Recrudecimiento de la persecución política en Venezuela
Seis activistas y líderes sindicales fueron condenados el pasado 02 de agosto a 16 años de cárcel tras ser acusados por los delitos de “conspiración” y “asociación para delinquir” en un juicio lleno de irregularidades y sin pruebas, criminalizando el legítimo derecho a la asociación, a la huelga, a la libertad de expresión, entre otros.
Gabriel Blanco, Néstor Astudillo, Reynaldo Cortés, Alcides Bracho, Alonso Meléndez y Emilio Negrín, fueron detenidos el año pasado tras participar en diversas protestas para exigir reivindicaciones laborales y salariales presentando como principal testigo un “patriota cooperante” que nunca se presentó a declarar en el juicio.
En el proceso de investigación no se llevaron los protocolos correspondientes para incorporar las pruebas
Para la entrevista en Son Derechos, Alberto Maimone, uno de losAbogado de la causa y especialista en DDHH lo curioso de este caso fue que todas detenciones fueron ejecutadas por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), quienes manipularon ciertas pruebas. “Los teléfonos de los implicados, por ejemplo, nunca aparecieron dentro del ofrecimiento de las pruebas, allí se puede observar una falta dentro del acto conclusivo que es la acusación. Acá es importante señalar que luego de más de un año detenidos es que comienza a transcurrir la fase de juicio, en el proceso de investigación no se llevaron los protocolos correspondientes para incorporar las pruebas y fundamentar la acusación que además, se llevó a cabo a través de un “Patriota Cooperante” que nunca se presentó en el juicio, pero que aún así la jueza sentenció a 16 años de prisión”, declaró.
Respuesta del estado venezolano
A juicio del Abogado cada vez que un sector de la población sale a manifestar el estado responde con represión. “Estas acciones nos llevan analizar una vez más que el artículo 68 que es el derecho a la protesta se viola constantemente en Venezuela en los diferentes movimientos. Si bien es cierto, hubo un pronunciamiento internacional por medio de la Oficina del Alto Comisionado en la que hace referencia a este caso, la respuesta del gobierno fue señalar a estos trabajadores como terroristas aunque contradictoriamente estos hechos no se encuentran detallados en el acto conclusivo”, afirmó.
Recurso de apelación
Maimone, aseguró que el siguiente paso dentro del marco de la ley será ejercer el recurso de apelación posteriormente que sea publicada la sentencia. “En esta etapa entrará en receso judicial el sistema de justicia, la verdad tenemos la esperanza y la fe que en la corte de apelación se anule ese juicio y se decrete la libertad plena de estos seis luchadores sociales. En cuanto a la situación de sus familiares debo decir que no solo se destruyó la ilusión para ellos, sino en línea general de una sociedad que quedó impactada tras esta injusta decisión”, sostuvo.
Por último, el también defensor de derechos humanos planteó la importancia de seguir luchando por un sistema de justicia en el que se le garantice la convivencia y el equilibrio de la verdad.
Eduardo Herrera, Productor de Son Derechos
