Los niveles de violencia de los cuerpos policiales contra habitantes de las zonas pobres del país, dejan cada semana una alarmante cifra de víctimas.
Este jueves dos adolescentes fueron asesinados por funcionarios de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en una incursión realizada por funcionarios adscritos a este organismo en la parroquia El Valle de Caracas, específicamente en la calle 18 de esa populosa comunidad del sur capitalino. Las víctimas, Yonaiver Moreno de 15 años de edad, muerto por herida de bala en el pecho y Ricardo Castro de 12 años, muerto por dos impactos de bala en el pecho. Uno de los adolescentes asesinados era sobrino de un funcionario del FAES, comprobando así, que hasta los propios agentes de la fuerza pública y sus familiares también están expuestas a la espiral de violencia que han ayudado a construir y que a diario es alentada por los altos mandos militares y policiales.
Recordemos que a mediados de marzo fueron detenidos cuatro funcionarios del FAES en Caracas, por ser los presuntos responsables del asesinato en Caricuao de un funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalisticas (CICPC). Recientemente en el estado Barinas, 5 funcionarios del CICPC y uno del Sebin fueron detenidos por haber asesinado al detective Leirry Bauter, adscrito a la subdelegación del estado Aragua, y a la pareja de este, Alba Tiapa.
Una violencia institucional que viene consolidándose y que afecta a los propios funcionarios de distintos cuerpos de policía, y es consecuencia de la tolerancia y aliento que se les ha dado para atropellar a la población, y realizar constantes violaciones a los derechos humanos. Desde hace varios meses venimos denunciando cómo el gobierno ha convertido al FAES en un escuadrón de la muerte que realiza masacres semanalmente. Los allanamientos ilegales, maltratos y ejecuciones extrajudiciales son una constante.
Todo este crecimiento de la violencia institucional en organismos policiales y militares se produce con el absoluto silencio cómplice de quien fue designado de manera inconstitucional como Defensor del Pueblo, el señor Alfredo Ruíz. Por mandato constitucional la Defensoría del Pueblo debe ponerse al frente de la preservación de los derechos de la población. Cuando se guarda silencio ante tanta violencia contra los más pobres, ante las sistemáticas ejecuciones y allanamientos sin orden judicial, se favorece la violación de los derechos humanos.
Las políticas de seguridad ciudadana de la dictadura de Maduro llevan el sello de graves violaciones a los derechos humanos y generan más sufrimiento a los hogares principalmente en las zonas populares.
Prensa Provea
