En el marco de la iniciativa de Agenda Urgente, organizada por el Centro de Justicia y Paz (CEPAZ), el Programa Venezolano de Educación-Acción de Derechos Humanos (PROVEA) y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (Centro DDHH UCAB), se realizaron un conjunto de actividades correspondientes a la tercera fase del proyecto.

El evento empezó algunas palabras de Juderkis Aguilar y Carlos Guerra, quienes destacaron la importancia de promover espacios donde vinculen a las organizaciones de derechos humanos del interior del país.

Aguilar señaló que Agenda Urgente está integrado por tres fases: una fase educativa, donde se le brindan las herramientas y el conocimiento de las políticas públicas a la sociedad civil, una etapa diagnóstico donde se establecieron 5 mesas de trabajo (crisis alimentaria, Justicia-institucional, Participación electoral, Cultura de paz y Manifestación pacífica y libertad de expresión). En esta tercera fase se juntan las propuestas que han sido planteadas y se buscan consolidar acciones de consenso.

Relatoría y Reflejo social

Joyffer Briceño, abogado del equipo de exigibilidad de Provea, realizó una relatoría en donde presentó los documentos de consulta en materia de libertad de expresión y manifestación pacífica. Entre el conjunto de puntos destacaron las siguientes problemáticas:

  • Criminalización de la protesta como la libre expresión (vídeos y opinión)
  • Criminalización de la protesta por parte de los Agentes del Estado
  • Represión desproporcional de las manifestaciones pacíficas
  • Violación al derecho de la manifestación pacífica.

De igual forma salió a colación el desconocimiento de las 3D (Documentar, denunciar y difundir), y la subestimación del derecho de libertad de expresión asociado únicamente a la prensa. También se mencionó la invisibilización de las organizaciones de derechos humanos del interior del país y las constantes amenazas a las que se ven expuestos periodistas y activistas ambientales.

Empoderamiento ciudadano

Inti Rodríguez, coordinador del Programa de Monitoreo, investigación y Difusión de Provea, presentó una ponencia versando sobre la importancia de generar mecanismos alternativos de protesta y del empoderamiento ciudadano.

Destacó los siguientes puntos:

Estándares del Derecho en materia de manifestaciones:

  • Declaración Universal DDHH
  • – PIDCP art. 21.
  • CADH Art. 15 reconocimiento del derecho a la reunión pacífica
  • Principios OIT. Derecho a la huelga (Art. 89-98)
  • Inf. Relator ONU- Derecho a la manifestación.

En el marco nacional mencionó los artículos 53,68 y 97 de la CRBV, y la Ley de Partidos Políticos. En cuanto a restricciones identifico patrones frente a la prohibición de manifestaciones, restricciones injustificadas y exigencia de requisitos innecesarios. “La forma legal no se cuida en la actualidad” señaló Rodríguez.

El investigador advirtió sobre un ámbito jurídico cada vez más “estrecho” mediante la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación (2002), la Ley de Defensa de las Personas en el Acceso a bienes y servicios y la Resolución 008610. “Vivimos en una Dictadura del Siglo XXI, donde las garantías están restringidas, hay un conjunto de amenazas donde la gente debe seguir documentando, haciendo campañas de visibilización y organizándose, ejerciendo su derecho.”

Oswaldo Calí, abogado de la ONG Espacio Público, se enfocó en las vulnerabilidades y violaciones del derecho de libertad de expresión a las que está expuesto el ciudadano. Mencionó el cierre de emisoras radiales y el bloqueo de páginas web, mediante los cuales el Estado busca cercar cada vez más al ciudadano.

“Los medios públicos deben tener cierta diversidad, mientras que los medios privados pueden tener la línea editorial que deseen, en Venezuela no vemos este fenómeno. El Internet es la única ventana que nos queda en materia de expresión y ya se han empezado criminalizar los espacios de opinión”

Calí expuso cifras de violación del derecho de libertad de expresión, entre las cuales destacó 191 casos entre enero y abril de 2017.

Finalmente se organizaron las mesas de trabajo y se debatieron acciones de consenso por parte de las organizaciones de derechos humanos de diferentes partes del país, entre algunas de éstas se encuentran la visibilización de detenidos, la construcción de campañas y la ejecución de procesos que aún siguen en discusión y coordinación.


Prensa Provea