Ante lo que consideran una «flagrante invasión y violación de los derechos originarios a las tierras comunitarias», habitantes de la comunidad indígena pemón de San Luis de Morichal, situada en el municipio Sifontes del estado Bolívar, se declararon en emergencia debido a la ocupación de sus territorios por parte de mineros ilegales en la zona de El Chivao, en el rio Chicanan, ubicado apenas a un kilometro de distancia del centro de la comunidad.
Mediante un comunicado divulgado este lunes 22 de febrero, los habitantes de la comunidad calificaron la ocupación como una amenaza directa a sus territorios, modos y costumbres que «ha afectado a los niños y niñas de la comunidad, psicológica y emocionalmente», conduciendo incluso a la suspensión de las actividades escolares en la comunidad mientras se mantenga la ocupación.
Desde comienzos de febrero, los pemones de San Luis de Morichal, han denunciado la ocupación de sus tierras por parte de un numeroso grupo de mineros ilegales y actores armados. La zona ilegalmente ocupada, comprenden las minas Chiwao, Mochila, Pistón y Clarita de Uroy, situadas en las cuencas del río Chicanan, afluente del río Cuyuní, un enorme e importante cauce de agua en el que Nicolás Maduro autorizó la minería fluvial en abril pasado.
Durante una asamblea realizada este domingo 21 de febrero, la comunidad acordó ejercer el derecho que le asiste de proteger el hábitat y tierras «ante la inminente amenaza de los invasores de iniciar las labores de minería en el sitio de El Chivao, tal como un grupo de ellos ya lo está haciendo en algunos puntos».
Morichal-PronunciamientoLas amenazas contra esta y otras comunidades indígenas de la región no son nuevas. En octubre de 2017, líderes indígenas de la región denunciaron que cinco indígenas habían sido asesinados entre 2016-2017 por grupos armados vinculados a la minería ilegal en el estado Bolívar. El acoso permanente por parte de mineros ilegales y grupos armados irregulares contra indígenas de San Martín de Turumbán, San Luis de Morichal y La Paragua obligó entonces a los habitantes de estas comunidades a conformar -en el marco de la jurisdicción especial indígena- las «Guardias Territoriales», para ejercer la vigilancia y protección del territorio, frente a los ataques armados y ocupaciones ilegales por parte de terceros no indígenas.
La creación en 2016 del llamado Arco Minero del Orinoco, propició la masificación de las actividades mineras a gran escala -con la consecuente afectación al medio ambiente y a los territorios indígenas-, y las crecientes disputas entre agrupaciones irregulares y agentes del Estado para controlar los territorios y ejercer la dirección de las economías criminales que se sostienen de la riqueza del subsuelo. El Estado abandonó sus responsabilidades en estas zonas fronterizas y ricas en recursos minerales, y el territorio ha sido penetrado por economías criminales de todo tipo, dejando en medio de la confrontación, a cientos de miles de pobladores en condición de vulnerabilidad y sin posibilidades de obtener respuestas y asistencia institucional.
En el comunicado divulgado este lunes, los habitantes de San Luis de Morichal, advierten que tomarán las acciones y medidas necesarias «para frenar cualquier intento de los invasores de iniciar trabajos de minería en sus tierras», y exigen a la administración Maduro cumplir el acuerdo firmado con las autoridades de la comunidad el de febrero del presente año, que comprometía al Estado a ejercer acciones para impedir la consolidación de la ocupación del territorio pemón y la instalación de campamentos mineros en la zona.
La amenazante presencia de grupos armados en territorios indígenas
La presencia de agrupaciones irregulares armadas en los estados Amazonas y Bolívar ha sido denunciada al menos desde el año 2013, sin que el Estado venezolano haya actuado para abordar dicha situación. Entre junio y diciembre de ese año, representantes de la Organización Indígena Piaroas Unidos del Sipapo (OIPUS), acudieron en dos ocasiones a la Fiscalía General de la República, Defensoría del Pueblo y Asamblea Nacional, para denunciar la presencia de mineros ilegales; transnacionales mineras y grupos guerrilleros de las ahora desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en territorios indígenas venezolanos ubicados en la cuenca del Río Sipapo en el estado Amazonas.
Luego de los sucesos conocidos como la Masacre de Tumeremo, ocurrida en marzo de 2016, Provea exigió a las autoridades tomar medidas efectivas para erradicar y sancionar la actuación de grupos armados involucrados en actividades extractivas o de otra índole. Pero mientras persista la imposición de medidas que afectan los derechos de los pueblos indígenas por parte de las autoridades, la ausencia institucional y democrática del Estado, y se consoliden las estructuras criminales que disputan el territorio, estas comunidades seguirán amenazadas.
