Del 14 al 28 de septiembre 2008

Boletín electrónico Nº 207

EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE OCTUBRE

Concesión del Premio Nóbel de la Paz
01 Día Internacional de las Personas de la Tercera Edad
02 Día Interamericano del Agua
03 Día Mundial del Hábitat (1er. lunes)
04 Día Interamericano de la Radiodifusión
10 Día Mundial Contra la Pena de Muerte
10 Masacre de Cantaura, Edo. Anzoátegui (1982)
10 Día Mundial de la Salud Mental
12 Día Nacional de la Resistencia Indígena
15 Día Internacional de la Mujer Rural
15 Día Internacional de Reducción de Desastres (2do. miércoles)
15 Aniversario de Provea
16 Día Mundial de la Alimentación
17 Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza
24 Día de las Naciones Unidas
24 Día Mundial de la Información sobre el Desarrollo
24-30 Semana del Desarme
27 Primera elección universal, directa y secreta en Venezuela (1946)
28 Día Nacional del Alfabetismo
29 Masacre de El Amparo, Edo. Apure (1988)

CONTEXTO

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

ESPECIAL: «EL AMPARO, 20 AÑOS DE IMPUNIDAD»

ARTÍCULOS
Del 25 de agosto al 13 de septiembre 2008

Boletín electrónico Nº 206

EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

08 Día Internacional de la Alfabetización
09 Día de la Agricultura
11 Aniversario de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz
16 Día Internacional de Protección de la Capa de Ozono
18 Día Mundial de las Playas
21 Día Internacional de la Paz (3er. martes)
26 Día Mundial del Corazón
28 Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y El Caribe

CONTEXTO

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

ESPECIAL: «EL AMPARO, 20 AÑOS DE IMPUNIDAD»

ARTÍCULOS
Del 8 al 22 de enero 2000

Boletín electrónico Nº 205

EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE AGOSTO

04-08 Semana Mundial de la Lactancia Materna
09 Lanzamiento de la Primera Bomba Atómica sobre Hiroshima (1945)
09 Día Internacional de las Poblaciones Indígenas
12 Día Internacional de la Juventud
15 Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición
18 Promulgación del Decreto de Garantías que, entre otras cosas, eliminó la pena de muerte y el destierro (1863)
29 Día Internacional del Árbol
30 Día Internacional de los «Desaparecidos»

CONTEXTO

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

ESPECIAL: «EL AMPARO, 20 AÑOS DE IMPUNIDAD»

ARTÍCULOS

DOCUMENTOS
Del 18 de julio al 05 de agosto 2008

Boletín electrónico Nº 204

EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE AGOSTO

04-08 Semana Mundial de la Lactancia Materna
09 Lanzamiento de la Primera Bomba Atómica sobre Hiroshima (1945)
09 Día Internacional de las Poblaciones Indígenas
12 Día Internacional de la Juventud
15 Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición
18 Promulgación del Decreto de Garantías que, entre otras cosas, eliminó la pena de muerte y el destierro (1863)
29 Día Internacional del Árbol
30 Día Internacional de los «Desaparecidos»

CONTEXTO

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

ESPECIAL «EL AMPARO: 20 AÑOS DE IMPUNIDAD»

ARTÍCULOS

DOCUMENTOS
Del 01 al 17 de julio 2008

Boletín electrónico Nº 203

EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE JULIO

03 Día Universal de la Cooperación (1er. sábado)
05 Celebración de la Declaración de la Independencia de Venezuela (1811)
07 Día de la Conservación del Suelo
09 Día Internacional para la Destrucción de Armas de Fuego
11 Día Mundial de la Población
17 Día Mundial de la Justicia Internacional

CONTEXTO

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

ESPECIAL: «EL AMPARO, 20 AÑOS DE IMPUNIDAD»

ARTÍCULOS

DOCUMENTOS
Del 17 al 30 de junio 2008

Boletín electrónico Nº 202

EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE JULIO

03 Día Universal de la Cooperación (1er. sábado)
05 Celebración de la Declaración de la Independencia de Venezuela (1811)
07 Día de la Conservación del Suelo
09 Día Internacional para la Destrucción de Armas de Fuego
11 Día Mundial de la Población
17 Día Mundial de la Justicia Internacional

CONTEXTO

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

INVITACIÓN A EVENTOS

ARTÍCULOS

DOCUMENTOS
Del 02 al 16 de junio 2008

Boletín electrónico Nº 201

EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE JULIO

03 Día Universal de la Cooperación (1er. sábado)
05 Celebración de la Declaración de la Independencia de Venezuela (1811)
07 Día de la Conservación del Suelo
09 Día Internacional para la Destrucción de Armas de Fuego
11 Día Mundial de la Población
17 Día Mundial de la Justicia Internacional

CONTEXTO

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

INVITACIÓN A EVENTOS

ARTÍCULOS
Del 15 de mayo al 01 de junio 2008

Boletín electrónico Nº 200

EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE JUNIO

01 Aprobación de Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente en Venezuela
04 Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión
05 Día Mundial del Medio Ambiente
08 Día Mundial de los Océanos
12 Día Mundial Contra el Trabajo Infantil
14 Día Mundial de la Donación de Sangre
17 Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía
20 Día Internacional del Refugiado
21 Día Internacional de la Educación No Sexista
21 Día por una América Latina Libre de Transgénicos
26 Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura

CONTEXTO

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

ARTÍCULOS
Del 18 de abril al 10 de mayo 2008

Boletín electrónico Nº 199

EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE MAYO

01 Día Internacional de los Trabajadores
03 Día Mundial de la Libertad de Prensa
04 Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales
08 Día de la Cruz Roja Internacional
08 Conmemoración de la Masacre de Yumare, Edo. Yaracuy (1986)
10 Día Nacional de la Afrovenezolanidad
11-17 Semana Nacional de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (Gaceta Oficial del 08.10.97)
15 Día Internacional de la Familia
15 Día Internacional de la Objeción de Conciencia
17 Día Mundial de las Telecomunicaciones
17 Día Mundial Contra la Homofobia
21 Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo
22 Día Internacional de la Diversidad Biológica
25-31 Semana de Solidaridad con los Pueblos de Todos los Territorios Coloniales que Luchan por la Libertad, la Independencia y los Derechos Humanos
28 Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer
29 Día Nacional del Árbol
29 Día Nacional del Adulto Mayor

CONTEXTO

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

ARTÍCULOS
Del 2 al 16 de abril 2008

Boletín electrónico Nº 198

EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE ABRIL

04 Asesinato de Martin Luther King (1968)
07 Día Mundial de la Salud
07-14 Semana de la Salud en Las Américas
08 Holocausto Judío de la Segunda Guerra Mundial
11 Golpe de Estado contra presidente Hugo Chávez Frías (2002)
13 Día de la Movilización Nacional
14 Día del Panamericano
19 Celebración de la Declaración de Independencia de Venezuela (1810)
19 Día Panamericano del Indio
22 Día Mundial de la Tierra
23 Día Internacional del Libro y de los Derechos del Autor
24-30 Semana de la Vacunación en Las Américas
28 Día Mundial sobre la Seguridad y la Salud en el Trabajo
29 Día Internacional de los Trabajadores Muertos y Heridos en Accidentes Laborales

CONTEXTO

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

ARTÍCULOS
Del 15 de marzo al 1 de abril 2008

Boletín electrónico Nº 197

EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE ABRIL

04 Asesinato de Martin Luther King (1968)
07 Día Mundial de la Salud
07-14 Semana de la Salud en Las Américas
08 Holocausto Judío de la Segunda Guerra Mundial
11 Golpe de Estado contra presidente Hugo Chávez Frías (2002)
13 Día de la Movilización Nacional
14 Día del Panamericano
19 Celebración de la Declaración de Independencia de Venezuela (1810)
19 Día Panamericano del Indio
22 Día Mundial de la Tierra
23 Día Internacional del Libro y de los Derechos del Autor
24-30 Semana de la Vacunación en Las Américas
28 Día Mundial sobre la Seguridad y la Salud en el Trabajo
29 Día Internacional de los Trabajadores Muertos y Heridos en Accidentes Laborales

CONTEXTO

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

ARTÍCULOS

NOVEDADES EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS
Del 28 de febrero al 14 de marzo 2008

Boletín electrónico Nº 196

EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE FEBRERO

08 Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer
14 Día Mundial de Acción Contra las Represas, a Favor de los Ríos, el Agua y la Vida
15 Promulgación del voto directo, universal y secreto para hombres y mujeres mayores de 18 años en Venezuela (1946)
21 Día Mundial para la Eliminación de la Discriminación Racial
21 Día Mundial de la Poesía
21 Día Forestal Mundial
21-27 Semana de Solidaridad con los Pueblos que Luchan Contra el Racismo y la Discriminación Racial
22 Día Mundial del Agua
24 Ejecútese de Ley de Abolición de la Esclavitud en Venezuela (1854)
24 Asesinato del Obispo Oscar Arnulfo Romero (1980)

CONTEXTO

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

ARTÍCULOS

DOCUMENTOS
Del 28 de marzo al 07 de abril de 2005

Boletín electrónico Nº 153

EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE ABRIL

04 Asesinato de Martin Luther King (1968)
07 Día Mundial de la Salud
07-14 Semana de la Salud en Las Américas
08 Holocausto Judío de la Segunda Guerra Mundial
11 Golpe de Estado contra presidente Hugo Chávez Frías (2002)
13 Día de la Movilización Nacional
19 Celebración de la Declaración de Independencia de Venezuela (1810)
19 Día Panamericano del Indio
22 Día Mundial de la Tierra
24-30 Semana de la Vacunación en Las Américas
28 Día Mundial sobre la Seguridad y la Salud en el Trabajo
29 Día Internacional de los Trabajadores Muertos y Heridos en Accidentes Laborales

CONTEXTO

La frecuencia con la cual, en los últimos años, activistas y dirigentes del movimiento campesino nacional han venido siendo asesinados representa una grave situación que obliga al Gobierno Nacional a presentar una respuesta adecuada y oportuna, señalaron diversas organizaciones de derechos humanos articuladas en el Foro por la Vida.

Según las denuncias de organizaciones campesinas, más de 80 campesinos han sido asesinados en los últimos 8 años. La modalidad utilizada es el sicariato y, a pesar de que no se ha desarrollado una investigación seria que determine la responsabilidad material e intelectual, hay suficientes indicios para presumir que tras buena parte de estos hechos se encuentran sectores interesados en boicotear el proceso de reforma agraria que viene adelantando el Gobierno Nacional.

El más reciente caso ocurrió el pasado 19.03.05, en la población de Santa Bárbara, Edo. Barinas, donde fue asesinado Luis Enrique Pérez, integrante de la cooperativa “Agualinda 6”, la cual esperaba el decreto final para obtener la legalidad de las tierras del Hato “Agualinda”, solicitadas al Instituto Nacional de Tierras (INTI).

Según el Foro por la Vida, “los hechos de violencia ocurridos en el campo venezolano reflejan una ineficiente política de seguridad y ponen en evidencia una responsabilidad estatal por omisión. Si bien altos funcionarios públicos han expresado su preocupación por estos sucesos, las meras declaraciones resultan insuficientes. Se requiere una política que facilite las investigaciones, garantice protección a los campesinos y sus líderes y, en general, el mejoramiento de la seguridad ciudadana en el campo” (Foro por la Vida, 06.04.05,
http://derechos.org.ve/actualidad/comunicados/notas_prensa_2005/np060405.pdf).

Igualmente resultan preocupantes, para el Foro por la Vida, los limitados avances que el Ministerio Público (MP) y los órganos de investigación lograron para establecer responsabilidades e iniciar los procesos penales correspondientes. En este sentido, las organizaciones de derechos humanos exigen a los distintos entes y órganos del Estado “acelerar y mejorar las investigaciones sobre los asesinatos ocurridos, establecer responsabilidades y sancionar a los culpables” (Foro por la Vida, Ídem.).

En otras oportunidades el Foro por la Vida señaló que “la seguridad ciudadana es un derecho de la población y, por tanto, una obligación estatal que no puede ser privatizada” (Foro por la Vida, Ídem.). Por ello, “rechaza la iniciativa planteada por distintos voceros públicos, en el sentido de entrenar y armar al campesinado para delegarles esta tarea estatal. Tal propuesta es ilegal, además de contraproducente para los fines buscados, pues puede conducir a la constitución de grupos paramilitares que incrementarían y diversificarían las formas de violencia ya establecidas” (Foro por la Vida, ídem.).

“El Estado debe conservar el monopolio de la fuerza pública y hacer un uso adecuado de ella en beneficio de la población” (Foro por la Vida, Ídem.). Para ello, el Foro por la Vida considera forzoso e imperioso y con carácter de urgencia que el Ejecutivo Nacional convoque y escuche la opinión y recomendaciones de las organizaciones campesinas y de derechos humanos, para diseñar una política de seguridad pública que, en lo inmediato, garantice una adecuada seguridad en el campo venezolano, de acuerdo con lo establecido en la constitución y tomando especialmente en cuenta la vulnerabilidad del sector campesino en esta materia.

Suscriben: Acción Ciudadana contra el Sida (ACCSI); Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB); Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Margarita; Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela; Centros Comunitarios de Aprendizaje (CECODAP) ; Comisión Justicia y Paz del Secretariado Conjunto de Religiosas y Religiosos de Venezuela (SECORVE); Fundación de Derechos Humanos del Estado Anzoátegui; Oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho; Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA); Red de Apoyo por la Justicia y la Paz; Red de Monitores Populares de Derechos Humanos del Estado Táchira; Servicio Jesuita a Refugiados (SJR).

A propósito de la citación recibida por el Dr. Carlos Ayala Corao; asesor y amigo de Provea; para que comparezca ante Luisa Ortega Díaz, fiscala del Ministerio Público (MP) a objeto de imputarlo por hechos relacionados con el golpe de Estado del 11.04.02, Provea se pronuncia en los siguientes términos:

  1. El 12.04.02, Provea condenó el golpe de Estado ocurrido el día antes. Desde entonces, ha cuestionado la impunidad de esos hechos, pues considera que es una situación que avala nuevas rupturas del hilo constitucional, al tiempo que una violación continuada de los derechos a la autodeterminación, a la democracia, a elegir y a ser elegido. En tal sentido comparte plenamente la posición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expresada el 07.10.02, por su entonces presidente, Dr. Juan Méndez, en el sentido de que esos hechos ”no deben quedar impunes De acuerdo a la experiencia de la CIDH respecto a hechos de violencia y de quebrantamiento del orden institucional en distintos países del continente, la impunidad no hace más que propiciar la repetición de actividades contrarias a la democracia y a los derechos humanos” (Dr. Juan Méndez, ex presidente de la CIDH, 07.10.02).
  2. Provea ha señalado que la investigación sobre el golpe de abril de 2002 debe hacerse de manera adecuada y ajustada a derecho. Provea tiene conocimiento de hechos ocurridos en el contexto del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, que implican la existencia de filtración de información por parte del Ministerio Público, lo que estaría afectando los principios de independencia e imparcialidad del proceso. Estos hechos dan pie a interpretaciones que apuntan a vincular la investigación con la intención de presionar al Dr. Ayala para que se inhiba de seguir accionando ante ese sistema. En tal sentido, Provea exige al Ministerio Público que corrija cualquier irregularidad que afecte negativamente el desarrollo de esta investigación y el derecho al debido proceso del Dr. Ayala.
  3. Provea da fe de que el 12.04.02, el Dr. Ayala, junto otros activistas y organizaciones de derechos humanos, entre ellas Provea, acudió a la sede de la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) para velar por la vida, integridad y libertad del, para entonces, diputado Tarek William Saab (Movimiento Quinta República), quien se encontraba arbitrariamente privado de su libertad. Igualmente, da fe de que fue receptora de los cuestionamientos del Dr. Ayala al Decreto Nº 1 del Gobierno de Facto del Dr. Pedro Carmona Estanga.
  4. Provea manifiesta su solidaridad con el Dr. Ayala y señala que velará por el pleno respeto de sus garantías procesales (Provea, 07.04.05).

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

El pasado 31.03.05, más de 600 representantes de las comunidades indígenas Wayúu, Barí y Yukpa, originarias del Edo. Zulia, acompañados por cientos de activistas de movimientos populares, ambientalistas y de derechos humanos, marcharon desde la plaza Morelos hasta las inmediaciones de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, y posteriormente hasta las cercanías del Palacio de Miraflores, en protesta por la explotación del carbón en la sierra de Perijá.

Álvaro Acontacai, líder Barí que encabezó la marcha, explicó que el objetivo de la misma fue entregar a Hugo Chávez Frías, Presidente de la República, “un pronunciamiento formal en el que expresan su rechazo a la explotación del carbón en la sierra de Perijá, donde muchos trabajadores de las empresas mixtas Carbones de Guasare y Carbones de la Guajira han resultado afectados por neumoconiosis, entre otras enfermedades, producto de la actividad extractiva practicada en esa zona” (El Universal, 01.04.05, http://www.eluniversal.com/2005/04/01/pol_art_01104F.shtml).

Acontacai también se refirió a “los constantes accidentes viales originados a lo largo de las carreteras por donde se transporta el carbón mineral, desde las minas hacia los terminales de embarque, a orillas del lago de Maracaibo. Relató que todo este recorrido está lleno de polvo y de partículas de carbón, al igual que centros poblados aledaños a los terminales de embarque en Santa Cruz de Mara, El Bajo de San Francisco, La Ceiba y La Cañada de Urdaneta” (El Universal, Ídem.).

Calificó la situación generada por la explotación carbonífera en ese sector como “una tragedia que amenaza a todos los indígenas, así como a parcelas agrícolas, haciendas y el agua de la Sierra, y a los ríos Catatumbo y Zulia” (El Universal, Ídem.).

Una trascripción de la lectura hecha por Acontacai de este pronunciamiento ante los asistentes a la marcha, puede ser consultado bajo el título «Nos oponemos a las condiciones actuales de administración de nuestro territorio y pedimos la revisión de las políticas de concesiones mineras» en la sección DOCUMENTOS de esta edición.

Una comitiva de la marcha fue atendida por el Vicepresidente Ejecutivo José Vicente Rangel, que se comprometió a hacerle llegar sus señalamientos al Presidente Chávez.

Por su parte, la Sociedad Homo et Natura, la Sociedad de Amigos en Defensa de la Gran Sabana (AMIGRANSA) Secretaría de la Red Alerta Petrolera-Orinoco Oilwatch, y Provea, frente a las medidas gubernamentales orientadas a aumentar de manera sustancial, la extracción de carbón en el Edo. Zulia y el número de concesiones mineras otorgadas a empresas transnacionales en territorios indígenas, zonas protegidas y cuencas de ríos, se pronunciaron mediante un comunicado público en los siguientes términos:

  1. El Protocolo de Kyoto, cuya ley aprobatoria fue sancionada por la Asamblea Nacional el 22.07.04, señala entre las obligaciones de los Estados Parte: ‘promover unas políticas y medidas que limiten o reduzcan las emisiones de los gases de efecto invernadero’. Resulta evidente que toda medida orientada a aumentar la producción de carbón, uno de los combustibles fósiles que generan mayores emisiones de gases de efecto invernadero, es incompatible con la obligación asumida por el Estado venezolano.
  2. El artículo 129 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), señala que: ‘todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben ser previamente acompañadas de estudios de impacto ambiental y sociocultural’. Sin embargo, no existe en el presente, ningún estudio concluido que permita una discusión democrática sobre el impacto de las nuevas concesiones carboníferas en el Estado Zulia.
  3. El artículo 127 de la CRBV señala que ‘toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado’. No obstante, existen numerosas denuncias recopiladas y documentadas por activistas y académicos del Zulia, que señalan daños a la salud de los habitantes de la sierra de Perijá, ocasionados por las partículas del carbón que quedan circulando en el aíre, durante las etapas de extracción y transporte.
  4. El mismo artículo 127 de la CRBV señala que ‘es una obligación fundamental del Estado garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua sean especialmente protegidos’. La Observación General 15 del Comité de de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (Comité de Desc de la ONU), agrega que: ‘la polución incesante, el continuo deterioro de los recursos hídricos y su distribución desigual están agravando la pobreza ya existente. Los Estados Partes deben adoptar medidas eficaces para hacer efectivo el derecho al agua debe tratarse como un bien social y cultural, y no fundamentalmente como un bien económico’. Existen análisis bien documentados, de académicos e incluso funcionarios públicos regionales, que permiten señalar que el aumento de la explotación del carbón, en las cuencas de los ríos de la sierra de Perijá, puede afectar negativamente las fuentes de suministro de agua más importantes de la entidad.
  5. La Disposición Transitoria Duodécima de la CRBV señala que ‘la demarcación del hábitat indígena se realizará dentro del lapso de dos años contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta Constitución’. Por su parte, el Comité de Desc de la ONU, ya en sus observaciones a Venezuela, formuladas en el año 2001, mostró preocupación por ‘las consecuencias negativas de actividades económicas relacionadas con la explotación de los recursos naturales, como las minas de carbón en la sierra de Perijá, para la salud, el entorno y el modo de vida de las poblaciones indígenas de esas regiones’. El lapso otorgado a los poderes públicos, por el poder constituyente, se venció hace más de 2 años, sin que los territorios colectivos sean efectivamente demarcados con participación indígena. Ello facilita la realización de proyectos desarrollistas en sus territorios, como la extracción del carbón, lo que genera una cadena de otras violaciones a los derechos de estos pueblos, cuya cultura y modo de vida están absolutamente asociadas a la naturaleza.
  6. El artículo 120 de la CRBV señala que ‘el aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats indígenas por parte del Estado se hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos e, igualmente, está sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas’. No obstante, las diversas manifestaciones públicas realizadas recientemente, evidencian que sectores mayoritarios de los pueblos Yukpa, Barí, Wayúu, entre otros afectados, rechazan los proyectos de explotación del carbón y que su voz no está siendo escuchada adecuadamente por las autoridades, lo que constituye una violación del derecho a la participación y del principio democrático de protagonismo popular.
  7. El artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es ley nacional desde el 28.01.78, señala que ‘todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural’. Por otra parte, el Gobierno nacional ofreció diseñar y ejecutar proyectos de desarrollo endógeno, en sintonía con el derecho a la autodeterminación y a un modelo de desarrollo no expoliativo. Sin embargo, los planes de aumento de la extracción carbonífera en el Zulia se insertan dentro de estrategias exógenas que debilitan la autodeterminación, y que, además, están en sintonía con el modelo económico y productivo hegemónico en el mundo, que identifica desarrollo con expansión económica y con aumento del consumo de energía. Por estas razones, exigimos:
    1. Que el Presidente de la República inicie inmediatamente las gestiones necesarias para anular, según lo establecido en el ordenamiento legal venezolano, las concesiones del carbón entregadas en el Estado Zulia.
    2. Que el Ejecutivo proceda, con celeridad, a dar cumplimiento a la Disposición Transitoria Duodécima de la CRBV, realizando, junto a los pueblos indígenas, una adecuada demarcación de sus territorios colectivos.

Además de ello, proponemos que, con la participación de los pueblos indígenas, organizaciones sociales, académicos y otros sectores movilizados por el derecho al agua, a la salud, los derechos ambientales y de los pueblos indígenas, se realice un debate nacional sobre ‘Otra Integración Posible’, basada en los derechos humanos, la unión de los pueblos latinoamericanos, la búsqueda de soluciones conjuntas a los graves problemas sociales similares y desde una perspectiva que reivindica la participación de los sectores excluidos, la dignificación de los pueblos indígenas, la autodeterminación y el resguardo de la vida para las presentes y futuras generaciones”. (Provea, 31.03.05, http://derechos.org.ve/actualidad/comunicados/comu_prensa_2005/cp_010405.pdf).

El pasado 17.03.05, Provea, en representación de la Asociación de Vecinos Urbanización Yulesca I, interpuso ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), una demanda por intereses colectivos contra las actuaciones y omisiones del Fondo Nacional de Desarrollo Urbano (FONDUR), que afectaron los derechos de las personas propietarias de la mencionada urbanización, ubicada en Barcelona, Edo. Anzoátegui.

En 1997 se construyó esta urbanización compuesta por 270 viviendas, con el financiamiento de FONDUR. Sin embargo, a escasos 2 años de su entrega se presentaron problemas como agrietamiento en las paredes; hundimiento de los techos; columnas de soporte de metal fuertemente oxidadas; e, irregularidades en la construcción de las áreas comunes de la urbanización, entre otros.

Según explicó María Gabriela Martínez, integrante del Área de Defensa de Provea, “tales irregularidades debieron ser evaluadas en su momento por FONDUR, porque aún cuando los graves vicios presentes en las construcciones tuvieron que ver con la actuación culposa de la empresa constructora, FONDUR era quien tenía la obligación de garantizar una efectiva supervisión de la obra. El incumplimiento de los deberes de vigilancia que le impone su marco normativo, derivó en la violación de derechos constitucionales”.

Agregó la abogada que “en un Estado democrático y social de derecho no es coherente que sean las personas afectadas quienes paguen las consecuencias de los errores cometidos por FONDUR. Por otra parte, pretender que la responsabilidad es sólo del constructor es obviar que FONDUR tenía la obligación de adoptar y ejecutar medidas para que el constructor entregara estas viviendas en condiciones apropiadas”.

Provea instó a la Sala Constitucional del TSJ que declare a FONDUR violador, por acción y por omisión, del derecho a una vivienda adecuada de las personas propietarias de la urbanización Yulesca I. También solicitó que ordene a FONDUR que en un lapso no mayor a 6 meses, restablezca el derecho a una vivienda adecuada a las personas afectadas, garantizando la participación de la comunidad en todas sus fases.

En tal sentido, solicitó que la creación de una mesa técnico-social con participación de FONDUR, la asociación de vecinos, sus representantes legales y la Defensoría del Pueblo, cuyo cumplimiento deberá supervisar la Sala Constitucional. Esta mesa diseñaría un cronograma mediante el cual FONDUR determinaría los arreglos necesarios en la infraestructura de la urbanización o, en su defecto, otorgaría una compensación adecuada a las personas afectadas.

Además, la organización de derechos humanos planteó a la Sala Constitucional exigirle a FONDUR iniciar una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades disciplinarias, administrativas, civiles y/o penales de los funcionarios involucrados en la aprobación, evaluación y verificación de esta urbanización.

Finalmente, destacó la representante de Provea que “todos los integrantes de la comunidad afectada se organizaron en una de las tantas formas de organización comunitaria que la Constitución fomenta para hacer efectivo el principio de democracia participativa y protagónica”.

Conviene recordar que el derecho a la vivienda adecuada se encuentra reconocido en el artículo 82 de la Constitución, así como en la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25) y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 11) (Provea, 17.03.05, http://derechos.org.ve/actualidad/comunicados/notas_prensa_2005/np170305.pdf).

La Asamblea Nacional (AN) aprobó en 2da. discusión efectuada el pasado 17.03.05, la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat (LRPVH), uno de los 6 regímenes prestacionales que componen el sistema de seguridad social contemplado en la Ley Orgánica de Sistemas de Seguridad Social (LOSSS).
Según informó una fuente periodística, la decisión fue apoyada por las bancadas de la Causa R, Convergencia, Primero Justicia, Acción Democrática y las organizaciones políticas comprendidas por el Bloque del Cambio (Globovisión, 18.03.05,
http://www.globovision.com/nacionales/2005.03/18/leyhabitat/index.php).

Propuesta por la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral de la AN, el instrumento tiene por objeto “garantizar la satisfacción progresiva a todas las personas residentes en el país de su derecho a una vivienda y hábitat dignos a través de un régimen prestacional de carácter social, conforme a la Constitución, a la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social y a los tratados y declaraciones internacionales suscritos y ratificados por la República en materias concurrentes” (Asamblea Nacional, 28.03.05, http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/leyes.asp?id=594).

Otra fuente periodística pronosticaba en vísperas de la aprobación de esta ley, que el régimen de política habitacional quedaba derogado y la banca privada perdía la facultad de decidir quién recibe los financiamientos con recursos del Fondo Mutual Habitacional (FMH), adjudicándosele ese poder al nuevo Banco Nacional de la Vivienda (BANAVI) (El Nacional, 30.03.05, pág. A/20).

A juicio de esta fuente, “este hecho supone una perspectiva distinta para los futuros propietarios, toda vez que la banca privada no será la que decida a quién se le otorgarán los créditos con recursos del Fondo Mutual Habitacional.

Néstor Noguera, gerente general del Banco Nacional de Ahorro y Préstamo (BANAP), explicó a la fuente que la LRPVH le devolvería al BANAVI la potestad de decidir cuáles son los proyectos que se financian, en razón de que los aportes de los trabajadores dejan de ser ahorros privados y pasan a tener carácter parafiscal. Ello implicará que las solicitudes para créditos hipotecarios con recursos del FMH no sólo serán sometidas al análisis financiero de la banca privada, sino que también deberán pasar a una segunda instancia, que incluye la aprobación de los funcionarios del BANAVI.

Destacó la misma fuente que aún cuando no se ha aprobado el reglamento que establecerá las condiciones para los préstamos hipotecarios, se sabe que las comunidades organizadas tendrán prioridad frente a las personas naturales. En ese sentido, la fuente señaló que para el otorgamiento de los créditos habrá un proceso de postulación, en el que las comunidades indígenas, los damnificados, los mayores de 60 años, las mujeres solas y las personas que ganen menos de 2 salarios mínimos serán sujetos a un trato preferencial.

Con respecto a dicho reglamento, la fuente indicó que la AN tiene un lapso de 120 días para redactar el reglamento de la LRPVH. “Hasta ahora, sólo existe el titular en materia de Vivienda y Hábitat, en la persona de Julio Montes, pero no posee cartera propia. En ese sentido, en el proyecto se propone la creación del Vivienda y Hábitat, integrado por el Viceministerio de Planificación de Políticas Habitacionales y el Viceministerio de Ejecución. Con la entrada en vigencia de la nueva ley de Vivienda y Hábitat todos los organismos gubernamentales en materia habitacional, como el Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI) y el Fondo de Desarrollo Urbano (FONDUR), y otros más, serán liquidados y sólo existirán 2 instituciones: el Ministerio de Vivienda y Hábitat y el BANAVI” (El Nacional, Ídem.).

Noguera también señaló a la fuente que los beneficiarios de los financiamientos serán aquellos que acepten la asistencia técnica del Estado, en lo que respecta a la selección del terreno, elaboración del proyecto, escogencia de los contratistas y supervisión de la obra. Ello conllevará a promover la movilización hacia el interior del país. “Va a haber un mecanismo que incentive la movilización territorial. Pensamos establecer una regionalización de los subsidios. A la gente que decida un proyecto en un eje endógeno podrá tener más subsidios que aquella que desee vivir en Caracas. Eso es posible y está previsto” (El Nacional, Ídem.). En opinión de Noguera, “los cambios que plantea el nuevo instrumento legal pretenden eliminar las distorsiones que existían en el anterior régimen de política habitacional. Mencionó que la banca tendía a rechazar los proyectos de las comunidades organizadas” (El Nacional, Ídem.).

Conviene recordar que la LRPVH fue aprobada en primera discusión el 29.01.04, es decir que permaneció fuera de la agenda legislativa casi 14 meses. En esa condición aún se encuentra la Ley de Régimen Prestacional de Empleo, aprobada en primera discusión el 18.11.03, y la Ley del Régimen Prestacional de Servicios Sociales al Adulto Mayor y Otras Categorías de Personas, aprobada en primera discusión el 01.06.048. Los restantes proyectos de ley relacionados con los regímenes prestacionales de salud, pensiones y seguridad, y salud en el trabajo, se encuentran en revisión en la Comisión de Desarrollo Social Integral, y aún no han sido sometidos al debate parlamentario. Dada esta situación, el Parlamento no ha cumplido con la agenda legislativa relacionada con los proyectos de ley de la seguridad social. Y, como lo recuerda Provea en su Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela octubre 2003/septiembre 2004, “esto afecta al conjunto de la población que espera la puesta en ejecución del nuevo paradigma de la seguridad social” (Provea, 04.04.05, http://derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2003_04/4seguridadSOCIAL.pdf).

Según una fuente periodística, Julio Montes, titular del Ministerio de Vivienda y Hábitat (MVH), admitió recientemente que hasta la fecha el Gobierno Nacional no dispone de desarrollos residenciales para atender a las familias que devengan menos de 20 unidades tributarias (588.000 bolívares): “no hay viviendas para el grupo de personas que ganan menos del sueldo mínimo. Pero pudiéramos comprar inmuebles en el mercado secundario con los recursos del Fondo de Aportes del Sector Público” (El Nacional, 03.04.05, pág. A/22).

Por su parte, Néstor Noguera, gerente general del Banco Nacional de Ahorro y Préstamo (BANAP), reconoció que se requiere una inversión de 6 billones de bolívares por 17 años para acabar con el déficit de vivienda acumulado que supera las 1,6 millones de unidades. Indicó que para esto es necesario activar diversos programas de viviendas como el de producción de vivienda nueva, transformación de barrios, programa de ampliación y mejora de viviendas para que «podamos pensar en la solución del déficit” (El Universal, 04.04.05,
http://www.eluniversal.com/2005/04/04/eco_ava_04A547845.shtml).

Resaltó Noguera que «el déficit habitacional no se va a resolver por la vía del financiamiento para adquisición de viviendas en el mercado secundario» (El Universal, Ídem.). Y precisó que desde que se estableció el subsidio directo a la compra de viviendas se han otorgado 250 créditos. «Tenemos recursos por 374.000 millones de bolívares lo cual da capacidad para entre 18 y 20.000 subsidios que se pueden otorgar con estos recursos sólo en año 2005″(El Universal, Ídem.). Afirmó que este programa es sostenible en el tiempo porque el Gobierno Nacional está dispuesto a destinar los recursos necesarios.

El pasado 15.03.05, José Vicente Rangel, Vicepresidente Ejecutivo de la República, entregó el documento «Cumpliendo las Metas del Milenio», a David Mc Lachlan-Karr, coordinador Residente de los organismos del Sistema de Naciones Unidas con representación en Venezuela y representante del Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) (Agencia Bolivariana de Noticias, 15.03.05, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=4207).

En el acto de entrega de dicho documento, efectuado en el salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, el funcionario destacó que el informe suministrado contiene los criterios políticos ejecutados por el Gobierno Nacional para realizar la inclusión y la participación como “pleno ejercicio de la democracia y la libertad” (Agencia Bolivariana de Noticias, Ídem.).

El documento íntegro puede ser consultado y/o descargado en la dirección-e:
http://www.gobiernoenlinea.gob.ve/docMgr/sharedfiles/Metas_Milenio.pdf.

En el marco de la 292ª sesión ordinaria del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) efectuada entre el 03 y el 24.03.05, este órgano ejecutivo aprobó el 336 informe del Comité de Libertad Sindical (CLS) de la OIT, que examinó 30 de los 134 casos presentes ante el CLS.

Uno de estos casos es la queja elevada contra el Estado venezolano por la Central Latinoamericana de Trabajadores (CLAT) por presunta injerencia del Consejo Nacional Electoral en las elecciones sindicales de esta organización sindical efectuado el 26.03.02. La CLAT alegó que el ente comicial “impuso al sindicato querellante nuevas elecciones (parciales); la sede sindical fue tomada de forma violenta por los cuerpos de seguridad; se impidió el acceso a la sede sindical a los integrantes de una de las listas de candidatos, y la Guardia Nacional (GN) con militantes del partido de Gobierno asignaron indebidamente más de 300 votos a otra lista de candidatos” (Organización Internacional del Trabajo, 06.04.05, http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/gb/docs/gb292/pdf/gb-8.pdf).

Con respecto a este caso, el Consejo “destacó que en ocasiones anteriores había objetado el papel asignado por la Constitución y la legislación al Consejo Nacional Electoral (CNE) como organizador y supervisor de elecciones sindicales, incluso con el poder de suspender las elecciones pidió al Gobierno abstenerse de esas interferencias, y destacó que la organización de las elecciones debería ser un asunto que compete a los sindicatos involucrados, y que el poder de suspender las elecciones debería ser ejercido sólo por un tribunal independiente” (Organización Internacional del Trabajo, 24.03.05, http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/inf/pr/2005/18.htm).

Situación Mensual de la Fuerza de Trabajo

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)
Notas: (*) Datos extraídos de El Universal, 23.03.05, http://www.eluniversal.com/2005/03/23/eco_art_23156A.shtml.
(**) Panorama, 23.03.05, pág. 1/16.

Según datos del INE, el principal incremento en la tasa de ocupación se observa en el sector público, que desde febrero de 2004 a febrero de 2005 contrató a 227.201 personas, mientras que el sector privado registró la ocupación de 24.609.

Por otra parte, el sector femenino de la fuerza laboral venezolana sigue siendo el más afectado por el desempleo: la tasa de desocupación de febrero en el grupo de los hombres alcanza 14,4% (1.048.577), mientras que el grupo de las mujeres reportó una tasa de desocupación de 17,3% (795.893), es decir, un 2,9% por encima del sector masculino.

El pasado 28.03.05, en Consejo de Ministros N° 419, el Ejecutivo Nacional aprobó el proyecto de Decreto N° 3.546 por medio del cual se prorroga la inamovilidad laboral especial dictada a favor de los trabajadores del sector privado y público, desde el 31.03 hasta el 30.09.03 (Agencia Bolivariana de Noticias, 28.03.05, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=5103).

La medida fue publicada en la Gaceta Oficial N° 38.154, del 29.03.05 y puede ser consultada en el sitio web del Ministerio de Comunicación e Información (MINCI)
http://www.mintra.gov.ve/noticias/marzo/inamovilidad2005.htm.

Este decreto continúa la medida contemplada en el Decreto N° 3.154, de fecha 30.09.04 (ver edición N° 145 de este boletín electrónico en
http://derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/coyuntura_145.htm#10) y sería la 6ta. vez consecutiva que el Gobierno Nacional la implementa desde el 28.04.02, alcanzando un total de 1.117 días de inamovilidad laboral (El Mundo, 29.03.05, pág. 2).

Ricardo Dorado, Viceministro del Trabajo, destacó que la medida de extensión de la inamovilidad plantea la protección de los sectores laborales que pueden ser víctimas de despidos y de reducción de personal. Señaló que la prolongación de la inamovilidad laboral va dirigida a asegurar la eficacia y el cumplimiento de las medidas de salario mínimo que pronto serán formalizadas. Asimismo, dijo que dicha decisión se adoptó luego de que el Gobierno nacional sostuviera reuniones con representantes de los empleadores y trabajadores (Agencia Bolivariana de Noticias, 30.03.05, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=5182).

El funcionario explicó que los beneficiarios de la medida son las personas que devenguen un salario inferior a 633.600 bolívares para la fecha de entrada en vigencia de la misma y quedan excluidos aquellos empleados de dirección, los que ocupen cargos de confianza, quienes tengan un período de labores menor a 3 meses y los empleados públicos sometidos a un régimen especial de estabilidad absoluta y que se regulan por la Ley de la Función Pública.

Detalló que el tope salarial de 633.600 para los beneficiarios es el mismo desde que se implementó esta medida en el año 2002. Para ese entonces, la cifra sumaba 4 salarios mínimos, mientras que ahora sólo representa 2 salarios mínimos (Últimas Noticias, 30.03.05, pág. 19).

Sin embargo, precisó Dorado que “no siempre se cumple la premisa de que la inamovilidad supone generación de desempleo, dado que las cifras anteriores así lo demuestran” (Agencia Bolivariana de Noticias, Ídem.).

Pedro Arturo Moreno, directivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), profundizó esta observación señalando que, pese a que la CTV apoya la extensión de la inamovilidad laboral, el decreto es discriminatorio para los trabajadores con salarios superiores al tope: “es un error considerar como alto un ingreso superior al tope establecido en el decreto de inamovilidad laboral, pues quienes ganan estos sueldos igualmente se ven afectados por la pérdida del poder adquisitivo.” (El Nacional, 01.04.05, pág. A/24).

Sostuvo Moreno que “el ingreso de estos trabajadores es insuficiente para adquirir la canasta básica, cuyo costo supera el millón de bolívares. De 4,2 millones de trabajadores formales, apenas 10% gana más de 1 millón de bolívares al mes” (El Nacional, Ídem.).

Asimismo, destacó que la inamovilidad laboral “no es suficiente si no va acompañada de un plan de empleo con salarios decentes, de allí la necesidad de dar estímulos a las empresas que incrementen sus nóminas y la pronta implantación de los programas de construcción de vivienda anunciado por el Ejecutivo” (El Nacional, Ídem.).

«El Gobierno por su parte, ha anunciado 10 planes de empleo en seis años, algunos de ellos basados en el incentivo fiscal a las empresas para que aumenten sus nóminas, y otros basados en capacitación laboral, pero no se han llegado a alcanzar las metas anunciadas Ante este escenario el Gobierno ha optado por aumentar su capacidad como empleador en el país. La ocupación en el sector público, en el lapso de 3 años, aumentó 2 puntos porcentuales. La creación de empresas del Estado, como CVA Azúcar, CVA Cereales y Oleaginosas, o CVA Lácteos, aumenta la participación del Estado como generador de empleo. A esto se suma toda la red de cooperativas que ha comenzado a financiar el gobierno a través de la Misión Vuelvan Caras” (El Universal, 30.03.05, http://www.eluniversal.com/2005/03/30/eco_art_30154A.shtml).

Germán Mundaraín, Defensor del Pueblo, formuló en una comunicación remitida el pasado 18.03.05 a Ricardo Dorado, Viceministro del Trabajo, una serie de consideraciones en torno a la política de fijación del salario mínimo obligatorio que ha practicado el Ejecutivo Nacional en los últimos años.

En la misiva, mencionó el Defensor del Pueblo que los cálculos basados en el costo de la canasta básica, a partir de los cuales se determina el costo del aumento anual del salario mínimo, deben complementarse con una corrección de los posibles desequilibrios ocasionados por la reciente devaluación aplicada por el Ejecutivo Nacional del bolívar en aproximadamente un 12% de su valor (Defensoría del Pueblo, 29.03.05, http://www.defensoria.gov.ve/detalle.asp?sec=20&id=549&plantilla=1). En ese sentido, Mundaraín estimó que «lógica y necesariamente deberá fijarse un salario mínimo nacional que supere el costo de la canasta alimentaria -incluyendo el promedio de la variación esperada para ese indicador en el presente año-, pudiendo tomarse como referencia para el análisis, su comportamiento en años anteriores, a fin de que al corto plazo, no nos encontremos nuevamente rezagados respecto de este importante indicador» (Defensoría del Pueblo, Ídem.).

El funcionario también resaltó que «el ajuste del salario mínimo necesariamente tendrá que tomar en consideración el Índice de Variación de Precios al Consumidor acumulado desde el 01.08.04 hasta el presente -tomando como referencia dicha fecha por corresponderse con la del último ajuste salarial-, incluyendo igualmente las estimaciones que de este indicador económico se hayan establecido para el presente año; de tal manera que al término del mismo podamos realmente apreciar una recuperación efectiva del poder adquisitivo del trabajador, lo cual encuentra su plena justificación si observamos el extraordinario crecimiento económico que ha experimentado nuestro país en el último año, y el cual se aspira se mantenga, dado los actuales niveles de la renta petrolera” (Defensoría del Pueblo, Ídem.)

.Por otra parte, Mundaraín señaló que “conjuntamente con el ajuste del salario mínimo, deben fortalecerse los programas sociales que coadyuvan a robustecer el salario del trabajador, tales como el programa de Mercado de Alimentos (MERCAL); el programa de atención primaria de la salud, Barrio Adentro; así como el otorgamiento de becas para estudio a través de los programas de educación Misión Rivas y Misión Sucre” (Defensoría del Pueblo, Ídem.).

Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV)
Nota: (*) Banco Central de Venezuela, 01.04.05,
http://www.bcv.org.ve/c4/notasprensa.asp?Codigo=4014&Operacion=2&Sec=False

El resultado del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en marzo de 2005 fue producto de variaciones de 1,4% en los rubros no controlados y 1% en los bienes y servicios sujetos a control y regulación. Ambos componentes del mercado se vieron afectados, en parte, por los incrementos de precios derivados de la modificación del tipo de cambio oficial y por la mayor demanda estacional de algunos rubros típicos de la temporada de Semana Santa.

La variación del Núcleo Inflacionario (1,6%) fue mayor que la del IPC global (1,2%), por efecto de los mayores crecimientos relativos de precios registrados en los Servicios no administrados (2,1%) y en los bienes manufacturados distintos de alimentos y textiles (1,8%). Es importante destacar el efecto atenuante que han seguido presentando los rubros alimenticios, impulsado por el aporte de las redes alternativas de distribución, lo que ha contribuido a mantener las variaciones del IPC por debajo del núcleo en los últimos 2 meses.

Fuente: Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (CENDA)
Notas: (*) Déficit del poder adquisitivo de 1 salario mínimo mensual (321.235,20 bolívares).
(**) El Nacional, 01.04.05, pág. A/20.

La variación de la Canasta Alimentaria de los Trabajadores (CAT) de marzo de 2005 se debió fundamentalmente al alza de los precios en los rubros pescados (7%), verduras (5,2%), grasas y aceites (1,9%), bebidas no alcohólicas (0,8%) y carnes y sus preparados (0,2%). Mientras que los siguientes componentes de la cesta: leche, quesos y huevos (4,7%), frutas y hortalizas (1,8%) y granos (0,8%) bajaron. Azúcar y similares no mostraron variación.

Por su parte, Joseph Saade, presidente de Datos Information Resources, indicó que una muestra del retroceso observado en indicadores de la situación nacional actual del ingreso y del poder adquisitivo se aprecia cuando se revisa que “en 1984 con un salario mínimo de 1.250 bolívares mensuales el venezolano podía comprar 4,5 cestas típicas de alimentos, en la que también se incluye el costo de una taza de café, el pago de un taxi u otros gastos puntuales sin agregar servicios, educación o salud. Actualmente con el salario mínimo de 321.235,20 bolívares sólo se pueden costear 2,1 cestas típicas” (El Nacional, 04.04.05, pág. A/18).

En un estudio realizado por el Centro de Investigaciones en Nutrición de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Carabobo, hecho público en el I Foro de Alimentación y Nutrición: Retos y Compromisos, efectuado el 14.03.05 en Caracas por la Fundación Bengoa, se afirma que en Venezuela se registra un importante retroceso nutricional, vinculado con cambios significativos sucedidos en los hábitos alimentarios del ciudadano común. El estudio muestra que, según datos del Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional (INN-SISVAN), para el año 2003 los índices de desnutrición registrados en el Edo. Carabobo se ubicaron en 13,6% en lactantes; 25,4% en niños y niñas entre 2 y 6 años; y, 26,7% en niñas, niños y adolescentes entre 7 y 14 años; mientras que un 52,3% presenta alguna forma de parasitosis (El Carabobeño, 14.03.05, pág. A/11).

La tendencia mostrada por dicha investigación se repite en el estudio presentado en el año 2004 por el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) y Fundacredesa en los Edos. Cojedes, Guárico y Portuguesa, el cual reveló que 70% de los niños menores de 2 años padece de anemia.

María Nieves García, investigadora del Centro de Medicina Experimental y del Laboratorio de Fisiopatología del IVIC, señaló que 40% de las mujeres embarazadas y 32% de la población en general también sufren de anemia.

La investigadora indicó que los/as niños/as anémicos en sus primeros 2 años de vida, aunque logren recuperar los niveles de hemoglobina, desarrollan fallas neurológicas que los acompañarán por el resto de sus vidas: estos pequeños en su edad escolar tendrán déficit de atención y bajo rendimiento escolar, y al llegar a adultos, presentarán una disminución en su capacidad de trabajo que muchas veces es confundida con simple flojera” (Últimas Noticias, 15.04.05, pág. 8).

García acotó que el índice de anemia en los adolescentes hasta 15 años también alcanzó su nivel más alto, afectando actualmente a 37% de esta población, un 28% por encima del año 1994, cuando se ubicó en 9%. “Los niveles de anemia de hoy día son incluso mayores que antes de iniciarse el programa de fortificación de las harinas (de maíz y de trigo para la panificación, enriquecidas con hierro), en 1992, cuando este indicador se presentaba en 19% de los jóvenes” (Últimas Noticias, Ídem.).

Comentó la especialista que es posible que el cumplimiento de este programa se haya relajado: «hemos tomado muestras aleatorias de las harinas que se venden en Mercal y hemos encontrado que no están fortificadas con hierro. Sin embargo, es a los organismos oficiales a los que les corresponde vigilar que las harinas estén enriquecidas en todo caso, el programa de fortificación de las harinas con hierro nunca ha estado enfocado a la atención de los/as niños/as menores de 2 años. Para esa población es necesario enriquecer productos como los cereales, pero son muy costosos» (El Nacional, 15.03.05, pág. B/16).

Señaló que la situación es preocupante y que es necesario promover la reunión de mesas de trabajo que propongan algunas medidas para atender a los grupos vulnerables: «hay que preguntarse si nuestro problema se debe a falta de consumo calórico o a deficiencia de hierro. También hay que tomar en cuenta que nuevos hallazgos científicos apuntan a que la carencia de ácido fólico podría tener también un papel en la aparición de la anemia» (El Nacional, Ibíd..).

Advirtió, además, que se percibe una deficiencia del 30% de ácido fólico en las mujeres embarazas, mientras que el déficit de la vitamina B12 -asociada generalmente a la etapa de la vejez- afecta a 11% de la población venezolana, pero en el caso del Edo. Vargas llega a 21% (Últimas Noticias, Ibíd.).

Bethania Blanco, consultora en el área de salud del Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Venezuela, señaló que cualquier programa a implementarse para luchar contra esta situación debe estar dirigido principalmente a los/as preescolares, lo cual no quiere decir que se limite a la red escolar, porque “probablemente a quienes debe atenderse prioritariamente no están escolarizados. De allí la importancia de tomar en cuenta la red de guarderías y de hogares de cuidado diario para la distribución de alimentos” (El Nacional, Ídem.).

Por su parte, Carlos Alvarado, Viceministro de Desarrollo Social, refutó los datos observados por el IVIC. Detalló que no “pueden sacarse conclusiones generales sobre una muestra de tan sólo 18.000 niños en 5 estados y elaborada en los años 2001-2002 Debe actualizarse para hacer un análisis que represente la situación nacional en materia nutricional en relación con deficiencia de ácido fólico y hierro en niños/as” (Últimas Noticias, 17.03.05, pág. 6).

Alvarado admitió que su despacho no posee estadísticas actualizadas de la anemia en el país, y que las está solicitando a las direcciones regionales de salud (El Nacional, 17.03.05, pág. B/19). Sin embargo, explicó que en los últimos 10 años el índice de desnutrición crónica en niños de 2 a 6 años disminuyó de 15% a 10%, mientras que en menores de 2 años pasó de 16% a 12%, según un estudio realizado en un universo poblacional de 5 millones de menores (Últimas Noticias, 17.03.05, Op. cit.).

Mencionó que una de las estrategias implementadas por el Gobierno Nacional para atacar la desnutrición es la suplementación de hierro y ácido fólico a través de la Misión Barrio Adentro, tanto a mujeres embarazadas como a niños/as. Agregó que a través de la Misión Mercal se está garantizando la distribución de la canasta básica “a 80% de los sectores más excluidos”.

Raiza Mendoza, directora ejecutiva del Instituto Nacional de Nutrición (INN), por su parte, dijo que “constantemente el Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS) están monitoreando la fortificación de alimentos a fin de disminuir la desnutrición” (Últimas Noticias, Ídem.). Entre las medidas que desarrolla este ente estatal la funcionaria nombró el programa de suministro de un nuevo Alimento Estratégico, compuesto de hierro (Ácido Fólico) y vitamina B12, nutrientes fundamentales para mantener y proteger la salud, principalmente desde las primeras etapas de la vida, es decir, en el embarazo donde son necesarias para el normal crecimiento y desarrollo fetal (Gobierno en Línea, 29.03.05, http://www.gobiernoenlinea.gob.ve/noticias/viewNewsUser01.jsp?id_noticia=32162).

Mendoza añadió que el INN también impulsa estrategias educativas desde, en y con las comunidades mediante los Talleres Regionales de Micronutrientes, en los que se “conjugan la corresponsabilidad entre la comunidad organizada y el Estado venezolano en el diagnóstico de la situación de micronutrientes de la localidad y el establecimiento de herramientas para prevenir y controlar las deficiencias detectadas, basadas fundamentalmente en la difusión de la información, la organización y participación efectiva y el ejercicio de la contraloría social” (Gobierno en Línea, Ídem.).

No obstante, días después de haberse encendido esta polémica, el despacho de la Salud publicó las cifras de mortalidad infantil correspondiente al año 2003, las cuales revelaron que por 2do. año consecutivo, este indicador registró un incremento. Las estadísticas indican que en el lapso 2000 y 2001, se mantuvo en 17,7 decesos por cada 1.000 niños/as nacidos/as vivos/as; en el año 2002 saltó a 18,2 y cerró 2003 con 18,5, mientras que entre 1997 y 2001 se mantuvo una tendencia hacia la baja (Ultimas Noticias, 30.03.05, pág. 4).

Marino González, miembro de la Unidad de Políticas Públicas de la Universidad Simón Bolívar (USB) e integrante del Proyecto Pobreza, precisó que en 2003 murieron 10.276 niños y niñas menores de un año, el año anterior fueron 8.949, lo que se traduce en un aumento de 14,82%. “En los menores de 28 días, la mortalidad ha aumentado entre 2001 y 2003, en 1,77%, pero mucho más en los/as niños/as entre uno y 11 meses. En este grupo, en el 2003 llegó a 16% La desnutrición ahora es tan frecuente como era en 1998” (Ultimas Noticias, Ídem.).

Las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) entre el año 2002 y 2003 muestran el mayor salto: la tasa de mortalidad registrada de 1 a 4 años subió de 0,86 por cada mil nacidos/as vivos/as a 1,15, esto representa un ascenso de 33,72%.

No obstante, según Maureen Riveros, investigadora del derecho a la salud de Provea, la mortalidad infantil sostiene tasas similares en los últimos 5 años y evidencia un notable descenso con respecto al inicio de la década. En 1994 la tasa fue de 24,5 por 1.000 nacidos vivos registrados, disminuyendo progresivamente hasta 2003 con 18,5. Entre 2000 y 2001 se registró la tasa más baja de la década con 17,7, incrementándose luego en el 2002 y 2003 pero lejos de las tasas iniciales de 1994. Para la lectura de estas cifras hay que tomar en cuenta que estos datos corresponden al 2003 y que con la implementación de una mayor cobertura de atención primaria en salud, a través del Plan Barrio Adentro, esta situación tendría que mejorar. Igualmente para una correcta lectura y análisis de los datos se debe tomar en cuenta el descenso en la natalidad y el incremento en el registro de la información (Provea, 07.04.05).

Agregó González que “no hay un sistema de protección nutricional para esas poblaciones vulnerables” (El Nacional, 30.03.05, pág. B/17). Según el análisis que el investigador ha hecho de los indicadores del MSDS, indican que en el año 2003 murieron 443 niños/as (entre 1 y 11 meses de edad) por desnutrición, en el 2002 los decesos fueron 308 y en 2001, 294. En ese lapso se registró un incremento de 43,8% de fallecimientos por mala o ninguna alimentación. Y en el año 2003, refiere González, la mortalidad por diarreas aumentó 33,3% (de 738 muertes en 2002 a mil 110 en 2003) y por neumonía 37,2% (Ultimas Noticias, 30.03.05, Op. cit.).

Entre el 17 y el 20.03.05 se realizó en Ginebra, Suiza, el Foro Alternativo Mundial del Agua 2005 (FAME), con la asistencia de más de 1.000 representantes de redes y organizaciones sociales (Agencia Bolivariana de Noticias, 17.03.05, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=4323).

FAME 2005 dio continuidad al foro efectuado en Florencia, Italia en marzo de 2003, simultáneo al oficial sobre el mismo asunto celebrado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Kyoto, Japón. Este evento tiene su origen en el proceso de construcción de redes temáticas mundiales y en el cual el Foro Social Mundial de Porto Alegre juega un papel clave.

Alberto Velazco, presidente del comité de organización de la FAME 2005, recordó que FAME está estructurado en base a 3 principios fundamentales: el reconocimiento del agua como bien común planetario; la integración del derecho al preciado líquido en la legislación internacional; y la implementación de una gestión democrática del agua y el financiamiento público de esa vital recurso natural.

Teniendo en cuenta los intereses económicos que se mueven alrededor del agua, que las 2 terceras partes de los habitantes del planeta no tienen acceso a instalaciones sanitarias y que 1.500 millones de personas carecen de agua potable, comentó Velazco, hay que reiterar el valor universal del agua como un bien no sujeto a la privatización.

Velazco también denunció la carrera privatizadora que se da en muchos países por el control del agua estimulada por instituciones financieras internacionales: “no debe promoverse el concepto de moda de contrapartes público-privado en los proyectos ligados al agua, tal como lo promueve el Banco Mundial Bajo ninguna circunstancia pueden aceptarse beneficios privados sobre ese bien público, algo que se quiso impulsar en varios países del sur y que no dio buenos resultados, como lo demuestran los conflictos vividos en Bolivia” (Agencia Bolivariana de Noticias, Ìdem.).

Entre las propuestas de FAME para contrarrestar los intentos de privatización del líquido se encuentran el Contrato Mundial del Agua, centrado en la alianza de movimientos sociales, ejecutivos y legislativos locales. La otra iniciativa es la promoción de una Convención Internacional de Naciones Unidas que establezca, entre los Estados, el concepto del derecho inalienable al agua.

En el ámbito nacional, y con motivo del inicio del Decenio del Agua, la organización ambientalista venezolana Vitalis, la Asociación Mundial del Agua, a través del Comité Técnico Asesor para América del Sur (GWP SAMTAC, según sus siglas en inglés) y el Ministerio de Ambiente y los Recursos Naturales (MARN) iniciaron la captación de organizaciones y personas interesadas en aportar voluntariamente su experiencia y conocimientos en la creación de un grupo de trabajo dirigido a apoyar la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, en coordinación con el MARN (Lista Electrónica Ambientalista, 18.03.05, lea@eListas.net).

Diego Díaz, Presidente de Vitalis y representante de GWP en Venezuela informó que “la misión de este grupo de trabajo, será apoyar en la gestión sustentable de sus recursos hídricos de Venezuela, conociendo y divulgando los principios de la gestión sustentable de recursos hídricos, estimulando a los principales actores del país para identificar y atender las necesidades críticas dentro de los recursos humanos y financieros disponibles; apoyar la acción local, nacional, regional o a nivel de las cuencas hidrográficas que siguen los principios de la gestión sustentable de recursos hídricos y fortalecer los mecanismos para intercambiar información y experiencia, entre otras acciones” (Lista Electrónica Ambientalista, Ídem.).

Vitalis invita a las personas interesadas en participar en este grupo de expertos a contactar a Oralyn Caldera a través del teléfono 0212 267 25 17 o el correo-e: forotecnico@vitalis.net o por medio del sitio web: http://www.vitalis.net/GWPSAMTAC.htm.

Sobre la materia del derecho al agua, Provea recomienda la lectura del documento de Naciones Unidas Cuestiones sustantivas que se plantean en la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General Nº 15 (2002), en el sitio web de Provea: http://derechos.org.ve/instrumentos/desc/ObsGral_15.pdf.

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

El pasado 31.03.05, Provea realizó en el Ateneo de Caracas el Foro «Los derechos de las personas privadas de libertad. Herramientas para la acción», bajo el auspicio de la Embajada de Finlandia en Venezuela.

El objetivo de la actividad fue compartir con las personas interesadas el resultado de la investigación que culminó con la publicación del libro “Los derechos de las personas privadas de libertad. Marco Teórico Metodológico Básico”.

Esta publicación recopila las principales bases normativas del derecho determinando su contenido mínimo; establece las principales obligaciones del Estado y las más comunes formas de violación en Venezuela. Además, presenta una propuesta de indicadores para el seguimiento y la evaluación de la situación de esos derechos y las medidas estatales a ellos vinculadas. También ofrece una guía para buscar información sobre cada indicador propuesto y varios instrumentos jurídicos relevantes. Asimismo, da a conocer la situación del derecho en Venezuela, planteando algunas propuestas para su fortalecimiento.

Participaron como ponentes Vicmar Morillo, integrante del Área de Investigación de Provea, quien realizó una presentación de los principales aportes de la publicación; y, Andrés Antillano, Criminólogo, quien expuso una síntesis de la situación de los derechos de las personas privadas de libertad.

El texto puede ser adquirido en la sede de Provea (Bulevar Panteón, Puente Trinidad a Tienda Honda, Edificio Centro Plaza Las Mercedes, Planta Baja, Local 6, Carmelitas, Municipio Libertador, Distrito Capital, Caracas), y actualmente puede consultarse y/o descargarse gratuitamente en el sitio web de Provea: http://derechos.org.ve/publicaciones/marcos/index.htm.

Clare K. Roberts, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó el pasado 11.03.05, su preocupación sobre la administración de justicia en Venezuela. Dijo que está profundamente preocupado por la situación de provisionalidad en que se encuentra un número importante de jueces y fiscales en el país porque incide negativamente sobre los derechos laborales de los magistrados y los fiscales en términos de la estabilidad en los cargos, «en consecuencia a la garantía de su independencia y autonomía perjudica seriamente el derecho de la ciudadanía a una adecuada administración de justicia» (El Nacional, 12.03.05, pág. A/10).

En una conferencia de prensa efectuada al cierre del 122º período ordinario de sesiones de la CIDH, efectuado entre el 28.02.05 y el 04.03.05 (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 15.03.05, http://www.cidh.org/Comunicados/Spanish/2005/8.05.htm), Roberts estimó que «esta tendencia no refleja los parámetros internacionales de protección a los derechos humanos, la jurisprudencia del sistema interamericano en la materia, ni las recomendaciones que la CIDH ha venido señalando desde su visita al país en el año 2002” (El Nacional, Ibíd.).

Por otra parte, el presidente de la CIDH reiteró su preocupación por «la situación de riesgo y estigmatización de la cual son objeto los defensores de derechos humanos en Venezuela y por el clima de hostilidad que enfrentan las organizaciones dedicadas a la protección y defensa de los derechos humanos» (El Nacional, Ibíd.).

Asimismo, Roberts indicó que los esfuerzos de la CIDH por notar los problemas de derechos humanos en Venezuela «han tenido algún impacto» (El Nacional, Ibíd.).

Durante este período de sesiones, la CIDH aprobó 51 informes sobre casos y peticiones individuales, celebró 43 audiencias relativas a casos y peticiones individuales, a medidas cautelares y a situaciones generales y específicas de derechos humanos (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Ibíd.).

Igualmente, la instancia hemisférica revisó 30 proyectos de informe sobre admisibilidad y 14 sobre el fondo, finalizó la aprobación de su Informe Anual en el que da cuenta del trabajo realizado durante 2004 (Organización de Estados Americanos, 18.03.05, http://www.oas.org/OASpage/esp/ultimasnoticias/ultimasnoticias.asp).

En este informe de la CIDH se resalta la admisibilidad de 3 casos individuales contra el Estado venezolano denominados Johan Alexis Ortiz Hernández (P12.270); Narciso Barrios y otros ( P204/04); y, Ana Ruggeri Cova, Perkins Rocha y Juan C. Apitz (P282/04). Por otro lado, pasaron a ser archivados los casos de los venezolanos: José A. Linarez Rodríguez y Freddy Enrique Linares (P.10.599); Luis Antonio Parra Cano y otros ( P.10.600); y, Juan Carlos Jaspe Sánchez (P.12.015). Y de los casos contenciosos sometidos por la CIDH ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), cabe destacar el de Víctor Jesús Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), que se reseña a profundidad en el siguiente título (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Ibíd.).

Según reportó una fuente periodística, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) demandó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) al Estado venezolano por la masacre del Retén de Catia, ocurrida el 27.11.92, durante los sucesos enmarcados en la 2da. intentona golpista de ese año contra el 2do. gobierno de Carlos Andrés Pérez.

Sobre este caso el Estado venezolano había solicitado el año pasado a la CIDH continuar con el procedimiento de solución amistosa, el cual debía producirse mediante contacto directo entre las organizaciones representantes de los familiares de las víctimas, es decir, el Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos del 27 de Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) (ver Informe Anual de Provea sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela octubre 2003/septiembre 2004 en:
http://derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2003_04/23organismosINTERNA.pdf).

Sin embargo, este contacto nunca se materializó y COFAVIC y CEJIL solicitaron el 10.02.04 a la CIDH la declaratoria de incumplimiento por parte del Estado venezolano y la publicación del respectivo informe de incumplimiento. El 15.06.04, COFAVIC envió a la CIDH una comunicación donde manifestó no aceptar someterse al proceso de solución amistosa, a lo cual esta instancia respondió, en agosto de 2004, que según el Reglamento seguiría con el trámite del caso (Provea, Ídem.). Esto supuso el abandono del proceso de solución amistosa y la elevación ante el máximo tribunal hemisférico de este caso en fechas recientes por parte de la CIDH (El Nacional, 30.03.05, pág. A/4).

Vale recordar que “el 03.03.00, el Estado venezolano y las organizaciones peticionarias de este caso suscribieron un acuerdo amistoso ante la CDH, en virtud del cual no transcurriría más de un año para concluir las investigaciones y sancionar a los culpables de los homicidios cometidos, así como para adecuar la legislación a efectos de evitar la represión excesiva de motines carcelarios. Según ese acuerdo, en un plazo perentorio de tres meses, el Estado presentaría ante la CIDH un plan de reparación integral a las víctimas, y a más tardar, en el 1er. semestre de 2001 comenzaría a funcionar un organismo de verificación de quejas sobre el sistema penitenciario venezolano. Nada de eso se cumplió y 4 años después Venezuela enfrenta la 4ta. demanda en su contra ante la Corte IDH” (El Nacional, Ídem.).

Con esta medida se abre otro capítulo del largo proceso abierto desde agosto de 1994, y que implicará la participación en esta querella de la CIDH, en apoyo de las organizaciones peticionarias. En detalle, se acusa al Estado venezolano “por la violación de los derechos a la vida y a la integridad personal, a través del uso desproporcionado de la fuerza por parte de funcionarios de la Policía Metropolitana, la Guardia Nacional y vigilantes del extinto penal capitalino así como al derecho a la protección judicial, pues hasta el presente los crímenes cometidos se encuentran en la más absoluta impunidad” (El Nacional, Ídem.).

Liliana Ortega, directora ejecutiva de COFAVIC, recordó que con el caso del Retén de Catia ya son 4 los casos por los cuales el Estado venezolano ha sido demandado ante la Corte IDH: la masacre de El Amparo, el Caracazo y las desapariciones forzadas durante la tragedia de Vargas.

“Ortega aspira a que la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del Retén de Catia sea el punto de partida para la elaboración y ejecución de una efectiva política penitenciaria, ajustada a los estándares internacionales de protección de los derechos humanos” (El Nacional, Ídem.).

Para más detalles sobre este caso, puede consultarse el sitio web de COFAVIC:
http://www.cofavic.org.ve/casos.htm.

Una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitida el 01.03.05, en el marco de su LXVI período ordinario de sesiones celebradas entre el 28.02 y 15.03.05 (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 05.04.05, http://www.corteidh.or.cr/aldia/sesiones.html), requirió al Estado venezolano mantener y adoptar las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de Liliana Ortega, Hilda Páez, Maritza Romero, Aura Liscano (Lizcano) y Alicia de González, integrantes del Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos del 27 de Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC) (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 30.03.05, http://www.corteidh.or.cr/seriee/ortega_se_04.doc).

El máximo tribunal hemisférico, además, reiteró al Estado venezolano su obligación de mantener informados a los beneficiarios sobre el cumplimiento de estas medidas; investigar los hechos que motivaron la adopción de las mismas, con el fin de identificar a los responsables e imponerles las sanciones correspondientes; implementar las medidas provisionales y de presentar los informes requeridos, con la periodicidad que indique la Corte IDH; tomar las providencias necesarias, en conjunto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para la creación de un mecanismo apropiado para coordinar y supervisar las medidas provisionales; e, informar a la Corte IDH sobre las medidas adoptadas para el cumplimiento de esta presente Resolución, a más tardar el 01.04.05; continuar informándole cada 2 meses sobre el cumplimiento de estas medidas adoptadas, y requerir a los beneficiarios y a la CIDH que presenten sus observaciones a los informes bimestrales del Estado ((Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ídem.).

En su resolución, la Corte IDH advirtió que el Estado no ha cumplido con la obligación de informar sobre la adopción de las medidas de protección a la vida y la integridad personal de los beneficiarios.

Estas medidas provisionales fueron otorgadas al personal de COFAVIC el 27.11.02 y es la 4ta. resolución que emite la CIDH con respecto a la organización que dirige Liliana Ortega (ver Informe Anual de Provea sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela octubre 2003/septiembre 2004 en: http://derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2003_04/23organismosINTERNA.pdf).

Según destacó una fuente periodística, luego de hacer pública esta resolución, el Estado venezolano exigió a la Corte IDH la suspensión de tales medidas, a lo cual el m{aximo tribunal hemisférico respondió que: “el Estado no podía suspender las medidas ordenadas por la Corte, pues éste era el tribunal competente para decidir sobre la permanencia o levantamiento de una medida provisional por ella ordenada” (El Nacional, 12.03.05, pág. A/4).

Según una fuente periodística, un informe estadístico elaborado por la Oficina de Participación Ciudadana del Circuito Penal del Distrito Capital señaló que el 37% de los 639 juicios con escabinos realizados el año pasado en Caracas no se celebraron debido a la inasistencia de los fiscales del Ministerio Público, mientras que sólo el 5,7% debieron ser postergados por la no comparecencia de las personas llamadas a decidir sobre la culpabilidad o inocencia de la persona que está siendo enjuiciada por algún delito.

El reporte indicó que la ausencia de los escabinos ocupa el 5to. lugar de la lista que recoge los 12 motivos por los cuales los procesos mixtos programados no se celebraron. “El ranking lo encabezan las inasistencias de los fiscales, las cuales obligaron a suspender 237 juicios. El 2do. lugar lo ocupa el incumplimiento del Ministerio del Interior y Justicia (MIJ) a trasladar de los reos hasta los tribunales (116 casos), mientras que en el 3er. y 4to. puesto están la no comparecencia de los defensores privados (87) y de los acusados (54), respectivamente” (El Universal, 10.03.05, http://www.eluniversal.com/2005/03/10/pol_art_10107C.shtml).

La fuente también resaltó que “en la Sala Penal del TSJ reposa un recurso de interpretación del artículo 164 del COPP, el cual establece que si luego de realizadas 5 convocatorias los escabinos no acuden, entonces el acusado podrá pedirle al juez que lo juzgue solo. La magistrada Blanca Mármol de León deberá interpretar por tercera vez esta norma, pues anteriormente la Sala Constitucional, con ponencia del magistrado Jesús Eduardo Cabrera (22-12-03), señaló que si los escabinos no acudían al segundo llamado, el juicio se realizaría sin ellos, pero meses después el hoy magistrado jubilado José Delgado Ocando (19-0304), estableció que el juicio unipersonal sólo se realizará si al quinto intento los seleccionados no acudían”.

Con la publicación de la Gaceta Oficial N° 38.148, el pasado 16.03.05, entró en vigencia la Reforma Parcial del Código Penal (CP) aprobada en 2º discusión el 09.12.04 y sancionada definitivamente el 03.03.05, luego que la Asamblea Nacional (AN) adoptara algunas de las observaciones hechas por el Ejecutivo Nacional (Asamblea Nacional, 28.03.05, http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/leyes.asp?id=559).

La reforma entra en vigencia después que el Presidente Hugo Chávez hiciera varias objeciones al texto, especialmente en lo relativo a la eliminación de los beneficios procesales (ver edición Nº 515 de este boletín electrónico en http://derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2005/coyuntura_151.htm#16).

Entre las principales modificaciones hechas al proyecto de ley de reforma parcial se observa la tipificación de la injuria, la difamación, los cacerolazos, el secuestro, las invasiones y se atenúa la pena para el hurto famélico. Según una fuente periodística, respecto a la injuria, establece que “todo individuo que en comunicación con varias personas, juntas o separadas, hubiere ofendido de alguna manera el honor, la reputación, el decoro de alguna persona, será castigado con prisión de 6 meses a un año y multa de 50 a 100 unidades tributarias” (Cadena Global, 18.03.05,
http://www.cadenaglobal.com/Default.asp?pgm=Detail&Not=85409&Sec=5).

En cuanto al robo de algún mueble y su sanción, el texto plantea que “todo el que se apodere de algún objeto mueble será penado con prisión de uno a 5 años. Si el valor de la cosa sustraída no pasare de una unidad tributaria, la pena será de prisión de 3 meses a 6 meses. Respecto al hurto famélico establece que no se eliminarán los beneficios procesales cuando la cosa sustraída sea medicamentos o alimentos, siempre que en el juicio se demuestre que estuvieron destinados a aliviar el dolor o el estado de extrema necesidad de persona o personas, relacionadas con el imputado o de si mismo, siempre y cuando éste no sea reincidente. Sobre los secuestros, el nuevo Código fija penas de 10 a 20 años de prisión. La norma establece que ‘quienes utilicen cualquier medio para planificar, incurrir, propiciar, participar, dirigir, ejecutar, colaborar, amparar, proteger o ejercer autoría intelectual, autoría material, que permita, faciliten o realicen el cautiverio, que oculten y mantengan a rehenes, que hagan posible el secuestro, extorsión, cobro de rescate, que obtenga un enriquecimiento producto del beneficio del secuestro de personas, por el canje de estas por bienes u objetos materiales, sufrirán pena de prisión no menor de 15 años ni mayor de 25 años, aun no consumado el hecho’. Sobre las invasiones a propiedades privadas, plantea prisión de 5 a 10 años y multa de 50 a 200 unidades tributarias para los invasores. La pena establecida se aumentará hasta la mitad cuando la invasión se produzca sobre terrenos ubicados en zonas rurales” (Cadena Global, Ídem.).

Otra fuente detalló que la reforma “mantiene las penas para quienes incurran en los llamados ‘delitos políticos’, como el de traición a la patria, pero elimina cualquier beneficio procesal a los involucrados y clarifica cómo se llega a cometer dicha falta. Por ejemplo, el artículo 128 que castiga con 20 a 30 años de cárcel el delito de traición a la patria, se modificó para dejar esclarecido que se aplicará al venezolano o extranjero que facilite la actuación directa o indirecta de una república extranjera, grupos o asociaciones terroristas, paramilitares, insurgentes o subversivos en territorio nacional para conspirar contra las instituciones. Además de conservar los años de cárcel, el Parlamento le añadió un parágrafo para dejar asentado que quienes resulten implicados en el citado delito, no tendrán derecho a gozar de los beneficios procesales de ley ni a la aplicación de medidas alternativas de cumplimiento de la pena. En el artículo 140 también se hace alusión a que ‘asociaciones terroristas, paramilitares, insurgentes o subversivos’, que provean dinero o armas a cualquier ciudadano serán castigados con 10 a 15 años de prisión, sin beneficios procesales. Antes se castigaba con 1 a 5 años de cárcel. Al igual que en el pasado, las ofensas al Presidente de la República se pagarán con prisión de 6 a 30 meses. Para quienes interrumpan el tránsito la pena sigue siendo de 4 a 8 años de prisión, al igual que sus variantes: de 6 a 10 años a quienes causen interrupción de las vías mediante voladuras ; de 8 a 16 para quienes asalten o ilegalmente se apoderen de buques. La novedad en este caso sigue siendo la eliminación de los beneficios legales para quienes sean procesados por tales delitos. Si bien los caceroleadores no son castigados con cárcel, se les aumenta la multa que antes era de ‘hasta 25 bolívares’, a 100 Unidades Tributarias (UT). Al cambio actual esto sería de 2.940.000 bolívares. Es decir, el doble de la multa que aplicarían a quienes invadan terrenos o inmuebles ajenos” (Últimas Noticias, 18.03.05, pág. 10).

En otra fuente se trata la materia de las invasiones de terrenos o inmuebles públicos y privados: “el reformado Código Penal, aunque castiga el delito con prisión de 5 a 10 años y multa de hasta 200 Unidades Tributarias (UT), exime de responsabilidad penal al invasor si éste desaloja voluntariamente el bien invadido La norma es severa para el promotor o director de la invasión, quien deberá pagar hasta 20 años de cárcel En el antiguo CP ese mismo artículo, incluido en el capítulo VI (‘de las usurpaciones’) estipulaba una pena de cuatro a 15 meses para quienes alteren los linderos de algún inmueble con el propósito de sacarle provecho” (Últimas Noticias, 19.03.05, pág. 21).

En torno al delito de violación “los reformadores aumentaron la pena, que antes era de 5 a 10 años y ahora es de 10 a 15 años de cárcel. Conservaron el mismo texto pero describen con mayor precisión el delito: ‘quien por medio de violencia haya constreñido a alguna persona a un acto carnal por vía vaginal, anal u oral, se le introduzca un objeto que simulen objetos sexuales’. Los violadores tampoco tendrán beneficios procesales, así como secuestradores y atracadores de acuerdo a la nueva versión del CP Pese a que los parlamentarios eliminaron los beneficios procesales para los delitos considerados graves, por ser castigados con más de 8 años de presidio (secuestro, violación y robo a mano armada) también lo hicieron para con uno leve como el del 360: ‘quien produzca daño a los puertos, muelles, oleoductos postes, cables’ (Últimas Noticias, Ídem.).

A juicio del penalista José Luis Tamayo, quien participó en la elaboración del anteproyecto de reforma del CP elaborado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con la coordinación del magistrado Alejandro Angulo Fontiveros, “la observación que el Presidente Chávez le hizo a los parlamentarios sobre la inconveniencia de eliminar 100% los beneficios procesales a los presos por delitos graves no fue escuchada por los diputados y ello traerá hacinamiento en las cárceles, donde un grueso número de presos esperan por dichos beneficios” (Últimas Noticias, Ídem.).

El abogado Fernando Fernández, quien coordinó el equipo de asesores de la comisión de la AN encargada de la reforma del CP, se pronunció negativamente sobre la reforma vigente. Consideró que el aumento de las penas establecido en esta reforma parcial evidencia “tendencias superadas que nada tienen que ver con el derecho penal contemporáneo, pues hoy en día ningún demócrata podría negar que los derechos humanos son anteriores y superiores al Estado; que el Estado se debe al ciudadano y no a la inversa” (El Nacional, 03.04.05, pág. A/7).

Fernández insistió en que la penalización de la crítica al desempeño de los funcionarios públicos, conocida como leyes de desacato, es “anacrónica y no tiene cabida en el derecho internacional de los derechos humanos. Además este tipo de legislación fue draconianamente empleada por las dictaduras del Cono Sur” (El Nacional, Ídem.).

Según el jurista, el aumento de las penas es desproporcionado y sin ninguna justificación. Como caso emblemático, refirió el delito de injuria “el límite mínimo creció 60 veces y el máximo 45,6 veces” (El Nacional, Ídem.). A este respecto recordó que la reforma del CP realizada en 2000 se limitó al incremento de penas y que, hasta el presente, no se ha percibido un efecto positivo de disminución y prevención del delito.

En cuanto a la eliminación de los beneficios procesales, Fernández explicó que el error comienza con la incomprensión del nuevo proceso penal: “en el sistema acusatorio que rige desde el 01.07.99, cuando entró en vigencia el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), la libertad es la regla, por tanto, las diversas opciones de cumplimiento de la pena fuera de las cárceles no constituyen beneficios, es decir, concesiones graciosas del Estado, sino derechos. Posteriormente, ello adquirió rango constitucional” (El Nacional, Ídem.). Finalmente, Fernández sugiere como una posibilidades de enfrentar la reforma al Código Penal, su impugnación ante la Sala Constitucional del TSJ o elevar una solicitud de opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). A las voces críticas contra la reforma del CP se sumó Isaías Rodríguez, Fiscal General de la República, quien lamentó que la AN acogiera la tendencia dirigida al “aumento desmedido de la represión” (El Nacional, 31.03.05, pág. A/6).

Comentó Rodríguez que “resulta falso creer que a mayor represión habrá menor índice de criminalidad, ni que con más represión disminuirá el fenómeno criminal Por el contrario, lo que se logra es destinar más esfuerzos y más recursos para perseguir a los más vulnerables socialmente, a los más pobres, mientras quedan impunes los grandes poderes económicos implicados en el delito. De esta manera, lo que se logra es sancionar a quienes tienen menor acceso