Este martes 21 de marzo, representantes de ONG venezolanas se dieron cita en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) ubicada en Washington para conversar sobre la situación política y de Derechos Humanos de Venezuela.

Gonzalo Himiob, director de Foro penal, Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, Marco Ponce, coordinador general del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social e inti Rodríguez, coordinador de investigación del Programa Venezolano de Educación- Acción en DDHH, Provea, fueron las voces delegadas de las organizaciones venezolanas.

El  Secretario general de la OEA, Luis Almagro, abrió el debate, basando su intervención en los hallazgos sobre la situación del país que fueron presentados en un primer informe el pasado 30 de mayo de 2016, un día antes de invocar la Carta Democrática para Venezuela, y casi un año después dicho documento fue actualizado y presentado nuevamente por el diplomático ante el Organismo, persistiendo en la necesidad de que se aplicara la medida diplomática al país.

“El gobierno no se puede juzgar a sí mismo,lo tienen que hacer los ciudadanos.Por eso es tan importante el papel de la sociedad civil”

Entre los puntos tratados por Almagro en el debate están: la preocupación porque los ciudadanos no pueden ejercer sus derechos frente a un gobierno autoritario; la existencia de presos políticos. “El gobierno de Venezuela no se ha convertido solamente en una dictadura, sino también en una especie de tiranía”; asimismo mencionó el caso de los sobrinos de la Primera Dama como indicio de las vinculaciones de altos funcionarios del gobierno con el narcotráfico. Otros temas puesto sobre la mesa fueron la escasez de alimentos y medicinas, la inflación, la mortalidad infantil. Además enfatizó en la importancia de la contraloría social. “El gobierno no se puede juzgar a sí mismo,lo tienen que hacer los ciudadanos.Por eso es tan importante el papel de la sociedad civil”.

Para concluir su intervención dijo que todos los ciudadanos venezolanos necesitan justicia y ratificó el compromiso de la Organización en “trabajar juntos para recuperar la democracia”.

“Desde enero del 2014, hemos registrado más de 6 mil arrestos por causas políticas, por ejercer sus derechos constitucionales”

Gonzalo Himiob fue el primero de los representantes de las organizaciones en tomar la palabra para exponer las violaciones a la libertad personal que ha ejecutado el gobierno de Nicolás Maduro por razones políticas. “Desde enero del 2014, hemos registrado más de 6 mil arrestos por causas políticas, por ejercer sus derechos constitucionales”. Aseguró que hasta la fecha, según estadísticas de Foro por la Vida, existen 115 detenidos políticos. Recordó, de igual manera, a las personas que han sido privadas de libertad y a quienes no se les ha garantizado el derecho a la justicia.

Mercedes de Freita expuso la situación del país desde el trabajo que viene haciéndose en la organización que preside. Planteó dos elementos claves: “falta de separación de poderes y corrupción enquistada que convierte a ese dúo en un círculo vicioso donde se alimenta uno al otro”.

Señaló que en 2016 el indice de percepción de corrupción en el caso venezolano es de 17 sobre 100, según Transparencia Internacional. Asimismo explicó que los estudios desde 1995, cuando se introdujo esta medida estadística, siempre han arrojado resultados poco favorables, sin embargo con el paso de los años, contrario a otros países que han hecho esfuerzos en la lucha contra la corrupción, reflejados en los resultados del estudio de la organización, Venezuela ha desmejorado en esta materia.

“Hace falta rendición de cuenta para controlar la corrupción… No solo tenemos informes vacíos acerca de la gestión del Estado sino que ni siquiera tenemos información pública”

Otro de los puntos abordados por De Freitas, fue el referido a cómo el país cumple con las características teóricas de lo que se denomina corrupción: Monopolio, control del Ejecutivo sobre el resto de los poderes: judicial, electoral, ciudadano y además su dominio sobre el aparato económico. Todo ello conduce a otros elementos clave cuando De Freitas habla de corrupción: opacidad de cifras oficiales. “Hace falta rendición de cuenta para controlar la corrupción… No solo tenemos informes vacíos acerca de la gestión del Estado sino que ni siquiera tenemos información pública. La solicitud de acceso a la información nos está negada porque el tribunal supremo ha legalizado la opacidad”. Y para finalizar su intervención,habló del nepotismo que el gobierno ha implantado.

A Transparencia Venezuela le siguió el Programa Venezolano de Educación- Acción en Derechos Humanos, Provea, con Inti Rodríguez, quien arrancó su intervención explicando por qué a partir del 20 de octubre de 2016 Provea catalogó al gobierno de Nicolás Maduro como una dictadura moderna, como es recordado el gobierno de Alberto Fujimori en Perú a finales de la década del noventa.

“En 2015, a ocho meses de la creación de los Operativos de Liberación del Pueblo (OLP) se detuvieron 20 mil personas”

En ese sentido, explicó cómo el gobierno venezolano, electo por voto popular “usó la democracia para extinguir la libertad y los derechos”; ha venido prolongando un estado de emergencia que “viola los derechos humanos y quebranta la democracia”. También habló de la militarización del Estado y la seguridad ciudadana como política. “En 2015, a ocho meses de la creación de los Operativos de Liberación del Pueblo (OLP) se detuvieron 20 mil personas; además, hasta ahora, 976 viviendas fueron demolidas en el marco de OLP violando derecho a la vivienda”.

Tocó el tema de la crisis humanitaria, situación que las organizaciones de la sociedad civil ha venido documentando, y de la negativa del gobierno a aceptar la cooperación internacional por parecerle una forma de injerencia extranjera. Expresó, asimismo, la preocupación de las organizaciones y activistas de DDHH, frente a las amenazas del presidente Nicolás Maduro hacia quienes apoyen y promuevan la activación de la Carta Democrática. “el propio presidente ha dicho qué hay que poner mano de hierro a quienes soliciten Carta Democrática”.

El activista explicó cómo la situación económica ha empobrecido y afectado a los ciudadanos y específicamente a los sectores más vulnerables. “Es importante el apoyo de la OEA para que Venezuela vuelva a la democracia”, concluyó.

Marco Ponce, del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, abordó la crisis de Venezuela desde lo que la organización viene investigando: las protestas sociales. Afirmo que “estamos frente a un gobierno indolente que no responde a las necesidades de la población”.

“En 2016 registramos más de 850 saqueos a nivel nacional, y hubo al menos 6.700 protestas en el país tanto en zonas urbanas como en zonas rurales”

Expuso que más del 70% de las protestas se deben a la exigencia de derechos económicos, sociales y culturales. “En 2016 el 26% de las protestas fue para exigir derecho a la alimentación”. Señaló que desde 2015 los ciudadanos tomaron las calles por la crisis de seguridad alimentaria caracterizada por la escasez. También expresó su preocupación por el aumento de este fenómeno en el país. “En 2016 registramos más de 850 saqueos a nivel nacional, y hubo al menos 6.700 protestas en el país tanto en zonas urbanas como en zonas rurales”.

En este sentido, explicó que, al contrario de lo que quiere hacer ver el gobierno, las protestas no están siendo dirigidas por partidos políticos ni gobiernos extranjeros. “La gente está protestando por la ausencia de garantía de derechos humanos. Hay crisis de servicios básicos como el agua y la electricidad”.

Otra preocupación que manifestó Ponce fue por la ausencia de correctivos en las políticas públicas para incidir en que la crisis social disminuya. “El gobierno está tomando medidas inconstitucionales que afectan a la población y agudizan los conflictos. Hace apenas una semana se intervinieron panaderías. Son medidas autoritarias que no llegan al origen del problema.”

Además, señaló que el pueblo venezolano sigue “con espíritu democrático exigiendo al gobierno que cumpla con la Constitución”, e indicó que en el año en curso las protestas seguirán, que frente a esta situación “es importante la compañía de la comunidad internacional a los ciudadanos venezolanos”.

Consideró que hay un panorama social pero también un panorama político- electoral de la crisis. Este último, afirmó, “se está convirtiendo en un gran espiral de conflictividad social que pudiese levarnos hacia un estallido social”.

Finalizó describiendo “el escenario dantesco” de las personas que se alimentan de desperdicios. “cada día que pasa, sin acciones concretas, va en contra de la calidad y la dignidad del pueblo de Venezuela”.


Prensa Provea