El director del Servicio Jesuita a Refugiados, Eduardo Soto, aseguró que la actuación del Estado venezolano se ha limitado a la acción militar, cuando hace falta la coordinación entre los grupos de asistencia social para atender a una población que hasta el pasado domingo 21 era ajena a los rigores de un enfrentamiento armado
La comunidad de La Victoria, en el estado Apure, vivió los horrores propios de la guerra en la madrugada del domingo 21 de marzo, cuando un ataque que incluyó el uso de explosivos por parte de grupos armados a instalaciones civiles y militares de la zona provocó una respuesta con ataque aéreo y bombardeos por parte de la Fuerza Armada Nacional.
El terror y el pánico se apoderaron de la zona y aún hay combates en la localidad, provocando el desplazamiento de numerosas personas, quienes dejaron sus hogares y pertenencias y huyeron despavoridos hacia el lado colombiano de la frontera o hacia Guasdualito, la ciudad más cercana, pasando a la condición de refugiados.
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Organizaciones como el Servicio Jesuita a Refugiados (JRS por sus siglas en inglés, fundado por el padre Arrupe hace 40 años) y Cáritas están prestando apoyo a estas personas, pero la difícil situación en la zona fronteriza y la continuidad de los ataques y enfrentamientos armados empeoran una zona que antes vivió en paz y hoy es el centro de un conflicto.
Padre Eduardo Soto aboga por tratar de elevar el nivel de asistencia a las comunidades
El padre Eduardo Soto, sacerdote jesuita y director del JRS Venezuela (fundado hace 20 años), contó cómo ha cambiado la acción de los grupos de asistencia social en la zona, que ya habían tenido que apelar a una nueva dinámica por la migración de venezolanos y luego la llegada de la pandemia por la covid-19. El también abogado de la UCAB resalta que la sola acción militar en la frontera no devolverá la paz y que, al contrario, es con la coordinación entre los organismos con lo que se puede evitar la escalada de violencia y que el conflicto armado se extienda a otras zonas del territorio nacional.
-¿Cuáles han sido los efectos de los enfrentamientos armados a partir del domingo 21 en la comunidad de La Victoria?
-El SJR tiene una oficina binacional con sede en Guadualito y el (departamento) de Arauca, que busca atender la situación fronteriza de manera integral, no solo la de venezolanos llegando al Arauca, sino la de muchos venezolanos, que atraviesan serias dificultades en la zona fronteriza y se busca elevar el nivel de asistencia y trabajo a las comunidades.
“Es una realidad muy diversa y particular. La frontera tiene su propia dinámica. En el Arauca, Arauquita y La Victoria hay redes de iglesias católicas, de radio Fe y Alegría y jesuitas, y no ha mermado trabajo en red. A través de la Iglesia y las comunidades estuvimos en conocimiento del enfrentamiento armado en la ciudad de La Victoria, donde se destruyeron las instalaciones del Seniat y las de la Fuerza Armada, y hubo ataques a otras instalaciones civiles. Se produjo una gran alarma en La Victoria y las comunidades aledañas y muchas de estas personas optaron por huir ante la violencia, muchos lo hicieron hacia el lado colombiano, otros hacia Guasdualito, porque vieron su vida en peligro, buscando algún familiar o apoyo ante esta situación”.
No se cuenta con albergues para atender a desplazados en Venezuela, asegura Eduardo Soto
Eduardo Soto, quien cuenta con una maestría en Filosofía de la Universidad Simón Bolívar y doctorado en la Universidad de Manitoba, ubicada en Winnipeg, Canadá, y trabajó con las comunidades de La Vega y Catia en Caracas antes de llegar al estado Apure, relató que desde el cierre de la frontera con Colombia se fue generando tensión en la zona, ya que muchas actividades de grupos, tanto regulares como irregulares se han visto afectados, por lo que era previsible que en algún momento ocurriera un suceso como el que se inició el domingo 21, con un saldo aún no precisado de varios fallecidos, entre ellos dos efectivos de la FAN y decenas de detenidos.
Indicó el sacerdote que lo ocurrido no es nada común: “Que se estuviera dañando instalaciones civiles y militares no lo habíamos visto hasta la fecha. Nos llama la atención que muchas de las personas se desplazaron hacia Arauquita, son de familia colombiana que hacen vida del lado venezolano, que tienen su trabajo, su conuquito, y sus hijos estudian acá”.
Resaltó que, aunque los sucesos los ha sorprendido, temían que pudiera ocurrir en cualquier momento. “Hace dos semanas hubo un cierre total del río y la Fuerza Armada y Migración colombianas estaban patrullando constantemente; eso generó muchísima tensión en la frontera. Hubo algunos estallidos y accionar de explosivos contra fuerzas militares colombianas del lado colombiano de los pasos”.
Indicó que, al momento de la entrevista (miércoles 24 de marzo) se mantenía un incremento en la cantidad de personas desplazadas hacia Colombia, y un mapeo realizado mostró que la cifra llegaba a 1.178 afectados.
“Muchos eran de familias colombianas, 380 personas; mientras que 818 venezolanos viajaron a Arauca, en Colombia. La información que manejamos viene de Colombia, desde allá han recibido a personas en los albergues que se coordinan con el Estado colombiano”, explicó Eduardo Soto.
Afirmó que, del lado venezolano no se cuenta con una estructura de albergues para poder coordinar la respuesta a los desplazados, y que el accionar por parte del Estado venezolano se ha hecho al modo militar, a través de la Zodi (Zona de Defensa Integral)
Control de territorio por parte de grupos armados
-¿Qué es lo que han observado en cuanto a la presencia de grupos irregulares?
-La frontera siempre ha tenido presencia de distintos grupos armados, tanto del lado colombiano como del venezolano, pero en los últimos meses ha habido un incremento de la violencia del lado de Colombia, en comunidades como Saravena, Arauquita y Arauca, incluso con detonaciones de explosivos; del lado venezolano también muchos grupos irregulares, por el paso de mercadería y del contrabando de gasolina.
Explicó que es más fácil conseguir insumos en el lado colombiano y pasarlos por el río hasta Venezuela, que conseguirlos en territorio nacional. “Estos pasos fronterizos ilegales, trochas y ríos, el Arauca y Apure, están controlados por algún grupo armado, no se sabe con certeza cuáles son ni qué relación tienen con la legalidad, pero es la situación que se vive”.
Enfatizó que uno los principios del JRS es la neutralidad, y que su orientación es hacia la unidad. “Nuestra atención va en el tema de la salud y a las mujeres embarazadas; es importante que esta atención no merme, así que seguimos trabajando”.
Añadió que, hasta el momento, no han tenido ningún incidente que llegue a amenazar su seguridad, y que mantienen comunicación con entes civiles y militares de la zona, ya que los uniformados son los únicos que pueden garantizarles seguridad. “Por conversaciones sabemos de la presencia de otros actores, que realmente no logramos identificar, que también tienen intereses debido a la porosidad de la frontera, que tiene mucha movilidad”, acotó.
-¿Cuál es el conocimiento que tienen sobre lo que ocurrió a partir del domingo 21?
-Hay informaciones muy confusas y mucha especulación sobre lo que ocurrió. Hubo presencia tanto del Ejército venezolano como de otros grupos que no logramos identificar que son los que ocasionaron el mayor daño en instalaciones civiles y militares de la zona; no sabemos el alcance ni los motivos de este tipo de actuación.
“Podemos decir –continuó- que hay muchos intereses en la frontera, puede ser algún tipo de toma de postura por parte de irregulares, del lado colombiano o del venezolano, ligados con actividades ilegales y al ver que se afectan sus actividades, que no puedan funcionar, que se vio afectada su zona, respondieron de manera tan brutal y generó tanto pánico en la población que está acostumbrada a ver movimientos de grupos en la zona, pero nunca había habido este tipo de escalamiento de la violencia”.
Añadió que en los últimos meses ha habido movimiento del lado colombiano, una restricción por parte de la Fuerza Armada y de Migración Colombia, y esto quizá obligó a un desplazamiento de actividades porque los grupos irregulares se encuentran con que no la tienen fácil. “Pudo haber ocurrido algún percance que haya impedido la realización de sus labores. Es una situación que todavía no sabemos qué pasó a ciencia cierta”.
Insistió en que hay muchas especulaciones, que si son disidencias FARC, que si es hampa común, u otros movimientos guerrilleros, pero resaltó que el poderío armamentista y la capacidad de daño que manifestaron los atacantes hizo que la gente se movilizara.
-¿Cómo cambió la dinámica con la llegada de la pandemia?
-Nos hemos tenido que movilizar fuertemente, cambiar la estrategia, y buscar un acompañamiento cercano a la comunidad, dentro de un contexto de pandemia y falta de información en la frontera, donde no hay internet, ya que se trata de comunidades rurales y semirurales, como las periferias de ciudades San Cristóbal, Guasdualito y Maracaibo. Entonces buscamos manejar información para capacitar a la gente para la prevención contra la covid-19, reforzando la asistencia humanitaria para garantizar que hogares estén debidamente saneados, con el uso de cloro jabón y elementos de bioseguridad, por parte de nuestros equipos y de las comunidades.
“Hemos tenido que cambiar muchas actividades que hacemos en escuelas, porque han cerrado las mismas y hemos tenido que redireccionar esfuerzos, hacer ollas comunitarias, entregar bolsas de comida; hay que tomar en cuenta que muchas personas perdieron sus fuentes de ingresos, como muchos vendedores ambulantes y otros trabajadores de casas de familia que por la pandemia ya no pueden trabajar, y además está el problema de la gasolina, que ha dificultado el traslado de personas, incluso desde centros urbanos y semirurales donde habitan”.
Detalló que se trata de una estrategia de aportes directos a las personas, con artículos de higiene tanto para el hogar y apoyo en alimentación para paliar el impacto del ingreso familiar durante la cuarentena”.
“Hemos apoyado a las organizaciones de salud en la frontera, con aportes en equipos de bioseguridad y papelería, ya que en los hospitales no hay a veces ni papel”, señaló.
-¿Cómo ha sido el proceso de los desplazados venezolanos?
-A partir 2017 hubo un cambio significativo en el flujo migratorio. Lo primero que nos alarmó fue que ciudadanos colombianos, a quienes acompañamos en su proceso de refugio y regularización en Venezuela, nos manifestaron el deseo de volver a Colombia. Ellos se habían asentado, tenían hijos, pero llegó el momento en que decían ‘creo que voy a estar mejor en Colombia que en Venezuela. Esto está muy difícil y cada vez más complicado mantener a la familia’. Comenzaron a ver que era muy complicado sostenerse dentro de Venezuela.
“Luego, comenzamos a ver dentro de nuestro grupo de trabajo, la Red de Jesuitas con Migrantes, que actúa junto con los servicios de citas a migrantes en muchos países de Latinoamérica, que éstos nos reportaban que la situación había variado las situaciones. Antes conocían algunos venezolanos migrantes, pero vieron que había una cantidad cada vez mayor de venezolanos, sin calificaciones académicas, que estaban en situación de necesidad, que no tenían la red de protección que podían tener otras personas migrantes y, paralelamente, en otros reportes comenzamos a ver gente que llegaba a la frontera simplemente con la voluntad de emigrar, de irse a Colombia, Ecuador o Chile”.
Contó que entre 2018 y 2019 llegaban autobuses de líneas de transporte que comenzaron a llevar a la gente desde Caracas y Puerto La Cruz hasta Quito o Guayaquil. “Vimos que no solamente era una cuestión temporal sino un patrón, que Venezuela dejó ser un país receptor de migración a país expulsor. En 2019 vimos una gran disminución de la matrícula y del profesorado, muchos habían migrado, muchos niños no habían migrado, pero sus padres sí y estaban al cuidado de abuelos o tíos, afectados por el fenómeno de la movilidad.”
La consecuencia de eso fue la JRS comenzó a modificar sus proyectos, y que organismos multilaterales comenzaron a colocar sobre la mesa la situación y ofrecieron la oportunidad para poder financiar el trabajo de prevención y apoyo para la población. “Lo que más nos preocupaba entre 2018 y 2019 es que se trataba de una migración no muy informada, las personas se iban solo con la cédula, sin un plan certero; había mucho de desesperación. Así que lo que hicimos fue, conjuntamente con la Red de Jesuitas, constituir una red migratoria segura, ofrecerles un proyecto donde podrían ver cuáles eran las mejores opciones para emigrar”.
-¿Qué acciones se deben tomar para evitar que continúe la violencia?
-Los únicos organismos con capacidad para responder son los de la FAN, para hacer llegar de manera inmediata alimentos, medicinas y albergues que la población está requiriendo, pero ellos no tienen experticia en acompañamiento psicosocial, el tratamiento diferenciado a niños y adolescentes, a los indígenas. Nosotros tenemos capacidad para atenderlos, aunque, igualmente, nuestra capacidad es limitada.
“Es necesario que se organice un comité o coordinación y se convoque a todas las organizaciones, como Cáritas y otras que pueden prestar su voluntad y recursos”.
-¿Cuál es la situación que observan entre los vecinos?
-Ellos lo que tienen es la tierra que cultivan y algunos enseres, hemos conocido casos personas que llegaron al lado colombiano solo con lo que tenían puesto, ni una muda de ropa ni alimento para el día siguiente; no me extraña la misma situación se presente entre los que lo hicieron dentro del territorio venezolano. Está el caso central de Guasdualito, donde muchas personas llegaron recientemente.
-¿Qué nos puede decir sobre la presencia de minas antipersonales en la zona?
-El servicio jesuita tiene siempre se ha manifestado en contra de este tipo de armamento porque afecta a la población civil y especialmente a los niños. Formamos parte de la comisión que ganó el nobel y es la primera vez que sabemos de la existencia de este tipo de dispositivos en la zona. Sabemos que existen en la frontera Perú-Chile, el desierto Atacama, y en muchas naciones africanas, pero nunca tuvimos conocimiento de este tipo de dispositivos en la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela. Eso despierta nuestras alarmas, es una de nuestras líneas de acción, en territorio apureño las gentes hacen labores de agricultura y ganadería y es difícil ubicar estos dispositivos, son mortíferos y afectan mayormente a niños y adolescentes.
Hasta ahora no hemos tenido conocimiento ni atendido ningún caso en particular de víctimas de minas antipersonales en la zona. No nos ha llegado información ni de los servicios de salud ni de colaboradores, pero sí nos dimos cuenta que había salido en la prensa.
-¿Qué se espera en lo sucesivo?
-Lo propio es que se apersonen los organismos de la Justicia de la jurisdicción civil y militar para esclarecer hechos, lo ideal es conformar una comisión binacional porque este tipo de situaciones lo que hacen es distanciar las relaciones entre los dos países. Por lo que más sufre la población es por la situación fronteriza, así que esto debe ser una oportunidad para que autoridades colombianas y venezolanas puedan trabajar conjuntamente para atender a la población que se ha visto afectada, aplicar la justicia, y evitar situación se vuelva a presentar.
“Si no se toman las acciones, este tipo de enfrentamientos lo más probable es que continúen y que esta pugna de territorio entre grupos armados se multiplique y afecte seriamente a la población más vulnerable. Necesitamos que haya una respuesta categórica, que no se refiere a más armas ni violencia, sino a la organización entre organizaciones civiles, militares y eclesiásticas de la zona, que haya una especie de entendimiento y las personas puedan tener un mejor modo de vida sin estar a merced de este tipo de ataque”, puntualizó.
