Las presas en Venezuela sobreviven en espacios hacinados y sin acceso regular a agua potable; menstruar se convierte en un acto de resistencia, donde no hay facilidades para conseguir toallas sanitarias o un analgésico cuando los cólicos menstruales aparecen.
Gestionar la menstruación en las cárceles es un camino seco
Organizaciones feministas han exigido al Estado venezolano garantizar la salud menstrual de las reclusas, recordando su obligación de proveer productos de higiene y condiciones básicas, pero hasta ahora quienes le hacen seguimiento al estado de los centros penitenciarios solo ven un mayor deterioro.
Una crisis intensificada tras el 28J
Ruth Daniela Morales y Karyn Bastidas fueron detenidas durante la represión poselectoral de 2024, cuando al menos 2.400 personas fueron arrestadas en apenas 16 días. Aproximadamente 293 de ellas eran mujeres, documentado en el Informe Provea 2024, capítulo derecho a la libertad personal. Para Ruth y Karyn, sangrar tras las rejas se ha vuelto aún más difícil en un sistema diseñado para olvidarlas.
Morales, de 27 años, madre soltera y estudiante universitaria, fue arrestada el 6 de agosto de 2024 frente a su casa en Calabozo, estado Guárico. La detuvieron por haber participado en una protesta convocada por la oposición. Su madre aún se lamenta, convencida de que no pudieron hacer nada para evitarlo.
“La sacaron de su casa. Estaba con sus dos hijas y no hubo tiempo de ayudarla”, relata. “Entraron sin una orden, sin un papel, sin decir nada y encapuchados. Nos enteramos porque vivimos cerca y los vecinos nos gritaron lo que estaba pasando.”
Desde su detención, gestionar su menstruación se ha convertido en uno de sus mayores desafíos. Su madre sospecha que el estrés constante ha intensificado su flujo menstrual, mientras que la falta de recursos hace cada vez más difícil costear los productos de higiene necesarios.
“La vida se le ha hecho cuesta arriba”. Desde que Ruth está presa, su madre se encarga de sus dos nietas. Sobrevive con lo poco que tiene, y gran parte de lo que le lleva a su hija lo consigue gracias a la solidaridad de los vecinos.
Además de los productos de salud menstrual, debe cubrir los gastos de comida y el traslado hasta el comando policial de Calabozo, donde su hija permanece recluida. El trayecto toma unos 40 minutos, y solo les permiten verla los sábados. Ese día, la familia procura llevarle alimentos para toda la semana.
“La comida que dan en el comando a veces parece incomible. Aunque ella no quiere preocuparnos, hacemos lo posible para llevarle algo digno”, cuenta su madre.
La historia de Morales se repite en el caso de Karyn Bastidas, detenida en el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) de Santa Rosa en Barquisimeto.
Karyn fue arrestada el mismo día en que planeaba celebrar el primer cumpleaños de su hija, el 2 de agosto de 2024. Salió a una bodega cercana a comprar un refresco y fue interceptada por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
Ambas mujeres sobreviven en condiciones de reclusión inhumanas. Comparten celda con al menos seis personas y disponen de un espacio mínimo para hacer sus necesidades. Es en ese reducido lugar donde también deben gestionar su menstruación, muchas veces sin acceso a agua, productos de higiene o privacidad.
Las Reglas Bangkok, adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2010 para mejorar las condiciones de las reclusas, establece en la Regla 5 que los recintos destinados al alojamiento de las reclusas deben contar con las instalaciones y artículos necesarios para satisfacer las necesidades de higiene propias de su género, incluidas toallas sanitarias gratuitas y el suministro permanente de agua para el cuidado personal de niños y mujeres, en particular las que cocinen, las embarazadas y las que se encuentren en período de lactancia o menstruación.
La Regla 5 exhorta a que sea fácil el acceso a instalaciones sanitarias y de higiene personal, así como la eliminación segura de los artículos manchados de sangre. Asimismo, apuntan que los artículos para la gestión menstrual deben estar a disposición de las mujeres en condiciones en las que no necesitan estar avergonzadas de pedirlos, por ejemplo, “dispensadas por otras mujeres o, mejor aún, accesibles siempre que sea necesario”.
El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT) considera que la falla en la satisfacción de tales necesidades básicas puede ser equivalente a un trato degradante.
Hacinadas y sin acceso a lo más básico
Para la profesora Magaly Huggins, magíster en criminología y doctora en Estudios del Desarrollo, el Estado es responsable de garantizar la vida y calidad de vida de las personas detenidas, así está contemplado en el artículo 43 de la Constitución, en ese sentido, la especialista señala que para garantizar la vida primero se deben garantizar derechos básicos entre esos la alimentación o el acceso a agua potable.
Sin embargo, el agua y la comida han quedado relegadas a las familias de las personas privadas de libertad. Huggins dice que si no les llevan la comida diariamente, estos pueden sufrir de desnutrición o mueren de hambre.
“Esa es la situación del derecho a la vida, si están en un centro lejano de donde vive su familia, lo que hemos encontrado es que las familias de las personas detenidas terminan siendo la familia de los detenidos, se dan los números y le piden que la mamá le mande la comida, la solidaridad entre personas detenidas es una forma de supervivencia. El Estado te mata de hambre, pero la solidaridad entre ellos permite que sobrevivan”, indica en entrevista a Provea.
Para la especialista el problema de los centros de reclusión se remonta a la manera en la que fueron concebidos, pues muchos estaban diseñados para ser oficinas o centros preventivos de 24 a 48 horas máximo y ahora han pasado a ser centros permanentes, lo que hace que físicamente no tengan la infraestructura necesaria para atender a la población carcelaria.
La experta indica que no hay acceso al agua potable en la mayoría de los centros de detención preventiva. “Algunos tienen acceso al agua a través de los camiones cisterna, pero no es suficiente, entonces las posibilidades de bañarse son mínimas, esos galones de 5 litros los lleva la familia. El agua para beber no la dan en los calabozos”, dice. Además, añade que el espacio para las mujeres es mínimo y que es lógico porque si 92% de los que llegan ahí son hombres es entendible que tengan mayor espacio, no obstante, señala que las condiciones tampoco son mejores para ellos.
“Lo de los calabozos es una situación muy importante porque esos pequeños depósitos de seres humanos eran para tenerlos allí 48 horas para que un juez decidiera si iban a o no a una cárcel, pero eso no funcionó, entonces se permitió que el proceso legal se hiciera allí hasta 45 días, pero eso tampoco fue exitoso; a nadie le interesó y se convirtieron en las cárceles del siglo XXI, las celdas no exceden de 5×5 metros para unas 10 personas, pero, en cambio, mantienen a 60 personas detenidas allí años tras años”, sostiene Huggins.
Para la magíster en criminología, las cárceles no eran perfectas en años anteriores, pero no existía una crisis de tal dimensión: “La calidad de vida en las cárceles nunca ha sido buena, cuando yo estudiaba en la universidad se dio una rebelión en una enorme cárcel que estaba en Catia, las condiciones no eran buenas y se enfermaban de desnutrición, pero los calabozos no eran así, conocí muchachos en los calabozos y no pasaban por esta penumbra, eso ha sido un proceso de deterioro, no solo en Venezuela sino en toda América Latina y esperemos que no pase en los países del norte”, advierte.
Sin atención médica especializada
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), junto al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, corroboró en un informe de 37 páginas la ausencia de médicos especialistas en las prisiones de Venezuela. Las Reglas Bangkok instan a los Estados en sus recomendaciones al reconocimiento médico de las reclusas, el cual comprende un examen exhaustivo a fin de determinar sus necesidades básicas de atención de salud que estén orientadas expresamente a la mujer.
El documento detalla que, en algunos centros penitenciarios, las emergencias son atendidas de manera precaria y los traslados médicos resultan engorrosos. Además, denuncia la falta de atención ginecológica para las mujeres privadas de libertad: “Se ha informado sobre la ausencia de tratamiento especializado, particularmente en salud ginecológica”, señala el texto.
El padre de Karyn Bastidas relata que, en múltiples ocasiones, ha solicitado atención médica para su hija sin obtener respuesta. “Karyn empeora cada día. Sentimos que la tienen en la mira, pero el comandante del Conas ignora nuestras peticiones”, afirma.
Explica que su hija sufrió un sangrado vaginal prolongado, pero las autoridades rechazaron incluso la posibilidad de que una ginecóloga externa la evaluara. “Le baja demasiado; tenemos que llevarle hasta cinco paquetes de toallas sanitarias o, en el peor de los casos, pañales desechables”, lamenta.
A esto se suma el hostigamiento que sufre Karyn por parte de otras reclusas, quienes se burlan de sus dolores menstruales en medio del hacinamiento. “Le dicen que ‘no aguanta nada’”, cuenta su padre.
La especialista Magaly Huggins, quien ha documentado las condiciones de las cárceles en Venezuela, explica que las detenidas no reciben apoyo de ningún tipo, sino que es a través de sus familiares, quienes son los que les llevan comida y toallas sanitarias. La experta señala que la mayoría de las mujeres privadas de libertad está en edad de menstruar y que nuevamente son sus familias las que les llevan los analgésicos si sufren de dolores menstruales.
Salud menstrual: un derecho vulnerado
Una portavoz de la colectiva Uquira advirtió: “No solo se necesitan toallas o tampones, sino también agua potable, analgésicos y consultas ginecológicas anuales. Muchas presas padecen infecciones no tratadas que agravan su salud”.
“Desde Uquira, exigimos que se garantice el derecho y se visibilice la situación que enfrentan las presas políticas, así como mejores condiciones para ellas. Este no es un tema menor: la salud menstrual es parte fundamental de su bienestar integral, ligada directamente a su salud sexual y reproductiva. No pueden ignorarla ni desatenderla; es una necesidad que el Estado debe cubrir con dignidad y seguridad”, añadió.
Actualmente, unas 92 mujeres siguen detenidas en Venezuela por motivos políticos, según el registro de la ONG Foro Penal al 26 de mayo del 2025.
Prensa Provea.
