Abogado, profesor de la UCV, con Master en Criminología y Sociología Jurídica Penal, investigador y profesor. Keymer Ávila, muchas gracias por atendernos en Radio Fe y Alegría, en el programa “A Fondo”
Estamos revisando éste hecho ocurrido en Barlovento, se le denomina en los medios de comunicación como el operativo de seguridad “Operación Rondón”, que ha dejado como víctima unas trece personas. La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, ha solicitado que se revisen todos los operativos de seguridad que se están practicando en el país. ¿Usted cómo está observando este hecho? qué por lo menos vuelve a tocar temas de seguridad, criminalidad y derechos humanos.
Sí, es un evento muy lamentable que debe tenerse en cuenta para repensar y también para denunciar todas las prácticas y la política que se ha venido implementando, sobre todo, a partir de hace un año y cinco meses, con operativos como las “OLP”. Sin embargo, la discusión que gira en torno a señalar si lo ocurrido en Barlovento es producto o no de una OLP pudiera ser lo menos importante, porque más allá de las siglas lo que hay que cuestionar es la praxis institucional concreta, pero también sistemática y reiterada con independencia de esas siglas, porque hoy son las OLP, pero mañana puede ser cualquier otro nombre que se les ocurra. Tú mismo acabas de hacer mención de la “Operación Rondón” que nadie conoce.
¿Qué sucede cuando nos concentramos sólo en las “OLP”? -que hay que denunciarlas también- Al concentrarnos sólo en las OLP pudiéramos, sin querer, estar encubriendo la totalidad de las muertes en manos de los cuerpos de seguridad, porque no todas las muertes que ocurren en manos de los cuerpos de seguridad son por las OLP. Entonces, es importante denunciar la OLP, pero saber que el fenómeno las trasciende. Obviamente las OLP tienen un impacto sumamente negativo en la praxis institucional de todos los cuerpos de seguridad.
Barrios: Sin embargo, acá en este hecho de Barlovento hay un aspecto interesante a analizar: se señala como sospechosos de ésta masacre a efectivos militares. Siempre es diferente una acción de la Policía Nacional o funcionarios que están más entrenados para el orden público, de lo ciudadano, que el funcionario militar que está capacitado y entrenado para la guerra, para defender territorios, defender fronteras y no para estas acciones de enfrentar la criminalidad.
Así es y en ese sentido el caso de Barlovento resulta emblemático para cuestionar o para señalar todas las cosas que no se deben hacer en política criminal. Y lo que más llama la atención, es que en este caso ni siquiera fue la Guardia Nacional -que excepcionalmente tiene labores de seguridad ciudadana-, ¡fue el Ejército!, y como tú muy bien lo señalas, no debe confundirse lo que es la seguridad ciudadana y las labores de policía, con la seguridad de la nación y las labores propias de la institución militar. La seguridad ciudadana tiene que ver con la integridad y los derechos civiles de las personas, a quienes les corresponde encargarse de esas funciones son las policías, que tienen un carácter civil. Eso está desde la Constitución, pasando por todo nuestro bloque normativo y está también en lo que se diseñó en el llamado “Nuevo Modelo Policial”. En contraste, la seguridad de la nación, tiene que ver con la protección del territorio, de nuestras fronteras, de nuestra soberanía, todo vinculado también con una idea abstracta del Estado-Nación, labor que le corresponde ejercer a los militares.
La formación que tienen los militares es una lógica bélica de amigo-enemigo, a los enemigos se les elimina, se les extermina. En contraste con la situación de seguridad ciudadana, donde hay conflictos entre civiles, cuya máxima expresión son los delitos y cuando alguien comete un delito, debe ser procesado de acuerdo a las leyes y en tal caso, se le aplica una sanción penal, pero no se le elimina físicamente como ocurre en la guerra y ese es el problema cuando se empiezan a confundir los ámbitos civiles y militares en materia de seguridad ciudadana, porque cuando los militares comienzan a ejercer labores de seguridad ciudadana, toda la ciudadanía se convierte en enemigos y en ese marco, perdemos todos y la inseguridad de toda la ciudadanía, más bien se incrementa.
Y así como te comenté, que si bien hay que denunciar a la OLP, no hay que sobredimensionarla, porque pudiéramos estar, sin querer, invisibilisándo la totalidad del fenómeno; también hay que denunciar la militarización de la seguridad ciudadana, pero con ello hay también hay que tener cuidado, porque con ello se pudiera entender que la totalidad de las muertes en manos de los cuerpos de seguridad, son consecuencias de la actuación de órganos militares y tampoco es así. Hay policías estadales, policías municipales y cuerpos de policía nacional (PNB, CICPC), que también están involucrados en este tipo de eventos. En tal caso lo que hay que denunciar es la lógica bélica que se salta todos los límites legales e institucionales, para convertir las labores de seguridad ciudadana en una especie de guerra, con consecuencias fatales para cualquiera.
Estamos analizando las masacres, en este caso la de Barlovento pero también se incluye en este contexto lo de Cariaco y tenemos una pregunta: la motivación ¿qué motiva o qué pudiera estar detrás de todo esto?
Sí, una pregunta muy interesante que nos da mucha tela para cortar. El señor preguntaba ¿cuáles pudieran ser los móviles? En este estado de las investigaciones, yo creo que cualquier cosa que podamos decir con respecto a los móviles pueden ser conjeturas, especulaciones, que aportarían muy poco, hay que esperar el resultado de las investigaciones. Si bien Sandoval lanzó varias hipótesis razonables, el problema allí, como señalamos al inicio, es que cuando se le da tanto poder, de manera ilimitada a los policías y a los militares para que hagan su voluntad sin ningún tipo de consecuencias, cuando eso sucede, los resultados pueden ser los que estamos viendo. Él tocó un aspecto importante que es la inocencia de las personas que resultaron víctimas del evento de Barlovento, por supuesto, eso lo hace repudiable, condenable, pero tampoco debemos concentrarnos solamente en la cualidad de inocentes de las víctimas, porque aun no siendo inocentes ese tipo de hechos tampoco pueden legitimarse ni permitirse. Porque en el país no existe formalmente la pena de muerte, pena que por cierto está en proceso de extinción en todo el mundo, y en caso de que existiese la pena de muerte ésta sería consecuencia de un juicio y de una decisión de un juez, no la administrarían ni policías y militares en la calle. Entonces, legitimar una muerte por la inocencia o no de las víctimas, debe también erradicarse, no solamente del debate público, sino también en los discursos de los funcionarios del Estado. No se puede poner el acento en que eran inocentes, entonces ¿si no eran inocentes estaban bien muertos? hay que tener cuidado con eso porque los derechos tienen que ser para todos, no solamente para los inocentes, porque cuando empezamos a legitimar que los delincuentes no tengan derechos, estamos legitimando que nos vuelen los derechos a todos nosotros.
Pero fíjate que hay una matriz de opinión o lo que ha estado durante mucho tiempo antes de este suceso, que Barlovento es una zona insegura, de mucha criminalidad, asalto a las casas, saqueo, asalto a las unidades de transporte. Bueno, prácticamente se metían a las casas y robaban alimento, es decir, hay un ambiente, una matriz de inseguridad fuerte. Entonces alguien escribe: “Bueno ¿por qué ahora se quejan si se estaba pidiendo mano dura en Barlovento? Ahora que ponen mano dura ¿los malos son los militares?”.
Muy buena reflexión, la consecuencia de las demandas de mano dura es este tipo de eventos y aquí no se trata ni de mano dura ni de mano blanda. Aquí tienen que haber manos y detrás de esas manos, tiene que haber un cerebro y detrás de ese cerebro, tiene que haber una institución y tienen que haber leyes. Nuestra situación de inseguridad es grande, el principal indicador es la tasa de homicidios, que en Venezuela es una de las más altas -por cierto, hay una opacidad brutal por parte del Estado con este tipo de cifras, afortunadamente el Ministerio Público ha estado informando los últimos dos años sobre las mismas-. Pero no podemos por el estado de inseguridad en el que estamos volvernos locos, ni darle un cheque en blanco a los militares y policías para que hagan su voluntad, porque cuando hacen su voluntad, la inseguridad se incrementa. Con este evento, por ejemplo, hay que preguntarle a la audiencia: ¿ustedes creen que con este caso de Barlovento ahora están más seguros?, ¿las familias de Barlovento se sienten más seguras con la presencia de los militares y de la policía en sus calles?, ¿a quienes creen ustedes que la gente de Barlovento ahora le teme más: a la delincuencia o a los policías y militares?
No se puede permitir que el Estado termine comportándose como la delincuencia que pretende combatir. La delincuencia se frena, se controla, se reduce con mayor institucionalidad, con la aplicación de las leyes. El hecho que uno denuncie violaciones de Derechos Humanos o excesos policiales y militares no debe interpretarse como una petición de inacción por parte del Estado. Por el contario, uno quiere una mayor intervención del Estado, pero una intervención legítima, una intervención legal. Una intervención no solamente penal, el Estado debe intervenir en su totalidad, debe intervenir oportunamente en los conflictos, debe satisfacer las necesidades básicas de la población, debe contener oportunamente la violencia, debe dar respuestas proporcionales, y en los casos que deba reprimir, debe hacerlo, pero en el marco de la legalidad, porque cuando permitimos que el Estado se convierta en delincuente, entonces ahí sí quedamos vulnerables, no solamente con la delincuencia, sino respecto al propio Estado. Entonces en ese estado estaríamos siendo victimizados triplemente: por la situación socioeconómica, la delincuencia y el propio Estado.
Hay que tener cuidado con las formas en las que nosotros vamos a reclamar la intervención del Estado. Hay que exigir que el Estado nos proteja nuestra vida, nuestra integridad, esto no debe traducirse en excesos por parte de los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado.
Permítanos, profesor Keymer Ávila, vamos a hacer contacto con Joanne González desde Cumaná, para mirar un poco todo lo que fue la situación de Cariaco. Adelante, Joanne.
Joanne González: Así es. Buenos días, Javier. Buenos días, a toda Venezuela. Todavía acá en Cariaco, en lo que se conoce como la masacre de éste sector, donde fallecieron once personas. Continúan las dudas sobre las investigaciones que se vienen realizando, hasta los momentos se ha callado un poco debido a justamente a este caso de Barlovento, ya las miradas han dejado de estar del lado de Cariaco y se han ido hacia otro lado, hasta los momentos se ha enfriado prácticamente lo que se venía haciendo en este caso. Como ya lo sabemos hay cinco personas detenidas, entre éstos, dos pertenecientes a la Guardia Nacional Bolivariana, específicamente al Conas; quienes están justamente imputados por este caso, donde fallecieron once personas en esta zona del estado Sucre.
Los vecinos siguen exigiendo, pidiendo justicia para sus familiares y algunos casos se han vinculado, justamente han realizado protestas en una zona donde se encuentra una empresa arenera, porque vinculan parte de estas acciones los dueños o a alguna relación de estas personas con estos asesinatos.
Bueno y ¿alguna pregunta que puedas generar para nuestro invitado, Joanne?
Joanne González: Bueno la pregunta es la que se están realizando justamente las personas acá, ¿cómo evitar que en un futuro sigan arremetiendo los cuerpos de seguridad, que sin orden de allanamiento, sin lidiar palabras, arremeten contra personas que se encuentran en cualquier sitio? En este caso les tocó a los habitantes de Cariaco que ahorita están viviendo bajo un trauma, que no quieren salir justamente de sus casas porque no saben quién son más delincuentes, si los propios amigos de lo ajeno o los diferentes cuerpos de seguridad.
Muchas gracias, desde Cumaná esta intervención. ¿Qué dice Keymer Ávila?
Ávila: Mira, primero, como ciudadanía tenemos que ser cuidadosos cuando vamos a demandar mayor seguridad. La seguridad debe ser un medio, un instrumento, no un fin en sí mismo. Uno pide seguridad para que le protejan la vida, uno pide seguridad para proteger su integridad personal, uno pide seguridad para tener más libertad. Si a mí en busca de seguridad me van a quitar la vida, me van a deteriorar mi integridad personal, me van a quitar mi libertad, entonces mejor no me cuides. Entonces, la gente lo que debe pedir es que se le respete su derecho a la vida, a la integridad, a la libertad. Las políticas de seguridad no pueden significar nunca una reducción o violación de derechos, eso en primer lugar. Nosotros como ciudadanía tenemos que ser muy tácticos en cómo va a ser nuestra demanda de las políticas criminales, cómo va a ser la intervención del Estado ante el problema que tenemos. En segundo lugar, tenemos que denunciar, sé que hay una crisis institucional en el país y que en muchas ocasiones, la denuncia puede ser riesgosa pero hay que buscar formas de organización, tanto entre las personas afectadas como entre éstas y las instituciones, hay que tratar de construir alianzas institucionales, la denuncia no se puede dejar de hacer; hay que ir de manera paralela, no solamente a una institución, hay que ir de manera paralela al Ministerio Público, a su Dirección de Derechos Fundamentales, que queda en la Avenida México, en el caso de Caracas y en el caso del resto de los estados del país, tienen que ir a las fiscalías superiores o buscar al Fiscal de Derechos Fundamentales de su estado; ir a la Defensoría del Pueblo, y paralelamente, ir a las ONG que trabajan en materia de Derechos Humanos, como la Red de Apoyo para la Justicia y la Paz, COFAVIC, Provea, todo esto de manera paralela. Ahorita, esta última semana, la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional ha estado muy activa, vayan también a la Asamblea Nacional, vayan a las instituciones porque como ciudadanía lo que tenemos que reclamar es mayor institucionalidad. Tenemos que exigirle a la dirigencia política, de ambos bandos, que respondan, que se hagan responsables, porque los cuerpos de seguridad del Estado deben tener un control político, en términos de la alta política, no partidista, sino un control político-institucional. Los políticos también tienen que dar la cara por este tipo de eventos. Yo creo que en esas tres aristas: ver cómo son nuestras demandas de mayor seguridad para nuestros derechos; la denuncia ante las instituciones, no solamente del Estado, sino también, a organizaciones de la sociedad civil; y el reclamo a la dirigencia política, son como tres grandes áreas en las que nos podemos ir activando. Además de la contraloría ciudadana en los órganos de seguridad ciudadana.
Barrios: Bueno, Keymer Ávila, muy amable por atendernos, en este diálogo con Fe y Alegría y el programa “A Fondo”. Muchas Gracias.
Muchas gracias, Javier. Quería dejar en el aire también una idea: si bien los casos de Cariaco, Barlovento, Tumeremo, son escandalosos porque se consiguen una gran cantidad de víctimas en un solo evento, no debe perderse de vista también que aquí hay una masacre por goteo. En enero, la Fiscal General habló de doscientas cuarenta y cinco personas fallecidas en manos de los cuerpos de seguridad del Estado ¿qué ha pasado con esos casos? En un seguimiento que llevamos de prensa, hemos contado ya mil personas, en lo que va de año, muertas en manos de los cuerpos de seguridad del Estado. Entonces aquí también hay masacre por goteo que debe denunciarse, hay que aprovechar estos dolorosos eventos para también visibilizar la enorme cantidad de casos que están ocurriendo en el país.
Entrevista completa a Keymer Ávila realizada por Javier Barrios en el programa “A Fondo”, transmitido por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría el 01 diciembre de 2016.
El programa puede ser escuchado en el siguiente enlace: http://www.radiofeyalegrianoticias.net/sitio/2016/12/en-venezuela-hay-masacre-por-goteo-audio/
