En entrevista para la alianza Provea – TalCual, la subdirectora de la División de las Américas de Human Rights Watch, Tamara Taraciuk, asegura que Maduro no es un interlocutor confiable ante el sistema de derechos humanos.
El 9 de septiembre se tiene previsto la segunda actualización oral de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre la crisis en Venezuela ante el Consejo de DDHH.
Luego de esta reunión se espera una nueva resolución sobre el país, pero Tamara Taraciuk, subdirectora de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), opina que si no hay un cambio en las altas esferas con respecto a la situación de emergencia, la atención que destine la ONU será insuficiente y no cubrirá todos los aspectos de la crisis.
Taraciuk Broner también se desempeña como investigadora senior dentro de esta organización no gubernamental, que desde hace años ha criticado al régimen de Nicolás Maduro debido a los continuos abusos y violaciones a los derechos humanos.
-¿Cómo caracteriza Human Rights Watch la crisis este año en comparación con otros?
– La situación en Venezuela es de las principales preocupaciones de derechos humanos que tiene Human Rights Watch en la región. Nosotros no hacemos ranking de quienes son los peores violadores de derechos humanos, pero no hay duda de que la situación en Venezuela que combina represión con impunidad, la emergencia humanitaria y la crisis de refugiados es única en la región y gravísima por su magnitud. Entonces tenemos estos tres niveles
-¿Consideran que esta crisis se ha agudizado más?
– La situación en Venezuela viene deteriorándose de una manera precipitada en los últimos años y está cada vez peor. Aunque no llegue a la tapa de los diarios como ocurrió hace un par de años, cuando se mataba gente en las calles a diario, la situación sigue siendo gravísima y sigue empeorando en los tres niveles, en materia de represión, de emergencia humanitaria y de la crisis de refugiados que está generando la crisis dentro de Venezuela.
-¿De estos tres niveles hay alguno en el que Human Rights Watch haga mayor énfasis?
– La verdad que hemos trabajado los tres temas mucho. Este año publicamos un informe en abril sobre la emergencia humanitaria, que fue un informe en conjunto con dos centros de investigación de la Universidad John Hopkins en Estados Unidos. Justamente hicimos eso con el propósito de presentar un estudio con un ángulo derechos humanos y un ángulo de salud pública. Se explica que el sistema de salud está totalmente colapsado, documentamos que en Venezuela hay enfermedades que habían estado erradicadas, que son prevenibles por vacunación, un aumento de los índices de desnutrición. Y eso es un problema tanto desde el punto de vista de derechos humanos en salud y alimentación como un problema de salud pública.
Ahora en agosto publicamos otro informe sobre la situación de venezolanos exiliados en Colombia que huyen de Venezuela y terminan siendo víctimas del conflicto interno armado colombiano. Es un informe sobre la situación de los civiles en el Catatumbo colombiano -frontera con Venezuela en el norte de Cúcuta- y allí documentamos casos de abusos cometidos por los grupos armados en la lucha de poder entre el ELN y EPL que incluye en casos de reclutamiento de menores, violencia sexual y desplazamiento de civiles, incluyendo venezolanos, en esa región. Esos son los dos trabajos que hicimos este año y en este momento estamos preparando un trabajo sobre ejecuciones extrajudiciales en Venezuela, o sea que seguimos cubriendo los tres temas con la misma intensidad.
-El 9 de septiembre será la segunda actualización del informe que la Alta Comisionada Michelle Bachelet presentó en julio. ¿Esperan desde Human Rights Watch que ella reitere todas las recomendaciones que hizo sobre Venezuela?
– La situación es muy interesante, porque en septiembre del año pasado se aprobó una resolución en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU donde se dio un mandato específico a la oficina de (Michelle) Bachelet para seguir la situación de derechos humanos en Venezuela. Bachelet (alta comisionada para DDHH) tenía que presentar un informe oral en marzo y lo presentó, el informe escrito que presentó en julio y ahora lo último que le queda en función de esa resolución es presentar una actualización oral o verbal de lo que ocurre en este últimos tiempos.
Nuestra posición es que es indispensable que el Consejo de Derechos Humanos ahora adopte una nueva resolución sobre Venezuela creando lo que se llama comisión de investigación, que es una comisión especial compuesta por expertos independientes que investigan en mayor detalle la situación de derechos humanos y las violaciones cometidas en Venezuela, incluyendo establecer responsabilidades individuales en la medida de lo posible sobre los hechos de abuso sistemático cometido por las fuerzas de seguridad y los colectivos en Venezuela. Entonces lo esperable es que Bachelet, la alta comisionada, refuerce el mensaje de su informe de que en Venezuela la situación es gravísima, que estos abusos se cometen con total impunidad y por eso es indispensable un nuevo mandato para que se continúe monitoreando la situación de derechos humanos en Venezuela.
– ¿Por qué plantean en específico que el Consejo de Derechos Humanos cree una comisión de investigación por encima de otros recursos?
– Porque las comisiones de investigación están pensadas para las situaciones más graves de derechos humanos a nivel global. Existen de Siria, Myammar, Corea del Norte, y la situación en Venezuela llegó a un nivel donde hace falta mayor rendición de cuentas a nivel internacional. Estas comisiones suelen tener un mandato amplio que les permiten ver distintos niveles de la crisis, como ocurre en el tema de la situación venezolana, y tienen recursos para hacer ese tipo de investigaciones.
Además es perfectamente compatible con la situación del examen preliminar que reposa en la Corte Penal Internacional, porque esta comisión de investigación podría compartir y coordinar esfuerzos con la Corte Penal Internacional.
– La Alta Comisionada también ha recomendado que se instale una oficina permanente en el país. ¿Lo avalan? ¿Creen que pueda darse?
– Es que todo depende de las condiciones en que se ocurra, porque para que una oficina de la Alta Comisionada en Venezuela tenga sentido debería tener acceso a todos los hospitales, a todos los centros de atención, a los presos políticos, y la reacción de las autoridades venezolanas ante el informe de Bachelet y los comentarios que hizo después de publicarlo no son muy alentadores en cuanto al acceso que le van a dar para poder hacer su trabajo. Sería extraordinario tener la oficina, pero sin acceso no tiene mucho sentido porque lo único que hace es legitimar al régimen
-Uno de los acuerdos de los que Bachelet dijo que había llegado con Nicolás Maduro era que permanecieran dos funcionarios de su oficina permanecieran en el país. ¿Tienen conocimiento?
– Lo que puedo responder es que para que tenga sentido una oficina tiene que ser con personal que tenga total acceso a donde quiera para monitorear, investigar las violaciones de derechos humanos. Si no cumple la función que necesitan cumplir, están allí dándole legitimidad al régimen
-Con Maduro en el poder o algún funcionario cercano a su ideología, ¿creen que esto se pueda dar?
– Yo no tengo una bola de cristal, lo que sí sé es que estas cosas no se dan por buena voluntad porque el interlocutor que tenemos son autoridades que no son confiables. Entonces la única manera de que esto funcione es a través de una fuerte presión internacional, porque no lo van a hacer por buena voluntad
-¿Una buena forma de presionar entonces es acudir a estas instancias como el Consejo de DDHH de la ONU?
– Exacto, con este tipo de instituciones que puedan crear mecanismos de presión internacional, y la otra manera que ha venido funcionando son las acciones individuales contra funcionarios públicos específicos que están involucrados en violaciones de derechos humanos. Se trata de congelar bienes, cancelar visas para que estas personas tengan dificultades en el exterior y les duelan. Esas medidas también son efectivas.
Yo no me estoy refiriendo a las sanciones generalizadas que pueden tener un impacto en la población, porque nadie quiere que el pueblo de Venezuela sufre más de lo que ya está sufriendo pero la presión internacional a través de organismos como el Consejo de Derechos Humanos o la Corte Penal Internacional y las acciones individuales dirigidas a funcionarios específico que están involucrados en la represión son la manera de presionarlos para obligarlos a negociar y a ceder.
-Sobre el Plan de Respuesta Humanitario de la ONU…
– Cuando publicamos el informe de abril nuestro mensaje central en ese momento era que el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, había tenido una actitud de silencio vergonzoso y de diplomacia silenciosa que no había sido efectiva para tratar la situación en Venezuela. El día después de que publicamos el informe nuestro, a la semana se realizó una sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas donde hablaron de la situación humanitaria en Venezuela. Nosotros presentamos nuestro informe y ese mismo día, por primera vez, Guterres admitió que siete millones de venezolanos estaban en necesitadas en el plano humanitario. Esto fue en abril y este plan humanitario se adoptó unos meses después. Tiene por propósito cubrir 6 meses y ya el mismo plan dice que a 2.3 millones de personas.
Es un porcentaje muy pequeño de los siete millones que el propio Guterres reconoció que tenían necesidades humanitarias, entonces se queda corto en cuanto a la cantidad de gente que tiene que cubrir y tiene un plazo limitado de seis meses y además todavía no está concretamente financiado.
Con esta respuesta humanitaria no se va a solucionar la dramática crisis que enfrentan los venezolanos. Es mejor que exista una respuesta a la diplomacia silenciosa anterior pero Guterres hasta la fecha no ha llamado las cosas por su nombre. Sin un diagnóstico claro sobre la magnitud del problema no se podrá tener una respuesta adecuada.
-¿Entonces este diagnóstico se queda corto ante la crisis?
–Creo que es una respuesta que llegó tarde y se queda corta, las dos cosas
-¿Cómo creen que debería ser, desde Human Rights Watch, una respuesta a la emergencia?
– Lo primero y principal es reconocer que esto es una emergencia humanitaria. No estamos ante algunas necesidades de alimentación o de salud, esto ha llegado al nivel de emergencia humanitaria. Y eso requiere que las más altas autoridades de Naciones Unidas llamen las cosas por su nombre, y lo central es presionar fuertemente para lograr un diagnóstico absoluto y total que permita crear una respuesta a gran escala. Esos siete millones no son los únicos que necesitan ayuda en Venezuela.
Necesitan de una respuesta y el mismo plan reconoce que no les brindará ayuda a todos y es limitado en el tiempo cuando el deterioro es tal que no se va a solucionar en un plazo tan corto. Entonces lo que hace falta primero es llamar las cosas por su nombre desde las más altas esferas de Naciones Unidas; segundo, que eso permite hacer un diagnóstico absoluto de la situación humanitaria en Venezuela y permita una respuesta a gran escala.
-¿Este diagnóstico pasa porque se acceda al país? ¿Por qué se publiquen cifras oficiales?
– En gran medida sí, pero en este sentido estamos ante la misma situación que en la oficina de la Alta Comisionada, porque no tenemos un interlocutor confiable y no lo van a hacer de buena gana. Y si no hay presión desde los más altos niveles de Naciones Unidas para llamar las cosas por su nombre no va a ocurrir.
La situación en Venezuela es de las principales preocupaciones de derechos humanos que tiene Human Rights Watch en la región. Nosotros no hacemos ranking de quienes son los peores violadores de derechos humanos, pero no hay duda de que la situación en Venezuela que combina represión con impunidad, la emergencia humanitaria y la crisis de refugiados es única en la región y gravísima por su magnitud. Entonces tenemos estos tres niveles.
Alianza Tal Cual . Provea
Foto: Semanario busqueda.com
