Mundial del Medio Ambiente
08 Día Mundial de los Océanos
12 Día Mundial Contra el Trabajo Infantil
14 Día Mundial de la Donación de Sangre
17 Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía
20 Día Internacional del Refugiado
21 Día Internacional de la Educación No Sexista
21 Día por una América Latina Libre de Transgénicos
26 Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura
CONTEXTO
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) está en la búsqueda de un(a) Investigador(a) de Derechos Humanos que coordine el Programa de monitoreo, investigación y cabildeo en Derechos Humanos en Venezuela
La persona que desee optar a este cargo de tiempo completo debe, preferiblemente, ser egresada universitaria de una disciplina vinculada con las Humanidades o Ciencias Políticas, Jurídicas o Sociales. Su experiencia profesional/laboral y/o de activismo o militancia, debe incluir desempeños en actividades vinculadas con la investigación social y el análisis político, directa o indirectamente, relacionado con los Derechos Humanos, en especial con los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Es indispensable que esté comprometida con la defensa de los derechos humanos de todas las personas y, en particular, que privilegie la perspectiva de defensa y promoción de los sectores sociales más discriminados y excluidos. Debe poseer habilidades para la investigación, redacción de documentos, formulación de análisis políticos con perspectiva de derechos, elaboración de propuestas de políticas públicas con perspectiva de derecho, facilitación de procesos pedagógicos (formales o informales), vocería pública y representación institucional, con públicos diversos (instituciones públicas, organizaciones sociales de diverso tipo o medios de comunicación); así como para la planificación, monitoreo y evaluación de proyectos y programas y la coordinación de actividades complejas. Debe tener experiencia en alguna lucha colectiva por la exigencia de algún derecho social.
La persona que desee optar, debe residir en el área metropolitana de Caracas o sus zonas adyacentes y disposición a viajar fuera de la ciudad o el país, cuando los requerimientos del cargo lo exijan. Debe estar dispuesta a trabajar en horario no convencional. Debe manejar adecuadamente los más comunes programas de computación y es deseable que tenga un dominio básico del inglés.
Características personales
La persona que estamos buscando debe ser:
• Dinámica, organizada y eficiente.
• Analítica y estudiosa.
• Con impecable capacidad de expresión escrita.
• Con alta motivación por los logros colectivos.
• Con un compromiso ético con las luchas por la dignidad de personas y sectores sociales más excluidos y discriminados, en las que éstos son los principales protagonistas.
• Con capacidad y disposición para pensar y actuar de manera despolarizada, de manera tal que esté dispuesta a solidarizarse con las víctimas de violación a los derechos humanos, independientemente de sus opciones políticas o ideológicas.
• Con visión estratégica y capacidad para establecer prioridades y medir las consecuencias de sus decisiones.
• Con capacidad para dar respuesta adecuadas en situaciones de presión, con sentido de la oportunidad y paciencia.
• Con capacidad para establecer y mantener buenas relaciones interpersonales con personas diversas, tanto dentro del equipo de Provea, como de otras organizaciones sociales.
• Con capacidad para recibir críticas y aplicar correctivos oportunamente cuando estos sean adecuados.
Se recibirán Currículum Vitae hasta el lunes 12 de junio de 2006 .
Las entrevistas con las personas preseleccionadas serán entre el 14 y 15 de junio.
La incorporación de la persona seleccionada será el lunes 19 de junio de 2005.
Condiciones laborales
• Salario básico de 1.367.798 Bs mensuales
• Cesta ticket por un monto de: (de acuerdo a los días laborables del mes)
• 21 días de bono Vacacional por año
• 21 días de disfrute de vacaciones por año
• 15 días hábiles de vacaciones colectivas: 10 en diciembre y 5 en semana santa o carnaval.
• 2 meses de aguinaldo
• Otros beneficios establecidos en la legislación nacional
Enviar Currículum Vitae dirigido a Maureen Riveros , Coordinadora de Investigación, a las siguientes direcciones físicas o electrónicas:
Dirección oficina: Bulevar Panteón, Tienda Honda a Puente Trinidad, Edificio Centro Plaza Las Mercedes, PB, Local 6, Caracas.
Dirección electrónica: [email protected]. con copia a [email protected]
Teléfonos/fax: 8606669, 8621011 y 8625333.
Provea y otras organizaciones de derechos humanos, consideran que es perfectamente legítimo que el Estado adopte normas para regular el funcionamiento de las organizaciones sociales. Igual como hay normas para regular los sindicatos y cooperativas, se pudieran establecer nuevas normas con relación a las Asociaciones civiles, fundaciones y otras formas organizativas de la comunidad. Aunque las normas vigentes, son más que suficientes para regular su funcionamiento.
Lo que si debe quedar claro es que cualquier esfuerzo para regular las expresiones organizativas de la sociedad, debe orientarse a desarrollar el espíritu y propósito del articuló 52 de la Constitución. La norma constitucional establece que la participación del pueblo es un medio para lograr su protagonismo y que constituye una obligación del Estado y deber de la sociedad, facilitar la generación de condiciones más favorables para su práctica.
De manera que, si se pretende legislar con relación a las ONG y en el marco de ella, regular el financiamiento que reciben las organizaciones, esas normas deben crear mejores condiciones para que la sociedad civil pueda participar en la formación, ejecución y control de la gestión pública y no para dificultar o entrabar su actuación.
De conformidad con el artículo 132 de la Constitución promovemos y defendemos los derechos humanos como una forma de participar de manera solidaria en la vida política, civil y comunitaria del país. El cumplimiento de ese deber constitucional debe ser estimulado por el Estado, de tal manera que cada día haya más y mejores ciudadanos y organizaciones promoviendo los derechos humanos.
Las organizaciones de derechos humanos actuamos de manera pública, legal y transparente. Nunca nos hemos opuesto a que se conozcan nuestras fuentes de financiamiento, por demás conocida muy bien por el gobierno a través de sus órganos y entes del Estado.
Nos preocupa entonces que haya sectores interesados en crear una matriz de opinión que genera duda y sospecha sobre la actuación de las organizaciones diversas de las sociedad civil y como parte de ellas, las ONG de derechos humanos.
Miles de organizaciones con diversidad de intereses, aspiraciones e incluso afinidades políticas estimulan, promueven y canalizan la participación ciudadana. El discurso y en cierto sentido la práctica gubernamental viene estimulando esa organización de los ciudadanos. Resulta contradictorio que algunos sectores identificados políticamente con el actual gobierno, pretendan actuar en una dirección contraria. Nos preguntamos cuál es el empeño que tienen algunos diputados de ejercer mayores controles sobre las ONG y particularmente sobre las fuentes de financiamiento. Cuál es la garantía que no se actúe, como ocurre en otros campos de la vida social, con prácticas discriminatorias, favoreciendo a unos y perjudicando a otros dependiendo si son o no críticos con el gobierno. Han medido estos sectores el daño que se le causaría a miles de personas principalmente de escasos recursos, que hoy son atendidas y apoyadas por cientos de ONG, si se dificultara su acción en las comunidades.
La/os parlamentaria/os deben reflexionar hasta que punto su actuación es constitucional y coherente con el propósito de estimular el protagonismo del pueblo y hasta dónde su práctica favorece la consolidación de la democracia y la justicia social.
Más y mejor democracia solo serán posibles facilitando la expresión, organización y movilización de la/os ciudadana/os. El estímulo y ejercicio de la contraloría social sobre la gestión del Estado, requiere dar al ciudadano posibilidades reales de organizarse, actuar con autonomía y actuar sin el temor a ser perjudicado por las opiniones y valoraciones que exprese sobre la gestión de los funcionarios. Si ello no se garantiza, el protagonismo del pueblo no será más que una aspiración y un discurso vacío que hoy crea ilusiones y mañana nuevas frustraciones de todas aquellas personas que aspiran una relación diferente entre el Estado, el gobierno y la/os ciudadana/os.
El pasado martes 30 de mayo fue elegido el representante de las organizaciones de derechos humanos ante el Consejo Metropolitano de Planificación de Políticas Públicas del Distrito Metropolitano. Esta responsabilidad recayó en el Coordinador General de Provea, abogado Marino Alvarado Betancourt, organización integrante del Foro por la Vida. Fue elegida suplente la Licenciada Ana de Pérez del Frente Social Unidad Bolivariana. De conformidad con la Ordenanza que regula las atribuciones del Consejo, dicho ente será presidido por el Alcalde del Distrito Metropolitano y estará integrado además de los 60 representantes de la comunidad organizada, por los concejales del Cabildo Metropolitano y los alcaldes de los municipios Libertador, Chacao, Sucre, Baruta y el Hatillo.
El Consejo Metropolitano es el órgano encargado de la coordinación y planificación integral del Gobierno Metropolitano de Caracas y en consecuencia le corresponde diseñar el Plan Metropolitano de Desarrollo para el período de cuatro años de gestión; elaborará el mapa de necesidades del Distrito y presentará propuestas de políticas públicas entre otras competencias.
Provea, realizará todos los esfuerzos para garantizar que las propuestas de políticas públicas que colectivamente construya el Foro por la Vida sean expuestas y defendidas en el Consejo e igualmente se empeñará en servir de canal de comunicación entre el Consejo y el resto del movimiento de derechos humanos del Distrito Metropolitano.
El Servicio Jesuita a Refugiados (SJR), organización católica internacional, perteneciente a la Compañía de Jesús (Jesuitas), en su misión de acompañar, servir y defender a las personas forzosamente desplazadas, y como organización de Iglesia, queremos hacer pública nuestra posición ante las declaraciones hechas por representantes de la Asamblea Nacional , sobre una presunta complicidad de Caritas de Venezuela con los grupos paramilitares colombianos.
- Creemos que tales declaraciones erosionan y empañan la labor que adelantan las organizaciones humanitarias y de Derechos Humanos pertenecientes a la Iglesia, al tiempo que siembran la incertidumbre y la desconfianza entre las personas que acuden a ellas en busca de protección, dejando a los solicitantes de refugios en un estado de total vulnerabilidad y desprotección.
- Estas declaraciones han sido hechas sin que preceda una investigación seria y responsable, e incluso sin que se hubiere realizado una denuncia formal ante la autoridad competente, lo cual es contrario a los principios del Estado democrático, de derecho y de justicia que proclama nuestra Constitución.
- Declaraciones como éstas ponen severamente en riesgo la integridad física y la seguridad personal de quienes laboran en Caritas y en las organizaciones de Iglesia presentes en la frontera.
- Recordamos que el Estado venezolano es el responsable de garantizar la seguridad y la integridad de la población fronteriza, de los activistas de Derechos Humanos y sus organizaciones, y de todas las personas que llegan a Venezuela huyendo de las atrocidades del conflicto interno en Colombia .
El SJR ofrece el más decidido respaldo a Monseñor José Luís Azuaje, Obispo Auxiliar de Barquisimeto y Presidente de Caritas, así como a todo el personal que labora en Caritas de Venezuela y en las distintas Caritas diocesanas, organización católica de larga y reconocida trayectoria que ha asumido dentro de su misión pastoral el compromiso de atender y defender a personas solicitantes de refugio y refugiadas en el marco de la crisis humanitaria y de Derechos Humanos que viven las distintas entidades fronterizas con Colombia.
Por el Servicio Jesuita a Refugiados
Licenciada Merlys Mosquera
Directora Nacional
Padre Alfredo Infante sj
Director para América Latina y el Caribe
Padre Jesús Orbegozo
Superior Provincial de los Jesuitas en Venezuela
Las primeras 24 horas de vida es el período más peligroso para la/os niña/os nacida/os en países en desarrollo. De los 10 millones de niña/os (menores de cinco años) que mueren anualmente en todo el mundo, 2 millones mueren durante el primer día de nacimiento. El continente americano consiguió reducir la tasa de mortalidad de los recién nacidos en la región en un 40% y debe gran parte de ese progreso a América Latina, donde seis naciones tuvieron reducciones de un 50% o más.
Estos datos integran el séptimo informe anual de la organización británica Save the Children, titulado «State of the World’s Mothers 2006» (Estado de las Madres del Mundo). En América Latina, una de cada cinco madres ya tuvo el dolor de perder un hijo recién nacido. Actualmente, la tasa total de mortalidad en recién nacidos es tres de cada 250 nacimientos. Entre los países latinoamericanos, los más seguros para tener un hijo son: Costa Rica, Chile, Argentina, Uruguay, Colombia, México, Cuba, Venezuela, Ecuador, Paraguay y Brasil.
En el ranking de mortalidad de recién nacidos, Colombia es el país mejor colocado entre los llamados «países en vías de desarrollo», con 12 muertes por cada mil niños nacidos. En ese ranking, que evaluó a 78 países, Liberia quedó en el último lugar (65 muertes por cada mil nacimientos). Seis naciones latinoamericanas – Colombia, México (14 muertes/1 mil nacimientos), Brasil (16/1 mil), Nicaragua (16/1 mil), Perú (16/1 mil) y Guatemala (20/1 mil) – fueron elogiadas por el informe, por realizar un trabajo «admirable en la mejora de la salud y salvando vidas de madres y bebés, a pesar de disponer de recursos limitados». Nicaragua fue especialmente elogiada, pues, a pesar del bajo Producto Nacional Bruto per capita, «la nación implementó medidas efectivas para disminuir la tasa de mortalidad. En realidad, aunque Nicaragua todavía tenga mucho que mejorar, ya superó a 20 naciones en vías de desarrollo con mayores recursos, incluyendo a África del Sur y Egipto».
El informe revela que a 10 naciones corresponden más de los dos tercios del total de muertes de bebés en el mundo. El mayor número de fallecimientos se da en India (más de 1 millón), seguida por China (416 mil), los dos países poseen las mayores poblaciones mundiales. Los datos de India y de China están en números absolutos, las mayores tasas de mortalidad de recién nacidos son de África Sub-sahariana. El mundo industrializado es responsable solamente del 1% aproximadamente, del total de muertes de recién nacidos a nivel mundial.
Otro millón de bebés mueren entre el segundo y séptimo día de vida. En total, 4 millones de bebés mueren en el primer mes de vida: «Las primeras horas, días y semanas de vida de un bebé son cruciales. De todas maneras, sólo una ínfima minoría de niños de países pobres recibe cuidados de salud apropiados durante este período altamente vulnerable», dijo Charles MacCormack, presidente y director ejecutivo de la Save the Children. Pero los avances alcanzados en la reducción de muertes entre bebés no pueden ser vistos entre los números de los niños de hasta cinco años. (Adital, 05.05.06, http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=22433).
Para seguir avanzando en la reducción de la tasa de mortalidad infantil, Save the Children recomienda: invertir más para ayudar a las muchachas y jóvenes de países pobres para que tengan un mayor acceso a la educación, nutrición y anti-conceptivos modernos; y proporcionar soluciones de bajo costo y simplicidad tecnológica a madres y bebés, que pueden salvar vidas durante el embarazo, en la hora del nacimiento e inmediatamente después del mismo. Estas medidas consisten en: vacunas antitetánicas, presencia de asistentes experimentados en el parto, tratamiento inmediato de infecciones en los recién nacidos y educación sobre higiene, abrigo y amamantamiento apropiados para los niños. Y también aumentar la disponibilidad de cuidados de salud de calidad para las madres después del nacimiento del bebé. El informe hace un llamado a los gobiernos para que aumenten el apoyo político y financiero para estas soluciones, que, comprobadamente, garantizan mejoras en la vida de madres y bebés.
Las cifras de Save the Children para Venezuela señalan que 1 de cada 300 mujeres mueren durante su período de embarazo, 38% de las mujeres del país utilizan métodos anticonceptivos, 94% el porcentaje de nacimientos atendidos por personal calificado, 29% el porcentaje de mujeres embarazadas con anemia, 92.7% la tasa de mujeres adultas con instrucción educativa, 16 la tasa de mortalidad infantil por cada 1.000 nacimientos y en 3% el porcentaje de niños menores de 5 años con deficiencias alimenticias severas o moderadas. De 125 países, Venezuela se ubica en el ranking para madres en el puesto 32; y de 167 países, el puesto del país para el ranking infantil es el 54.
Si desea descargar el informe 2006 «Estado de las Madres del Mundo», en idioma inglés, puede visitar: http://www.savethechildren.org
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Según el Ingeniero Rubén Manzur, en Venezuela existe un déficit acumulado de viviendas mayor a 1 millón 800 mil casas. En una conferencia realizada el pasado 07.05.06 en la sede del Colegio de Ingenieros de Venezuela, Manzur estableció que “tenemos un crecimiento vegetativo para los próximos 15 años, que será de aproximadamente 1 millón 650 mil viviendas, y al finalizar el año 2020 tendremos una demanda total de 3 millones 250 mil unidades de viviendas”. El ingeniero estima que debe realizarse en los próximos 15 años una inversión de 183 billones de bolívares, urbanizar más de 75 mil hectáreas y destinar el 7 por ciento de la capacidad de crédito del sistema bancario. (COLEGIO DE INGENIEROS DE VENEZUELA. Boletín de prensa: Más de un millón 800 mil unidades es el déficit de viviendas Suministrado por la Comisión de Foros y Conferencias del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Mayo, 2006.). En contraste, datos de la Cámara Venezolana de Construcción señalan que el déficit habitacional global supera los 1,68 millones de soluciones: 1 millón corresponde a familias que no poseen ninguna vivienda y el restante, 680.000 unidades, para aquellas que no cumplen las condiciones mínimas de viviendas dignas, construidas con materiales de desecho. (El Universal, 08.05.06, http://noticias.eluniversal.com/2006/05/08/eco_art_08201A.shtml). Consideraciones de la empresa Datanálisis indican que para dar respuesta a esas cifras es necesario que se realicen como mínimo 200.000 unidades cada año, de manera que 110.000 soluciones se destinen a revertir el crecimiento del déficit y 90.000 para amortizar la deficiencia acumulada. (El Universal, Ídem). Neptalí García, vicepresidente del Cabildo Metropolitano de Caracas y presidente de la Comisión de Urbanismo y Desarrollo Urbano consideró, por su parte, que “con un plan de 5 años podríamos tener 80% de este problema resuelto”. (El Nacional, 26.05.06, B/20).
El Presidente Hugo Chávez Frías anunció el 07.05.06 que la meta de construcción para el año 2006 es de 150 mil viviendas. Durante la transmisión de su programa dominical Aló, Presidente, realizada desde el Edo. Lara (Palavecino), el Primer Mandatario ofreció un balance de la política habitacional puesta en práctica por su gobierno en lo que va de año. “A nivel nacional, hemos entregado 17 mil 400 viviendas y en el estado Lara hemos entregado 2 mil 14 viviendas”, precisó. Agregó que la meta para 2006 en ese estado es de 12 mil viviendas, y que en el Desarrollo El Naranjillo, desde dónde realizaba su programa, se estaban entregando 72 apartamentos en los cuales se había invertido 8 mil 308 millones de bolívares en vivienda y urbanismo, los cuales contaban con tres habitaciones, dos baños, cocina y sala. (Agencia Bolivariana de Noticias, 07.05.06, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=45773&lee=4). El Presidente cuestionó en esa oportunidad los antiguos planes dirigidos al sector vivienda: “Hoy tenemos una política de subsidios que nunca antes se presentó en Venezuela. Las viviendas que antes le entregaban a los pobres eran unas casuchas a las que le dieron el nombre eufemístico de soluciones habitacionales, eso vamos a borrarlo, vivienda digna para todos”. (Agencia Bolivariana de Noticias, 07.05.06, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=45781&lee=4)
El Ministro de la Vivienda y Hábitat, Luis Figueroa, declaró que era posible producir las 200.000 casas anuales en dos años “si se logra una curva ascendente en la fabricación del material necesario para la construcción”. (El Nacional, 06.05.06, A/18). El Ministro agregó que con la participación y ayuda del sector privado, específicamente el promotor, constructor, proveedor de insumos y el financiero, era posible lograr los planes de gobierno para el 2006: la entrega de 150.000 casas. Informó, además, la pronta habilitación de la Oficina Única Nacional de Ubicación de Vivienda, la cual “contribuirá a evitar el mal manejo en la adjudicación de viviendas”.(El Nacional, Ídem). Asimismo, desmintió que existieran retrasos en el cumplimiento de las metas de construcción de casas y apartamentos en todo país. Figueroa cuantificó en 18 mil 864 unidades habitacionales las entregadas en el año a nivel nacional, agregando que actualmente existían miles de unidades en fase de construcción, las cuales se irán entregando semana tras semana. (Ministerio de Vivienda y Hábitat, 22.05.06, http://www.mhv.gob.ve/habitat/pag/cuerpo.php?id=891). Durante la transmisión de Aló, Presidente, correspondiente al 07.05.06, el Ministro indicó que al cierre de junio se entregarían 60.000 soluciones. (El Universal, 09.05.06, http://noticias.eluniversal.com/2006/05/09/eco_art_09202A.shtml)
Cifras de la Cámara Venezolana de Construcción intentaron establecer la cantidad de viviendas pendientes del sector público que integran la meta de 150.000 casas para este año. Según un informe difundido por los medios el pasado 09.05.06, se calculan en 89.241 las viviendas no terminadas en 2005 que están siendo contabilizadas en ese monto. Además, se estableció en 32.193 viviendas las terminadas en 2005, de las cuales 21.443 fueron promovidas por el sector público y el restante 10.750 fueron construidas por el sector privado. (El Nacional, 09.05.06, A/18).
Por otra parte en un comunicado de prensa, el Ministerio para la Vivienda y Hábitat (MVH) anunció el inicio del Plan Caracas, proyecto que fue anunciado a principio de este año por el Ministro Figueroa, el cual contempla la construcción de unas 17 mil viviendas según informó el Diario Ultimas Noticias (Últimas Noticias, 25.05.06, pag. 32) y 10 mil 467 según la Agencia Bolivariana de Noticias (ABN, 26.05.06, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=48031&lee=Array[0]). El comunicado oficial indicaba que en algunos terrenos donde se levantarán los urbanismos ya comenzó el movimiento de tierra, es decir, la distribución de los parcelamientos. Los organismos involucrados con este plan se agrupan en la Fundación Misión Hábitat, además del propio MVH, el Ministerio de Infraestructura, el Ministerio de Energía y Petróleo, el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Industrias Básicas y Minería. Los recursos asignados ascienden a 2 billones de bolívares e informaciones anteriores dadas por el Ministro Figueroa establecían que en los urbanismos se ubicarían familias desplazadas por los desastres naturales y familias de jóvenes profesionales. (Últimas Noticias, Ídem). Para la semana del 26.05.06 se informó sobre los inicios de los movimientos de tierra, como parte del Plan Caracas, en 26 sectores de la capital. Algunas de las zonas donde se iniciaron las labores de construcción de viviendas se encuentran en los sectores Montalbán y La Silsa, detrás de los barrios San Blas y Juventud Bolivariana; se adelantan trabajos en Terrazas de Las Acacias, San Agustín, Hipódromo y en El Poliedro y se empezaron a acondicionar algunos terrenos en los municipios Baruta y El Hatillo y en el sector La Suiza, Terrazas de Lomas del Ávila y detrás del Coliseo en el municipio Sucre. El titular de Vivienda y Hábitat aseguró que para finales de este año comenzarán a entregar las primeras casas a las familias beneficiarias del proyecto y que el mismo estará culminado para mediados de 2007. (ABN, Ídem).
Otros programas que ha anunciado el ministro de Vivienda son: el Plan de cierre de ciclo, el cual contempla la terminación de las unidades correspondientes de los años 2001 y 2002, por el cual se prevé la entrega de 85.276 viviendas contando para ello con 1,6 billones de bolívares. El programa Alianza Casa Media realizaría 11.922 soluciones habitacionales, para las cuales mediante subsidio directo y financiamiento mixto el Ejecutivo Nacional entregaría el 70% del monto. El programa Nuevos Pueblos realizaría 2320 viviendas y el Hogar Semilla, conjuntamente con el sector construcción, que en una primera fase estima fabricar más de 1.000 unidades. (El Universal, 08.05.06, http://noticias.eluniversal.com/2006/05/08/eco_art_08201A.shtml). Voceros gubernamentales anunciaron que destinarán parte de los ingresos petroleros adicionales que originará la aplicación del impuesto de extracción a las asociaciones estratégicas a la entrega de subsidios directos y a los planes presentados por el sector vivienda. (El Nacional, 08.05.06, A/2).
En comparación con los primeros cuatro meses de 2005, el crédito para viviendas aumentó 279%, alcanzando la cifra de Bs. 2,3 billones, que contrastan con los 627,7 millardos de bolívares ejecutados para la misma fecha el año pasado. (El Mundo, 20.05.06, pag. 5). Pero, los incentivos de tasas sociales y subsidios directos impulsan una demanda que no encuentra respuesta satisfactoria, por lo que los precios de los apartamentos repuntaron en un lapso de tres meses entre 9,42 y 17%. Cifras preliminares de la Organización Akros sobre el comportamiento del mercado indican que en el área metropolitana de Caracas la mayor alza correspondió a Baruta con un 17%, seguida por Libertador 13,85%, Sucre 13,34% y Chacao con 9,42%, siendo El Hatillo el único municpio en el que hubo un descenso, estimado en 2,04%. (El Universal, 08.05.06, http://noticias.eluniversal.com/2006/05/08/eco_art_08201A.shtml).
Como una medida para evitar el repunte inflacionario del sector, el Gobierno decidió prorrogar por seis meses más la congelación de los alquileres, medida que se extenderá hasta el 16 de octubre, según lo estableció una resolución conjunta del Ministerio de Infraestructura y el Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio. (El Mundo, 17.05.06, pag. 1). La congelación de los alquileres se inició el 8 de abril de 2003 y a tres años de implantada la medida, según palabras de los representantes de la Cámara de Bienes Raíces la oferta de apartamentos y casas para arrendar se ha reducido 30%. Estos funcionarios proponen al Ejecutivo Nacional otorgar incentivos para construir viviendas para arrendar, mientras la Cámara Inmobiliaria estudia con el Ministerio de Vivienda y el hábitat un esquema que permita vender apartamentos ocupados por inquilinos. (El Mundo, 18.05.06, pag. 1).
La planta baja del edificio es un hervidero de gente, de filas de escritorios donde una treintena de voluntaria/os hacen preguntas y llenan laboriosamente planillas. Del lado derecho 60 personas, en su gran mayoría mujeres, esperan sentadas pacientemente sobre unas sillas de plástico. Afuera, una fila ocupa tres cuadras de la Avenida Urdaneta. Son las tres de la tarde, pero para la/os miembros del Comité Nacional de los Sin Techo, la jornada de trabajo está lejos de terminar. Desde que una de sus asambleas nacionales acordara el reinicio del censo a las familias sin vivienda, decenas de hombres, mujeres y niños madrugan cada día a las puertas del comité con la esperanza de acortar la distancia que los separa de una casa propia. Mucha/os provienen del interior del país y duermen en la cola para asegurarse un puesto.
Provea entrevistó a Máximo Fernández, vocero de la organización, para conocer directamente las aspiraciones de los afectados y de las maneras, modos y proyectos que vienen adelantando para disfrutar el derecho a una vivienda digna.
¿Cómo describirías el trabajo del Comité Nacional de los Sin Techo?
-Aquí se ejercita la co-responsabilidad, que nosotros planteamos en dos fases: la primera es que el pueblo se organiza en torno a un problema común para buscar una respuesta colectiva, se organiza para acortar la distancia entre el ciudadano común y el aparato del Estado. Ahora, ¿qué pasa? Aquí hay dos poderes: la Constitución dice que la responsabilidad es compartida entre el Estado y la sociedad civil, yo diría que es compartida entre el poder constituido y el poder constituyente. Cuando me da fiebre se prende un bombillo rojo que dice “epa, inspección revísate”. Se prendió un bombillo rojo que dice que entre el poder constituido y el poder constituyente hay un pequeño problema, el poder constituyente le está exigiendo al poder constituido que cumpla con los fines esenciales del Estado contemplados en el artículo 3. De manera que nos hemos venido reuniendo con el señor Ministro Luis Figueroa, con el Alcalde Mayor Juan Barreto. Nosotros no damos respuestas, lo que hacemos es acercar al ciudadano al aparato de repuestas. Pero ya hicimos lo que teníamos que hacer: que se escuchara y se entendiera que esta ciudad, que se esta discutiendo, tiene planes también y que quiere que ustedes como poder constituido lo conozcan a ver si le damos solución al problema del hábitat.
Esos acercamientos están enmarcados dentro del Plan Caracas anunciado por el ministro Figueroa?
-Eso esta enmarcado por el “Plan Pueblo”, que en asamblea de ciudadanos y ciudadanas hemos venido discutiendo, nuestro propio sistema social. Esta es una sociedad que se está discutiendo. El Plan Caracas y los otros son planes del poder constituido, pero el poder constituyente tiene problemas distintos. Cuando tu te constituyes como poder y estas en una oficina, desde ahí planificas, pero te desconectas un poco de las bases, del pueblo. ¿Qué pasa con el poder constituyente? Que nosotros estamos monitoreando las necesidades del pueblo, cada día, cada hora, cada minuto y segundo. Ese vaso vinculante nos dice que tenemos un cúmulo de problemas y posibles respuestas, mas allá de las que puede tener el poder que se constituyó y se separó del poder constituyente. Lo que estamos haciendo es explicarles al poder constituido, de acuerdo a los planes que ellos tienen, como podemos dar soluciones rápidas y oportunas como lo dice la Constitución. Hablamos en buenos términos, el ciudadano alcalde esta completamente de acuerdo con la reunión, el mismo la propuso, aceptó todas las autoridades que estamos llamando porque no son caprichos, sino que necesitamos comprometerlas para las posibles soluciones. Nosotros no damos respuestas, lo que hacemos es acercar al ciudadano al aparato de repuestas. Pero ya hicimos lo que teníamos que hacer: que se escuchara y se entendiera que esta ciudad, que se esta discutiendo, tiene planes también y quiere que ustedes como poder constituido los conozcan a ver si le damos solución al problema del habitat en cuestión.
¿Cuantas personas hay en la organización de los Sin Techo?
-Aquí hay 8.027 movimientos populares dentro de un movimiento, entre las Organizaciones Comunitarias de Vivienda (OCV) y los movimientos, sin embargo hay 12 organizaciones populares hasta hoy, que son movimientos que nosotros vamos construyendo, les damos herramientas al pueblo para que ellos construyan. Están «Los Descamisados del Centro», que ahora mismo están en el Penal de la Planta solucionando un problema de los presos. Está «El Tren de la Calle» que también está en La Planta que tienen que ver con el “tren de la muerte” que está dentro de la prisión, están «Los Obreros de las Artes» que son quienes están produciendo todos los conceptos del árbol de las tres raíces, los que están haciendo el molde para que los niños vacíen su propio árbol filosofal en las escuelas y para que puedan discutir sus propias raíces: el pensamiento zamorano, el robinsoniano, el bolivariano. Tenemos los Corresponsales del Area Metropolitana de Caracas, que son personas que manejan periódicos y emisoras alternativas y que pronto empiezan un taller para montar periódicos murales. También tenemos los Contadores del Area Metropolitana de Caracas que presentan sus tesis en la Asamblea Nacional el año que viene. También están aquí los Activistas de la Constitución que tienen que ver con hacer las cartillas constitucionales, unas cartillas sencillas que se están haciendo para que el pueblo aprenda a manejar y entender la Constitución.
“Llevamos 20 planes distintos para proponerlos”
El teléfono celular de Máximo no deja de sonar dentro de su camisa de mangas cortas. A cada tanto hace una pausa para encender un cigarrillo y la estela fina de humo danza alrededor de su gorra de béisbol roja, la cual en el frente tiene bordado el rostro del Presidente Hugo Chávez. El vocero de los Sin Techo repite su entusiasmo por el proceso político vivido por el pueblo venezolano, “Este pequeño país, ese día que nos refundamos para producir una sociedad distinta con esa Constitución, estamos diciendo al mundo que pasamos por encima de la democracia puramente representativa a esta democracia que te permite como pueblo ejecutar tu propio sistema de gobierno”.
¿Cuáles son las propuestas que vienen desarrollando?
-Primero, resolver el problema puntual a corto plazo, luego el año que viene, mediante un medio de producción social, la soberanía agroalimentaria más la casa, estamos condenando (sic) a los nuevos pobladores en cualquier parte del pais, porque le estamos dando una casa que antes se la vendían al Estado en 50 millones, porque había que pagar una comisión que siempre se queda “por ahí”, y esos 50 millones se los vamos a entregar a sus verdaderos beneficiarios. Le damos su casa por 30 millones y los 20 que le quedan, le vamos a dar 5 en participación en su propia Red Mercal como socio consumidor y 15 millones en su propio sistema de producción social. Por ahí Petkoff y el otro dicen que hay que darle los reales a Cisneros para que el haga fábricas y ponga el pueblo a trabajar, seria igual que se lo diéramos al pueblo para que él mismo haga las fábricas.
Cual es el problema puntual que dices hay que solucionar en un corto plazo
-Tiene que ver con este diagnóstico social que tiene 4 fases. Tenemos un 3% que está deseando en este momento que si le aprueban un pequeño proyecto productivo y a través de la Red Mercal le compran todo lo que el siembre en sus campos, él regresa a su lugar de origen. Si es 3% estamos hablando de un conglomerado de 350.000 familias el 3% serian 10.500 familias. Eso sería la forma de solucionar ese 3%, ya que el Estado a través de Vuelvan Caras, el Minep (Ministerio de Economía Popular), las redes cooperativas y a través del mismo Ince puede solventar inmediatamente. Segunda fase, el problema de las personas que tienen una casita muy humilde y muy pobre, que es el 5%, que a través del FUS (Fondo Único Social) vamos a abocarnos a ese problema, ya tenemos la solución, están los recursos inclusive, sólo que no había coordinación, pero ya se establecieron los medios para ello. La tercera fase tiene que ver con los damnificados, que es un 15. ¿Ese 15% para donde se va? En este momento tenemos el plan 8 del mercado secundario para que todo el que consiga una casa hecha, si el Estado no tiene capacidad de construirla en este momento, se la compramos. Ahora bien, me dice el Ministro que hay unos 10 planes más que nosotros no conocemos, que no manejamos, que necesario que los discutamos para ver si a través de esos planes podemos concertar otras formas de subsidio rápido.
Nosotros, inclusive, en el decreto que se había hecho, estamos incorporando el apartamento, porque el decreto se había hecho enfocado en la persona, entonces se habla de personas que tiene 10 años alquilada. Nosotros solicitamos que se cambiara eso por el concepto del edificio o apartamento, es decir, si usted es dueño de este edificio y hace 10 años que lo alquiló, ella puede tener un año viviendo en el, pero como tiene 10 años sirviendo de edificio de alquiler, puede ser expropiado y a ella va ser beneficiaria, pues ella es la propietaria de uso. No se le va a regalar, tiene que pagarlo en un plazo de 20 años con el 7% fijo. Existe otro plan que es el plan con derecho a compra, que es como si estuvieras pagando un alquiler pero estas comprando el inmueble, es decir, va a ser tuyo. Lo que queremos es re-discutir cuales son los planes que tienen y como nosotros podemos acercar al ciudadano a esas respuestas. Nosotros llevamos 20 planes distintos para proponerlos allí, esos planes están siendo concertados. Por ejemplo aquí hay una cantidad, hasta ayer habían 12, de personas que tienen pequeñas construcciones paralizadas desde hace muchos años porque no tienen los recursos para continuar. Están dispuestos a que el Estado les reconozca lo que ellos hicieron y entregarles eso para que se finalice y se adjudique a las personas que se van a radicar allí. Otra propuesta tiene que ver con algunos terrenos que están tomados ahorita y con los cuales hicimos convenios ayer con la Organización Comunitaria de Vivienda Loma Andina, que tienen unos terrenos entre los kilómetros 3 y 4 de El Junquito. Allí habían hecho 4 ranchos y hace poco se tumbaron por decisión popular. Ellos están haciendo ahorita un pequeño galpón donde van a vivir algunas familias y firmamos un convenio en donde expresa que le vamos a dar todo el apoyo posible, que esos terrenos fueron expropiados por la Alcaldía Mayor para adjudicarlos a la OCV Loma Andina siempre y cuando ellos acepten que no van a hacer unos ranchos allí hasta que el Estado no haga el movimiento de tierras, el urbanismo y el parcelamiento. Luego ellos procederán a la autoconstrucción de sus casas.
¿Cómo evalúas la relación que han tenido con los organismos que tienen que ver con el problema de la vivienda?
-Este es un proyecto y hasta que tú no le probaras al pais nacional que esta es una organización seria, que tiene un proyecto distinto, por supuesto que no te van a reconocer. En este momento ya esos poderes se han acercado a nosotros, y el poder constituido nos esta invitando a que conformemos mesas de trabajo, quiere decir que nos reconocimos como iguales y que tenemos una alianza perfecta para poder llevar a cabo el proyecto de país que está dibujado en la Constitución.
En los actuales momentos están elaborando un censo de familias sin vivienda, cuáles son sus expectativas al respecto?
-Se han superado las expectativas. Una de las cosas, que se conversaron con el Ministro, es que la data se va a cruzar por cuanto hay personas en esta que han solicitado soluciones por allá. ¿Qué es lo que queremos? Hacer una sola data y purificarla, para saber cuántas personas necesitan la casita, cuantos damnificados hay, donde están…
El Ejecutivo Nacional anuncia que para esto año entregarán 150.000 viviendas. ¿Crees que este objetivo es posible?
-Creo que el problema que existía era en efecto la falta de coordinación. Aquí hay unas instituciones que todavía no se han adecuado a la forma horizontal como es la Constitución, están verticalmente opuestas al hombre. Se manejan como en el pasado. No cambiaron nada, cambio la autoridad que estaba allí, pero la cuestión de forma y de fondo sigue siendo lo mismo, trabajan con la misma metodología. Por ejemplo aquí se estaban solicitando 4 cartas para el mercado secundario, eso es un absurdo. Parecía que le estábamos poniendo muros al pueblo, y este pueblo derrumba todos los muros que por temor levantaron los cobardes. Una carta de la jefatura civil, de la junta parroquial, de la asociación civil… ¡Cuarta República! y una carta del Comité de Tierras Urbanas (CTU). Si el CTU nació por decreto y es mi vecino, es de mi barrio y conoce mi casa, que puede decir que mi casa tiene 60 metros y necesito 20 laminas para repararla, ¿para qué necesito que el jefe civil me mande una carta si él no me conoce a mí ni conoce mi casa?, ¿o el presidente de la junta parroquial que probablemente nunca ha ido a mi casa ni ira tampoco?. Me parece que es mas seria la carta que me da mi vecino. Yo como Comité, cuando la recibo voy y verifico con una gente de Protección Civil. Creo que eso es suficiente.
¿Están elaborando algún tipo de propuestas de cómo deberían ser las viviendas, sus dimensiones y estructuras?
-Mira, nosotros lo primero que hicimos fue hacer una memoria histórica del problema planteando desde sus raíces, desde sus comienzos, para poder hacer esa discusión. Primer error, desde la resistencia indígena construimos nuestro proyecto habitacional en las costas de desarrollo exógeno, pa’ fuera todo, para ser colonia extranjera y sacar todo lo que aquí había. Luego entonces dijimos que íbamos a hacer asentamientos urbanos. Fíjate bien la cosa, segundo error, los grandes asentamientos urbanos están sobre la falla sísmica de San Andrés, parece que la sociedad dijo: bueno ¿Dónde hay un terremoto?, aquí. Aquí voy a hacer mi casa. ¿Dónde esta un volcán? Aquí. Aquí voy a hacer mi casa, segundo error. Tercer error, los grandes asentamientos urbanos están sobre las tierras que son geológicamente más jóvenes, menos aptas para construir, más aptas para la siembra. En Ciudad Bolívar, allá tienes el macizo Guayanés, esa tierra probablemente es la más antigua de la humanidad, la gran roca, allí no se construyó y allí la gente quiere sembrar. Te das cuenta, parecía que estábamos caminando de cabeza, tercer error. Eso trae como consecuencia los deslaves, deslizamientos de tierra cuando llueve, cuando unas tierras geológicamente no se han formado, no soportan esas construcciones que le hicieron. Algunas tal vez. Si un geólogo se hubiera planteado alguna vez y hubiese dicho: mira eso soporta una construcción de un piso con techo de Bahareque, no se pueden hacer casa de 3 pisos allí, no lo soporta la tierra. Cuarto error, los grandes asentamientos están alejados de los reservorios de agua dulce. El único asentamiento que tenía reservorio de agua dulce era Caracas: 3.200 quebradas de agua pura de manantial. Esas eran las quebradas que hoy forman parte del sistema de cloacas, de esa sociedad que caminaba con la cabeza y pensaba con los pies. Nos parece que es una aberración lo que se hizo aquí. Eso tiene que parar, eso esta planteado en los 5 ejes de desarrollo de la nación, como el último eje que se trata del ordenamiento territorial. El único problema que tenemos es que si esta mesa es Venezuela (-señala una mesa-) en este recuadro no cabemos, todo lo demás esta despoblado.
Reconstruyendo la memoria
Fernández comenzó su militancia política a los 17 años y tiempo después participó en los Comités de Luchas Estudiantiles Revolucionarias (CLER), cuando aún no se habían apagado los traqueteos de la lucha armada en las montañas. A pesar de su toma de partido, nos dice que no teme a la discusión con personas de otro pensamiento. “Yo voy al este y la gente me da la razón en torno a las expropiaciones, la clase media y media alta me está dando la razón. Hago asambleas de ciudadanos y ciudadanas en el este todos los domingos menos el tercer domingo de cada mes que estoy en el Panteón Nacional. Municipio Chacao, Hatillo, Baruta… y yo con mis hermanos igualito, y la mayoría no son chavistas”.
¿Cuál es tu propia situación habitacional, también estás en la lista de personas que están solicitando vivienda?.
-Yo no solamente estoy en la lista… los puedo invitar a mi casa, todos los edificios que hemos tomado, hay hasta algunos edificios que son hasta lujosos. En estos momentos vivo en el Hotel Mara, viví en otro edificio, que es uno de los más bonitos, tiene 3 habitaciones, y eso se lo entregue al pueblo. Ahora me metí en una habitación en el Hotel Mara que esta aquí a una cuadra, una habitación que es lo que yo necesitaba. Cargo agua para bañarme, no hay agua en él. Es decir, no estamos usurpándole tampoco al pueblo lo que le corresponde, estamos utilizando lo que nosotros necesitamos utilizar, que era una habitación con un baño.
Hay quien señala que ustedes venden casas, ¿es eso cierto?
-No. Que hay gente que pone en la pared de afuera que vende casas es una cosa, pero si usted me dice “yo tengo 20 casas” yo no se la voy a vender porque yo no vendo casas. Ni esta es una oficina de venta ni aquí estamos serruchando con eso. Si tienes una casa te metes en la cola y se la ofertas a alguien. No atendemos a esas ofertas de vivienda porque eso se presta para corrupción, para que tú me digas “si tú me vendes mi casa te queda tanto”, y cuando aquí se maneje un bolívar se acabo el proyecto, porque los reales contaminan todo. Aquí nadie cobra medio.
Dos testimonios
Carla Hernández, 28 de años. Coordinadora y corresponsal Comité Nacional de los Sin techo, desde hace un año.
“Aquí sobre todo es el estudio socioeconómico de las personas, nos metimos por el plan 8 de compra y venta, tenemos los casos de los alquilados que vienen buscando soluciones para su vivienda, como gente también que no tienen casa. También respondemos por los casos de salud. El problema de la pobreza esta ahorita muy grande y como organizaciones manejamos estos planes así, regidos por el articulo 62 de la Constitución. Diario atendemos un promedio de a 4.000 y 5.000 familias. Incluso vienen desde la noche, llegan a partir de las 9, gente de afuera que duermen incluso en la parte de las extensiones esperando hacer su cola en la mañana. Tratamos de atender a todas las personas y no dejar que ninguna se vaya sin su censo. Del segundo censo tenemos ya un aproximado de carpetas entre 3600 y 4000 carpetas para compra y venta, por medio del plan que se hace a través del Ministerio de Vivienda y Hábitat con el ministro Luis Figueroa. La otra parte que estamos es por la remodelación de la vivienda, el crédito que se esta dando de 10 millones para poder reparar las viviendas, las paredes que tienen grietas, zinc, también lo hacemos por aquí a través de este diagnóstico. El único requisito que pedimos para censarse es la fotocopia de la cédula. El segundo requisito que es para la compra y venta, se esta pidiendo solvencias de pago, título supletorio de la casa, fotografía de la casa por dentro y por fuera, expresión de la casa que es importante para que la casa sea bien evaluada. El otro requisito que es para remodelación se pide facturas de la ferretería, se está pidiendo fotografías de la casa, una carta al Presidente Chávez para que vea los casos y constate su importancia. También se esta pidiendo a las personas una inspección por defensa Civil, pues hay casas que ya no se puede vivir.
El ritmo de trabajo que tenemos es grande. Siempre nos llegan misioneros de «Vuelvan Caras» como voluntarios, como las mismas personas que a través de las colas se ofrecen como voluntarios. Llegan en la mañana, no le importa si es de irse a las siete de la noche con tal de que ellos también sean censados porque de verdad ven el trabajo buenísimo que tenemos aquí como organizadores. Acuérdate que esto es parte del socialismo que estamos encabezando todos. Somos un total de 70 y 80 personas que estamos como organizadores, tenemos turnos.
Yo también estoy optando a una solución habitacional, estoy en esto, es mi lucha es mi organización, creo en este proceso. Soy madre de familia, de tres niños, estudiante de la Misión Sucre. Ahorita vivo en una toma y no puedo tener a mi bebé porque él esta viviendo en La Vega con su papá. La zona que me gustaría irme son Los Teques, Charallave, en donde se ve que hay terrenos que pueden ser urbanizados. Tenemos una marcha el 4 de junio a partir de las 9 de la mañana en la Plaza Catia, nos vamos a concentrar ahí y vamos a salir marchando al Panteón Nacional donde siempre mensualmente hacemos la asamblea para darle respuestas a la gente, de cómo se esta trabajando, de cómo se esta haciendo el movimiento, siempre que la gente este informada de lo que esta pasando en el Comité Nacional de los Sin Techo.
Ramón Rodríguez Perdomo, 50 años. Habitante de Petare.
“Yo vine para acá buscando ayuda y de verdad me han ayudado. Nunca espere la atención tan solidaria que me han dado. Vine perdido sin saber a quien preguntarle, porque estoy pasando por una crisis horrible de vivienda. Le dije a mi esposa esta mañana “mira vámonos”, nos dijeron esta dirección y es primera vez que vengo. Ya me están haciendo un expediente, me explicaron todos los pasos que tengo que dar, me van a censar, :me dieron las pautas que tengo que llevar. Tengo cinco hijos y estoy alquilado pero sucedió la cuestión de que el dueño de donde estaba viviendo, tengo 12 años x allí puntualmente cumpliendo, aprovechándose de lo que el gobierno esta haciendo vendió la casa. La ley dice que yo tengo la primera opción, pero el sin participarme a mi nada la vendió. Es un inmueble ubicado en el barrio El Nazareno de Petare, en el sector El Campito. La casa en donde yo estoy viviendo, que es la parte de abajo, esta en alto riesgo. La parte de la pared del baño y de la cocina que da hacia abajo esta que se cae y le va a caer encima a otras casas. Aprovechándose de las dificultades que están pasando esas personas, porque me parecen que vienen de lo del puente del Viaducto, el dueño les vendió a una suma exhorbitante. Fui a la Defensoria del Pueblo, y allí me actualizaron, me pusieron al tanto de cuales eran mis derechos y cuales eran los derechos de los demás. Antes de todo esto fui a Conavi y allí lastimosamente, no quiero acusar a nadie, pero me parece que deben supervisar mejor a la sede de Las Mercedes porque allí hay un foco de corrupción, allí hay cosas que pienso que el ministro no sabe. No creo que el gobierno nacional va a solucionar el problema de una persona para acarrearle un problema a otra. ¿Qué sentido tiene? El programa está bien pensado, lo que esta es mal implementado por ciertas personas, no por todos, porque aquí me han atendido de maravilla. “
El 08.05.06 se difundió la noticia de la demolición de un refugio en Los Teques con los damnificados aún viviendo dentro de la instalación. (El Universal, 08.05.06, http://www.eluniversal.com/2006/05/08/ccs_art_08444D.shtml). Los cuatro galpones que constituyen el refugio El Paso fueron clausurados en diciembre pasado por la Gobernación de Miranda, pero desde entonces han sido ocupados paulatinamente por familias sin vivienda de los Altos Mirandinos. Para el 04.05.06 sumaban 20 familias. (Diario Avance, 05.05.06, pag. 2). El sábado 06.05.06, luego de una orden de desalojo, y con la presencia de la Fiscal 11 Nélida Viloria, la Consejera de Protección Adriana Guedez, la Consejera de los Derechos del Niño Petra Rojas, y Alexandra Marciani, coordinadora para los Altos Mirandinos del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Comunidades (IVI-Miranda), se comenzó la demolición de las estructuras, a pesar de estar habitadas por 20 familias, dejando sólo un galpón sin derrumbar. Tras el hecho, quedaron 19 familias refugiadas en el inmueble. Según la información de prensa, dos de estas familias fueron beneficiadas con viviendas en Ocumare del Tuy, pero decidieron abandonarlas porque «están en malas condiciones». (El Universal, Ídem). El 11.05.06 funcionarios policiales intentaron realizar un desalojo forzoso, «Nos tuvimos que encerrar con cadenas, fue aterrador. Llegó Alexandra Marciani, de IVI-Miranda, con los agentes de Polimiranda para sacarnos. Tenían también toda la intención de quitarnos a los niños. No quisieron hablar, llegaron a lo malo, no quieren darnos soluciones y nos dijeron que ni siquiera por la vía legal íbamos a conseguir nuestras viviendas», relató Nisley Benedetto a la prensa. (El Universal, 12.05.06, http://www.eluniversal.com/2006/05/12/ccs_art_12405A.shtml). Judith Hernández, funcionaria de la Defensoría del Pueblo, estuvo en el lugar como mediadora declarando que «No es correcto este procedimiento, por eso fuimos urgentemente. Lo más viable para este tipo de situaciones es tratar de solventarla de forma pacífica. A partir del año 1999 en nuestro país existe una Constitución eminentemente humanista que como funcionarios públicos debemos respetar. Tenemos que actuar dentro del marco legal, si no corremos el riesgo de cometer abusos de autoridad». (El Universal, Ídem). El 15.05.06 Ana Ocarina CENTENO (37), refugiada desde 20 días atrás en El Paso, fue víctima de violación presuntamente por un funcionario de la Policía de Guaicaipuro. «Yo no me resistí porque tenía una pistola en la cabeza, era peor si me resistía, lo que hice fue cerrar los ojos y rogar para que aquella pesadilla terminara lo más rápido posible», denunció. (El Universal, 17.05.06, http://www.eluniversal.com/2006/05/17/ccs_art_17482B.shtml). El caso está a cargo de la fiscal segunda del Ministerio Público, Josefina Fernández, quien sólo aseguró que el funcionario está detenido, a la orden de los tribunales (El Universal, Ídem). Un caso similar de incertidumbre lo denunciaron cuatro familias de Maracay, luego de aceptar ingresar al programa «Casa por rancho». Les demolieron las viviendas y luego incumplieron la promesas de adjudicarles una vivienda digna. (El Siglo, 27.05.06, B/15). Otro hecho sucedió la noche del 18.05.06 cuando un aproximado de 60 funcionarios policiales intentaron desalojar un terreno, ubicado en la Avenida Intercomunal de Maracay, el cual había sido tomado por personas sin vivienda. Las 68 familias se conformaron como la Organización Comunitaria de Vivienda Rosa Mística. (El Siglo, 19.05.06, B/11).
Provea recuerda a los poderes públicos que ha solicitado el detener la práctica de los desalojos forzados como medida aplicada por los gobiernos regionales frente a la ocurrencia de ocupaciones ilegales. Antes de recurrir a esta medida extrema y de último recurso, agotar los canales de negociación, el estudio y presentación de alternativas de vivienda y el acceso a recursos judiciales de las partes. Asimismo, garantizar reubicaciones acordes a las garantías del derecho humano a una vivienda adecuada. (Provea, 30.05.06, http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2004_05/2017/06/Propuestas.pdf).
Aumentan las protestas
Familias beneficiarias de las soluciones habitacionales del sector Los Naranjillos, municipio Palavecino, estado Lara, denunciaron como «montaje» el acto del 07.05.06 en el que recibieron los certificados de adjudicación y llaves de 72 apartamentos, evento que contó con la presencia del Presidente Hugo Chávez. Les entregaron llaves falsas de las viviendas, y al final del acto les prometieron que en quince días más podían habitarlas. Finalizado este plazo denunciaron que las viviendas aún no habían sido finalizadas. «En dos semanas más vamos a estar entregando formalmente esos apartamentos», declaró Frank Sanchez, presidente del Instituto Municipal de la Vivienda en Palavecino (Imvipal), ante la interpelación. (El Impulso, 16.05.06, pág. 14).
Por otra parte 6 mujeres, madres de familia, fueron detenidas por la Guardia Nacional (GN) el 02.05.06 luego de ocupar un terreno ubicado detrás de la urbanización La Comunidad Nueva de Guanare, estado Portuguesa. Según la denuncia de Luis Durán, representante de las familias ocupantes, las madres acudieron voluntariamente al Destacamento 41 de la GN pues funcionarios las habían invitado a realizarse un censo socioeconómico. En el recinto, el fiscal del Ministerio Público Rafael Vivenes ordenó su detención por «ocupación ilegal de terrenos privados». (Ultima Hora, 03.05.06, pág. 26).
El 15.05.06 más de un centenar de ocupantes de un terreno en el sector Las Brisas, parroquia Miguel Peña, de Valencia cerraron el paso vehicular en la autopista Valencia-Campo de Carabobo para exigir que les construyan viviendas en la zona que ocupan desde hace más de un año. Agentes antimotines intentaron restablecer la circulación vial y luego ambas partes protagonizaron una «batalla campal». (La Calle, 16.05.06, pag. 31). El 23.05.06 un grupo de familias del sector Platanal, municipio Francisco Linares Alcántara, estado Aragua suspendió el paso de vehículos en la Autopista Regional del Centro en protesta por lo que consideran una «injusta indemnización». El Servicio Autónomo de Vivienda Rural (Savir) indemnizó a 82 familias de 308 cuyas casas están ubicadas en la ribera del Lago de Valencia, una zona declarada como alto riesgo. Estas familias se niegan a recibir el pago, cuyos montos oscilan entre 22 y 23 millones de bolívares, «Nos quieren engañar otorgándonos una cantidad muy inferior al costo que representan nuestras propiedades, declaró Yetsabé Araujo, identificada como una de las voceras de la/os afectada/os. (El Nacional, 23.05.06, B/17).
En Caracas, 12 familias cerraron el 29.05.06 la avenida Francisco de Miranda, frente a la sede del Instituto Nacional de la Vivienda (Inavi) para protestar por el incumplimiento del mobiliario para las viviendas asignadas por el Gobierno Nacional. «Nos dijeron que nos iban a entregar los enseres 15 días después de entregarnos las casas. Ya han pasado nueve meses y no tenemos respuestas», expresó Alberto González a los medios. (El Universal, 30.05.06, http://www.eluniversal.com/2006/05/30/ccs_art_30402E.shtml). Un día después, un grupo de damnificada/os del estado Vargas que tenían más de un mes durmiendo a las afueras de la Comisión Nacional de la Vivienda (Conavi) aprovechó el descuido del vigilante del estacionamiento y decidió ingresar al mismo con la afirmación de que no saldría de allí hasta que no le resolvieran su problema habitacional. «Estamos esperando y no nos moveremos de aquí. El presidente Chávez dice que hay dinero para la vivienda, pero el ministro Luis Figueroa no sabemos qué hace con el dinero que nos pertenece como venezolanos», afirmó Oliver Granados. (El Universal, 30.05.06, http://www.eluniversal.com/2006/05/30/ccs_art_30402D.shtml). En horas de la noche un efectivo de la GN desalojó a los manifestantes tras lanzar una bomba lacrimógena dentro del estacionamiento. (El Nacional, 30.05.06, 12/B). Algunas de las familias denunciaron una presunta estafa con los cheques prometidos por la directiva de Conavi. Tras adquirir viviendas en enero pasado en el mercado secundario con el financiamiento de la institución, los inquilinos temen que ante la falta de la segunda parte del monto los vendedores cancelen la negociación. (Ultimas Noticias, 31.05.06, pág. 2).
Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), y comparando el mes de abril 2005 con abril 2006, el desempleo registró un descenso de alrededor de 1,9 %, lo que significa en términos absolutos una reducción de 250 mil personas desocupadas (Union Radio, 19.05.06, http://www.unionradio.com.ve/Noticias/Noticia.aspx?noticiaid=168668). Elías Eljuri Abraham, Presidente del INE, teniendo como base el informe mensual de la Fuerza de Trabajo correspondiente al mes de abril de 2006, declaró que la tasa de desocupación se ubicó en 10,2% (1.246.778 personas). El funcionario destacó el avance en la calidad del empleo, puesto que los indicadores muestran un incremento en la incorporación de trabajadora/es a la economía formal, cuyo porcentaje pasó de 52,9% a 55,6%. En términos absolutos significa que 509 mil 549 personas pasaron de la economía informal a la economía formal. De este grupo, 308 mil 801 son hombres y 200 mil 748 mujeres. Eljuri estima que «a juzgar por el comportamiento observado en la tasa de desocupación, el indicador podría ubicarse por debajo del 7% a fines del año 2006”. (Ministerio de Comunicación e Información, 18.05.06, http://www.mci.gob.ve/noticiasnuev.asp?numn=10098). El informe mensual de la Fuerza de Trabajo correspondiente al mes de abril 2006 puede descargarse en el sitio web del Instituto Nacional de Estadística, http://www.ine.gov.ve.
El sector informal
Las cifras del INE indican, hasta marzo del 2006, que el sector informal emplea a 5 millones de venezolana/os, 46,1% de la población laboralmente activa. Un estudio de la Unidad de Análisis Informal de Cedice, dado a conocer por la investigadora Isabel Pereira, calcula que sólo en Caracas operan entre 15 y 30 mil puestos de buhonera/os durante el año, y cada uno de ellos suele dar empleo a entre 3 y 5 personas. Asimismo, el que en los espacios públicos de la ciudad encuentran trabajo cada año 150.000 personas. (El Nacional, 07.05.06, A/20). Cedice divulga que los datos recopilados sobre Caracas arrojan que 6 de cada 10 son mujeres, la mayoría (84%) tiene hijos y en 60% de los casos más de 2. Isabel Pereira, investigadora de Cedice, declaró que «Contra toda expectativa, la investigación demostró que no existen diferencias significativas entre las características educativas de los buhoneros caraqueños y la de los trabajadores del sector formal». (El Nacional, 08.05.06, A/24). La mitad de los vendedores informales de la capital tiene educación básica y 38% es bachiller. 10% cuenta con algún grado de educación superior y apenas 1% carece de nivel educativo alguno. Más de 60% de los buhoneros entrevistados por los investigadores de Cedice asegura que tiene conocimientos para realizar otra actividad distinta, pero 43% tiene más de 6 años vendiendo en la calle y otro 36% ya pasó de los 2 años en el oficio. 98% quiere seguir en el comercio, 55% está dispuesto a comprar formalmente su puesto para comenzar a legalizarse y el 23% muestra interés en participar en cooperativas. (El Nacional, ídem).
Por su parte, cifras de la empresa Datanálisis calculan que los 5 millones de informales contribuyen con 20% del Producto Interno Bruto, (PIB). Esta empresa de investigación divide a los trabajadores del sector informal en tres segmentos: los empresarios (10%), una clase media que trabaja por su cuenta (30%) y los empleados, que representan el mayor porcentaje (60%). Sobre estos números Luis Vicente León, director de Datanálisis, declaró que “La masa empleada del sector informal gana 30% menos que los trabajadores formales. No llegan a ganar salario mínimo, sin ningún tipo de beneficios legales. Su jornada es mayor de 8 horas al día, así que ese es el peor de los empleos, donde existe un fuerte proceso de explotación del trabajador”. (El Nacional, Ídem).
El servicio doméstico
En su reporte mensual número 14, correspondiente a Abril de 2006, Venescopio -una iniciativa del Centro de Investigación en Ciencias Sociales (Cisor) y el Grupo Social Cesap- se dedicó a estudiar las condiciones laborales del servicio doméstico.
Personas dedicadas al servicio doméstico según ubicación geográfica Venezuela 1995
| Fuerza de trabajo en el servicio doméstico | Caracas | Resto urbano | Rural (a) | Total | |
| Venezuela | En miles | 32 | 139 | 113 | 284 |
| En % | 11 | 49 | 40 | 100 | |
| Total en % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Ocupado | 92 | 90 | 80 | 86 | |
| Desocupado | 8 | 10 | 20 | 14 |
Personas dedicadas al servicio doméstico según ubicación geográfica Venezuela 2004
| Fuerza de trabajo en el servicio doméstico | Caracas | Resto urbano | Rural (a) | Total | |
| Venezuela | En miles | 65 | 319 | 248 | 632 |
| En % | 10 | 51 | 39 | 100 | |
| Total en % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Ocupado | 87 | 77 | 74 | 76 | |
| Desocupado | 13 | 23 | 26 | 24 |
Del contraste de los anteriores indicadores, Venescopio resalta que el servicio doméstico no es una ocupación exclusivamente urbana; así, del total de personas dedicadas al servicio doméstico, en los poblados pequeños y rurales (con menos de 45 mil habitantes) se ubica el 40% de esta fuerza de trabajo. Entre los años observados se mantiene la distribución porcentual de esta fuerza de trabajo entre Caracas, Resto urbano y Rural, sea 10, 50 y 40% respectivamente. También que entre los años 1995 y 2004 la desocupación general del servicio doméstico crece 10% (pasando de 14% a 24%); siendo que entre esos años la desocupación total del país aumenta 6%, pasando de 10,3% a 16,9% para el año 2004. Detállese que la desocupación en el servicio doméstico se agudiza en la/os trabajadora/es que habitan en el resto urbano del país. El número absoluto de personas dedicadas a este tipo de servicios (fuerza de trabajo) aumenta, entre los años 1995 y 2004, en 348.000 personas (pasando de 284 mil a 632 mil); más que duplicándose, cuando la fuerza de trabajo total del país crece 30%, pasando de 8 millones 400 mil a 12 millones. Entre los años 1995 y 2004 el desempleo aumenta entre las trabajadoras del servicio doméstico, pues no existen suficientes hogares para contratar a todas las 384 mil mujeres que se incorporan a esta ocupación. (VENESCOPIO, Reporte mensual nº 14. Abril de 2006. http://www.venescopio.org.ve).
Ocupados en el servicio doméstico por jornada según ubicación geográfica Venezuela. 1995 y 2004.
| Horas de jornada laboral | Caracas | Resto urbano | Rural (a) | Total | ||||
| Años | 1995 | 2004 | 1995 | 2004 | 1995 | 2004 | 1995 | 2004 |
| Total de ocupados en % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 45 ó + horas semanales | 21 | 24 | 22 | 21 | 23 | 21 | 22 | 21 |
| 30-44 horas semanales | 56 | 52 | 45 | 43 | 44 | 42 | 46 | 44 |
| menos de 30 horas semanales | 23 | 24 | 33 | 36 | 33 | 37 | 32 | 35 |
Venescopio resalta el que, comparando los dos años, se concluye que el porcentaje de personas que se dedican a determinado número de horas se mantiene estable. Así, en el interior del país, 1/5 de la/os ocupada/os se mantiene trabajando en sobre-tiempo laboral (45 horas semanales o más), mientras, en Caracas 1/4 del servicio doméstico trabaja medio-tiempo de la jornada laboral. Esto a pesar del crecimiento de la fuerza de trabajo. (Venescopio, Ídem).
| Servicio doméstico | ||||
| Horas de jornada laboral | Caracas | Resto urbano | Rural | Total |
| Promedio | 6 | 6 | 5 | 6 |
| 45 ó + horas semanales | 7 | 6 | 6 | 6 |
| 30-44 horas semanales | 6 | 6 | 5 | 6 |
| menos de 30 horas semanales | 6 | 5 | 5 | 6 |
| Otros servicios * | ||||
| Promedio | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 45 ó + horas semanales | 8 | 8 | 7 | 8 |
| 30-44 horas semanales | 7 | 7 | 6 | 7 |
| menos de 30 horas semanales | 7 | 8 | 7 | 7 |
Trabajadores en establecimientos de lavado, limpieza y jornaleros afines; Cantineros, Mesoneros, Cocineros u otros trabajadores en ocupaciones afines (no empleados en hogares particulares). Porteros, Conserjes y Ascensoristas en edificios y trabajadores en ocupaciones afines; Trabajadores de los servicios de protección. Barberos, Peluqueros y trabajadores afines.
De la comparación de la escolarización de las mujeres ocupadas en servicio doméstico con otras trabajadoras, Venescopio extrae las siguientes conclusiones: Las mujeres ocupadas en el servicio doméstico, por lo general, no han culminado la educación primaria. Asimismo, la cantidad de años aprobados son aun menores en el servicio doméstico de los poblados pequeños y rurales en comparación con el resto urbano y Caracas. Entre las ocupadas en servicio doméstico y las ocupadas en otros servicios, no existe una diferencia importante de años de escolarización aprobados; pero, se puede diferenciar el momento en que las ocupadas abandonan el sistema escolar: las del servicio doméstico normalmente aprueban el sexto grado de educación primaria y no continúan estudiando; mientras que, las ocupadas en otros servicios estudian el primer o el segundo año del bachillerato y luego de aprobarlo abandonan el sistema escolar. Los datos evidencian que el bajo nivel de escolaridad no es exclusivo del servicio doméstico; más bien, es la rama de actividad de los servicios que está compuesta por ocupaciones que permiten a mujeres que sólo han aprobado cerca de seis años escolares emplearse.
El estudio establece 4 conclusiones generales sobre las condiciones del servicio doméstico:
- Entre los años 1995 y 2004, se observan hogares que se han visto en la necesidad de aumentar sus
ingresos, esto hace que determinados miembros se incorporen a la búsqueda de trabajos remunerados. - Cerca del 10% de estos nuevos trabajadores son mujeres que buscan ocuparse en el servicio doméstico en hogares particulares.
- Las características de esta ocupación permite que mujeres, con bajos niveles de preparación educativa, puedan incorporarse al mercado de trabajo.
- Así, la descripción realizada nos proporciona indicadores que tienen relación con la desmejora de las
condiciones económicas de los hogares entre los años observados, y del tipo de oportunidades de
inserción laboral que tiene un grupo de la fuerza de trabajo del país. (Venescopio, Ídem).
El informe completo de Venescopio puede ser descargado de la dirección http://www.venescopio.org.ve/docs/reporte_abril%2006.pdf
“Es bueno que se sepa que los médicos venezolanos están integrándose al trabajo de la Misión Barrio Adentro”. Así lo expresó el Presidente Hugo Chávez Frías, durante la visita efectuada el sábado 20.05.06 al Centro de Diagnóstico Integral, (CDI), ubicado en el barrio La Paloma, municipio Tucupita, estado Delta Amacuro. El Jefe de Estado destacó que, de un total de 43 Centros ambulatorios de la Misión Barrio Adentro I, en el Estado Delta Amacuro, 17 consultorios son atendidos por médicos venezolanos y 26 por médicos cubanos. Indicó que «este hecho refleja que la Revolución está calando en todos los estratos venezolanos y que es notorio como crece la mística, la ética y la solidaridad entre los venezolanos». (Ministerio de Comunicación e Información, 20.05.06, http://www.mci.gob.ve/noticiasnuev.asp?numn=10116).
Por su parte, el Viceministro de Redes de Salud, Carlos Alvarado, afirmó que existen avances en el sector salud desde el inicio de la Misión Barrio Adentro, “que ha significado una evidente evolución en el sistema de salud venezolano, para brindar atención integral de calidad, eficiente y gratuita a la población”. (Ministerio de Salud, 18.04.06, http://www.msds.gov.ve/msds/modules.php?name=News&file=article&sid=979). Para reforzar su afirmación, el funcionario informó que antes de comenzar con esta Misión, el sector salud contaba con 1.500 médicos en el primer nivel de atención, 4.400 establecimientos de salud, 800 odontólogos, 4.400 enfermeras y ninguna óptica. Tres años más tarde, el sistema de salud venezolano cuenta con 15.411 médicos y médicas cubanos en Barrio Adentro 1 y 2, más de 2 mil médicos y médicas venezolanas, 9 mil establecimientos, 3 mil odontólogos cubanos, 1.600 odontólogos venezolanos, 8.500 enfermeras y 441 ópticas, logrando de esta manera atender a más de 17 millones de personas. (Ministerio de Salud, Ídem).
El pasado 02.05.06 Carlos Viloria, Presidente del Sindicato de la Salud en Carabobo, denunció ante a la prensa regional lo que consideraba el primer paso para la privatización de la salud en el estado: la decisión del Gobernador Luis Felipe Acosta Carles de cederle la administración de la Maternidad José María Vargas -conocida como Maternidad del Sur- a una empresa privada. “El gobernador -declaró el sindicalista- que respete la Constitución. El artículo 84 establece, claramente, que no deben ser privatizados los servicios de salud. Por esto nos extraña que el general Acosta Carles, que se hace llamar revolucionario y que está con el proceso, esté privatizando y creando malestar”. (El Carabobeño, 02.05.06, http://www.el-carabobeno.com/p_pag_hnot.aspx?art=a020506b10&id=t020506-b10).
El Gobernador ha calificado al sistema de salud que heredó de las gestiones anteriores como «un fracaso», describiendo una situación en la que los médicos incumplen sus horas laborales, insumos y medicinas que desaparecen y una baja operatividad en la infraestructura hospitalaria: «Está demostrado que hay cuatro médicos que pertenecen a Proyecto Venezuela, incursos en mala praxis que provocaron la muerte de siete madres y siete niños (…) me entregaron un solo quirófano operativo». (El Universal, 21.05.06, http://www.eluniversal.com/2006/05/21/pol_art_21162A.shtml).Este escenario motivó alianzas con fundaciones y clínicas privadas para operaciones, trasplantes y tratamiento. En este marco de licitaciones para realizar la contraloría y el manejo de los insumos de los centros de salud, se realizó un convenimiento con la compañía Servicios Integrales de Salud (Sisa), con vigencia a partir del pasado 01.05.06. La empresa cobraría por sus servicios 20% del presupuesto de la maternidad para realizar, según la primera cláusula del convenio firmado, la administración y gestión de la maternidad, la provisión de medicamentos e insumos médicos, el mantenimiento preventivo y correctivo menor de la infraestructura y el personal necesario para la prestación de estos servicios. (El Universal, Ídem).
Uno de los cuestionamientos a la decisión del primer mandatario regional obedece a que la empresa contratada fue constituida dos días antes del convenio, lo que motivó a que voceros de los sindicatos de trabajadores, del Colegio Médico local, diputados de Proyecto Venezuela, diputados del propio MVR y hasta el Defensor del Pueblo regional y otros grupos civiles, manifestaron su rechazo a lo que calificaron de «privatización» a cargo de una empresa «desconocida y sin credenciales». (El Universal, 21.05.06, http://www.eluniversal.com/2006/05/21/pol_art_21161A.shtml).
El 10.05.06 un grupo de mujeres, pertenecientes en su mayoría a la Red de Mujeres del estado Carabobo, se concentró en las afueras de la Maternidad para expresar su inconformidad con el convenio. (El Nacional, 11.05.06, B/20). El 17.05.06 alrededor de 300 personas provenientes de diferentes organizaciones sociales realizaron una marcha en la ciudad de Valencia para protestar por la medida. (Aporrea, 19.05.06, http://www.aporrea.org/dameverbo.php?docid=77893). Tres días después el Gobernador anuncia el decreto que sustenta la constitución de las Unidades Administrativas Desconcentradas del Servicio de Salud Comunitario, para los hospitales de la región, y en las cuales indicó que el contrato suscrito con la sociedad mercantil SISA, C.A, para la que la misma administrara el Hospital Materno Infantil Dr. José María Vargas había quedado sin efecto desde el pasado 8 de mayo, declarando «les puedo asegurar que no se va a privatizar la salud en Carabobo». (Notitarde, 23.05.06, http://www.notitarde.com/nota_politica/index.html)
El 09.05.06 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dictaminó una sentencia la cual deja sin efecto las medidas cautelares contenidas en los artículos 32, 34, 39, de la Ley sobre la violencia hacia la Mujer. (Tribunal Supremo de Justicia, 09.05.06, http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Mayo/972-090506-03-2401.htm). El artículo 32 establece que los órganos receptores de la denuncia de violencia sobre la mujer son los Juzgados de Paz y de Familia y de Primera Instancia en lo Penal, las Prefecturas y Jefaturas Civiles, los órganos policiales, el Ministerio Público y cualquier otro que se atribuya esta competencia. El artículo 34 trata sobre la gestión conciliatoria del receptor de la denuncia, convocada en audiencia dentro de las 36 horas siguientes. El artículo 39, por su parte, establece las medidas cautelares dictadas por el órgano receptor, las cuales van desde la emisión de una orden de salida de la parte agresora de la residencia común, remitir a la víctima a uno de los refugios para la atención y alberge de víctimas, el arresto hasta por 72 horas, la restitución de la víctima al hogar del cual hubiere sido alejada con violencia y la prohibición del acercamiento del agresor al lugar de trabajo o estudio de la víctima. (Defensoría del Pueblo, 30.05.06, http://www.defensoria.gov.ve/detalle.asp?sec=150404&id=303&plantilla=1). De acuerdo con la acción legal intentada por el Ministerio Público, cuatro artículos del instrumento legal, sancionado el 19 de agosto de 1998, violan los derechos humanos a la libertad personal, a la defensa y al debido proceso. (Agencia Bolivariana de Noticias, 30.05.06, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=20883&lee=9. Por su parte, Carmen Zuleta de Merchán, magistrada de la Sala Constitucional del TSJ, opinó que «la decisión de la Sala Constitucional es una interpretación muy mecánica de una norma constitucional que establece que nadie puede ser privado de su libertad sino mediante orden judicial» (Agencia Bolivariana de Noticias, 23.05.06, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=47633&lee=9). La plenaria de la Asamblea Nacional exhortó al TSJ a revisar la sentencia y la diputada Flor Ríos, proponente del acuerdo, al objetar la medida expresó que esta sentencia privilegia al potencial asesino, al agresor, lesiona los derechos humanos de los millones de mujeres que habitan en el país, y potenciará los crímenes contra la mujer y la familia. (Asamblea Nacional, 23.05.06, http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/noticia.asp?numn=9181). La presidenta del Instituto Nacional de la Mujer (Inamujer), María León, anunció el 25.05.06 que realizarán una concentración de féminas frente a la sede del TSJ, el 08.06.06 a partir de las 9:00 de la mañana, «a fin de que todas las mujeres venezolanas manifiesten su desacuerdo con la decisión de la Sala Constitucional». Igualmente, precisó que Inamujer, conjuntamente con diversas organizaciones de mujeres, realizaría una jornada nacional de recolección de firmas en contra de la mencionada sentencia, las cuales serán entregadas a representantes del TSJ, durante la concentración. (Agencia Bolivariana de Noticias, 25.05.06, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=47996&lee=Array[0]). El director de la sección venezolana de Amnistía Internacional expresó su apoyo a la protesta nacional emprendida por Inamujer y el movimiento de mujeres, y asomó la posibilidad de iniciar una campaña internacional “para presionar por un cambio de esta medida, que nos parece muy negativa”. (El Nacional, 26.05.06, B/26).
Finalmente, el 29.05.06 el Fiscal General anuncia la revocación del recurso de nulidad que había interpuesto contra las medidas cautelares establecidas por la Ley Sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia. La información fue suministrada por la presidenta de Inamujer durante la sexta reunión del Consejo Bolivariano de Primeras Damas de Estado. Según su declaración, Rodríguez «entendió que fue un error». (Agencia Bolivariana de Noticias, 30.05.06) http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=20883&lee=9).
Algunos datos
La Fiscalía de la República investiga, en la actualidad, 9 mil casos de mujeres agredidas. Inamujer cuantificó en 48 las mujeres fallecidas por agresiones de su pareja en lo que va de 2006. (Ultimas Noticias, 30.05.06, pag. 2). Cifras proporcionadas por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) establecieron en 52 el número de mujeres abusadas sexualmente en todo el país en la semana del 22 al 28.05.06. El Fiscal Isaías Rodríguez anunció que solicitará el otorgamiento de un crédito adicional que permita la designación de 100 fiscales que se encarguen exclusivamente de los casos de violencia intrafamiliar. En la actualidad sólo existen 3 fiscales, y cada uno esta a cargo de 4.000 casos. (El Nacional, 30.05.06, B/12). En el país sólo existen dos casas de abrigo para refugiar a mujeres en peligro. (El Nacional, 31.05.06, B/16).
El pasado jueves 25.05.06, el Presidente de la Asamblea Nacional (AN), Nicolás Maduro, le pidió a los diputados cumplir lo antes posible con la entrega de los proyectos de ley estipulados en la agenda parlamentaria de este año. Maduro explicó como una de las razones de la solicitud el que, por tratarse de un año electoral, el segundo período de sesiones ordinarias, que comienza el 15 de septiembre, puede verse afectado en su rendimiento. Siendo así la AN podría no cumplir con la meta de sancionar 50 instrumentos legales. (El Nacional, 26.05.06, A/6). Al menos trece instrumentos que han debido aprobarse entre marzo y mayo de 2006, de acuerdo con lo establecido en el cronograma elaborado por la Comisión Coordinadora del Parlamento, todavía aguardan por su concresión (El Universal, 10.05.06, http://www.eluniversal.com/2006/05/10/pol_art_10109A.shtml). Entre otras, algunas de las leyes pendientes de una definitiva promulgación son «Ley Antimonopolio, Antioligopolio y contra la Competencia Desleal», «Reforma de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública», «Ley del Ejercicio Profesional del Trabajo Social», «Ley de Salud y Sistema Público Nacional de Salud», «Ley Orgánica para la Conservación Ambiental», «Ley Orgánica de Clasificación y Desclasificación de expedientes, documentos y pruebas documentales calificadas de secretas, confidenciales o reservadas en juicio por detenciones y desapariciones de personas», «Ley Orgánica de Seguridad Social de la Fuerza Armada Nacional» y «Ley Especial de Contraloría Social». (Asamblea Nacional, 31.05.06, http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/lista-leyes-cuadro.asp). En su conjunto, la institucionalidad se erosiona ante el incumplimiento de los plazos para la discusión y sanción de leyes, como lo demuestra el fallo realizado el pasado 18.05.06 por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre el denominado «Anteproyecto de Código de Ética del Juez Venezolano o Jueza Venezolana». El mismo sostiene que «La Sala Constitucional, en ponencia conjunta, declaró la inconstitucionalidad, por omisión legislativa de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, con motivo del procedimiento legislativo iniciado para sancionar el denominado Proyecto de Código de Ética y Disciplina del Juez Venezolano o Jueza Venezolana, elaborado por dicha instancia legislativa en el año 2003, que no fuera finalmente promulgado». (Tribunal Supremo de Justicia, 18.05.06, http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Mayo/1048-180506-05-0801.htm).
Por otra parte, la AN informó el inicio de la segunda discusión de Ley Especial de Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Cogestión Integral de Asentamientos Humanos Populares, cuyo objeto es «ordenar y regularizar el proceso de tenencia de la tierra ocupada por la población en los asentamientos urbanos populares y contribuir a la satisfacción progresiva del derecho a la vivienda, dando prioridad a las familias de escasos recursos y especialmente a los sujetos más vulnerables y consolidación de los asentamientos urbanos populares ya existentes, de manera digna, equitativa y sostenible, mediante un proceso de cogestión integral con el Estado». (Asamblea Nacional, 30.05.06, http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/noticia.asp?numn=9239). De la misma manera, la Comisión Permanente de Familia, Mujer y Juventud anunció el comienzo el 31.05.06 de un nuevo ciclo de eventos para tratar materias que son de su competencia: reforma de la Lopna, reforma de la Ley sobre la Violencia contra la Mujer, Ley de Voluntariado Juvenil, Ley Orgánica de los Derechos de las Mujeres para la Igualdad y Equidad de Género y Ley de Protección a la Familia, a la Maternidad y Paternidad. (Asamblea Nacional, 24.05.06, http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/noticia.asp?numn=9187)
El Ministerio de Salud ratificó la resolución SG-439, que data del 26.08.94, la cual prohíbe solicitar la prueba de detección de anticuerpos del VIH en forma arbitraria, de modo que sus resultados puedan ser utilizados para discriminar a las personas en sus sitios de trabajo, instituciones educativas, establecimientos de salud o ante la comunidad. La prueba sólo debe practicarse como un método diagnóstico para que el médico confirme la infección por VIH y además debe contar con el consentimiento de la persona. (Gobierno en Línea, 05.05.06, http://www.gobiernoenlinea.ve/noticias-view/ver_detalles.pag?idNoticia=51004).
El Vicepresidente de la República, José Vicente Rangel, juramentó el martes 09.05.06, en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, la Comisión Permanente en Contra de la Discriminación Racial y otras Distinciones en el Sistema Educativo Venezolano. Este evento se efectuó en el marco de la celebración del Día de la Afrovenezolanidad. Dicha comisión está presidida por el ministro de Educación y Deportes, Aristóbulo Istúriz, y cuenta entre sus integrantes a los ministros de Comunicación e Información, William Lara; de Cultura, Francisco Sesto; al Defensor del Pueblo, Germán Mundaraín; al presidente de TeleSur, Andrés Izarra, y a la Presidenta del Consejo Nacional de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (CNDNA), Luisa Rodríguez. Como adjunto, a la presidencia de esta comisión, fue nombrado Jesús García, quien es miembro de la Red de Afrovenezolanos. (Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, 09.05.06, http://www.vicepresidencia.gov.ve/noticia.asp?id=1025).
El 05.05.06 20 Organizaciones No Gubernamentales emitieron un comunicado público para rechazar las afirmaciones discriminatorias del Fiscal General de la República, Isaías Rodríguez, tras el asesinato del sacerdote Jorge Piñango. Entre los firmantes destaca Onusida, Cofavic, Alianza Lambda, Acción Solidaria, Accsi, Artistas por la Vida, entre otras. «Condenamos enérgicamente estas aseveraciones, que pretenden excusar o justificar el crimen cometido, o cualquier otro, en razón de una orientación sexual, real o percibida». (Ultimas Noticias, 06.05.06, pág. 4).Para Tamara Adrián, representante de la organización Divelex, las afirmaciones de Rodríguez «dejan entrever turbias consideraciones con raíces evidentemente homofóbicas». (Diario 2001, 06.05.06, pág. 16). Acción Ciudadana Contra el Sida señaló que las declaraciones del Fiscal suponían un retroceso en materia de derechos humanos. (El Nacional, 29.04.06, 4/A).
- Que la AN apruebe la reforma de la LOT, cumpliendo con el mandato de la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución.
- Que se dicte el reglamento de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.
- Garantizar la plena implementación del sistema de control y promoción de las condiciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuados.
- Implementar adecuadamente el Régimen Prestacional de Empleo, garantizando la adopción de mecanismos eficaces para la creación de empleos dignos, y asegurando al trabajador frente a la pérdida involuntaria del empleo.
- Garantizar el pago oportuno de las obligaciones laborales que derivan de la contratación colectiva de los funcionarios públicos.
- Culminar con el proceso de cuantificación de la deuda laboral con los funcionarios del sector público y garantizar su pago en un plazo razonable.
- Abstenerse, todo los órganos del Poder Público, de discriminar a los trabajadores según su orientación política, así como de aplicar sanciones de índole laboral por este motivo.
- Tomar las medidas necesarias para garantizar una actividad más eficiente de las inspectorías del trabajo en el control del cumplimiento de la medida de inamovilidad laboral y en la fiscalización de las prácticas de flexibilización para evadir obligaciones con los trabajadores y del pago de remuneraciones inferiores al salario mínimo.
- Tomar medidas enérgicas en contra de la flexibilización laboral, tanto en el sector privado como en el público.
- Implementar mecanismos transparentes para la determinación de la representatividad sindical y garantizar que las negociaciones de los convenios colectivos se realicen con los sindicatos más representativos.
- Implementar mecanismos transparentes y equitativos para la adjudicación de puestos de empleo en las empresas públicas.
- Investigar y sancionar los hechos de violencia de los que han sido víctima sindicalistas y desempleados en el marco del conflicto político y de las demandas de empleo.
- Garantizar que el Ejecutivo Nacional ajuste anualmente el salario mínimo tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica.
- Garantizar la consulta tripartita para el incremento anual de los salarios, y en general, para la toma de decisiones que inciden en la vida de los trabajadores.
- Garantizar la autonomía sindical en los procesos eleccionarios de las directivas de los sindicatos, y asegurar que la participación del CNE se limite a brindar asesoría técnica.
- Desarrollar políticas públicas eficaces de promoción del empleo digno y la reducción de la pobreza, que sean evaluadas permanentemente y articuladas con otras medidas de corte social adoptadas por el Ejecutivo Nacional para lograr la plena integración de las personas a la vida productiva del país.
- Que la AN, de forma participativa, sancione una legislación que contenga el mecanismo de cogestión de empresas por parte de empleadores y trabajadores.
- Desarrollar políticas públicas específicas para erradicar las brechas de género en el disfrute del derecho al trabajo, facilitar el acceso al primer empleo de la población joven, e incorporar al mercado de trabajo a personas con necesidades especiales.
- Fomentar la plena participación de las mujeres en el sector cooperativo de la economía, y tomar medidas que disminuyan la brecha de ingresos por géneros.
- La ratificación, por parte del Ejecutivo Nacional, del Convenio Nº 182 de la OIT, relativo a la erradicación de las peores formas de trabajo infantil, sancionado por la AN en el 2003.
- Adecuar la normativa laboral para establecer la edad mínima para el trabajo en 16 años, de acuerdo con la recomendación Nº 146 de la OIT.
- Tomar medidas adecuadas para supervisar el cumplimiento por parte de empleadores de la edad mínima para el trabajo, y la complementariedad del trabajo con el estudio.
(Provea, 02.05.06. http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2004_05/2017/06/Propuestas.pdf)
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
En el marco del proceso de reforma de los cuerpos policiales en que se encuentra Venezuela, la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, conjuntamente con víctimas y familiares de víctimas de abusos policiales y militares, tomaron la calle el pasado jueves 18 de mayo para exigir la construcción de un modelo policial más humanizado, eficiente y transparente.
Con esta acción de calle, que se realizó entre las 10 y 12 de la mañana en la esquina de Platanal, frente a la sede del Ministerio de Interior y Justicia, se buscaba asimismo crear conciencia entre la opinión pública de que para lograr este xobjetivo es necesario reformar los ámbitos normativos, curriculares, estructurales, organizacionales, así como atender aspectos relacionados con los recursos logísticos, control interno, bienestar y salud de los funcionarios y funcionarias policiales.
Durante la actividad se informó a la población sobre los mecanismos a través de los cuales se puede participar en la reforma policial, como, por ejemplo, enviando cartas con propuestas de seguridad al titular de ese despacho, Jesse Chacón; participando en las mesas comunitarias de discusión que están elaborando propuestas para la Comisión Nacional de Reforma Policial (CONAREPOL), o enviando a ésta sugerencias a través del correo electrónico [email protected]
El 19.05.06 en el auditorio principal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un “ejército de jueces” –según palabras del presidente del TSJ, Omar Mora Díaz- , se “ganó hoy la titularidad”.
226 jueces y juezas de todo el país en las distintas materias del ejercicio del Derecho (Penal Ordinario, Responsabilidad Penal de Adolescentes, Municipio, Primera Instancia Civil, Contencioso Administrativo, Contencioso Tributario, Superior Civil, Primera Instancia Marítimo y Superior Marítimo) sumaron el 60% de los profesionales que abandonó la provisionalidad en la administración venezolana de justicia, para ahora hacerlo en condiciones que propiciarían mayor autonomía e independencia, es decir, condiciones para “convertirnos en líderes humanos”, expresó el Magistrado Mora Díaz.
“Una fiesta no sólo para los jueces, sino para sus familiares y amigos” representó la juramentación del cuerpo vivo del Poder Judicial a finales del año pasado y en esta oportunidad: “de 300 a 1100 jueces titulares. Y la meta para este año es del 90% de jueces titulares en todo el país”, enfatizó el magistrado en su discurso.
Estos avances comienzan a evidenciar la voluntad de “construir una nueva arquitectura judicial” que, verdadera y consistentemente, permita a todo venezolano y venezolana el goce legítimo del derecho al acceso a la justicia, conforme a lo establecido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), el Artículo 18 de la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre y el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por mencionar los instrumentos jurídicos más importantes.
Según datos del TSJ, en el “2005 el Poder Judicial dictó más de 600 mil sentencias”, lo que explicó Mora se debe “que el venezolano es del compromiso del que se le presenta”. Luego de la entrega de los diplomas a todos los jueces, Mora instó a luchar “contra el flagelo de la corrupción y de la impunidad”. Por ello, básicamente comprometió a los jueces a “que sean garantes de la paz”.
En ese sentido, anunció que el proceso de reestructuración del Poder Judicial contempla como plan inmediato, la creación de la Universidad Judicial Venezolana, así como la implementación –por demás necesaria- del juicio oral en el Juzgado de Municipio. Según Mora, desde hace un tiempo la Escuela Nacional de la Magistratura imparte cursos de capacitación en el área municipal.
Por otro lado, a partir del mes de mayo, otros 380 jueces provisorios se someterán al concurso de oposición que coordinan tanto el TSJ y la Escuela Nacional de la Magistratura.
Quizá este sea el último grupo de jueces que pueda ganarse su titularidad con el sistema de exámenes preparados por el equipo de la Escuela Nacional de la Magistratura. Mora anunció que las reglas de ingreso y ascenso en el Poder Judicial cambiarán. Para que un Juez sea de categoría C, deberá cumplir con el requisito de ser Juez de Comunidad; para ascender a Juez de Primera Instancia, deberá haber cursado estudios de maestrías; y, para aspirar a Juez Superior, sólo serán doctores del Derecho.
Al parecer, un sistema en el que el mérito académico y la solvencia moral volverán a hacer los indicadores Finalmente, el magistrado manifestó que “querer ser el mejor Poder Judicial, es una utopía posible «base para la constitución estructural del Poder garante de la legalidad en el país.
El pasado 03.05.06, con motivo del Día Internacional de la Libertad de Prensa, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y la organización Espacio Público presentaron el libro «Venezuela: Situación del Derecho a la Libertad de Expresión e Información: Informe 2005». Como explican los autores en una nota de prensa enviada a Provea durante 2005 se registraron 121 casos y 164 víctimas por violaciones al derecho a la libertad de expresión. Aunque el número de situaciones limitativas se redujo 14,18% con relación al 2004, la cantidad de afectados aumentó 7,93%. Esto evidencia que las acciones ejecutadas contra la prensa tuvieron un mayor alcance y afectaron a más personas.
De las 121 situaciones registradas en 2005 se desprenden 144 violaciones al derecho a la libertad de expresión e información, lo que se traduce en una considerable reducción (52,79%) en comparación con 2004, cuando se registraron 305. Las violaciones más frecuentes fueron la Intimidación (21,53%), Hostigamiento Judicial (19,44%), Hostigamiento Verbal (11,11%), Agresión (10,42%), Amenaza (11,11), Censura (9,03%), Restricción Administrativa (9,03%), Ataque (6,94%) y Restricción Legal (1,39%). No se registraron muertes de trabajadores de la prensa.
La primera parte del informe contiene un balance estadístico analítico sobre las violaciones al derecho a la libertad de expresión e información. De las 121 situaciones registradas en 2005 se desprenden 144 violaciones al derecho a la libertad de expresión e información, lo que se traduce en una considerable reducción (52,79%) en comparación con 2004, cuando se registraron 305. Las violaciones más frecuentes fueron la Intimidación (21,53%), Hostigamiento Judicial (19,44%), Hostigamiento Verbal (11,11%), Agresión (10,42%), Amenaza (11,11%), Censura (9,03%), Restricción Administrativa (9,03%), Ataque (6,94%) y Restricción Legal (1,39%). No se registraron muertes de trabajadores de la prensa.
Con relación a la profesión u oficio de las víctimas los más afectados fueron los Reporteros, tanto individualmente (28,66%) como integrante de un equipo (4,27%). Este año, como hecho novedoso, se registraron casos donde fueron afectados todos los periodistas de una fuente, en su mayoría, por decisiones de jefes o directores de organismos estatales o vigilantes y porteros. En total fueron 9 situaciones, lo que se presenta el 5,49%.
Con respecto a los victimarios directos, se observa que durante 2005 la responsabilidad recae con mayor incidencia (69,92%) en el Estado, que en los particulares (30,08%), lo que rompe con el patrón de 2004, cuando la relación era mucho más paritaria: 61,78% de responsabilidad estatal y 38,22% para los particulares.
Los victimarios estatales para 2005 se ordenan de la siguiente forma: Autoridades Regionales (17,44%, Jueces (15,12%), Fiscalía (12,79%), FAN (12,79) Seniat (11,63%), Ejecutivo Nacional (8,14%), Seguridad de Organismos Públicos (4,65%), Asamblea Nacional (4,65%), Conatel (3,49%), CICPC (3,49%), TSJ (2,33%), DIM (1,16), Autoridades municipales (1,16) y Policía Estadal (1,16).
Con respecto a los victimarios particulares, la categoría Otros es la más representativa con 51,35%. Dentro de esta categoría se incluyen a personas que iniciaron juicios privados contra periodistas y manifestantes (sobre todo estudiantes) que agredieron a reporteros y destrozaron cámaras fotográficas y de video al calor de protestas desvinculadas de la polarización política. Seguidamente se encuentran Presuntos simpatizantes del gobierno (24,32%), No identificados (13,51%) y Medios de comunicación (10,81%).
Este año se incluyó la categoría Medio de Comunicación, porque se registraron casos de censura dentro de los propios medios. Además, en una ocasión medios de comunicación solicitaron vigilancia sobre la cobertura electoral de sus pares.
Con respecto a la distribución geográfica de las violaciones a la libertad de expresión e información, estas continúan siendo más frecuentes en el Distrito Capital, donde se presentaron 59 casos (48,76%). Seguidamente se encuentran los estados Bolívar (10,74%), Carabobo (8,26%), Aragua (7,44%), Anzoátegui (4,13%), Táchira (4,13%), Lara (3,31%), Mérida (2,48%), Monagas (2,48%), Zulia (2,48%), Otros (2,48%), Falcón (1,65%) y Sucre (1,65%).
Comparado con 2004, las limitaciones se están desplazando hacia las regiones. El año pasado la capital sumó más de la mitad de los casos registrados (67,38%), mientras que en 2005 no. Aunque el patrón continúa siendo el mismo, la frecuencia ha aumentado en el estado Bolívar en 46,15% y se ha mantenido igual Carabobo. El estado Aragua registró un aumento del 77,77%.
El informe fue coordinado por Carlos Correa, integrante de la organización Espacio Público, y Andrés Cañizález, presidente del IPYS Venezuela y su texto íntegro puede descargarse de http://www.ipys.org.ve/informes_ipys/informe_2005.pdf
La Comisión para la Reforma Policial (CPRP), en su sexta reunión, determinó entregar a la Asamblea Nacional una propuesta de reforma de la Ley de Órganos de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, a través de la cual se creó el Cicpc, según palabras del Ministro de Interior y Justicia, Jesse Chacón (El Nacional, 23.05.06, B/19).
Chacón explicó que el propósito de la reforma es agilizar los procedimientos para abrir y cerrar averiguaciones administrativas. Esto se enmarca en la discusión que mantuvieron los miembros de la instancia sobre las violaciones de derechos humanos cometidas presuntamente por funcionarios policiales, en la cual analizaron un informe de la Fiscalía en el que se presentan 6.000 casos de homicidios, “en los que presuntamente están involucrados funcionarios policiales” (El Nacional, Ídem).
A ello se suma la propuesta resultante de la reunión con la Dirección de Armamento de la Fuerza Armada (Darfa) de realizar una prueba de balística a todas las armas en manos de los cuerpos policiales (El Nacional, Ídem). Ya, anteriormente, la CPRP había expresado su intención de realizar, con ayuda de los gobernadores y alcaldes, un censo nacional de todos los cuerpos de seguridad del país que tome en cuenta su parque de armas al igual que estructura organizativa, personal y curriculo. Esto con el fín de apoyar la propuesta que presentarán a al AN en agosto (El Universal, 09.05.06, http://noticias.eluniversal.com/2006/05/09/pol_art_09105F.shtml).
Paralelamente La Comisión Nacional para la Reforma Policial iniciará, a partir de este mes, una consulta dirigida la ciudadanía con el objetivo de conocer lo que ella quiere de sus cuerpos policiales. Esta consulta servirá de insumo para el modelo policial que será recomendado al final de las jornadas. La estrategia contempla cuatro talleres con invitados internacionales sobre orden público, uso de la fuerza, contraloría social y ombudsman policial; seis foros temáticos con grupos de interés como gobernadores, alcaldes, operadores penales, iglesias, empresarios, directores de policías; además de 80 talleres para grupos organizados en todo el país, a razón de cuatro por estado y otros 80 para los funcionarios policiales. Además de una investigación sobre función policial que implica 12 estudios focales distribuidos en distintas regiones del país y 12 entrevistas de profundidad a funcionarios policiales (El Mundo, 12.05.06, pág. 2).
Esto se enmarca dentro de las propuestas de la Mesa Nacional Contra el Crimen y la Violencia, realizada el día viernes 21.04.06, de evaluar las policías con fines depurativos y actualizar su sistema operativo (Asamblea Nacional, http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/parlamentarismo-calle/conclusiones-mesacrimen.asp).
A las depuraciones policiales como política de seguridad se suma la salida de la Policía del Estado Anzoátegui de 13 funcionarios que ocupaban cargos importantes. El mayor (GN) Robert Aranguren, director de la policía regional, adelanto que la Inspectoría General está evaluando expedientes de antiguos uniformados, que podría determinar la salida de otros 30, basándose la medida en el artículo 90 de la Ley de Estatuto de la Función Pública. Acotó que en la primera fase del proceso de reestructuración fueron despedidos 149 funcionarios. Dijo además que 42 gendarmes fueron destituidos por incurrir en hechos irregulares, como abuso de autoridad, apropiación indebida de objetos provenientes del delito, matraqueo, entre otras (Nueva Prensa, 09.05.06, http://www.nuevaprensa.info/index.php).
Otra iniciativa en materia de seguridad es la llevada a acabo por la Gobernación del Estado Lara, iniciada el 29.05.06, y que lleva por nombre “Cambia tu arma por un incentivo económico”, para la cual se destinó 600 millones de bolívares. El gobernador de la entidad, Luís Reyes Reyes, anunció que se pretende que las personas entreguen sus armas de manera voluntaria y según el tipo de armas se cancelará 500 mil bolívares o bonos canjeables por alimentos o medicinas. Esto forma parte de un plan regional que incluye campañas informativas y el incremento del número de uniformados con el fin de fortalecer las fuerzas de choque en las parroquias y municipios más poblados (El Nacional, 30.05.06, B/18).
A pesar que en julio de 2005, el alto gobierno asumió el compromiso de adoptar medidas para dar un impulso a las investigaciones sobre los asesinatos cometidos contra campesinos en el marco del proceso de reforma agraria, el movimiento campesino no constata los resultados. Dicho compromiso fue asumido al dar respuesta a una movilización realizada en Caracas por organizaciones campesinas que aglutinó a más de 2.500 campesinos provenientes de distintos estados. El vice-Presidente de la República manifestó: “Para el gobierno nacional no hay nada más perverso que la impunidad, es incluso peor que el delito y, por consiguiente, no podemos reivindicar la existencia del Estado de Derecho cuando existe la mácula de la impunidad”. (El Nacional, 20.07.05, pág. A-2).
En esa misma oportunidad, el Fiscal General, se reunió con dirigentes campesinos y asumió igualmente el compromiso de adelantar las investigaciones para llevar a juicio a los culpables. Tampoco ha logrado resultados satisfactorios.
Provea, junto al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cetil) denunciaron el 21.10.05 ante la Comisión Interamericana de DDHH la grave situación de impunidad respecto a los asesinatos de campesinos. En aquella oportunidad, el Estado venezolano se comprometió a avanzar en la investigación de los hechos y la determinación de responsabilidades. Igualmente el Estado informó que la cifra de víctimas era menor a 100.
El 17.05.06, la Defensoría del Pueblo informó que de acuerdo a sus investigaciones desde el año 1999, se han producido en el país 54 asesinatos de campesinos, 21 lesionados y 41 personas amenazadas. (Últimas Noticias, 17.05.06, Pág.16).
Sin embargo, las organizaciones campesinas insisten en que más de 100 campesinos han fallecido desde 1999 y que deben investigarse todos los casos. (últimas Noticias, 30.05.06, pág. 19)
La Fundación Curiara es una institución privada sin fines de lucro, creada para promover proyectos de desarrollo integral, humano y sostenible en la región de América Latina. Así lo explicó Leonor Alvarado, representante de la organización, en su visita a Provea durante el mes de mayo. «Debido a la evidente complejidad de los procesos sociales, enfocamos nuestros proyectos desde una perspectiva multifactorial en la que se conjugan el desarrollo económico con justicia social, revirtiendo los procesos de migración rural hacia los centros urbanos, dignificando el trabajo de la mujer, y condenando la explotación laboral de los niños».
Como visión, Curiara definió el conocimiento tradicional y las prácticas endógenas como elementos fundamentales para lograr un crecimiento armónico que respete las peculiaridades culturales de cada comunidad y los ecosistemas donde se encuentren. Su misión es la promoción del desarrollo social digno y sostenible; mejorar la calidad de vida de los sectores menos favorecidos; empoderar a las comunidades con herramientas para aprovechar al máximo su potencial humano, biofísico y cultural y promover una dinámica de intercambio de conocimientos entre todos los actores.
La Fundación Curiara posee 5 áreas programáticas: Salud y Medio Ambiente, Proyecto No Somos Adultos Chiquitos, Comercio justo, Proyecto herramientas para el desarrollo y Desarrollo social.
La dirección es Final Ave. Motatán, Qta. Doña Julia, Colinas de Bello Monte, Municipio Baruta, Caracas.
Ciudad: Caracas. Teléfonos: 212 753-2227/ 0416 211-0534. E-mail: [email protected]
Milton Revilla se comunicó recientemente por vía electrónica con Provea para solicitar un derecho a réplica y desmentir su presunta vinculación con el asesinato de dos personas, hecho ocurrido el 04.11.02. Como reseñó el diario Ultimas Noticias (Ultimas Noticias, 13.11.02, pág. 21), fuente reproducida en el boletín «Derechos Humanos y Coyuntura nº 105» (http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2002/coyuntura_105.pdf), una denuncia de la Fundación para la Defensa de los Derechos Humanos, (Fundehu) implicaba al capitán del Ejército Milton Revilla en el asesinato de Manuel Pinilla Camacho y su hijo Nelson Pinilla Daza. Sobre esta acusación, Revilla apuntó en su correo electrónico «No deseo pensar que la situación actual sea la responsable del olvido de mi reclamo, justo por demás, no deseo creer que mi caso no es importante, menos aún que razones de carácter político lo tengan engavetado».
- Intensificar el proceso de reforma integral del sistema de administración de justicia para garantizar el acceso de la ciudadanía a los órganos de administración de justicia, la aplicación justa de la ley, la transparencia y celeridad en los procesos y la independencia del Poder Judicial. En este proceso de reforma deben respetarse los principios de independencia y colaboración entre los Poderes Públicos.
- Garantizar la más amplia participación ciudadana y de los actores que intervienen en la administración de justicia en el proceso de reforma judicial.
- Realizar una evaluación de la reforma judicial adelantada en los últimos 10 años con ayuda de organizaciones multilaterales y garantizando la participación de las organizaciones sociales interesadas, de los gremios de abogados, jueces, fiscales y defensores públicos.
- Asegurar el respeto de los principios constitucionales y legales destinados a garantizar la independencia del Poder Judicial en áreas tales como asignación presupuestaria y realización de concursos públicos de oposición para la provisión de jueces titulares.
- Desclasificar los expedientes procesados en la Justicia Militar, clasificados como secretos, relacionados con investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos, en especial los casos de personas desaparecidas o muertas en supuestos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, ocurridas en los años 60, 70 y 80.
- Asegurar que en razón del derecho de los familiares a conocer la verdad de los hechos ocurridos en El Amparo en 1988, se investigue en jurisdicción ordinaria la posible responsabilidad de funcionarios del Estado sobre los cuales no hay decisión definitivamente firme, y se establezca la responsabilidad intelectual, toda vez que al no sancionar a los responsables de aquellos hechos, el Estado está en mora con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de fecha 14.09.96.
- Asegurar la efectiva vigencia de la justicia en otros casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos en el pasado: los sucesos de febrero-marzo de 1989, la represión de los intentos golpistas de febrero y noviembre de 1992, las muertes en manifestaciones desde 1989 hasta el presente, las masacres ocurridas en establecimientos penitenciarios, las ejecuciones de los denominados “grupos de exterminio”, así como las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el marco del frustrado Golpe de Estado de abril de 2002, entre otros.
- Garantizar que las víctimas de violaciones a los derechos humanos y/o sus familiares sean indemnizadas y reciban rehabilitación hasta su total recuperación.
- Aumentar el número de Defensores Públicos de Presos, con nombramientos de titulares escogidos por concurso público de oposición, con la finalidad de agilizar y garantizar una defensa efectiva y certera. • Garantizar que en la reforma al Código de Justicia Militar se desarrolle el mandato constitucional de que los tribunales militares solo son competentes para juzgar delitos de naturaleza militar y quede claramente establecida su incompetencia para juzgar civiles. Igualmente, deberá promoverse una amplia participación social en el debate sobre esa reforma.
- Adoptar medidas adecuadas y urgentes para corregir las fallas en el sistema de administración de justicia penal con relación a la celeridad procesal y designación de escabinos.
- Garantizar que la Asamblea Nacional electa en los comicios del 4 de diciembre de 2005 revise y reforme el Código Penal, ajustándolo a los principios constitucionales vigentes y a la normativa internacional en derechos humanos.
(Provea, 30.05.06. http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2004_05/2017/06/Propuestas.pdf)
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Del 14 al 27 de abril de 2006
Boletín electrónico Nº 169
EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE MAYO
01 Día Internacional de los Trabajadores
03 Día Mundial de la Libertad de Prensa
04 Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales
08 Día de la Cruz Roja Internacional
08 Conmemoración de la Masacre de Yumare, Edo. Yaracuy (1986)
10 Día Nacional de la Afrovenezolanidad
11-17 Semana Nacional de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (Gaceta Oficial del 08.10.97)
15 Día Internacional de la Familia
15 Día Internacional de la Objeción de Conciencia
17 Día Mundial de las Telecomunicaciones
17 Día Mundial Contra la Homofobia
21 Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo
22 Día Internacional de la Diversidad Biológica
25-31 Semana de Solidaridad con los Pueblos de Todos los Territorios Coloniales que Luchan por la Libertad, la Independencia y los Derechos Humanos
28 Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer
29 Día Nacional del Árbol
CONTEXTO
El concurso de personal para el cargo de Educadora (or) en Derechos Humanos fue declarado desierto debido a que los aspirantes que se presentaron no llenaban debidamente los requisitos solicitados. Por tal motivo, Provea ha decidido abrir un segundo período de recepción de documentos.
La (el) candidata (o) debe tener formación en disciplina vinculada con las Ciencias Sociales, preferentemente en Ciencias de la Educación. Su experiencia profesional/laboral debe incluir desempeños en actividades vinculadas con procesos de educación y promoción social, directa o indirectamente relacionada con los Derechos Humanos, en especial con los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC). Es indispensable que posea habilidades pedagógicas teórico-prácticas, pues el desempeño en el cargo implica precisamente la promoción de procesos educativos y de materiales de educación en DESC; excelente redacción; capacidades la planificación, monitoreo y evaluación de actividades educativas, con fuerte componente grupal. Comprometida con la defensa de los derechos humanos de todas las personas y, en particular, que privilegie la perspectiva de defensa y promoción de los sectores sociales más discriminados y excluidos. Debe poseer habilidades para: la investigación, redacción de documentos, formulación de análisis políticos con perspectiva de derechos, elaboración de propuestas de políticas públicas con perspectiva de derecho; para asumir vocería pública y representación institucional, con públicos diversos (instituciones públicas, organizaciones sociales de diverso tipo o medios de comunicación). Debe residir en el área metropolitana de Caracas y estar dispuesta (o) a viajar fuera de la ciudad cuando los requerimientos del cargo así lo exijan, así como a trabajar en horario no convencional.
Como características personales, se espera que la persona sea:
- Dinámica y organizada;
- analítica e intuitiva;
- eficiente; estudiosa y con alta motivación al logro de objetivos colectivos;
- dotada de una especial sensibilidad para los asuntos sociales;
- éticamente comprometido con el trabajo.
- Comprometida con las luchas por la dignidad de personas y sectores sociales más excluidos y discriminados, con disposición al trabajo en grupos de manera democrática y participativa.
- Con capacidad y disposición para pensar y actuar de manera despolarizada, de manera tal que esté dispuesta a solidarizarse con las víctimas de violación a los derechos humanos, independientemente de sus opciones políticas o ideológicas.
El desempeño del cargo exige también:
- visión estratégica para comprender los objetivos de la organización
- establecer prioridades y medir las consecuencias de sus decisiones;
- capacidad de organización, pues debe planificar, ejecutar y evaluar actividades propias de su cargo, derivadas de la planificación global de la Institución ;
- capacidad de respuesta en situaciones de presión, sentido de la oportunidad y paciencia;
Condiciones laborales:
- Sueldo mensual de Bs. 1.139.832
- Cesta ticket por un monto de: (de acuerdo a los días laborables del mes)
- 21 días de bono Vacacional por año
- 21 días de disfrute de vacaciones por año
- 15 días hábiles de vacaciones colectivas: 10 en diciembre y 5 en semana santa o carnaval.
- 2 meses de aguinaldo
- Otros beneficios establecidos en la legislación nacional
Se recibirán CV desde el martes 2 hasta el martes 9 de mayo de 2006. Las entrevistas con las personas preseleccionadas se realizarán los días 11 y 12 de mayo de 2006. La incorporación de la persona seleccionada será el 15 de mayo de 2006.
Enviar CV a laS siguientes direcciones electrónicas: [email protected] ; [email protected] , o entregarlo físicamente en la sede de Provea: Bulevard Panteón. De Tienda Honda a Puente Trinidad. Edificio Centro Plaza Las Mercedes. PB. Local 6. Parroquia Altagracia.
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) invita a participar en el VII Seminario de Formación en Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC): “El derecho humano a la salud: una visión integral”, en Caracas, del 26 al 30 de junio de 2006.
Objetivos:
- Fortalecer aspectos conceptuales y prácticos en torno a la promoción y protección de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC).
- Conocer aspectos conceptuales y principios fundamentales del derecho a la salud.
- Diagnosticar la situación del derecho a la salud en Venezuela.
- Conocer y evaluar los principios, orientaciones y ejecución de la política del Estado venezolano para garantizar el derecho a la salud.
- Conocer las instancias y mecanismos de exigibilidad en el ámbito nacional e internacional para la defensa del derecho a la salud.
- Conocer herramientas teóricas y metodológicas para la vigilancia social del derecho humano a la salud.
- Reflexionar acerca de algunas experiencias concretas de exigibilidad y justiciabilidad del derecho a la salud a nivel nacional e internacional.
Contenido temático:
- La salud como derecho humano: contenido del Derecho y obligaciones del Estado.
- Derecho a la salud y otros derechos relacionados. (vivienda, alimentación, agua, seguridad social…)
- Mecanismos nacionales para la defensa del derecho a la salud.
- Diagnóstico acerca de la situación del derecho a la salud en Venezuela.
- Políticas públicas respecto al derecho a la salud
- Derecho a la salud y derecho a la participación: experiencia.
- Exigibilidad y justiciabilidad del derecho a la salud: experiencias.
Metodología:
El seminario combinará una serie de estrategias metodológicas, a fin de garantizar la diversidad pedagógica, entre ellas conferencias magistrales, paneles de expertos, mesas de trabajo, un foro público, discusiones plenarias, vídeo-foro y talleres.
Perfil de las/os participantes:
Se espera la participación de personas provenientes de distintos sectores sociales interesadas en los contenidos del Seminario, en especial organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales que trabajan el derecho a la salud (comités de Salud; mesas técnicas de agua; comités de tierras urbanas, organizaciones comunitarias, cooperativas, entre otras), personas del sector académico, funcionarias/os del Estado (Fiscalía, Defensoría, Ministerios, Alcaldías, otras ). Además de la pertenencia a estos sectores, para la selección de la(o)s participantes, también se considerará la equidad de género y procedencia geográfica.
Cupo máximo: 80 participantes
Requisitos y lapsos de solicitud de inscripción:
Para solicitar la inscripción, complete el formulario de preinscripción adjunto y envíe a [email protected]
Plazo de inscripción: del 07 de mayo al 02 de junio de 2006
Selección de participantes: del 05 al 09 de junio de 2006
Las personas seleccionadas recibirán confirmación, vía electrónica, a partir del 12 de junio de 2006.
Costos de participación:
- Público en general: Bs. 100.000,oo
- Organizaciones de derechos humanos y populares que trabajen por el derecho a la salud: Bs. 50.000,oo
Incluye material de apoyo y refrigerios.
Provea dispone de un número limitado de ayudas económicas, distribuido de la siguiente forma: - Para grupos de derechos humanos y otras organizaciones sociales de otras regiones del país: hospedaje o traslado terrestre
El pasado 05 de abril, 17 organizaciones de derechos humanos impugnaron la postulación del ciudadano Enrique José Vivas Quintero, como candidato a integrar el Consejo Nacional Electoral (CNE). La impugnación fue motivada en razón de estar presuntamente implicado como uno de los autores intelectuales de la conocida Masacre de El Amparo. Para el momento en que ocurrió la masacre el 29 de octubre de 1988, el señor Vivas Quintero era Comandante del Comando Específico José Antonio Páez. Dicho Comando, constituido con personal de la Fuerza Armada, de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) y de la para entonces Policía Técnica Judicial (PTJ), se encargó de planificar y ejecutar el asesinato de catorce pescadores en las riberas del Río Arauca cerca de la población de El Amparo.
La impugnación fue tomada en cuenta por el Comité de Postulaciones Electorales, quien no seleccionó al señor Vivas Quintero, entre las personas con posibilidades de integrar el CNE.
Las organizaciones de derechos humanos, en nuestra lucha contra la impunidad, seguiremos denunciando y ejerciendo acciones contra todas aquellas personas autoras materiales o intelectuales de violaciones a derechos humanos
John Dinges, periodista de investigación estadounidense, visitó recientemente Venezuela para dictar conferencias sobre comunicación y promover su libro “La Operación Condor”, un profundo seguimiento de los sucesos ocurridos entre los años 1973 y 1980 en las dictaduras militares del Cono Sur. Bajo el liderazgo del general Augusto Pinochet, esa década fue testigo de una alianza secreta entre los gobiernos militares de Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia y Argentina con el objetivo principal de eliminar del continente la estela de movimientos políticos afines del depuesto presidente Salvador Allende. Tal iniciativa, bautizada como «Operación Condor», contemplaba entre sus estrategias el asesinato en capitales europeas y norteamericanas. Tal como Dinges lo demuestra en su libro anterior “Asesinato en Washington” (Editorial Lasser, 1980) y lo confirma en este, Condor fue responsable del asesinato de Orlando Letelier, ex embajador chileno en Estados Unidos, en septiembre de 1976. El grado de conocimiento e implicación de la Casa Blanca en dicha alianza secreta es una pregunta que el periodista de Iowa ha tratado de responder durante más de dos décadas de investigación. Dinges estuvo en Chile durante 1972 y 1978 y fue uno de los pocos periodistas extranjeros residentes en el país, en años considerados como de mayor violencia durante el gobierno militar.
El investigador solicitó a su casa editorial tener un encuentro con las organizaciones de Derechos Humanos venezolanas para compartir impresiones sobre la realidad del país. Provea asistió a esta cita, realizada en Caracas el lunes 24 de abril. El comunicador se mostró interesado por la perspectiva en Derechos Humanos acerca del período de la llamada “lucha armada” de la década de los 60`s, los sucesos de febrero de 1989 y abril del 2002 y las cifras y políticas de seguridad pública en la actualidad. Ante la pregunta de Marino Alvarado, Coordinador general de Provea, sobre los principales retos asumidos en una investigación como la plasmada en “La Operación Condor”, Dinges respondió “Hay muchos huecos, no está documentado todo. Sabemos bien la organización de Condor, cómo fue ejecutado y con que oficiales dentro de DINA –servicio chileno de inteligencia-, pero hay la cuestión de la responsabilidad de Pinochet, quien culpabiliza a sus subordinados. Testimonios de algunos militares derrumban su defensa, demostrando que asistía personalmente a los centros de tortura. Jurídicamente esta bien establecido, incluso históricamente, pero destruyeron toda la documentación burocrática. Por ejemplo en el caso Letelier, que fue mi primer libro, no teníamos nada que vinculara a Pinochet, sólo deducciones, pero fuera de eso nada. Ahora tenemos muchas mas conexiones entre él y ese asesinato. Se han desclasificado muchísimos documentos hasta el punto que puedes establecer la continuidad de los mensajes, y cuando falta uno sabes el contexto del documento. Eso es muy importante. Hay preguntas sin contestar, pero sabes cuales son las preguntas. Es un proceso difícil de confirmar, tengo lo más importante, pero los detalles aun no los tengo”. Sobre si continuaría investigando el tema de violaciones de Derechos Humanos durante ese período, Dinges afirmó “Con dos libros sobre esto, no creo que deba dedicarme a otro mas. Ayudo a muchos investigadores, chilenos que se meten en eso. Quiero que ellos continúen”.
Para mayor información sobre este autor, puede consultarse su página web http://www.johndinges.com
Durante los días 26 y 29.04.06 se realizó en la ciudad de La Habana, Cuba, el V Encuentro Hemisférico de lucha contra el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Convocado por la Alianza Social Continental, la reunión priorizó el debate y la construcción colectiva al interior de las redes y campañas, así como la confrontación de propuestas por regiones. Este objetivo de construcción de un movimiento amplio y propositivo fue resaltado por Osvaldo Martínez, director del Centro de Estudios de la Economía Mundial y presidente del comité organizador en su discurso de apertura: “Los movimientos sociales tenemos que criticar y oponernos a aquel modelo –el neoliberal-, pero también tenemos una tarea de construcción de ese mundo mejor, que sólo surgirá como creación colectiva y como esfuerzo concertado”. El evento contó la presencia de alrededor de 600 representantes de redes y campañas sociales de las Américas. (Minga Informativa, 12.04.06, http://www.movimientos.org/noalca/vencuentro/show_text.php3?key=6971).
En el segundo día del encuentro, las redes sociales (CADA, JUBILEO SUR, CLOC, COMPA, MMM-REMTE, OCLAE y En Defensa de la Humanidad) iniciaron sus sesiones de trabajo, debates que fueron compartidos en una plenaria bajo el espíritu de encontrar puntos comunes respetando la diversidad de las campañas. Las mismas abarcaron un abanico de temáticas como el cierre de la Escuela de las Américas, una campaña de firmas dirigida al presidente Kirchner para lograr que salgan las tropas argentinas del territorio haitiano, la denuncia de la impunidad de la actuación del ejército norteamericano en Paraguay, el genocidio ecológico impuesto por los Estados Unidos contra los recursos naturales y la biodiversidad en la región. Las propuestas no fueron menos plurales: la denuncia del alcance de los tratados comerciales, la formación de comunicadores populares, profundizar la vinculación del pensamiento intelectual a las propuestas y acciones de los movimientos sociales así como la creación de una Red Mundial de Juristas que logre articularse a la luchas de los movimientos en sus diversas expresiones y espacios priorizando los temas de deuda externa, libre comercio y militarización, lucha contra el ALCA y los TLCs, y por la defensa de los derechos humanos. (Minga Informativa, 13.04.06, http://www.movimientos.org/noalca/vencuentro/show_text.php3?key=6985). La cita concluyó con la declaración final “Llevar nuestra unidad a niveles superiores” el cual puede ser consultado en la sección DOCUMENTOS de esta edición.
Alianza Social Continental ratifica agenda de movilización
Los delegados de la Alianza Social Continental (ASC), articulación internacional en la cual participa la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, representada en la reunión por Provea, ratificaron la agenda de resistencia y movilización acordada en Caracas en el marco del VI Foro Social Mundial. La misma plantea dos grandes ejes temáticos a trabajarse en el transcurso de este año. La primera es la “Resistencia a la agenda neoliberal e imperialista de los Estados Unidos de Américas” en donde se confrontarán las diversas expresiones del libre comercio, la ofensiva militarista, el rostro financiero de la globalización neoliberal y el poder de las corporaciones trasnacionales. En segundo lugar, el desafío de propuestas alternativas e iniciativas de integración regional diferentes de las propuestas por el libre comercio. El V Encuentro Hemisférico significó para la ASC un momento para definir la estrategia de la campaña contra el libre comercio, en una agenda continental de movilizaciones planificada para todo el año que incluye, entre otros, un Foro Social Continental sobre Integración (septiembre) y un Tribunal a las Corporaciones Internacionales (mayo).
Los desafíos de Jubileo Sur
La red Jubileo Sur dialogó durante el jueves 13 de abril, en el marco del V Encuentro Hemisférico de lucha contra el ALCA, con activistas sociales de otras organizaciones con el objetivo de elaborar una propuesta de acción que se intercomunique con otras redes y campañas. En esa jornada los delegados de Jubileo recogieron diversas propuestas que se suman al plan de acciones que la organización tiene previsto para los próximos meses. Desde su fundación en 1999, la red Jubileo Sur trabaja por la concientización de los actores sociales y la movilización popular en contra de la deuda que afecta a los países del Sur. Los participantes en el debate manifestaron con urgencia la necesidad de profundizar en propuestas metodológicas que estimulen la reflexión y los planes de acción en el interior de los movimientos sociales y motiven la participación consciente de la gente contra la deuda y sus implicaciones sociales. (Minga Informativa, 13.04.06, http://www.movimientos.org/noalca/vencuentro/show_text.php3?key=6982). Otras coaliciones presentes en la isla caribeña fueron las redes de mujeres (Minga Informativa, 15.04.06, http://www.movimientos.org/noalca/vencuentro/show_text.php3?key=6988) y organizaciones sociales de los tres países de América del Norte (Minga Informativa, 15.04.06 http://www.movimientos.org/noalca/vencuentro/show_text.php3?key=6990)
En los países de América Latina y el Caribe, las políticas de salud deben hacer frente a nuevos y viejos desafíos. La afirmación proviene del documento “La protección social de cara al futuro. Acceso, financiamiento y solidaridad”, difundido a finales de marzo pasado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). En su apartado dedicado a la protección social y los sistemas de salud, el estudio analiza la situación en el continente de la cobertura y alcance de los servicios sanitarios.
Para la CEPAL la agenda de reformas de salud de la región debe perseguir un doble objetivo. Por una parte, avanzar en los mecanismos de solidaridad necesarios para brindar un acceso equitativo a servicios de salud a toda la población, independientemente del ingreso o riesgo de las personas. Por otra parte, se debe procurar contener los costos y mejorar la eficiencia en materia de asignación de los escasos recursos disponibles, de manera de responder a los cambios tecnológicos, demográficos y epidemiológicos que se están produciendo en la región.
Al igual que en el mundo desarrollado, los desafíos históricos obedecen a cambios de la demanda, producto de las dinámicas demográfica, epidemiológica y tecnológica, que requieren y permiten nuevas prestaciones y tratamientos, lo que incrementa los costos de los servicios de salud y el gasto en estos. Los retos contemporáneos reflejan las carencias históricas que presenta la región en materia de equidad de acceso real a servicios de salud oportunos y de calidad, la escasez de personal capacitado y recursos financieros y los problemas de articulación de los sistemas. El imperativo de avanzar hacia la prestación universal de servicios de salud es, sin duda, un factor adicional de presión sobre la demanda y el gasto en el sector.
Las políticas que permiten acercarse a la consecución de estos objetivos comprenden intervenciones en muchos aspectos de las políticas públicas, incluidas las referentes al sector de la salud —como la regulación de la industria de medicamentos y la educación en materia de prevención e higiene— y a la infraestructura pública, obras de saneamiento y agua potable, e iniciativas de vivienda, entre otras.
Desde el punto de vista del financiamiento, el informe propone avanzar hacia la integración de los sistemas públicos y de seguridad social, con el fin de reducir las inequidades que suelen acompañar la existencia de esquemas segmentados y de desvincular el acceso a servicios adecuados de los riesgos médicos y de la capacidad de pago de las personas. Desde el punto de vista de la organización de la prestación, se sugiere propiciar la separación de las funciones de financiamiento y prestación, sobre la base de mecanismos de contratación de servicios que incentiven la racionalización del uso de los recursos. Se plantea además la conveniencia de priorizar un conjunto claramente definido de prestaciones, que irían en aumento de acuerdo con las posibilidades de financiamiento de cada país, otorgándoles carácter de cobertura explícita, garantizada y universal.
También se consideran políticas de expansión de la atención primaria y una adecuada coordinación de servicios descentralizados, orientadas a mejorar la cobertura y el acceso a servicios de salud.
Algunas cifras
El estudio afirma que la situación de América Latina y el Caribe en materia de necesidades sanitarias es muy diversa y en algunos casos, preocupante. Mientras que a nivel agregado, la región se acerca rápidamente a los países desarrollados en cuanto al efecto de enfermedades no transmisibles, no se ha resuelto aún de manera satisfactoria el problema de las enfermedades ligadas a un menor grado de desarrollo, como las transmisibles y las maternoinfantiles. Este fenómeno, usualmente denominado “rezago epidemiológico”, determina un doble desafío para los sistemas de salud de América Latina y el Caribe. Asimismo, la heterogeneidad subregional se manifiesta en un rezago epidemiológico marcadamente más acentuado en los países de menores ingresos y que afecta en mayor medida a su población infantil.
El nivel general de años de vida saludables perdidos (AVISA) -un indicador utilizado para resumir las necesidades sanitarias de una población y la importancia relativa de distintas enfermedades en términos de muertes prematuras y años vividos con discapacidad- de la región es sustancialmente menor al promedio mundial, pero es casi un 50% más alto que el de los países de alto ingreso de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos. En términos agregados, los países de menor ingreso relativo enfrentan una mayor carga de enfermedad, que se ubica muy cerca del promedio mundial. La heterogeneidad regional se manifiesta más drásticamente en la descomposición de los AVISA por grupos de causas de enfermedad. En los países de ingreso medio y alto, la importancia relativa de las enfermedades transmisibles es significativamente menor que en los países de ingresos bajos.
La carga de enfermedades no transmisibles se concentra en el grupo de edad más avanzada, tanto para hombres como para mujeres, mientras que las enfermedades transmisibles y afines son la mayor causa de morbilidad y mortalidad para el grupo de 0 a 14 años de edad. Por último, otra característica de la región es la gran incidencia, en términos relativos, de las muertes por violencia y accidentes, especialmente en el grupo de hombres adultos.
Una aproximación a la medición de la cobertura efectiva de los sistemas de salud corresponde al uso de indicadores acerca de los resultados de las políticas de salud pública en el área maternoinfantil. En términos generales, América Latina y el Caribe superan en indicadores como la proporción de nacimientos atendidos por personal especializado y tasas de inmunización de menores contra el sarampión, el promedio de los países en desarrollo, estas últimas con cifras superiores al 90% y un 82% de los partos atendidos por personal especializado. Estos resultados brindan testimonio del importante esfuerzo que ha realizado la región en términos de política sanitaria, especialmente en el área maternoinfantil.
Gasto y financiamiento en salud
Un indicador para comparar los gastos en salud de los países es en términos del producto interno bruto. A este respecto, CEPAL apunta que las economías de América Latina y el Caribe se comparan positivamente con el promedio mundial y se encuentran cercanas al de los países de alto ingreso de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Sin embargo, cuando la comparación se hace utilizando el nivel de gasto per cápita, que indica el nivel absoluto de recursos que se destinan al sector, el correspondiente a la región es inferior al promedio mundial (438 y 640 dólares por habitante, respectivamente) y es muy inferior al de los países de alto ingreso de la OCDE (2.514 dólares).
Más aún, el relativamente escaso gasto en salud de la región es financiado en gran medida por las propias familias, a través del gasto de bolsillo. Mientras que en los países desarrollados el aporte familiar representa cerca del 20% del gasto total, en los países de la región esta cifra es del 37% y supera el 50% en varios países. Esto se liga en parte a los niveles de gasto del sistema público y de la seguridad social. Los países que registran un menor gasto social en salud tienden a presentar un gasto de bolsillo como proporción del PIB más elevado. Con contadas excepciones, los países de la región presentan un nivel de gasto público menor y un gasto de bolsillo mayor que los países de la OCDE de altos ingresos. La necesidad de incurrir en este tipo de financiamiento para acceder a servicios de salud o al consumo de medicamentos es una fuente importante de inequidad. El marcado desequilibrio inherente al elevado gasto de bolsillo también se refleja en la proporción del gasto familiar dedicado al consumo de bienes y servicios de salud, que tiende a ser más considerable en las familias de menores ingresos. Este tipo de gasto también tiene un efecto importante en el empobrecimiento de los hogares, especialmente en términos de los gastos extraordinariamente elevados o “catastróficos” que deben realizarse ante ciertas situaciones adversas. Asimismo, el gasto de bolsillo en salud es también inequitativo en términos de género: tomando cuatro países de la región como muestra, el correspondiente a las mujeres es entre un 16% y un 40% superior al de los hombres. Por último, se destaca que los medicamentos constituyen el componente más importante del gasto en salud de los hogares. En virtud de este hecho y del elevado costo de ciertos tratamientos, en los países de la región se han desarrollado diversas estrategias para incrementar el acceso a los medicamentos, entre las que se destaca la utilización y promoción del uso de genéricos.
Uno de los objetivos del informe presentado por la CEPAL es el de tender puentes entre los derechos sociales y los criterios de política destinados a reforzar su exigibilidad en términos de mayor acceso, mejor financiamiento y más solidaridad. Por ello, se presta especial atención a algunos de los principales temas relacionados con la protección social, como los procesos de reforma y diseño de los sistemas de salud y previsión social, tomando como base tanto la dinámica del mercado laboral como las posibilidades fiscales de los países.
El texto completo del informe “La protección social de cara al futuro. Acceso, financiamiento y solidaridad”, puede descargarse de la página web de la CEPAL:
La Organización de los Estados Americanos (OEA) abrió una página web para recibir sugerencias y comentarios relacionados con la elaboración de una futura Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia. La página Web trata de incentivar a las entidades no gubernamentales, a los institutos de investigación, universidades y otros sectores de la sociedad civil a participar en la preparación de la nueva Convención.
Durante la Asamblea General de la OEA, realizada en Fort Lauderdale, Florida, en junio de 2005, se aprobó una resolución creando un Grupo de Trabajo Encargado de Elaborar un Proyecto de Convención. Cinco meses después, esta comisión destacó la importancia que debe dedicarse a la participación activa de la sociedad civil en el proceso de reflexión acerca de la futura convención, por lo que decide instituir un mecanismo informal de consulta con la sociedad civil. Esta página estará abierta para recibir opiniones, preguntas y contribuciones de la sociedad civil hasta el 30 de mayo de 2006, y esta disponible en la dirección: http://www.oas.org/racismo
El texto definitivo de la Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia será aprobado por representantes de los 34 países miembros de la OEA en sesión de la Asamblea General, la cual se realizará entre el 4 y 6 de junio en Santo Domingo, República Dominicana.
En un estudio llamado “Contaminación por Modificación Genética, Reporte 2005”, elaborado conjuntamente por Greenpeace y la organización inglesa GeneWatch, se detallan 113 incidentes de contaminación, liberaciones ilegales y relatos negativos de organismos vivos genéticamente modificados (OVMs) en la agricultura mundial. El informe fue presentado en marzo pasado en el 3er Encuentro de las Partes del Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad (MOP-3 por sus siglas en inglés), realizado en Curitiba – Brasil. La investigación abarca un período de 1996 hasta la fecha, y registra el cultivo actual de transgénicos en 21 países, alertando que los incidentes son reportados desde 39 naciones debido que la contaminación avanza las fronteras geográficas y legales que cercenan la plantación y la comercialización de esos productos.
Más del 90% de los casos de contaminación descritos por el informe, se refieren a los cuatro mayores cultivos transgénicos comerciales: maíz, soya, caña y algodón. Estudios muestran que ella puede ocurrir en todas las prácticas del desarrollo de los OVM’s, sea en su fase de pruebas de laboratorio, cultivo en el campo o en el producto alimenticio final. La investigación de Greenpeace, señala las malas identificaciones, débiles controles y la ignorancia de los laboratorios como responsables por esos accidentes genéticos. Las causas de contaminación transgénica fueron de simientes, alimentos y raza animal. En el caso de los alimentos, siete casos eran producciones destinadas a la ayuda humanitaria en América Central y del Sur. El texto del informe puede ser descargado en su totalidad del sitio web de GeneWatch http://www.genewatch.org/Publications/Reports/gm-contamination-report.pdf
Ante el riesgo que la contaminación atraviese fronteras, principalmente por medio de la exportación agrícola, Sérgio Leitão, director de políticas públicas de Greenpeace, defiende que la posición del gobierno Brazilero en asumir la defensa de rotular los productos transgénicos con “contenido transgénico”, al contrario de “puede contener transgénicos”, es esencial. “No es un simple juego de palabras. Juegos semánticos esconden intenciones. Es preciso que el gobierno adopte sin prórroga el inicio de la rotulación”, afirma, contrariando ejemplos como el de Argentina – segundo productor de OVMs , que establece un período de dos años de transición para rotular sus productos. (Agencia de Noticias Carta Maior, 13.03.06, http://agenciacartamaior.uol.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=10262&editoria_id=28)
Identificación total para el año 2012
La discusión sobre la denominación y aplicación de la etiquetación caldeó el debate en el 3er Encuentro de las Partes del Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad, organizado por el Secretariado de la Convención sobre Diversidad Biológica del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). El evento se realizó entre la semana del 13 al 17 de marzo, en cuyo último día fue posible alcanzar un acuerdo consensuado. El mismo establece que sea adoptada inmediatamente la expresión “contiene OVMs”, para los casos donde ya es posible realizar el rastreo, la segregación y la identificación de los transgénicos y la expresión “puede contener OVMs” para los demás casos, que tendrán un plazo de seis años para que se adapten a las nuevas reglas. Los dos regímenes deben coexistir, llevando incluso, la fecha prevista para que el contenido sea adoptado definitivamente. (Agencia de Noticias Carta Mayor, 17.03.06, http://agenciacartamaior.uol.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=10335).
La MOP de Curitiba fue la última a ser realizada anualmente. Por recomendación del Secretario Ejecutivo del Protocolo de Cartagena, a partir de ahora los encuentros de las partes sucederán cada dos años. Por lo tanto, la MOP-4 será realizada en el 2008 y así en adelante. El acuerdo que extendió el plazo de adaptación de cuatro años, inicialmente propuesto por el Brasil para la adopción del “contiene”, tomó presencia en esa resolución y estableció la MOP-5 (2010) como el momento de validación de los resultados obtenidos hasta esa fecha y la MOP-6 (2012), para la adopción definitiva de la reglas de identificación que permitan a los países, y sus poblaciones, saber con seguridad lo que están consumiendo. El texto completo del Protocolo de Bioseguridad de Cartagena, la reunión extraordinaria realizada en la ciudad colombiana en 1999 y que contó con la participación de Venezuela, puede descargarse en http://www.biodiv.org/doc/meetings/cop/excop-01/official/excop-01-03-en.doc
En 1990, los países reunidos en Jomtien (Tailandia), suscriben la “Declaración Mundial sobre Educación para Todos, Satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje”, (disponible en http://www.unesco.cl/medios/biblioteca/documentos/ept_jomtien_declaracion_mundial.pdf ) con el fin de aunar esfuerzos para hacer realidad uno de los puntos contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos “toda persona tiene derecho a la educación”. Una década más tarde, en el Foro Mundial de Educación de Dakar, se reafirma el compromiso con una educación incluyente y de calidad, para lograr que los niños y niñas del mundo tengan acceso y logren completar, el ciclo educativo básico que les permita desenvolverse plenamente en la vida cotidiana. Para ello, se establece un Marco de Acción Mundial que contiene seis metas a ser alcanzadas para el año 2015. Es en este encuentro dónde se acuerda celebrar entre el 24 y 28 de abril la “Semana de la Educación Para Todos”, como manera de reiterar el compromiso adquirido en el 2000.
Los seis objetivos establecidos en el Marco de Acción Mundial son:
1) extender y mejorar la protección y educación integrales de la primera infancia, especialmente para los niños más vulnerables y desfavorecidos.
2) velar por que antes del año 2015 todos los niños, y sobre todo las niñas y los niños que se encuentran en situaciones difíciles y los que pertenecen a minorías étnicas, tengan acceso a una enseñanza primaria gratuita y obligatoria de buena calidad y la terminen.
3) velar por que sean atendidas las necesidades de aprendizaje de todos los jóvenes y adultos mediante un acceso equitativo a un aprendizaje adecuado y a programas de preparación para la vida activa.
4) aumentar de aquí al año 2015 el número de adultos alfabetizados en un 50%, en particular tratándose de mujeres, y facilitar a todos los adultos un acceso equitativo a la educación básica y la educación permanente.
5) suprimir las disparidades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria de aquí al año 2005 y lograr antes del año 2015 la igualdad entre los géneros en relación con la educación, en particular garantizando a las niñas un acceso pleno y equitativo a una educación básica de buena calidad, así como un buen rendimiento;
6) mejorar todos los aspectos cualitativos de la educación, garantizando los parámetros más elevados, para conseguir resultados de aprendizaje reconocidos y mensurables, especialmente en lectura, escritura, aritmética y competencias prácticas esenciales. (UNESCO, 02.05.06, http://www.unesco.cl/medios/biblioteca/documentos/ept_dakar_marco_accion_esp.pdf)
Para el continente americano, el Marco de Acción de Dakar se complementa con el Marco de Acción para las Américas, adoptado en la Conferencia de las Américas sobre Educación para Todos, celebrada en febrero de 2000, que contempla los logros y temas pendientes, desafíos y compromisos asumidos por nuestra región. Para este año, el tema escogido para las celebraciones es “Cada niño necesita un maestro”, realizando eventos en diferentes regiones. (http://www.campaignforeducation.org/). Durante la semana, además, el Instituto de Estadística de la UNESCO difundió el informe “Los docentes y la calidad de la educación: seguimiento de las necesidades mundiales para 2015”, en el que proporciona evaluaciones a nivel internacional y regional sobre la situación de los docentes y la calidad de la educación. El mismo puede descargarse, únicamente en idioma inglés, en la siguiente dirección electrónica http://www.uis.unesco.org/publications/teachers2006.
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
PROVEA ha recibido en varias oportunidades denuncias de adjudicatarios(as) del urbanismo “Ciudad Miranda” construido por el Fondo Nacional de Desarrollo Urbano (FONDUR), los cuales denuncian el incumplimiento del contrato suscrito con el organismo. Los adjudicatarios señalan que a pesar de haber suscrito respectivos contratos de promesa de compra venta con FONDUR, cuyos términos establecen que el(la) adjudicatario(a) se comprometía a cancelar una inicial durante el año siguiente a la firma de dicho contrato, y que al término de ese año contado a partir de la firma del convenio FONDUR les entregaría la vivienda adjudicada, tras lo cual los(as) adjudicatarios(as) debían cancelar el saldo restante. Sin embargo luego de haber transcurrido más de cuatro o cinco años según el caso, todavía no se les ha entregado las viviendas.
Ante estos casos, PROVEA ha enviado comunicaciones a FONDUR, solicitando información sobre la culminación de dicho desarrollo, así como al Ministerio de Vivienda y Hábitat solicitándole que actúe de acuerdo a lo establecido en la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, sino que también ha ejercido acciones judiciales tales como un amparo por violación del derecho petición establecido en el artículo 51 de la Constitución de la República contra la institución, en el cual se le solicitaba información sobre el cronograma de ejecución del proyecto, las fechas de culminación del mismo, así como el presupuesto empleado para ello.
También, PROVEA ha realizado demandas por incumplimiento contractual para exigir que FONDUR cumpla con lo establecido en el contrato y les entregue las viviendas prometidas a los(as) adjudicatarios(as), u otras viviendas de iguales características. Estas demandas fueron declaradas inadmisibles por cuanto los Juzgados Superiores en lo Civil, y Contencioso Administrativo consideran que PROVEA no tiene la capacidad de representación de dichos(as) adjudicatarios(as) para actuar en juicio, por lo cual PROVEA ejerció el recurso de apelación de dichas sentencias por considerar que al ser una organización no gubernamental que tiene como objeto defender los derechos humanos, tiene la representación de los(as) adjudicatarios(as) de “Ciudad Miranda” por cuanto dichos contratos de promesa de compraventa son de interés social. Este tipo de acuerdos tienen como objeto dar cumplimiento a lo que establece el artículo 82 de la Constitución que señala: “El Estado dará prioridad a las familias y garantizará los medios para que éstas y especialmente las de escasos recursos, puedan acceder a las políticas sociales y al crédito para la construcción, adquisición o ampliación de viviendas”. Asimismo, dichas personas otorgaron a PROVEA un poder especial para representarlos(as) en todas las actuaciones administrativas y judiciales ante FONDUR que se deriven de los contratos de promesa de compra venta de las viviendas de “Ciudad Miranda”, recurso de apelación que está actualmente en trámites.
Otra acción judicial ejercida por PROVEA es un recurso de abstención o carencia contra el Ministerio para la Vivienda y Hábitat, por cuanto dicha institución no ha realizado las obligaciones referidas a la supervisión y control de las actividades adelantadas en el marco de una política de vivienda tal como lo establece la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat. Dicho recurso actualmente está siendo conocido por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.
Sin embargo, todavía son numerosas las personas que no sólo acuden a nuestra organización, sino también a diversos medios de comunicación para señalar que todavía no les han entregado las viviendas que les fueran adjudicadas, y que en algunos casos, cuando dichas viviendas son terminadas son ocupadas por personas que no tienen una relación jurídica con FONDUR, pero que se ven afectadas actualmente por el déficit de viviendas que existe, y que ante esa situación ni FONDUR ni el Ministerio de Vivienda y Hábitat toma las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vivienda a los(as) adjudicatarios(as), ni los derechos derivados del contrato de promesa de compraventa celebrado entre ellos.
Esta situación es grave por cuanto el Estado Venezolano no puede satisfacer el derecho a la vivienda de las personas que ocupan las viviendas de Ciudad Miranda sin tener ninguna adjudicación que los respalde, perjudicando el derecho a la vivienda de los(as) adjudicatarios(as) de dicho complejo habitacional que previamente habían celebrado contratos de promesa de compraventa con FONDUR. Por lo tanto, el Estado debe respetar los derechos constitucionales y derivados de los contratos de compraventa que tienen los(as) adjudicatarios(as), y también debe tomar las medidas necesarias para satisfacer el derecho a la vivienda que tienen las personas que están ocupando las viviendas en dichas urbanización de acuerdo a lo señalado en nuestra Constitución.
Recientemente, el Decreto Nro. 4.248, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 38.371 el 2 de febrero de 2006, dictado por el Presidente de la República, el cual entró en vigencia el 3 de abril de 2006, estableció que la solvencia laboral es un documento administrativo emanado del Ministerio del Trabajo que certifica que el patrono(a) respeta efectivamente los derechos humanos laborales y sindicales de sus trabajadores(as).
Dicha Solvencia Laboral constituye un requisito imprescindible para:
a) Solicitar créditos provenientes del sistema financiero público;
b) Acceder al Sistema nacional de Garantías, Fondo de Riesgo y Sociedad Capital de Riesgo;
c) Recibir asistencia técnica y servicios no financieros;
d) Participar en los programas de compras del Estado, Ruedas y Macro Ruedas de Negocios, nacionales e internacionales;
e) Renegociar deudas con el Estado;
f) Recibir apoyo y protección integral para innovación y ampliación tecnológica;
g) Solicitar recursos que favorezcan la importación de materias primas, insumos y/o tecnologías dirigidos a mejorar y ampliar la producción; primas, insumos y/o tecnologías dirigidos a mejorar y ampliar la producción;
h) Participar en procesos de licitación;
i) Tramitar y recibir divisas de la Administración Pública Nacional; y
j) Solicitar para su aprobación el otorgamiento de permisos o licencias de importación y exportación.
Este Decreto ordena que el Ministerio del Trabajo no le otorgue la solvencia laboral a aquellos patronos(as) que hayan realizado las siguientes conductas:
a) Incumpla una Resolución del Ministro o Ministra del Trabajo o cualquier otro acto o decisión dictada por éste o ésta en el ámbito de sus competencias;
b) Negarse a cumplir efectivamente la providencia administrativa o cautelar de reenganche y pago de salarios caídos, así como cualquier otra orden o decisión que dicte la Inspectoría del Trabajo en el ámbito de su competencia;
c) Desacate cualquier observación realizada por los funcionarios competentes en materia de supervisión e inspección del trabajo;
d) Incumpla cualquier observación o requerimiento dictado por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales o el Instituto Nacional de Prevención, Seguridad y Salud Laborales en el ámbito de su competencia;
e) Incumpla una decisión de los tribunales con competencia en materia del trabajo o la seguridad social;
f) No cumpla oportunamente con las cotizaciones y demás aportes al Sistema de la Seguridad Social; y
g) Menoscabe los derechos de libertad sindical, negociación colectiva voluntaria o de huelga.
Debemos señalar, que ésta medida es favorable por cuanto tiene como objeto establecer un mecanismo que permita en la realidad hacer exigibles los derechos de los(as) trabajadores(as) que muchas veces llegan a ser reconocidos por instancias administrativas y judiciales, pero ante la negación del patrono(a) a cumplir con ellos, no existe una forma de realizar una ejecución forzosa de los mismos, además, puede garantizar que muchos patronos cumplan con las obligaciones sociales que tienen para con sus trabajadores.
Sin embargo, al establecer esta medida una limitación al derecho al libre ejercicio de la libertad económica, así como crear una sanción no prevista en leyes, la misma debe realizarse obedeciendo a lo señalado en la Constitución, por lo que debió haberse promulgado bajo la figura de un Decreto Ley y no de un decreto ordinario.
El artículo 112 de la Constitución, establece el derecho de todas las personas a ejercer libremente la actividad económica de su preferencia, y señala que las únicas limitaciones a dicho derecho serán las previstas en la Constitución y las que establezcan las leyes. El Decreto anteriormente señalado es una limitación al derecho del libre ejercicio de la actividad económica, porque establece que los(as) patronos(as) no podrán realizar ninguna de las actividades señaladas en el Decreto a menos de que tengan dicha solvencia laboral.
De igual manera, el artículo 49 de la Constitución establece dentro del derecho al debido proceso que tienen todas las personas, la garantía de que no se le puede aplicar a nadie una sanción que no esté prevista en una ley. El Decreto que establece la solvencia laboral, creó una sanción no prevista en las leyes, porque establece que el patrono(a) que haya realizado alguna de las actividades señaladas en el Decreto no podrán realizar las actividades allí señaladas. La Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos en su artículo 10 señala que ningún acto administrativo podrá crear sanciones, ni modificar las que hubieran sido establecidas en las leyes.
Aunado a ello, la facultad legislativa del Presidente de la República es excepcional, por lo tanto la regla es que sus Decretos sean ordinarios, y la excepción es que sean Decretos Leyes. Los Decretos Leyes son actos del Presidente de la República mediante los cuales se crean reglas de derecho sobre materias propias de la ley formal, por lo que se distinguen de los decretos ordinarios, que tratan sobre asuntos que corresponden a las actividades que desempeña dicho poder. Para dictarlos debe estar habilitado previamente por la Asamblea Nacional, mediante una ley habilitante, tal como lo establece el artículo 236 ordinal 8 de la Constitución Nacional. De igual manera, estos Decretos Leyes tienen como fundamento situaciones excepcionales establecidas en los artículos 337, 338, y 339 de la Constitución.
El decreto que crea la solvencia laboral es un decreto ordinario, por cuanto no existe una ley habilitante de la Asamblea Nacional que le permita al Presidente de la República limitar el derecho al libre ejercicio de la actividad económica, así como no existe un estado de excepción que justifique la restricción de las garantías consagradas en la Constitución, ni un estado de alarma, de emergencia económica o de conmoción interior o exterior, que le permita ejercer su excepcional actividad legislativa, y limitar el derecho al libre ejercicio de la actividad económica que tienen los patronos(as), o crear una sanción no prevista en las leyes. El artículo 137 de la Constitución señala que las competencias de los órganos que ejercen el poder público, son las que se encuentran establecidas en la Constitución y las leyes, y por lo tanto cuando el Presidente de la República dicta actos en materias sobre las cuales no tiene competencia según lo establecido en la Constitución, está violando dicho texto constitucional.
Por esas razones, cuando dicho decreto incumple las normas constitucionales que hemos señalado puede ser declarado nulo por el poder judicial debido a que el artículo 25 de la Constitución, señala que todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por la Constitución y la ley es nulo. Igualmente, el artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, señala que los actos de la Administración serán absolutamente nulos cuando así esté expresamente determinado por una norma constitucional o legal.
Con esto Provea desea resaltar la importancia que las medidas dictadas por el Estado Venezolano para favorecer los derechos de sectores que son considerados en situación desventajosa frente a otros sectores, sean dictadas de acuerdo a lo establecido en la Constitución Nacional, por cuanto un principio fundamental de la actividad administrativa es el principio de la legalidad el cual se ve violentado por todos aquellos actos administrativos que contraríen o se realicen fuera del margen establecido en la carta magna, lo cual genera como consecuencia la nulidad de dichos actos, significando que el esfuerzo en obtener una medida favorable a un sector social desfavorecido se perderá, por cuanto no se pueden proteger unos derechos establecidos de la Constitución menoscabando otros derechos constitucionales.
Con el objetivo de brindar herramientas a los defensores y defensoras de derechos humanos, sindicalistas y otras personas vinculadas al tema laboral, Provea ha editado el folleto número 11 de la colección “Tener derechos no basta” dedicado al tema de los derechos laborales. Partiendo del concepto de Derechos Humanos como marco regulatorio, el texto se adentra en la temática enunciando los diferentes instrumentos jurídicos de protección, la organización sindical, la responsabilidad del Estado y el papel del actual escenario de globalización económica en la flexibilización de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. El texto ha sido redactado por Iván González, director de Derechos Humanos de la Organización Regional Internacional del Trabajo (ORIT) y corregido por el equipo de Provea. El costo del folleto es de 7.000 Bs y puede adquirirse en la sede de Provea, Bulevar Panteón, Puente Trinidad a Tienda Honda, Edificio Centro Plaza Las Mercedes, PB, Local 6, Parroquia Altragracia; comunicándose a los teléfonos (O212) 860.66.69 / 862.10.11 / 862.53.33 o escribiendo al e-mail [email protected]
La Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, PIDHDD, Capítulo Perú, difundió una comunicación para congratularse de celebrar el pasado 28 de abril con los trabajadores del Perú y del mundo, el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo.
Desde 2001 y a iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo OIT, se estableció este día como la oportunidad para recordar a los trabajadores que han sido víctimas de enfermedades, en muchos casos originadas por malas condiciones laborales, contaminación y uso de sustancia dañinas para la salud, y de accidentes ocasionados por deficiencias en los sistemas de seguridad.
Definir una cultura de salud y seguridad es el principal objetivo de marcar esta fecha en el calendario laboral. La conquista de un trabajo decente y seguro debe ser el propósito de toda sociedad digna de respeto, la responsabilidad social de las empresas y el objetivo de las organizaciones sindicales democráticas.
El Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo se celebra en la actualidad en más de cien países y coincide con la víspera del Día Internacional de los Trabajadores.
Para mayor información sobre la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo – Capítulo Perú, puede consultarse su página web http://www.pidhdd.org.pe
Como informó la Sociedad de Amigos en Defensa de la Gran Sabana (Amigransa) a Provea, más de 330 Ciudadanos(as), organizaciones y movimientos sociales de varios países principalmente de Brasil y Venezuela, enviaron una carta a los presidentes Néstor Kirchner, (Argentina), Luis Inacio Lula Da Silva ( Brasil) y Hugo Chávez ( Venezuela) con el propósito de hacerles un urgente llamado de atención sobre el proyecto gasífero suramericano denominado “Gasoducto del Sur” y solicitarles que descarten definitivamente de sus agendas la construcción del mencionado proyecto como medio para cubrir las necesidades energéticas de Suramérica y buscar una opción mas cónsona con la realidad ecológica, económica, y social de la región. La carta se les hizo llegar a los Jefes de Estado en la Asunción, Paraguay, durante su reunión del 19 de abril pactada para discutir la construcción de este gasoducto.
La comunicación señala varios de los impactos que resultaran si se construye este gigante gasoducto. Bajo los planes actuales este podría partir desde la desembocadura del Río Orinoco en Venezuela atravesando la Gran Sabana en la Guayana venezolana para seguir su ruta a través de la Amazonia brasilera hasta llegar a Buenos Aires en Argentina. Llevaría 150 millones de metros cúbicos de gas venezolano para ser distribuido a Argentina, Brasil y a Uruguay con posibles interconexiones con el Paraguay y Bolivia.
La Construcción de un gasoducto de 8000 kilómetros, la instalación de decenas de plantas de compresión y de cientos de estaciones de válvulas, tendría desastrosas consecuencias ambientales debido a que implicaría inmensas deforestaciones de selva tropical amazónica, la remoción de grandes cantidades de tierra, apertura de caminos de acceso en sitios vírgenes, instalación de campamentos, posibles desalojos a poblaciones nativas y pueblos indígenas, la proliferación de enfermedades tropicales, etc., todo ello, facilitando el acceso de oleadas de depredadores e invasores que agravarían aun mas la destrucción que generaría la misma obra. Además, afectará el balance ecológico de ríos que serán atravesados por el gasoducto causando impactos adversos como el estancamiento de aguas, contaminación, y erosión. Las tuberías de hidrocarburos son inexorablemente proclives al desgaste y la corrosión sobre todo en ambientes húmedos tropicales como el Guayanés -Amazónico lo cual las convierten en un riesgo permanente a filtraciones y rupturas pudiendo crear una catástrofe de dimensiones inimaginables en el Amazonas, ocasionando una clara amenaza para Venezuela, Brasil y sus vecinos. El Gasoducto tendrá un costo entre 20 a 25 mil millones de US dólares y cruzaría casi 522 mil kilómetros de áreas prístinas de la región amazónica, hogar de 22 pueblos indígenas y una diversidad de riqueza biológica aun desconocida.
La idea de integrar a suramericana a través de ese gigante gasoducto no traería ni unida ni bienestar a los pueblos del sur ya que esta basada en la sobre explotación de los recursos naturales y en la destrucción de la diversidad que existe hoy en día en la región amazónica. El Proyecto además no toma en consideración los peligrosos impactos que tendrá la sobre-explotación del gas en las costas y tierras venezolanas, ni tampoco los impactos en la región amazónica conocida como el más grande reservorio de agua y reservorio de biodiversidad. Indiscutiblemente este proyecto agregará más deuda a la ya existente deuda ecológica y social que afecta la región.
Para ver el texto completo de la comunicación y la lista de firmantes visitar http:// www.PetitionOnline.com/rechaz01/petition.html. Para mayor información escribir al correo electrónico de Amigransa [email protected].
Según informó el diario El Universal el Ejecutivo Nacional incrementó en 2005 los fondos para el sector vivienda, pero la inversión estuvo por debajo de la prevista en el año 2000. Según esta fuente, el análisis de las cifras del Sistema de Indicadores Sociales de Venezuela (Sisov) -ente adscrito al Ministerio de Planificación y Desarrollo-, http://www.sisov.mpd.gov.ve, señalan que los recursos para el área social fueron 32,9 billones de bolívares y los fondos ordinarios para la construcción de soluciones habitacionales ascendieron a 2,9 billones de bolívares. Esas asignaciones comprendieron el presupuesto y el gasto vía créditos, no se incluyeron los desembolsos de la industria petrolera.
Esa distribución refleja que del gasto social ordinario previsto en 2005, solo 8,9% se destinó a vivienda. Si bien los fondos erogados el pasado año fueron superiores a los de 2004 cuando el gasto fue 1,2 billones de bolívares, la asignación no superó la prevista en ejercicios anteriores. En el 2000 la participación fue 15% y en el período de 1996 y 1998 osciló entre 11,8% y 14,7%. (El Universal, 17.04.06, http://www.eluniversal.com/2006/04/17/eco_art_17202A.shtml).
| AÑO | PORCENTAJE |
| 1996 | 14,5 |
| 1997 | 14,7 |
| 1998 | 11,8 |
| 1999 | 8,2 |
| 2000 | 15,0 |
| 2001 | 8,2 |
| 2002 | 7,4 |
| 2003 | 8,7 |
| 2004 | 5,2 |
| 2005 | 8,9 |
http://www.sisov.mpd.gov.ve/indicadores/vivienda/gastopublicoenvivienda/vi03016/vi0301600000000/index.html
Esta información coincide con las apreciaciones del Informe Anual octubre 2004 / noviembre 2005 de Provea, en cuyo informe especial «Derecho a la vivienda y hábitat dignos en Venezuela. Balance 1999-2005)» establece que el Estado venezolano, a pesar de haber previsto para el 2004 un gasto social de más del 40% (la proporción más alta en los últimos 14 años), ha disminuido el porcentaje del gasto público en vivienda con relación al gasto social. Después de haber alcanzado un 15% en el año 2000, lo dispuesto para atender el tema de vivienda en el 2004 registra el nivel más bajo (5%) de este mismo período. Esto refleja una inversión social que progresivamente ha ido restando prioridad al sector vivienda, especialmente a partir del año 2000.
(Provea , 2005, http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2004_05/Informe_Especial.pdf)
Los datos Sisov revelan que el gasto de vivienda por habitante fue 43.539 bolívares y aunque registró un incremento de más de 90% respecto a 2004 cuando fue 22.497 bolívares, estuvo por debajo de la inversión de los años 2000 y 1997. En esos dos ejercicios el gasto por habitante fue 54.210 bolívares y 51.207 bolívares. Entre 1999 y 2005 el gobierno central realizó 110.000 soluciones habitacionales, pero ese monto realizado en siete años era la meta del primer mandatario solamente para el ejercicio 2005.
Las autoridades del sector vivienda en los últimos meses han efectuado cambios en la fijación de los objetivos de construcción, debido a que no sólo incluyen las unidades terminadas por el gobierno central sino también las realizadas por gobernaciones y alcaldías y los entes nacionales. El pasado año todas esas instancias pudieron realizar 41.210 soluciones habitacionales quedando pendientes por entregar en este período 76.217 viviendas. (El Universal, Ibíd.)
Las cifras del gasto público en vivienda como porcentaje del PIB también muestran un descenso para los últimos guarismos registrados, correspondientes a 2004. El porcentaje de este año, 0,6%, es el menor de casi una década, el período correspondiente entre los años 1995 y 2004.
| AÑO | PORCENTAJE |
| 1995 | 0,7 |
| 1996 | 1,1 |
| 1997 | 1,4 |
| 1998 | 1,0 |
| 1999 | 0,8 |
| 2000 | 1,7 |
| 2001 | 1,0 |
| 2002 | 0,8 |
| 2003 | 1,1 |
| 2004 | 0,6 |
http://www.sisov.mpd.gov.ve/indicadores/vivienda/gastopublicoenvivienda/vi03012/vi0301200000000/index.html
El gobierno central efectuó 16.367 unidades de los planes 2001 y 2002 y faltan por culminar 17.446 soluciones. Mediante el programa de sustitución de ranchos por viviendas (SUVI) se transformaron 3.695 unidades y quedaron para este ejercicio las modificaciones a un lote de 42.577 soluciones.
Los gobernadores y alcaldes construyeron 11.451 viviendas, quedando pendientes por entregar 3.593. Los entes nacionales como Corpozulia, Corpovargas, Ipasme y Corporación Venezolana de Guayana (CVG) efectuaron 9.697 viviendas y tienen en agenda 12.601 soluciones habitacionales. (El Universal, Ibíd.)
Por su parte, el Instituto Nacional de la Vivienda informa en su página web la ejecución a nivel nacional de cerca de 15 mil viviendas a través de sus distintos programas de construcción: El Fondo de Ahorro Social Público, Pueblo Nuevo, Atención Habitacional para Familias Damnificadas o en Situación de Riesgo Inminente y Recursos Ordinarios. (Instituto Nacional de la Vivienda, 02.05.06, http://www.inavi.gov.ve/Logros.asp)
En este sentido, el ministro para la Vivienda y Hábitat, Luis Figueroa, declaró que para el 2006 se espera culminar 150 mil viviendas, de las cuales 100 mil vienen como arrastre de años anteriores y confirmó la entrega de 15 mil 921 viviendas durante el primer trimestre del año en curso. El funcionario informó que el ministerio dispondrá de 10,6 billones de bolívares para la construcción de viviendas, lo que permitirá atender a 215.929 familias. (Radio Nacional de Venezuela, 07.04.06, http://www.rnv.gov.ve/noticias/index.php?act=ST&f=4&t=31888).
Índice de Precios al Consumidor (IPC)
| Mes | Tasa de variación mensual | Tasa de variación intermensual | Tasa de variación acumulada 2006 |
| Enero | 0,7 | x | x |
| Febrero | 0,3 | -0,4 | 1 |
| Marzo | 0,9 | 0,6 | 1,9 |
| Abril | 0,6 | -0,3 | 2,5 |
http://www.bcv.org.ve/c4/notasprensa.asp?Codigo=4710&Operacion=2&Sec=False
Según el Banco Central de Venezuela el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del área metropolitana de Caracas registró en el mes de abril una tasa de variación de 0,6%, inferior a la del mes de marzo (0,9%) y a la reportada en abril de 2005 (1,3%). Con este resultado la variación acumulada al cierre del cuarto mes del año 2006 se ubica en 2,0%, la menor para un mes de abril desde el año 1988.
Explicó el ente bancario que el decrecimiento de la variación intermensual del IPC en el mes obedece, principalmente, a que la tasa correspondiente a los rubros sujetos a control de precios pasó de 1,0% a 0,5%; a ello contribuyó el resultado favorable de los servicios básicos (–0,1%), como consecuencia de la contracción observada en la electricidad residencial (-0,4%), por efecto del factor de ajuste al combustible que es utilizado para la generación de este tipo de energía. Los rubros no controlados, por su parte, mantuvieron una tasa de crecimiento similar a la del mes previo, al pasar de 0,8% a 0,7%.
Al analizar el comportamiento del IPC a nivel de agrupaciones se observa una desaceleración generalizada, representada en 8 categorías registraron una variación menor que la obtenida en marzo: Esparcimiento y cultura (de 1,8% a 0,5%), Bienes y servicios diversos (de 1,3% a 0,6%), Servicios de educación (de 1,5% a 0,7%), Restaurantes y hoteles (de 1,8% a 0,9%), Bebidas alcohólicas y tabaco (de 2,3% a 1,2%), Vestido y calzado (de 1,2% a 0,4%), Equipamiento del hogar (de 1,0% a 0,3%) y Servicios de la vivienda (de 3,8% a –0,3%). En sentido contrario, sólo una agrupación aceleró significativamente: Comunicaciones, de 0,0% a 3,2%.
Con los resultados observados del IPC en el período, la variación anualizada se ubica en 11,4%, la mas baja en los últimos 239 meses (mayo de 1986).
Canasta Alimentaria de los Trabajadores
| Mes | Valor Mensual (en bolívares) | Tasa de Variación Intermensual | Tasa de Variación Acumulada 2006 (en %) | Déficit del Poder Adquisitivo (en %) |
| Enero | 631.452 | 0,6 (4.017 Bs) | x | 64,1 |
| Febrero | 635.098 | 0,6 (3.646 Bs) | 1,2 | 73,3 |
| Marzo | 642.987 | 1,2 (7.889 Bs) | 2,4 | 72,4 |
| Abril | 645.606 | 0,4 2.619 Bs | 2,8 | 72,2 |
Según las cifras del CENDA, la Canasta Alimentaria de los Trabajadores/ CAT para el mes de abril de 2006 tuvo un costo de Bs. 645.606, presentando un incremento de Bs. 2.619, correspondiente a un alza de 0,4%, con respecto a su costo en el mes de marzo, cuando subió Bs. 7.889 / 1,2 %. El poder adquisitivo del salario mínimo vigente para esa fecha, Bs. 465.750, se ubica en 72,2%. El salario mínimo presentó un déficit de Bs. 179.856, solo para cubrir los gastos de alimentación.
Las variaciones más significativas, por grupos alimenticios, promediaron las siguientes cifras:: Pescados (6,4%), Azúcar y sus similares (5,7%), Semillas, oleaginosas y leguminosas (3,7%), carnes y sus preparados (1,9%), Raíces, tubérculos y otros (0,5%); Grasas y aceites (0,2%); Leche, quesos y huevos (-4,4%), Productos alimenticios(-2,7%), Bebidas no alcohólicas (-2,2%); Frutas y hortalizas (-0,7% y Cereales y productos derivados (-0,7%)
- Continuar con el incremento de la matrícula de educación preescolar y de educación media a fin de lograr, por lo menos, un 55% de cobertura neta en un plazo no mayor de 5 años, sin desatender el crecimiento necesario de los niveles restantes.
- Velar por el cumplimiento efectivo de:
- La política que garantiza el acceso a la educación pública sin el condicionamiento de cobros de ninguna naturaleza.
- Todas las Resoluciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes destinadas a impedir cualquier forma de discriminación de alumnos en el ingreso y/o permanencia en el sistema educativo.
- La asignación eficiente, equitativa y oportuna de recursos financieros a los establecimientos educativos para que puedan funcionar sin depender de las cuotas de la Sociedad de Padres y Representantes.
- Elaborar y dar a conocer un Plan Nacional de Reparación de Escuelas con metas a corto, mediano y largo plazo a fin de que la ciudadanía pueda controlar la efectividad en el cumplimiento del mismo.
- Continuar el proceso de construcción de aulas para lograr incluir a la población desescolarizada, priorizándose el nivel preescolar y la II etapa de educación básica.
- Desarrollar planes específicos y entrenamiento docente para disminuir progresivamente los índices de repitencia, especialmente los constatados en 1° y 7° grados.
- Aprobar la Ley Orgánica de Educación acorde con los principios y fundamentos establecidos tanto en la Constitución vigente como en los acuerdos internacionales de derechos humanos; incluir las resoluciones y recomendaciones de los organismos internacionales tanto a escala regional como universal.
- Garantizar la participación social en la formulación del Plan Nacional de Educación para Todos.
- Desarrollar un plan nacional de formación docente para adecuar las prácticas pedagógicas a una concepción de la educación no excluyente, democrática y participativa.
- Mantener la tendencia a la inversión educativa a fin de garantizar presupuestos acordes con las necesidades de cada uno de los niveles educativos.
- Garantizar que el ingreso a la docencia sea solo a través de concursos públicos organizados en forma periódica, transparente y de acuerdo con parámetros legales.
- Reactivar el Sistema Nacional de Medición y Evaluación del Aprendizaje (Sinea).
- Eliminar el carácter obligatorio de la asignatura Instrucción Premilitar.
- Elaborar un nuevo instrumento normativo que actualice y mantenga el espíritu de la Resolución N° 1484, la cual establece, en el sistema curricular venezolano, la educación en valores y derechos humanos.
- Prestar especial atención a la formación docente de las personas responsables de las Misiones educativas, para que no se repitan viejos errores metodológicos presentes en la estructura escolar venezolana.
(Provea, 02.05.06. http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2004_05/2017/06/Propuestas.pdf)
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
INVITACIONES A EVENTOS
ARTÍCULOS
Es preocupante la situación de adjudicatarios/as de Ciudad Miranda, quienes refieren que FONDUR y el Ministerio para la Vivienda y Hábitat (MVH) no toman medidas adecuadas para garantizar su derecho a la vivienda, frente a las ocupaciones de edificios (aún sin terminar) por familias sin relación jurídica alguna con FONDUR.
Esas viviendas fueron adjudicadas a familias de escasos recursos, que realizaron gastos para obtenerlas, dejándolas en incertidumbre, por cuanto sus contratos señalan que en un año se les entregarían las viviendas, pero en muchos casos han transcurrido más de cuatro años sin que sean construidas, y cuando se construyen son ocupadas por otras personas.
El Estado no debe violentar los derechos de unas personas para satisfacer los de otras (principio del derecho venezolano), por lo tanto el MVH y FONDUR no pueden satisfacer el derecho a la vivienda de los/as que ocupan en Ciudad Miranda perjudicando el derecho a la vivienda de los/as adjudicatarios/as. El MVH debe diseñar una política que atienda la diversidad de la problemática en vivienda, garantizando la seguridad de tenencia y presentando nuevos proyectos para a nueva/os propietaria/os. (Provea, 02.05.06, [email protected]).
(Extraído del informe “La protección social de cara al futuro: Acceso, financiamiento y solidaridad” de la CEPAL, marzo del 2006).
El enfoque de derechos ha adquirido una importancia creciente, no solo como fundamento ético de las democracias políticas en América Latina y el Caribe, sino también como horizonte normativo y programático del desarrollo social. En la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada por las Naciones Unidas en 1948 se establecen tres tipos de derechos en un marco doctrinario de indivisibilidad: los derechos civiles, que consagran las libertades de los individuos respecto a la coacción del Estado e incluyen, entre otros, la libertad de expresión y pensamiento, de asociación y reunión, de culto y religión, de propiedad, y el derecho a la justicia; los derechos políticos, a saber, el derecho a participar en el ejercicio del poder político, a elegir a representantes y gobernantes y a ser elegido; y los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), que incluyen derechos al trabajo, la seguridad social, ingresos dignos, descanso y tiempo libre, salud, abrigo y vivienda, y cultura, entre otros.
Cada vez más, los derechos sociales son invocados como criterio fundamental orientador de la política social, “tanto entre los diversos actores políticos como en los organismos internacionales porque, entre otras razones, permiten usar el criterio de universalidad para prestar servicios de asistencia social y bienestar” (Gordon, 2003). A diferencia de los derechos civiles y políticos, el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales demanda mayor progreso e igualdad sociales.3 Reconocido el carácter imperativo de estos derechos, se otorga mayor urgencia y fuerza a los mecanismos de distribución de activos que permiten avanzar hacia formas menos excluyentes de sociedad. Esto no supone una dicotomía entre el desarrollo centrado en derechos y las opciones en las que se otorga prioridad al crecimiento económico; por el contrario, implica la búsqueda de alternativas óptimas que permitan enmarcar el crecimiento económico en políticas que, junto con promover la ciudadanía social, contribuyan a la estabilidad política por el hecho de mitigar los contrastes sociales, a la legitimación de la democracia vinculándola a un aumento general del bienestar y a la mayor formación de capital humano por mejorar el acceso a educación y salud.
Una vez que los derechos económicos, sociales y culturales son consagrados como derechos inalienables y ratificados por los gobiernos, la ciudadanía social ya no puede plantearse ni como posterior ni como secundaria respecto de la ciudadanía civil o política. En este sentido, el sistema de derechos rompe la perspectiva lineal, vale decir, impugna el supuesto de que en primer lugar hay que garantizar los derechos civiles y políticos, y solo una vez que estos se instituyen plenamente correspondería comenzar a prestar atención a los derechos sociales.4 Por el contrario, existe un consenso amplio sobre la interdependencia entre el respeto de las libertades civiles, el ejercicio de derechos políticos y el acceso de las personas a bienes, servicios y prestaciones que garantizan o promueven el bienestar.
En la medida que los derechos económicos, sociales y culturales prescriben que es deber de los Estados fomentar una mayor integración al trabajo, a la educación, a la información y al conocimiento, así como a las redes de protección e interacción sociales, permiten mejorar la capacidad de los ciudadanos para participar en instituciones políticas, en el diálogo público, en asociaciones civiles y en el intercambio cultural. Por el contrario, a mayor igualdad en el ejercicio de los derechos políticos y de ciudadanía en el sentido republicano (como participación de los ciudadanos en los asuntos públicos), mayor es la participación de los grupos excluidos en la toma de decisiones que influyen en las políticas distributivas y, por tanto, mayores son las posibilidades de traducir la ciudadanía política en ciudadanía social. Se trata entonces de fomentar la dialéctica que vincula la voz pública, el empoderamiento social, el acceso a prestaciones y beneficios de protección social y el desarrollo del capital humano como vehículo que conduce a la igualdad de oportunidades. En este sentido, es necesario revertir la asimetría existente entre quienes consiguen hacer oír su voz porque tienen una posición de mayor poder político y de negociación colectiva y que, por lo tanto, consiguen la tutela y protección de sus derechos, y quienes, por tener menos poder e influencia, no logran hacer efectivos esos mismos derechos. Por lo mismo, un orden basado en derechos sociales tiene que ocuparse de contrapesar la relación de poderes e influencias, a fin de evitar el círculo vicioso en que los más excluidos socialmente sean los más débiles desde el punto de vista político.
Puede entenderse que un desarrollo orientado por el marco normativo de los derechos humanos se oriente a los siguientes componentes de la vida colectiva: el desarrollo productivo con el pleno ejercicio de las libertades individuales; un orden democrático que permita formas auténticamente representativas de arbitrar conflictos, aplicar políticas y distribuir poderes, y que promueva la participación de todos los actores; una estructura distributiva y de provisión de servicios que optimice, conforme al volumen de recursos producidos, la satisfacción de necesidades básicas y la protección de toda la población ante los riesgos que enfrenta; el fomento de un mundo laboral en el que se respete el derecho a un ingreso digno y que opere como mecanismo real de inclusión social, si bien esta debe contar con mecanismos en otras esferas de la vida social; y el pleno respeto de la diversidad cultural, plasmado en instituciones idóneas, que asegure el derecho de todos los individuos y grupos a no ser discriminados por factores culturales o de adscripción, y a gozar de libertad para estructurar la propia vida de acuerdo a sus valores en un marco de pleno respeto de los derechos de los demás.
La aplicación de un enfoque de derechos humanos a dimensiones especiales de la protección social las ubica en el marco de derechos exigibles, cuyos beneficiarios deben ser vistos como ciudadanos que exigen sus legítimos derechos al reclamar la asignación de recursos y la disponibilidad de servicios. Además, en este enfoque se identifica un conjunto de obligaciones estatales que debe considerarse desde una perspectiva dinámica y progresiva y que se relacionan con los derechos económicos, sociales y culturales, incluido el derecho a un nivel de vida adecuado, que supone la provisión de servicios sociales universales e igual acceso a los bienes y servicios pertinentes.
2 En documentos anteriores de la CEPAL se ha procurado establecer una relación entre el desarrollo económico y social de la región y el marco orientador de los derechos, sobre todo los económicos, sociales y culturales. Véanse CEPAL/IIDH (1997) y CEPAL (2000a).
3 Para efectos de este documento se usará indistintamente DESC y derechos sociales, no porque sean sinónimos sino porque la protección social es parte del contenido de los derechos económicos, sociales y culturales como un todo y específicamente de los derechos sociales.
4 La concreción de los derechos sociales solo puede ser progresiva y diferenciada según la situación de los países.
«La migración de mexicanos y centroamericanos a Estados Unidos ha provocado en el último año un ambiente de creciente histeria, racismo y xenofobia. De hecho, en cuanto al tema migratorio, un ambiente kafkaiano se ha apoderado de una parte de EEUU.
Tiempos de migrantes en Estados Unidos: tiempos de Kafka
Lo kafkaiano de la situación migratoria deriva de contradicciones que no encuentran resolución. Por una parte en México y Centroamérica las políticas neoliberales que sucesivos gobiernos han fomentado desde mediados de los años 80´s han llevado a la «La migración de mexicanos y centroamericanos a Estados Unidos ha provocado en el último año un ambiente de creciente histeria, racismo y xenofobia. De hecho, en cuanto al tema migratorio, un ambiente kafkaiano se ha apoderado de una parte de EEUU.
Tiempos de migrantes en Estados Unidos: tiempos de KAFKA
Las contradicciones irresueltas
Lo kafkaiano de la situación migratoria deriva de contradicciones que no encuentran resolución. Por una parte en México y Centroamérica las políticas neoliberales que sucesivos gobiernos han fomentado desde mediados de los años 80 han llevado a la destrucción de empleos en el campo y la ciudad, a la des-industrialización de la planta productiva, a pobres más pobres y a ricos más ricos. Para las pocas personas que consiguen empleo en el sector formal de la economía, los salarios cada año compran menos. Son éstos, en resumen, los factores de expulsión de la mano de obra de México y Centroamérica.
Por otra parte, en EEUU la población envejece rápidamente dejando empleos vacantes por millones. Si son empleos “buenos”, los jóvenes estadounidenses los ocupan. Pero hay millones de empleos que los estadounidenses no quieren realizar, los llamados “empleos de callejón sin salida”, porque no ofrecen posibilidades de ascenso en términos salariales, o de responsabilidad, o de prestigio. O porque son desagradables, sucios, peligrosos o domésticos. Pero son empleos que si no se realizaran, muchos sectores dejarían de funcionar (hoteles, restaurantes, hospitales, escuelas, agricultura, construcción, jardinería, rastros de ganado, empacadoras de carnes y pescado, empleos domésticos y muchos otros). Los empresarios y economistas saben que los migrantes son vitales para la economía. Estos son pues los factores de atracción de mano de obra hacia Estados Unidos.
Existe demanda de brazos en EEUU y oferta en México y Centroamérica. La lógica detrás de la migración es irrefutable. Tanto así que millones de personas han respondido en “congruente consecuencia”, acarreando obviamente enormes costos sociales asociados.
La derecha se apodera del discurso migratorio
En un mundo más racional y menos tolerante de grupos racistas de supremacía blanca , los abundantes solicitantes de trabajo viajarían sin mayor restricción hacia la oferta. La irracionalidad surge de voces de la extrema derecha en EEUU que buscan preservar una siempre mal definida cultura nacional. Para estas voces, no se trata solamente de documentos migratorios, estén o no en regla. La extrema derecha, alegando preocupación por la seguridad de la nación, ha librado una campaña para convencer a la opinión pública estadounidense de que el país ha sido invadido por extranjeros. Para desgracia de los migrantes, la campaña ha tenido éxito y el discurso paranoico ha calado. Los efectos de este clima xenófobo se dejan sentir en, por ejemplo, el surgimiento de grupos paramilitares racistas en la frontera con México que al menos un grupo defensor de los migrantes –Red de Acción Fronteriza (Border Action Network)– ha responsabilizado del “brutal asesinato” de migrantes.
Tal vez el efecto más nocivo de la histeria es la creciente tendencia a criminalizar la migración indocumentada. Existen varios proyectos de ley pendientes en el congreso estadounidense que–a manera de ejemplo–convertirían en delito el dar cualquier apoyo, incluyendo el ofrecimiento de agua o alimentos, a migrantes sin documentos (es el anteproyecto HR4437, uno de los más represivos). La asesoría jurídica a indocumentados estaría prohibida. Las iglesias tendrían que averiguar el estado migratorio antes de ofrecer ayuda a personas necesitadas. Inclusive el sólo estar en territorio estadounidense sin documentos válidos se convertiría en delito. Si se aprueba, la ley de un plumazo convertiría en delincuentes a 11 millones de indocumentados ya residentes en EEUU. El mismo anteproyecto impulsaría la construcción de 1,100 kilómetros de barda en diversos puntos de la frontera. También se pretende penalizar a empleadores que contraten a “ilegales”, creando un sistema nacional para la revisión por Internet de cédulas de identidad, que confirmaría al instante la validez de documentos proporcionados por el empleado potencial.
En varios estados en EEUU se ha desatado una cacería contra los jornaleros mexicanos y centroamericanos que se reúnen en conocidos estacionamientos o esquinas con la esperanza de ser contratados. En algunos estados los indocumentados no tienen derecho a gestionar una licencia de manejo, con lo cual se incrementa su inseguridad y precariedad en centros urbanos de enorme extensión, en donde la única forma de desplazarse al trabajo es mediante un automóvil particular.
Otra reacción visceral antimigrante es la reciente decisión en la cámara baja del congreso estatal de Georgia de cobrarles a los indocumentados un impuesto del 5% sobre el monto de las remesas que hagan a su país de origen. Si el remitente del dinero presenta documentos que confirmen su estancia legal en el país, se le eximirá del impuesto. La justificación esgrimida por los autores de la medida se basa en un viejo y trillado mito: los “ilegales” se aprovechan de los servicios sociales (hospitales, escuelas, etc.) y generan gastos para el erario más allá de lo que contribuyen mediante los impuestos deducidos de su sueldo por el empleador. El impuesto recaudaría fondos directamente de quienes supuestamente abusan de los servicios sociales. El proyecto de ley no termina de ser aprobado, pues necesita votarse en la cámara alta. Ya existe oposición a esta medida discriminatoria, pues aparte de basarse en una falacia, el efecto sería convertir en agentes migratorios a empleados de oficinas de telégrafos, bancos, pequeñas tiendas de todo tipo que tramitan remesas.
Elementos de racionalidad en el debate escasean. Ni los medios ni los académicos se preguntan porqué la migración ha aumentado tanto–300% en 10 años. En cambio, los titulares de los periódicos revelan cada vez mayor insensatez. Por ejemplo:
- En EEUU se detienen y enjuician a ciudadanos de ese país por salvar a mexicanos de una probable muerte en el desierto de Arizona, donde las temperaturas diurnas rozan los 50 grados durante varios meses.
- Autoridades de los Tohono O’odham, un pueblo indígena tradicionalmente hospitalario de EEUU, cuya reservación tiene frontera con México, se niegan a permitir que se establezcan pequeños oasis, con botellas de agua, en las rutas de migración que atraviesan su territorio. A los migrantes “les hace más daño . Han venido de lejos y esperan agua, y probablemente no habrá”.
- Tras un escándalo montado en EEUU, la Secretaría de Relaciones Exteriores se abstuvo de distribuir el folleto “Guía del migrante mexicano”, elaborado para salvar vidas de migrantes durante su camino hacia EEUU y dar a conocer los derechos de los migrantes.
- En un año mueren 282 mexicanos y centroamericanos en un solo sector del desierto de Arizona y el gobierno mexicano no dice nada (véase http://www.ciepac.org/bulletins/).
- Algunos negros de los Estados Unidos se han unido al grupo racista Minutemen, o apoyan sus actividades de “cazamigrantes” o apoyan medidas antimigrantes pues, según ellos, los inmigrantes ilegales, especialmente los mexicanos, «roban trabajos a los negros».
- Las autoridades del condado de Pima, Arizona aprobaron en 2005 desembolsar US$25 mil a los grupos activistas que instalan tanques de agua en las rutas más utilizadas por migrantes en el desierto. Resulta que es más barato para el condado desembolsar esa cantidad, y con ello salvar vidas, que recoger cadáveres en el desierto, guardarlos en la morgue del condado y luego repatriarlos a México o cremarlos.
- Y la nota chusca: Una diseñadora de tenis de alta moda regala su calzado a migrantes que están a punto de cruzar la frontera por tierras inhóspitas, pues los tenis son, según ella, la mejor garantía de que sobrevivan la travesía. Las puntas de las agujetas sujetan una lamparita y una brújula, la plantilla removible es un mapa en miniatura de la zona fronteriza. La imagen de la Virgen de Guadalupe aparece en la parte posterior del tenis.
Los remansos de humanidad y solidaridad
Detallar la primera nota revela dos asuntos importantes que ocurren del lado estadounidense de la frontera. Por una parte lo absurdo del ambiente reinante en EEUU en donde salvar vidas se puede castigar con sentencias de 15 años en la cárcel y multas de medio millón de dólares. Por otra parte revela un dato que se pierde, o más bien no se reporta, en medio de escandalosos titulares sobre paramilitares –“cazamigrantes”– en la frontera empeñados en detener la “invasión de América” (sic). El dato tiene que ver con los cientos de organizaciones de la sociedad civil que, de igual forma, están empeñadas en salvar vidas y promover los derechos de los migrantes. El derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a migrar en busca de una vida digna que no pueden encontrar en su país. El derecho a no morir carbonizado en el desierto o “cazado” por grupos racistas.
El pasado julio 2005, dos jóvenes de 23 años, Shanti Sellz y Daniel Strauss, voluntarios de la coalición No Mas Muertes (www.nomoredeaths.org), encontraron a tres migrantes mexicanos en el desierto de Arizona. Los mexicanos se habían rezagado del grupo de personas con el que caminaban, pues sufrían los primeros síntomas debilitantes de la insolación y deshidratación, además de tener enormes ampollas y llagas en la planta de los pies. Habían vomitado sangre. Tenían sed y hambre. Habían quedado varados en su camino y las ampollas les impedían buscar auxilio Enfrentaban un cuadro que con frecuencia lleva a la muerte de migrantes en el desierto por hipertermia, deshidratación e insolación. La muerte por hipertermia es espeluznante. La víctima literalmente se vuelve loca a medida que el aumento de la temperatura corporal provoca una especie de corto circuito en el cerebro.
Shanti y Daniel participaban en los recorridos de rutina que realiza No Más Muertes en el desierto, precisamente para auxiliar a los que ya no pueden avanzar por su propia fuerza. Dada la enormidad y soledad del desierto, el encuentro con los tres migrantes mexicanos fue por casualidad. Al evaluar su situación, los dos socorristas estadounidenses, en apego al procedimiento establecido, se comunicaron por celular con una enfermera asociada a No Más Muertes que confirmó la necesidad de que los migrantes recibieran tratamiento. Con el consentimiento de los afectados, los socorristas procedieron a evacuarlos a donde podían ser atendidos.
Minutos después, el vehículo en que viajaban Shanti, Daniel y los tres migrantes fue orillado por la Patrulla Fronteriza. Los cinco ocupantes fueron detenidos y dos de los tres migrantes fueron sumariamente deportados a México sin los auxilios médicos de rutina. El tercero fue detenido durante dos meses, conminado a rendir una declaración grabada en video, que posteriormente se integró como evidencia en la acusación penal en contra de Shanti y Daniel por delitos graves (“felonías” en el lenguaje jurídico estadounidense). Fueron acusados de transportar a extranjeros ilegales y de “conspiración” para cometer tal ilícito. Si son encontrados culpables, la pena máxima es de 15 años de prisión y una multa de medio millón de dólares. Tras revisar el caso, Amnistía Internacional ha declarado que Shanti y Daniel actuaron exclusivamente para salvar vidas humanas, ayudando a defender el más básico de los derechos humanos, el derecho a la vida. Si se les encontrara culpables, para Amnistía Internacional tendrían la categoría de “prisioneros de conciencia”.
Los abogados defensores alegan que no es ilegal brindar ayuda humanitaria a nadie y han solicitado al juez del caso que declare la improcedencia de los cargos. El juez se ha negado a conceder la solicitud, pero la fecha del juicio se ha postergado repetidas veces. Lo último del caso es que el juicio se ha aplazado indefinidamente.
Podría tratarse de una victoria para los grupos activistas en Arizona que se movilizaron para difundir el caso y poner en evidencia el absurdo proceder del fiscal federal. Sin embargo, el aplazamiento podría indicar una reticencia de las autoridades federales de impulsar un juicio que generaría una enorme publicidad, en momentos en que se debate en el congreso federal el tratamiento que se les dará a los migrantes. Si el anteproyecto de ley finalmente aprobado es más de carácter represor, el fiscal podría reiniciar el juicio para hacer del caso de Shanti y Daniel un escarmiento para otros grupos promigrantes, samaritanos y de derechos humanos.
Shanti y Daniel eran voluntarios de No Más Muertes, una coalición de varios grupos que batallan diariamente en un ambiente político particularmente conservador en el estado de Arizona. Su lucha es por los derechos humanos y el trato digno y humano hacia los migrantes. Son más de una veintena de organizaciones las que integran No Más Muertes para realizar distintas acciones asistenciales (repartir agua, alimentos y brindar ayuda médica de emergencia), además de actividades de difusión, educación y cabildeo. La mayoría de los grupos integrantes de la coalición fundamenta su actuar en la fe y en los derechos humanos universales.
De hecho uno de los pilares de No Más Muertes es la Iglesia Presbiteriana Southside en Tucson, que también fue un faro de esperanza para miles de refugiados políticos centroamericanos en los años 80. El pastor encargado de la Southside en esos años, John Fife, fundó el movimiento santuario de alcance nacional en EEUU. El movimiento santuario acogió a centroamericanos que huían del terror genocida en Guatemala y El Salvador que financiaba el propio gobierno de EEUU.
Fife y 10 líderes del movimiento santuario fueron enjuiciados en 1985 después de que el FBI y el Servicio de Inmigración y Naturalización (la migra) infiltraron las reuniones del movimiento que se realizaban en distintas iglesias. Recibieron sentencias de hasta cinco años de libertad condicional, pero a su vez varias iglesias, incluyendo la Southside, demandaron al gobierno. Las iglesias ganaron el juicio pues el gobierno violó la ley al infiltrar al movimiento con espías.
Los integrantes del movimiento santuario de los años 80 que hoy siguen activos consideran que el motivo de su compromiso para con los migrantes sigue siendo el mismo, salvar vidas en peligro por políticas erróneas del gobierno de Estados Unidos. En los 80, por una errónea política internacional; más recientemente, por fracasadas políticas económicas. El ambiente en EEUU, sin embargo, es hoy menos tolerante de la llegada de migrantes y las razones económicas son menos claras para el público estadounidense que las políticas de antaño.
Alternativas
La ley que salga del congreso federal estadounidense en las próximas semanas reflejará la correlación de fuerzas hoy existente en el legislativo y el sentir general de la opinión pública respecto al tema de los migrantes. A pesar de la histeria antimigratoria fomentada por la extrema derecha, muchos analistas prevén una ampliación de los actuales programas de “trabajadores huésped”, que dé mayor cabida legal a cierto número de migrantes –todavía no se sabe a cuántos– para satisfacer la demanda de miles de empresas. Será una concesión a las empresas, pero la contrapartida será una escalada de medidas represivas en la línea fronteriza para calmar a la extrema derecha. En todo caso será un paquete de medidas paliativas que para nada atenderá las causas estructurales de un aumento sustancial de la emigración de México y Centroamérica en los últimos 10-15 años.
Existen alternativas, pero son impensables para los políticos estadounidenses en estos tiempos. Por un lado, dentro del actual modelo neoliberal, la única alternativa coherente es empatar la demanda con la oferta, es decir, liberar a la fuerza de trabajo, como hizo el TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) para otros factores (bienes, servicios, capitales). En otras palabras, abrir de par en par las fronteras de EEUU para la mano de obra mexicana, lo cual es anatema para amplios sectores de ese país.
Otra alternativa, fuera de la lógica neoliberal pero congruente con la lógica capitalista, que permitió la industrialización de todas las naciones hoy “ricas”, sería permitir que países como México cierren sus fronteras a ciertos factores (bienes, servicios y capitales, en especial de EEUU) para que, mediante la planeación estratégica del “desarrollo autónomo”, se protejan ciertas áreas de su economía. Por distintos motivos, esto equivaldría a pedirles a los EEUU que abran sus fronteras a lo que México quiera o pueda exportar a EEUU, pero sin reciprocidad, es decir, sin que México tenga que aceptar las exportaciones de EEUU. Esto también es impensable para muchos sectores estadounidenses, en especial empresariales.
Otra alternativa, siguiendo la lógica de la integración realizada por la Unión Europea, sería transferir ingentes sumas de dinero de EEUU a México, miles de millones de dólares a fondo perdido cada año, para que México pueda sobreponerse a sus históricos rezagos en educación, infraestructura, tecnología, etc. Es decir, repetir el esquema que la UE utilizó con bastante éxito al integrarse países relativamente “pobres” a la mancomunidad europea. La justificación de la UE sigue siendo que en un “mercado común”, los países rezagados son un lastre para el avance del conjunto, por lo que hay que apuntalar su economía y su capital humano.
Sin embargo, si los EEUU reprodujeran la medida con México, establecerían un precedente no deseado por las élites del poder, es decir, lo mismo tendrían que hacer EEUU para “integrar” a su área de influencia (mediante, por ejemplo, el ALCA, Area de Libre Comercio de las Américas) a otros países de la región.
Dentro del sistema y en congruencia con su propia lógica, las alternativas son inadmisibles para las élites de EEUU. Las contradicciones del sistema capitalista son el plato fuerte de nuestros tiempos, pero la sociedad civil no tiene porqué ceñirse a él.
En todo caso, y de repente, los latinos en EEUU han reaccionado ante el clima de represión en que están inmersos. En pocos días, dos millones de personas, mayormente de origen latinoamericano, han marchado en varias ciudades. En Chicago, 200 mil el 10 de marzo. En Phoenix 20 mil y en Milwaukee 10 mil el 24 de marzo. Y en Los Ángeles, 500 mil personas realizaron una de las marchas más grandes de las que se tenga memoria en esa ciudad. Un manifestante en Phoenix, Demirel Montiel, que marchó con su esposa e hijos, se expresó de la siguiente forma: “no fui a trabajar hoy…estoy aquí por todos los ilegales. Todos estamos cansados, cansados de que la gente nos vea como criminales; si manejas, eres un criminal; si trabajas eres un criminal, si eres mexicano, eres un criminal”. Oscar Chacón, migrante salvadoreño y director de Enlaces América comentó, “Creo que empezamos a ver el nacimiento del nuevo movimiento pro derechos civiles de Estados Unidos». (Miguel Pickard, 26.04.06, http://www.ciepac.org).
Una ONG que registra y da seguimiento a los paramilitares en la frontera mexicana, el Southern Poverty Law Center establece que en EEUU existen más de 750 “grupos de odio”, incluyendo bandas de neonazis, cabezas rapadas racistas, el Ku Klux Klan, y otros. Citado en “Vigilantes and civilian border patrols: background notes on the topic”, American Friends Service Committee / Witness, sin fecha, pág. 3.
La mayoría de descripciones de la identidad cultural de EEUU tienden a ser excluyentes, es decir, contrarias al grupo extranjero que más recientemente ha llegado. El lenguaje utilizado es, las más de las veces, racista y denigrante. Por ejemplo el New York Times comentó que los “partidarios de Bush más conservadores…han advertido que en su opinión la identidad cultural de la nación podría deslavarse por una inundación de trabajadores de habla española de bajos ingresos”. (Bumiller, Elisabeth, “Bush is facing a difficult path on immigration”, NYT, 24/03/06). Un sondeo de opinión pública, realizado por el Pew Research Center, reveló que estuvo de acuerdo el 40% de la población de EEUU con la siguiente oración “El creciente número de recién llegados de otros países amenaza las costumbres y los valores estadounidenses”, pero, de la franja denominada “socialmente conservadora”, el 68% estuvo de acuerdo. A pesar de ser una minoría dentro de la población de EEUU, los “socialmente conservadores” han tenido una injerencia desproporcionada en la determinación de las políticas de su país. Fuente: http://www.npr.org/templates/story/
Ross, John, “US draws first blood in border war 2006” Blindman’s Buff, No. 106, 28 de enero-3 de febrero, 2006, publicado por Weekly News Update on the Americas. El cardenal arzobispo de Los Angeles Roger Mahony ha escrito, “Como está ahora escrita, la ley propuesta es tan amplia que esto criminalizaría hasta actos menores de piedad como el ofrecimiento de una comida o administración de primeros auxilios.”, carta al New York Times, publicada el 22 de marzo, 2006.
Marizco, Michael, “Reservation water bottles slashed”, The Arizona Daily Star, 22 de septiembre, 2003, página B1.
Galván Ochoa, Enrique, “Jalón de orejas de la gobernadora de Arizona al gobierno mexicano”, La Jornada, 3 de febrero, 2005. http://www.jornada.unam.mx/
Hutchinson, Earl Ofari, “Blacks and the border”, AlterNet, 26 de enero, 2006, www.alternet.org/story/31388/
Duffy, Gary, “County Oks $25K for water stations in desert”, Tucson Citizen, 7 de septiembre, 2005. www.tucsoncitizen.com
“These shoes were made for migrants to U.S.”, Associated Press, 17 de noviembre, 2005, http://www.msnbc.msn.com/id/10081719/
Tomado de Gage, Julienne, “Saints at the Border”, Tucson Weekly, 21 de marzo, 2002, http://www.tucsonweekly.com/
Brooks, David, “Cientos de miles tomaron las calles de Los Angeles”, La Jornada, 26 de marzo, 2006, http://www.jornada.unam.mx/
NOVEDADES EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS
DOCUMENTOS
Del 01 de marzo al 06 de abril de 2006
Boletín electrónico Nº 168
EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE ABRIL
04 Asesinato de Martin Luther King (1968)
07 Día Mundial de la Salud
07-14 Semana de la Salud en Las Américas
08 Holocausto Judío de la Segunda Guerra Mundial
11 Golpe de Estado contra presidente Hugo Chávez Frías (2002)
13 Día de la Movilización Nacional
14 Día del Panamericano
19 Celebración de la Declaración de Independencia de Venezuela (1810)
19 Día Panamericano del Indio
22 Día Mundial de la Tierra
23 Día Internacional del Libro y de los Derechos del Autor
24-30 Semana de la Vacunación en Las Américas
28 Día Mundial sobre la Seguridad y la Salud en el Trabajo
29 Día Internacional de los Trabajadores Muertos y Heridos en Accidentes Laborales
CONTEXTO
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
ARTÍCULOS
NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS
DOCUMENTOS
Del 06 al 23 de febrero de 2006
Boletín electrónico Nº 167
EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE MARZO
A partir de diciembre pasado, los/as visitantes del sitio web de Provea (http://www.derechos.org.ve) pueden consultar información sobre el origen, significado y valor que constituyen a las efemérides de derechos humanos.
La información presentada consta de datos sobre su sentido histórico, sobre el contexto jurídico político del cual emanó la decisión de instituirla, tales como la resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Asamblea General que la constituyó, derechos relacionados, correlatos nacionales, sentido pedagógico o formativo que promueve, etc.
La investigación contó con la participación de las pasantes de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Linsie Fernandes, Adriana Terán y Ana Saavedra, quienes procesaron fuentes oficiales de ONU y de distintas organizaciones sociales. Hasta ahora, el trabajo de compilación abarca a las efemérides internacionales, sin embargo, próximamente se espera contar con la información relativa a las efemérides nacionales. Para darle continuidad a esta investigación se espera la colaboración de nuevos pasantes académicos que, al igual que las ya mencionadas, brinden su apoyo para fortalecer los contenidos ofrecidos en el sitio web de Provea.
08 Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer
14 Día Mundial de Acción Contra las Represas, a Favor de los Ríos, el Agua y la Vida
15 Promulgación del voto directo, universal y secreto para hombres y mujeres mayores de 18 años en Venezuela (1946)
21 Día Mundial para la Eliminación de la Discriminación Racial
21 Día Mundial de la Poesía
21 Día Forestal Mundial
21-27 Semana de Solidaridad con los Pueblos que Luchan Contra el Racismo y la Discriminación Racial
22 Día Mundial del Agua
24 Ejecútese de Ley de Abolición de la Esclavitud en Venezuela (1854)
24 Asesinato del Obispo Oscar Arnulfo Romero (1980)
