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Keymer Ávila es abogado, Magíster en Sociología Jurídico Penal, por la Universidad de Barcelona. Es investigador del Instituto de Ciencias Penales de la UCV, profesor de Criminología en pre y postgrado (UCV) y asesor de diversas ONG en materia de seguridad ciudadana y derechos humanos.


– Desde el año 1998 ha habido varios planes de seguridad ¿pudieras caracterizarlos? ¿Hay alguna diferencia en los planes de seguridad que ejecutó Chávez y los de Maduro?

Se ha posicionado mucho el enumerar los distintos planes, es como un fetiche. En ese sentido hay que destacar la diferencia entre la retórica y la propaganda con lo que es una política pública. No todo lo que se anuncia es una política, incluso alguno actores llegan a identificar una política pública con lo publicado en una gaceta oficial, de esto entonces lo que hay que aclarar es que eso no puede identificarse como una política pública. En ese sentido, puede decirse que ha habido un montón de anuncios de una gran cantidad de cosas que van a realizar que al final no se materializa. Por otro lado, puedo resaltar como positivo lo que fue la Ley del Servicio de Policía, que es la que trata de formalizar todo el tema de la reforma policial liderado por la Comisión Nacional para la Reforma Policial (CONAREPOL), eso desde el punto de vista del diseño de una política y desde el punto de vista normativo es muy bueno, sin embargo, eso no se aplica tampoco. Qué es lo que dicen los actores de ambos lados (gobierno y oposición): la política fracasó, a eso yo respondo que no puede fracasar algo que no se ha implementado. Aclarado esto puedo decir que lo implementado tanto por Chávez como por Maduro, que durante estos veinte años puede distinguirse, dentro de la retórica y lo implementado, dos grandes etapas, la primera va de 1998 hasta el 2012, para ese período lo más importante fue lo social, en ese marco para Chávez los problemas de violencia e inseguridad eran motivados por la exclusión social y que no estaban satisfechas las necesidades básicas de la población, en ese sentido, se cuestionaba la política represiva de la llamada cuarta república.

El tema de la violencia y la inseguridad no fue realmente tomado en cuenta hasta el año 2006, que era año electoral, básicamente por un posicionamiento por parte de la oposición de ese tema en particular debido a casos emblemáticos como el caso de los niños Faddoul, meses antes el caso Kennedy, el caso Sindoni y el caso del sacerdote Piñango, de los cuales, por cierto, en tres estaban involucrados policías y en ese marco es que se crea la CONAREPOL, como he dicho anteriormente de manera discursiva porque en la práctica se lanzaba actuaciones como la creación del Dispositivo Bicentenario de Seguridad Ciudadana (DIBISE), acciones como “Madrugonazo al Hampa”. A partir del ascenso de Maduro al poder, el discurso cambia hacia uno punitivo y represivo, a partir de ese momento se incrementan las detenciones de carácter político, aumentan vertiginosamente la tasa de homicidios y aumentan también las muertes ocasionadas por los cuerpos de seguridad del estado, en particular con la creación de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) cuando, según cifras del Ministerio Público para el año 2015 aumentan en un 69% y según el Ministerio de Interior y Justicia en un 88%, para el año 2016 este ministerio afirma que aumentó en un 131% y el Ministerio Público afirma que aumentó en un 163%, al comparase con el 2014 puede verse que las muertes a manos de organismos de seguridad del estado se triplicaron, todo esto acompañado de un discurso más agresivo, bélico, incluso de cacería de enemigos a los que el presidente califica como plagas, similares curiosamente al discurso de la llamada 4ª República y con planes también similares a, por ejemplo, “Operación Vanguardia”, “Plan Oriente” y el “Plan Unión”, este último, por cierto, creado a finales de la década del 80 caracterizada por una crisis política, económica y social, donde el gobierno de la época quiso legitimarse con expresiones de fuerzas, en ese sentido parece que estamos en una elipsis en materia de visión de la seguridad ciudadana.

– Si hablamos de similitudes podemos nombrar entonces a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), similar a los cuerpos élite de esa época ¿Para qué y por qué un grupo como el FAES? ¿Qué responsabilidad tienen en su actuación el ministro del área y el ejecutivo nacional?

En ese sentido vale la pena hacer énfasis en dos cosas, a partir de la creación de la OLP se evidencia de nuevo las actuaciones conjuntas de varios organismos de seguridad del estado en las operaciones lo que dificulta la adjudicación de responsabilidades posteriores, tanto individuales como institucionales, es el mismo modelo que se utilizó con el denominado Comando Específico General en Jefe José Antonio Páez (CEJAP), que estaba compuesto por el Ejército, la Policía Técnica Judicial (PTJ) la División de Inteligencia Seguridad y Prevención (DISIP). En cuanto al FAES en particular, es un cuerpo especializado dependiente de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y es un grupo táctico, ahora te preguntarás ¿qué es un grupo táctico? Pues son grupos de alto impacto con formación militar y son la expresión de la actuación más intensa de un cuerpo de seguridad tales como rescate de rehenes, enfrentamiento con uso de armas largas a grupos irregulares, además cuentan con un adiestramiento de guerra con rasgos psicópatas, por cierto. La situación que se ha presentado con este grupo en particular es que están siendo utilizados para que actúen en la cotidianidad de la seguridad ciudadana lo que ha traído como consecuencia un alto saldo de muertes.

– Insight Crime describió Venezuela como el país más violento de América Latina, con una tasa de 89 homicidios por cada 100 mil habitantes ¿son ciertas estas cifras?

Esa organización es de un grupo de periodismo de investigación y la cifra que mencionas es tomada del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), en ese sentido hay que decir que el papel que ha jugado esta organización ha sido más de presión política, ¿por qué lo afirmo? Dese el año 2005 hasta el 2016 el gobierno, de una manera muy torpe a mi parecer, omitió dar cifras sobre homicidios, entonces a partir de ese momento el OVV comenzó a realizar estimaciones correctas dese el punto de vista metodológico, pero estimaciones al fin. Por otro lado, ese porcentaje no se refiere solamente a homicidios, se refiere a un indicador denominado “muertes violentas” que está compuesto por homicidios, una categoría que no es legal pero que se contabiliza denominada “resistencia a la autoridad” y la última es muertes en averiguación, que incluye suicidios, accidentes de tránsito, entre otras. En el ámbito internacional solo se contabilizan los homicidios, obviamente confundir éstos con muertes violentas infla un porcentaje que ya de por sí es muy alto. A partir del año 2016 la fiscal general empieza a dar las cifras, momento en el cual, por cierto, empieza a deslindarse del gobierno, anunciando que existen 58 homicidios por cada 100 mil habitantes y 2017 informa que la cifra aumentó a 70 por cada 100 mil habitantes, cifra por demás alarmante si la comparamos con la región latinoamericana que es de 22 y más alarmante aún si la comparamos con la mundial que es de 6.2, la Organización Mundial de la Salud afirma que una cifra superior a 10 debe considerarse como una epidemia. Para diciembre de 2017, con la fiscal ya estaba fuera del cargo, el ministro de relaciones interiores, en medio de las fiestas decembrinas, el 29 de diciembre anunció las cifras, sin incluir las muertes a manos de cuerpos de seguridad del estado. Luego de revisar sus datos podemos afirmar que la cifra según datos oficiales es de 62 homicidios por cada 100 mil habitantes. Sin embargo esa cifra hay que analizarla tomando en cuenta que es sobre una población estimada en el censo de 2010 sin considerar la enorme migración que se ha tenido en los últimos años; adicionalmente, en el 2017 hay que resaltar que producto de las protestas el país estuvo casi paralizado por cuatro meses, lo que demuestra que esa disminución respecto al 2016 no afecta la tendencia general de incremento en la tasa de homicidios.

– Según las últimas cifras publicadas por el Ministerio Público en 2016, el 86,6% de los homicidios fueron cometidos por armas de fuego ¿a qué se debe esta particularidad?

Estamos por encima de los estándares internacionales en esa materia y la explicación inicial es que el acceso a armas de fuego es muy fácil en el país. La municiones utilizadas o vinculadas a homicidios son producidas por el estado venezolano a través de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (CAVIM) lo que demuestra una falta de control del monopolio de armas del estado, incluso pude evidenciar en una investigación sobre la vulnerabilidad de los funcionarios policiales muertos por homicidios que el 10% de estas muertes fueron ocasionadas con el uso de armas de fuego de carácter orgánico, es decir un armamento propiedad del estado. Incluso en un trabajo de Andrés Antillano sobre el tema, las respuestas de grupos delictivos ante la pregunta ¿dónde conseguían las armas? Éstos respondían que se las vendían los propios funcionarios policiales y los militares, el problema entonces es que los propios cuerpos policiales y militares están en el negocio de las armas y de las municiones.

– Al parecer existe ausencia de mecanismos efectivos que registren, rastreen y controlen las armas y municiones, entre los que se encuentra la vigilancia y auditoría de los depósitos y parques. ¿Esto pudiera considerarse como algo premeditado por parte del estado?

Creo que es algo más complejo, a pesar del cambio de actores políticos de la llamada 4ª República, a pesar del cambio discursivo, incluso del pretendido cambio ideológico, ha habido una continuidad en la precariedad institucional y una continuidad en la “autonomización” del aparato policial y militar, los cuales en definitiva tienen su propia agenda, pueden tener algunas relaciones coyunturales funcionales con quien esté en el poder, pero  el poder político no los controla, más bien pareciera que estamos en una etapa donde estos aparatos controlan al poder político. El quid del asunto se resume en un interés crematístico de carácter privado entre ambos actores.

– Partiendo de esa afirmación ¿Cómo está estructurados los organismos de seguridad en el país?

Desde el punto de vista formal es una estructura piramidal y en esa estructura existen diferentes niveles: nacional, estadal y municipal. Entonces tenemos que lo referido a la Fuerza Armada depende del ejecutivo nacional, igualmente los cuerpos policiales de carácter civil nacional como la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) que al menos desde hace 40 años es el cuerpo de seguridad que más homicidios comete y que –paradójicamente- es el que se encarga después de investigarlos, está la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que es un cuerpo militar que de facto desde los años 30 cumple labores policiales y está el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) que también, aunque no tiene entre sus atribuciones hacerlo, realiza labores de seguridad ciudadana y por último, tenemos a la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) que también, aunque no es su competencia, realizando labores policiales. En el ámbito estadal están las policías estadales que le responden al gobernador del estado respectivo y las policías municipales que le reportan al alcalde de su jurisdicción.

– Sin embargo, como lo has comentado y como se ha visto, actúan al parecer autónomamente, como el caso del SEBIN que no acata por ejemplo órdenes de los tribunales y aunque el detenido tenga orden de excarcelación o liberación este organismo se niega en la práctica a cumplir esas órdenes.

Allí evidentemente es un asunto político y entraríamos en el terreno especulativo por las complejidades de cada caso, dónde algún preso está detenido por orden de algún funcionario en particular y ese cuerpo entonces le responde a ese funcionario. Igualmente se puede resaltar que a pesar de ser un órgano de inteligencia tiene detenidos por casos de delitos comunes, incluso por narcotráfico y eso incluso le hace daño al propio cuerpo, porque se entra en un terreno de corrupción, donde se empieza a entrar en la dinámica del cobro de coimas para liberar presos, para suministrarles alimentos, medicinas, entre otros. Lo mismo ocurre con cuerpos de seguridad adscritos a la Fuerza Armada en labores policiales. Cuando se les permite tanto poder a los cuerpos de seguridad, que en principio no responden por ejecuciones, lo que venga después es algo que se desarrolla de forma natural como las extorsiones, el pillaje, entre otros delitos.

– Al parecer el estado venezolano es reincidente en la impunidad sobre todo en el caso de ejecuciones extrajudiciales, no de ahora sino históricamente ¿a qué se debe eso?

La impunidad es la norma en los países de la región, no es algo exclusivo de Venezuela, citando a Christie tenemos que si el estado cumpliera lo que dice la norma a pie juntillas terminaríamos todos presos y con una sociedad totalmente militarizada. En ese sentido hay que decir que el sistema penal se caracteriza por ser selectivo, entonces al final ¿a quién selecciona? A los más vulnerables, a los menos poderosos y a través de esa selección se legitima a sí mismo. Este sistema por sus características debe ser administrado de la mejor manera y ser reservado para los casos más graves como, por ejemplo, los homicidios. Entonces cuando se habla de impunidad, que también es una consigna muy conservadora dependiendo del contexto, no se puede hablar de impunidad en general porque al ver las tasas de encarcelamiento estas también se han disparado. Hablando del sistema penitenciario, sin incluir los recluidos en comisarías que se mueren por tuberculosis, muertos producto del hacinamiento, muertos por inanición, entonces se está castigando mucho más que antes, lo que pasa que se castigan los delitos menores, el castigo por delitos de homicidio escasamente llega al 20% del total de detenidos y los detenidos por violación no llega al 1%, a la cárcel no van los que cometen delitos graves, van los que tienen menos poder de reclamo social. Puede decirse que aproximadamente la impunidad, en el caso de homicidios comunes, es del 90% y esta cifra se eleva aún más en el caso de homicidios cometidos por funcionarios policiales.

– ¿La alta letalidad de la actuación policial tiene algún propósito mayor a sólo causar bajas de presuntos delincuentes?

Cuando se toca ese tema echo mano de un sociólogo clásico de apellido Merton, que habla de funciones manifiestas y funciones latentes. Las manifiestas son aquellas fácilmente observables en el análisis, son reconocidas por y contribuyen al mantenimiento del sistema, las latentes no se ven fácilmente, están subyacentes, no siempre son reconocidas ni deseadas por el sistema. Entonces en esta lógica manifiesta de masacre por goteo  aparece como una lucha en contra del mal, defender a la gente decente de la escoria de la sociedad, las latentes son muchas, en primer lugar lanzar un mensaje autoritario de poder sobre la vida y la muerte sin ninguna consecuencia, ahí se desvanecen los límites institucionales, los límites legales. Si hablamos de la autonomización que nombramos anteriormente, estas bajas le dan mucho rédito a los cuerpos policiales al ser cada vez más necesarios para el poder político, ganando más espacio en el lugar donde se toman las decisiones políticas.

– ¿Cómo debería ser, según tu criterio, una política de seguridad por parte del estado venezolano?

Lo primero es que no hay recetas mágicas. Si alguien dice que la tiene hay que huir. Ya en la historia hubo alguien que dijo que tenía la “solución final” y ya sabemos en que terminó. El tema de la seguridad hay que evaluarlo desde la complejidad, sobre todo saber que es consecuencia de un cúmulo de problemas sociales e institucionales.

Lo primero es investigar y hacer diagnósticos concretos, cualquier política pública debe basarse en datos e información cierta; segundo hay que controlar y fiscalizar los aparatos armados del estado, los Políticos tiene que controlar a la policía y a los militares y no al contrario; tercero la inteligencia tiene que estar sobre la fuerza, los trabajos de inteligencia criminal son quirúrgicos, no son tan costosos y no implican un gran despliegue de fuerza con los daños colaterales que esto implica, no existe mafia y crimen organizado sin algún tipo de apoyo del aparato estatal; lo que sigue es bajar la cifra de homicidios y eso pasa por la búsqueda de los principales responsables, empezando por los que tengan mayor cantidad de casos acumulados y las instituciones tienen que concentrase en ello, una política de seguridad tiene tres elementos: prevención, control y represión, lo importante es que todas tengan racionalidad; en quinto la regulación y control de armas y municiones tiene que ser prioridad por parte del estado, no es una cuestión de discursos, no una propaganda boba de desarme, tiene que ser parte de una política real; se tiene que revisar profundamente el sistema de justicia, en ese sentido para ser magistrado o juez, aparte de tener las credenciales académicas y técnicas necesarias también debe tener la solvencia moral para ello, no puede ser que a la cabeza del poder judicial exista gente con antecedentes penales; lo otro es no reducir la complejidad del problema de seguridad al ámbito legislativo, el problema de seguridad no se resuelve con gacetas oficiales ni con papelitos, se resuelve con voluntad política, con fortalecimiento institucional, con independencia de las instituciones que conforman el sistema de administración de justicia; hay que hacer un uso racional del sistema penal y no utilizarlo para todo, debe ser para que intervenga en los casos más graves y puntuales.

Estas acciones deben ser interpretadas en su justa medida, no hablo acá de que el estado deje de intervenir, sino que lo haga de manera oportuna y eficiente cuando ocurra el conflicto y siempre debe buscar la protección del más débil, debe existir una mínima institucionalidad que solucione y que no incremente los problemas y, finalmente, el papel del estado social es fundamental, la satisfacción de las necesidades básicas de la población: alimentación, salud y educación, no puede pretenderse sustituir al estado social por el estado penal y represivo.


Luis Silva | Especial para Provea