Detención, acoso y persecución de trabajadores humanitarios y activistas
(Washington D.C., 21 de diciembre de 2020) – Las autoridades venezolanas acosan y persiguen penalmente a organizaciones de la sociedad civil que llevan a cabo la tarea esencial de responder a la emergencia humanitaria en el país, señaló hoy Human Rights Watch.
Desde noviembre de 2020, las autoridades venezolanas que responden a Nicolás Maduro y sus fuerzas de seguridad han llevado a cabo una campaña sistemática contra organizaciones humanitarias y de derechos humanos que trabajan en el país, que ha incluido congelar sus cuentas bancarias, emitir órdenes de detención y allanar sus oficinas, además de detener a algunos de sus miembros para interrogarlos. A su vez, las autoridades bancarias están aplicando restricciones que limitan el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, y el gobierno no ha brindado los permisos necesarios para que personal internacional pueda ingresar en Venezuela a algunas de las principales organizaciones humanitarias.
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“Las autoridades venezolanas han dejado en evidencia que les interesa más reprimir al pueblo que ayudarlo al bloquear el trabajo de las organizaciones humanitarias en un contexto de emergencia humanitaria, en el cual niños y niñas pasan hambre y los pacientes con Covid-19 necesitan recibir tratamiento adecuado”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “La comunidad internacional debe instar categórica y urgentemente a las autoridades venezolanas a que permitan que las organizaciones humanitarias y de derechos humanos venezolanas e internacionales lleven a cabo sus actividades para evitar que se sigan perdiendo vidas”.
El 23 de noviembre, el Ministerio Público dictó una orden de arresto contra seis trabajadores humanitarios de la organización no gubernamental Alimenta la Solidaridad –que gestiona 239 comedores donde comen 25.000 niños y niñas y entrega 1.500 comidas gratis cada día a trabajadores de la salud que brindan asistencia durante la pandemia – y de la organización internacional Save the Children. Se los acusa de legitimación de capitales y asociación ilícita. Los activistas no han tenido acceso al expediente penal de la causa en su contra.
El 24 de noviembre, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Venezuela (SEBIN) allanaron la ex sede de Alimenta la Solidaridad en Caracas sin mostrar ninguna orden. Al día siguiente, requisaron la vivienda de los padres del fundador de la organización y preguntaron por su paradero.
El trabajo que llevan adelante estos comedores es esencial. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (UNOCHA) considera que la seguridad alimentaria y la desnutrición son problemas graves en Venezuela. En 2019, una evaluación del Programa Mundial de Alimentos estimó que 2,3 millones de venezolanos se encontraban en situación de inseguridad alimentaria grave y otros 7 millones en situación de inseguridad alimentaria moderada. En algunas comunidades de bajos ingresos, más del 14 % de los niños y niñas menores de cinco años presentaban desnutrición, según indica un informe publicado por Cáritas en julio.
Si bien Médecins Sans Frontières (Médicos sin Fronteras oMSF) ha incrementado la ayuda humanitaria que brinda en Venezuela durante el último año, el 24 de noviembre anunció que se iría del hospital Ana Francisca Pérez de León II en Caracas, donde había estado ayudando en la respuesta al Covid-19 desde marzo. Al retirarse la organización, 150 profesionales de la salud se fueron del hospital y casi 100 más dejaron de recibir apoyo de MSF. El gobierno venezolano nunca respondió a los pedidos de MSF para que se le concedieran permisos de trabajo, lo cual impidió que su personal pudiera entrar a Venezuela. MSF había incorporado personal venezolano y realizado consultas remotas con otros profesionales, pero no pudo seguir brindando la asistencia necesaria a los pacientes de Covid-19 sin la presencia de sus especialistas y personal internacional.
El 15 de diciembre, agentes de la Fuerza de Acción Especial (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) allanaron la sede de la organización de derechos humanos Convite, que da seguimiento a la situación de los derechos de los adultos mayores en Venezuela y ha distribuido ayuda humanitaria a 4.500 personas en varios estados. Los agentes le presentaron al personal de Convite un documento que dijeron era una orden de allanamiento, la cual les permitía buscar explosivos, armas y evidencia de actividades relacionadas con terrorismo. No les no entregaron una copia de dicho documento.
Los agentes confiscaron tres computadoras y dos teléfonos celulares que retuvieron durante varias horas y trasladaron al director de Convite, Luis Francisco Cabezas, y a su administradora, Patrizzia Latini, a una sede de FAES para interrogarlos. Los agentes confiscaron sus teléfonos, no les permitieron contactar a sus abogados y los interrogaron durante dos horas antes de permitirles irse.
La FAES ha estado implicada en gravísimos abusos que incluyen ejecuciones extrajudiciales. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha manifestado preocupación ante la posibilidad de que las autoridades hayan usado a agentes de la FAES para infundir temor en la población local al hacer uso excesivo de la fuerza en el contexto de operaciones de seguridad, allanar viviendas, confiscar artículos personales y perpetrar actos de violencia.
Asimismo, el 20 de noviembre, la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, SUDEBAN, exigió que los bancos realizaran un monitoreo más riguroso de las operaciones financieras de organizaciones sin fines de lucro nacionales e internacionales a fin de identificar a quienes envían y reciben fondos de esas organizaciones. Alimenta la Solidaridad expresó que SUDEBAN también dispuso congelar sus cuentas bancarias e impidió que accediera a los fondos necesarios para llevar a cabo sus actividades humanitarias.
SUDEBAN también limitó el uso de las tarjetas prepagas en dólares estadounidenses que han estado utilizando empresas y organizaciones para pagar sueldos y beneficios a sus empleados ante la devaluación del Bolívar, la moneda venezolana. Esta medida limita aún más a la capacidad de organizaciones humanitarias y de derechos humanos de conservar su personal y realizar sus actividades.
También en noviembre, el poderoso político Diosdado Cabello, aliado de Nicolás Maduro y miembro electo de la próxima Asamblea Nacional, anunció que la nueva Asamblea Nacional adoptaría una ley para regular la posibilidad de que las organizaciones obtengan fondos internacionales.
Está previsto que los nuevos miembros de la Asamblea Nacional asuman el 5 de enero de 2021, pese a la amplia condena internacional a las elecciones legislativas celebradas el 6 de diciembre, que no fueron ni libres ni justas. En varias instancias, Cabello ha amenazado con establecer medidas para regular los fondos internacionales destinados a organizaciones en el país, incluso cuando presidía la Asamblea Nacional Constituyente, el poder legislativo de facto en Venezuela desde 2017.
El 18 de diciembre, expertos de derechos humanos de la ONU exhortaron a las autoridades venezolanas a poner fin a la represión a organizaciones de la sociedad civil. Conforme al derecho internacional, los gobiernos deben asegurar que los defensores de derechos humanos puedan llevar a cabo sus actividades legítimas sin sufrir represalias, amenazas, intimidación, acoso, discriminación u obstáculos legales innecesarios. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que “l respeto de los derechos humanos en un Estado democrático depende, en gran parte, de las garantías efectivas y adecuadas de que gocen los defensores de derechos humanos para realizar libremente sus actividades, y que es conveniente prestar particular atención a acciones que limiten u obstaculicen el trabajo de los defensores de derechos humanos”.
El derecho internacional de los derechos humanos también obliga a las autoridades venezolanas a respetar, promover y asegurar los derechos económicos, sociales y culturales en Venezuela, lo cual incluye el derecho a un estándar de vida adecuado, a la alimentación y al más alto nivel de salud posible.
