Cada 16 de octubre se celebra el día mundial de la alimentación, fecha proclamada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en 1981, con el fin de sensibilizar a la población sobre la importancia de la alimentación y la gestión adecuada de los recursos agrícolas, de cara al grave problema de hambre en muchos países del mundo a los que Venezuela, en los últimos años, se ha sumado.
A propósito de la conmemoración de esta fecha y por ser el derecho a la alimentación uno de los más vulnerados en la Venezuela actual, conversamos con la nutricionista, especializada en gestión de la seguridad alimentaria, en emergencias humanitarias y riesgo de desastres, Susana Raffalli, que nos hace referencia, desde su aguda vista como experta, pero, además, desde su sensibilidad como activista de derechos humanos, el escenario actual en la materia, señalando que el Sistema Alimentario Venezolano entró en crisis desde el 2012, en ese año, la FAO, en su Panorama de la Seguridad Alimentaria en América Latina da cuenta de un aumento repentino del % de población en situación de subalimentación. No es un indicador de desnutrición esta medición, la subalimentación se refiere a la proporción de la población que quedaría sin poder comer (población en situación de hambre) con la oferta alimentaria agregada nacional. En ese momento, en el 2012, el porcentaje de personas subalimentadas o con hambre era de cerca del 3% y comenzó a subir vertiginosamente llegando a ser 7 veces mayor en el 2019, lo que ameritó que fuésemos incluidos entre las 10 más graves crisis alimentarias del mundo.
Actualmente, la FAO estima que para el 2022, aproximadamente un 18% de la población (más de 5 millones de personas) en Venezuela está en situación de subalimentación. Esto implica que, la oferta alimentaria nacional que el Estado es capaz de garantizar en estos momentos, repartida en partes iguales para satisfacer las necesidades nutricionales mínimas, alcanzaría solo para alimentar al 82% de la población en condiciones de igualdad, pero la situación es mucho peor que eso si se considera la desigualdad creciente en el país. Estos niveles son consistentes con una situación de inseguridad alimentaria acentuada según los marcos de clasificación internacional.
La serie de medidas regresivas al derecho a la alimentación que se han aplicado al Sistema Alimentario Venezolano han sido determinantes de esta situación. Entre los años 2010 y el 2018 hubo acciones como la Ley de Tierras, las expropiaciones masivas de unidades productivas, de empresas alimentarias, la Ley de Precios Justos (que puso a la mayoría de pequeños productores del país a producir a pérdida y cerrar), la inseguridad física y jurídica y el quiebre de los servicios públicos necesarios para la producción, especialmente agua y electricidad; explican este deterioro. A esto se suma la corrupción masiva en el manejo del recurso alimentario manejado por el Estado y reconocido tantas veces por el Ejecutivo, aún impune, y a partir del año 2018, las sanciones internacionales que han entorpecido, sobre todo, el acceso a combustible.
Desde el punto de vista de la nutrición, como uno de los resultados finales de todo esto, tenemos la situación de desnutrición infantil que es la que se registra sistemáticamente. Al día de hoy, ha mejorado un poco con respecto a la situación de 2016, pero todavía se mantiene a niveles consistentes con una crisis nutricional. En las parroquias más pobre del país, de 8 a 10 niños por cada 100 evaluados los encontramos en situación de desnutrición grave, con necesidad de asistencia alimentaria y sanitaria inmediatas. A esto se ha sumado, por la acumulación de esta privación nutricional en el tiempo, el incremento estrepitoso de la desnutrición crónica: actualmente, en las poblaciones de mayor exclusión social, el 30% (3 de cada 10 niños) los encontramos en situación de retardo del crecimiento, incluso entre aquellos en los que no se detecta delgadez. Muchos de estos niños han crecido en sus primeros años consumiendo una ración de alimentos del programa estatal CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), que solo llena entre el 20%-25% de las necesidades familiares de energía y tienen un valor nutricional marginal muy pobre en Hierro, Calcio y Vitamina A. Esto explica la alta proporción de anemia entre niños pequeños y mujeres jóvenes y otras deficiencias nutricionales.
Desde el gobierno se sostiene que ha incrementado la producción alimentaria, sin embargo, una medición del Banco Mundial sobre inseguridad alimentaria de julio de este año, apuntó que Venezuela encabeza la lista de los 10 países con la inflación nominal de alimentos más alta del mundo, ¿qué lectura se le puede dar a esto?
Sí, la producción nacional de alimentos ha mejorado un poco desde el año 2020. La desregularización de algunas medidas, por ejemplo, la derogación de la Ley de Precios, la libre importación de alimentos e insumos agrícolas y la dolarización, han permitido un incremento modesto.
El porcentaje de subalimentación pasó de su máximo de 22% a 18%, pero sigue en niveles que cuadruplican la inseguridad alimentaria de cualquiera de los países de la región. Lo mismo sucede con el PIB agrícola, ciertamente se estima que ha crecido un 3% en los últimos 3 años, pero eso es mínimo en comparación a su descenso de 78% (casi colapso) desde el 2020. Tener ahora mismo un PIB agrícola 70% menor que el que tuvimos en 1990 o en el 2010, es una regresión masiva en nuestras garantías alimentarias no justificada por razones fortuitas, climáticas, por ejemplos, sino a razón de decisiones políticas.
Esa oferta agregada de alimentos, no se traduce en alimentación efectiva entre las familias más pobres. El valor adquisitivo del trabajo a salario mínimo y en nuestra moneda nacional es de cerca del 2%. Es decir, con el valor del trabajo actual, en Bolívares, una familia promedio venezolana solo podría comer medio día. Esto es una situación que desfavorece a las familias sin acceso a remesas o pagos en divisas. A mi parecer, esta pérdida del valor del trabajo ha sido el gran impulsor de la emigración en los últimos años.
El otro problema es el acceso a los programas de protección social del Estado. El programa de alimentos subsidiados CLAP, sigue llegando en forma irregular. En la mayoría de estados del país solo llega cada 2 a 3 meses, la calidad nutricional de la ración es cada vez más pobre y, en su totalidad, no llega a solventar las necesidades de energía de una familia promedio, ni para una semana. Y digo energía, porque el aporte nutricional es muy marginal.
La Organización de las Naciones Unidas afirmó meses atrás que no había fondos suficientes para la ayuda humanitaria en el país, hasta el momento, ¿cómo han sido los aportes del Plan de Respuesta Humanitaria para llegar a las poblaciones más vulnerables?
La financiación humanitaria para Venezuela ha disminuido estrepitosamente. Entre el 2016 y el 2022 se registró un incremento vigoroso de la ayuda humanitaria para Venezuela, yo me atrevería a decir que esto se debió en gran parte a la incidencia que hizo la sociedad civil en este sentido hasta que se logró instalar el mecanismo de coordinación humanitaria en el país a finales del 2018. Luego los mecanismos humanitarios de Naciones Unidas, el Fondo Humanitario para Venezuela y la movilización de ayudas durante la pandemia ayudaron mucho. Sin embargo, es insuficiente.
En el mejor de los años de financiación, se logró recaudar poco más del 70% del presupuesto requerido para financiar el Plan de Respuesta Humanitario. A mitad del año en curso, la financiación recaudada alcanzaba solo el 14% del presupuesto requerido para la respuesta humanitaria. Los sectores nutrición y seguridad alimentaria son de los más rezagados. Para mediados de año, se había alcanzado solo el 16% de la meta de población que se quería lograr en el caso de la ayuda humanitaria en nutrición y 28% en el caso de la meta para la ayuda en seguridad alimentaria. Venezuela es el segundo país con el Plan Humanitario de Respuesta más subfinanciado.
Prensa Provea
