Investigador y analista político para Crisis Group y realiza actividades de promoción sobre la región de los Andes, centrándose principalmente en la situación política venezolana. Ha dedicado casi 40 años a informar sobre América Latina sobre una amplia variedad de medios de comunicación, incluidos BBC World Service, The Guardian, Newsweek , The Miami Herald y The Economist . En la década de 1980, cubrió las guerras en América Central, y en la década de 1990 fue corresponsal en América Latina de The Guardian, con sede en la Ciudad de México. Es coautor de dos libros sobre la región, incluido un diccionario político de dos volúmenes de América Latina y el Caribe. Con Gunson conversamos sobre la situación posterior del país tras la simulación electoral del 20 de mayo.

– El fraude del 20-M parece haber cerrado el abanico de salidas institucionales y democráticas a la crisis. ¿Cuáles crees que serán los posibles escenarios a corto plazo en el inicio del segundo mandato de Nicolás Maduro?

Ciertamente las salidas institucionales, democráticas e institucionales parecen muy limitadas, por no decir cerradas. La institucionalidad en Venezuela ha sido desmantelada salvo, obviamente, la Asamblea Nacional que sigue teniendo su legitimidad pero no operatividad, porque las demás instituciones no le permiten cumplir sus funciones.  La elección del 20 de mayo por sí misma no iba a producir una solución, inclusive si hubiera habido mejores condiciones de las que prevalecieron en esa fecha. Esto lo digo porque el gobierno había dado suficientes señales que no tenía ninguna intención de entregar el poder, por lo tanto ese proceso electoral era un evento para producir un quiebre en el aparato gubernamental y eso no ocurrió, principalmente por la falta de unidad y no existía una estrategia común entre las diferentes facciones de la oposición. Esta división sigue siendo un factor casi tan importante como la falta de institucionalidad y nos deja como posibles desenlaces que, por un lado, el gobierno bajo Maduro o bajo cualquier otra figura del chavismo seguirá en el poder indefinidamente a pesar del desastre, a pesar de la catástrofe social y económica. Por el otro que, por razones ajenas a la voluntad de la oposición, como por ejemplo un quiebre económico de envergadura que haga que el gobierno implosione o una intervención extranjera, evidentemente ninguna de esas opciones es deseable. Nosotros en Crisis Group todavía creemos que todavía se puede trabajar para que haya una solución y no un desenlace.

– Ante eso que planteas ¿Qué hará Maduro?

Maduro no ha dado ningún indicio de querer cambiar su política, más bien todo lo contrario. Todo lo que hemos visto antes, durante y después que se produjo su victoria “oficial” apunta en la misma dirección. Piensa profundizar la misma política económica que produjo la situación terrible que estamos viendo y, a pesar de la liberación de presos políticos y del diálogo, hasta ahora hemos vistos cosas realmente intrascendentes siguiendo lo que hemos visto siempre: un gobierno que quiere dar la “impresión” de que está dispuesto a dialogar, pero que no tiene intenciones de poner nada sustantivo sobre la mesa. A menos que estén sucediendo cosas en el seno del gobierno o de su coalición, veo la misma trayectoria y esa trayectoria en términos visuales no es horizontal, sino que va directamente a un barranco, entre otras cosas porque estamos en hiperinflación y esta no es aritmética, sino exponencial y el gobierno está al tanto de eso y no entiende o no quiere corregir.

– Estamos a la espera de un “cisne negro”…

Sí. Este es un gobierno esencialmente débil que carece de apoyo popular, con una situación extremadamente complicada dentro de la fuerza armada, que está aislado internacionalmente, pero hasta ahora tiene control sobre las palancas del poder. Es de suponer que un gobierno tan débil, si le sucediera cualquier cosa fuera de lo esperado, pudiera desestabilizarse de tal manera que simplemente colapsaría, porque hay fuerzas externas e internas presionado y esperando la oportunidad para impulsar su caída. Pero, al mismo tiempo, hay muchos casos en la historia reciente donde un régimen bajo estas mismas condiciones o similares, se mantiene a lo largo del tiempo porque no terminan de alinearse todas las fuerzas. Si tomamos la situación externa, nunca el gobierno había estado tan aislado, la presión externa es fuerte y creciente, pero a nivel interno la oposición está dividida y débil, entonces esa presión externa por sí misma no producirá un cambio de gobierno, sin la participación interna de una fuerza alternativa que en un momento determinado pudiera reemplazar al gobierno. En el caso de las fuerzas internas, hay sectores que llaman abiertamente a una intervención externa, pero no han pensado en el día después. Si tomamos el caso de Panamá en 1989, guardando las distancias y las diferencias, una de ellas fue que en Panamá sí había un gobierno legítimo electo, que había sido desconocido por Noriega. En esa intervención se descabezó al régimen militar dictatorial y se juramentó al presidente que había sido electo. Aquí no hay una ruta clara constitucional por el mismo colapso de las instituciones lo que complica aún más la posibilidad de una solución negociada.

La presión internacional

– ¿Cuál crees que debe ser el papel de la comunidad internacional frente a la crisis venezolana?

Creemos que las medidas que se han venido aplicando hasta ahora son las medidas correctas: sanciones individuales, congelamiento de activos, la prohibición de entrada para ciertos miembros del gobierno, además de las sanciones financieras del gobierno de los Estados Unidos. Pero, reitero que la experiencia mundial demuestra que las sanciones por si mismas no bastan. El gobierno tiene muchos motivos para mantenerse a pesar de toda la presión, principalmente porque a su caída enfrentaría posibles cargos por enriquecimiento ilícito, violación de derechos humanos, narcotráfico, etc. entonces ¿dónde estaría el incentivo para negociar una salida? Esto hace muy difícil una política, tanto interna como externamente, que facilite esa salida.

– Es posible promover mecanismos de justicia transicional

Si es posible que se esté haciendo, pero cuando existen acusaciones de delitos de lesa humanidad es más difícil, aunque en realidad no todos los miembros del gobierno estén acusados de esos delitos y es ahí donde podría haber una posibilidad de una ruptura entre los más comprometidos y los que pudieran salvarse bajo un esquema de justicia transicional.

– En qué medida las sanciones económicas no terminan causando mayores penurias a la población y, en el caso venezolano, afianzando el control del gobierno sobre la población y los beneficios que pueda otorgar.

Esa es la razón por la que Crisis Group se ha opuesto a un embargo petrolero. Es inevitable que las sanciones financieras terminen también afectando a la población, pero tenemos claro que al gobierno no parece importarle. No hay una respuesta fácil a esa realidad. Por un lado hay que evitar el tipo de sanción que se traduzca directa e inmediatamente a una población ya suficientemente depauperada. Sin embargo el gobierno gasta el dinero que tiene en cosas que no son en beneficio de la población. Recientemente compraron petróleo en 450 millones de dólares para dárselo a Cuba, que es parte de lo que necesitan para que los siga ayudando a mantenerse en el poder. Hay también que aclarar que la situación que se vive en Venezuela no es culpa de las sanciones y hay que evitar acciones que causen daños directos a la población, pero tampoco se puede seguir permitiendo que este país siga en manos de un gobierno incapaz e indolente, porque evidentemente no hay una solución a la crisis social y humanitaria que no pase por su reemplazo.

– De acuerdo a su experiencia ¿cuáles son los derechos humanos que corren mayor riesgo con el incremento del autoritarismo y como atenuar el daño?

El autoritarismo siempre pasa por la violación de los derechos más intangibles tales como el derecho a libertad de expresión, el derecho a manifestar, derechos que en la jerarquía de necesidades del pueblo no figuran entre los prioritarios. Al principio del gobierno de Chávez se escuchaba, por parte de los que lo defendían,  que en realidad lo que importaba era la salud, la educación, la alimentación, derechos más básicos, más tangibles y que lo demás era una preocupación de la clase media. Ahora estamos viendo que cuando se empieza por prohibir la libertad de expresión, se empiezan a cerrar medios de comunicación, se impide la libertad de manifestación y esto termina afectando los derechos más básicos. Cuando no tienes comida, medicinas, educación, hospitales te das cuenta de lo que has perdido, porque no te puedes quejar, no hay instancias que te protejan, no tienes a donde recurrir: la Defensoría del Pueblo no te defiende, la Fiscalía protege a los culpables y te das cuenta que debiste defender los derechos intangibles porque sin ellos no tienes como restablecer tus derechos básicos. Este es un gobierno autoritario con tendencias claramente totalitarias. En tiempos de Chávez era un gobierno autoritario con apoyo popular, algo que los politólogos llaman “Autoritarismo Competitivo”. Este gobierno no tiene apoyo popular  y lo único que le queda es la represión, cerrando cada vez más espacios, en ese escenario es muy difícil en un paulatino restablecimiento de la institucionalidad. Sin embargo en Crisis Group creemos que una solución de esta crisis que sea estable, duradera y que lleve al restablecimiento de los derechos vulnerados debe ser una solución negociada, porque una solución violenta pudiera complicar aún más la situación. En el caso que Maduro fuera sacado del poder mañana no existe un gobierno alternativo que pueda asumir el poder y hay suficientes indicios que termine en una “anarquía armada” ya que amplias porciones del territorio venezolano están bajo el control de grupos armados, sea por grupos criminales, sea por grupos políticos o una mezcla de ambos, terminando en una violencia incluso mayor de la que estamos viendo en estos momentos. Una solución negociada, sabiendo incluso que esto implica, bajo la figura de justicia transicional, un cierto nivel de impunidad, es menos grave que caer en lo que he comentado.

– Entendiendo que la dirigencia política no sabe, no puede o no quiere lograr una solución ¿qué le queda a la sociedad civil organizada para empujar en esa dirección?

Es cierto que la dirigencia política no ha estado a la altura de la crisis, pero los partidos políticos son esenciales, no podemos prescindir de ellos, la sociedad civil es importante, pero no para remplazar a los partidos políticos. Su papel debe ser obligar a los partidos políticos y a sus dirigentes a unirse en torno a una estrategia válida y coherente, dejando de lado sus egos y ambiciones personales. Hay que promover el entendimiento, hay que promover discursos que impidan la división y el odio. En la última campaña electoral vimos mucho odio entre diferentes sectores de la oposición y la sociedad civil tiene un papel que jugar en contra de eso y en ayudar a construir la idea de un régimen alternativo con propuestas que estén a la vista. Aunque se ha estado trabajando sobre ello, no es conocido ese trabajo sobre la Venezuela que se quiere y como se llega hasta allí.

El papel de la OEA

– Hablando específicamente de la OEA ¿Crees que se ha estancado la posibilidad de continuar aplicando la Carta Democrática Interamericana? ¿Cuál es tu evaluación sobre la actuación de Luis Almagro?

Creo que Almagro jugó un papel muy importante al obligar a los gobiernos del hemisferio a tomar en serio esta crisis, cuando la mayoría prefería mirar hacia otro lado, poniendo incluso su propia carrera en juego promoviendo el debate sobre Venezuela. Pero a partir de ahí ha cometido errores, porque no es el papel del secretario general del a OEA el tomar partido entre diferentes facciones de la oposición, eso me parece muy negativo ya que va en contra de la necesidad de promover la unidad.

En cuanto a la Carta Democrática existen dos puntos, en primer lugar es un documento muy bonito, pero queda a merced de la voluntad de los países miembros aplicarla o no y nunca ha habido una mayoría suficiente para proceder, por eso existe el Grupo de Lima actuando al margen de la OEA, porque veían que esa instancia y la Carta Democrática no eran vehículos adecuados para resolver la crisis de Venezuela. Por otro lado ese instrumento tiene sus limitaciones, la máxima sanción que tiene es la suspensión del país de la OEA y Venezuela ya anunció su salida. Lo que ha demostrado en todo caso es que la voluntad colectiva en el hemisferio para resolver una crisis de estas dimensiones en torno a valores como la democracia y los derechos humanos no está clara, siendo algo que no solo es un debate sobre Venezuela ya que es una prueba muy importante para todo el sistema hemisférico y el hecho de que no se haya podido, hasta ahora, producir una solución creo que nos obliga a reflexionar sobre cuáles serían los próximos pasos en la comunidad interamericana para amarrar esos principios. Venezuela, incluso antes de Almagro, con Insulza como Secretario General, ha violado todos los principios básicos de la comunidad interamericana y no se ha podido o no se ha querido hacer nada al respecto. Entonces hará falta un movimiento de renovación o rescate de la OEA de esos valores que creo siguen siendo absolutamente válidos y ese consenso hay que volverlo a construir.

– Pareciera que valores como la democracia y el respeto de los derechos humanos depende más de quien esté a cargo de los gobiernos del hemisferio, más que de los valores que deberían estar por encima de cualquier circunstancia

Todas las instituciones legales y constitucionales, por más que parezcan bonitas en el papel, siempre dependen de la voluntad de los seres humanos que estén en el poder en un momento determinado. Estados Unidos lo está viviendo en estos momentos donde la gente se pregunta ¿las instituciones serán o no suficientemente fuertes para resistir a un demagogo? Las instituciones existen sólo en la medida que los seres humanos que están en los puestos claves, jueces, fiscales, los miembros del congreso en momento determinado frente a ese desafío, tengan el valor de hacer lo necesario. Todo depende de las circunstancias. En estos momentos hay reacciones porque la crisis venezolana está afectando a varios países de la región ya que dejó de ser una crisis interna para convertirse en una crisis hemisférica.

– ¿Cómo valoras la existencia del llamado TSJ en el exilio?, ¿Cumple una función simbólica o podría ser reconocida bajo el derecho internacional como una institución legítima?

Yo particularmente no soy partidario de la creación de instancias paralelas. Primero en el caso del TSJ “legítimo” no parece ser un tribunal supremo en el sentido estricto, es una institución creada un poco de manera ad hoc que no tiene la más mínima posibilidad de ser reconocida como tal por la comunidad internacional, igual con el caso de la fiscal Luisa Ortega Díaz, teóricamente es la fiscal legítima, pero ¿significa algo en términos concretos? Muy poco. Lo que se puede hacer en todo caso es armar expedientes, pero acciones como la destitución del presidente, la sustitución del presidente, eso es vivir en un universo paralelo y hoy en día los gobiernos reconocen su contraparte si controla el territorio, no es un juicio de valor. El Grupo de Lima ha dicho que este es un gobierno ilegítimo producto de una elección no reconocida, eso no quiere decir que no vayan a tratar con ese gobierno porque hay que hacerlo, es ese gobierno el que controla las fronteras, los puertos, los aeropuertos, la fuerza armada, es decir controla instancias reales, pensar de otra manera es negar la real politik.


Luis Silva / Especial para Provea