En el estado Lara continúa avanzando la tala indiscriminada de los bosques del municipio Torres, en las parroquias Reyes Vargas y Camacaro; lo cual viene siendo denunciado desde principios de año.
Se sabe que estas talas se realizan con el objetivo de hacer carbón vegetal, el cual luego es vendido en la capital, Barquisimeto y en otras ciudades. Vecinos de la zona y activistas denuncian que el carbón de Vera se paga a $200 por tonelada, el Curarí a $160 por tonelada, el Cují a $130 por tonelada.
Se denuncia que los bosques de la parroquia Reyes Vargas han sido deforestados en un 70% y los de la parroquia Camacaro un 60%, siendo unas tasas de pérdida de cobertura forestal alarmantes y de las más altas del país. Además, las quemas para crear el carbón se hacen al aire libre, provocando riesgos de incendios y aumentando la contaminación de la zona.
En otra ocasión surgieron acusaciones sobre la promoción de la venta de carbón vegetal proveniente de las talas de estos bosques por parte de algunas autoridades políticas.
En esta ocasión, los vecinos están preocupados por la pérdida de la capa vegetal, producto de la tala ilegal de los bosques del municipio Torres. Sin embargo, hay denuncias de que estos delitos ambientales son protegidos por los cuerpos de seguridad del Estado y las autoridades. Incluso hay quienes señalan que una de las carboneras se llama “La Guarida”, haciendo referencia a la GNB.
La alcaldía convocó a 30 empresas para legalizar la situación de las carboneras, de las cuales apenas 8 presentaron algún tipo de papeles y documentación. De todas estas solamente 3 están registradas en el MINEC; por lo cual, el resto realizan sus actividades por fuera de la ley, sin permisos y sin control. Pero quienes deben encargarse de sancionar y evitar dicha explotación, se hacen de la vista gorda ante el problema.
Denuncia Judicial y Represión
El Movimiento Ambiental Vuval de la parroquia Camacaro, decidió actuar por vías judiciales, solicitando medidas de protección ante el Tribunal Superior Tercero Agrario, de Barquisimeto, la cual fue declarada con lugar. Con esta herramienta han decidido interponer una demanda ante el Ministerio Público para que tome las medidas pertinentes sobre las personas identificadas como las taladoras en la misma demanda.
Denuncia judicial por la tala ilegal de bosques
También denuncian que raíz de las demandas judiciales las empresas carboneras han decidido armar a quienes se encargan de practicar las talas, llegando al lugar con pistolas y actitudes amenazantes sobre los productores locales; golpearon a personas y sometieron a los habitantes, especialmente en la zona de El Pozo; que se roban el ganado caprino, envenenan los animales, perros y demás.
De allí que pasaran a denunciar en las emisoras radiales municipales, para que las autoridades policiales se presenten en la zona y expulsen a estos actores que armados se han posesionado del territorio y someten a los pobladores por medios violentos para evitar las denuncias.
Recriminan que las empresas se encubren a través de sus trabajadores/taladores armados, que alegan pasar hambre y por ello están talando y destruyendo los bosques de la región. Anuncian que, en las carreteras de Santa Lucía, Río Tocuyo y Puente Torres, se pueden ver los camiones, todos los días, llevando carbón desde las zonas de tala y quema.
También hicieron un llamado por la radio municipal que el Fiscal encargado de la Fiscalía #23 del Ambiente, con jurisdicción en el estado Lara, información sobre la denuncia penal promovida por estos, la cual incluso tuvo la visita de una comisión desde Caracas, donde la Fiscalía #87 se llevó el expediente para Caracas y suponen que está paralizado el proceso. Avisan sobre el peligro que estas talas pueden provocar para las subcuencas del Río Tocuyo, por la explotación de estos bosques y la degradación y erosión de los suelos de estas montañas.
Erick Camargo | Observatorio de Ecología Política
