Del 14 al 28 de septiembre 2008

Boletín electrónico Nº 207

EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE OCTUBRE

Concesión del Premio Nóbel de la Paz
01 Día Internacional de las Personas de la Tercera Edad
02 Día Interamericano del Agua
03 Día Mundial del Hábitat (1er. lunes)
04 Día Interamericano de la Radiodifusión
10 Día Mundial Contra la Pena de Muerte
10 Masacre de Cantaura, Edo. Anzoátegui (1982)
10 Día Mundial de la Salud Mental
12 Día Nacional de la Resistencia Indígena
15 Día Internacional de la Mujer Rural
15 Día Internacional de Reducción de Desastres (2do. miércoles)
15 Aniversario de Provea
16 Día Mundial de la Alimentación
17 Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza
24 Día de las Naciones Unidas
24 Día Mundial de la Información sobre el Desarrollo
24-30 Semana del Desarme
27 Primera elección universal, directa y secreta en Venezuela (1946)
28 Día Nacional del Alfabetismo
29 Masacre de El Amparo, Edo. Apure (1988)

CONTEXTO

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

ESPECIAL: «EL AMPARO, 20 AÑOS DE IMPUNIDAD»

ARTÍCULOS
Del 25 de agosto al 13 de septiembre 2008

Boletín electrónico Nº 206

EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

08 Día Internacional de la Alfabetización
09 Día de la Agricultura
11 Aniversario de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz
16 Día Internacional de Protección de la Capa de Ozono
18 Día Mundial de las Playas
21 Día Internacional de la Paz (3er. martes)
26 Día Mundial del Corazón
28 Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y El Caribe

CONTEXTO

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

ESPECIAL: «EL AMPARO, 20 AÑOS DE IMPUNIDAD»

ARTÍCULOS
Del 8 al 22 de enero 2000

Boletín electrónico Nº 205

EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE AGOSTO

04-08 Semana Mundial de la Lactancia Materna
09 Lanzamiento de la Primera Bomba Atómica sobre Hiroshima (1945)
09 Día Internacional de las Poblaciones Indígenas
12 Día Internacional de la Juventud
15 Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición
18 Promulgación del Decreto de Garantías que, entre otras cosas, eliminó la pena de muerte y el destierro (1863)
29 Día Internacional del Árbol
30 Día Internacional de los «Desaparecidos»

CONTEXTO

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

ESPECIAL: «EL AMPARO, 20 AÑOS DE IMPUNIDAD»

ARTÍCULOS

DOCUMENTOS
Del 18 de julio al 05 de agosto 2008

Boletín electrónico Nº 204

EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE AGOSTO

04-08 Semana Mundial de la Lactancia Materna
09 Lanzamiento de la Primera Bomba Atómica sobre Hiroshima (1945)
09 Día Internacional de las Poblaciones Indígenas
12 Día Internacional de la Juventud
15 Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición
18 Promulgación del Decreto de Garantías que, entre otras cosas, eliminó la pena de muerte y el destierro (1863)
29 Día Internacional del Árbol
30 Día Internacional de los «Desaparecidos»

CONTEXTO

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

ESPECIAL «EL AMPARO: 20 AÑOS DE IMPUNIDAD»

ARTÍCULOS

DOCUMENTOS
Del 01 al 17 de julio 2008

Boletín electrónico Nº 203

EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE JULIO

03 Día Universal de la Cooperación (1er. sábado)
05 Celebración de la Declaración de la Independencia de Venezuela (1811)
07 Día de la Conservación del Suelo
09 Día Internacional para la Destrucción de Armas de Fuego
11 Día Mundial de la Población
17 Día Mundial de la Justicia Internacional

CONTEXTO

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

ESPECIAL: «EL AMPARO, 20 AÑOS DE IMPUNIDAD»

ARTÍCULOS

DOCUMENTOS
Del 17 al 30 de junio 2008

Boletín electrónico Nº 202

EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE JULIO

03 Día Universal de la Cooperación (1er. sábado)
05 Celebración de la Declaración de la Independencia de Venezuela (1811)
07 Día de la Conservación del Suelo
09 Día Internacional para la Destrucción de Armas de Fuego
11 Día Mundial de la Población
17 Día Mundial de la Justicia Internacional

CONTEXTO

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

INVITACIÓN A EVENTOS

ARTÍCULOS

DOCUMENTOS
Del 02 al 16 de junio 2008

Boletín electrónico Nº 201

EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE JULIO

03 Día Universal de la Cooperación (1er. sábado)
05 Celebración de la Declaración de la Independencia de Venezuela (1811)
07 Día de la Conservación del Suelo
09 Día Internacional para la Destrucción de Armas de Fuego
11 Día Mundial de la Población
17 Día Mundial de la Justicia Internacional

CONTEXTO

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

INVITACIÓN A EVENTOS

ARTÍCULOS
Del 15 de mayo al 01 de junio 2008

Boletín electrónico Nº 200

EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE JUNIO

01 Aprobación de Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente en Venezuela
04 Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión
05 Día Mundial del Medio Ambiente
08 Día Mundial de los Océanos
12 Día Mundial Contra el Trabajo Infantil
14 Día Mundial de la Donación de Sangre
17 Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía
20 Día Internacional del Refugiado
21 Día Internacional de la Educación No Sexista
21 Día por una América Latina Libre de Transgénicos
26 Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura

CONTEXTO

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

ARTÍCULOS
Del 18 de abril al 10 de mayo 2008

Boletín electrónico Nº 199

EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE MAYO

01 Día Internacional de los Trabajadores
03 Día Mundial de la Libertad de Prensa
04 Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales
08 Día de la Cruz Roja Internacional
08 Conmemoración de la Masacre de Yumare, Edo. Yaracuy (1986)
10 Día Nacional de la Afrovenezolanidad
11-17 Semana Nacional de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (Gaceta Oficial del 08.10.97)
15 Día Internacional de la Familia
15 Día Internacional de la Objeción de Conciencia
17 Día Mundial de las Telecomunicaciones
17 Día Mundial Contra la Homofobia
21 Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo
22 Día Internacional de la Diversidad Biológica
25-31 Semana de Solidaridad con los Pueblos de Todos los Territorios Coloniales que Luchan por la Libertad, la Independencia y los Derechos Humanos
28 Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer
29 Día Nacional del Árbol
29 Día Nacional del Adulto Mayor

CONTEXTO

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

ARTÍCULOS
Del 2 al 16 de abril 2008

Boletín electrónico Nº 198

EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE ABRIL

04 Asesinato de Martin Luther King (1968)
07 Día Mundial de la Salud
07-14 Semana de la Salud en Las Américas
08 Holocausto Judío de la Segunda Guerra Mundial
11 Golpe de Estado contra presidente Hugo Chávez Frías (2002)
13 Día de la Movilización Nacional
14 Día del Panamericano
19 Celebración de la Declaración de Independencia de Venezuela (1810)
19 Día Panamericano del Indio
22 Día Mundial de la Tierra
23 Día Internacional del Libro y de los Derechos del Autor
24-30 Semana de la Vacunación en Las Américas
28 Día Mundial sobre la Seguridad y la Salud en el Trabajo
29 Día Internacional de los Trabajadores Muertos y Heridos en Accidentes Laborales

CONTEXTO

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

ARTÍCULOS
Del 15 de marzo al 1 de abril 2008

Boletín electrónico Nº 197

EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE ABRIL

04 Asesinato de Martin Luther King (1968)
07 Día Mundial de la Salud
07-14 Semana de la Salud en Las Américas
08 Holocausto Judío de la Segunda Guerra Mundial
11 Golpe de Estado contra presidente Hugo Chávez Frías (2002)
13 Día de la Movilización Nacional
14 Día del Panamericano
19 Celebración de la Declaración de Independencia de Venezuela (1810)
19 Día Panamericano del Indio
22 Día Mundial de la Tierra
23 Día Internacional del Libro y de los Derechos del Autor
24-30 Semana de la Vacunación en Las Américas
28 Día Mundial sobre la Seguridad y la Salud en el Trabajo
29 Día Internacional de los Trabajadores Muertos y Heridos en Accidentes Laborales

CONTEXTO

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

ARTÍCULOS

NOVEDADES EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS
Del 28 de febrero al 14 de marzo 2008

Boletín electrónico Nº 196

EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE FEBRERO

08 Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer
14 Día Mundial de Acción Contra las Represas, a Favor de los Ríos, el Agua y la Vida
15 Promulgación del voto directo, universal y secreto para hombres y mujeres mayores de 18 años en Venezuela (1946)
21 Día Mundial para la Eliminación de la Discriminación Racial
21 Día Mundial de la Poesía
21 Día Forestal Mundial
21-27 Semana de Solidaridad con los Pueblos que Luchan Contra el Racismo y la Discriminación Racial
22 Día Mundial del Agua
24 Ejecútese de Ley de Abolición de la Esclavitud en Venezuela (1854)
24 Asesinato del Obispo Oscar Arnulfo Romero (1980)

CONTEXTO

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

ARTÍCULOS

DOCUMENTOS
Del 28 de marzo al 07 de abril de 2005

Boletín electrónico Nº 153

EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE ABRIL

04 Asesinato de Martin Luther King (1968)
07 Día Mundial de la Salud
07-14 Semana de la Salud en Las Américas
08 Holocausto Judío de la Segunda Guerra Mundial
11 Golpe de Estado contra presidente Hugo Chávez Frías (2002)
13 Día de la Movilización Nacional
19 Celebración de la Declaración de Independencia de Venezuela (1810)
19 Día Panamericano del Indio
22 Día Mundial de la Tierra
24-30 Semana de la Vacunación en Las Américas
28 Día Mundial sobre la Seguridad y la Salud en el Trabajo
29 Día Internacional de los Trabajadores Muertos y Heridos en Accidentes Laborales

CONTEXTO

La frecuencia con la cual, en los últimos años, activistas y dirigentes del movimiento campesino nacional han venido siendo asesinados representa una grave situación que obliga al Gobierno Nacional a presentar una respuesta adecuada y oportuna, señalaron diversas organizaciones de derechos humanos articuladas en el Foro por la Vida.

Según las denuncias de organizaciones campesinas, más de 80 campesinos han sido asesinados en los últimos 8 años. La modalidad utilizada es el sicariato y, a pesar de que no se ha desarrollado una investigación seria que determine la responsabilidad material e intelectual, hay suficientes indicios para presumir que tras buena parte de estos hechos se encuentran sectores interesados en boicotear el proceso de reforma agraria que viene adelantando el Gobierno Nacional.

El más reciente caso ocurrió el pasado 19.03.05, en la población de Santa Bárbara, Edo. Barinas, donde fue asesinado Luis Enrique Pérez, integrante de la cooperativa “Agualinda 6”, la cual esperaba el decreto final para obtener la legalidad de las tierras del Hato “Agualinda”, solicitadas al Instituto Nacional de Tierras (INTI).

Según el Foro por la Vida, “los hechos de violencia ocurridos en el campo venezolano reflejan una ineficiente política de seguridad y ponen en evidencia una responsabilidad estatal por omisión. Si bien altos funcionarios públicos han expresado su preocupación por estos sucesos, las meras declaraciones resultan insuficientes. Se requiere una política que facilite las investigaciones, garantice protección a los campesinos y sus líderes y, en general, el mejoramiento de la seguridad ciudadana en el campo” (Foro por la Vida, 06.04.05,
http://derechos.org.ve/actualidad/comunicados/notas_prensa_2005/np060405.pdf).

Igualmente resultan preocupantes, para el Foro por la Vida, los limitados avances que el Ministerio Público (MP) y los órganos de investigación lograron para establecer responsabilidades e iniciar los procesos penales correspondientes. En este sentido, las organizaciones de derechos humanos exigen a los distintos entes y órganos del Estado “acelerar y mejorar las investigaciones sobre los asesinatos ocurridos, establecer responsabilidades y sancionar a los culpables” (Foro por la Vida, Ídem.).

En otras oportunidades el Foro por la Vida señaló que “la seguridad ciudadana es un derecho de la población y, por tanto, una obligación estatal que no puede ser privatizada” (Foro por la Vida, Ídem.). Por ello, “rechaza la iniciativa planteada por distintos voceros públicos, en el sentido de entrenar y armar al campesinado para delegarles esta tarea estatal. Tal propuesta es ilegal, además de contraproducente para los fines buscados, pues puede conducir a la constitución de grupos paramilitares que incrementarían y diversificarían las formas de violencia ya establecidas” (Foro por la Vida, ídem.).

“El Estado debe conservar el monopolio de la fuerza pública y hacer un uso adecuado de ella en beneficio de la población” (Foro por la Vida, Ídem.). Para ello, el Foro por la Vida considera forzoso e imperioso y con carácter de urgencia que el Ejecutivo Nacional convoque y escuche la opinión y recomendaciones de las organizaciones campesinas y de derechos humanos, para diseñar una política de seguridad pública que, en lo inmediato, garantice una adecuada seguridad en el campo venezolano, de acuerdo con lo establecido en la constitución y tomando especialmente en cuenta la vulnerabilidad del sector campesino en esta materia.

Suscriben: Acción Ciudadana contra el Sida (ACCSI); Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB); Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Margarita; Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela; Centros Comunitarios de Aprendizaje (CECODAP) ; Comisión Justicia y Paz del Secretariado Conjunto de Religiosas y Religiosos de Venezuela (SECORVE); Fundación de Derechos Humanos del Estado Anzoátegui; Oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho; Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA); Red de Apoyo por la Justicia y la Paz; Red de Monitores Populares de Derechos Humanos del Estado Táchira; Servicio Jesuita a Refugiados (SJR).

A propósito de la citación recibida por el Dr. Carlos Ayala Corao; asesor y amigo de Provea; para que comparezca ante Luisa Ortega Díaz, fiscala del Ministerio Público (MP) a objeto de imputarlo por hechos relacionados con el golpe de Estado del 11.04.02, Provea se pronuncia en los siguientes términos:

  1. El 12.04.02, Provea condenó el golpe de Estado ocurrido el día antes. Desde entonces, ha cuestionado la impunidad de esos hechos, pues considera que es una situación que avala nuevas rupturas del hilo constitucional, al tiempo que una violación continuada de los derechos a la autodeterminación, a la democracia, a elegir y a ser elegido. En tal sentido comparte plenamente la posición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expresada el 07.10.02, por su entonces presidente, Dr. Juan Méndez, en el sentido de que esos hechos ”no deben quedar impunes De acuerdo a la experiencia de la CIDH respecto a hechos de violencia y de quebrantamiento del orden institucional en distintos países del continente, la impunidad no hace más que propiciar la repetición de actividades contrarias a la democracia y a los derechos humanos” (Dr. Juan Méndez, ex presidente de la CIDH, 07.10.02).
  2. Provea ha señalado que la investigación sobre el golpe de abril de 2002 debe hacerse de manera adecuada y ajustada a derecho. Provea tiene conocimiento de hechos ocurridos en el contexto del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, que implican la existencia de filtración de información por parte del Ministerio Público, lo que estaría afectando los principios de independencia e imparcialidad del proceso. Estos hechos dan pie a interpretaciones que apuntan a vincular la investigación con la intención de presionar al Dr. Ayala para que se inhiba de seguir accionando ante ese sistema. En tal sentido, Provea exige al Ministerio Público que corrija cualquier irregularidad que afecte negativamente el desarrollo de esta investigación y el derecho al debido proceso del Dr. Ayala.
  3. Provea da fe de que el 12.04.02, el Dr. Ayala, junto otros activistas y organizaciones de derechos humanos, entre ellas Provea, acudió a la sede de la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) para velar por la vida, integridad y libertad del, para entonces, diputado Tarek William Saab (Movimiento Quinta República), quien se encontraba arbitrariamente privado de su libertad. Igualmente, da fe de que fue receptora de los cuestionamientos del Dr. Ayala al Decreto Nº 1 del Gobierno de Facto del Dr. Pedro Carmona Estanga.
  4. Provea manifiesta su solidaridad con el Dr. Ayala y señala que velará por el pleno respeto de sus garantías procesales (Provea, 07.04.05).

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

El pasado 31.03.05, más de 600 representantes de las comunidades indígenas Wayúu, Barí y Yukpa, originarias del Edo. Zulia, acompañados por cientos de activistas de movimientos populares, ambientalistas y de derechos humanos, marcharon desde la plaza Morelos hasta las inmediaciones de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, y posteriormente hasta las cercanías del Palacio de Miraflores, en protesta por la explotación del carbón en la sierra de Perijá.

Álvaro Acontacai, líder Barí que encabezó la marcha, explicó que el objetivo de la misma fue entregar a Hugo Chávez Frías, Presidente de la República, “un pronunciamiento formal en el que expresan su rechazo a la explotación del carbón en la sierra de Perijá, donde muchos trabajadores de las empresas mixtas Carbones de Guasare y Carbones de la Guajira han resultado afectados por neumoconiosis, entre otras enfermedades, producto de la actividad extractiva practicada en esa zona” (El Universal, 01.04.05, http://www.eluniversal.com/2005/04/01/pol_art_01104F.shtml).

Acontacai también se refirió a “los constantes accidentes viales originados a lo largo de las carreteras por donde se transporta el carbón mineral, desde las minas hacia los terminales de embarque, a orillas del lago de Maracaibo. Relató que todo este recorrido está lleno de polvo y de partículas de carbón, al igual que centros poblados aledaños a los terminales de embarque en Santa Cruz de Mara, El Bajo de San Francisco, La Ceiba y La Cañada de Urdaneta” (El Universal, Ídem.).

Calificó la situación generada por la explotación carbonífera en ese sector como “una tragedia que amenaza a todos los indígenas, así como a parcelas agrícolas, haciendas y el agua de la Sierra, y a los ríos Catatumbo y Zulia” (El Universal, Ídem.).

Una trascripción de la lectura hecha por Acontacai de este pronunciamiento ante los asistentes a la marcha, puede ser consultado bajo el título «Nos oponemos a las condiciones actuales de administración de nuestro territorio y pedimos la revisión de las políticas de concesiones mineras» en la sección DOCUMENTOS de esta edición.

Una comitiva de la marcha fue atendida por el Vicepresidente Ejecutivo José Vicente Rangel, que se comprometió a hacerle llegar sus señalamientos al Presidente Chávez.

Por su parte, la Sociedad Homo et Natura, la Sociedad de Amigos en Defensa de la Gran Sabana (AMIGRANSA) Secretaría de la Red Alerta Petrolera-Orinoco Oilwatch, y Provea, frente a las medidas gubernamentales orientadas a aumentar de manera sustancial, la extracción de carbón en el Edo. Zulia y el número de concesiones mineras otorgadas a empresas transnacionales en territorios indígenas, zonas protegidas y cuencas de ríos, se pronunciaron mediante un comunicado público en los siguientes términos:

  1. El Protocolo de Kyoto, cuya ley aprobatoria fue sancionada por la Asamblea Nacional el 22.07.04, señala entre las obligaciones de los Estados Parte: ‘promover unas políticas y medidas que limiten o reduzcan las emisiones de los gases de efecto invernadero’. Resulta evidente que toda medida orientada a aumentar la producción de carbón, uno de los combustibles fósiles que generan mayores emisiones de gases de efecto invernadero, es incompatible con la obligación asumida por el Estado venezolano.
  2. El artículo 129 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), señala que: ‘todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben ser previamente acompañadas de estudios de impacto ambiental y sociocultural’. Sin embargo, no existe en el presente, ningún estudio concluido que permita una discusión democrática sobre el impacto de las nuevas concesiones carboníferas en el Estado Zulia.
  3. El artículo 127 de la CRBV señala que ‘toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado’. No obstante, existen numerosas denuncias recopiladas y documentadas por activistas y académicos del Zulia, que señalan daños a la salud de los habitantes de la sierra de Perijá, ocasionados por las partículas del carbón que quedan circulando en el aíre, durante las etapas de extracción y transporte.
  4. El mismo artículo 127 de la CRBV señala que ‘es una obligación fundamental del Estado garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua sean especialmente protegidos’. La Observación General 15 del Comité de de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (Comité de Desc de la ONU), agrega que: ‘la polución incesante, el continuo deterioro de los recursos hídricos y su distribución desigual están agravando la pobreza ya existente. Los Estados Partes deben adoptar medidas eficaces para hacer efectivo el derecho al agua debe tratarse como un bien social y cultural, y no fundamentalmente como un bien económico’. Existen análisis bien documentados, de académicos e incluso funcionarios públicos regionales, que permiten señalar que el aumento de la explotación del carbón, en las cuencas de los ríos de la sierra de Perijá, puede afectar negativamente las fuentes de suministro de agua más importantes de la entidad.
  5. La Disposición Transitoria Duodécima de la CRBV señala que ‘la demarcación del hábitat indígena se realizará dentro del lapso de dos años contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta Constitución’. Por su parte, el Comité de Desc de la ONU, ya en sus observaciones a Venezuela, formuladas en el año 2001, mostró preocupación por ‘las consecuencias negativas de actividades económicas relacionadas con la explotación de los recursos naturales, como las minas de carbón en la sierra de Perijá, para la salud, el entorno y el modo de vida de las poblaciones indígenas de esas regiones’. El lapso otorgado a los poderes públicos, por el poder constituyente, se venció hace más de 2 años, sin que los territorios colectivos sean efectivamente demarcados con participación indígena. Ello facilita la realización de proyectos desarrollistas en sus territorios, como la extracción del carbón, lo que genera una cadena de otras violaciones a los derechos de estos pueblos, cuya cultura y modo de vida están absolutamente asociadas a la naturaleza.
  6. El artículo 120 de la CRBV señala que ‘el aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats indígenas por parte del Estado se hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos e, igualmente, está sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas’. No obstante, las diversas manifestaciones públicas realizadas recientemente, evidencian que sectores mayoritarios de los pueblos Yukpa, Barí, Wayúu, entre otros afectados, rechazan los proyectos de explotación del carbón y que su voz no está siendo escuchada adecuadamente por las autoridades, lo que constituye una violación del derecho a la participación y del principio democrático de protagonismo popular.
  7. El artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es ley nacional desde el 28.01.78, señala que ‘todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural’. Por otra parte, el Gobierno nacional ofreció diseñar y ejecutar proyectos de desarrollo endógeno, en sintonía con el derecho a la autodeterminación y a un modelo de desarrollo no expoliativo. Sin embargo, los planes de aumento de la extracción carbonífera en el Zulia se insertan dentro de estrategias exógenas que debilitan la autodeterminación, y que, además, están en sintonía con el modelo económico y productivo hegemónico en el mundo, que identifica desarrollo con expansión económica y con aumento del consumo de energía. Por estas razones, exigimos:
    1. Que el Presidente de la República inicie inmediatamente las gestiones necesarias para anular, según lo establecido en el ordenamiento legal venezolano, las concesiones del carbón entregadas en el Estado Zulia.
    2. Que el Ejecutivo proceda, con celeridad, a dar cumplimiento a la Disposición Transitoria Duodécima de la CRBV, realizando, junto a los pueblos indígenas, una adecuada demarcación de sus territorios colectivos.

Además de ello, proponemos que, con la participación de los pueblos indígenas, organizaciones sociales, académicos y otros sectores movilizados por el derecho al agua, a la salud, los derechos ambientales y de los pueblos indígenas, se realice un debate nacional sobre ‘Otra Integración Posible’, basada en los derechos humanos, la unión de los pueblos latinoamericanos, la búsqueda de soluciones conjuntas a los graves problemas sociales similares y desde una perspectiva que reivindica la participación de los sectores excluidos, la dignificación de los pueblos indígenas, la autodeterminación y el resguardo de la vida para las presentes y futuras generaciones”. (Provea, 31.03.05, http://derechos.org.ve/actualidad/comunicados/comu_prensa_2005/cp_010405.pdf).

El pasado 17.03.05, Provea, en representación de la Asociación de Vecinos Urbanización Yulesca I, interpuso ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), una demanda por intereses colectivos contra las actuaciones y omisiones del Fondo Nacional de Desarrollo Urbano (FONDUR), que afectaron los derechos de las personas propietarias de la mencionada urbanización, ubicada en Barcelona, Edo. Anzoátegui.

En 1997 se construyó esta urbanización compuesta por 270 viviendas, con el financiamiento de FONDUR. Sin embargo, a escasos 2 años de su entrega se presentaron problemas como agrietamiento en las paredes; hundimiento de los techos; columnas de soporte de metal fuertemente oxidadas; e, irregularidades en la construcción de las áreas comunes de la urbanización, entre otros.

Según explicó María Gabriela Martínez, integrante del Área de Defensa de Provea, “tales irregularidades debieron ser evaluadas en su momento por FONDUR, porque aún cuando los graves vicios presentes en las construcciones tuvieron que ver con la actuación culposa de la empresa constructora, FONDUR era quien tenía la obligación de garantizar una efectiva supervisión de la obra. El incumplimiento de los deberes de vigilancia que le impone su marco normativo, derivó en la violación de derechos constitucionales”.

Agregó la abogada que “en un Estado democrático y social de derecho no es coherente que sean las personas afectadas quienes paguen las consecuencias de los errores cometidos por FONDUR. Por otra parte, pretender que la responsabilidad es sólo del constructor es obviar que FONDUR tenía la obligación de adoptar y ejecutar medidas para que el constructor entregara estas viviendas en condiciones apropiadas”.

Provea instó a la Sala Constitucional del TSJ que declare a FONDUR violador, por acción y por omisión, del derecho a una vivienda adecuada de las personas propietarias de la urbanización Yulesca I. También solicitó que ordene a FONDUR que en un lapso no mayor a 6 meses, restablezca el derecho a una vivienda adecuada a las personas afectadas, garantizando la participación de la comunidad en todas sus fases.

En tal sentido, solicitó que la creación de una mesa técnico-social con participación de FONDUR, la asociación de vecinos, sus representantes legales y la Defensoría del Pueblo, cuyo cumplimiento deberá supervisar la Sala Constitucional. Esta mesa diseñaría un cronograma mediante el cual FONDUR determinaría los arreglos necesarios en la infraestructura de la urbanización o, en su defecto, otorgaría una compensación adecuada a las personas afectadas.

Además, la organización de derechos humanos planteó a la Sala Constitucional exigirle a FONDUR iniciar una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades disciplinarias, administrativas, civiles y/o penales de los funcionarios involucrados en la aprobación, evaluación y verificación de esta urbanización.

Finalmente, destacó la representante de Provea que “todos los integrantes de la comunidad afectada se organizaron en una de las tantas formas de organización comunitaria que la Constitución fomenta para hacer efectivo el principio de democracia participativa y protagónica”.

Conviene recordar que el derecho a la vivienda adecuada se encuentra reconocido en el artículo 82 de la Constitución, así como en la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25) y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 11) (Provea, 17.03.05, http://derechos.org.ve/actualidad/comunicados/notas_prensa_2005/np170305.pdf).

La Asamblea Nacional (AN) aprobó en 2da. discusión efectuada el pasado 17.03.05, la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat (LRPVH), uno de los 6 regímenes prestacionales que componen el sistema de seguridad social contemplado en la Ley Orgánica de Sistemas de Seguridad Social (LOSSS).
Según informó una fuente periodística, la decisión fue apoyada por las bancadas de la Causa R, Convergencia, Primero Justicia, Acción Democrática y las organizaciones políticas comprendidas por el Bloque del Cambio (Globovisión, 18.03.05,
http://www.globovision.com/nacionales/2005.03/18/leyhabitat/index.php).

Propuesta por la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral de la AN, el instrumento tiene por objeto “garantizar la satisfacción progresiva a todas las personas residentes en el país de su derecho a una vivienda y hábitat dignos a través de un régimen prestacional de carácter social, conforme a la Constitución, a la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social y a los tratados y declaraciones internacionales suscritos y ratificados por la República en materias concurrentes” (Asamblea Nacional, 28.03.05, http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/leyes.asp?id=594).

Otra fuente periodística pronosticaba en vísperas de la aprobación de esta ley, que el régimen de política habitacional quedaba derogado y la banca privada perdía la facultad de decidir quién recibe los financiamientos con recursos del Fondo Mutual Habitacional (FMH), adjudicándosele ese poder al nuevo Banco Nacional de la Vivienda (BANAVI) (El Nacional, 30.03.05, pág. A/20).

A juicio de esta fuente, “este hecho supone una perspectiva distinta para los futuros propietarios, toda vez que la banca privada no será la que decida a quién se le otorgarán los créditos con recursos del Fondo Mutual Habitacional.

Néstor Noguera, gerente general del Banco Nacional de Ahorro y Préstamo (BANAP), explicó a la fuente que la LRPVH le devolvería al BANAVI la potestad de decidir cuáles son los proyectos que se financian, en razón de que los aportes de los trabajadores dejan de ser ahorros privados y pasan a tener carácter parafiscal. Ello implicará que las solicitudes para créditos hipotecarios con recursos del FMH no sólo serán sometidas al análisis financiero de la banca privada, sino que también deberán pasar a una segunda instancia, que incluye la aprobación de los funcionarios del BANAVI.

Destacó la misma fuente que aún cuando no se ha aprobado el reglamento que establecerá las condiciones para los préstamos hipotecarios, se sabe que las comunidades organizadas tendrán prioridad frente a las personas naturales. En ese sentido, la fuente señaló que para el otorgamiento de los créditos habrá un proceso de postulación, en el que las comunidades indígenas, los damnificados, los mayores de 60 años, las mujeres solas y las personas que ganen menos de 2 salarios mínimos serán sujetos a un trato preferencial.

Con respecto a dicho reglamento, la fuente indicó que la AN tiene un lapso de 120 días para redactar el reglamento de la LRPVH. “Hasta ahora, sólo existe el titular en materia de Vivienda y Hábitat, en la persona de Julio Montes, pero no posee cartera propia. En ese sentido, en el proyecto se propone la creación del Vivienda y Hábitat, integrado por el Viceministerio de Planificación de Políticas Habitacionales y el Viceministerio de Ejecución. Con la entrada en vigencia de la nueva ley de Vivienda y Hábitat todos los organismos gubernamentales en materia habitacional, como el Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI) y el Fondo de Desarrollo Urbano (FONDUR), y otros más, serán liquidados y sólo existirán 2 instituciones: el Ministerio de Vivienda y Hábitat y el BANAVI” (El Nacional, Ídem.).

Noguera también señaló a la fuente que los beneficiarios de los financiamientos serán aquellos que acepten la asistencia técnica del Estado, en lo que respecta a la selección del terreno, elaboración del proyecto, escogencia de los contratistas y supervisión de la obra. Ello conllevará a promover la movilización hacia el interior del país. “Va a haber un mecanismo que incentive la movilización territorial. Pensamos establecer una regionalización de los subsidios. A la gente que decida un proyecto en un eje endógeno podrá tener más subsidios que aquella que desee vivir en Caracas. Eso es posible y está previsto” (El Nacional, Ídem.). En opinión de Noguera, “los cambios que plantea el nuevo instrumento legal pretenden eliminar las distorsiones que existían en el anterior régimen de política habitacional. Mencionó que la banca tendía a rechazar los proyectos de las comunidades organizadas” (El Nacional, Ídem.).

Conviene recordar que la LRPVH fue aprobada en primera discusión el 29.01.04, es decir que permaneció fuera de la agenda legislativa casi 14 meses. En esa condición aún se encuentra la Ley de Régimen Prestacional de Empleo, aprobada en primera discusión el 18.11.03, y la Ley del Régimen Prestacional de Servicios Sociales al Adulto Mayor y Otras Categorías de Personas, aprobada en primera discusión el 01.06.048. Los restantes proyectos de ley relacionados con los regímenes prestacionales de salud, pensiones y seguridad, y salud en el trabajo, se encuentran en revisión en la Comisión de Desarrollo Social Integral, y aún no han sido sometidos al debate parlamentario. Dada esta situación, el Parlamento no ha cumplido con la agenda legislativa relacionada con los proyectos de ley de la seguridad social. Y, como lo recuerda Provea en su Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela octubre 2003/septiembre 2004, “esto afecta al conjunto de la población que espera la puesta en ejecución del nuevo paradigma de la seguridad social” (Provea, 04.04.05, http://derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2003_04/4seguridadSOCIAL.pdf).

Según una fuente periodística, Julio Montes, titular del Ministerio de Vivienda y Hábitat (MVH), admitió recientemente que hasta la fecha el Gobierno Nacional no dispone de desarrollos residenciales para atender a las familias que devengan menos de 20 unidades tributarias (588.000 bolívares): “no hay viviendas para el grupo de personas que ganan menos del sueldo mínimo. Pero pudiéramos comprar inmuebles en el mercado secundario con los recursos del Fondo de Aportes del Sector Público” (El Nacional, 03.04.05, pág. A/22).

Por su parte, Néstor Noguera, gerente general del Banco Nacional de Ahorro y Préstamo (BANAP), reconoció que se requiere una inversión de 6 billones de bolívares por 17 años para acabar con el déficit de vivienda acumulado que supera las 1,6 millones de unidades. Indicó que para esto es necesario activar diversos programas de viviendas como el de producción de vivienda nueva, transformación de barrios, programa de ampliación y mejora de viviendas para que «podamos pensar en la solución del déficit” (El Universal, 04.04.05,
http://www.eluniversal.com/2005/04/04/eco_ava_04A547845.shtml).

Resaltó Noguera que «el déficit habitacional no se va a resolver por la vía del financiamiento para adquisición de viviendas en el mercado secundario» (El Universal, Ídem.). Y precisó que desde que se estableció el subsidio directo a la compra de viviendas se han otorgado 250 créditos. «Tenemos recursos por 374.000 millones de bolívares lo cual da capacidad para entre 18 y 20.000 subsidios que se pueden otorgar con estos recursos sólo en año 2005″(El Universal, Ídem.). Afirmó que este programa es sostenible en el tiempo porque el Gobierno Nacional está dispuesto a destinar los recursos necesarios.

El pasado 15.03.05, José Vicente Rangel, Vicepresidente Ejecutivo de la República, entregó el documento «Cumpliendo las Metas del Milenio», a David Mc Lachlan-Karr, coordinador Residente de los organismos del Sistema de Naciones Unidas con representación en Venezuela y representante del Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) (Agencia Bolivariana de Noticias, 15.03.05, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=4207).

En el acto de entrega de dicho documento, efectuado en el salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, el funcionario destacó que el informe suministrado contiene los criterios políticos ejecutados por el Gobierno Nacional para realizar la inclusión y la participación como “pleno ejercicio de la democracia y la libertad” (Agencia Bolivariana de Noticias, Ídem.).

El documento íntegro puede ser consultado y/o descargado en la dirección-e:
http://www.gobiernoenlinea.gob.ve/docMgr/sharedfiles/Metas_Milenio.pdf.