El pasado 23 de enero, fecha emblemática de la democracia venezolana, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), cuya elección, hay que reiterarlo una y mil veces, fue legalmente puesta en duda y políticamente cuestionada, decidió decretar que las próximas elecciones presidenciales deberán realizarse antes del 30 de abril del presente año.
Según previamente lo había anunciado el Presidente Maduro, se daba, así, respuesta a las sanciones tomadas la víspera por la Unión Europea en contra de varios funcionarios de su gobierno. En ese sentido, el primer mandatario declaró en cadena nacional que ante tales medidas, catalogadas por él de injerencistas, la respuesta sería “elecciones y más democracia”.
Ignora la ANC el proceso de diálogo que se viene adelantando en República Dominicana entre representantes del Gobierno y la MUD, contando con mediación internacional de alto nivel, uno de cuyos elementos centrales lo representa la firma de un acuerdo que contemple llevar a cabo unas elecciones presidenciales en condiciones aceptables para ambas partes, siendo la fecha de su realización un dato esencial en este sentido. No hay duda, entonces, de que semejante anuncio significa un rudo golpe a las conversaciones que venían teniendo lugar con el propósito de hacerle frente a la larga crisis por la que atraviesa el país.
De nuevo la ANC se toma una atribución que, conforme a las normas vigentes, corresponde al Consejo Nacional Electoral y de nuevo este último organismo seguramente hará suya una decisión que, a ojos vista, favorece la conveniencia política del oficialismo, rompiendo desde el arranque con el equilibro que debe caracterizar una competencia electoral en escenarios democráticos. Además de lo anterior, hay que advertir que, según lo dice la propia experiencia venezolana, tres meses es muy poco tiempo para preparar un proceso electoral confiable, en el que se cumplan a cabalidad las diferentes etapas y actividades previstas.
Visto lo anterior, el Observatorio Electoral Venezolano (OEV) estima que el reciente decreto emitido por la ANC, configura una grave acción política, dado que arroja serias dudas sobre la vía electoral como recurso para ir solventando los problemas que confronta Venezuela. En otras palabras, una elección que comienza de semejante manera y, adicionalmente, deja abiertas serias interrogantes sobre los parámetros básicos en las que en definitiva tendría lugar, no solamente no contribuye a aclarar las perspectivas futuras de nuestra sociedad, sino que, más bien, las oscurece.
El OEV considera que no es ésta, ciertamente, una buena manera de conmemorar el 23 de Enero de 1958. Y abriga la esperanza de que un toque de inteligencia y sensatez políticas pueda rectificar la que, sin lugar a dudas, es una seria equivocación de la que pueden desprenderse graves consecuencias, ahondando aún más la tragedia dentro de la que transcurre hoy en día la vida de todos los venezolanos.
Observatorio Electoral Venezolano
