Este viernes, en el marco de la celebración de la 51ª sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en la ciudad de Ginebra, Suiza, el representante del Estado venezolano, Manuel Enrique García Andueza, participó en el diálogo interactivo con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sobre el informe que identifica las tendencias y desafíos recientes con respecto al derecho humano a la privacidad.
También, el funcionario venezolano tuvo una intervención en la presentación del informe «Derechos humanos de los pueblos indígenas al agua potable y al saneamiento: estado de la cuestión y enseñanzas de las culturas ancestrales«, a cargo del Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, Sr. Pedro Arrojo Agudo.
Asimismo, expresó la posición del gobierno de Venezuela respecto al reporte «Acceso a la justicia, a la rendición de cuentas y a los recursos para las víctimas de los mercenarios, los agentes relacionados con los mercenarios y las empresas militares y de seguridad privadas«, presentado por el Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación.
¿Qué dijo el funcionario de Maduro?
Derecho a la privacidad
El representante de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, destacó que la Constitución Nacional, en su artículo 48, garantiza el derecho al secreto e inviolabilidad de las comunicaciones.
Sin embargo, el funcionario no dijo que en un reporte sobre transparencia empresarial publicado por la empresa Movistar -subsidiaria venezolana de la española Telefónica-, la empresa admitió que, durante 2021, interceptó las comunicaciones de 1.584.547 de sus clientes en Venezuela, a solicitud del gobierno venezolano.
De acuerdo a las cifras suministradas por la empresa, la cifra representa a más del 20 % de sus clientes en el país. Según Movistar, entre 2017 y 2021 las solicitudes para «pinchar» líneas aumentaron 266%.
La compañía no detalló en su informe si estás solicitudes cumplieron los extremos establecidos en el ordenamiento jurídico vigente, pero en medio de la creciente represión en Venezuela, el gobierno y el sistema de administración de justicia ha admitido espiar ilegalmente a cientos de disidentes y activistas sociales, y públicamente ha empleado pruebas obtenidas ilegalmente, incluyendo escuchas telefónicas y conversaciones privadas, para criminalizar a sus opositores.
Imprescriptibilidad de las graves violaciones a los Derechos Humanos
Durante la presentación del informe «Acceso a la justicia, a la rendición de cuentas y a los recursos para las víctimas de los mercenarios, los agentes relacionados con los mercenarios y las empresas militares y de seguridad privadas», el representante de Venezuela destacó la imprescriptibilidad -por mandato constitucional-, para la investigación y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad, y añadió que los abusos son investigados y sancionados.
Pero, pese a su afirmación, recordamos que Venezuela está bajo investigación por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad y la ausencia de voluntad del sistema de justicia para investigar y sancionar estos crímenes.
Venezuela también está bajo la mirada de la Misión de Determinación de los Hechos (MDH), creada por el Consejo de Derechos Humanos de ONU, cuyo mandato incluye investigar graves violaciones de derechos humanos, enfocadas en detenciones ilegales, desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales.
Según el representante de Venezuela, Manuel Enrique García Andueza, la Comisión para la Justicia y la Verdad, creada en 2013 para investigar las violaciones de Derechos Humanos ocurridas entre 1958 y 1998, identificó a 16.000 víctimas de torturas, desapariciones forzadas y asesinatos durante ese período.
Pero, de acuerdo a los registros de Provea, entre 2013 y 2021, unas 5.861 personas fueron víctimas de tratos crueles; 1.331 fueron víctimas de torturas y 8.641 personas fueron víctimas de violaciones al derecho a la vida por parte de policías y militares, un total de 15.833 víctimas de estos abusos en un período de apenas ocho años.
En 2014, la ex fiscal Luisa Ortega, admitió que de cada 100 denuncias por violaciones de Derechos Humanos ocurridas en el país, sólo 2 eran investigadas.
La impunidad continúa. La Misión de Determinación de los Hechos, ha insistido en la ausencia de Estado de Derecho y en el empleo de la justicia para revictimizar a las personas.
Derecho al agua y pueblos indígenas
Manuel Enrique García Andueza, afirmó -durante el informe presentado por el Relator Especial sobre Derecho al Agua y el Saneamiento-, que en Venezuela el derecho al agua es un bien social garantizado y que el «modelo capitalista depredador» atenta contra el derecho.
El funcionario dijo que el Estado venezolano reconoce los aportes de los «pueblos indígenas y afrodescendientes para transformar nuestros modos de vida», pero obvió mencionar el impacto del proyecto extractivista Arco Minero del Orinoco en la garantía del derecho al agua y los modos de vida indígenas.
La creación, en 2016, del Arco Minero del Orinoco, propició la masificación de las actividades mineras a gran escala, afectando las cuencas de importantes ríos al sur del país, y atizando disputas territoriales y graves abusos contra pueblos indígenas.
En 2020, Nicolás Maduro autorizó la minería fluvial en los ríos Aro, Caroní, Caura, Cuchivero, Yuruari y Cuyuní, en Bolívar, lo que aumentó el impacto sobre estos cauces, en su mayoría afluentes del Orinoco, y aumentó las presiones extractivas sobre las comunidades indígenas.
Debido a las constantes denuncias de los pueblos indígenas, en octubre de ese mismo año, el gobierno debió revocar la medida. Sin embargo, la actividad extractiva continuó afectando estos cauces, propiciando abusos contra los indígenas.
La imposición de un modelo político-económico basado en la consolidación del modelo extractivo para la acumulación de renta, acelera la devastación ambiental, erosionando la garantía del derecho al agua y violando los derechos de los pueblos indígenas.
Prensa Provea
