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Una protesta en demanda de alimentos realizada este jueves en la localidad de Upata, al sur de Venezuela, ha dejado un saldo de una persona asesinada y al menos dos heridas.

Charlis Antonio Nuñez Palma (29) falleció luego de recibir dos impactos de bala en la cabeza mientras participaba en la manifestación. Testigos de lo ocurrido señalaron a funcionarios de la Policía Municipal de Piar como responsables de dar muerte a Nuñez Palma.

Otras dos personas resultaron heridas a consecuencia de la represión ejercida por los efectivos policiales y por militares de la Guardia Nacional Bolivariana.

Kelvin Alfonzo Maurera (23) recibió un impacto de bala en la parte posterior del cuello; y Samuel Alexander Candurin Torres (15) una herida de bala en la rodilla derecha. Ambos se encuentran en condición estable según reportaron periodistas locales.

Desde la mañana de este 23 de abril, cientos de habitantes de Upata tomaron las calles del poblado para protestar contra el incremento de precios de los alimentos de primera necesidad.

En días recientes, la caída del bolívar frente al dólar ha ocasionado un acelerado aumento de los productos de la dieta básica, menguando aún más el debilitado poder de compra de los venezolanos.

De acuerdo a los reportes, la protesta desembocó en el saqueo de cinco comercios de la zona y la posterior militarización del municipio.

Morir por exigir comida

Charlis Antonio Nuñez Palma se convirtió en la primera persona asesinada en el contexto de protestas durante el 2020. Su asesinato se produjo en medio de una tímida pero creciente nueva ola de descontento social que está siendo atizada por la crisis económica, agravada a su vez, por el colapso generalizado de los servicios públicos, la estrepitosa caída de los precios del petróleo, y el autoritarismo ejercido por el régimen de Maduro en medio de las medidas de confinamiento dictadas por la pandemia COVID-19 .

La incapacidad de Maduro para reconocer el impacto diferenciado de la cuarentena en poblaciones vulnerables -y el manejo represivo de la crisis-, ha socavado aún más la soberanía y seguridad alimentaria de las familias venezolanas, ocasionando un aumento exponencial del hambre y la pobreza que ha empujando a miles de habitantes de las comunidades y poblaciones más empobrecidas del país a tomar las calles para reclamar derechos, a pesar de los riesgos de represión o contagio por Coronavirus.

Junto a Nuñez Palma, 45 personas han sido asesinadas en protestas exigiendo servicios públicos, medicinas y alimentos, entre el 23 de septiembre de 2017 y el 23 de abril de 2020. Al menos otras 77, incluyendo al adolescente de 16 años Rufo Chacón -gravemente herido el 01 de julio de 2019-, fueron lesionadas por agentes de seguridad y paramilitares en manifestaciones por las mismas demandas, realizadas entre 2018 y lo que va de año.

Un escenario de emergencia humanitaria compleja; ausencia de institucionalidad democrática y sistemáticos abusos contra los derechos humanos, han condenando a los venezolanos a condiciones de vida extremadamente precarizadas. Es, en un contexto generalizado de negación de la ciudadanía, cuando la respuesta Estatal no se produce desde una dimensión institucional, democrática y restauradora de derechos, sino por el contrario, se afianza en la lógica negadora y excluyente para aplastar los reclamos y ejercer mecanismos de castigos “ejemplarizantes” para el resto de la población.

Provea lamenta y condena enérgicamente estos hechos y recuerda que, tal como lo afirmó el informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en agosto pasado, en Venezuela se ha instalado un patrón sistemático y generalizado de abusos contra los Derechos Humanos, dirigido a castigar severamente el disenso e infundir terror en la población. El uso excesivo e indiscriminado de la fuerza contra la población civil ha generado decenas de muertes y graves lesiones a manifestantes pacíficos y demuestra el enorme déficit institucional para frenar los abusos, que por el contrario, son alentados por altos funcionarios del Estado venezolano.