El pasado 17 de octubre se presentó en la sede de la Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA), en la ciudad de Puerto Ayacucho, estado Amazonas, el libro “La Masacre de los Yanomami de Haximú 30 años después: una perspectiva de defensa de los derechos indígenas» un documento que conmemora los 30 años de la Masacre de Haximú ocurrida entre los meses de junio y julio de 1993, en el estado Amazonas, y en la que, tras varios ataques ejecutados por garimpeiros brasileños, 16 indígenas yanomami fueron asesinados.

El abogado Luis Jesús Bello, del Programa Venezolano de Promoción de los Derechos Indigenas en Venezuela “Wayamoutheri” y editor de este trabajo colaborativo, señaló en su introducción que el libro tiene un valor histórico muy importante porque muestra la grave situación que estaba viviendo el pueblo Yanomami como consecuencia de la invasión de su territorio por miles de garimpeiros quienes estaban trabajando la minería ilegal del oro a gran escala. Destacó que en el origen de la Masacre de Haximú «hay una situación interétnica de conflicto creada por la presencia de los mineros que entran en divergencia con las comunidades de la zona debido a sus agresiones a la población indígena«.

Bello resaltó que se trata de una obra colectiva realizada por un conjunto de organizaciones sociales, indígenas y académicas que se unieron para conmemorar estos hechos ocurridos hace tres décadas. Dentro de esta alianza destacan el Programa de Protección de los Derechos Indígenas Wayamoutheri, el Observatorio en Defensa de la Vida (ODEVIDA), ORPIA, el Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas de la Universidad de Los Andes (GTAI-ULA), Survival International, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB), la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, Horonami Organización Yanomami (HOY), la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas, la Galería ABRA CARACAS y Provea.

Inti Rodríguez, miembro del equipo de Provea, reflexionó sobre el cumplimiento de los acuerdos suscritos por el Estado venezolano en el marco de la solución amistosa del caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, especialmente en lo relativo a la salud y la vigilancia, control y protección del territorio Yanomami ante el avance de la minería ilegal. Destacó que en la actualidad las condiciones que propiciaron la Masacre de Haximú siguen presentes y se han agravado, debido al aumento exponencial de las actividades extractivas y la presencia de grupos irregulares armados en territorios indígenas de los estados Amazonas y Bolívar.

Por su parte Aimé Tillett del Programa Wayamoutheri, hizo un análisis general sobre la situación de salud y la ejecución del Plan de Salud Yanomami con fuerza y efectividad en un comienzo, pero luego en declive debido a la ausencia de asignación de recursos. Tillett dijo que los mineros han vuelto a la región, las comunidades están nuevamente invadidas y la situación de salud se ha agravado nuevamente en el área.

Finalmente Vladimir Aguilar del GTAI-ULA hizo varias lecturas del caso de la Masacre de Haximú, teniendo aspectos políticos, jurídicos y organizativos, vinculados a la exigencia de derechos indígenas no implementados. Aseguró que las organizaciones indígenas deben dar luchas importantes para hacer efectivos sus derechos utilizando todo el marco normativo existente.

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