La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, divulgó este jueves un Informe sobre la violaciones de Derechos Humanos ocurridas en Venezuela en el marco de las manifestaciones realizadas entre los meses de abril y julio. El reporte indica la existencia de «múltiples abusos y violaciones de derechos humanos en el contexto de las recientes protestas antigubernamentales». El ACNUDH señaló que esos «hechos apuntan a la existencia de una política destinada a reprimir el disenso político e infundir temor en la población a fin de frenar las manifestaciones”-
El Alto Comisionado pidió al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que examine «la posibilidad de tomar medidas para prevenir el agravamiento de la situación de derechos humanos en Venezuela, país que en la actualidad es miembro del Consejo».
Provea ha saludado la realización y divulgación de este reporte que eleva el costo de la represión en Venezuela y ratifica las miles de denuncias sobre abusos cometidos contra manifestantes, periodistas y activistas sociales y políticos, en el contexto de lo que denominamos la primera rebelión popular del siglo XXI. En nuestra opinión, es necesario resaltar algunos aspectos claves del Informe del ACNUDH que detallamos a continuación:
1. La crisis en derechos sociales como catalizador de las protestas
El Informe del Alto Comisionado destaca que el reciente ciclo de protestas en Venezuela fue motivado por la grave crisis económica y social que afecta –con más fuerza- a los sectores más pobres del país. Desde 2013 Venezuela padece una grave situación de escasez y desabastecimiento de alimentos y medicinas que -ante la ausencia de medidas eficaces por parte del Estado-, se ha convertido en una crisis humanitaria que amenaza severamente la vida de millones. La gestión de Nicolás Maduro ha generado un retroceso histórico en derechos sociales situando la pobreza en niveles superiores a los registrados en 1997. La Venezuela de Maduro es la economía más inflacionaria del mundo, generando con ello la pulverización del ingreso de las y los trabajadores y la incapacidad de estos para satisfacer sus necesidades alimentarias, de salud, vestido y vivienda. A dicha situación se suma el acelerado deterioro de los servicios públicos; el abandono de la infraestructura del servicio público nacional de salud; y los múltiples obstáculos promovidos por la dictadura de Maduro para el goce efectivo de los derechos sociales.
Este reconocimiento del ACNUDH contradice los argumentos de la dictadura, sobre todo en la vocería del ministro de propaganda Ernesto Villegas, quienes permanentemente intentaban descalificar a los manifestantes acusándolos de ser “grupos pagados por la derecha” o representar a un determinado sector social del país. Como afirmó Provea en medio de la rebelión popular, el descontento se expresó en todas las capas de la sociedad y en comunidades que anteriormente eran identificadas como “bastiones” del oficialismo, disolviendo la polarización del territorio urbano que caracterizó la política venezolana durante mucho tiempo. Dicha situación fue propiciada por el aumento de la pobreza y la exclusión; la grave escasez de alimentos y medicinas que deteriora la calidad de vida de la ciudadanía –sobre todo de los más pobres- y atenta contra los derechos a la salud y la alimentación, comprometiendo la vida de millones de venezolanos; la frustración ante cientos de promesas que supuestamente garantizarían un mejor vivir; la ausencia de respuestas por parte de las autoridades ante las demandas ciudadanas; el aumento de la violencia y los abusos policiales en las comunidades pobres del país mediante operativos como el OLP, entre otros.
Estas situaciones, sumadas a la crisis política generada luego de la suspensión del referéndum revocatorio presidencial en octubre de 2016, y la ruptura del hilo constitucional en abril de 2017, provocaron la inmensa oleada de protestas que Provea y otros actores calificaron como una rebelión popular por el rescate de la democracia.
2. Patrón sistemático de represión a las manifestaciones
El Informe del ACNUDH eleva el costo de la represión ejercida por la dictadura contra las manifestaciones realizadas entre abril y julio. Al identificar como sistemático y generalizado el empleo de diversos patrones de abusos contra los manifestantes, el Alto Comisionado desmiente a las autoridades de la dictadura que, en las pocas ocasiones que reconocieron la comisión de abusos, alegaron que estos se tratarían de casos aislados.
Las violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos revelan la existencia de una política o plan de Estado dirigida a promover, tolerar y encubrir la comisión de abusos contra las garantías ciudadanas mediante prácticas dirigidas a causar terror en la población. El asesinato, la tortura, la persecución por motivos sociales y/o políticos y la desaparición forzada de personas -de forma masiva y sistemática-, son elementos que permiten revelar la existencia de un plan para la comisión y encubrimiento de crímenes contra los derechos humanos perpetrados por el aparato estatal contra la población.
En su Informe el ACNUDH resalta la existencia de patrones sistemáticos de violaciones al derecho a la manifestación pacífica, y el empleo recurrente y generalizado del uso excesivo de la fuerza dirigida a causar daño innecesario a los manifestantes. Desde la óptica cuantitativa la información recopilada por el Alto Comisionado y la levantada por las organizaciones de la sociedad civil venezolana, registran un incremento exponencial en los casos de personas fallecidas en manifestaciones, detenciones arbitrarias, manifestaciones reprimidas; allanamientos ilegales e injerencias indebidas en el hogar; tratos crueles e inhumanos contra detenidos; incomunicación y desapariciones forzadas (temporales) de detenidos; empleo de la justicia militar para procesar civiles; uso de munición potencialmente letal y armas de fuego para dispersar manifestaciones, entre otros patrones. Desde el punto de vista cualitativo, el Informe de ACNUDH revela que las violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos en el país, responden a la asunción de una práctica dirigida a generar terror en amplios sectores de la población para que se inhiban de expresar su descontento.
3. Reconocimiento de la gestión institucional del Ministerio Público
Para la elaboración de su Informe, el ACNUDH contó con información aportada por víctimas, periodistas y organizaciones de la sociedad civil venezolanas. Sin embargo, la información medular que permitió el levantamiento del reporte fue la suministrada por el Ministerio Público venezolano. Ello, en opinión de Provea es un reconocimiento a la labor institucional que asumió el Ministerio Público a partir de la publicación de las sentencias del TSJ que generaron la ruptura del hilo constitucional en abril del presente año.
Al frente del Ministerio Público, Luisa Ortega Díaz asumió una postura crítica frente al avance del autoritarismo y la consolidación de la dictadura. A diferencia de otros escenarios de conflictividad, la Fiscalía General de la República asumió una posición institucional que permitió determinar la responsabilidad de agentes estatales y paraestatales en la comisión de graves violaciones de derechos humanos, y que propició la persecución de la Fiscal Ortega Díaz y la inconstitucional designación de Tarek William Saab como “fiscal general” por parte de la fraudulenta asamblea nacional constituyente.
Prensa Provea
