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Provea y la defensa del sindicalista Rubén González, enviaron un escrito dirigido al Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, para informar la ilegal detención y sometimiento a justicia militar del luchador social y secretario general del sindicato de la estatal Ferrominera del Orinoco.

González fue detenido la madrugada del día 29 de noviembre de 2018 en la población de Anaco, estado Anzoátegui. El dirigente se desplazaba junto a un grupo de 60 trabajadores de la empresa Ferrominera quienes habían participado el día 28 en una protesta en Caracas. Los vehículos donde se trasladaban los trabajadores para regresar a Ciudad Guayana, fueron interceptados por aproximadamente 20 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y 10 de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). El resto de trabajadores fue puesto en libertad a las pocas horas, pero se dejó detenido a Rubén González porque supuestamente tenía una orden de detención solicitada por la Fiscalía Militar Nro. 43 bajo la dirección de la capitana Karelis Nuñez, con sede en Ciudad Bolívar, de fecha 17 de agosto de 2018, por la presunta comisión de los delitos de ataque al centinela, ultraje al centinela y ultraje a la Fuerza Armada.

En el caso de Rubén González desde hace más de siete años existe una persecución constante por su consecuente labor en defensa de los derechos laborales. En agosto del 2009 los trabajadores de Sintraferrominera organizaron una huelga pacífica por incumplimiento de la convención colectiva. El 24 de septiembre de ese año fue detenido transcurrido un mes después de la huelga. Rubén González fue detenido por presuntos delitos durante la huelga, Se le imputaron los delitos de agavillamiento, instigación a delinquir, restricción a la libertad de trabajo y violación de zonas de seguridad. Encarcelado por 15 meses, procesado durante cinco años con innumerables incidencias procesales e irregularidades que condujeron a que la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia anulara una sentencia que lo condenó a siete años de prisión. La Sala Penal ordenó reponer la causa al estado de realizar un nuevo juicio oral y público. Reiniciado el proceso en otro tribunal y radicado el caso en Caracas por mandato de la Sala Penal, finalmente el 23 de abril de 2014 el juzgado vigésimo cuarto (24°) de primera instancia en funciones de juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de la jueza Blanca Pacheco, decretó libertad plena al considerar que era inocente de todos los cargos que le imputaron por dirigir la huelga de trabajadores en la empresa Ferrominera.

El juzgamiento en esta oportunidad en tribunales militares es continuidad de esa persecución contra el dirigente, y forma parte a su vez de una política de Estado ejecutada con mayor intensidad a partir de abril del año 2015 cuando en el contexto de las masivas y protestas que se realizaron en Venezuela, las autoridades implementaron el denominado Plan Zamora que implicaba entre otros aspectos juzgar a civiles en tribunales militares.

En reiteradas ocasiones el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas, y el propio Alto Comisionado para los Derechos Humanos, han identificado y denunciado los patrones sistemáticos y generalizados de detenciones arbitrarias ejecutados por la dictadura de Nicolás Maduro contra dirigentes sociales y políticos. Igualmente, el creciente empleo de la justicia militar para procesar a civiles ha sido denunciado por el ACNUDH, las relatorías de Naciones Unidas, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los peticionarios esperamos un pronunciamiento del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, para que, junto a las acciones realizadas en el plano nacional, se ejerza presión sobre el gobierno de Venezuela para lograr la libertad de Rubén González toda vez que no ha cometido delito alguno.


Prensa Provea