Gregorio Afonso, presidente de la APUCV / Foto: Sergio González
«No hay otra opción distinta a mantenernos movilizados«. Bajo esta premisa, obreros, profesores, empleados y estudiantes universitarios agrupados en la Intergremial Universitaria, realizaron una rueda de prensa la mañana de este jueves en el Arco Tamanaco de la Universidad Central de Venezuela (UCV), en la que ofrecieron un balance sobre la jornada nacional de protesta del sector, que el pasado 19 de marzo se llevó a cabo en 14 instituciones de educación superior del país.
«Para nosotros la jornada nacional de movilización del 19 de abril fue contundente. Fueron 14 universidades a nivel nacional que se movilizaron. Toda la comunidad universitario clamó, en forma unificada, la necesidad de aumento de salarios. Más aún hoy con la creciente devaluación que vive el país y que nos sigue empobreciendo. El día miércoles 19 nuestros salarios estaban entre 5 y 8 dólares, una semana después perdieron un 40% de su valor«, dijo Gregorio Afonso, presidente de la Asociación de Profesores de la UCV (APUCV).
Y es que tras una multitudinaria asamblea realzada a finales del mes de febrero en la Facultad de Arquitectura de la UCV, empleados, profesores y obreros de esa casa de estudios decidieron retomar la agenda de movilizaciones que entre 2022 y 2023 los convirtió en actores estelares de la conflictividad social en demanda de salarios justos. A ellos se sumaron las autoridades de la UCV y los representantes estudiantiles de la Federación de Centros Universitarios (FCU).
Rosa Cucunuba, vice-presidenta de la FCU / Foto: Sergio González
En Caracas, los manifestantes tenían previsto marchar hasta el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, pero un nutrido piquete de efectivos de orden público de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) impidió que la movilización cruzara el puente de la avenida Salvador Allende, a escasos metros del Arco Tamanaco. Ante el indebido obstáculo, los manifestantes reclamaron la presencia del ministro Ricardo Sánchez -un antiguo estudiante de la UCV- pero el funcionario no compareció.
Fidel Jaramillo, directivo de APUFAT / Foto: Sergio González
«Ricardo Sánchez ha venido a la universidad en siete ocasiones a ver lo que hace la comisión presidencial, pero esas jornadas de proselitismo político que hace el ministro no se revierte en bienestar para los trabajadores universitarios, quienes seguimos padeciendo salarios de hambre«, reclamó Fidel Jaramillo, directivo del Sindicato de Profesionales Universitarios en Funciones Administrativas y Técnicas de la UCV (APUFAT).
Funcionarios de la PNB impidieron el paso de los manifestantes
«La universidad mostró que no se doblega»
La movilización de los universitarios, el miércoles 19 de marzo, se realizó en 14 universidades, entre autónomas como la UCV y experimentales intervenidas por el gobierno como la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora (UNELLEZ) y Simón Rodríguez. A la protesta de los universitarios se sumaron gremios y sindicatos de otros sectores también afectados por la política de precarización del empleo del gobierno venezolano,
Recordamos que el 16 de marzo de 2022 se publicó en Gaceta Oficial el aumento del salario mínimo nacional por un monto de 130 bolívares -unos 30,23 USD mensuales a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) que a la fecha se han convertido en 1.87 USD mensuales de acuerdo a la misma tasa de cambio. Los universitarios fueron notificados el 22 de marzo de 2022 de la aprobación de un nuevo instructivo denominado “Proceso de Ajuste del Sistema de Remuneración de la Administración Publica, Convenciones Colectiva, Tablas Especiales y Empresas Estratégicas”, posteriormente conocido como Instructivo ONAPRE mediante el cual se violaron las interescalas del tabulador salarial provocando su aplanamiento y el desconocimiento de los beneficios socioeconómicos contemplados en la Convención Colectiva Única del Sector Universitario.
Por ejemplo, un profesor universitario con la categoría Titular (el escalafón más alto de la escala docente) debía percibir un ingreso mensual -ajustado al aumento del salario mínimo y a la Convención Colectiva del sector- de 854,78 bolívares. Pero, bajo el mandato del instructivo impuesto por el Ejecutivo, su salario mensual fue aumentado a 522,16 bolívares, un 39% menos de lo que debía recibir.
Eduardo Sánchez, presidente de SINATRA-UCV / Foto: Sergio González
«Hay una política general del gobierno que tiene como objetivo desaparecer el concepto del salario para llevarnos a una nueva forma de legislación que no es otra cosa que la esclavitud. Por eso los trabajadores tienen que pelear. Ayer llegaron a la universidad los lineamientos del gobierno ratificando los cálculos de los salarios basados en el instructivo de la ONAPRE. Se ratifica el desconocimiento de los contratos colectivos», opina Eduardo Sánchez, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la UCV (SINATRA-UCV).
Prolongada y aguda crisis
«Necesitamos que los universitarios puedan dedicarse a su labor y los profesores a educar. No a cuatro o cinco trabajos para sobrevivir. Eso afecta el desarrollo del país. Las universidades producen el 75% de la investigación científica de la nación, si estamos en ese nivel de crisis cómo podemos generar desarrollo industrial, innovación y competencias para el país«, aseguró el profesor Gregorio Afonso. «El resultado final de esta nefasta política gubernamental es la destrucción del sistema de educación universitaria y del sistema de ciencia y tecnología, condenando al país al atraso«, añadió.
Asambleas permanentes
Los miembros de la Intergremial Universitaria dijeron que la protesta del 19 de marzo es «un inicio que debe apuntar a lograr el aumento salarial para los universitarios y todos los trabajadores del país«.
Anunciaron la realización de asambleas permanentes para discutir la situación del sector y definir acciones en defensa del salario y la autonomía universitaria.
«La bonificación salarial destruye los contaros colectivos, los beneficios laborales, las organizaciones sindicales, el derechos laboral y, en definitiva, el derecho a una vida digna«.