En Colombia, Perú y Venezuela es inaplazable la ratificación y adhesión al Acuerdo de Escazú │ PROVEA

Más de 100 organizaciones y activistas de derechos humanos del mundo exigen que Colombia, Perú y Venezuela ratificar el Acuerdo de Escazú para mitigar la violencia contra defensores ambientales, garantizar el derecho a información del medioambiente y recursos naturales, incluir a las poblaciones y comunidades indígenas en las decisiones ambientales, y garantizar la justicia ambiental en las regiones

Con gran preocupación, el Observatorio para la defensa de la vida – ODEVIDA registra el aumento de violencias en contra de personas defensoras de Derechos Humanos en Colombia, Perú y Venezuela. Especialmente, en contra de líderes y lideresas que defienden el medioambiente y el territorio en el marco de una crisis climática que afecta la vida en la región.

Para el ODEVIDA es de la más alta urgencia que los gobiernos de la región se obliguen a cumplir lo dispuesto en el Acuerdo de Escazú como un primer paso para mitigar la violencia. En el caso de Colombia y Perú es importante que los Estados avancen en la ratificación del tratado, previamente firmado por estos y en el que ambos tuvieron calidad de negociadores. En el caso venezolano, es urgente que el gobierno se adhiera al Acuerdo, lo cual genera los mismos efectos jurídicos que la ratificación. Es tiempo de que los países del sur reconozcan que este tratado es imperativo para garantizar la labor de activistas ambientales y la defensa de los ecosistemas y la biodiversidad.

El Acuerdo de Escazú contempla el compromiso con el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia, tres pilares fundamentales para consolidar la discusión sobre asuntos ambientales que debemos tener en este momento histórico al que asistimos como humanidad. No podemos posponer lo inaplazable. Esta es la oportunidad para que América Latina y el Caribe lideren la discusión. Cabe decir que este instrumento es el primero sobre asuntos ambientales en la región y el primero en el mundo que incluye disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales.

Con respecto al acceso a la información ambiental, los gobiernos tienen el deber de garantizar el derecho del público a informarse sobre cualquier materia relativa al medioambiente y a los recursos naturales, incluyendo los riesgos e impactos adversos que pueden afectar el medio ambiente y la salud. Nunca había sido tan necesaria la generación, divulgación y accesibilidad a la información ambiental bajo el principio de máxima publicidad como ahora.

En segundo lugar, los gobiernos tienen el deber de garantizar la participación abierta, incluyente y efectiva de poblaciones y comunidades en la toma de decisiones ambientales sobre la base de una información clara, precisa y verídica.

En tercer lugar, los gobiernos deben asegurar el acceso a instancias judiciales y administrativas para impugnar y recurrir cualquier decisión, acción u omisión relacionada con el acceso a la información ambiental; a la participación pública en procesos de toma de decisiones ambientales; y a cualquier otra decisión, acción u omisión que afecte o pueda afectar de manera adversa al medio ambiente o contravenir normas jurídicas relacionadas con el medio ambiente.

Con respecto a las personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales, el Acuerdo de Escazú obliga a los Estados a garantizar un entorno seguro y propicio en el que organizaciones defensoras del ambiente puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad. Entre estas garantías prima el derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación pacíficas y derecho a circular libremente. Los y las defensoras del Sur Global constituyen la primera línea de defensa frente a la depredación ambiental impulsada por la economía extractivista.

Las siguientes organizaciones sociales, políticas, civiles y comunitarias, organizaciones no gubernamentales y plataformas por los derechos civiles y políticos firman este comunicado instando al gobierno colombiano en cabeza de Iván Duque Márquez; al gobierno peruano en cabeza de Pedro Castillo Terrones; y al gobierno venezolano en cabeza de Nicolás Maduro Moros a ratificar o adherirse al Acuerdo de Escazú como camino para liderar desde América Latina y el Caribe la transformación que necesitamos como humanidad para superar la crisis climática y construir un porvenir ecológico.

Suscriben

Organizaciones internacionales

American Development Association in Europe (ADAE)
C.O.I.D.H.ARGENTINA
Emprender ONG
Centro de desarrollo humano
CLIMALAB
Global Network of Civil Society Organisations for Disaster Reduction (GNDR)
TELKES ENERGY
Movimiento ambientalista sanfraciscano MAS
350.org
Voces de género
Embajadores del Orinoco
Derecho, Interculturalidad y Ambiente (DIA)
Derechos Humanos sin Fronteras
FUNDACION ECUMENICA PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ – FEDEPAZ
GRUFIDES
Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático – MOCICC
Red Muqui
We World
Cuencas Sagradas
Fundación ASTUR
Sociedad Amigos del Viento

Organizaciones venezolanas

Acceso a la Justicia
Acción campesina
Alianza para la Acción Climática Venezuela
Aquí cabemos todos
Asociación Civil Educativa Pequeños Científicos
Asociación Civil Mujeres en Línea
ASOCIACIÓN CIVIL NUPAZ
Asociación Civil Vida y Luz (Asoviluz)
Caleidoscopio Humano
Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado
Cátedra de la Paz / Universidad de Los Andes
Centro de Desarrollo Humano. CDH/ Honduras
Centro de Investigación Social, Formación y Estudios de la Mujer CISFEM
Centro para la Paz y los Derechos Humanos Universidad Central de Venezuela
Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ)
CEPAZ
Clima21 – Ambiente y Derechos Humanos
Colectivo de Montañismo Ecológico Tatuy
Comisión Nacional de DDHH de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del estado Táchira
Comisión Nacional de DDHH de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela-Merida
Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del estado Lara
Comité DDHH Parroquia La Vega
Comité de DDHH «La Carucieña»
Comité para la defensa de los derechos humanos Parroquia Coche
Consejo Comunal Sorocaima
Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional
DefensActiva
Defiende Venezuela
Ecodesarrollo 2000
EDEPA A.C.
EPIKEIA Derechos Humanos
EXCUBITUS Derechos Humanos en Educación
FUNCAMAMA
Fundacion Agua Sin Fronteras
Fundacion Aguaclara
Fundación Basura Cero
Fundación Caribe Sur
Fundación Centro Gumilla
Fundación Embajadoras Venezuela Sostenible EVS
Fundación Lucelia
Fundación para el Desarrollo Integral FUNDESI
Fundación Pro Bono Venezuela, ProVene
Fundación Pro- Defensa del Derecho a la Educación y la Niñez
Fundación Tierra Viva
Fundación Váyalo
Fundación Vida Verde Funvive
Fundaval
Geografía Viva
Guardianes del Bosque
Manifiesta
Movimiento Ciudadano Dale Letra
MOVIMIENTO CIUDADANO UNIENDO VOLUNTADES
Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes
Observatorio Global de Comunicación y Democracia
Observatorio Penal Merida OPEM DDHH
OBSERVATORIO VENEZOLANO DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL (OVCS)
Observatorio Venezolano de Prisiones
OdecorpUnimet
Odevida, Capítulo Venezuela
OGCD
Phynatura, A.C.
Plataforma contra el Arco Minero del Orinoco
PROMEDEHUM
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos | PROVEA
Red de Economía Circular
Red Internacional de Promotores ODS capítulo Venezuela
Reflejos de Venezuela
RENUPAZ
Reunificados ORG
Sinergia
SOCIEDAD HOMINIS IURA (SOHI)
Tuboacero, C. A.
Unión Afirmativa
Universidad Nacional Experimental del Táchira
AMBAR Asociación Civil
Todos por el Futuro
Convive