Venezuela, junto a Cuba y República Dominicana fue incluida por otro año consecutivo en el Capítulo IV.B del Informe Anual 2016 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se publicó este 27 de abril. El capítulo IV.B es una sección del Informe Anual que publica el órgano hemisférico, en el que se detallan situaciones y amenazas para los derechos humanos especialmente preocupantes y que requieren atención especial por parte del órgano. Esta sección incluye informes especiales que la CIDH considera necesarios respecto de la situación de los derechos humanos en los Estados Miembros.
En la introducción, la CIDH indica que «Durante 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la CIDH”) ha continuado monitoreando la situación general de derechos humanos en Venezuela y ha observado la persistencia de situaciones estructurales que afectan los derechos humanos de los venezolanos y que ha derivado en una grave crisis política, social, y económica».
La CIDH resalta que dentro de las situaciones estructurales que afectan la garantía de los Derehos Humanos en Venezuela, destacan «un agravamiento de la situación de seguridad ciudadana en relación al derecho a la vida e integridad personal (…) un deterioro del Estado de Derecho y las instituciones democráticas, (…) un deterioro del derecho a la libertad de expresión, y (…) un severo agravamiento en el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales (DESC)».
La Comisión señala en su informe que la situación general de los derechos humanos en Venezuela durante 2016 se deterioró aún más «en un contexto de polarización y de crisis política, económica y social». La CIDH hizo énfasis en la crítica situación de la seguridad ciudadana, debido al incremento de la tasa de homicidios y la adopción de medidas negativas como el Operativo de Liberación del Pueblo (OLP) que han generado un repunte en el número de casos de ejecuciones extrajudiciales y violaciones a la integridad y libertad personal por parte de agentes de la fuerza pública. Asimismo, resalta el deterioro del Estado de Derecho y las instituciones democráticas debido a «la falta de acceso la justicia y a un Poder Judicial independiente e imparcial», al tiempo que señala la exacerbación de la «polarización política reflejada en un abierto enfrentamiento entre el Poder Legislativo y los demás poderes del Estado que afecta el necesario balance y separación de poderes en una sociedad democrática». La Comisión también destaca en su informe la afectación para los derechos civiles y políticos de dirigentes y activistas políticos venezolanos.
El informe de la CIDH también hace mención al deterioro del derecho a la libertad de expresión. En el tercer punto de preocupación la Comisión detalla estas amenazas «con la detención arbitraria y encarcelamiento de opositores y aquellas personas que hacen público su disenso con el gobierno, la represión y restricciones indebidas al ejercicio de la protesta, los despidos y amenazas a empleados públicos con perder su cargo en caso de manifestar opiniones políticas contra el oficialismo, las campañas de estigmatización y hostigamiento en perjuicio de periodistas, opositores políticos y ciudadanos, el uso del derecho penal y otros controles estatales para castigar o inhibir el trabajo de la prensa crítica, y la obstaculización al derecho de acceso a la información».
Como cuarto punto de preocupación el órgano hemisférico destaca la crítica situación y el deterioro de las garantías para los derechos económicos, sociales y culturales en nuestro país, expresadas en la crisis alimentaria y en salud, que ha sido documentada y denunciada por diversos actores de la sociedad civil. «La situación de desabastecimiento y escasez de alimentos, medicamentos, agua y energía, ha generado una grave crisis, que ha propiciado los brotes de enfermedades y otras afectaciones a la salud. Frente a este escenario, la respuesta ha sido deficiente y, en situaciones, con una falta de acceso a la atención médica necesaria, lo cual ha afectado severamente a los niños y niñas, las personas enfermas, las mujeres embarazadas, las personas con discapacidad y los adultos mayores, entre otros grupos. En este contexto, aunado al contexto político, se produjo un aumento de las protestas públicas que han sido, a su vez, enfrentadas por los agentes de seguridad a través del uso de la fuerza», dice el informe.
Finalmente, la CIDH realizó un análisis sobre el Decreto de Estado de Emergencia Económica y de Excepción, la administración de justicia y la independencia judicial; la separación y el equilibrio de poderes; el proceso de referendo revocatorio que se intentó activar contra el Presidente Nicolás Maduro y la iniciativa de diálogo entre el gobierno y la oposición.
Ante las críticas realizadas por el Estado venezolano a la inclusión del país en el Capítulo IV y la metodología empleada para la elaboración del informe, la CIDH sostuvo que la opacidad en el acceso a la información oficial impide contrastar el monitoreo realizado a medios de comunicación e informes de la sociedad civil, entre otros, con cifras suministradas por las instituciones del Estado. En tal sentido señaló: «la Comisión continúa identificando dificultades de acceso a fuentes oficiales e información pública sobre la gestión de los órganos del Estado, así como respecto de las cifras compiladas desde el Estado que permiten evaluar la efectiva vigencia de los derechos humanos. En vista de lo anterior, la CIDH llama al Estado venezolano a proporcionar las fuentes de información y estadísticas oficiales disponibles que permitan hacer un seguimiento eficaz sobre las medidas adoptadas por el Estado para dar frente a las recomendaciones y materias analizadas por la CIDH en sus sucesivos informes anuales».
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