La directora ejecutiva y fundadora de Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas, es tajante al hablar sobre la corrupción en Venezuela. Más que interferir en las instituciones y poderes públicos, asegura que este flagelo ha afectado los derechos humanos de la población en formas insospechadas, y un reflejo de ellos son los 4.6 millones de migrantes venezolanos repartidos por el mundo.
El escándalo que sacude a la Comisión permanente de Contraloría, un órgano que según el artículo 39 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional (Ridan) tiene como función la “vigilancia y utilización de los fondos públicos”, además de la “transparencia a la que están obligados los entes financieros y públicos”, ha puesto en evidencia la necesidad de nuevos mecanismos que garanticen el accionar de los diputados, o que permitan detectar a tiempo alguna irregularidad.
Desde que la oposición obtuvo el control del parlamento venezolano en diciembre de 2015, Transparencia Venezuela ha hecho una serie de recomendaciones a las cuatro juntas directivas que ha tenido el ente legislativo hasta la fecha sobre la transparencia que debe haber en este Poder Público.
Como lo explica la directora ejecutiva y fundadora de Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas, en entrevista para la alianza Provea-TalCual ninguna de las recomendaciones se ha tomado en cuenta hasta la fecha, incluyendo las del informe del llamado “Cucutazo”, donde se investigó el presunto desvío de fondos asignados para la atención de militares que apoyan a Juan Guaidó en Colombia.
– Transparencia Venezuela ha hecho recomendaciones a la Asamblea Nacional desde 2016 para garantizar transparencia en los procesos y evitar corrupción. ¿Qué ha pasado? ¿Alguna fue tomada en cuenta?
-Han caído en saco roto. Lamentablemente las recomendaciones más importantes ni siquiera se han considerado, quiero empezar diciendo que esas recomendaciones no son solamente buenas ideas de Transparencia Venezuela. Son recomendaciones que salen del estudio de los parlamentos en el mundo y es una metodología que actualizamos cada dos años antes de ser aplicada.
Venezuela siempre ha salido de último en la región en evaluaciones sobre transparencia. Quizás Bolivia nos superó en algún momento, pero poco antes de 2014 Venezuela estaba en el último lugar. También es importante decir que cuando uno habla de transparencia no es sólo que se publiquen cosas o que se vean lo que se está haciendo en las instituciones o funcionarios públicos sino que implica procesos anticorrupción. Estudios, procesos, sistemas que eliminen los incentivos y las oportunidades para que se produzca la corrupción.
Transparencia implica que no se cree un sistema que permita que alguien tenga la oportunidad de robar, de aprovecharse de su cargo. Transparencia también significa que los reportes de rendición de cuentas no sean un conjunto largo de todo el esfuerzo que se hizo en una institución en un año. Para la real transparencia, la rendición de cuentas es información permanente diaria, no del esfuerzo, sino del cumplimiento de metas.
Nosotros hemos visto que la Asamblea Nacional que se inició en enero de 2016 mató nuestro primer sueño que fue, desde el primer día, se cambiará el Reglamento Interior y de Debates que había aprobado Diosdado Cabello y que impide por ejemplo, que entren los medios de comunicación si el presidente así lo autoriza. Que da absoluta discrecionalidad al presidente para nombrar, cerrar comisiones, nombrar gente. Un reglamento que no obliga a publicar los informes de gestión, la información que genera la propia Asamblea, que no obliga a presentar información sobre presupuesto. Este reglamento se queda exactamente igual.
De allá para acá, por mucho que nosotros hemos solicitado el cambio del Reglamento Interior y de Debates o que se publiquen los informes de gestión o que los diputados presenten y publiquen la declaración jurada de patrimonio o de intereses, nada de eso ha ocurrido.
Las comisiones han hecho mucho trabajo en algunos casos específicos, pero las limitaciones que tiene este Parlamento es que los casos no los puedes enviar a Fiscalía porque hay conflicto de poderes debido al desacato.
Viéndolo ahora, nos parece que se hubiera reducido drásticamente la oportunidad de que se produjeran actos de corrupción si se hubiese tomado en cuenta las recomendaciones que hicimos.
-¿Cree que lo que está pasando en la Comisión de Contraloría pudo haberse prevenido si se hubieran aplicado estos mecanismos que Transparencia Venezuela recomendó en su momento?
-Se podían haber conocido mucho antes y más rápido porque si hubiesen publicado, por ejemplo, los casos cerrados. Si tú públicas los casos que cierras como una obligación, pues las organizaciones, los partidos políticos que hacen contrapeso pueden investigar por qué se cerraron casos y tendrían que haber dado razones y no hubieran aparecido noticias como esta, que causó tanta desazón en la población venezolana. Además que unos dicen que sí lo cerraron, otros dicen que no (caso Álex Saab). Todavía la información es absolutamente incierta.
Varios diputados de los que han sido señalados, la defensa lo que ha hecho en algunos casos es enterrarlos, porque cuando un diputado dice que no tiene que explicarle a nadie sobre sus viajes, ni con quién habla o con quién viaja, primero está incurriendo en una falta absoluta del desconocimiento de su propia condición y responsabilidades, de las promesas que hizo, porque la Constitución obliga la transparencia y es claro que toda función pública tiene que ser transparente. Además si una persona va a ir en nombre del Estado venezolano a hacer una investigación obviamente es en función pública.
Tienen que rendir cuentas. Lamentablemente esta situación incierta, tan particular que vive Venezuela produce también las excusas para no publicar, para no informar.
Visto a lo que hemos llegado, donde todos se acusan entre ellos, vemos que la desconfianza no es de la sociedad hacia los diputados, es entre ellos. Los ataques entre ellos nos dice mucho de la situación del Parlamento. Todos se llenan la boca acusando de corrupto al otro y lo que hacen con eso es desvirtuar la lucha contra la corrupción propiamente dicha. Por eso las recomendaciones a la Asamblea Nacional son tan rigurosas, nos parece que si de verdad queremos cambiar el país para mejor, para tener una vida mejor, un manejo del dinero más efectivo, más eficiente y que llegue a los que lo necesitan pues hace falta que el liderazgo tome las decisiones que tienen que asumir. Y esa decisión es apostarle definitivamente a la transparencia, publicar su declaración jurada de patrimonio y de intereses es el primer paso.
-¿Qué tan efectiva y real es la lucha contra la corrupción en el país?
–Cero. En Venezuela no hay ningún proceso real de lucha contra la corrupción. Por el lado de la justicia, la Fiscalía ni los tribunales están avanzando en los casos reales de corrupción, los grandes casos de corrupción que conocemos. Todo lo que pasó con Cadivi, con Pdvsa, con las importaciones, con Odebrecht. Casos que tienen miles de millones de dólares, la fiscalía 51 Anticorrupción los tiene encerrados y nadie los mueve. Sin embargo esos casos sí se están judicializando afuera. Nosotros hemos identificado más de 50 casos que están en fiscalías y tribunales de 20 países. Hay casos muy famosos como el de Nervis Villalobos, Claudia Díaz, el caso de Raúl Gorrín, Mathias Krull (MoneyFlight).
La suma de estos casos también da casi 30 mil millones de dólares. Estamos hablando de un nivel de corrupción en el que hay que hacer esfuerzos gigantescos. Lograr un cambio en temas de transparencia y darle un real golpe a la impunidad por estos casos de corrupción es muy difícil, y por eso se requiere un esfuerzo extraordinario y no lo hemos visto hasta ahora.
-¿Tienen un estimado de cuánto ha perdido el país por corrupción?
-Eso es una cifra que nosotros no tenemos. Lo que hacemos es repetir lo que la propia Comisión de Contraloría ha estimado en 300.000 millones de dólares. Ese número sale por varios métodos.
La verdad, yo no sé cuándo sabremos cuánto se perdió en montos. Pero hay otro dato que me parece más brutal y que se tiene que medir. Alguna vez tendremos una comisión de la verdad para la corrupción, tenemos que medir cuántas muertes se han producido por la corrupción, cuántos tipos de enfermedades nuevas, padecimientos, ¿cómo se mide el dolor de los migrantes? Hay muchas cosas que han estado pasando en el país por la destrucción institucional. A nosotros no nos cabe dudas que la emergencia humanitaria compleja tiene su centro en la corrupción.
El tema eléctrico a nosotros nos parece un gran ejemplo. Con el presidente Chávez se terminó de entregar todo lo que quedaba de las empresas y lo concentró todo en Corpoelec, se aprobaron 40 contratos con un monto de 37 mil millones de dólares. Solamente en esos 40 contratos para el sector eléctrico y nosotros no tenemos electricidad.
¿Cómo es posible? Estamos hablando del 2010 para acá. ¿Cómo es posible que se haya invertido esa cantidad de dinero y se lo robaron todo? Lo malversaron, compraron cosas que no se podían instalar. Entre comprar y comprar para hacerse de dinero hay 19 obras que no se han terminado, entre ellas Tocoma. El tema de la corrupción no es solamente dinero, ha causado destrucción institucional. Ha causado inseguridad de todo tipo, los homicidios, la falta de justicia.
La justicia no ha dado la pelea contra las bandas criminales como debe ser. ¿Por qué no la ha dado? Porque hay ganancias que a más de uno deben interesar. Esas son redes de complicidad y corrupción que tienen presencia internacional, son grupos criminales trasnacionales.
El Estado implementó un patrón de gran corrupción que tiene su origen en 2003 con el conjunto de decisiones que generaron esta gran corrupción con la creación de Cadivi y el control de cambio, que es el gran promotor de la corrupción.
Entre la mamá Pdvsa y el papá Cadivi, no sé cuál es el más importante. Pero lo que ha pasado en Venezuela no tiene precedentes.
-A ustedes los llamaron para que participaran en la investigación del llamado Cucutazo y entregaron un informe a la AN y al gobierno interino de Juan Guaidó. ¿Sabe qué pasó con ese informe? ¿Se hizo algún cambio a partir de las recomendaciones?
-No que sepamos. La lista larga de recomendaciones que tenía ese informe, si uno lo compara con lo que pedimos a la Asamblea, son más o menos las mismas recomendaciones. No hay auditoría de esos fondos, no hay procesos para verificar cómo se usaron esos fondos. En el mismo informe se explica que se actúa por una emergencia, pero pasaron varios meses y no se hizo una auditoría. Después de eso no se sentaron a evaluar lo que pasó. Además están mal los procesos desde el inicio.
(Aquí puede revisar la «Veeduría de la denuncia sobre irregularidades del llamado caso Cúcuta«, reporte que hizo Transparencia Venezuela sobre el caso)
Las recomendaciones eran que se tienen que hacer procesos para garantizar que se usaron los dineros de forma correcta, más en un momento en el que el país desconfía de todo. Esos fondos eran fondos públicos según lo que pudimos confirmar, aunque muchos parlamentarios no aceptan que esos son fondos públicos. Y ahí hay un problema.
También hay un problema fundamental y es que liderazgo político que asume la responsabilidad de lo público no entiende que está actuando en nombre del país.
Juan Guaidó nombra dos personas como mandatario interino, incluso siendo presidente de la Asamblea, les asigna una tarea, una responsabilidad. Y les dijo que manejaran un dinero. No importa de donde venga ese dinero, pero estaba destinado a una actividad que fue designada por un funcionario público. Por eso hay que rendir cuentas.
Más allá de eso, los partidos políticos también tienen que rendir cuentas. Si ese trabajo se lo asignaron como función del partido, también tienen que rendir cuentas porque los partidos tienen prohibido recibir dinero en especies.
El nuevo liderazgo ha dicho que ellos van a ser diferentes, que su lucha es contra la corrupción. ¿Cómo es que no son transparentes? Por eso en ese informe nosotros pedimos que publicaran su propio informe, porque ellos dijeron que iban a publicar un informe de la Asamblea Nacional.
Nosotros señalamos las debilidades que tenían, pero también hicimos recomendaciones que no fueron atendidas hasta el día de hoy. Y por supuesto de ninguna manera se exculpa a los funcionarios de responsabilidades.
-Transparencia Venezuela ha hecho varias denuncias de corrupción a la Asamblea. ¿Ha avanzado en alguno de ellos?
-Sí, la Asamblea Nacional ha avanzado en algunos casos como Odebrecht. Nosotros entregamos toda la información que teníamos, todos nuestros informes y copias de los contratos. La Asamblea Nacional interpeló a varias personas por el caso de Tocoma. De eso salió un informe.
El tema es que la Asamblea Nacional no tiene a quien presentarle un informe de esa envergadura. Ese informe debe ir al aparato de la justicia. De algunos casos importantes como el de la importación de alimentos salieron informes y voto de censura contra ministros. En esos informes también apoyamos con información y análisis pero la Asamblea Nacional llega hasta ahí. Lo que tiene que ocurrir en un Estado normal es que la justicia toma esa información y continúa su proceso de forma judicial, la Fiscalía completa la información con una investigación donde hay rastreo de trazabilidad de los bancos y las cuentas, solicitar facturas, perseguir a la gente, el análisis forense. Eso no ocurre en Venezuela porque no lo hace la Fiscalía, y por otro lado tenemos un poder Ejecutivo que al recibir un voto de censura de alguno de sus ministros debe haberlo destituido inmediatamente, porque sobre ese funcionario hubo indicios suficientes para suponer una irregularidad. En Venezuela no se investiga, y sin investigarlos se premia, se les acepta, se les hace fiesta.
-¿Qué haría falta para implementar un sistema anticorrupción?
-Hace falta todo y nada de esto es sencillo. Nosotros preparamos un documento que estamos en proceso de presentar el país, (recientemente Transparencia Venezuela creó la Alianza Anticorrupción con otras 260 ONG del país) porque nosotros decimos que es la sociedad quien tiene que empoderarse para luchar contra la corrupción. Mientras la sociedad no exija a su liderazgo que haga estos cambios, pues entonces el liderazgo no los va a hacer.
La corrupción está causando muertes, destrucción, migración forzada. La corrupción ha destruido la posibilidad de vida en paz, de seguridad. Estos 12 puntos son complicados, cada uno de ellos requiere conocimiento, capacitación, requiere negociación política pero esto es lo que hay que hacer. En estos 20 años no se ha hecho nada y el mundo avanzó.
La propuesta es que hay que avanzar y como no tenemos la posibilidad de que el liderazgo va empezar implementar esto lo que nosotros estamos diciendo es que la sociedad debe aprender qué es lo que hay que hacer, y ver lo que se necesita y exigirlo.
Cada persona tiene que decirle no a la corrupción. A veces es cierto, hay gente que no tiene más remedio porque son víctimas de extorsión, pero esas irregularidades son porque el sistema venezolano está quebrado, al sistema venezolano lo quebró la corrupción.
Para recomponerlo y que no se parezca al viejo hace falta que cada uno diga que no, además de un sistema que atienda el tema de la gran corrupción. En Venezuela hay casos gigantescos, por eso proponemos un sistema internacional. También hace falta crear un Sistema Nacional, la separación de poderes, porque es vital. Falta que los cuerpos de seguridad no se dejen controlar por el crimen organizado, por las economías ilícitas, por el narcotráfico. Hace falta eliminar los incentivos, visibilizar el crimen organizado y el impacto que tiene sobre la corrupción sobre los migrantes. Hace falta gobierno abierto, transparencia, contraloría, prácticas contra la corrupción, que haya capacitación y que se evalúe a los funcionarios públicos y si no sirve cambiarlos. Hace falta cambiar las leyes.
Hace falta este proceso de funcionario público es un servidor público y tienen que ser capaces.
Las contralorías tienen que ser independientes y el sistema electoral tiene que ser autónomo. Esto no es fácil, es largo y complicado, pero hay que empezar, cuanto antes empecemos antes lo lograremos.
-¿Ustedes recibieron alguna información sobre posibles actuaciones irregulares de diputados? Específicamente los diputados de Contraloría
-No, no conocemos información más allá de las que salieron en Armando.Info y las que ellos mismos denunciaron en las declaraciones de esta semana.
-¿A ustedes los han llamado a participar en esta comisión especial para investigar la Contraloría de la Asamblea? ¿Cómo debería ser este proceso?
-Nosotros creemos que no es un tema de hacer una revisión de papelitos. Esto es una acusación muy grave que requiere experticia técnica, análisis forense, grafología, interrogatorios, esto requiere comparar pruebas y requiere una cantidad de cosas que sólo tienen los expertos, ellos son los que tienen que hacer esta investigación.
Creo que esta comisión, que conforman estos tres diputados (Edgar Zambrano, Stalin González y Marialbert Barrios), su tarea debería ser crear una comisión autónoma independiente, no hacer la investigación, eso es lo que nosotros pensamos.
Consideramos que lo que va a salir de allí, sólo lo van a creer los que creen en estos diputados. El país está en un momento de desconfianza total porque la sociedad está en un momento de ¿a quién le creo? ¿Al que grita más duro que el otro es corrupto? ¿Cuáles son las pruebas? Nosotros creemos que esta investigación no debe dejar lugar a dudas de qué fue lo que pasó. Como no tenemos un sistema de justicia que coopere con la Asamblea Nacional y tampoco la policía técnica judicial va a cooperar con ellos ni ha hecho grandes investigaciones de corrupción en estos 20 años, creemos que es necesario que llamen expertos internacionales en estos temas.
Creo que la comisión puede solicitar apoyo. para crear un GIEI, un mecanismo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o de la Unión Interparlamentaria Mundial o cualquier órgano en el que el parlamento confíe, pero que sean cuerpos independientes donde no intervenga un diputado porque las personas implicadas son de los partidos, están siendo señalados.
Hay que hacer un esfuerzo gigante para generar confianza. Esto sería un estupendo signo de el liderazgo sí quiere combatir la corrupción.
-Juan Guaidó pidió que la comisión especial produzca un informe en 15 días…
-Eso lo tienen que decir los expertos. Yo le preguntaría eso a los equipos que hayan hecho investigaciones así. Por ejemplo directores del Cicpc, exdirectivos de la PTJ, a fiscales que hayan trabajado en este tipo de casos. Claro, se entiende que se quiere presentar un informe al país lo antes posible, pero no puedo decir que en 15 días se puede hacer una investigación real que arroje resultados y las respuestas que el país necesita.
Para la alianza Provea-TalCual.
